Orthodox monks rise to pray at 4.00 am at the Monastery of Saint Gregory, located on Mount Athos, considered by Orthodox Christians to be the Garden of the Virgin Mary. Not even at that hour do the lap of the Aegean Sea and the birdsong prevail over the hum of the electric generators. Hours later, the roar of an infrastructure project funded by the Greek government and the European Union will join the soundscape. Modernity marches on by way of EU funds at this location that is home to 20 monasteries, where some monks drive up the slopes in all-terrain vehicles. Maybe in a few years electric cars will be seen on the streets, or maybe drones will carry food to the most inaccessible spots. What will probably not be anywhere in sight, however, are women.

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They came to Madrid to counterprogram one of Europe’s largest real estate fairs, The District. What they found was an 87-year-old woman who was about to be evicted from their home — and was, before their eyes. Around 200 housing activists from more than 20 countries across Europe decided to join the demonstrations against the eviction, and later joined a spontaneous encampment in front of the Madrid regional government headquarters at the historic Puerta del Sol plaza.

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Rodríguez Zapatero ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corrija al juez Calama y deje fuera del caso Plus Ultra la investigación sobre sus negocios en Bolivia. Para eso existen los recursos: para que las decisiones de un juez puedan ser revisadas por otros jueces. La defensa de Zapatero sostiene que Calama ha concedido a la UDEF una «patente de corso» para investigar toda su vida profesional. El juez replica que nadie queda blindado frente a los indicios de nuevos delitos que aparezcan durante una investigación. La Sala decidirá quién tiene razón. Es un debate jurídico valioso y necesario: establecer si los 200.000 euros cobrados por gestiones ante las autoridades bolivianas aparecieron legítimamente al investigar el rescate de Plus Ultra o son el resultado de una pesquisa general y prospectiva sobre la vida del expresidente. Ese es el procedimiento: se recurre una resolución, se exponen argumentos y otro tribunal resuelve. Zapatero actúa con tiento. No busca enfrentarse directamente. Otros hacen su trabajo. Él utiliza los instrumentos del Estado de derecho para defenderse, el Gobierno y el PSOE han elegido un camino mucho más peligroso, denunciado el jueves por la presidenta del Supremo en la apertura del año judicial, que es ir a una guerra abierta con los jueces. Porque lo que no encaja en Derecho es que el Gobierno señale como conspirador, activista o lobo solitario a cada magistrado que adopta una resolución que le incomoda.