El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha ampliado las alegaciones que presentó este miércoles ante el Tribunal de Cuentas para reclamar una vez más su amnistía y, por tanto, absolución de la responsabilidad contable en la que habría podido incurrir por el 1-O y la acción exterior de Govern. Lo ha hecho para aportar al procedimiento el último auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que declaraba que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "no puede seguir apreciándose la afectación de los intereses financieros de la Unión por la sola hipótesis de una disminución de la contribución española derivada de la secesión".

La fiscalía defiende investigar la conducta del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dentro del "contexto operativo y decisorio" de la entrada masiva que se vivió en la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio, porque forma parte del "mismo engranaje".

La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá se ha abierto a que el caso Montoro pueda abandonar Tarragona y trasladarse a Madrid. Pero no ahora. Solo lo ve factible "cuando se practiquen las diligencias pendientes", que será "cuando podrá alcanzarse un criterio concluyente de dicha competencia", afirma en uno de los informes aportados a la causa y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El pasado 29 de mayo, tras varias jornadas en las que el juez del caso Montoro no escuchó más que renuncias a declarar por parte de los primeros citados en calidad de imputados, la representante legal de Messer Ibérica -- la empresa gasista cuyo registro dio origen a la causa por presunto tráfico de influencias desde el despacho fundado por el exministro del PP-- decidió hablar.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera, instructor del 'procés', ha rechazado la petición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que le aplique la ley de amnistía, sin esperar a que el Constitucional resuelva su recurso de amparo, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio. Al no prosperar dicha solicitud, el juez también rechaza alzar la orden nacional de detención contra él, que de momento seguirá en vigor.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ya no sabe cómo decir a la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez que debe aplicar la amnistía. En respuesta a la última petición de alegaciones que el pasado jueves remitió a los 35 demandados, la acusación que ejerce Societat Civil Catalana y la Fiscalía ante el órgano fiscalizador, le recuerda que "la sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple", y que el plazo previsto en la ley para aplicar la medida de gracia vence este miércoles, cuando se cumplen dos meses desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descartó que hacerlo afectara a los intereses de la Unión.