El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado cuatro de los cinco recursos que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio presentaron contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria tras descubrir que habían intentado defraudar con una factura falsa, entre otras irregularidades fiscales.

La inspección fiscal descubrió en su momento que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó labor de asesoría alguna para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros. Pese a ello, el estudio de Monasterio emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido.

Los hechos están relacionados con la venta de un edificio en Madrid, en el número 3 de la calle General Castaños, en el elitista barrio de Justicia en pleno centro de la capital. El edificio era propiedad de familiares de Iván Espinosa de los Monteros, quienes recurrieron a la experiencia de este en la intermediación inmobiliaria para proceder a su venta. 

Espinosa de los Monteros alegó ante Hacienda que había contratado al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según comprobó la Agencia Tributaria.

Posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó las conclusiones de la Agencia Tributaria. Los cinco recursos presentados contra esa decisión administrativa por Espinosa de los Monteros, dos de sus sociedades, Rocío Monasterio y su estudio de arquitectos recayeron cuatro de ellos en la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJM, y un quinto, el que falta por dictar, en la Sección Cuarta. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica que la Sección Cuarta aguardaba a que sus compañeros de la Quinta se pronunciaran sobre el grueso de la cuestión y que se resolverá en breve. 

Este periódico desveló las trampas del matrimonio halladas por Hacienda en 2023 cuando Espinosa de los Monteros era portavoz parlamentario de Vox y Monasterio candidata a la Alcaldía de Madrid. En julio pasado, los jueces se han pronunciado en cuatro recursos, a los que ha tenido acceso en su integridad elDiario.es. Todos culminan igual: “Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo formulado”.

La Sección Cuarta condena en costas a los recurrentes en sus cuatro autos. Espinosa de los Monteros, su esposa y la representación de sus sociedades tenían un plazo de 30 días para recurrir desde la fecha de la notificación pero no lo han hecho, así que las resoluciones devinieron en firmes el pasado jueves, según la citada fuente del TSJM.

Espinosa de los Monteros no atendió la petición de aclaraciones por parte de este medio cuando publicó en 2023 que Hacienda le había descubierto defraudando. Solo cuando se publicó la información, intentó desacreditarla. El entonces responsable de Vox anunció, como había hecho por noticias anteriores, acciones legales contra elDiario.es. Y como ya había ocurrido, nunca llegó a ejercerlas. 

“La factura deducida es falsa”

El exportavoz parlamentario de Vox acompañó de diversa documentación sus recursos ante el TSJM, pero los jueces concluyeron el pasado 22 de julio lo siguiente: “No se ha aportado prueba alguna ni documento que pueda probar la tan decisiva participación de Rocío Monasterio y Asociados por la que dicha sociedad emite la factura controvertida. Asimismo, el análisis de la factura pone de manifiesto una serie de incongruencias que no hacen sino reafirmar la conclusión de que la factura deducida es falsa”.

La operación inmobiliaria investigada se desarrolló entre 2015 y 2016, cuando Iván Espinosa de los Monteros era secretario general de Vox. En el negocio, Espinosa de los Monteros implicó a dos de sus sociedades, Premium y Citrum, de las que es poseedor de más del 99% de cada una. La primera de ellas declaró unos ingresos por la operación inmobiliaria de 90.000 euros en 2016, y de 160.000 en 2017. Por su parte, Citrum declaró 375.000 euros de ingresos por la misma operación en 2017. En total, 625.000 euros para Espinosa por vender el edificio de sus familiares.

Una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente de Vox había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF, al intentar atribuir a dos sociedades suyas un trabajo que en realidad había realizado él. Espinosa de los Monteros debió declarar los 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL.

El TSJM concluye ahora que Espinosa de los Monteros “utiliza la personalidad jurídica de la sociedad de un modo ilícito, simulando la actividad de intermediación inmobiliaria efectuada en el caso sometido a decisión a la parte vendedora y abusando de la forma jurídica mercantil para eludir o minorar el pago de impuestos”. 

Según los jueces, el político traslada bases imponibles de una persona física —el interesado— con un tipo marginal muy superior al de una persona jurídica que tiene un tipo de gravamen fijo inferior, “con la única finalidad de conseguir una ventaja fiscal ilícita”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Iván Espinosa de los Monteros y ha respondido que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no tienen especial importancia, pues las increíbles acusaciones contenidas en esas sentencias están siendo enjuiciadas paralelamente en la Audiencia Nacional”. “Confío en que nuestros motivos de oposición sean estimados en la Audiencia Nacional”, ha añadido. Según la versión del antiguo responsable de Vox, “el proceso se bifurcó” y en la Audiencia Nacional se investigan los mismos hechos, asegura, pese a que las resoluciones de las que informa este lunes elDiario.es son firmes.

El resultado de la operación inmobiliaria que esconde el fraude adquirió notoriedad en 2021 cuando el comprador, Mabel Capital, puso a la venta las 11 viviendas que pasaron a integrar el edificio. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del exministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 20.000 euros el metro cuadrado, según publicó Expansión, medio que incluyó entre los compradores de un piso a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. Fuentes conocedoras de la operación inmobiliaria con el número 3 de la calle General Castaños aseguran que los familiares de Espinosa de los Monteros obtuvieron 25 millones de euros por el edificio.

Después de que elDiario.es desvelara el fraude de la pareja, Espinosa de los Monteros aseguró que no mantenía ninguna deuda con Hacienda porque hacía dos años, en 2021, que había abonado los “300.000 euros” que le reclamaba la Administración del Estado y que después de la resolución del TSJM ya no recuperará.

Con motivo del desahucio de Maricarmen, Espinosa de los Monteros llamó “jeta” a la mujer y añadió: “Yo que vivo en Madrid, con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”.

Renuncia al 29-N

Iván Espinosa de los Monteros abandonó todos sus cargos en Vox tras los resultados electorales de julio de 2023, los comicios generales en que perdió 19 escaños. Su marcha fue una de las crisis internas más graves de cuantas ha tenido que afrontar Santiago Abascal. Detrás de su marcha se encontraba un choque entre facciones del partido. Algunos analistas situaban a Espinosa de los Monteros al frente de un ala de corte más liberal. El pasado julio, el propio Espinosa de los Monteros anunció que Vox le había expulsado del partido, al que había seguido perteneciendo como militante de base.

Espinosa de los Monteros centra su actividad política ahora en la Fundación Atenea, un ‘think tank’ desde el que también valoró presentarse a las próximas elecciones generales. Este mismo fin de semana, Espinosa de los Monteros descartó esa posibilidad en una entrevista a El Confidencial. “El momento llama a la responsabilidad y la responsabilidad hoy principal es derrocar a Pedro Sánchez y yo no querría bajo ningún concepto contribuir a quebrar el objetivo principal”, afirmó. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda (Madrid), Gerardo Calvo, ha archivado la denuncia interpuesta por Vito Quiles contra Begoña Gómez por denuncia falsa. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado acepta el recurso que la defensa de la mujer del presidente del Gobierno había presentado contra una decisión anterior del propio magistrado, lo que evita la declaración prevista para el próximo viernes de Begoña Gómez en el marco de este procedimiento.

La decisión del juez Calvo se produce después de que la Audiencia Provincial revirtiera la decisión de un juzgado de Madrid que había archivado otra denuncia, esta vez presentada por Begoña Gómez contra Vito Quiles por coacciones, aunque el magistrado ha debido adoptar la decisión por otro motivo, ya que no alude a esa resolución de la instancia superior. Ahora, es el agitador ultra quien está investigado y además ve frustrado su intento de demostrar que la coacción no existió y que se lo inventó la mujer del presidente.

El juez Calvo explica en su auto que Vito Quiles denunció a Begoña Gómez con el argumento de que había sido imputada, ocultando que esa decisión de otro juzgado de Majadahonda no era firme y había sido recurrida ante la Audiencia Provincial. El magistrado Calvo alude a esta circunstancia para el achivo y añade que si deviene en firme la imputación de Begoña Gómez, algo que la decisión del pasado viernes de la Audiencia Provincial hace imposible, Quiles podría volver a pedir su imputación. La lógica indica que el juez no ha incorporado el argumento de la decisión de la Audiencia de imputar a Vito Quiles porque no ha sido notificado aún de la resolución.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que el agitador ultra Vito Quiles sea investigado por coacciones a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El tribunal revoca el archivo “prematuro” de la causa contra él por un episodio de hostigamiento en un restaurante, lo que según los jueces “no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito”.

El episodio tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando Quiles acudió a un bar donde Begoña Gómez se encontraba en compañía de varias personas. El vídeo publicado por el propio agitador, posterior a la agresión denunciada, muestra cómo Quiles siguió intentando acercarse a la esposa del presidente del Gobierno mientras sus acompañantes trataban de impedirlo.

La jueza María Tardón ha dictado un auto por el que cita como testigos a tres consejeros de la Ciudad de Ceuta, así como a tres de los investigadores policiales implicados en la redacción de informes antes y después de la llegada masiva de migrantes. La magistrada también pide al MInisterio de Defensa informes de inteligencia sobre la presunta previsión de los hechos los días 30 y 31 de julio pasado.

Los tres consejeros citados son el de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán; de Sanidad, Nabila, Benizna; y el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña. Los tres deben comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre . Al día siguiente, Tardón tomará declaracion a tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, la magistrada pide al jefe del Estado Mayor de la Defensa que recopile del Ejército de Tierra y le remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta” entre los días 15 de julio y 7 de agosto, así como el informe original de uno de sus organismos a los que se alude en los documentos desclasificados.

Tardón también solicita que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que le envíe los informes de inteligencia que haya emitido su grupo de seguimiento de Marruecos, así como la ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta entre el mismo periodo de tiempo. Igualmente la jueza requiere los datos que haya ofrecido el programa de guerra electrónica del programa Santiago de las Fuerzas Armadas.

La magistrada requiere a todas las autoridades civiles y militares para que “remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterio y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio y hasta ahora”.

A la ciudad autónoma, Policía, Guardia Civil y Servicio Marítimo la jueza pide “toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados”.

De la Ciudad Autonoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la jueza requiere “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los dias 27, 28 y 30 de julio”.

Por otra parte, la jueza pide a la Guardia Civil y Policía de Ceuta que identifiquen a un confidente que se llamaría Ahmed, residente en Benzú y que colaboraría habitualmente con el instituto armado. También quiere saber qué agentes lo manipulaban y que se les cite como testigos a todos.