El último Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) con Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad ha terminado este viernes con un nuevo enfrentamiento con las comunidades autónomas y sin el respaldo mayoritario al proyecto de real decreto para «homogeneizar el sistema de información de las listas de espera» que la ministra había presentado como una reforma «estrella».
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, calificó la reunión de «cobardía dictatorial institucional», al acusar a la ministra de impedirle intervenir en el debate sobre los fondos destinados a las regiones. «Como no podía rebatirme con argumentos, no me ha dejado hablar», denunció Matute tras el encuentro, en el que aseguró que se había vulnerado su derecho a participar como representante de los madrileños.
La consejera sostuvo que García había mantenido una actitud «absolutamente a la defensiva e incómoda» y afirmó que otros asistentes también le habían recriminado que no permitiera hablar y que no atendiera las recomendaciones de los técnicos. «El problema es que está maltratando el trabajo que hacen los expertos con rigor técnico para conseguir lo mejor para la población», añadió.
El choque se produjo en un pleno con 28 asuntos en el orden del día y tuvo como principal punto de fricción el proyecto de real decreto para homogeneizar la información sobre las listas de espera del SNS. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto con Castilla-La Mancha, votaron en contra. Asturias, Cataluña, País Vasco y Navarra lo respaldaron, aunque advirtieron de que el texto seguía incompleto y necesitaba más tramitación antes de poder considerarse una norma terminada.
Matute insistió en que el rechazo no respondía a una oposición a reformar el sistema, sino a la falta de garantías técnicas. «Todos estamos de acuerdo en que hay que reformarlo, pero unánimemente hemos dicho que falta tramitación», afirmó.
Entre las cuestiones pendientes señaló los informes oficiales y las herramientas de medición, además de la guía técnica que debía precisar cómo se recogerían los datos.
La consejera recordó que seguía vigente el real decreto de 2003, que establecía criterios comunes para medir las listas de espera, aunque reconoció que era mejorable porque no contemplaba, por ejemplo, la medición de la demora en Atención Primaria. También acusó al Ministerio de acumular meses de retraso en la publicación de los nuevos datos y sugirió que la demora podía estar relacionada con la proximidad electoral. «A lo mejor no quiere publicar antes de las elecciones porque se volverían a dar cuenta de que Madrid lidera los menores tiempos de listas de espera», afirmó.
La crítica se extendió al balance de la legislatura. Matute lo describió como una «tragicomedia» en la que no se habían mejorado las condiciones laborales de los profesionales, ni la accesibilidad a los medicamentos y la tecnología, ni se había modernizado un Sistema Nacional de Salud que, a su juicio está «obsoleto y encorsetado». También acusó a García de haber estado más pendiente de sus aspiraciones políticas que de la gestión sanitaria. «Ha hecho de candidata todo el tiempo», afirmó.
El que se perfila como el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) con Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad terminó con un nuevo choque entre el Gobierno y las comunidades autónomas. La mayoría rechazó el proyecto de real decreto sobre listas de espera, al considerar que todavía presenta lagunas técnicas y administrativas que impiden dar por cerrada su tramitación. El resultado vuelve a evidenciar la falta de consenso en una de las principales propuestas de la ministra en el tramo final de la legislatura.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto con Castilla-La Mancha y Canarias, votaron en contra. Asturias, Cataluña, País Vasco y Navarra respaldaron la propuesta, aunque también pusieron el acento en que se trata de una regulación incompleta y todavía no madura para su aprobación definitiva. El desacuerdo no se centra, por tanto, en la necesidad de homogeneizar los datos de las listas de espera, sino en que el texto llegue al Consejo con aspectos esenciales aún por resolver.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que intervino en representación de los responsables sanitarios del PP, ya había advertido antes de la reunión de que el proyecto no podía aprobarse porque quedaban cuestiones pendientes, empezando por la guía técnica que debe establecer cómo se recogen los datos. "No es rechazar ese nuevo borrador del Real Decreto, es que no está terminado y hay que seguir trabajando", sostuvo.
Matute defendió que el objetivo debe ser medir los indicadores de la misma forma en todas las autonomías, pero recordó que continúa vigente el real decreto de 2003, que ya establece criterios comunes, aunque no contemple, por ejemplo, la medición de las listas de espera en Atención Primaria. También acusó al Ministerio de llevar diez meses de retraso en la publicación de los nuevos datos y vinculó esa demora a la situación política, al afirmar que Madrid volvería a aparecer con los menores tiempos de espera.
La discusión sobre este proyecto fue uno de los puntos más conflictivos de una reunión con 28 asuntos en el orden del día. La agenda incluía, entre otras cuestiones, la actualización de las estrategias de enfermedades raras y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el reparto de fondos entre las comunidades, la donación de plasma, la vigilancia sanitaria y distintas modificaciones de la cartera de servicios.
En materia de financiación, el pleno aprobó el reparto de fondos para enfermedades raras y neurodegenerativas, incluida la ELA, por un importe de 2,8 millones de euros, así como otras partidas destinadas a actuaciones de vigilancia y cohesión sanitaria. Matute señaló que se habían formulado observaciones sobre la distribución de los recursos y defendió que, además de la población, se tenga en cuenta el recorrido asistencial de los pacientes, ya que algunas autonomías atienden a personas procedentes de otros territorios.
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, aprovechó también la reunión para reclamar al Ministerio que cumpla su compromiso de revisar el modelo de los Fondos de Cohesión Sanitaria y de Garantía Asistencial. El País Vasco mantiene que no abonará los 51 millones de euros que le reclama el departamento por las liquidaciones de 2023 y 2024 mientras no existan garantías legales y un sistema de compensación que considere justo. El Gobierno vasco sostiene que siguen pendientes la auditoría y el desarrollo normativo comprometidos.
Una comparecencia ideológica
El cierre de la jornada dejó, además, una imagen clara de los intereses de la ministra de Sanidad. En sus declaraciones a los periodistas, Mónica García no hizo balance de los 28 puntos tratados en el pleno ni se refirió a los acuerdos y desacuerdos debatidos con las autonomías. En cambio, centró su intervención en las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el aborto para menores de 16 años y una posible reforma de la ley de eutanasia, y llamó a movilizarse de cara al 29 de noviembre.
La ministra acusó al PP de cuestionar los derechos de las mujeres y advirtió de que, si llegara al Gobierno, pondría en riesgo políticas de igualdad y de sanidad universal. "El próximo 29 de noviembre nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando la vida de la gente y los derechos de las mujere"», afirmó.
La elección de ese mensaje, ajeno a los asuntos abordados durante el pleno, dejó sin balance público por parte de la ministra una reunión dedicada precisamente a la coordinación sanitaria entre el Ministerio y las autonomías. En una cita concebida para tratar problemas compartidos y acuerdos de gestión, García optó por llevar el foco a la confrontación política y a su propia agenda electoral.
El Ministerio de Sanidad llevará hoy al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) el proyecto de Real Decreto que pretende presentar como una reforma para hacer más “transparente” y “homogéneo” el sistema de información de las listas de espera. Pese a que el adelanto electoral ha dejado sin efecto cualquier proyecto legal del departamento de Mónica García, la ministra ha decidido que ponerlo en el orden del día de hoy -junto a 27 puntos más- es oportuno. Un Pleno que, además, ella abandonará a una hora y media de su inicio para inaugurar un congreso de periodistas sanitarios.
La realidad es que el documento será rechazado por la mayoría de las autonomías porque está “inmaduro” y “por terminar”, tal y como se desprende del informe elaborado por la comisión delegada que forma parte del Cisns, donde se recogen las opiniones de las autonomías y del propio Ministerio, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Las comunidades autónomas llevan meses trabajando con los equipos de Sanidad en la revisión del articulado y en la definición de los indicadores, y la mayoría no considera que el borrador esté listo para su publicación.
Pero Mónica García, desprovista ya de toda esperanza política que no sea la de pelear por el puesto de Isabel Diáz Ayuso, cree haber encontrado un punto débil en Madrid: las derivaciones a centros concertados. El nuevo texto dice que el paciente debe permanecer en la lista hasta que reciba la atención. Pero eso ya ocurre. Madrid no saca a nadie de la lista de espera hasta que está operado, y así lo regula la normativa actual, que distingue esta de la lista estructural. De este modo, si a un paciente se le ofrece una alternativa más rápida y la rechaza, no cuenta en la lista estructural, aunque sigue en la lista general. Es exactamente lo que dice la ley y lo que hacen la mayoría de las autonomías, no solo Madrid.
El propio Ministerio sabe que el texto no está técnicamente maduro. Una de sus principales carencias es el instrumento clave en cualquier norma de este tipo: la guía técnica de desarrollo, que especifica cómo deben implementarse las nuevas obligaciones en los sistemas de información autonómicos. Sin esa guía-que aún está en elaboración y que requiere consensos técnicos muy finos- el RD es inaplicable, ya que no define modelos de datos, ni criterios de validación, ni flujos de registro ni estándares de interoperabilidad. Sin embargo, en la última reunión de la comisión delegada, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró que ambas cosas – el RD y la guía- podían avanzar “en paralelo”.
Además, no basta con regular cómo se miden las listas de espera, también hay que garantizar que la información se publique con una periodicidad y un plazo que permitan conocer la situación real del sistema sanitario. Sin embargo, hoy, a 23 de octubre, todavía no se han publicado los datos de listas de espera correspondientes a los primeros seis meses de este año, por lo que seguimos manejando cifras de hace 10 meses.Pero el Ministerio, que no consigue cumplir lo que exige la regulación actual, pretende imponer una más ambiciosa que obliga a publicar los datos trimestralmente.
Consciente de la cantidad de consultas del informe actualizado en su web, Sanidad, para curarse en salud, ha colocado estratégicamente una nota en la que explica que la responsabilidad sobre los indicadores es de las autonomías, y que ellos solo “agregan las cifras en un único documento y lo publican”.
Inflar las cifras
El objetivo central de la reforma es modificar el cómputo de la espera. El texto actual en vigor determina que el tiempo empieza a contar cuando el paciente tiene una solicitud de cita o una indicación para una intervención quirúrgica, y que sale de la lista cuando esa cita se agenda, cuando se programa la operación o cuando se certifica que el procedimiento no se va a realizar por motivos clínicos justificados. Es un sistema lógico: la lista de espera solo existe cuando hay un acto clínico real que genera una prestación pendiente. El nuevo texto pretende que la inclusión se contabilice desde que el médico de Atención Primaria decide derivar a un paciente a un especialista, algo que la mayoría de las autonomías y los expertos consultados consideran una “aberración”.
En primaria no existe una indicación diagnóstica ni terapéutica: existe una sospecha. El médico de familia puede derivar a un traumatólogo, a un otorrino o a un cirujano sin saber si el paciente necesitará una operación, una prueba complementaria o, simplemente, una valoración que descarte patología. Hasta que el especialista no ve al paciente, no existe una lista de espera real. El resultado de implantar este cambio sería inflar artificialmente las cifras, generar un “atasco estadístico” y hacer imposible comparar datos entre territorios. Por eso ninguna comunidad autónoma -incluidas las gobernadas por el PSOE- está dispuesta a aceptarlo.
Otro de los pilares del RD es la prohibición de las llamadas “listas paralelas”: listas B, agendas internas, bolsas o prelistas. El texto lo presenta como si fueran prácticas habituales, pero los técnicos autonómicos recuerdan que ya están prohibidas y que la trazabilidad existe desde hace años.
Además, el RD introduce un identificador de episodio clínico, pero las comunidades señalan que esto no cambia nada en la práctica: los sistemas ya registran los estados del paciente y los cambios de prioridad. Lo que sí hace el RD es sugerir que las autonomías “ocultan pacientes”, una acusación que los responsables de admisión consideran injusta y técnicamente falsa.
Parálisis por análisis
El Ministerio insiste también en que quiere medir a los pacientes sin cita asignada, los percentiles de demora, los tramos de espera y el tiempo hasta diagnóstico. Son indicadores que suenan bien en un documento político, pero que, según los expertos, no aportan valor asistencial. “Para qué queremos tantos datos”, se preguntan, “si con lo que ya publica el Ministerio no hace que los pacientes les atienda antes”. Hablan de “parálisis por análisis”: más tablas e informes, pero ninguna medida que aumente la capacidad asistencial, que es donde está el verdadero cuello de botella.
El proyecto “obliga” además a enviar microdatos mensuales y a cruzarlos con la base estatal de población protegida para medir desigualdades sociales. Sin embargo, esto es otro imposible porque las autonomías no registran los mismos ítems, no tienen los mismos sistemas y no hablan el mismo idioma estadístico. En definitiva, una "reforma" más elaborada sin cabeza que no llegará a ninguna parte.
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