Para muchos, el Senado, también conocido como la Cámara Alta, queda en segundo plano frente al Congreso de los Diputados. Pero lo cierto es que ambos son parte de un mismo engranaje: las Cortes Generales de España, que ejercen el poder legislativo del Estado. La Carta Magna atribuye a las Cortes, incluido el Senado, tres funciones principales: la potestad legislativa, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, además de otras tantas funciones específicas recogidas en la Constitución.

¿Por qué es importante para las diferentes formaciones hacerse con la Cámara Alta? La clave está en los vetos, enmiendas y bloqueos que condicionan la agenda del Ejecutivo, eso sin mencionar su papel decisivo en determinados nombramientos institucionales. Ahora, de cara a las elecciones generales del 29N, el Partido Popular y Vox, conscientes del contrapeso que puede suponer el control del Senado, estudian atar una mayoría de tres quintos con la intención de "frenar al sanchismo".

¿Cómo se conforma el Senado?

Desde La Moncloa, aclaran que el número de senadores no es fijo y puede variar en cada legislatura, dependiendo de la población en cada comunidad autónoma. Existen dos tipos de senadores. Por un lado, los senadores elegidos: cada provincia elige cuatro representantes "por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto", salvo las provincias insulares (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres senadores cada una; las demás islas eligen uno por isla y Ceuta y Melilla cuentan con dos senadores cada una).

Ahora bien, a diferencia del Congreso de los Diputados, los electores no reparten los escaños entre listas cerradas en proporción directa a los votos, sino que eligen candidatos individuales mediante listas abiertas. Para el 29N, el BOE fija 209 senadores de elección directa; cada elector puede marcar hasta tres candidatos en las provincias peninsulares, aunque se elijan cuatro senadores. Los candidatos más votados obtienen los puestos disponibles.

Por otro lado, están los senadores designados. Y es que las comunidades autónomas eligen, además, un senador fijo y representantes adicionales en función de su población; es decir, un senador más cada millón de habitantes. Para hacerse una idea, la Cámara Alta tenía, hasta su disolución el pasado 6 de octubre, 266 escaños y, si se mantienen los 58 puestos de designación autonómica de la legislatura actual, el Senado estararía formado por 267 miembros.

Ahora bien, el sistema de listas abiertas beneficia a las candidaturas que concentran más apoyos y perjudica a las que dividen el voto entre varias opciones. Por eso, los populares proponen que Vox no se presente en determinadas provincias y sugieren cederle a cambio senadores por designación autonómica.

¿Para qué sirve y qué puede hacer frente al Gobierno?

La Cámara Alta cuenta con cuatro funciones primordiales: revisa los proyectos y proposiciones de ley aprobados por el Congreso, introduciendo enmiendas e incluso llegando a vetar textos; formula preguntas e interpelaciones al Gobierno para ejercer control político; da paso a la representación territorial; y participa en la designación de miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Administración de RTVE, etc.

Estas funciones están recogidas en la guía oficial del Senado y en la Constitución española. Y es que, aunque el Senado no puede investir al presidente del Gobierno ni aprobar una moción de censura contra él, su capacidad de contrapeso se encuentra, sobre todo, en la revisión legislativa. Además, uno de los puntos más sensibles es el Tribunal Constitucional. Cuatro de sus doce magistrados son elegidos por el Senado y dicha elección requiere una mayoría de tres quintos.

Eso sí, cabe aclarar que el Senado no tiene la última palabra en la legislación ordinaria. El Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, una vez transcurrido el plazo constitucional, por mayoría simple. Sin embargo, está claro que puede retrasar la aprobación de leyes, forzar nuevas negociaciones y dificultar su agenda.

Las matemáticas en el Senado

Existen tres tipos de mayorías en el Senado: mayoría absoluta, que se consigue con la mitad más uno del número legal de miembros (con base en el Senado que acaba de disolverse, 134); mayoría simple, es decir, hay más votos a favor que en contra entre los votos emitidos, siempre que exista el cuórum exigido; y la mayoría de tres quintos (la que buscan el PP y Vox), esta equivale al 60% de los miembros (160, tomando como referencia esta legislatura). Sin embargo, ¿para qué sirve cada una?

• Mayoría simple: es la regla general para aprobar acuerdos y, en el procedimiento legislativo, para pronunciarse sobre las enmiendas a un proyecto de ley.
• Mayoría absoluta: sirve para que el Senado apruebe un veto a un proyecto de ley o autorice la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este último regula qué puede hacer el Gobierno central si una comunidad autónoma incumple sus obligaciones legales o actúa contra el interés general de España. El caso más conocido de su uso fue en Cataluña en 2017, tras el proceso independentista.
• Mayoría de tres quintos: de esta dependen los nombramientos de órganos constitucionales (Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial) y las reformas de la Constitución. El artículo 167 de la Carta Magna establece que dichos cambios deben aprobarse, como regla general, por tres quintos del Congreso y del Senado.

La composición del Senado de la actual legislatura

La Cámara Alta se disolvió con la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, la distribución del Senado en la XV Legislatura favorecía al Partido Popular, que contaba con 142 senadores, equivalente a una mayoría absoluta. Por su parte, los socialistas ocupaban 88 escaños; Izquierdas por la Independencia (ERC y EH Bildu), nueve escaños; Grupo Plural (Junts, Coalición Canaria, AHI y BNG), Grupo Vasco (PNV) y Grupo Mixto, siete; e Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y otras formaciones), seis.

Respecto a Vox, la formación liderada por Santiago Abascal contaba con cinco senadores autonómicos, designados a raíz de acuerdos con el PP en comunidades donde ambos partidos habían pactado: dos por Andalucía y uno por Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no tenían un grupo parlamentario propio en el Senado; sus senadores estaban integrados en el Grupo Mixto.

El posible acuerdo entre PP y Vox

La derecha no fue la primera que se planteó un pacto de similares proporciones. De hecho, el PSOE ya ha cerrado un acuerdo con el Frente Amplio para presentar candidaturas conjuntas al Senado el 29 de noviembre, bajo el nombre de Senado de Progreso, con el fin de arrebatar la mayoría absoluta con la que contaban los populares en la Cámara Alta. El acuerdo consiste en compartir una misma candidatura y distribuir los puestos entre los partidos según sus resultados de 2023.

El PP y Vox estudian distintas fórmulas para coordinarse en las elecciones al Senado del 29 de noviembre y aumentar sus posibilidades de obtener escaños. Una de las opciones sería que Vox no presentara candidatos en determinadas provincias, de modo que sus votantes pudieran apoyar a los candidatos populares y evitar que los votos de ambas formaciones se dispersaran. A cambio, el PP podría facilitar la presencia de Vox en la Cámara Alta mediante la designación de senadores por parte de los parlamentos autonómicos, tal y como ha ocurrido en el pasado.

El país vecino arranca su tercera semana de protestas. Pero el descontento alcanzó su punto más álgido el pasado sábado 17 de octubre, cuando medio millón de personas salieron a las calles para movilizarse en contra de la gestión del mandatario francés, Emmanuel Macron. Se trata de una de las mayores oleadas de protestas sociales en los últimos años, pero cómo se originó parecía entonces impredecible.

Los estudiantes son los que han llevado la batuta esta vez. A finales de septiembre estallaron argumentando las malas condiciones en las que se encontraban los 'lycéens' del 'banlieue', un término que usan los franceses para referirse a la periferia o los suburbios que rodean grandes ciudades como París, Lyon o Marsella. Los jóvenes denunciaron entonces la falta de profesores, de recursos públicos y, lo peor, quizás: el mal estado de las instalaciones, que en algunos casos llegaba a lo insalubre.

A los más jóvenes se sumaron también los sindicatos, trabajadores del sector público, agricultores, transportistas y otros colectivos, todo en torno al contexto presupuestario del país galo. Y es que los vecinos enfrentan dificultades para reducir su déficit fiscal y deuda pública. Además, los manifestantes consideran que la financiación para servicios básicos como la educación, la sanidad y el transporte es insuficiente.

El origen de las manifestaciones en Francia

Según recoge 'Le Monde', el primer 'blocage' tuvo lugar el 21 de septiembre en el instituto 'Saint-Exupéry', ubicado en Créteil. ¿Los motivos? La falta de personal educativo que da lugar a la cancelación de clases (9,8 % de horas de enseñanza, según el Ministerio de Educación francés); la degradación de los institutos; las clases sobrecargadas y los horarios "pesados"; y el estrés que genera 'Parcoursup', la plataforma de admisión a la educación superior que algunos estudiantes consideran poco transparente.

Los bloqueos en los institutos rápidamente se convirtieron en un medio de presión para dar visibilidad a los problemas. El 28 de septiembre, 'Le Monde' reportó perturbaciones en 180 establecimientos, según las cifras comunicadas por las autoridades. Y es que, según recogen los jóvenes y el economista francés Thomas Piketty, el presupuesto por estudiante ha disminuido un 20 % desde la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo en 2017 y esto se ha visto reflejado en las condiciones de los suburbios.

Los chalecos amarillos y la propagación de las protestas

Tras la indignación de cientos de estudiantes, surgieron otros sectores con otras reivindicaciones. El precio del combustible, los gastos diarios y las dificultades para mantener el nivel de vida alimentaron la ira; de hecho, trajeron de vuelta a los 'Gilets jaunes' (chalecos amarillos), un movimiento que surgió en 2018, cuya movilización se vio impulsada, entre otras cosas, por los impuestos sobre los combustibles y el sentimiento de injusticia social.

Relacionado con el coste de vida, los sindicatos se han incorporado a la movilización para reclamar mejores salarios, la defensa de las pensiones y más recursos para los servicios públicos. No todos los participantes comparten el mismo programa, pero sí que expresan el mismo sentir: el de ver cómo aumentan los gastos básicos mientras que los ingresos y los servicios de los que dependen no siguen el mismo ritmo.

Una parte de los manifestantes reprocha que el 'macronismo' favorezca a los más acomodados, que no proteja lo suficiente a los hogares con menos recursos y que gobierne "sin escuchar a los ciudadanos". Las críticas son la continuación de un antiguo conflicto político en torno a las reformas económicas y sociales del líder francés.

Represión y violencia policial

La forma en que las autoridades han gestionado los bloqueos aumenta, según muchos, el furor de la protesta. Sindicatos, defensores de los alumnos e incluso políticos como Jean-Luc Mélenchon, líder de 'La France insoumise' (LFI) y Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, han denunciado una respuesta demasiado represiva, sobre todo tras las intervenciones policiales contra los jóvenes. El Gobierno, por su parte, afirma que debe garantizar la seguridad de los alumnos, del personal y de las fuerzas del orden.

Sin embargo, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), encargada de investigar las presuntas irregularidades cometidas por los agentes, abrió 36 investigaciones por denuncias durante el movimiento estudiantil. Tres casos han suscitado grandes críticas: una estudiante de 16 años que perdió su ojo en Tours tras ser alcanzada por un lanzador de balas de defensa (LBD); un adolescente de 15 años que perdió una mano en la explosión de una granada aturdidora; y otro adolescente de 14 años que sufrió heridas graves en la cara en Saint-Ouen-l'Aumône tras el disparo de un lanzagranadas.

Saqueos, incendios y disturbios en Francia

Si bien la gran mayoría de las manifestaciones han transcurrido de manera pacífica. El sábado 17 de octubre, los bloqueos han reunido a estudiantes, trabajadores, sindicatos y personas movilizadas contra el encarecimiento de la vida. El Ministerio del Interior ha anunciado que han participado 550.000 personas, frente a las 800.000 que, según los organizadores, se han sumado a esta jornada nacional.

En París, Marsella, Lyon y Limoges, se han producido enfrentamientos, saqueos de comercios y el destrozo de edificios públicos. En Limoges, el edificio del ayuntamiento ardió en llamas. Las autoridades han atribuido parte de los actos violentos a grupos radicales y a individuos que se aprovecharon de las concentraciones para cometer saqueos. La Policía informó de 855 detenciones en el área metropolitana de la capital. Eso sí, es importante no confundir estos actos con el conjunto de los manifestantes, muchos de los cuales se manifestaban pacíficamente.

La jornada también ha desatado una polémica sobre la gestión del mantenimiento del orden. Los representantes locales han criticado la preparación del dispositivo de seguridad; de hecho, el ministro del Interior, Laurent Núñez-Belda, dimitió, aunque esta fue rechazada por Emmanuel Macron. El presidente condenó la violencia y solicitó nuevas consultas con los alumnos, los profesores, los sindicatos y los responsables políticos, pero, hasta el momento, no ha anunciado medidas concretas.