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Por los pelos

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, habla durante la presentación del 'comando unificado' para enfrentar la delincuencia.

En mi generación, la oferta televisiva y las pantallas disponibles en casa eran, por decirlo de alguna manera, limitadas. Aunque existían tres canales, la señal no cubría el país entero por falta de repetidoras, aquellas torres hacia las que había que orientar la antena colocada sobre unos largos tubos que despuntaban de los tejados. En uno de los pueblos en los que viví de niño, solo se podía sintonizar uno de los canales porque estaba en el fondo de un valle. Gracias a esa falta de alternativas, vi programas que quizá me habría perdido en otra circunstancia. Uno de ellos fue Soul Train, "el tren del alma", como se apresuraba a aclarar el presentador, Osvaldo Valencia, en cuanto terminaban las imágenes algo psicodélicas de una locomotora acercándose a la estación.

El programa era una franquicia del show que conducía en Estados Unidos Don Cornelius. Con los años supe que la idea de traerlo a la televisión ecuatoriana partió de los dueños de la discográfica J. D. Feraud Guzmán, que encontraron en aquel medio la oportunidad de introducir géneros y artistas nuevos en un país entonces más rural que urbano. Así nos llegó, a quienes vivíamos en la periferia, lo mejor de los músicos afroamericanos de finales de los setenta. Quizá fue allí donde escuché por primera vez soul, R&B o funk, aunque lo que de verdad me impresionaba eran los números de baile. Era deslumbrante ver ese grupo de chicas y chicos, tan felices, moverse y disfrutar como si estuviesen en una fiesta.

Además, eran bellos, estaban en plena forma y desbordaban elegancia. Muchos lucían el afro, esa cabellera que, por lo apretado de sus rizos, no cae, sino que crece en todas direcciones hasta dibujar una especie de globo. Me llamaba la atención que lo llevaran hombres y mujeres, porque en mi entorno estaba muy claro qué cortes correspondían a cada sexo. Era un tipo de peinado que vi también en algunos futbolistas afroecuatorianos, cuyas fotos aparecían en la revista Estadio. Pero aquel estilo fue desapareciendo, y varias de las cantantes que había admirado con unos afros preciosos empezaron a mostrarse con melenas lacias que, como descubrí mucho después, eran pelucas.

Todo esto no pasaría de anécdota si detrás de aquellos peinados no hubiera habido, como luego comprendí, bastante más que una moda. En los años sesenta y setenta, el afro se convirtió en símbolo de afirmación de la identidad negra, ligado al movimiento por los derechos civiles y al Black Power. Dejar el pelo al natural, sin los tratamientos químicos que lo alisaban para acercarlo a los cánones de belleza blancos, suponía reivindicar el orgullo por los propios orígenes y rechazar los patrones estéticos de una sociedad racialmente jerarquizada. Aquellas cabezas no respondían a una mera cuestión de peluquería. Eran también una declaración política.

Más adelante, sin embargo, el afro fue cediendo terreno ante los alisados, las extensiones y los postizos, sobre todo entre las mujeres, sometidas a una doble exigencia por su raza y por su género. No se trataba de que ellas decidieran simplemente cómo llevar el pelo, sino de lo que pasó a significar para muchas mostrar los rizos. Dejar su pelo natural podía implicar ser vistas como descuidadas o impropias en un entorno profesional, un obstáculo a la hora de conseguir empleo, ascender o ser aceptadas en determinados espacios. En algunos países latinoamericanos se llega al colmo de llamar "pelo malo" al rizado y crespo propio de buena parte de la población afrodescendiente. Peor aún, entre los argumentos para alisar el "pajón" a toda costa figura el de que, en su forma original, parece sucio.

Estos adjetivos despectivos no se quedan en la superficie ni son reflejo de una costumbre pasajera. Que algo tan aparentemente trivial como un peinado condicione la consideración social de una persona se explica porque el pelo esconde una jerarquía, y esa discriminación golpea en América Latina, con especial dureza al Caribe. En la República Dominicana han trascendido varios casos de alumnas presionadas en sus centros educativos para arreglarse de determinada manera. En 2019 se difundieron los audios del director de un liceo que, a gritos y golpeando la mesa, recriminaba a las estudiantes que habían acudido con sus rizos al natural y les advertía que aquello era una escuela "para la formación y el empleo, no para la chabacanería". Ese mismo año, la directora de Género del Ministerio de Educación, impulsora de la campaña "Ni pelo bueno ni pelo malo", fue destituida poco después de disponer la readmisión de una niña a la que habían suspendido por llevar el cabello afro. Las autoridades atribuyeron su salida a reiteradas ausencias en el trabajo y negaron que tuviera relación con la campaña o la confrontación con los gestores del centro docente.

Cuando a una persona le repiten desde pequeña que tiene "pelo malo", aprende que algo con lo que nació está mal. Lo escucha en casa, en la peluquería, en el colegio y en la publicidad, hasta que el mensaje se instala en su manera de mirarse al espejo. De ahí que desde muy niñas sean sometidas a desrizados y secadores, las quemaduras en el cuero cabelludo y esa sensación, que tantas mujeres evocan al recordar su infancia, de no resultar nunca presentables tal como son y que por eso tienen que aguantar el dolor que esos tratamientos implican. Por eso, cuando una adulta decide dejar de alisarse, no está cambiando de peinado sin más, sino desaprendiéndose de años de vergüenza. No es casual que en varios países de las Antillas hayan surgido iniciativas que reivindican el cabello afro como expresión de identidad y, ante todo, de libertad.

Cada vez que alguien con poder dicta cómo debe peinarse un menor, le está indicando qué tipo de persona se espera que sea"

Con todo, el control sobre la cabeza ajena no se limita a las afrodescendientes. En El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele impuso en 2025 un "corte de cabello adecuado" en los colegios públicos como parte de su cruzada contra las pandillas, con catálogo de cortes incluido, cual Corea del Norte. Y esta semana, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado un reglamento escolar según el cual "los hombrecitos" deberán ir con el pelo corto. Como si la violencia, la indisciplina o el fracaso académico se solucionasen con tijera y una raya bien marcada.

Cada vez que alguien con poder dicta cómo debe peinarse un menor, le está indicando qué tipo de persona se espera que sea. En mi infancia, aquellos afros que veía en la televisión proclamaban algo tan sencillo como que así eran y que no pensaban esconderlo. Lo inquietante es que medio siglo después sigamos discutiendo si una alumna puede ir a clase con el cabello tal como le crece, o si un chico rendirá peor por llevar flequillo. El orden impuesto a golpe de tijera es el más fácil de exhibir y el más barato, porque no exige más maestros, ni mejores aulas, ni reflexión alguna sobre el racismo. Mientras tanto, la dignidad de miles de niñas sigue pendiendo de un pelo.


Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com

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Thomas Piketty: 'The future billionaires are preparing for us is dystopian'

Most of the planet with incomes equivalent to €5,000 a month (nearly $5,600) by 2100. Average temperatures only 1.8 degrees Celsius above preindustrial levels. Less meat, industry and mining. More health care and education. And who would lose out? The world’s Jeff Bezos, Larry Ellisons and Elon Musks. A tiny group of billionaires representing 0.001% of the population would see their share of global wealth fall from the current 6.4% to 0.05%, while the poorest 50% of the planet would rise from holding just 2% to 30%.

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© Edgar Sapiña Manchado (EFE) (EL PAÍS)

French economist Thomas Piketty in Paris.
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Por qué la vivienda quedó fuera del núcleo del Estado del bienestar

Por qué la vivienda quedó fuera del núcleo del Estado del bienestar

Lo que había sido una vía de ahorro y seguridad patrimonial se ha convertido para muchas familias en una carga difícil de soportar; una pesadilla de la que muchos salieron trasquilados y la mayoría de los jóvenes, expulsados. Tener empleo y acceso a los demás servicios del bienestar dejó de asegurar una vivienda asequible

El mercado inmobiliario está desdibujando la Constitución

La vivienda no estuvo ausente de la construcción del Estado del bienestar, pero su incorporación fue desigual en Europa desde el principio y, en la mayoría de los países, quedó al margen de sus principales garantías. Mientras se aseguró colectivamente una parte importante de la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras y la protección social, el acceso a la vivienda siguió dependiendo del mercado, del crédito o del patrimonio familiar. 

La vivienda se concibió como un bien que forma parte del patrimonio y una forma de ahorro. La intervención pública se circunscribía a facilitar la compra, promover la protegida o atender situaciones de necesidad, sin crear una garantía universal. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de siglo, los países europeos se fueron incorporando a estos escenarios de abundancia. El aumento de los salarios y el acceso al crédito permitieron convertir la casa en el principal componente del patrimonio familiar.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo de los europeos desde 2005 ha coincidido con el inicio de la escalada del precio de compra de la vivienda, que a mediados de 2026 se había duplicado, según Eurostat.

Lo que había sido una vía de ahorro y seguridad patrimonial se ha convertido para muchas familias en una carga difícil de soportar; una pesadilla de la que muchos salieron trasquilados y la mayoría de los jóvenes expulsados. Tener empleo y acceso a los demás servicios del bienestar dejó de asegurar una vivienda asequible.

Evolución de los modelos

El informe Beveridge de 1942, referencia del Estado del bienestar británico de posguerra, identifica cinco grandes problemas: necesidad, enfermedad, ignorancia, desempleo e insalubridad. Sería incorrecto afirmar que sus promotores ignoraron la vivienda. La cuestión es por qué aquella preocupación inicial no se convirtió en ese y en la mayoría de los países en una protección residencial suficiente y duradera. El Estado intervino en la construcción, la financiación y la regulación, pero no aseguró siempre una oferta asequible.

Algunos países desarrollaron la propiedad municipal, las entidades sociales, los alquileres ligados a costes o la compra bajo condiciones públicas. En los Países Bajos, por ejemplo, las woningcorporaties son asociaciones y fundaciones que poseen y gestionan viviendas, principalmente para personas con ingresos bajos. El Estado establece las reglas y supervisa su actuación; municipios y organizaciones de inquilinos participan en acuerdos sobre sus objetivos. La gestión puede realizarse fuera de la administración sin perder la supervisión pública ni su finalidad social.

En Viena, el Ayuntamiento conserva un gran parque municipal y apoya la promoción de vivienda subvencionada. La continuidad de este patrimonio ofrece una alternativa al alquiler privado y mantiene la intervención pública a lo largo de generaciones. En contraposición, el Right to Buy británico, impulsado por la Housing Act de 1980, permitió a numerosos inquilinos comprar sus viviendas municipales con descuentos, sin establecer inicialmente la obligación de reemplazarlas. La venta sin reposición redujo el parque disponible: el beneficio inmediato de unos hogares debilitó la capacidad de atender a los siguientes.

Irlanda vincula el alquiler al coste de la vivienda. El sistema Cost Rental, introducido en 2021, fija rentas para cubrir promoción, financiación, gestión y mantenimiento. Participan entidades de vivienda autorizadas, administraciones locales y la agencia pública de suelo. Los alquileres deben situarse al menos un 25 % por debajo de los de viviendas privadas comparables de la zona. Ofrece una alternativa a quienes no cumplen los requisitos de la vivienda social, pero tampoco pueden afrontar el mercado.

La voracidad

Excepto estos casos, en buena parte de Europa predomina un modelo mixto: las familias compran o alquilan en el mercado privado, mientras el Estado regula, facilita financiación mediante hipotecas, concede ayudas y ofrece vivienda social con una cobertura variable. Las diferencias entre los países son pequeñas. Se relacionan con la condición del propietario o el inquilino, el tipo de gestión, el destinatario de la subvención o servicio y la duración de la función social.

España participa de este modelo mixto que ha conducido a la burbuja de precios que lleva años hinchándose. En esta escalada confluyen varios factores. El primero es la fragmentación de las responsabilidades. Los gobiernos nacionales fijan buena parte de la fiscalidad, la financiación y las reglas del alquiler; las administraciones regionales y locales intervienen en el suelo, la planificación y la promoción. En Alemania, Francia o España, las distintas competencias necesitan coordinarse para que los objetivos de vivienda asequible se traduzcan en terrenos, presupuestos y proyectos. La descentralización permite responder a necesidades locales, pero sin una dirección compartida también dispersa responsabilidades y retrasa soluciones. Las derechas tiran hacia un lado, mientras las izquierdas conciben la accesibilidad residencial como un rol social.

El segundo es confundir las ayudas al acceso con una política suficiente de oferta. Facilitar crédito, subvencionar la compra o ayudar a pagar el alquiler puede aliviar la situación de un hogar. Sin embargo, cuando escasean las viviendas disponibles, parte de esas ayudas puede trasladarse a precios más altos. El dinero público mejora entonces los ingresos del vendedor o del arrendador sin resolver la escasez que justificó la intervención.

Y el tercer factor es la perennidad de las fórmulas de vivienda asequible. Inglaterra redujo su parque municipal mediante ventas sin reposición suficiente; en Alemania, parte de las viviendas subvencionadas pasa al mercado libre cuando vence su protección. En ambos casos, hay que construir nuevas viviendas sociales. 

Preservar esa oferta exige inversiones más allá de cada legislatura: promoción, rehabilitación y mantenimiento necesitan financiación estable y gestores especializados. Los Países Bajos, Austria, Francia y Dinamarca muestran que entidades sociales, cooperativas y organizaciones de lucro limitado pueden compartir esta tarea con las administraciones, siempre con reglas claras, supervisión y compromisos que garanticen la función social de las viviendas para las siguientes generaciones.

La voracidad del capital encuentra en estas rendijas el espacio adecuado para las grandes rentabilidades. Amplía la oferta, pero exige precisar qué recibe la sociedad a cambio: precios asequibles, calidad, estabilidad del alquiler y duración de la protección. 

Completar este pilar del Estado del bienestar, que hunde a las clases medias, exige reformar urgentemente la deriva de la construcción. El objetivo consiste en que los Estados recuperen la iniciativa de universalizar y perennizar para las generaciones futuras una vivienda digna y asequible. Esto es lo que reza la mayoría de las constituciones de los países europeos. Claro que deben intervenir las empresas en las distintas fases de producción y delivery, pero dentro de un marco estricto de servicio público. ¿Se imaginan ustedes la sanidad, educación o pensiones exclusivamente en manos privadas desde el principio? No habría existido nunca el Estado del bienestar.

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US ambassador to Greece resigns over corruption after pressure from Trump

On Tuesday, three weeks before the midterms, the White House went back to its news conferences after a 47-day hiatus following the departure of former press secretary Karoline Leavitt. Her successor, Katie Zacharia, made a very brief appearance in which she only took three questions and fell short of the cool aplomb with which Leavitt made a name for herself defending the policies of her boss, President Donald Trump, resorting to lies when necessary.

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© WILL OLIVER (Pool/EFE)

Kimberly Guilfoyle and Donald Trump last March in the White House.
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Challenging the neoliberal agenda from the left: The proposals of the world’s leading progressive economists

Between global warming, a rampant inequality whose clearest expression is the housing crisis, and artificial intelligence (AI), much of the world lives with a sword of Damocles hanging over its head. No wonder. The era we live in is seasoned with forest fires that make even the most stubborn believe in a climate hell, professionals who fear imminent replacement by server farms that neither get sick nor protest, young people moving back in with their parents because they cannot afford their own homes, billionaires talking about sending us to Mars, and a global south of 3.5 billion poor people who increasingly have less to lose.

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© Sr. García (EL PAÍS)

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Maricarmen, the woman who became a symbol of Spain’s housing crisis, dies at 87

Maricarmen Abascal, the woman whose eviction became a rallying cry against Spain’s housing crisis, died on Wednesday at Madrid’s Gregorio Marañón Hospital at the age of 87, the Tenants’ Union announced in a statement.

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Maricarmen waits at home, before being evicted.
Protest camp at Puerta del Sol in response to Maricarmen's eviction and the housing crisis in Spain, Madrid. Maricarmen, the day the eviction was halted.

© Santi Burgos

Maricarmen Abascal, in her home in the Ibiza neighborhood of Madrid, before being evicted.
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The dark side of Starship’s success: Musk sidelines NASA in his bid to dominate space

Elon Musk is stepping on the gas with Starship. His flagship spacecraft, the largest ever built, entered orbit for the first time on Monday, and his space company, SpaceX, has already received approval from the U.S. federal government to accelerate the current testing phase and launch it twice more in October if it wishes.

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© SpaceX

Image of the Starship S41 as it fired its engines to enter Earth orbit, 25 minutes after its launch from Starbase on September 28.
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Mount Athos, the Greek stronghold that bans women from entering

A monk walks along the only street with shops in the center of Karyes, the administrative capital of the Monastic State of Mount Athos.

Orthodox monks rise to pray at 4.00 am at the Monastery of Saint Gregory, located on Mount Athos, considered by Orthodox Christians to be the Garden of the Virgin Mary. Not even at that hour do the lap of the Aegean Sea and the birdsong prevail over the hum of the electric generators. Hours later, the roar of an infrastructure project funded by the Greek government and the European Union will join the soundscape. Modernity marches on by way of EU funds at this location that is home to 20 monasteries, where some monks drive up the slopes in all-terrain vehicles. Maybe in a few years electric cars will be seen on the streets, or maybe drones will carry food to the most inaccessible spots. What will probably not be anywhere in sight, however, are women.

Photograph montage of various monks who governed the monasteries of Mount Athos, hung on a wall of the Monastery of Saint Gregory.

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A group of women looks at the Mount Athos peninsula from a pilgrimage-and-tourist cruise that sails the regulatory distance of 500 meters from the coast.
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