A pocos metros de la Gran Vía de Madrid, en una empinada calle de Malasaña, se levanta desde el siglo XVIII un enorme edificio de viviendas que el Gobierno de Almeida mantiene cerrado y sin uso desde hace un lustro. Se trata del Palacio de la infanta Carlota, un bloque que expropió el consistorio en la etapa de Gallardón como alcalde para proteger su valor patrimonial de un inversor privado que ejecutó allí obras ilegales.

El Ayuntamiento de Madrid consiguió en 2021 vaciar el lugar de inquilinos en situación irregular, después de varias rondas de desalojos. Desde entonces mantiene clausurado el espacio sin ofrecer pistas sobre su futuro. Solo una visita hace cuatro años de la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís, apuntó a que podría destinarse a un centro cultural y a acoger viviendas para mayores. Pero con la desaparición de su partido en Cibeles, la promesa se esfumó.

Los vecinos de la zona llevan varios meses preguntando al Ayuntamiento por el futuro de esta dotación municipal sin obtener información alguna. Pero el pasado viernes fueron testigos de una visita al edificio que les puso sobre alerta: la del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, acompañado del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda. Su presencia en la acera frente al palacio fue captada en la foto que reproducimos sobre estas líneas y difundida en redes sociales por la Asociación Vecinal Maravillas, la más representativa del barrio.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a este periódico que “está atendiendo” a diferentes entidades que se han interesado por el edificio, sin concretar las ofertas que le han formulado ni de qué empresas u organismos proceden. Los vecinos temen, por su parte, que estas visitas anticipen una privatización del edificio, que cuenta con más de 4.800 metros cuadrados de superficie distribuidos en cinco alturas del final de la calle Luna, junto a su cruce con San Bernardo.

“El centro se vacía de quienes lo habitan. Los alquileres se disparan, los pisos se convierten en negocio y cada vez es más difícil hacer vida en el barrio. Y frente al Palacio de la Infanta Carlota se reúnen Borja Carabante y Francisco Marhuenda para hablar del futuro del edificio. ¿El futuro de quién? ¿Para quién? ¿Decidido por quién?”, denuncian desde la Asociación Vecinal Maravillas.

La entidad vecinal ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno de Almeida que destine este lugar a vivienda social, en cualquiera de sus modalidades, y sugieren que lo que allí se abra sea un espacio intergeneracional, en el que convivan mayores y jóvenes. El consistorio les argumenta que la rehabilitación del espacio, que cuenta con un grado de protección singular, es muy elevada, aseguran los vecinos.

“El tejido vecinal lo tiene claro: el Palacio de la infanta Carlota debe tener un uso residencial público, al servicio de quienes necesitan una vivienda digna en nuestro barrio. No aceptaremos que otro edificio del centro se convierta en un negocio mientras nuestras vecinas se ven obligadas a marcharse”, responden desde la asociación apuntando al descenso de población en el distrito Centro registrado en los últimos datos oficiales del padrón.

Obras ilegales y más de 200 desahuciados

“Este edificio se va a tapiar porque no hay ningún destino previsto para esto”, contaba hace cinco años un representante vecinal a este periódico durante uno de los últimos desalojos en el Palacio de la infanta Carlota. El Ayuntamiento había ido echando a los ocupantes que resistían en este lugar a través de 14 desahucios parciales: más de 200 personas, entre ellas decenas de niños que estaban escolarizados en el barrio. Muchas familias salieron camino de alojamientos temporales municipales, con un horizonte de solo tres meses de estancia.

Los primeros inquilinos que residían en este edificio empezaron a llegar hace más de dos décadas, cuando el empresario iraní Taefi Alí adquirió el edificio y redistribuyó parte de sus interiores con una obra ejecutada por su constructora y que se saltó la normativa municipal al añadir una planta de apartamentos. Fue entonces cuando se destruyeron varios elementos ornamentales como unos leones pasantes en su escalera principal, así como pinturas pompeyanas y antiguos jarrones en sus hornacinas, como denunció en su día el historiador y colaborador de Somos Malasaña, Carlos Osorio.

El Ayuntamiento expropió el palacio en noviembre de 2005, pero hasta 2011 no pasó a ser propiedad municipal, después de que un tribunal dictara el pago de 8,5 millones de euros al empresario, que había adquirido el inmueble por 3,1 millones. Fue entonces cuando el Gobierno del PP anunció que dedicaría el edificio a dotaciones sociales para los habitantes del barrio. Una promesa que repitió Villacís durante una visita al lugar en el año 2022, la última de carácter público de un mandatario municipal. La de Carabante del pasado viernes junto a Marhuenda no figura en su agenda pública, pese a que la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid obliga a los altos cargos a incluir reuniones de trabajo con empresas, asociaciones o grupos de interés en el ejercicio de sus funciones.

El Palacio de la infanta Luisa Carlota fue ideado en 1775 por el arquitecto Juan de Villanueva, responsable de edificios icónicos de Madrid como el Real Observatorio del Retiro o la reconstrucción de la Plaza Mayor. El encargo fue efectuado por el marqués de Llano, el funcionario y diplomático José Agustín Llano y de la Cuadra. El lugar sirvió como residencia del infante Francisco de Paula y su esposa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, a su vuelta del destierro francés en 1842, motivo por el que recibió el nombre con el que es conocido actualmente. Poco después, el inmueble fue reformado por el arquitecto Antonio Herrera de la Calle, una vez que pasó a manos del conde de Villariezo.

Hoy espera cerrado recuperar parte del esplendor de su pasado, todavía no se sabe a través de qué formato. Los vecinos apuestan porque se convierta en viviendas sociales: “Queremos un centro vivo, con vecinas, comercio de proximidad, infancia y comunidad. No un decorado donde vivir sea un lujo. El barrio no es una inversión”, alertan sobre un posible futuro especulativo.

La Delegación del Gobierno investigará la actuación de la Policía Nacional en la protesta espontánea frente al Palacio de Santoña del pasado lunes. La concentración reclamaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentarse a negociar con los colectivos educativos en huelga de la región. Los testimonios recopilados por este diario denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte, con el objetivo de despejar los accesos y que la dirigente madrileña pudiese abandonar la zona.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, se reunió en la tarde del martes con el Comité de Huelga representante de los trabajadores y trabajadoras de Educación, poco antes de una nueva una manifestación desde la propia sede de Delegación al Gobierno a la de la Consejería de Educación. Martín les trasladó el compromiso con “la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”, según trasladan a este medio fuentes del órgano que dirige. El encuentro tuvo lugar justo antes de una manifestación de protesta contra los excesos policiales.

Martín ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre la actuación policial que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid. El delegado ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles”, con la existencia de “garantías” para que cuando se pueda producir “alguna intervención no justificada o desproporcionada”, esta situación “sea analizada de inmediato y se adopten, en su caso, las medidas correspondientes”.

Manuel, uno de los profesores golpeados por la policía, ha remitido a Somos Madrid un parte de lesiones con el sello del Servicio Madrileño de Salud. El informe refiere cuatro hematomas en el musmo, dedos de la mano izquierda, pie izquierdo (con edema “muy doloroso a la palpación”) y costado izquierdo del tórax. Este último aparece descrito como un hematoma “con forma de porra de unos 10 centímetros de longitud y 3 de ancho”.

El parte médico recomienda incluso seguimiento médico debido al alcance de las heridas, aunque las califica de leves, y recomienda un tratamiento analgésico. “Las lesiones que más duelen son las que menos se notan”, declara Manuel ante lo aparatoso de la marca en el costado.

Sobre lo ocurrido el lunes, cuenta que la Policía Nacional “empezó a barrer frente a la puerta del edificio para que saliera Ayuso, cuando nosotros nos estábamos retirando”. Considera que los agentes comenzaron a “pegar porrazos bastante gratuitamente”. Otros testigos narran cómo los efectivos policiales dispararon pelotas de goma al aire para disuadir a los manifestantes y convirtieron la vía en una “ratonera” al cortar varias salidas. Llegaron a retener incluso a uno de los docentes, que finalmente pudo zafarse de los agentes y volver a la muchedumbre después de saltar encima de un coche.

Pese a que por parte de los manifestantes no se registraron actuaciones violentas, Ayuso volvió a vincular las huelgas con que la oposición de la Asamblea de Madrid no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, aseguró.

La huelga educativa arrancó en la Comunidad de Madrid el pasado 14 de octubre y se suma a los meses de paros en la educación infantil de 0 a 3 años. La marea verde reclama bajadas de los ratios, volver a las horas lectivas previas a 2010, equiparación salarial con otras comunidades o refuerzo del personal para atención a la diversidad. A sus habituales manifestaciones han sumado acciones como el corte de la M-30 a comienzos de semana o un recorrido nocturno por la ciudad en la noche del martes. “Seguiremos al menos hasta que Ayuso se siente a negociar”, anticipaba una docente tras la protesta del lunes.

Viernes por la tarde en Arganzuela, cerca de la glorieta de Embajadores. Decenas de personas se arremolinan en la entrada de La Maliciosa, un espacio cultural y asociativo que varios colectivos pusieron en marcha hace un lustro para que crecieran cosas en él. Algunas están pensativas, otras tienen notificaciones judiciales en la mano, un par de asistentes charlan entre sí sobre el motivo que les ha llevado hasta ahí: “Este Gobierno no está haciendo nada, por lo menos aquí se mueven”, comentan.

A las 18.30 se abren las puertas de la sala más grande del lugar, el ateneo, para acoger a todos los que han llegado. Son más de un centenar de personas jóvenes y mayores, algunos inmigrantes, otros de origen español. Viéndolos juntos es difícil adivinar qué es lo que ha reunido a un grupo tan heterogéneo. “Lo que nos une es que hemos sufrido en nuestras carnes el problema de la vivienda, y específicamente el de los alquileres”, les revela Fernando, uno de los seis miembros del Sindicato de Inquilinas que dirige la asamblea de bienvenida. Esta reunión semanal es la forma que tiene la organización de acoger a los recién llegados y orientarles sobre lo que hacen y de qué forma les pueden ayudar.

Las asambleas del sindicato se han vuelto multitudinarias desde hace semanas y especialmente después del desahucio de Maricarmen, que puso en pie a una generación de jóvenes golpeada por la vivienda. Fuentes de la organización explican a este periódico que el número de participantes se ha ido incrementando progresivamente y que coincidiendo con las protestas en las calles el aumento ha sido exponencial. Entre los que acuden este viernes hay jóvenes que quieren ser voluntarios en la organización, pero la mayoría han llegado con problemas en sus alquileres.

“Todas las formas que tiene el casero de mejorar su negocio, su rentabilidad, siempre van a ser a nuestra costa. Es algo que no es casual”, sigue explicándoles uno de los miembros del sindicato sobre las causas estructurales de cada una de las situaciones personales que se reúnen allí. Y apunta al “poder político”, porque “está regulando la cuestión, pero no de la forma en la que nos puede proteger”. Los que están sentados asienten con la cabeza, algunos con ganas de tomar la palabra y contar su caso, de buscar una solución. Fernando intenta calmarlos: “Puede que hayáis venido aquí con urgencia o miedo por vuestros conflictos, pero ya veréis que cuando los trabajemos no tenéis que tener miedo, os vais a quedar en vuestras casas”, añade con confianza. “Casi nada es en realidad urgente: no pasa nada si nos dicen que nos vayamos y no nos vamos al día siguiente. Tenemos las llaves y esa es nuestra fuerza”.

Una asamblea a la que acudió Maricarmen

Durante la reunión arrojan algunas cifras sobre la importancia que ha ido ganando la organización en los últimos meses. “Ya somos más de 5.400 afiliadas”, celebra otra de las que conduce la sesión, una cifra alcanzada después del último arreón coincidiendo con su enorme su exposición mediática de las últimas semanas. La mayoría de ellos pagan 100 euros al año o 10 euros al mes por formar parte del Sindicato, aunque aceptan pagos de entre 20 y 50 euros al año para situaciones económicas más precarias.

La existencia del sindicato se remonta a una década atrás, y muchos de los que hablan llegaron hace años a la organización. Además de Fernando, la asamblea la conducen Beatriz, Óscar, Jorge, Julia... todos explican que ellos también tuvieron un primer día en la reunión. Recuerdan que Maricarmen estuvo un día sentada en el mismo lugar. Y empiezan a lanzar herramientas y deberes a los recién llegados. “Tenéis que investigar a vuestros caseros, averiguar si tienen más viviendas, sobre todo si están pidiendo la que vivís para residir ellos... ¿Sabéis lo que es una nota simple?”, van detallando mientras preguntan sobre cada uno de los casos allí presentes.

El Sindicato de Inquilinas anima a los asistentes a entrar en su página web para comprobar cómo se organiza de forma geográfica. Después de esta asamblea de bienvenida, los posibles afiliados podrán acudir a su nodo territorial de referencia. En Madrid hay siete, aunque la llegada de muchas personas podría aumentar su número dentro de poco. Una vez allí, los afectados expondrán más ampliamente su caso y podrán obtener ayuda y consejos específicos.

“Tenéis todo el apoyo desde ya de toda la gente que está aquí, de la que está en la acampada y de las miles de personas que formamos ya el sindicato”, tranquilizan a los recién llegados. A la vez, les cuentan que cada persona ha de desarrollar su conflicto con su casero, aunque esté arropada por la organización, y reparten folletos donde explican los primeros pasos para hacerlo y las palancas en las que llevan trabajando durante años. La principal es el Nos quedamos.

El Nos quedamos es una herramienta de desobediencia por la que el inquilino apuesta por continuar en la casa más allá de lo que refleja su contrato ante una situación que considera injusta. “Es cuando decís: no tengo alternativa, es mi casa, me quiero quedar, negociemos”, apuntan los responsables del Sindicato. En este proceso es fundamental —advierten— seguir pagando cada mensualidad de la renta, a la vez que se desarrollan las conversaciones para intentar conseguir una extensión del contrato a precios razonables. Las negociaciones se pueden extender hasta dos años.

La experiencia y notoriedad alcanzadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid tienen influencia en estas negociaciones: “Imaginad si a vuestro casero le llega una carta firmada por nosotros”, explican en la asamblea para hacer notar la capacidad de presión con la que cuentan a día de hoy. “No es lo mismo luchar una persona sola y quedarte en tu casa que ser un bloque de 10 o 100 casas haciendo la misma estrategia, porque al final eso nos da el poder”, añaden. “Urbagestión no cambió de opinión por arte de magia ni porque empatizase... cambió de opinión gracias a la presión mediática y gracias a las masas”, recuerdan sobre el conflicto de Maricarmen. La mayoría de casos que abordan no trascienden a la opinión pública y solo son los más extremos como los de Maricarmen o los bloques en lucha (Valverde 42 o Mesón de Paredes 88, entre otros) los que llegan a los medios. Otros casos se han resuelto con su intermediación sin aparecer en las noticias, como ocurrió recientemente con los arrendados por la Casa de Alba.

Antes de finalizar la asamblea general y que los asistentes se dividan entre posibles afiliados con conflictos y voluntarios del activismo, el sindicato recuerda lo que está en marcha y por qué lo hacen: “Estamos llamando a una huelga general y de alquileres, porque necesitamos medidas estructurales, una nueva política de vivienda y seguir presionando desde las casas y desde la calle”, anuncian sobre la convocatoria del 11 de noviembre. “Las reformas institucionales que consigamos no van a venir de simple voluntarismo de los políticos”, advierten.

En el año 2007, Ignacio González usó una empresa pública que él mismo presidía para denunciar en los tribunales a un grupo de vecinos que le resultaba molesto porque interfería en sus planes para construir un campo de golf en pleno centro de Madrid, sobre las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí. Los llevó a la Justicia porque, en una de sus protestas, plantaron un árbol en las instalaciones de esta empresa pública, junto a las obras para levantar el recinto deportivo.

Este grupo de vecinos se había levantado en armas un año antes al descubrir que el proyecto de parque que Alberto Ruiz-Gallardón había ideado para el Tercer Depósito del Canal en Chamberí —una zona verde de 24.000 m² cerrada al público— había cambiado con la llegada a la Comunidad de Esperanza Aguirre y de su mano derecha, González. El presidente del Canal quería abrir allí un campo de prácticas de tiro de golf que ocuparía casi todo el terreno disponible, dejando a los vecinos sin el parque prometido.

Además de manifestaciones, recogidas de firmas y otras protestas clásicas, un grupo de residentes de la zona decidió plantar una morera en el parque Santander para reivindicar la necesidad de áreas verdes, en el espacio situado junto al campo de golf en construcción. Fueron parados por la seguridad privada del Canal, denunciados ante la Policía y llevados a los tribunales en un juicio de faltas surrealista por plantar un árbol, del que fueron absueltos. El proceso tuvo el efecto contrario al que hubiera deseado Ignacio González. Los vecinos utilizaron el episodio judicial para interpretar una pantomima en una de las fiestas con las que sufragaban sus acciones en los tribunales, que a la larga acabaron tumbando el proyecto. El salto a los medios del clan de la morera —como se autodenominaron— también sirvió para que otros chamberileros se unieran a la causa contra el campo de golf.

“Todo olía mucho a chamusquina” recuerda casi dos décadas después la portavoz de la asociación vecinal Parque Sí, que lideró la lucha para recuperar el parque y desmantelar el campo de golf. Mercedes Arce apunta a que los vecinos fueron los primeros que vieron movimientos extraños en el tejemaneje de empresas que se encargaron del proyecto, a partir de que Gallardón denegara la licencia urbanística para las obras: “Siempre sospechamos que algo raro había, pero no teníamos ninguna prueba”. Hasta que una noticia en Público hizo saltar las alarmas a principios de 2009. “La primera denuncia la pusimos a raíz del artículo de Manuel Rico sobre TCT. La firmamos 400 personas”, añade en conversación con este periódico.

Según el auto de apertura de juicio oral, que ha comenzado esta semana, Ignacio González adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto a TCT (Tecnoconcret), empresa participada por su hermano y su cuñado. TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%, según el auto. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambos contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

La asociación Parque Sí en Chamberí pone el foco en los efectos perjudiciales para el vecindario que tuvieron estas supuestas corruptelas. “Nos ha privado de un parque 16 años”, lamenta Mercedes Arce aludiendo al tiempo que pasó entre que el campo de golf fue construido y desmantelado, antes de que el parque actual fuera inaugurado. Cientos de vecinos dedicaron muchas horas de su tiempo a las protestas y a las acciones judiciales que acabaron tumbando el campo de golf por irregularidades urbanísticas, en un proceso judicial distinto del que ahora tiene lugar. “Solo para el informe técnico que se presentó al juez tuvimos que dedicar un año y medio de reuniones, todos los domingos”, recuerdan.

Indignados con la petición de penas de la Fiscalía

Por eso ahora este grupo vecinal se ha indignado al conocer que la Fiscalía pedirá solo seis años de cárcel por dos delitos de cohecho, atenuados por la dilación en el juicio. “La demora judicial no puede hacer olvidar el enorme perjuicio social causado a los vecinos, que tuvieron que esperar años para recuperar un espacio público que les correspondía”, explican en una carta que quieren hacer llegar a la entidad. “Es una persona que ha hecho mucho daño a los vecinos de Chamberí”, recalca Arce al recordar que su asociación interpuso hasta tres denuncias en la Fiscalía contra Ignacio González en los años 2007, 2009 y 2010, esta última querella por la vía penal. Las tres fueron archivadas por el entonces fiscal de Madrid, Manuel Moix, sin hacer ninguna indagación ni estudiar las pruebas presentadas. El mismo al que González, según conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional, quería ver convertido en Fiscal Anticorrupción.

La petición de penas de la Fiscalía será previsiblemente la más baja del proceso, ya que la Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, y suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los vecinos recuerdan ahora que Ignacio González se negó a recibirles cuando le escribieron intentando que rectificara su decisión: “Le escribimos muchísimas veces para que reconsiderara la construcción del campo de golf”, rememoran. La única relación con el expresidente del Canal, que luego llegó a presidente de la Comunidad de Madrid, fue la judicial a través de diversos procesos con los que acabaron demostrando la ilegalidad de las instalaciones. El primer presidente del Canal que les atendió fue Ángel Garrido, ya con la sentencia firme en la mano. “Él sí que fue cercano a los vecinos y dialogante, pero antes no nos recibió nadie”, recuerdan. Los 16 años de lucha vecinal hasta conseguir el actual parque de 55.000 metros cuadrados están narrados en el documental De interés general, estrenado en cines y que actualmente está disponible en Filmin.

El final del negocio del campo de golf llegó oficialmente con la sentencia ratificada en el año 2016, pero según los vecinos el cierre de las instalaciones llegó antes con la quiebra de TCT, que se encargaba de la gestión de las instalaciones y cuyo final de la actividad fue certificada por el administrador concursal. El coste para los ciudadanos fue elevado, ya que a las mordidas que se juzgan ahora Parque Sí añade otras partidas: 16 millones de euros de sobrecostes en el campo de golf y 300.000 euros para demolerlo después de la sentencia. Además de 20.000 euros que pagó la Comunidad de Madrid al despacho Cuatrecasas para que Ignacio González litigara contra los vecinos.

Aunque lo más importante para la asociación es el daño que sufrieron los miles de habitantes del entorno. A día de hoy siguen recibiendo testimonios de chamberileros que recuerdan cómo los niños de los colegios de la zona se hacinaban en un pequeño parque infantil mientras al lado diez personas jugaban al golf en la mayor parte del parque. “No basta con juzgar las posibles responsabilidades penales: también debe reconocerse el daño causado al interés general”, sentencian.