Ocho años después de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez vuelve a pedir el voto para seguir gobernando y encaminarse a un tercer mandato electoral. La petición choca con una promesa de su propia hemeroteca: en 2014, cuando aspiraba a liderar el PSOE, defendía limitar a dos mandatos la Presidencia del Gobierno. En un mitin en Burgos, con la visita de Javier Milei a Madrid como telón de fondo, abordó la cuestión, pero para justificarla con lo que lo que, a su juicio, supondría ahora una alternancia con un Gobierno de PP y Vox. Aunque admitió que la alternancia es "buena" y "sana" en democracia, sostuvo que la derecha y la ultraderecha no ofrecen un relevo per se, sino una "involución". "Ese pasado tiene muchas caras: hoy lo hemos visto con el señor Milei", afirmó tras enfundarse en una camiseta bajo el lema "Orgullo zurdo".

"¿A quién pretendéis engañar, Alberto y Santiago? Si os tenemos muy calados: formáis todos la misma peña, la del tijeretazo, el recorte y la motosierra. Milei, Feijóo y Abascal". De esta forma, Sánchez convirtió la visita del presidente argentino en el eje de su ofensiva contra el PP y Vox: presentó a Milei como el anticipo de las políticas que, a su juicio, aplicarían sus "amigos" si gobernaran España. El contraste ocupó buena parte del mitin. Sánchez contrapuso los 11 millones de argentinos que, según afirmó, están en la economía informal con los 22,6 millones de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social en España.

También atribuyó al Gobierno de Milei una caída del 40% del salario mínimo y reivindicó la subida acumulada del 66% en España desde 2018, además de defender la política de pensiones de su Ejecutivo. Al respecto de las pensiones, que actualmente son el principal eje de campaña del PSOE junto con la vivienda, Sánchez quiso mandar un "mensaje de tranquilidad a los jubilados de hoy y de mañana": "Nuestras pensiones gozan de una extraordinaria salud", aseguró.

Con estas comparaciones, el PSOE lleva explotando la visita de Milei desde que este aterrizó este martes en Madrid. De hecho, el PSOE colgó esta misma mañana una irónica lona en la sede madrileña de Ferraz dándole la bienvenida como "zurdos y zurdas". Así, Sánchez intenta convertir su presencia en un argumento electoral contra la derecha española: "Si sus amigos Feijóo y Abascal van a hacer con España lo que Milei con Argentina, eso no lo queremos en España", lanzó Sánchez.

Sánchez también atribuyó la visita y la atención de Milei y de la ultraderecha internacional sobre España a que el país representa un modelo que ellos rechazan: una economía que crece mientras impulsa políticas contra el cambio climático, eleva el salario mínimo, aprueba una reforma laboral y concentra el crecimiento del empleo. "Estamos demostrando que se puede crecer así", defendió.

También acusó a sus adversarios de aplicar una doble vara de medir y reivindicó la coherencia de la posición española ante los conflictos internacionales. Volvió a pronunciar su "no a la guerra" y situó a España "en el lado bueno de la historia". En ese marco, pidió a los asistentes que planteen una pregunta cada vez que debatan con la derecha: cuándo ha gobernado un dirigente de ultraderecha y ha llevado algo bueno a su país. La respuesta de Sánchez es que todo resulta en "guerra, inflación y pobreza". "Lo que no quieras para el mundo, no lo quieras para tu país", insistió.

De esta forma, reivindicó "el orgullo de ser zurdos" y contrapuso esa identidad política a las fuerzas que, dijo, niegan los avances del feminismo. "Con esta mano izquierda hemos subido el SMI y las pensiones y hemos impulsado causas que han traído los mayores avances de nuestra democracia", sostuvo. También lanzó una promesa para las mujeres en este mitin de Burgos, aunque no es la primera vez que el presidente se comprometía a ello: "En la próxima legislatura reformaremos la Constitución para blindar el derecho al aborto de las mujeres", aseguró Sánchez. Ya había un proyecto de reforma constitucional para este fin en el Congreso, pero decayó después de que el presidente convocara las elecciones para el 29 de noviembre. No obstante, una reforma así requiere de una mayoría reforzada en las Cortes con la que el PP no está de acuerdo.

Además, aprovechando el foco internacional de la cantante estadounidense Patti Smith, que ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, Sánchez insistió en situar el foco en la ultraderecha. Afirmó que el mundo mira a España y la ven como un modelo que querrían para su país. "Nuestra victoria va a resonar en el mundo entero", proclamó.

La Cámara Alta ha cobrado protagonismo de cara al 29-N pese a haber sido durante años la gran olvidada de las campañas electorales. Habitualmente eclipsado por el Congreso, el Senado se ha convertido ahora en un campo de batalla decisivo para los dos grandes bloques. La mayoría que salga de las urnas puede condicionar importantes nombramientos institucionales y servir de contrapeso a la estrategia del rival. El PSOE y Frente Amplio acordaron concurrir en coalición mediante una lista única en la mayoría de las circunscripciones con el objetivo de multiplicar las opciones para competir con PP y Vox. Ahora, el bloque de la derecha mantiene negociaciones para pactar cómo presentarse al Senado y lograr más apoyos para hacer frente a la candidatura de la izquierda.

Acostumbrado durante décadas a mayorías holgadas del PSOE o del PP, el Senado afronta ahora unas elecciones en las que unos pocos escaños pueden resultar decisivos para alcanzar —o impedir— la mayoría reforzada de tres quintos. De ella depende, entre otras cosas, la capacidad de influir en nombramientos institucionales de la próxima legislatura. Ahí está la clave de la pugna: la derecha aspira a sumar esa mayoría y la izquierda, a evitar que lo consiga. Un objetivo que afecta a todos los partidos, porque esos tres quintos son necesarios para intervenir en la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional.

De las mayorías que se formen en el Senado dependerá la renovación de varios órganos, entre ellos el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Administración de RTVE. La Cámara Alta también participa en la elección del Defensor del Pueblo. Si PP y Vox alcanzan los tres quintos, podrían aprobar sin el PSOE los nombramientos que corresponden al Senado y ganar margen en las negociaciones sobre el resto de órganos. La coalición 'Senado de Progreso', formada por el PSOE y Frente Amplio, persigue arrebatar al PP la mayoría absoluta para que la Cámara Alta pueda actuar como contrapeso ante una eventual mayoría de derechas en el Congreso y tener algo de capacidad para negociar las renovaciones pendientes.

La importancia que puede tener para un Gobierno contar con un Tribunal Constitucional afín ha quedado patente en la última legislatura. Bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la mayoría progresista se ha impuesto y ha adoptado decisiones de gran calado político: anuló la sentencia de los ERE de Andalucía, avaló la ley del aborto y la ley de amnistía y recientemente declaró amnistiable la malversación del procés, lo que permitirá el regreso de Carles Puigdemont. El órgano de garantías aún debe resolver varios de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas y otros impuestos contra la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Asimismo, en cuestión de horas decidirá si entra a debatir la suspensión del derecho a voto de nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El Senado, campo de batalla político

Más allá de las renovaciones institucionales, la Cámara Alta también proporciona un poderoso altavoz desde el que presionar al Gobierno o a la oposición durante toda la legislatura. De hecho, durante este último mandato de Pedro Sánchez, ha sido el escenario desde el que el PP ha ejercido de contrapeso por medio de su mayoría absoluta. Los populares han aprovechado su predominio en la cámara para fiscalizar al Ejecutivo mediante comisiones de investigación, solicitudes de comparecencias de ministros e interpelaciones. Además, aunque el Congreso tenga la última palabra legislativa, el control del Senado proporciona un escaparate institucional desde el que marcar agenda política a través de la presentación de proposiciones de ley o por medio de propuestas de veto a textos que emanan de la Cámara Baja.

Por eso, el PSOE llevaba días negociando con el Frente Amplio una coalición para el Senado antes de que venciera el plazo de registro, el 16 de octubre. El acuerdo se cerró tras conversaciones discretas y a última hora. Pero la alianza finalmente ha precipitado un movimiento en el otro lado del tablero: PP y Vox han empezado a explorar una candidatura conjunta en algunas circunscripciones. En sectores socialistas ya cuestionan la estrategia de su dirección. A su juicio, podría haber intentado una fórmula similar a la que ahora negocian sus rivales: pedir a Frente Amplio que no se presente en la mayoría de las provincias e integrarlo de algún modo en las listas del PSOE sin agitar demasiado el avispero para no precipitar un movimiento similar en el PP y Vox.

"Es un mal acuerdo que puede acarrear otro más efectivo para la derecha", advierte una fuente de peso del partido. Su temor es que PP y Vox terminen concentrando el voto conservador en una sola papeleta para el Senado y que ese movimiento, además de facilitarles escaños en la Cámara Alta, refuerce la llamada al voto útil del PP también en las elecciones al Congreso.

Otras voces socialistas, sin embargo, creen que aún es pronto para medir el impacto. A su juicio, dependerá de cómo se concrete el pacto entre PP y Vox y de cuántas provincias abarque. También confían en que una candidatura conjunta no les garantice los tres quintos necesarios para algunos nombramientos y renovaciones, uno de los objetivos que persigue la coalición de izquierdas.

En todo caso, la cuenta atrás ya está en marcha: los partidos deben registrar las listas a las Cortes antes del próximo 26 de octubre. Las candidaturas de PP y Vox reflejarán el alcance de su negociación, mientras que las del PSOE y el Frente Amplio, el reparto acordado dentro de su coalición. Este último se está diseñando a partir de los resultados de 2023 y en todas las circunscripciones salvo las de Cataluña y Canarias.

La fórmula que está sobre la mesa de la negociación mantendría al PSOE al frente de todas las listas, pero reservaría puestos al Frente Amplio según el resultado de hace tres años: donde los socialistas lograron tres senadores, conservarían los tres primeros puestos; donde obtuvieron dos, el Frente Amplio ocuparía el tercero, con la expectativa de disputar ese escaño. En la mayoría de las provincias, donde el PSOE consiguió un solo senador, se plantea una lista alterna: los socialistas ocuparían el primer y el tercer puesto, y el Frente Amplio, el segundo.

La Junta Electoral Central (JEC) no ha dejado de planear sobre la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "Por respeto a la JEC, no puedo responder": esa ha sido la fórmula más repetida por Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, cuando le han preguntado por la oposición, la visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei, o detalles sobre las medidas aprobadas por el Gobierno. La cautela llega una semana después de que este órgano abriera un expediente sancionador a Pedro Sánchez por la comparecencia del 6 de octubre en la que anunció los nuevos decretos de vivienda. El organismo no cuestionó que el Ejecutivo aprobara esas normas, sino que el presidente aprovechara una intervención desde Moncloa para criticar a la oposición, reivindicar los logros del Gobierno o reclamar una mayoría parlamentaria.

La JEC pidió retirar esas manifestaciones valorativas de los canales oficiales e instó a Sánchez a respetar la neutralidad política durante el periodo electoral. El expediente sigue abierto y puede acabar en multa, pero todavía no hay una sanción firme. La distinción es relevante: el reproche es por el uso de una comparecencia desde una institución como La Moncloa para lanzar mensajes de campaña, no a que el Consejo de Ministros aprobara decretos.

En Presidencia calibran ya la fórmula para separar ambas cuestiones sin exponerse a posibles expedientes y multas. El Gobierno admite que está midiendo sus palabras, pero defiende que puede seguir gobernando y aprobando normas durante el periodo electoral. Fuentes gubernamentales aseguran que la Abogacía del Estado avala esa capacidad y que las medidas son perfectamente legales. "Lo seguiremos haciendo", avanzan. De hecho, el Consejo de este martes ha vuelto a aprobar un paquete de medidas sociales, entre ellas, la ampliación de la pensión de viudedad a determinadas parejas con hijos, en la línea de los ya apodados como 'martes sociales'. Pero la propia Saiz ha evidenciado los límites que el Ejecutivo quiere imponerse a la hora de comunicar y sacar pecho de estas medidas.

Preguntada por la ampliación de la pensión de viudedad a parejas con hijos que no formalizaron su relación, la portavoz ha explicado que la medida es fruto de "meses de trabajo" y ha defendido que el rigor fiscal es compatible con "no dar un paso atrás". Después ha cortado su respuesta: "Por respeto a la JEC, aquí me voy a quedar". La frase resume el equilibrio que busca Moncloa: presentar las nuevas medidas y defender que puede aprobarlas, evitando que la explicación derive en una reivindicación política que pueda interpretarse como electoralismo.

La cautela de la sala de prensa, que se ha repetido en varias respuestas, ha contrastado con el tono de varios ministros socialistas en declaraciones recogidas por Europa Press en el Congreso, donde acudían a un acto de homenaje al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Arcadi España, titular de Hacienda, y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, apelaron al voto "útil" para el PSOE y presentaron al PP y a Vox como dos partidos con planteamientos que coinciden plenamente. España sostuvo que ambos comparten con Milei recetas de "recortar" y "privatizar", y afirmó que esa es la política que aplican cuando gobiernan.

La negociación, sin embargo, aún no se ha traducido en un acuerdo cerrado. Feijóo ha confirmado que PP y Vox están hablando. La estrategia de los socialistas, que evitan parecer preocupados por un posible pacto, es convertir esos contactos en munición electoral: el PSOE presenta un posible entendimiento como una prueba de que no hay una distancia política entre ambos partidos.

Ese argumento sí se ha formulado abiertamente fuera del Consejo, aunque en privado. Fuentes gubernamentales lo expresan en términos aún más tajantes: si el pacto se materializa, sostienen, confirmaría que "no hay distancia" entre PP y Vox. "Tanto monta, monta tanto. La realidad es que el PP es ultraderecha", sentencian. Así, mientras los ministros esquivaban en Moncloa las preguntas que podían llevarles al terreno partidista, otros trasladaban desde el Congreso el mensaje electoral que el Gobierno quiere colocar en el centro de la campaña.

Los seis delegados del Gobierno que figuran en las listas del PSOE a las elecciones generales serán cesados en el Consejo de Ministros de este martes de acuerdo con la ley electoral y según confirma Moncloa a 20minutos. Los que figuran en las listas del PSOE ratificadas por el Comité Federal del partido son Pilar Bernabé, en la Comunidad Valenciana; Adriana Lastra, en Asturias; Pedro Fernández, en Andalucía; Carlos Prieto, en Cataluña; Fernando Beltrán, en Aragón, y José Luis Quintana, en Extremadura. El cese de Bernabé coincide con la emergencia de la DANA Adam, que ya se ha saldado con tres muertes y graves inundaciones en la Comunidad Valenciana, por lo que la persona que la sustituya se quedará al frente de esta emergencia.

Las listas del PSOE para el 29-N no solo incorporan a once ministros —que pueden concurrir sin dejar sus carteras—, sino también a trece cargos que hasta ahora representaban al Gobierno en el territorio: seis delegados y siete subdelegados. Sánchez implica así a su equipo de Gobierno ofreciéndoles un puesto de salida en las listas y, al mismo tiempo, lleva a las candidaturas una parte de la estructura territorial del Ejecutivo, como son los delegados y los subdelegados. Eso sí, esta última maniobra obliga a reorganizar esas delegaciones justo cuando el partido entra en campaña.

Los ceses se formalizan este martes porque el plazo para presentar candidaturas ante las juntas electorales comienza este miércoles 21 y termina el lunes 26 de octubre. El siguiente Consejo de Ministros está previsto para el día 27, demasiado tarde para resolverlo dentro del calendario electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) incluye expresamente a delegados y subdelegados entre las causas de inelegibilidad mientras ocupen esos puestos, de ahí que deban dejar sus cargos antes de que se registren las listas.

El cese de Pilar Bernabé es el que puede tener un efecto más inmediato en la gestión territorial del Ejecutivo. La delegada dejará el cargo este martes en plena emergencia por la DANA Adam, que ha anegado varios municipios y ha obligado a activar evacuaciones y rescates. En las últimas horas, Bernabé ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas y eviten desplazarse. Su salida fuerza al Gobierno a relevar a una de sus principales interlocutoras sobre el terreno justo cuando siguen las tareas de respuesta al temporal.

El movimiento tiene también una clara lectura electoral. Bernabé encabezará la lista del PSOE al Congreso por Valencia, por delante del ministro Arcadi España y de Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido. Y no es una candidatura aislada: el PSPV la ha situado como su apuesta para intentar recuperar la Alcaldía de Valencia en 2027. La proyección de Bernabé se consolidó, precisamente, tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Como delegada, se convirtió en una de las voces más visibles del Gobierno central durante la emergencia. Ahora vuelve a situarse en el centro de otra emergencia, pero esta vez mientras deja el puesto de delegada.

Lastra vuelve a Madrid

Entre los delegados que irán en las listas hay perfiles de distinto peso político. Adriana Lastra, ex vicesecretaria general del PSOE, vuelve a encabezar la lista por Asturias y será sustituida al frente de la Delegación por Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco. El regreso de Lastra al Congreso también tiene una lectura orgánica. La ex vicesecretaria general vuelve a primera línea después de una etapa marcada por las pugnas internas del PSOE, en especial sus choques con el entonces secretario de Organización José Luis Ábalos. Las grabaciones intervenidas a Koldo García sacaron a la luz ese enfrentamiento. Ábalos, exministro de Transportes, está ahora en prisión por el caso de las mascarillas, mientras que Lastra vuelve a la primera línea política.

En el caso de Pedro Fernández, liderará la candidatura al Senado por Granada y Fernando Beltrán, la lista al Congreso por Zaragoza. Carlos Prieto, delegado en Cataluña desde 2023, ocupará el séptimo puesto del PSC por Barcelona. En Extremadura, José Luis Quintana encabezará la lista al Senado por Badajoz: Ferraz lo elevó del tercer al primer puesto, desplazando a Rafael Lemus, que había sido propuesto por la dirección provincial. María Teresa Macías asumirá la Delegación tras su salida.

A la lista de delegados cesados se suman siete subdelegados. Cinco de ellos concurren en Andalucía: José Antonio Montilla, número tres al Senado por Granada; Francisco Curri Toscano, tercero al Congreso por Sevilla; José María Martín, cabeza de lista al Senado por Almería; Javier Salas, tercero al Congreso por Málaga; y Ana López Losilla, número tres al Senado por Córdoba. Los otros dos son los subdelegados gallegos Obdulia Taboadela, por A Coruña, y Abel Losada, por Pontevedra. Con su incorporación, las candidaturas socialistas reúnen a más de una veintena de cargos del Gobierno.

"Yo no pido una mayoría como la de 2023, sino una más amplia del PSOE y de las fuerzas progresistas para seguir avanzando a partir del 29 de noviembre". Con esa apelación, Pedro Sánchez ha resumido el doble objetivo electoral del PSOE: ensanchar el respaldo al bloque progresista y, al mismo tiempo, concentrar el voto en la candidatura socialista. "Todo al rojo", ha pedido en el acto de precampaña de este lunes en Valladolid. Para justificar esa continuidad, el presidente ha reivindicado medidas como la revalorización de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que este lunes se ha comprometido a elevar todos los años que gobierne.

Además, y como viene haciendo el PSOE desde el inicio de la precampaña, Sánchez ha vuelto a insistir en la defensa de la sostenibilidad de las pensiones. Tras comprometerse a seguir subiéndolas "cuatro años más", ha acusado al PP de "enfrentar" a los jóvenes y los jubilados. "El sistema público de pensiones es solvente, está sano y goza de una extraordinaria salud y si tanto les preocupa (...) una manera de aumentar la solvencia del sistema público de pensiones es mejorando los salarios de los trabajadores", ha lanzado antes de instarles a hablar con la patronal y con los sindicatos con ese propósito.

Sánchez ha estado acompañado por los ministros Óscar Puente y Ana Redondo y por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Pero mientras el presidente y Martínez pedían una mayoría progresista más amplia, Ferraz afrontaba una nueva crisis interna por el control de las candidaturas, además, con una federación socialista de Castilla y León: la de Palencia. La lista del PSOE al Congreso por Palencia ha renunciado después de que la dirección federal sustituyera a Álvaro Bilbao, el candidato respaldado por la militancia provincial, por la veterana diputada Mariluz Martínez Seijo. Bilbao había obtenido el apoyo mayoritario de las agrupaciones, mientras Martínez Seijo quedó relegada en las votaciones internas.

Y es que el PSOE solo logró un diputado por Palencia en las generales de 2023, por lo que el puesto de cabeza podía determinar quién ocuparía el único escaño socialista de la provincia. En todo caso, la protesta ha caído en pleno mitin en Castilla y León, desluciendo el mensaje de unidad y movilización que Sánchez había llevado a Valladolid.

El mensaje que quería dejar ha sido claro en este mitin. "Todo al rojo", ha manifestado, antes de volver a plantear la disyuntiva de los dos modelos de sociedad, "uno que protege y otro que deja a la gente a la intemperie", que es uno de los ejes de la campaña del PSOE. "Todo al rojo para tener el mejor resultado, la mayor mayoría parlamentaria y seguir gobernando otros cuatro años más", ha dicho ante un auditorio lleno y que en más de una ocasión coreó el nombre de su mujer, Begoña Gómez, protagonista del último mitin del PSOE en Fuenlabrada. "De esto van estas elecciones, habrá muchas siglas, pero solamente hay dos modelos de sociedad", ha recalcado Sánchez.

A su juicio, el modelo del PP y Vox es el de "tocar las pensiones, las bajas laborales" y también "el derecho de las mujeres a abortar" así como el "salario mínimo interprofesional". Aunque ha pedido una mayoría más amplia de la que logró en 2023, ha asegurado que la derecha también cree que va a ganar el PSOE y va a seguir gobernando a partir del 29N. "Apelamos a la fuerza de la gente. El 29 de noviembre no solo hay que ganar, sino conseguir una mayoría amplia y progresista para llegar más lejos y a las conquistas sociales que quiere la calle", ha insistido.

Milei entra en la campaña del PSOE

A pocas horas de la llegada de Javier Milei a Madrid, prevista para este martes, Sánchez ha anticipado en Valladolid el choque político con el presidente argentino. Aunque ha centrado su crítica en el PP, le ha atribuido también a Milei la política de "insultos, mentiras y recortes", apelando a la imagen de la motosierra, convertida en emblema del líder argentino. Sánchez ha recordado los recortes aplicados por los populares cuando gobernaron y ha advertido de que la derecha plantea volver a esa senda. Con ello, ha trasladado la visita del mandatario argentino al terreno de la campaña española presentando el 29N como una elección entre proteger las políticas sociales o abrir la puerta a nuevos ajustes.

Óscar Puente ha sido más explícito en su intervención. El ministro ha contrapuesto los datos económicos y sociales de Argentina con los de España, que ha presentado como "el país que más crece de la Unión Europea y del mundo desarrollado", al tiempo que ha cargado contra la motosierra: "No crea ni construye nada, solo siega y corta". Además, también ha acusado al PP y a Vox de querer debilitar las pensiones para avanzar hacia "el sueño neoliberal y neorreaccionario" y ha pedido a los votantes que no lo permitan.

La presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña del 29-N se enfría: en el PSOE son varios los cargos territoriales y parlamentarios que piden que no participe en los mítines, por temor a que las polémicas judiciales que le rodean acaben desplazando los mensajes electorales. La cautela contrasta con lo que dijo Pedro Sánchez en septiembre, cuando aún se esperaba que las generales fueran en 2027: que contaría con él "como he contado siempre en las campañas electorales". Aquel respaldo no se ha traducido, por ahora, en una invitación concreta para el 29-N: Ferraz asegura que no hay ningún acto confirmado con el expresidente.

El silencio administrativo sobre Zapatero contrasta con el protagonismo que tuvo en las últimas campañas. En 2023 recorrió varios territorios y se convirtió en uno de los principales respaldos de Sánchez ante la militancia; también acompañó a María Jesús Montero en las recientes elecciones andaluzas, justo antes de que fuera imputado en la causa de Plus Ultra. Para el 29-N, sin embargo, su figura llega muy señalada. En el partido, varios cargos creen que su presencia puede desviar la atención de la campaña y asumen que, en estas circunstancias, no tendría mucho sentido contar con él.

"Él participa cuando sabe que puede aportar", apunta una voz de peso en el partido. "No deben sacarlo, yo creo que no hay necesidad", dice una dirigente territorial. Un parlamentario con responsabilidades en otra federación tampoco lo ve en actos abiertos: cree que podría tener sentido en un encuentro más centrado en la militancia, pero "la calle es otra cosa". La frase que más se repite, con matices, es "no hay necesidad de meterle en campaña".

La dirección no ha dicho con claridad que vaya a dejarlo fuera. María Jesús Montero, coordinadora de la estrategia electoral, ha expresado, de hecho lo "encantado" que estaría el PSOE de contar con él, aunque también recordando que está concentrado en su defensa. El ministro Félix Bolaños, preguntado este pasado viernes, remitió la respuesta al comité de campaña. El mensaje público mantiene la puerta abierta, pero las reservas de algunos cargos apuntan a que nadie ve con buenos ojos que el expresidente, ya imputado, participe en mítines de campaña.

El cambio de cálculo responde al momento judicial que atraviesa el expresidente. Zapatero está investigado en la causa sobre el rescate de Plus Ultra y en una pieza separada por las joyas intervenidas en su despacho, tasadas en más de 1,3 millones de euros. Él sostiene que se las regaló el rey de Arabia Saudí en 2007. Además, sus hijas están citadas a declarar como investigadas el 30 de noviembre, un día después de las elecciones. Para los cargos socialistas que prefieren mantenerlo fuera de los mítines, el riesgo es que su presencia obligue al PSOE a dedicar parte de la campaña a responder sobre esos asuntos, precisamente cuando quieren los mensajes que quiere instalar son sobre vivienda, pensiones y defensa de los servicios públicos.

Además, algunos dirigentes socialistas también consideran que el expresidente no está en un buen momento y tampoco él querría involucrarse en una campaña electoral. A la causa judicial se suma la reciente muerte de su padre, que varias fuentes mencionan como una circunstancia personal a tener en cuenta.

La agenda de estos días deja una señal: Zapatero no estuvo en el mitin de Sánchez en Ponferrada y tampoco figura entre los participantes de este lunes en Valladolid, junto a Óscar Puente y Carlos Martínez. La ausencia llama la atención en Castilla y León, donde sí participó en la campaña de 2023 con un mitin en Salamanca. El PSOE no ha anunciado, de momento, ningún acto en León, la provincia con la que se le vincula políticamente. En todo caso, su regreso a los mítines parece enfriarse por momentos.

La campaña del PSOE no se jugará solo en los mítines. También en el calendario. Entre la convocatoria electoral y el 29-N se sucederán varias fechas que encajan con los marcos que los socialistas quieren llevar a las urnas: la confrontación con Donald Trump y la ultraderecha, la memoria democrática y la 'ley de nietos', el feminismo y, sobre todo, la vivienda. Los hitos pueden dar aire a una campaña diseñada para movilizar a la izquierda y agitar una de sus principales banderas. Pero el discurso socialista llega erosionado por varias controversias: la dimisión de Montse Mínguez como portavoz del PSOE y su renuncia a concurrir por Lleida, tras salir a la luz los negocios inmobiliarios de su pareja; el bufete fundado por un diputado del PSOE que ha intervenido en ejecuciones hipotecarias para fondos buitre; y el caso de Muface, organismo dependiente del ministerio de Óscar López, que rechazó el recurso de un inquilino para seguir en una vivienda situada frente a la de Maricarmen Abascal.

El calendario no es casual. Cuando Pedro Sánchez pulsó el botón electoral sabía todas las efemérides que podría ir explotando de camino al 29 de noviembre. Una de las primeras llega este mismo martes, 20 de octubre, cuando Javier Milei aterrice en Madrid para una visita de dos días. El presidente argentino ha confirmado reuniones en España y ya se ha encontrado en viajes anteriores con Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, mientras mantiene un enfrentamiento público con Pedro Sánchez. Para el PSOE, su presencia ofrece una imagen útil para presentar a PP y Vox dentro de una misma corriente internacional y reforzar la advertencia de que un Gobierno de ambos partidos pondría en riesgo derechos y libertades. Esa "campaña del miedo" a la derecha y a la ultraderecha tendrá así un rostro reconocible y una dimensión exterior.

Precampaña con la 'internacional ultra'

El siguiente hito llegará el 3 de noviembre, con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. No se elige al presidente, pero se renueva el Congreso y el resultado puede debilitar o reforzar el poder de Trump. Sánchez lleva tiempo cultivando el contraste con el mandatario estadounidense: desde su rechazo a los aranceles hasta su negativa a elevar el gasto militar en los términos exigidos por Washington, el presidente se ha presentado como una de las voces europeas dispuestas a plantarle cara. En Ferraz ven en las elecciones de medio mandato una doble posibilidad: una derrota de Trump podría leerse como un revés para la ultraderecha internacional; una victoria, alimentar su movilización. En ambos casos, será una fecha que se explotará en la sala de máquinas de Ferraz.

Apenas dos días después, el 4 y el 5 de noviembre, Madrid acogerá la Cumbre Iberoamericana. La lista de asistentes aún no está cerrada, pero la cita puede ofrecer a Sánchez una imagen útil para su precampaña: la de un anfitrión progresista frente a una región donde han ganado peso los gobiernos de derechas. Entre quienes podrían asistir figuran José Antonio Kast, presidente de Chile; Nayib Bukele, de El Salvador; Santiago Peña, de Paraguay; Keiko Fujimori, de Perú; Daniel Noboa, de Ecuador; Javier Milei o Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.

La bandera de la vivienda se agita en noviembre

Aunque la polarización entre bloques y la advertencia sobre un eventual Gobierno de derechas serán ejes centrales de la campaña, la vivienda ocupa un lugar crucial: fue el detonante inmediato del adelanto electoral y es una bandera que toda la izquierda tratará de agitar. Sánchez convocó las elecciones después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda, en un clima de movilización que se había intensificado tras el desahucio de Maricarmen Abascal y las protestas y la acampada en la Puerta del Sol. La cuestión volverá al primer plano el 11 de noviembre, con la huelga general por la vivienda, y durante esos días, cuando podría votarse la convalidación de los decretos en la Diputación Permanente. Será una votación de fuerte carga política: el rechazo parlamentario a esos textos fue lo que precipitó la convocatoria electoral.

En Ferraz llevan desde el inicio de la precampaña asegurando que la vivienda será una de las principales banderas del PSOE. En las últimas semanas, dirigentes socialistas han buscado acercarse al Sindicato de Inquilinas y algunos han participado en protestas y en la acampada. Pero la polémica en torno a Montse Mínguez ha convertido esa apuesta en un problema político de primer orden: la portavoz de la Ejecutiva ha dimitido del cargo por "responsabilidad" aunque con la "conciencia tranquila" y ha renunciado a ir en las listas por Lleida, después de que trascendiera que su pareja está al frente de empresas que gestionan una treintena de viviendas en alquiler en esa provincia.

Mínguez ha defendido que se trata de una empresa familiar que cumple la ley catalana de vivienda y que opera en una zona tensionada; también calificó la información de ataque personal. No consta que ella gestione el negocio. Pero la consecuencia política es difícil de esquivar: el PSOE pierde a su portavoz y a una candidata en plena precampaña por una controversia ligada a la vivienda, justo cuando trata de hacer de esa materia su principal bandera electoral.

Esto llega, además, de la mano de otra controversia sobre Óscar López. El departamento que dirige, a través de Muface, desestimó el recurso de un inquilino que quería mantener el alquiler de una vivienda situada frente al antiguo piso de Maricarmen. López ha negado haber pedido, ordenado o firmado un desahucio y el Ministerio sostiene que la decisión se tomó aplicando el criterio de la Abogacía del Estado. La polémica ha reavivado la hemeroteca del ministro, que había calificado de "intolerable" el desahucio de Abascal y había defendido que no volviera a ocurrir.

El PSOE cerró filas con ambos. En el caso de Mínguez, antes de que dimitiera, Sánchez contrapuso la polémica al ático de Ayuso y emplazó al PP a apoyar los decretos de vivienda; Patxi López defendió su trayectoria y aseguró que nunca había votado a favor de los intereses de su pareja. Tras su renuncia, Ferraz expresó su respeto y le agradeció su dedicación y compromiso. Pero la dimisión no despeja el coste político: llega en plena precampaña y afecta a una de las banderas que el PSOE quiere situar en el centro de su campaña. Sumada a las demás polémicas en materia de vivienda, deja en el aire cuánto puede erosionar ese flanco electoral.

Feminismo y ley de nietos en campaña

Más allá de la vivienda, los últimos diez días de campaña coincidirán dos fechas con una fuerte carga simbólica para la izquierda, capaces de llevar la memoria histórica y los derechos de las mujeres al centro de la conversación electoral. El 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, volverá a poner en primer plano la dictadura y el exilio. Y ese recuerdo conectará con una controversia muy presente en estas elecciones: el Supremo mantiene suspendido para el 29-N el derecho al voto de hasta 163.020 personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. La norma abrió la puerta a que hijos y nietos de españoles exiliados obtuvieran la nacionalidad; ahora está en cuestión si parte de ellos podrá votar. La coincidencia enlaza así la herencia del exilio franquista con los derechos políticos de sus descendientes en la campaña actual.

El 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, llegará a solo cuatro días de las urnas. El PSOE lo presentará como una defensa de los derechos de las mujeres frente a un eventual Gobierno de coalición entre PP y Vox. El calendario ofrece, así, varias ocasiones para activar a su electorado. La dificultad será evitar que la vivienda, el eje que llevó a Sánchez a adelantar las elecciones, termine convertida también en el terreno donde más se noten sus contradicciones.