Diez millones de personas viven en España de la pensión que les paga la Seguridad Social. Para la inmensa mayoría, su calidad de vida depende de ese emolumento al que tienen derecho tras haber cotizado durante décadas. Se entiende, en consecuencia, la inquietud que despierta en ellos cualquier duda o incertidumbre respecto a la sostenibilidad del sistema o la posibilidad de que su pensión sea devaluada.

Esa misma preocupación se extiende a otros cinco millones largos de españoles con más de 55 años que sitúan el horizonte de su jubilación a tan solo una década. No resulta exagerado afirmar que unos 15 millones de ciudadanos que cobran o aspiran a cobrar pronto una pensión están muy pendientes de lo que los políticos digan sobre el particular. El 29 de noviembre están llamados a las urnas 38 millones de españoles con derecho a voto, el 40 por ciento de los cuales tiene su pensión presente o futura en la cabeza, lo que da una idea de su ciclópea fuerza electoral.

El de la Seguridad Social era un asunto del que el actual gobierno pensaba sacar pecho en campaña electoral al tener a gala haber defendido la revalorización de las pensiones con el IPC contra viento y marea. Una defensa acompañada de su manifestada convicción de que el sistema es sostenible a largo plazo frente a otros negros augurios. No contaban, sin embargo, con la espontánea contribución a sus intereses electorales de las voces más bisoñas de la derecha, sembrando el desasosiego en ese cuerpo electoral de 15 millones de almas.

Primero fue el osado portavoz económico de VOX, José María Figaredo, quien afirmó rotundo que el sistema estaba quebrado, pontificando a favor de un modelo mixto de reparto y capitalización. En realidad, no son precisamente los jubilados quienes más votos aportan a esa formación, pero la torpeza de su portavoz económico provocó la reacción urgente de Santiago Abascal, que emitió un confuso "las pensiones se pagarán como sea" en el intento de parar el golpe.

Por su mayor dependencia del voto pensionista, más desazón provocó en la dirección del PP el podcast de la portavoz popular Ester Muñoz asegurando que "el sistema de pensiones está petado". Toda una semana ha estado la dirección popular matizando, desmintiendo y jurando por lo más sagrado que las pensiones serían revalorizadas, mientras Sánchez les acusaba de haber "enseñado la patita" y pretender firmar la carta de defunción del estado de bienestar.

Lo cierto es que la inflación se pondrá este año por encima del 3,5%, que así habrá que revalorizar las pensiones y que ello elevará el gasto en unos 16.000 millones, situando el coste total del sistema en los 246.000 millones en 2027.

Es verdad que la Seguridad Social ha aumentado en 740.000 el número de cotizantes en el último año y que sus arcas están recaudando más que nunca, pero también es cierto que el Estado ha de transferir unos 23.000 millones anuales al sistema para equilibrar sus cuentas. Recordaba, sin embargo, el hoy presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, que la Seguridad Social acumula más de 30 años en los que ha estado pagando prestaciones consideradas no contributivas que no le correspondían por valor de 140.000 millones.

Puede que el sistema no sea perfecto y tenga problemas que abordar y sobre los que debatir, pero hay al menos 15 millones de españoles en estado de alerta a los que no les valen los regates dialécticos, la verborrea ni el ya veremos. Siendo legítima toda propuesta, cada formación debe explicar con la mayor claridad qué piensa hacer con la Seguridad Social y sus pensiones. Y lo han de hacer antes, no después de votar.

Primero fue el acuerdo de coalición entre PSOE y Frente Amplio negociado con la máxima discreción. Un pacto para presentar una lista única en la Cámara Alta bajo la marca Senado de Progreso e impedir que el PP reedite allí la mayoría absoluta. Ahora es Feijóo el que negocia la iniciativa de Vox, ofreciendo ceder al partido de Abascal senadores de designación autonómica para que no se presente en algunas circunscripciones.

Los movimientos por el control del Senado cobran la máxima relevancia al constatar el mimetismo creciente entre formaciones a izquierda y derecha para librar la batalla de bloques del 29-N. Lo de meter en las urnas una papeleta en el Congreso distinta a la del Senado puede dar sorpresas.

Casi un 60% de los vehículos que circulan en España lo hacen con motores diésel. Entre ellos está el mío, un coche que compré hace años cuando se consideraba que el gasoil era lo más ecológico al emitir menos dióxido de carbono (CO2) que la gasolina, principal preocupación de Europa en ese momento para combatir el cambio climático.

Ahora, este tipo de motores, que se supuso entonces que aprovechaban mejor la energía y gastaban menos litros por kilómetro que la gasolina, están mal vistos. Los automóviles diésel eran algo más caros que sus hermanos de gasolina, pero compensaba porque el litro de combustible salía bastante más barato que el de la super 95. Todo eso pertenece al pasado; el otro día llené el depósito que antes no pasaba de los 60 euros y pagué más de 100. Salvo las low cost, la inmensa mayoría de las gasolineras lo tienen en torno a los dos euros el litro y eso a pesar de los 20 céntimos de rebaja fiscal que el gobierno mantendrá en noviembre.

Los combustibles ya subieron a causa de la guerra de Ucrania, pero nunca tanto como ahora. Este último arreón se lo debemos al inefable Donald Trump y a su amigo Netanyahu, que le lió para atacar a Irán sin un plan mínimamente racional, lo que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz, activando la auténtica arma nuclear del régimen de los ayatolás. Es bueno que la gente sepa que cuando le sale por un riñón llenar el depósito y el IPC se dispara al 4,9%, es en gran medida culpa de esos dos indeseables, no de la Unión Europea ni de ninguno de sus gobiernos. En Estados Unidos sí parece tenerlo claro al menos una parte importante de su ciudadanía, a la que Trump prometió que bajaría los precios de los carburantes y la inflación en general no ha dejado de subir. Un estado de opinión que sitúa su índice de popularidad en el 30%, el más bajo de un presidente en muchos años.

Esto en las vísperas de unas elecciones de medio mandato en las que puede perder tanto apoyo en ambas cámaras que le convierta en un pato cojo lo que le queda como presidente. Su perspectiva electoral es tan desesperada que no se le ha ocurrido otra que negociar con Putin un acuerdo para importar de forma inmediata 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y hasta 3 millones en los próximos meses.

Unas cifras que pueden parecer gruesas, pero que no lo son tanto si tenemos en cuenta que en el mundo se consumen 4 millones de toneladas en un solo día, y Estados Unidos más de 550.000 toneladas, o sea, un parche. Está por ver, además, si Moscú cumplirá o es solo un anuncio a la desesperada de Trump, porque Rusia tenía prohibida desde hace meses la exportación de este combustible ante la escasez que provocaron los bombardeos ucranianos a sus refinerías.

En esa misma línea hay que situar el último fake del presidente norteamericano cuando el pasado domingo anunció con su pompa habitual una tregua energética entre Rusia y Ucrania que, por supuesto, él había logrado gracias a sus grandes dotes negociadoras. De ese acuerdo no tenían constancia ni en Moscú ni en Kiev y tanto es así que a las pocas horas del anuncio Rusia bombardeó infraestructuras energéticas en Ucrania. Trump no solo reprocha a Zelensky sus ataques a las refinerías rusas; también le culpa de no aceptar lo que él pacta con Putin a sus espaldas para alargar la guerra. Ahora, sin embargo, lo que más le preocupa es el precio del diésel, cuyo coste tiene indignados a los usuarios de camiones, camionetas y vehículos relacionados con la actividad industrial y agrícola, donde él tenía un buen caladero de votantes. La ruina económica que está causando al resto del mundo no le importa nada.