“El primer año no eres consciente más que del dolor. Ya después empiezas a hacerte a la idea de que no la vas a volver a ver, a oler, a oír. Yo necesitaba hablar con otras madres que hubieran pasado por lo mismo”. Blanca Gutiérrez tiene 58 años, aunque el tiempo pasa distinto para ella desde que el 26 de julio de 2023, Toni M.T, de entonces 30 años, mató a su hija Carla Fernández, de quien había sido pareja. El juicio por el crimen machista empieza este viernes en Girona: tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el hombre prisión permanente revisable por la agresión sexual y el asesinato de Carla, y también por el robo de varias tarjetas que Toni M.T aprovechó para cometer mientras seguía en el domicilio de la mujer. Blanca Gutiérrez quiere convertir el dolor en acción: ha lanzado la primera asociación para familiares de víctimas de feminicidios de España y hace un llamamiento para que el viernes se concentren con ella a las puertas de los juzgados.

No existe en nuestro país una gran asociación que aúne a familiares de víctimas mortales de la violencia machista. Para la madre de Carla, es fundamental “hacer red” para acompañar a quienes están alrededor de los crímenes machistas y para seguir visibilizando una violencia estructural a la que, muchas veces, parecemos acostumbrados. “No son números, son personas. No quiero que las olvidemos, me jode mucho que cada año sumemos las cifras y digamos la número 23 o 24 y veamos hasta dónde llegamos, casi como si fuera un récord”, expresa Blanca, que ha volcado el dolor por la pérdida de su hija en crear la Asociación de Madres de Mujeres Asesinadas por Feminicidios (AMMA). Así llamaba Carla a su madre: ama.

Aunque el nombre de la asociación hable de las madres, Blanca Gutiérrez subraya que su aspiración es aunar a cualquier familiar de las mujeres. “Un feminicidio tiene una onda expansiva tremenda para el entorno. Desde el primer día que la asesinaron quería hablar con otras madres a las que les hubiera pasado lo mismo para ver cómo se podía seguir viviendo, me costaba incluso fisiológicamente respirar, me desorientaba en la misma calle donde vivo, pensé si me estaba volviendo loca de dolor”, recuerda. Blanca dio con Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, asesinada por Diego Yllanes durante los Sanfermines de 2008. Casasola se convirtió para Blanca en “una guía”.

"Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar

Encontrar a más familiares de víctimas de feminicidios no está siendo fácil. “Mira que ha habido casos, pero es como si estuviéramos escondidas, no sé si es vergüenza, a veces la propia administración te quiere proteger tanto... ”, dice Blanca. La vida tras el asesinato de Carla no fue fácil, desde los quehaceres cotidianos hasta la burocracia correspondiente. “Me sentí muy sola. Mi refugio fueron mis dos hermanos, uno se vino desde Lanzarote a vivir conmigo un año. Hay mucha deshumanización en el proceso. Vas a algunos sitios y te tratan igual que a otra persona, pero han matado a tu hija y tú te echas a llorar y no sabes ni lo que estás haciendo. Igual has ido sin acompañante y de repente te hacen firmar un papel en el que pone 'la finada', pero es que la finada era mi hija y hasta hacía nada estábamos tomando café y riéndonos”, recuerda. Por eso, Blanca quiere hacer una red que sirva para acompañar, asesorar y hacer de los procesos un camino algo más sencillo.

Carla

Carla tenía 26 años, era recepcionista de un hotel de Girona, disfrutaba con su trabajo. Se había comprado un piso tres años antes, le gustaban las tortugas, pedir sushi y encerrarse a ver series, ir a parques de atracciones. “Siempre ha sido una cría muy trabajadora, estudiante, desde pequeña quería centrarse en el mundo del turismo, aprendía idiomas. Lo compaginó todo, los estudios con prácticas en tiendas, también porque necesitábamos ayuda económica, y era muy organizada, se hacía sus agendas con sus horarios, con todo... Vivía todo con mucha intensidad”, recuerda Blanca. Ella y Carla vivían solas desde que su hija tuvo 10 años: “Éramos prácticamente una familia monoparental”.

El 26 de julio de 2023, Toni M.T, con quien había mantenido una relación hacía años, se coló en el edificio donde ella vivía oculto con una capucha, mascarilla y guantes, la esperó en la puerta de casa, la asaltó, la desnudó y maniató, la agredió sexualmente y la mató. Después, le robó las tarjetas bancarias, se marchó del piso y envió mensajes al móvil de la chica para intentar crear una coartada. No solo eso, sino que al día siguiente llamó a Blanca, la madre, y acudió a su trabajo para mostrar preocupación porque no sabía nada de su hija. Finalmente, el hombre convenció a una vecina y se descolgó por un balcón para entrar en la casa de Carla y alertar de lo sucedido. Cuando los Mossos le tomaron declaración, confesó el crimen.

Tanto acusación particular como Fiscalía piden para Toni M.T prisión permanente revisable por la agresión sexual, el robo con violencia y el asesinato de Carla con agravantes de parentesco, género y disfraz, y con la atenuante de confesión. Blanca lleva tres años esperando el momento de volver a encontrarse con el asesino de su hija. Ha rechazado declarar con biombo: “Yo sobre todo quería aguantar viva para ver al asesino de mi hija. Pedí ir a hablar con él a la cárcel, pero su abogado lo desaconsejó”. Ni el agresor ni su familia se ha puesto en contacto con Blanca durante este tiempo. Ella cuenta que le hubiera gustado recibir un perdón honesto por parte de alguien.

A horas de que empiece el juicio, Blanca ha reforzado la atención psicológica que recibe para poder afrontarlo en las mejores condiciones posibles. “Hay meses en los que tienes más rabia y otros te viene más bajón, un bajón que no quieres ni vestirte, que quieres tirarte al suelo y no tienes fuerzas ni de ir al baño”, relata. Su deseo es que mucha gente acuda a acompañarla y poder ella seguir acompañando a familias: “Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar”.

“Y el día del hombre, ¿para cuándo?” es una frase sarcástica que algunos pronuncian cuando se acerca el 8 de marzo o, sencillamente, ante cualquier reivindicación feminista. Lo que quizá no saben es que ese día existe, pero seguramente no como imaginan: este 21 de octubre es el Día de los Hombres contra las Violencias Machistas, una efeméride que nació en España hace ya veinte años para reivindicar el papel de los varones en la eliminación del machismo y sus violencias.

“El 21 de octubre no nace de la necesidad de que exista un día del hombre, sino de la necesidad de pronunciarse y posicionarnos públicamente en contra de las violencias que mayoritariamente son ejercidas por nosotros. Es asumir una responsabilidad, como un not all men, pero bien: no todos queremos callarnos frente a las violencias que cometemos el común de los hombres. Queremos construir una idea de qué es una relación igualitaria”, explica Jesús Moreno, un joven de 30 años que participa estos días en la organización de esa efeméride en Sevilla, la ciudad que vio nacer la iniciativa y que estos días acogerá reuniones de distintos grupos y activistas.

Unas declaraciones del premio Nobel de Literatura José Saramago movieron a un grupo de hombres de Sevilla a convocar la primera manifestación masculina contra la violencia de género y a organizarse para instaurar la efeméride. “La violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres”, dijo Saramago.

“Ya antes habíamos hecho actos, había una red de grupos de hombres con grupos en muchas ciudades grandes, pero las palabras de Saramago nos inspiraron para convocar una manifestación”, cuenta Hilario Sáez, uno de los impulsores de la iniciativa, fundador del grupo de Sevilla, que se había formado en 1997 tras el asesinato machista de Ana Orantes y que ya entones impulsó un manifiesto que llamaba a los hombres a condenar públicamente la violencia de género al que se sumaron entidades de otros puntos del país. Unos años después de esa primera manifestación, en 2011, el Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad que se celebró en Barcelona proclamó el 21 de octubre como el Día de los Hombres contras las Violencias Machistas.

Una reivindicación, no una reacción

Poco que ver con la intención que parecen tener quienes pronuncian ese “¿y el día del hombre?”. Jesús Moreno, psicólogo en la Fundación Iniciativa Social (FIS), una organización que, desde el comienzo, participa activamente en la convocatoria del 21O, pone un ejemplo revelador. “Cuando estamos en los puntos violeta y viene un hombre y nos dice algo como '¿y los hombres para cuándo?' y le damos un folleto de nuestro servicio de atención a hombres nos dicen 'ah esto no'. Eso nos hace ver que no hay una propuesta real detrás de querer reivindicar un espacio propio, que es lo que las mujeres han hecho con el feminismo, sino una reacción al sentirse desplazados del centro”, cuenta.

El psicólogo recuerda que, de hecho, existe otra efeméride relacionada: el Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, y cuya filosofía oscila entre la idea del 'desplazamiento' de los hombres y los discursos sobre la promoción de los cuidados y la prevención de malestares y violencias cercanos a los de organizaciones como FIS, el Foro de Hombres por la Igualdad o la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), que se suman al 21 de octubre.

“Por socialización lo que esperamos es ser el centro de nuestras relaciones e invisibilizar las violencias que cometemos”, prosigue Moreno, que cuenta que uno de los objetivos del encuentro que han organizado para conmemorar este 21 de octubre es precisamente seguir reflexionando sobre cómo deben abordarse esas violencias, con qué enfoque y qué medios hacen falta, pero también cómo abordar esa gran cantidad de comportamientos que, sin ser calificados como violentos o rozando con el concepto de violencia, sirven a los hombres para mantener el control en las relaciones, para imponer sus condiciones y no situarse en verdadera igualdad con las mujeres con las que se relacionan.

Hilario Sáez subraya que la fecha está pensada para ser una condena pública de los hombres hacia las violencias machistas, pero que es también “un compromiso colectivo y personal con la igualdad, con revisar los modelos de masculinidad en los que hemos sido educados”. “Si somos parte del problema debemos ser parte de la solución. La violencia reproduce la desigualdad y la desigualdad es el contexto que sostiene y legitima las violencias. Tenemos que pensar en cómo se construye la masculinidad, cómo nos educan para gestionar los conflictos, cómo legitimamos la violencia... todo eso es lo que luego permite que exista la violencia extrema, pero también toda una violencia psicológica, cultural... ”, reflexiona Sáez.

Transformar la masculinidad

“Este día pone en un primer plano a los hombres, pero en sentido contrario a cómo lo hace la manosfera o los grupos por los derechos de los hombres, que buscan reivindicar la hombría en un sentido normativo, machista, de vuelta al status quo patriarcal. Quienes suelen pedir un día de los hombres lo hacen para reivindicar una masculinidad que ahora está herida, sin ningún otro propósito, porque se sienten desplazados por la exigencia de avances y derechos. El 21 de octubre día aparece, sin embargo, desde la reivindicación de transformar la masculinidad en un sentido igualitario, corresponsable y, de alguna manera, feminista”, comenta la socióloga Beatriz Ranea, autora de Desarmar la masculinidad.

Ranea cree que la efeméride debe impulsar algunas conversaciones urgentes alrededor de la masculinidad y señala una prioritaria: “Salir del discurso que demoniza a los hombres jóvenes, como si la reacción conservadora y antifeminista solo tuviera que ver con la juventud. Claro hay hombres jóvenes radicalizados, pero también hay una juventud que se moviliza desde otros puntos de vista, como está sucediendo ahora con la vivienda”.

La experta ve también imprescindible abordar los pactos de silencio, las complicidades y los miedos masculinos a desafiar a otros hombres y a “poner el cuerpo por la igualdad: ”Lo vemos en casos mediáticos, como en el de la universidad de Cornell o el de Gisèle Pelicot, pero también en la vida cotidiana. No se trata de hacer un discurso de culpabilización, pero sí de hacerse responsables del papel que tienen en la reproducción de la violencia y la desigualdad. Hay que hablar también de cuidados, cada vez hay más hombres involucrados, pero la carga sigue siendo muy desigual“.

Hilario Sáez concluye: “Convocamos a los hombres por la no violencia, queremos decirles, ¿cómo te posicionas?, ¿qué hay que hacer para que no exista? Si no cambia la socialización masculina la violencia machista va a estar ahí, y no solo violencia contra las mujeres, sino también contra menores, contra la población LGTBI y contra nosotros mismos”.

En un principio, eran solo dos mujeres que venían de países y pasados muy distintos, y que habían coincidido encerradas durante la pandemia en la lujosa villa de Julio Iglesias en Punta Cana, trabajando en condiciones muy duras. Dos entre muchas. Ahora las conocemos como Rebeca y Laura, dos nombres ficticios para proteger a las extrabajadoras que se han querellado contra el cantante por delitos de violencia sexual y abuso laboral.

El relato de lo que vivieron en ese tiempo lo hemos dado a conocer en elDiario.es: acoso, abuso, agresiones sexuales y humillaciones, así lo han contado ellas. “No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos”, dijeron.

Esos hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia ya dos veces. La primera, en forma de denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sucedió en los primeros días de enero. Los propios fiscales cerraron la vía, decidieron no querellarse. Ni siquiera valoraron los hechos, se quedaron en el paso previo: ¿puede España tener conocimiento de unos hechos ocurridos en el extranjero?

Había “cuatro puertas independientes” para acceder a la jurisdicción española, como las representa el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín. “Si ya entras por una, no necesitas ni llamar ni que te abran otra. Ya estás dentro”. Y cada una tiene sus requisitos. Los portales son, en su orden legal: la territorialidad, la personalidad activa —que el autor del delito sea español—, la protección —intereses básicos españoles— y justicia universal (delitos considerados internacionalmente como graves).

Para decir que no, la Fiscalía aplicó el principio de territorialidad: como no hay los suficientes “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley, los hechos deben ser perseguidos por los Estados donde ocurrieron los hechos. Se plantó en la primera puerta e intentó abrir la segunda, el de la personalidad activa.

Para esa vía, había tres requisitos: ¿es español la persona señalada? Sí. ¿Los hechos también son delitos en el país en el que fueron cometidos? Sí. ¿Sería España el primer país que juzgue estos hechos? Sí. Triple positivo. Y, a pesar de eso, la Fiscalía dijo no y el caso fue archivado.

Catedráticos especializados en derecho penal y justicia universal criticaron abiertamente la interpretación del Ministerio Público. “Esta decisión era clara y sorprendentemente errónea”, explica Juan Antonio Lascuraín, señalando que el caso cumple los tres requisitos citados. Incluso “doblemente errónea” pues a su juicio se podía haber abierto también la puerta de la justicia universal, la cual “no exige la doble incriminación” en los dos países y “lo que se denuncia son delitos de trata de seres humanos y de agresión sexual”, crímenes reconocidos en los tratados internacionales.

A pesar de las grandes restricciones que tiene la justicia universal desde el año 2014, que la hacen “ya casi irreconocible” para la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de València Lucía Martínez Garay este caso también cumple los requisitos. “Puede ser fuente de conflictos políticos y diplomáticos internacionales, y por ello los Estados tienden a recortarla a veces aunque se pague el precio de dejar impunes algunos delitos graves”, señala. La jueza Victoria Rosell, quien también explicó de manera rotunda por qué hay competencia, analizó que los tratados internacionales firmados por España incluyen las delitos de trata y violencia contra las mujeres entre aquellos perseguibles fuera del territorio.

El desconcierto de los juristas

“En contra de lo que afirma la Fiscalía, los tribunales españoles sí son competentes para conocer de las acusaciones que van dirigidas contra el señor Iglesias”, escribió con rotundidad a los pocos días del archivo Martínez Garay en este periódico. “De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y fiscales de aplicarla, es que España sí tiene jurisdicción”, fue igualmente tajante Lascuraín en El País. O Ramón Soria, el catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que escribió en Público que los argumentos para el carpetazo eran “extraordinariamente endebles”.

La Fiscalía archivó tan sumamente rápido el caso que le ardía entre las manos, en tan solo 18 días, que dejó a las abogadas que representan a Rebeca y Laura con tres preguntas clave sin responder. Y esa no fue su única consecuencia: a pesar del archivo, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, peleó para conseguir una copia de la denuncia y del expediente completo, incluidas las declaraciones de las denunciantes que se habían tomado otorgándoles la condición de testigos protegidas.

Al negarse la Fiscalía a proporcionarle acceso, el cantante decidió denunciarla. Así, se inició un contencioso que ha estado abierto varios meses y que ganó Julio Iglesias. Pocos días después, todo el mundo pudo leer, ver y escuchar las declaraciones de las denunciantes, que fueron publicadas por la web Okdiario.

No ha sido el único frente judicial que el cantante ha abierto en España en el intervalo de tiempo entre la denuncia de enero y la querella de octubre. Mientras tanto, Iglesias ha puesto una querella por los supuestos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral a cinco periodistas de elDiario.es por la investigación periodística publicada en exclusiva por este medio y por el canal de noticias estadounidense Univision, pidiendo hasta penas de cárcel por los presuntos delitos de injurias y calumnias.

También arremetió contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus opiniones sobre los testimonios de Laura y Rebeca. La demandó pidiéndole una indemnización de 500.000 euros, pero el caso ha sido archivado por el Tribunal Supremo, que no se encontró competente. Si Iglesias quiere volver a demandar a Díaz, tendrá que recurrir a un juzgado ordinario.

Llega el otoño, segundo intento

En realidad, había un cuarto requisito para que España pudiera investigar a Julio Iglesias: interponer una querella. Era solo un formalismo, puesto que podría haberlo hecho la propia Fiscalía. La última condición se cumplió el 3 de septiembre: la querella contra Iglesias se selló en la Audiencia Nacional por las propias Rebeca y Laura.

Ahora es un juez, Antonio Piña, el que toma las decisiones. Lo primero que hace es consultar a la Fiscalía. Esta encarga a Vicente González Mota, un conocido fiscal experto en casos de terrorismo, que elabore un informe. A principios de octubre, ya se sabe que va a contradecir el que se emitió en enero.

La cúpula de la Fiscalía debe decidir después si respalda la opinión de González Mota. Si firma su informe, será como admitir que la primera vez se equivocó. Si no lo hace, se haría difícil justificar que lleva la contraria a uno de sus fiscales más respetados. Para no contaminar la decisión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, que habían participado del primer informe, deciden abstenerse.

La sorpresa llega el pasado miércoles 14 de octubre: la Fiscalía avala a González Mota y entiende que sí hay competencia. Es eso lo que le dice al juez.

Cómo se come el cambio de idea

El razonamiento legal por el que la Fiscalía cambia de idea, 224 días después de que archive la denuncia, es porque decide mirar el caso con otro principio. Es el de la personalidad activa, “sobre el que se había pasado de puntillas” la vez anterior —señala la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán— “diciendo que no era aplicable porque la víctima no es española”.

Pero, como dice esta jurista, acompañada de otros como José Antonio Lascuraín o Lucía Martínez Garay, el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que España puede perseguir delitos cometidos por españoles en el extranjero, sin importar la nacionalidad de la víctima. En este caso tenemos una víctima dominicana, otra venezolana y un querellado que tiene doble nacionalidad, la española y la dominicana.

“Creo que el criterio anterior, el de entender que los tribunales españoles no son competentes para conocer de este caso, era jurídicamente insostenible”, analiza Lucía Martínez Garay.

José Antonio Lascurían escribió que sentía “dolor y rubor” al pensar qué le diría a sus alumnos de Derecho sobre el escrito de la Fiscalía de enero. Ahora, tiene algo diferente que decirles. “Que rectificar es de sabios y que es sabia y correcta la aplicación que hace ahora la Fiscalía del ámbito de la jurisdicción española. Se ha perdido tiempo, pero bienvenido sea el nuevo informe”, dice. “'¿Suspendería usted entonces a la fiscal (del primer caso)?', me preguntaban. 'Por ese decreto, sí, y os suspenderé a vosotros si resolvéis así un caso similar'. Ahora tengo un ejemplo de lo que es un informe correcto, acorde a la legalidad. Y de cómo tienen que interpretar la ley y aplicarla si quieren aprobar”, añade el profesor.

¿Y ahora qué?

El juez Antonio Piña ha dado cinco días a las partes para que aleguen lo que consideren. Por tanto, a finales de la semana siguiente se sabrá si hay caso o no. El catedrático Lascuraín cree que no hay margen para que el juez vaya en contra del criterio de la Fiscalía. “Es que si no se hace no solo se vulnera la ley sino el derecho fundamental de las querellantes a la tutela judicial efectiva”. El profesor recuerda que el Tribunal Supremo había rechazado que la jurisdicción española fuera competente en el caso Rigoberta Menchú. Lo hizo invocando el incumplimiento de un requisito que no figuraba entonces en la ley —la conexión del delito con España—, y el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle.

“Podemos discutir si los criterios legales que delimitan la jurisdicción penal española deben cambiar. Pero ese es un debate político, de política criminal. Aquí se trata de aplicar la ley. Y es verdad que la interpretación de las leyes es discutible en muchos casos, entre otras cosas por la propia vaguedad del lenguaje. Pero aquí no. Aquí las reglas son claras: si se dan los requisitos, y se dan sin margen a la duda semántica o metodológica, la querella debe admitirse en cuanto a la competencia de los tribunales españoles para conocer de la causa”, añade.

Amnistía Internacional pidió una reconsideración

Desde Amnistía Internacional celebran el cambio de criterio. “Es muy buena noticia que la Fiscalía considere que los tribunales españoles son competentes, en línea con la carta que enviamos hace unas semanas”, asegura Virginia Álvarez, responsable de investigación en la organización. En la misiva, enviada después de que las dos extrabajadoras presentaran su querella, Amnistía se dirigía a la Fiscalía General del Estado para pedirle que reconsiderara su postura e hiciera posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. 

Women’s Link elevó en septiembre el caso a diferentes organismos de la ONU, debido a la gravedad de los delitos, a la especial protección que requieren las denunciantes y la necesidad de aplicar perspectiva de género a este caso. Women’s Link ha valorado “positivamente” este viernes el informe de la Fiscalía.

Coincidiendo con los juristas consultados, Amnistía Internacional siempre consideró que el Ministerio Público había hecho en enero una interpretación “muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul”. “Le pedíamos que había que garantizar la no impunidad y, por otro lado, un enfoque interseccional y de género con este tipo de delitos en los que, además, cuando las mujeres son migrantes y racializadas suelen tener muy difícil el acceso a los sistemas de justicia”, apunta Álvarez.