El Ministerio de Consumo ha exigido este viernes a dos plataformas online la retirada de 8.318 anuncios de pisos turísticos que se ofertan como alquileres de temporada incumpliendo con la ley. Estos anuncios permiten arrendar las viviendas por menos de 31 días, que es la duración mínima que pueden tener los contratos de alquiler de temporada desde el 8 de octubre. Por debajo de esa duración se considera uso turístico. Estas limitaciones temporales para los alquileres vacacionales y de temporada son una de las novedades introducidas por el decreto aprobado de urgencia por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen Abascal y vuelto a aprobar por segunda vez una semana después tras el rechazo del Congreso.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha detectado que estos anuncios no cumplen con lo dispuesto en el nuevo decreto, que lleva en vigor desde el 8 de octubre, y, por tanto, serían "ilícitos" al publicitar como alojamientos de temporada viviendas cuyo uso es turístico. La Dirección General de Consumo considera que podría tratarse de una práctica de comunicación desleal por engañosa, lo que supone una infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Al detectar estas posibles irregularidades, el Ministerio de Consumo ha requerido a las dos plataformas donde se publicitan los 8.318 anuncios ilícitos identificados que los retiren. Desde el departamento de Pablo Bustinduy señalan que, una vez informadas, ambas webs pasan a tener responsabilidad directa sobre las potenciales infracciones detectadas. Por tanto, en caso de no eliminar los anuncios, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte del ministerio.

La inmensa mayoría de anuncios ilícitos detectados se corresponden con viviendas ubicadas en la Comunidad de Madrid. En concreto, 6.772 se han encontrado en esta región; particularmente, en la capital se han identificado 6.523 pisos turísticos ofertados ilegalmente como alquileres de temporada.

Desde el Ministerio de Consumo destacan que esta actuación ha sido posible gracias a la aprobación por segunda vez del decreto con medidas urgentes en materia de vivienda. Esta norma limita la duración de los alquileres de temporada a un mínimo de 31 días y un máximo de doce meses, debiendo acreditar el motivo que justifica su carácter temporal. Si se supera esta duración máxima y no se justifica adecuadamente por qué o si se encadenan más de dos contratos temporales seguidos, el alquiler pasa a considerarse como arrendamiento de vivienda habitual. También se restringe a 30 noches la duración máxima de los alquileres vacacionales de pisos turísticos.

El decreto está en vigor desde hace dos semanas, aunque todavía está pendiente de convalidación en el Congreso. Sin embargo, a diferencia de la primera vez que se votó —cuando PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la norma y la dejaron sin efecto—, se espera que esta vez sí reciba el respaldo de la Cámara, porque, al haberse disuelto las Cortes por el adelanto electoral, la votación será ahora en la Diputación Permanente, donde suman mayoría los partidos que apoyaron el texto la primera vez.

No es la primera vez que el Ministerio de Consumo detecta una práctica irregular en anuncios de alojamientos. De hecho, a finales del año pasado sancionó a Airbnb con una multa de 64 millones de euros por ofertar miles de pisos turísticos que incumplían la normativa, una actuación que llevó aparejada la retirada de más de 65.000 anuncios del portal. También Booking eliminó más de 4.000 tras un requerimiento de Consumo. El departamento de Pablo Bustinduy también ha abierto recientemente un expediente a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas y multó a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros.

La subida continuada del precio de la vivienda ha provocado una crisis habitacional que castiga especialmente a los jóvenes. Según el III Barómetro de Vivienda presentado este jueves por el Consejo General de Arquitectura Técnica (CGATE) y GAD3, actualmente dos de cada tres menores de 30 años necesitan ayuda para independizarse y en la mayoría de los casos esa ayuda se corresponde con apoyo económico por parte de la familia.

"Esto muestra una brecha de desigualdad, fruto de la ausencia de vivienda", ha recalcado en la presentación del estudio el presidente de GAD3, Narciso Michavila, incidiendo en que solo quienes tienen rentas más altas están pudiendo acceder a una vivienda y, por tanto, el problema impacta "de forma muy especial" en las rentas bajas y los jóvenes. La situación de los jóvenes dista mucho de la que vivieron generaciones anteriores. Frente a la actual necesidad mayoritaria de apoyo de los menores de 30 años, seis de cada diez mayores de 65 años pudieron independizarse en su día con sus propios recursos.

Sin embargo, las aspiraciones no han cambiado tanto. De hecho, al preguntar sobre la intención de comprar o alquilar una vivienda en los próximos cinco años, la primera opción sigue siendo la preferida. Casi un tercio de los encuestados tiene intención de hacerlo. "Pensar que el joven está viviendo de alquiler porque le gusta no es cierto", ha señalado Michavila. "El modelo aspiracional de la mayoría de jóvenes sigue siendo el modelo que tuvieron el privilegio de vivir sus abuelos: tener una familia estable, un trabajo asegurado y vivir en propiedad", ha agregado.

Pese a la preferencia por la vivienda en propiedad, el alquiler ha ganado peso en España en los últimos años como alternativa para acceder a una vivienda, pero las dificultades persisten entre los inquilinos. Un tercio de quienes viven de alquilar consideran difíciles o muy difíciles los requisitos de acceso para encontrar un piso, como pueden ser el precio o tener que pagar una fianza y demás gastos, y más de la mitad ha tenido que renunciar a una vivienda por no cumplir con esos requisitos. Esa proporción se eleva hasta el 70% entre los menores de 30 años.

Las dificultades económicas, laborales y la falta de ingresos son en términos globales la principal barrera para acceder a una vivienda para el 41% de los encuestados, seguidas de la falta de oferta adecuada (32%). Pero el barómetro revela que esas dificultades económicas tienen consecuencias sociales. Entre quienes tienen problemas para acceder a una vivienda, un 38% siente que eso repercute en una falta de estabilidad personal y un 26% cree que le coarta planificar su proyecto de vida. "No es casualidad que España sea uno de los países del mundo con la tasa de fecundidad más baja. Tiene que ver con esto", ha señalado Michavila.

En esa línea, el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, ha remarcado que los problemas relacionados con la vivienda no solo tienen que ver con el acceso, sino también con la habitabilidad. "Existen viviendas que potencian la dignidad y viviendas que la coartan", ha dicho, recalcando que ha de ser la arquitectura lo que se adapte a las necesidades de las personas y no al revés. "Planteemos hogares capaces de acompañar al ser humano en su evolución, para que pueda ejercer su autonomía moral y sus plenas capacidades, que no son más que la expresión cotidiana de la dignidad", ha subrayado.

Según el barómetro, más de la mitad de los españoles tienen deficiencias de habitabilidad en su hogar (53%), siendo la más frecuente las dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno y en verano (26%), y uno de cada cuatro entrevistados con mejoras que hacer en su hogar no puede afrontarlo económicamente. Esta incapacidad para hacer frente a reformas es mayor entre quienes viven de alquiler (60%).

El barómetro, que señala que la vivienda es el principal problema para más de la mitad de los españoles (54%), detecta, además, que hay un 19% de encuestados que afirma sentirse solo siempre o de manera frecuente y en cuatro de cada diez casos estas personas apuntan a que las características de su vivienda influyen en esa sensación de soledad.

En cuanto a las soluciones para garantizar una vivienda digna, la medida que más respaldo despierta es el aumento del parque público de vivienda en alquiler asequible. Un 25% de los encuestados la apoyan, seguida de la limitación de los precios del alquiler (23%) y la reducción de los impuestos y las cargas fiscales asociadas a la vivienda (20%).

No es igual tener una vivienda en alquiler que tener cinco. Cuando el casero tiene varios pisos arrendados, el precio de esos alquileres es más alto que cuando solo tiene uno. Así se desprende de un estudio publicado este jueves por el Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), que detecta que esa diferencia en el precio del alquiler entre monoarrendadores y multiarrendadores crece a medida que aumenta la cartera de viviendas y llega a ser de hasta un 4,5% en el caso de quienes tienen cinco o más pisos en el mercado.

El estudio analiza en qué medida las viviendas de hogares con dos o más pisos alquilados se arriendan a un precio distinto de las que son propiedad de un hogar con una sola vivienda alquilada y observa que el precio ha pasado de ser prácticamente igual en ambos casos en 2019 —con una diferencia de apenas un 0,8%— a fijar los multiarrendadores un precio un 3,5% por encima del de los monoarrendadores. Un 3,5% sobre un alquiler medio de 700 euros mensuales supone una diferencia de unos 25 euros mensuales adicionales o, lo que es lo mismo, 294 euros al año.

"La prima al tener más de un alquiler no era significativa estadísticamente en 2019 y en 2023 sí se observa", explica el autor del estudio, Jorge Galindo, que confirma que el hecho de ser multiarrendador "tiene un efecto en precios". Esta prima mide la distancia que hay entre los dos grupos de arrendadores —no si uno se ajusta más que el otro al precio de mercado— y, según el informe, explica una quinta parte de la subida del precio de los alquileres entre 2019 y 2023, dado que el grueso del encarecimiento se debe a una revalorización generalizada de las viviendas en un contexto de escasez de oferta, es decir, a que se paga más por las mismas características.

El estudio no indaga en cuál es el motivo detrás de la diferencia de precio entre monoarrendadores y multiarrendadores ni de su crecimiento a lo largo de los cinco años analizados, pero sí descarta que se deba a la concentración geográfica de los inmuebles, en el caso de quienes tienen varios, en zonas más caras. De hecho, la diferencia de precio es mayor cuando la cartera de viviendas se reparte entre varios municipios (2,8%) que cuando se concentra en uno solo (1,5%) y cuando todos los pisos se aglutinan en una única sección censal la balanza se inclina del lado contrario, con un precio por parte de los multiarrendadores un 3,8% por debajo de los monoarrendadores.

La brecha se aprecia más cuanto mayor es la cartera de viviendas que el casero tiene alquiladas. De media en el conjunto del periodo analizado, se observa que los hogares con dos viviendas arrendadas fijaron precios un 1,3% por encima de los monoarrendadores, mientras que esa diferencia crece a un 2% en los hogares con tres inmuebles alquilados, a un 3,4% en los que tienen cuatro y llega a un 4,5% en los que tienen cinco o más.

La diferencia en función del número de viviendas se aprecia especialmente en el momento de la renovación de los contratos: el precio sube de media un 5,2% en las viviendas de multiarrendadores y un 3,8% en las de los monoarrendadores. No obstante, solo es significativo a partir de las cuatro propiedades. Los hogares con dos y tres viviendas alquiladas suben de media un 0,8% más que un monoarrendador, mientras que los de cuatro lo hacen un 1,9% más y los de cinco o más, un 2,8%. El estudio apunta a que este corte en cuatro propiedades "es coherente con la idea de que hace falta cierta escala para gestionar el alquiler como una inversión".

"Si se diseñan medidas dirigidas específicamente a esta prima, el tamaño de la cartera parece un criterio más informativo que el territorio, porque la diferencia crece con el número de viviendas y es mayor donde la cartera está dispersa", advierte el informe, que puntualiza que el alcance de actuar sobre este patrón es limitado, dado que solo explica una parte de la subida de los precios en los últimos años. "Sin la prima, el alquiler habría subido algo menos, pero lejos de volver a los niveles de 2019", señala, al mismo tiempo que remarca la pertinencia de valorar cualquier medida en este sentido "por su capacidad de contener las subidas sin reducir el incentivo a ofrecer vivienda en alquiler, que a la larga es lo principal y aquello que más puede influir sobre el precio".

La crisis de la vivienda está castigando especialmente a las grandes ciudades, donde la subida de los precios y la escasez de oferta hace cada vez más complicado encontrar un techo. De acuerdo con la estadística de Indicadores Urbanos publicada este miércoles por el INE, Madrid y Barcelona concentran 94 de los 100 barrios con el precio de la vivienda más caro, llegando a rozarse incluso los 11.000 €/m² en la zona más prohibitiva. Es casi 14 veces más de lo que se paga en el barrio más barato de una gran ciudad.

La estadística del INE recoge datos del precio de compraventa de las viviendas en los barrios de las ciudades de más de 250.000 habitantes. Son en total más de medio millar de demarcaciones, entre las cuales Madrid copa los primeros puestos. Los 14 barrios con el metro cuadrado más caro se concentran en la capital, con Recoletos y Castellana a la cabeza. En estas dos zonas el precio medio de las casas vendidas en 2025 alcanzó los 10.952 y 9.624 €/m². Ambas zonas lideran también la lista en precio medio por vivienda, con una marca de más de 1,8 y 1,4 millones de euros respectivamente. Junto a ellas, otras cinco áreas de Madrid superan los 8.000 €/m² (Almagro, Justicia, Lista, Goza e Ibiza). La distancia es marcada con respecto al barrio más barato de la capital. En San Cristóbal las casas se pagan a 1.782 €/m², con un precio medio por vivienda de 113.064 euros.

En el caso de Barcelona, su barrio con el metro cuadrado más caro es Sant Gervasi-Galvany oeste, donde se alcanzan los 6.707 €/m². Ocupa el decimoquinto puesto entre las zonas más prohibitivas. Entre los 100 más caros aparecen también otros treinta barrios barceloneses. Les Tres Torres, Diagonal Mar, el Front Marítim del Poblenou, parte del Eixample y Sarrià-Vallvidrera también superan los 6.000 €/m². En el extremo contrario se encuentran Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona, donde el metro cuadrado se paga a 1.880 euros.

Entre los 100 barrios con el metro cuadrado más caro solo seis son de fuera de Madrid y Barcelona. En concreto, tres son de Palma de Mallorca y dos de Bilbao. Hay que bajar en la lista hasta los puestos 174 y 175 para encontrar áreas de Sevilla y Valencia. Se trata concretamente de Triana este y Russafa, donde el precio de la vivienda ronda los 3.280 €/m². En el extremo opuesto, la capital andaluza cuenta con un barrio por debajo de los 1.000 €/m², mientras que en Valencia la marca más baja es de 1.456 euros y se registra en los Poblats del Nord. Frente al predominio de Madrid en la parte alta de la tabla, los barrios más baratos en grandes ciudades se reparten principalmente entre Murcia y Córdoba.

Ampliando la perspectiva a las ciudades de más de 20.000 habitantes, las tres localidades con el precio medio de compraventa más alto son Calvià (Baleares), Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Santa Eulària des Riu (Baleares), donde las viviendas compradas en 2025 alcanzaron de media los 981.485, 907.270 y 888.800 euros. Es un importe quince veces mayor al pagado en Puertollano (Ciudad Real), que es la localidad más barata con un precio medio de 57.698 euros por vivienda. La siguen Mieres (61.233) y Langreo (62.838), en Asturias.

En el alquiler, se repite el predominio de Madrid y Barcelona entre las zonas más caras. En este caso los datos recogidos por la estadística del INE corresponden a 2024. Ambas capitales concentran igualmente 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler entre las ciudades de más de 250.000 habitantes. En concreto, Recoletos (Madrid) repite como la zona donde más se paga, con un gasto medio de 2.037 euros mensuales. La siguen Pedralbes (Barcelona) y Piovera (Madrid), ambos en una media de 2.002 euros mensuales. Por el contrario, los alquileres más bajos se registran en Cañadas de San Pedro (Murcia), el Sector Sur de Córdoba y Pajarillos Bajos (Valladolid), en los tres casos por debajo de los 440 euros mensuales.

Por ciudades, los tres municipios de más de 20.000 habitantes donde más se paga de alquiler son Pozuelo de Alarcón (Madrid), Boadilla del Monte (Madrid) y Sant Just Desvern (Barcelona), con una media de 1.499, 1.478 y 1.276 euros mensuales. Por el contrario, Lalín (Pontevedra), Priego de Córdoba y Écija (Sevilla) se sitúan en torno a los 330 euros mensuales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha querido adelantar cuáles serán las propuestas del PSOE frente a la crisis habitacional de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, aunque sí ha señalado que una de las tareas que quedan pendientes para la próxima legislatura es la reforma de la ley del suelo, una modificación que ya se intentó en 2024 y 2025. Rodríguez ha redoblado la apuesta y ha abogado por una reforma "más ambiciosa y valiente" que la planteada entonces.

"Cosas que creo que tendremos que hacer es una ley del suelo mucho más ambiciosa y valiente que la reforma que habíamos planteado", ha dicho este martes en un coloquio informativo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, donde ha advertido de que "la política de suelo en este país no se está tomando en serio" y ha criticado especialmente que haya administraciones que vendan suelo público sin ningún tipo de protección.

La voluntad del Gobierno de reformar la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas fue un mantra al inicio de la legislatura. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley en 2024 que inicialmente no llegó a debatirse en el Congreso porque el Ejecutivo lo retiró en el último momento por temor a perder la votación por falta de apoyos. Los partidos a la izquierda del PSOE rechazan la posición de los socialistas en esta materia, acusándolos de querer favorecer la especulación. Del otro lado, el PP coincide en la necesidad de reformar la ley del suelo y ha planteado propuestas similares a la del Gobierno, pero en el segundo intento de 2025 votó en contra del texto del Ejecutivo por considerar que cualquier solución a la emergencia habitacional pasa por derogar primero la ley de vivienda.

Pese al fracaso en los intentos por reformar la ley del suelo, Rodríguez ha defendido que la ampliación de la oferta es uno de los grandes frentes en los que ha actuado su departamento a lo largo de esta legislatura, con medidas como el trasvase de más de 40.000 viviendas de Sareb a la nueva empresa pública Casa 47 o la reducción del IVA al 4% para la construcción de viviendas públicas y protegidas, entre otras. "Necesitamos más viviendas", ha recalcado, subrayando la necesidad de ampliar la oferta para atajar la crisis habitacional.

En este sentido, ha respondido al compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar la construcción de un millón de viviendas si llega al Gobierno y de hacerlo con "más suelo y menos burocracia". Rodríguez ha señalado que bajo los sucesivos mandatos de Pedro Sánchez ya se ha llegado a esa cifra y ha advertido del riesgo de liberalizar suelo público. Sí ha coincidido con Feijóo en la necesidad de construir más vivienda para atajar la crisis habitacional y de reducir la burocracia.

"Lo de menos burocracia se lo compro, lo de más suelo se lo matizo, en el sentido de la preservación de suelo público [...], y el millón se lo igualo", le ha contestado la ministra a Feijóo este martes, destacando que durante los años de gobierno de Pedro Sánchez se han promovido 940.000 visados de obra para la construcción de viviendas. Ha opinado que si la legislatura se hubiera agotado, se habría llegado al millón. Este dato incluye todas las obras que han sido autorizadas en este tiempo, tanto de viviendas libres como protegidas, con independencia de si han sido o no ejecutadas y finalizadas.

Más allá de la referencia a la ley del suelo, Rodríguez no ha querido dar pistas sobre cuál será le programa electoral del PSOE en materia de vivienda de cara al 29-N. Se ha limitado a decir que el partido está ya trabajando en ello y que será un programa "ambicioso". Preguntada por cómo harán para que sus propuestas resulten creíbles después de ocho años en el Gobierno, la ministra ha remitido al trabajo de su departamento. "Constatando lo que hemos hecho y siendo honestos con la ciudadanía y expresando por qué no se ha podido hacer más", ha respondido.

Rodríguez ha asegurado que al Gobierno no le ha faltado "valentía" para sacar adelante medidas en materia de vivienda sino "votos en el Congreso", tal y como, a su juicio, se vio en la votación del 2 de octubre, cuando PP, Vox, Junts y UPN tumbaron los decretos con medidas urgentes aprobados por el Consejo de Ministros tras el desahucio de Maricarmen Abascal. La ministra ha lamentado la falta de colaboración a lo largo de toda la legislatura por parte de la derecha para hacerse eco de los "consensos sociales" y dar soluciones al problema de la vivienda. "He encontrado mucho más consenso en la calle, en el sector y en la sociedad que en la política y esto es un drama", ha afirmado, apuntando a una "gran desconexión" entre política y sociedad en esta materia.

"No hemos tenido las mayorías necesarias para haber culminado algunos trabajos y tampoco la necesaria colaboración que se hubiera requerido por las administraciones sin cuya colaboración no puede avanzar la política pública de vivienda en nuestro país", ha valorado, al mismo tiempo que ha remarcado que el problema de fondo radica en que la vivienda "ha dejado de ser un bien esencial para ser un activo financiero" y ha defendido la necesidad de "regular" e "intervenir" el mercado para cumplir con el mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda y evitar la especulación.

El Gobierno ha aprobado este martes una partida de 180 millones de euros para aumentar la oferta de viviendas de alquiler social y asequible en las zonas tensionadas. Se trata, por tanto, de una inyección de dinero que se reparte entre las cinco comunidades que aplican el mecanismo previsto en la ley de vivienda: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Estos recursos "extraordinarios" podrán destinarse tanto a la promoción de nuevas viviendas como a la compra de pisos ya existentes por parte de las administraciones, entre otras líneas de actuación.

"Cuando reconocemos zonas de mercado tensionado no estamos reconociendo algo positivo, sino un problema y, por tanto, la necesidad de abordarlo en sus soluciones", ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha defendido que la ley de vivienda habilita al Gobierno a movilizar "recursos extraordinarios" para atajar la crisis habitacional allí donde se han declarado zonas tensionadas.

Este mecanismo, que permite topar el precio de los alquileres y ofrecer bonificaciones fiscales adicionales para los caseros, está previsto para zonas donde las familias tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda o donde el precio de los pisos haya crecido por encima del IPC en los últimos años. La declaración de zonas tensionadas corresponde a las comunidades. Son cinco las autonomías que han dado este paso y entre ellas se distribuyen los 180 millones de euros aprobados por el Gobierno, en función del número de municipios declarados como zonas tensionadas.

En concreto, Cataluña es la que más fondos percibirá. Le corresponden 119,4 millones de euros para un total de 271 municipios declarados como zonas tensionadas. La sigue País Vasco, con 31 millones de euros y 18 municipios con restricciones; Navarra, con 13,3 millones y 21 municipios con zonas tensionadas; y Galicia y Asturias, con 10,2 millones y 5,9 millones de euros respectivamente. En el caso de Galicia, las zonas tensionadas solo funcionan en A Coruña y Santiago de Compostela, dado que la Xunta —al igual que el resto de comunidades del PP— discrepa de la utilidad de esta medida. En Asturias, son 5 municipios los afectados por las zonas tensionadas, aunque con aplicación restringida a barrios concretos. Hay un total de 317 localidades donde funciona este mecanismo y en ellas viven más de 9 millones de personas.

Según ha explicado la ministra de Vivienda, las comunidades receptoras de estos fondos podrán destinarlos a varias líneas de actuación, todas ellas encaminadas a aumentar la oferta de alquiler social y asequible en zonas tensionadas. Podrán dedicarlos a la promoción o rehabilitación de viviendas tanto libres como protegidas que se destinen a estas fórmulas de arrendamiento. También podrán utilizarlos para comprar suelos sobre los que se edificar viviendas, para el desarrollo y la urbanización de suelos y para la compra de viviendas ya construidas y destinarlas a alquiler social o asequible. Además, a petición de las propias comunidades, se incluye la posibilidad de emplear estos fondos para financiar los avales de alquiler para inquilinos jóvenes.

Alojamiento universitario

Por otro lado, el Ejecutivo también ha aprobado este martes los 45 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar alojamientos universitarios asequibles tanto para estudiantes como para personal docente e investigador. Estos fondos irán a proyectos concretos de siete centros públicos: la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones), la Universidad de Castilla-La Mancha (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universitat Jaume I de Castelló (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y el Ayuntamiento de Lleida (2,9 millones). El Gobierno calcula que se podrán impulsar, en una primera fase, 2.000 plazas.

El objetivo es facilitar el alojamiento a los estudiantes y al personal docente e investigador, así como favorecer la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias. Rodríguez ha defendido que las dos partidas aprobadas este martes por el Gobierno tienen el mismo propósito: "Avanzar en garantizar el derecho de acceso a la vivienda y promover vivienda allí donde más falta y a quien más falta hace".

Para cientos de miles de personas tener un trabajo no garantiza unas condiciones de vida adecuadas, y menos en un contexto de crisis habitacional como el actual. Según un estudio publicado este martes por Oxfam Intermón, después de asumir el gasto mensual que suponer la vivienda 770.000 personas con empleo cruzan el umbral de pobreza —sus ingresos no llegan al 60% de la mediana, lo que indica que disponen de recursos económicos significativamente inferiores a los habituales en el conjunto de la sociedad—, sumándose así a los 2,2 millones de personas que ya se encuentran en esta situación antes incluso de afrontar el pago del alquiler o la hipoteca.

El informe revela que el gasto en vivienda eleva la tasa de pobreza laboral del 11,5% al 15,5%, lo que significa que uno de cada seis trabajadores en España tiene dificultades para mantener unas condiciones de vida dignas una vez costeado el techo bajo el que vive. "Son personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna", explica el responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón y autor del estudio, Alejandro García-Gil, que subraya que la vivienda se está convirtiendo en "uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan".

Este empeoramiento de la situación a causa de la vivienda es especialmente notable entre quienes viven de alquiler a precios de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral de estos hogares es ya del 19,35%, pero al descontar el gasto residencial se incrementa hasta el 34,1%, de manera que una de cada tres personas con empleo que viven de alquiler se queda por debajo del umbral de pobreza después de pagarlo. Esta proporción es incluso mayor a la que se registra entre quienes tienen un alquiler por debajo de mercado (31,3%), que suelen ser personas con bajos recursos que habitan en viviendas sociales.

La brecha entre los trabajadores que viven de alquiler y aquellos que son propietarios de la casa en la que residen es significativa. En este segundo grupo, la tasa de pobreza una vez pagada la vivienda es del 10,2% entre quienes todavía tienen hipoteca y del 8% entre quienes ya tienen la casa pagada —en este caso, se computa el pago de impuestos asociados a la propiedad, como el IBI—. "El drama está en quienes viven de alquiler a precio mercado, porque son personas que ingresan muy poquito y, además, están atrapadas en una trampa: como tienen pocos recursos no pueden ahorrar para comprar una vivienda", señala García-Gil, que añade que "si la vivienda está completamente asegurada, la situación económica es más estable" y advierte de que es de esperar que los datos empeoren en próximas ediciones del estudio por el encarecimiento que los alquileres arrastran desde 2022.

El coste de la vivienda también trastoca la fotografía a nivel territorial. Sin tener en cuenta este gasto, la comunidad con mayor tasa de pobreza laboral es Andalucía (17,7%), seguida de Comunidad Valenciana (17%) y Extremadura (16,5%). Sin embargo, al descontar lo que cuesta pagar el alquiler o la hipoteca, donde más empeora la situación es en Madrid y Cataluña. Su tasa de pobreza laboral se dispara del 7,3% al 12,7% y del 7,9% al 12,9% respectivamente. Son precisamente dos de las zonas de España donde más se ha complicado el acceso a la vivienda en los últimos años por la escalada de los precios.

La influencia de Madrid impacta especialmente en el mercado del alquiler de las comunidades limítrofes. Castilla y León (50,7%) y Castilla-La Mancha (48,7%) se encuentran entre las zonas con tasas de pobreza laboral más elevadas entre los inquilinos, una vez pagada la vivienda. Desde Oxfam Intermón lo achacan a la existencia de ciudades dormitorio donde la presión sobre la vivienda está aumentando por la llegada de población que trabaja en Madrid.

Un problema cronificado

El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, subraya que la emergencia habitacional ahonda un problema de desigualdad "cronificada" que España ya arrastra desde hace tiempo. En los últimos tres años para los que hay datos disponibles, la tasa de pobreza laboral apenas ha descendido 0,16 puntos porcentuales —del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024—, mientras que el PIB ha crecido más de un 6%. La brecha entre crecimiento económico y bienestar de los hogares es tan profunda que, al ritmo actual de reducción de la tasa, España tardaría 59 años en alcanzar la media europea (8,2%).

Desde Oxfam Intermón apuntan a que esa falta de correlación se debe, entre otros factores, a que parte de los empleos que se están creando y que están sosteniendo el crecimiento de la economía española no son de "gran calidad". Y es una realidad a la que están más expuestas las personas inmigrantes. De hecho, en dos años la tasa de pobreza de los trabajadores de fuera de la Unión Europea afincados en España ha subido del 29,5% al 31,4%, mientras que entre los españoles y los europeos ha descendido.

"Siempre se ha considerado que la mejor herramienta contra la pobreza era el empleo y este análisis demuestra que trabajar no es suficiente", recalca García-Gil. "Si a eso le sumamos que los salarios están subiendo mucho menos que el precio de la vivienda, se crea un cóctel de miseria donde se entrecruzan la pobreza laboral y los elevados costes residenciales hasta asfixiar económicamente a cientos de miles de hogares", añade, remarcando la necesidad de abordar conjuntamente las políticas de empleo y de vivienda para combatir la pobreza.

En materia de empleo, Oxfam Intermón reclama blindar por ley las subidas del salario mínimo para los trabajadores con peores salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, pero también reforzar la negociación colectiva para llegar a las clases medias y desatascar el Estatuto del Becario para proteger a los más jóvenes. Del lado de la vivienda, destacan que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno abren una "oportunidad" para cambiar el rumbo de las políticas, pero advierten de que el problema estructural. En ese sentido, García-Gil reclama un cambio que "anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler y ofrezca seguridad jurídica a las personas que son pequeñas propietarias que arriendan sus casas a precios asequibles".

El acuerdo in extremis del PSOE con Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda territorial para concurrir conjuntamente al Senado ha causado un golpe de efecto al otro lado del tablero político y, con unos sondeos que auguran una victoria holgada del bloque de la derecha, Vox ha abierto la puerta a negociar con el PP no presentarse a la Cámara Alta en algunas provincias para frenar la "alianza de Pedro Sánchez con la extrema izquierda". Santiago Abascal ha tendido la mano este lunes a los populares para encontrar una vía de "entendimiento" aunque sin poner una oferta concreta sobre la mesa. Génova, de momento, mantiene la incógnita sobre si existen conversaciones con la formación para alcanzar un posible acuerdo.

El PP afronta el 29-N tras haber disfrutado de una holgada mayoría absoluta en el Senado con 143 escaños de un total de 208 durante la última legislatura, mientras que el PSOE tenía 87 senadores. Con gran parte de las encuestas situando a los populares como primera fuerza política en el Congreso, en Génova dan por hecho que obtendrán también una mayoría suficiente en la Cámara Alta. Así, ven en la estrategia de la izquierda al concurrir con una candidatura unitaria un intento por impedir que PP y Vox alcancen una mayoría de tres quintos, un umbral clave para influir en la renovación y nombramiento de distintos órganos como el Tribunal Constitucional.

Cuatro miembros de dicho órgano están a la espera de su reemplazo tras haber expirado su mandato el pasado mes de diciembre, entre ellos el presidente, Cándido Conde-Pumpido. Con la mayoría de tres quintos, el bloque de la derecha elegiría a los cuatro magistrados pendientes y cambiaría la actual orientación progresista del tribunal.

El 29 de noviembre se elegirán a 209 senadores de forma directa a los que se sumarán posteriormente 58 más designados por los parlamentos autonómicos. El sistema de votación permite que cada elector emita hasta tres votos en las circunscripciones provinciales, pudiendo elegir a candidatos de distintos partidos políticos. En el caso de las provincias peninsulares, los escaños se asignan a los cuatro candidatos con más apoyos y, generalmente, dicho sistema favorece al partido más votado. Lo habitual es que la fuerza política que gana obtenga tres senadores y la segunda, uno, habitualmente disputándose entre PP y PSOE.

En las elecciones generales de 2023, los de Abascal recibieron más de 7,2 millones de votos para la Cámara Alta, pero esto no se tradujo en ningún senador por la dispersión de los sufragios, dado que el sistema electoral en el Senado penaliza especialmente a los partidos que quedan por detrás de los más votados —resultan elegidos como senadores solo los que hayan sido más votados, sin que exista un reparto proporcional de escaños entre partidos como ocurre en el Congreso— . Esta vez Vox está más fuerte en las encuestas, pero el objetivo es evitar que sus votos caigan en saco roto y vuelvan a quedarse sin representación o con una representación pequeña en proporción al respaldo electoral.

Sin embargo, PP y Vox no pueden aplicar la misma fórmula que la izquierda para disputar la holgada mayoría, pues el plazo de presentación de coaliciones finalizó el pasado viernes. El plazo para las listas, sin embargo, termina el próximo 26 de octubre y ahí cabrían dos opciones. La primera es que en cada una de las circunscripciones en las que no se presentasen los de Abascal podría aparecer en cada papeleta dos senadores populares y uno tercero de Vox como independiente pero, eso sí, bajo las siglas del PP. La segunda posibilidad es que el PP se comprometiese a ceder a Vox una cantidad concreta de senadores por designación autonómica tras las doce citas con las urnas que se celebran en mayo de 2027. Ya sucedió tras los últimos comicios de Extremadura, Aragón y Andalucía y los respectivos pactos de Gobierno a los que llegaron ambas formaciones, cuando el PP cedió los tres senadores a Vox. Abascal ha terminado la legislatura con cinco representantes mediante esta fórmula: dos de Andalucía, uno de Extremadura, otro de Aragón y otro de la Comunidad Valenciana.

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue quien tomó la iniciativa al plantear públicamente este lunes el debate sobre una posible estrategia conjunta con el PP para rentabilizar al máximo los votos al Senado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Lo hizo en una declaración institucional tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, una comparecencia poco usual, como también lo es para Vox el hecho de plantear la posibilidad de una estrategia conjunta con el PP. Los de Abascal siempre han defendido que Vox y PP son dos partidos abocados a entenderse para construir una alternativa a Sánchez, pero diferentes y con distintas soluciones que ofrecer para "salvar" España.

También es excepcional, a juicio de la tercera fuerza, la coyuntura en la que se encuentra el país tras ocho años con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, de ahí la necesidad de que la oposición haga un "sacrificio" el próximo 29-N. La propuesta de negociación puesta sobre la mesa este lunes por Abascal llega después de que ya el sábado el líder de la tercera fuerza advirtiera de que su formación está dispuesta a "todo" por "salvar" España, ya que Vox considera a la izquierda como una amenaza para el país.

Cada voto cuenta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y Vox no quiere que ninguno se desperdicie. Es por ello que el presidente del partido, Santiago Abascal, ha abierto este lunes la puerta a negociar con el PP alguna vía de "entendimiento" para frenar a la izquierda en el Senado, después de que el PSOE y los partidos a su izquierda pactaran el viernes pasado presentarse juntos a la Cámara Alta en los próximos comicios para sumar fuerzas. El plazo para presentar coaliciones ya ha terminado, por lo que la única vía que queda abierta para reducir el número de candidaturas entre las que dar a elegir a la ciudadanía y concentrar voto ahora mismo es renunciar a presentarse en algunas provincias. Desde Vox aclaran que todavía no hay una decisión tomada al respecto, sino una voluntad de debatirlo con el PP para "proteger" al Senado de la izquierda.

"La alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición", ha dicho Abascal en una poco usual declaración institucional desde la sede nacional del partido, en la que ha tendido la mano al PP. "Nosotros mantenemos una voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda", ha agregado, aunque sin mencionar explícitamente la posibilidad de que su formación no se presente al Senado por alguna provincia en las elecciones del 29 de noviembre para evitar la dispersión de votos entre los dos grandes partidos de la derecha.

El sistema electoral en España penaliza especialmente en el Senado la fragmentación del voto cuando hay muchas candidaturas de distintos partidos. Esto se debe a que, en cada circunscripción, los candidatos que resultan elegidos como senadores son solo los que hayan sido más votados, sin que exista un reparto proporcional de escaños entre partidos como ocurre en el Congreso. Por eso, si muchos partidos se presentan al Senado y el voto se reparte entre ellos, los menos votados tienen más dificultades para conseguir senadores y los más votados consiguen tener más peso. En las elecciones de 2023, por ejemplo, el PP obtuvo 120 de los 208 escaños que se eligieron en las urnas y el PSOE 72, mientras que Vox y Sumar no consiguieron ninguno.

Conscientes de que esta casuística de cara a los comicios del 29 de noviembre podría perjudicar a una izquierda fragmentada y en declive en las encuestas, el PSOE y las fuerzas de Frente Amplio se han integrado en una sola coalición para ir juntos a las urnas en 43 provincias y tratar de aunar el máximo número de votos posible, votos que, de otra manera, algunos se quedarían sin representación en el caso de las formaciones más pequeñas. Ante esta maniobra, Vox se abre negociar con el PP una fórmula para hacerle frente a la candidatura unitaria de la izquierda y evitar que la dispersión de voto perjudique a la derecha. No obstante, el plazo para registrar coaliciones acabó el viernes, por lo que la única alternativa ahora es que uno de los dos partidos acceda a no presentarse en provincias más estratégicas y ambos electorados se concentren bajo la papeleta más fuerte.

"Los españoles ya hemos sufrido demasiados Gobiernos que han abierto la invasión migratoria. No es el momento de pedir más sacrificios, hay que sacrificar las políticas que nos han traído hasta aquí y recuperar las instituciones para el pueblo español", ha dicho Abascal para argumentar la necesidad de una eventual estrategia electoral conjunta junto al PP en las elecciones al Senado. El líder de Vox ha alegado igualmente que, a su juicio, Sánchez está dispuesto a seguir gobernando "de una manera u otra" y lo ha acusado de estar sembrando "la coacción y la violencia" en las calles —en referencia a la acampada en Sol y la huelga general del 11 de noviembre— para "influir" en las elecciones. "Sánchez pretende robar estas elecciones", ha llegado a afirmar, agregando que "la única manera de evitarlo es con una respuesta masiva" de los españoles en las urnas.

La subida del precio de los alquileres ha empezado a estabilizarse, pero la competencia entre inquilinos por conseguir un piso sigue siendo elevada. Según un informe publicado este lunes por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, de media cada piso que salió al mercado del alquiler entre julio y septiembre recibió 133 llamadas de interesados en los primeros diez días. Es un volumen de contactos ligeramente inferior al registrado en el segundo trimestre, pero la presión sobre el mercado es patente en un contexto de precios desorbitados en torno a las grandes ciudades y las zonas turísticas. El precio medio del alquiler supera los 1.000 euros mensuales en doce provincias.

El coste de alquilar una vivienda apenas subió en el tercer trimestre de este año con respecto a los tres meses anteriores. Lo hizo un 0,25%, según los datos del Observatorio del Alquiler, pasando de los 1.211 euros mensuales a los 1.214 euros. La subida es también limitada con respecto al año pasado, situándose en un 2,27%. De hecho, en algunas provincias los precios han llegado incluso a corregirse levemente a la baja. Barcelona, Álava y Vizcaya han anotado ligeros descensos de entre un 0,8% y un 0,3% con respecto al tercer trimestre de 2025. Aun así, la situación es muy dispar. Los alquileres en Málaga, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Madrid han experimentado subidas de un 3,2%, un 4,4%, un 13,8% y un 3,1% respectivamente.

Madrid y Barcelona se sitúa a la cabeza de las provincias más caras, superando los 1.600 euros mensuales de media —1.639 y 1.641 euros mensuales respectivamente— y con una diferencia de más de mil euros con respecto a la zona más barata —en Teruel la media es de 564 euros mensuales—. Solo trece provincias se mantienen por debajo de los 700 euros de renta mensual de alquiler y doce superan los 1.000 euros, entre ellas Málaga (1.316) y Valencia (1.171), por ejemplo. Sevilla y Zaragoza se sitúan justo al borde de ese umbral, con una media de 991 y 920 euros mensuales de alquiler.

El Observatorio del Alquiler remarca que estos niveles de precios son fruto del desajuste entre oferta y demanda. Y es que, según el informe, cada vivienda recibe de media 133 interesados en sus primeros diez días en el mercado. Son algo menos que los 143 contactos detectados de media por vivienda entre abril y junio. Sin embargo, este indicador sigue muy por encima de los 15 contactos que se consideran como situación de normalidad de un mercado en equilibrio. Desde el Observatorio del Alquiler achacan la leve reducción de la presión en el último trimestre a que parte de la demanda se haya podido trasladar hacia el alquiler de habitaciones o a que haya habido una redistribución territorial, aunque llaman a esperar a ver la evolución en los próximos meses.

"Hay una frustración y es posible que haya personas que hayan dejado de buscar vivienda de alquiler porque lo hayan dado por imposible", ha valorado en la presentación del informe el jefe de estudios del Observatorio del Alquiler, Sergio Cardona, que ha pronosticado que en lo que queda de año la tónica general seguirá siendo la escasez de oferta, la presión de la demanda y la estabilización de los precios. "Seguimos hablando de una presión muy alta y de un mercado muy desequilibrado, con una oferta que no puede dar cabida a toda esta demanda de alquiler", ha matizado. En Barcelona llegan a registrarse 400 interesados por vivienda en tan solo diez días. Es la provincia donde mayor presión se detecta con mucha diferencia. La siguen Vizcaya y Baleares, con 179 y 159 llamadas por vivienda respectivamente.

En cuanto a la oferta, desde el Observatorio del Alquiler esperan que el volumen de pisos disponible para alquilar continúe a la baja y descienda en 7.705 viviendas en 2026 hasta los 676.215 inmuebles, lo que supondría una caída de un 2,27% con respecto a 2025. Con este descenso esperan que el mercado toque suelo y a partir de ahí empiece a recuperarse algo de oferta de cara al próximo año. De hecho, la contracción esperada para este año es menor a la caída del 4,7% anotada el año pasado.

"La oferta está restringida o estancada y la demanda está sufriendo su propia restricción presupuestaria", ha resumido en la presentación del informe Fernando Pinto, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador del Observatorio del Alquiler. "Las familias han llegado a un punto en el que con sus rendimientos del trabajo no se pueden permitir hacer frente al pago de alquileres que superan los 1.200 euros de media", ha advertido, añadiendo que, a su juicio, las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en los decretos de vivienda pendientes de convalidación por el Congreso no van en la línea adecuada para atajar la emergencia habitacional, sino que aumenta las barreras para los nuevos inquilinos.

El desajuste entre oferta y demanda ha empujado al alza el precio de la vivienda hasta exigir niveles de esfuerzo para comprar o alquilar no vistos en más de una década. La construcción de pisos empieza a recuperar el vuelo —en los primeros seis meses de 2026 se han empezado a levantar 67.564 pisos, un 10,6% más que en la primera mitad del año pasado—, pero está todavía lejos de cubrir la necesidad de nuevas viviendas. En el último año se han levantado 157.476 pisos menos que hogares nuevos se han creado. La falta de oferta es especialmente patente en las grandes ciudades y sus alrededores, aunque en prácticamente todas las provincias se está construyendo menos de lo que está creciendo la población.

Según datos del Ministerio de Vivienda, en los primeros seis meses de este años se han finalizado 40.136 viviendas libres. Son prácticamente las mismos que se terminaron en el mismo periodo de 2025. La subida interanual es de apenas un 0,8%. El volumen de inmuebles finalizados cada semestre lleva moviéndose en torno a las 40.000 casas desde 2021.

Si los pisos acabados desde principios de año se suman a los construidos en el segundo semestre del año pasado, el resultado son un total de 81.109 inmuebles terminados en los últimos doce meses, entre julio de 2025 y junio de 2026. Es un dato que se queda muy por detrás del número de hogares creados en ese mismo periodo de tiempo. Según el INE, desde mediados del año pasado hasta el ecuador de este año, España ha ganado 238.585 nuevas familias.

Esa diferencia negativa entre el volumen de viviendas terminadas en los últimos doce meses y el número de hogares creados se refleja en todas las provincias salvo en Cáceres y Soria, donde se han levantado 848 y 473 casas y se han conformado 810 y 119 familias respectivamente. Donde más se inclina la balanza del lado del crecimiento de la población es precisamente en las zonas con más habitantes, que son las más castigadas por la escalada de los precios.

"La falta de oferta es mayor en las grandes ciudades, que es donde se ofrecen más servicios y donde hay más trabajo. También es mayor la demanda", reconoce Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), la patronal inmobiliaria española. Gómez Huecas apunta a que uno de los principales factores que están detrás de la escasez de oferta es precisamente la falta de construcción.

En los últimos doce meses Madrid ha ganado 24.850 hogares más que viviendas. Las siguientes provincias donde más desfase se ha producido entre viviendas terminadas y familias creadas son Valencia, Barcelona y Alicante, con 12.625, 12.078 y 11.542 pisos nuevos menos que hogares. La diferencia es menos abultada en otras zonas, como, por ejemplo, Sevilla, donde la brecha es de 3.127 viviendas menos. Hay una decena de provincias donde el desfase no llega al millar, entre ellas Guadalajara, Segovia, Ávila, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife.

"Cuando la población y el número de hogares crecen a mayor velocidad que el parque residencial, las dificultades de acceso se acentúan", explica la directora del Departamento Jurídico de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), Daniela Salinas, que remarca que la escasez de viviendas nuevas no solo repercute en el volumen de casas a la venta, sino también en el mercado del alquiler. "Cuando la oferta resulta insuficiente, aumenta la competencia entre potenciales inquilinos y se dificulta especialmente el acceso de quienes tienen menor capacidad económica", señala, subrayando la necesidad de favorecer un mercado con mayor disponibilidad de viviendas y unas condiciones de acceso "equilibradas".

El desajuste entre la construcción de viviendas y el crecimiento de la población no es algo nuevo. Desde 2022 hasta mediados de 2026, en España se han finalizado 684.812 viviendas menos que hogares se han creado. El país ha ganado un millón de familias —ha pasado de 18,8 millones de hogares a 19,9— y 367.945 nuevas casas. El Banco de España estima que el déficit de viviendas acumulado seguirá creciendo hasta llegar al millón en 2028.

Buena parte del desajuste entre nuevos inmuebles y población se concentra en Madrid, donde en los últimos cinco años se han creado 114.335 viviendas menos que familias (64.387 viviendas y 178.722 familias). En Barcelona el desfase es de 77.817 inmuebles menos que nuevos hogares (34.387 y 112.754 respectivamente), mientras que en Valencia y Sevilla la brecha es de 56.908 y 19.791. La provincia levantina ha ganado 78.262 hogares frene a 14.869 viviendas y la andaluza, 34.660 frente a 21.354.

"Los desarrollos y las licencias tienen que agilizarse", reclama Gómez Huecas, que ve inadmisible que la transformación de un suelo urbanizable en viviendas pueda demorarse cuatro o cinco años, como ocurre actualmente. "Las promociones nuevas se venden rápido, pero es por toda la demanda estancada que hay. No significa que con eso ya solventemos el problema", puntualiza, subrayando la necesidad de aprovechar el parque de viviendas ya existente y evitar que los propietarios dejen pisos vacíos por desincentivos fiscales o por inseguridad jurídica.

"No basta con analizar cuántas viviendas se construyen, también debemos preguntarnos cuántas de las existentes llegan realmente al mercado del alquiler", coincide Salinas, que recalca igualmente la necesidad de dar confianza y seguridad jurídica a los propietarios para que pongan pisos en el mercado. "Construir más viviendas es necesario, especialmente donde existe una demanda residencial acreditada. Ahora bien, la construcción requiere tiempo y sus efectos no son inmediatos. Por eso creemos que la respuesta debe contemplar también el parque de viviendas existente. Facilitar que más propietarios puedan alquilar con seguridad ayudaría a ampliar la oferta disponible sin depender exclusivamente de nuevas promociones", agrega, al mismo tiempo que señala que la disponibilidad de suelo, los plazos de tramitación, los costes de promoción y los cambios normativos están lastrando la construcción residencial.