Trescientas personas fueron este miércoles a la plaza de María Pita, en A Coruña, a escuchar a Santiago Abascal. Cinco mil, según la Policía, fueron a gritarle que se marchara de Galicia; entre ellos, las Juventudes Socialistas y las del BNG, al grito de "No pasarán". El mitin acabó con normalidad. Después, un grupo numeroso, con varios encapuchados, arremetió contra el cordón policial con petardos, piedras y las sillas de una terraza, y los enfrentamientos se extendieron a las calles de alrededor hasta poco antes de las tres de la tarde. Doce policías heridos, según la Policía y el sindicato Jupol, que difundió las fotos de lo que les cayó encima: piedras, bengalas, una olla. Dos detenidos por atentado contra la autoridad. Una periodista recibió una pedrada en una pierna; otro, un botellazo en la cabeza. Los asistentes al mitin habían cometido un solo delito: ir a escuchar a un partido legal en precampaña.

Que los manifestantes se llamen antifascistas no es una ocurrencia. La etiqueta tiene casi un siglo de servicio. En 1928, en su VI Congreso, la Internacional Comunista impuso a sus partidos la consigna de "clase contra clase" y elevó a doctrina la tesis del "socialfascismo". Stalin la había formulado cuatro años antes: la socialdemocracia y el fascismo no eran antípodas, eran gemelos. Desde entonces, cualquier rival no comunista recibía, dijera lo que dijera, una respuesta escrita de antemano: fascista. Circula una frase atribuida a Stalin según la cual basta llamar fascista al adversario para ganar la discusión. Es apócrifa. La política que describe, no. Rigió hasta 1935, cuando Moscú la cambió por los frentes populares, y en Alemania ayudó a que comunistas y socialdemócratas llegaran divididos ante Hitler. No frenó al fascismo real. Le allanó el camino.

Orwell levantó acta del desgaste en 1944, en las páginas de Tribune. Había oído llamar fascistas a los granjeros y a los tenderos, a la caza del zorro y a las corridas de toros, a Kipling, a Gandhi, a la astrología, a las mujeres y a los perros. Concluyó que la palabra, tal como se usaba, carecía casi por completo de significado, y pidió no rebajarla a palabrota. Ochenta años de uso monocorde han terminado el trabajo.

Los hechos sobre el destinatario actual de la etiqueta caben en un párrafo. Vox se fundó en 2013, concurre a todas las elecciones y es la tercera fuerza del Congreso. En su techo, noviembre de 2019, reunió 3,66 millones de votos; los sondeos para el 29-N le dan casi uno de cada cinco electores y el doble de diputados. No tiene una sola condena por corrupción. Su mayor multa, 862.000 euros, la anuló el Supremo en junio: carecía de base probatoria, y la regulación que aplicaba era, escribió la Sala, "rudimentaria". A eso se llama hoy fascismo. La etiqueta de 1928 sigue haciendo su trabajo: ahorra el argumento y expulsa al adversario.

Cada mitin asediado le regala a Vox un cartel electoral; cada policía herido, un argumento de orden público

Francia acaba de hacer el experimento a escala nacional. El movimiento contra la crisis educativa llevaba un mes y más de setecientos policías y gendarmes heridos, según el propio primer ministro, Sébastien Lecornu, cuando el sábado 17 una jornada contra la vida cara reunió a 800.000 personas en todo el país, según los organizadores. Por la tarde llegaron los saqueos –París, Marsella, Lyon, Burdeos, Niza, Limoges– y, en París, los morteros de pirotecnia contra la prisión de La Santé. Balance consolidado del ministro del Interior: 2.397 detenidos y 997 policías y gendarmes heridos, siete de gravedad. Esa noche, ante una compañía de intervención, Lecornu conminó a Jean-Luc Mélenchon a "elegir su campo": el de la República y las fuerzas del orden, o el de los que rompen escaparates.

El barómetro de Ifop para Sud Radio, LCI y Le Figaro empezó a preguntar esa misma noche, a partir de las ocho. Marine Le Pen obtiene el 36 por ciento en primera vuelta, una cifra que nunca había alcanzado, y gana todos los duelos de segunda: 56 a 44 frente a Édouard Philippe, 68 a 32 frente a Mélenchon, que con estos números sería su rival. El director general de Ifop, Frédéric Dabi, lo resume así: Le Pen aparece como la representante más creíble del partido del orden. La candidata contra la que se ha levantado el frente republicano en cada segunda vuelta gana en todas las hipótesis.

En España, los quince institutos que miden el 29-N coinciden en lo esencial: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, y Vox es el partido que más crece. Los alborotadores de A Coruña pueden seguir así. Cada mitin asediado le regala a Vox un cartel electoral; cada policía herido, un argumento de orden público. En Francia, la factura ya está en los sondeos: Le Pen tenía el 32 por ciento a finales de septiembre, el 34 la semana pasada, el 36 después del sábado. Aquí quedan cinco semanas y media.

En agosto de 1936 buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Madrid despachaba desde un hotel de Hendaya. Al estallar la guerra, varias embajadas, entre ellas la británica, se habían evacuado allí; el embajador Henry Chilton no volvió a Madrid, que consideraba demasiado peligroso. Detrás de británicos y franceses cruzaron la frontera los jefes de otras misiones. El norteamericano Claude Bowers, a quien la sublevación sorprendió veraneando en Fuenterrabía, pasaría la guerra entera fuera de España, en San Juan de Luz. Por las tardes se reunían a intercambiar noticias. Irún ardía al otro lado de la bahía.

Desde ahí se informaba a Londres y a Washington sobre lo que ocurría en España. Las noticias de la capital llegaban de segunda mano: consulados, refugiados, corresponsales, prensa. Bowers escribiría a Washington, en una carta fechada en Hendaya el 26 de agosto, advirtiendo desde el primer párrafo que nueve décimas partes de las informaciones de prensa eran falsas.

En esas mismas semanas se decidió todo. Giral pidió armas a Blum el 20 de julio. El 23 Blum viajó a Londres. El 25 el Gobierno francés prohibió la entrega de material de guerra terrestre o aéreo. El 1 de agosto París propuso a las potencias europeas un acuerdo de no intervención. El 7, el Gobierno del Frente Popular entró en crisis interna por ese asunto y Blum lo salvó adoptando la fórmula inglesa; el 8, el Consejo de Ministros acordó proponerla a las demás potencias. El 13 de agosto Francia cerró la frontera con España.

Ese mismo 13 de agosto, el encargado de negocios británico George Ogilvie-Forbes salió de la estación Victoria de Londres para hacerse cargo de la embajada en Madrid. Llevaba en el equipaje un fardo de banderas británicas para usarlas como salvoconductos y viajaría hasta Valencia en un destructor, desde Marsella. Llegó cuando el acuerdo ya estaba hecho.

Ángel Viñas lleva décadas sosteniendo que la no intervención fue una de las grandes desgracias de la República

Ángel Viñas lleva décadas sosteniendo -y particularmente en su libro La soledad de la república, de ediciones Crítica- con una documentación de primer orden, que la no intervención fue una de las grandes desgracias de la República. El argumento es sólido y no ha sido refutado: mientras Hitler y Mussolini enviaban aviones, armas y hombres a los sublevados, Londres y París se refugiaron en un embargo que colocaba en el mismo plano al Gobierno legítimo de un Estado y a quienes acababan de levantarse contra él. Las tres dictaduras europeas podían intervenir sin responder ante un Parlamento libre. Las dos democracias decidieron no hacerlo.

Sería injusto acusar a Viñas de ocultar la responsabilidad soviética. No la oculta. Escribió ya en 2008 que la ayuda de Moscú tuvo un lado oscuro: la exportación a España, a través de la NKVD, de la persecución estalinista contra los considerados trotskistas. Y sostuvo, con Preston, Hernández Sánchez y Ledesma, que el impulso inicial de Paracuellos procedió de un agente soviético, atribuyendo a Pedro Fernández Checa un papel central. Va en eso más lejos que Julius Ruiz, que rechaza la existencia demostrada de un cerebro extranjero y considera que fueron españoles quienes organizaron y ejecutaron la operación.

La discrepancia está en otro sitio. Viñas explica la conducta de Londres y París por lo que decidieron sus gabinetes: intereses imperiales, miedo a Hitler, simpatías conservadoras, cálculo estratégico. Rara vez pregunta con qué información decidieron, ni de dónde venía esa información, ni quién la firmaba. La historia diplomática que reconstruye actas de Consejo de Ministros deja fuera la pregunta anterior: qué tenía cada gabinete encima de la mesa la semana en que decidió, y desde qué ventana lo habían escrito.

La respuesta, en agosto de 1936, es que lo habían escrito desde la frontera francesa, deprisa, con fuentes indirectas y en tres semanas.

Aquí conviene separar dos cosas que se confunden con facilidad. La violencia de retaguardia fue visible en las dos zonas. Badajoz ocurrió en agosto y llegó a la prensa internacional. Si el horror ante los fusilamientos sin juicio moviera a las cancillerías, habría cortado en ambas direcciones, y no cortó. Lo que inquietaba a Londres no era la violencia: era la desaparición del monopolio estatal de la fuerza. Comités, milicias de vigilancia, organismos policiales paralelos, incautaciones. Un Estado que ya no controlaba a quienes decían defenderlo. La documentación diplomática estadounidense recoge el temor británico a que la victoria del Gobierno español acabase significando comunismo y desorden. No era propaganda franquista, y tampoco era una descripción exacta de lo que estaba pasando: era lo que se veía desde donde se miraba.

La documentación diplomática estadounidense recoge el temor británico a que la victoria del Gobierno español acabase significando comunismo y desorden

París merece menos indulgencia de la que suele dársele en este punto. El caso Blum se explica sin necesidad de invocar la revolución española: la advertencia británica, los radicales dentro del propio Gobierno, la filtración de los envíos de armas, la aritmética de la Cámara. La explicación estructural basta sola, y no hace falta añadirle miedo al comunismo para que funcione.

Paracuellos ocurrió en noviembre. Miles de presos fueron sacados de las cárceles madrileñas con el pretexto de una evacuación y fusilados en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. La historiografía sigue discutiendo cifras y responsabilidades individuales; no la naturaleza de lo ocurrido. Nada de eso pudo causar un acuerdo firmado tres meses antes. Lo que hizo fue otra cosa, y no menor: convertir en irreversible una decisión tomada en la penumbra. A partir de noviembre, cualquier gabinete que hubiera querido rectificar tenía delante un argumento que no existía en julio.

Ese es el reproche que resiste. No que Londres y París fueran cobardes, que lo fueron, ni que Viñas silencie a la NKVD, que no lo hace. Que dos gobiernos democráticos sellaran el destino de un país vecino en tres semanas de agosto, con sus embajadas al otro lado de la frontera y sin nadie propio en la capital sobre la que decidían.

El hombre que iba a ver Madrid con sus propios ojos salió de Londres el día en que Francia cerró la frontera.

Los terrenos militares de Campamento, en el suroeste de Madrid, llevan un cuarto de siglo esperando convertirse en barrio. El primer acuerdo para desarrollarlos se firmó en 2001; el Tribunal Supremo anuló el planeamiento en 2012; el Gobierno calificó la operación de inviable en 2013; en enero de este año el presidente del Gobierno viajó hasta allí para anunciar su desbloqueo, y las 10.700 viviendas prometidas siguen sin construirse. Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, se ideó en 1991 y necesitó más de tres décadas de modificaciones, negociaciones y recursos antes de que entraran las primeras máquinas.

En ninguno de los dos casos faltó terreno, proyecto, dinero o compradores. Cuando un desarrollo se atasca, el Estado señala a las comunidades autónomas, que recuerdan las competencias municipales; los ayuntamientos invocan la legislación autonómica y los informes sectoriales; y cuando por fin intervienen los tribunales, un defecto de procedimiento puede obligar a revisar años de trabajo. En cada punto del recorrido hay alguien que puede explicar, con impecable fundamento jurídico, por qué la llave no obra en su poder.

Mientras esos expedientes envejecen, generaciones enteras han pasado de buscar su primera vivienda a preguntarse si sus hijos conseguirán comprar la suya.

No hay fatalidad geográfica. España tiene territorio, constructoras, capacidad técnica y capital. Lo que no logra producir, en cantidad suficiente y donde se necesita, es suelo urbanizado y jurídicamente disponible. Y eso depende, en buena medida, de quién manda en cada paso del proceso.

El Gobierno central no decide dónde se levanta cada edificio, pero fija buena parte de las reglas que condicionan su existencia

El Gobierno central no decide dónde se levanta cada edificio, pero fija buena parte de las reglas que condicionan su existencia: la legislación estatal del suelo, la regulación de los arrendamientos, el marco procesal. La fragilidad de los planes urbanísticos ante ciertos defectos de tramitación ha convertido el planeamiento en una actividad de riesgo jurídico elevado, y sigue pendiente una reforma que permita subsanar irregularidades sin arrasar años de planificación. Entretanto, el legislador ha dedicado considerable energía a regular el precio de las viviendas existentes y bastante menos a facilitar que aparezcan otras nuevas.

Las comunidades autónomas tampoco salen indemnes. Durante décadas, buena parte de la vivienda protegida se destinó a la venta y acabó, tras su descalificación, en el mercado libre: con recursos públicos se enriquecieron patrimonios privados y no se consolidó un parque suficiente de alquiler asequible y permanente. Hoy se descubre, con cierta sorpresa institucional, que faltan las viviendas públicas que nadie se ocupó de conservar.

En los ayuntamientos el problema se hace tangible. Son decisivos en el planeamiento, la gestión urbanística y las licencias, aunque actúen bajo legislación autonómica y múltiples condicionantes sectoriales. Y tienen un problema de origen: el municipio necesita viviendas para quienes todavía no viven en él, pero sus gobernantes responden ante quienes ya residen. Los futuros vecinos no votan; los actuales sí, y pueden entender que un nuevo desarrollo les perjudicará en tráfico, servicios o en el valor de sus propiedades.

Se suma la fiscalidad. La construcción y las transmisiones inmobiliarias nutren las arcas de varias administraciones, y no todos los ayuntamientos tienen interés en frenar la edificación. Pero el sistema combina incentivos recaudatorios, costes políticos y procedimientos cuya complejidad rara vez padecen quienes los administran. El resultado es una maquinaria bien engrasada para explicar sus retrasos.

Mientras tanto, la población crece, los hogares se multiplican y la oferta no responde con la rapidez necesaria. La regulación del alquiler puede amparar a determinados inquilinos, pero sus efectos sobre la oferta y los incentivos no desaparecen por negarlos. Proteger a las familias vulnerables es una obligación pública; hacer del propietario particular el sustituto permanente de esa obligación es otra decisión política.

Repartir porcentajes de culpa es un ejercicio estéril, porque hemos levantado un sistema en el que la responsabilidad se diluye al repartirla. Cada poder conserva su capacidad de impedir; ninguno asume la obligación de hacer posible. Un país necesitado de casas dispone de una organización administrativa admirable para justificar que no se construyan. Y todos sus responsables pueden demostrar que han cumplido la ley.