Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner enfrentarán desde este viernes un juicio oral unificado por las causas Los Sauces y Hotesur: la acusación fiscal sostiene que la familia presidencial montó circuitos inmobiliarios y hoteleros para canalizar y blanquear dinero ilícito, obtenido a través de empresarios beneficiados con la obra pública vial.
El proceso reúne acusaciones contra la expresidenta, su hijo, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros imputados. El juicio apuntará a determinar si los contratos inmobiliarios y hoteleros fueron negocios comerciales genuinos o si, como sostiene la acusación, integraron un mecanismo de lavado de activos.
“Dinero de la corrupción”
La investigación fue enviada a juicio por el juez federal Julián Ercolini y los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Según la acusación, hubo una “organización criminal” a la que el matrimonio presidencial incorporó a su hijo Máximo Kirchner, “quien formaría junto a su padre (el fallecido expresidente Néstor Kirchner) la firma Hotesur y junto a sus dos progenitores la empresa Los Sauces, de la que a su vez sería presidente”, detalla la acusación de los instructores que será leída en el inicio del debate oral.
Ercolini y Pollicita llevaron adelante también la investigación en la causa Vialidad, donde ya se juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos con la obra pública en Santa Cruz, otorgada a Lázaro Báez y su conglomerado empresario.
Por esta condena, Cristina Kirchner llega a este nuevo juicio bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en su casa de San José 1111. Desde el 6 de noviembre del año pasado se la juzga además en la causa Cuadernos.
El origen del dinero
A través de empresarios cercanos beneficiados con contratos multimillonarios, los acusados habrían canalizado “el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial otorgándole así, la apariencia de provenir de una actividad lícita”.
Ello los habilitó a “poder disponer de una parte del dinero de la corrupción, ya que ante los ojos de las autoridades fiscales y anticorrupción dichos fondos contarían con un ropaje de licitud que enmascararía el verdadero origen”.
Máximo Kirchner, en nombre de sus padres y en representación de las sociedades, “se ocupó de la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”. Esta imputación forma parte de la acusación que se leerá mañana en la primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 5.
Alquileres y turismo
La investigación por Los Sauces se concentra en los alquileres de propiedades de la inmobiliaria familiar a empresas relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, de López y De Sousa. La fiscalía sostiene que esos contratos no respondían a una lógica comercial ordinaria, sino que habrían permitido justificar ingresos para la familia Kirchner bajo la apariencia de cánones locativos.
En Hotesur, la acusación analiza el manejo de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén. Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio firmado en 2018 y cuyas partes principales se leerán en la primera audiencia del juicio, la empresa Valle Mitre —vinculada al grupo Báez— administró establecimientos de la familia Kirchner y recibió fondos de otras compañías del conglomerado empresario antes de pagar alquileres a Hotesur, Los Sauces y a la sucesión de Néstor Kirchner.
La Corte Suprema dejó firme en diciembre de 2024 la continuidad del proceso oral al rechazar los recursos contra el fallo de Casación que revocó los sobreseimientos sin juicio dictados en 2021. Florencia Kirchner, la hija menor de los expresidentes, estaba acusada pero quedó excluida porque su sobreseimiento permaneció firme.
Hotesur
La causa Hotesur tiene como eje la compra y explotación de hoteles de la familia Kirchner, principalmente el Alto Calafate y Las Dunas en zonas turísticas de Santa Cruz. La fiscalía sostuvo que, luego de adquirir esos establecimientos, la familia cedió su administración a Valle Mitre, una firma ligada al Grupo Báez.
De acuerdo con el requerimiento fiscal de 2018, Valle Mitre habría funcionado como una empresa intermediaria. El esquema descripto por los fiscales partía de fondos procedentes de compañías de Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Don Francisco, La Estación, Alucom Austral y Diagonal Sur Comunicaciones.
Los grupos empresarios beneficiarios de obra pública nacional “cumplieron un papel fundamental en la tarea de provisión de fondos a la ex familia presidencial durante los años 2007 y 2008. Para ello, a través de la entrega de dinero en mutuo y mediante la compra de propiedades que tenían los ex presidentes, les garantizaron los fondos sin los cuales Néstor, Cristina y Máximo Kirchner no hubieran podido adquirir su cadena hotelera”, acusaron los fiscales.
La acusación afirma que esas empresas transfirieron recursos a Valle Mitre mediante contratos por alojamiento, uso de salones, consultorías, marketing y proyectos turísticos. La fiscalía cuestionó varias de esas operaciones: por ejemplo, señaló que algunas compañías justificaban reservas de habitaciones para trabajadores de obras viales situadas a cientos de kilómetros de El Calafate.
Según la reconstrucción contable incluida en el dictamen, Valle Mitre recibió $ 75.870.060,24 de empresas del Grupo Báez entre 2007 y 2015. Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, habría aportado $ 70.949.170,95, el 93,53 % del total calculado por los peritos.
Para los fiscales, Valle Mitre recibía fondos de otras compañías de Báez, afrontaba gastos propios de la actividad hotelera y luego pagaba alquileres a las sociedades o integrantes de la familia Kirchner. Esa secuencia, según la acusación, buscaba alejar el dinero de su origen y presentarlo como resultado de negocios lícitos, es decir, blanquearlo.
El requerimiento consignó que Valle Mitre pagó a Hotesur $ 28.597.624 por la cesión y explotación del Hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013. También identificó pagos por $ 6.909.708 por la Hostería Las Dunas. En el caso del Hotel La Aldea del Chaltén, propiedad de Los Sauces, la investigación consignó un flujo de $ 2.836.724.
La fiscalía remarcó que el resultado económico de Hotesur creció luego de que Valle Mitre tomara la administración del Alto Calafate. La acusación compara las ganancias de la firma antes de la operación con los ingresos posteriores por cánones: en 2008, antes de la nueva estructura, Hotesur había reportado una ganancia anual de $ 469.866,66; luego pasó a recibir pagos mensuales cercanos al medio millón de pesos por el alquiler del establecimiento.
La acusación a Cristina Kirchner
En Hotesur, la fiscalía atribuyó a la ex presidenta haber participado como accionista de la empresa familiar y haber intervenido o prestado asentimiento en operaciones patrimoniales que, según la acusación, permitieron financiar la adquisición de hoteles.
La acusación menciona ventas de inmuebles de la familia a empresas de Báez, préstamos de Austral Construcciones y créditos del Banco Santa Cruz. La hipótesis fiscal indica que esas operaciones facilitaron la compra de Las Dunas y de la sociedad Hotesur, titular del Hotel Alto Calafate.
También se le atribuye haber aprobado ejercicios contables, designaciones de autoridades y la continuidad de la relación entre Hotesur y Valle Mitre. De acuerdo con la acusación, retiró de Hotesur $ 4.874.848,68 bajo la modalidad de créditos o cuentas particulares de socios, mecanismo que los fiscales cuestionaron por considerar que evitaba las formalidades habituales para distribuir dividendos.
En Los Sauces, el rol atribuido a la expresidenta se vincula con su condición de accionista y beneficiaria de una sociedad que, para los acusadores, recibió pagos de empresas vinculadas a Báez, López y De Sousa por alquileres de propiedades que habrían sido simulados.
La acusación a Máximo Kirchner
Respecto de Máximo Kirchner, la fiscalía sostiene que tuvo intervención directa en la administración y en operaciones patrimoniales de las sociedades familiares. El requerimiento lo ubica como representante de sus padres mediante poderes, participante de ventas inmobiliarias y accionista de Hotesur.
También le atribuye haber participado en la compra de Las Dunas y Hotesur, haber firmado contratos de locación, aprobado balances y designado autoridades. Tras la muerte de Néstor Kirchner, habría intervenido en la administración de la sucesión y en la continuidad de los contratos vinculados a los hoteles.
En el caso Hotesur, los fiscales identificaron retiros de fondos por $ 2.443.845,18 en concepto de créditos. Además, señalaron que depositó cheques emitidos por Valle Mitre en cuentas de la sucesión de su padre y de Los Sauces.
En Los Sauces, la acusación lo sitúa como presidente de la sociedad y como responsable de actos de administración, adquisiciones, contratos de alquiler y movimientos de fondos. La causa será su primer juicio oral en un expediente por presunta corrupción.
Los Sauces
Los Sauces S.A. fue constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, la participación accionaria quedó distribuida, según la instrucción, entre Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner.
La hipótesis de la acusación es que la sociedad funcionó como una inmobiliaria que recibió pagos de firmas vinculadas con empresarios que, a la vez, habían sido beneficiados por decisiones estatales durante los gobiernos kirchneristas. El expediente registra ingresos de empresas de Báez y del Grupo Indalo por alquileres de propiedades en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los inmuebles más relevantes figuran un dúplex en el edificio Madero Center, en Puerto Madero, ocupado por sociedades vinculadas a Cristóbal López, como Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
La fiscalía también cuestionó retiros de fondos de Los Sauces por parte de sus accionistas y el uso de inmuebles de la firma sin contraprestación. La acusación ubica a la expresidenta como presunta jefa de la asociación ilícita y a Máximo Kirchner como supuesto organizador, dentro de una estructura que habría utilizado contratos de alquiler para incorporar fondos al patrimonio familiar que en realidad habrían sido coimas encubiertas por parte de empresarios de la obra pública, según la acusación.
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