El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este jueves junto al president catalán,. Salvador Illa, para certificar que la convocatoria electoral no ha truncado los compromisos del Gobierno sobre Rodalies. “El 29 de noviembre no cambia nada, todo se mantiene igual”, ha asegurado el ministro que ha pedido a los usuarios del servicio de cercanías “no paciencia sino esperanza” porque, ha dicho, “esto va a mejorar”.

El ministro, que no había convocado una rueda de prensa con los medios catalanes desde la gran crisis de Rodalies de enero pasado, ha asegurado que entiende la “desesperación” de los viajeros cuando ven que un tren no pasa. Sin embargo, también se ha mostrado convencido que diferentes aspectos están mejorando paulatinamente y se ha comprometido a seguir “trabajando incansablemente” por la mejora.

Puente ha asegurado además que se pudo reunir de forma informal con las plataformas de usuarios que este miércoles le abordaron en la estación de Sants, a las que ha elogiado como una muestra de la sociedad civil activa. “Nos ponen las pilas y nos bajan al suelo”, ha asegurado el responsable de Transportes. Además ha valorado que estas mismas entidades reconocen el esfuerzo inversor récord que está haciendo el Gobierno.

“Entono el 'mea culpa' en que quizás no estamos explicando como deberíamos todo lo que estamos haciendo”, ha indicado el ministro, quien ha asegurado que Rodalies es un servicio “envuelto en un cambio total”. Tras ello, ha repasado las actuaciones de mantenimiento en la infraestructura y la mejora del personal que, según ha detallado, ha pasado de 1.329 a 2133 personas en total.

Más inconcretas son las fechas de los diferentes hitos que Rodalies espera desde hace años. La puesta en entrada en actividad de la nueva empresa de Rodalies, anunciada para el 1 de enero de 2026, ahora no tiene un horizonte temporal claro, porque la compañía “se está desplegando”. La llegada de los más de 110 trenes de Alstom, que debía haberse completado antes de acabar el presente año, ahora llegará “a partir del primer trimestre de 2027”.

Antes, en noviembre, debería cerrarse el traspaso de la titularidad del tramo de la R1 que será el primer tramo de vía de Rodalies en posesión la Generalitat. Un cambio de dueño que no cambiará nada en la práctica, ya que Adif seguirá siendo el gestor de la infraestructura.

El contrato-programa con Renfe, que garantiza la permanencia de la empresa del Ministerio en el servicio que presta la Generalitat, es lo que en estos momentos está más avanzado. Según ha anunciado Puente, el martes que viene pasará por el consejo de administración de la operadora, a la empresa de que reciba el aval del Consejo de Ministros.

Illa tiene mucho interés en acudir a la campaña electoral pudiendo lucir como victorias los compromisos adquiridos por el Gobierno, se hayan cumplido o no. Lo contrario certificaría que la convocatoria electoral de Pedro Sánchez deja en el limbo los grandes pilares de la legislatura catalana, algo que el president rechaza.

Por ello, una vez decaído el nuevo modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la visita de Puente deja una luz de esperanza a que las transferencias en materia ferroviarias no sean ya una pantalla pasada.

El PP mantiene desde siempre una relación tormentosa con la lengua catalana y Alberto Núñez Feijóo no va a dejar de lado esta cuestión en la campaña. Esta semana, el líder del PP presentó un “contrato con España” en el que incluía una alusión a garantizar que el castellano sea enseñado en todo el Estado. Una promesa que solo supone mantener lo que ya ocurre, pero que en anteriores ocasiones ha sido un pretexto para tratar de acabar con el modelo de inmersión lingüística.

El candidato del PP ha introducido de esta forma un tema espinoso en Catalunya, que ha suscitado la reacción del catalanismo y que va, incluso, en contra de los esfuerzos hechos por su propio partido para acercarse a los catalanoparlantes en los últimos años.

No está claro cuál es la propuesta que finalmente enarbolará Feijóo sobre el catalán. Garantizar la enseñanza del castellano es una frase que puede significar tanto no cambiar nada en las escuelas, como cambiarlo todo. Desde su llegada a Génova, de hecho, el líder gallego ha hablado de dos porcentajes muy diferentes: el 50%, en lo que en su día llamó “bilingüismo cordial”, y del 33%, dentro de la propuesta de escuela trilingüe para Galicia.

En las últimas elecciones generales, el PP optó en su programa por una promesa menos concreta y se limitó a garantizar el conocimiento del castellano y la lengua “cooficial” de cada comunidad. Una fórmula muy similar a la que volvió a utilizar el pasado lunes.

Pese a lo poco específico de la propuesta, los defensores del modelo que prima el catalán en la escuela para tratar de garantizar el aprendizaje que no se produce fuera de las aulas saltaron a la yugular de Feijóo.

“El catalán no se toca”, advirtió rápido el president de la Generalitat, Salvador Illa, que acusó a Feijóo de querer laminar el autogobierno catalán. El president volvió a la carga este martes, cuando reprochó al PP que hiciera “llamadas” para evitar la oficialidad del catalán en Europa. También desde ERC y Junts cargaron contra Feijóo y aseguraron que Catalunya no permitirá que Madrid le imponga un modelo lingüístico en la escuela.

Inconcreción de Feijóo; 155 de Álvarez de Toledo

Aunque Feijóo se mantiene en una zona inconcreta, su trayectoria y hasta su elección para las candidaturas da pistas sobre qué querría hacer con el catalán en la escuela. La actual diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que suena como número dos del líder por Madrid, llegó a romper la disciplina de voto de su formación en septiembre de 2022 para unirse a Vox en el Congreso y reclamar aplicar el artículo 155 en Catalunya para garantizar que el castellano fuera vehicular.

El propio Feijóo firmó en 2023 el manifiesto impulsado por la Asociación por una Escuela Bilingüe en el que se considera la inmersión una “imposición” negativa para el conjunto de los alumnos, pese a que las familias catalanas que reclaman abandonar la escuela en catalán son prácticamente anecdóticas. “La inmersión no funciona”, rezaba el texto suscrito por el candidato a la presidencia, “el papel de la escuela es enseñar, no salvaguardar una lengua”.

En aquella etapa el PP se movilizó como pocas veces para tratar de activar un movimiento social alrededor de la familia de Canet que consiguió que el TSJC impusiera un mínimo del 25% de asignaturas en castellano. Poco después, la eurodiputada Dolors Montserrat impulsó desde el comité de peticiones que presidía un informe que los partidos de la izquierda y verde boicotearon, pero que llevó a las derechas y extremas derechas de la Eurocámara a posicionarse en contra de la inmersión.

Los antecedentes son inequívocos. Sin embargo, una posición especialmente dura de Feijóo respecto al catalán chocaría ahora con el camino recorrido en los últimos años por el PP en Catalunya, que ha tratado de acercarse al conjunto de los conservadores, también los catalanoparlantes. Para ello el actual líder del partido, Alejandro Fernández, ha mantenido la postura clásica del PP contra la inmersión, si bien ha reconocido a la vez que el catalán está a la baja en uso social e, incluso, ha sacado pecho como defensor de la lengua.

Fernández y Albiol, puentes a los catalanoparlantes

En el pasado debate de política general, Fernández, castellanoparlante y estudiante con la inmersión lingüística, llegó a retar a Illa a someterse ambos un examen de catalán. “Siempre que el corrector no sea Gabriel Rufián”, añadió el líder del PP haciendo befa del diputado de ERC.

El propio Fernández llegó a distanciarse de otra de las ideas frecuentes en su partido, como es que el catalán y el valenciano son lenguas diferentes, cuando en realidad según el consenso filológico, son simplemente dos nombres para una misma lengua o, en todo caso, los nombres que reciben diferentes variantes del mismo idioma que se habla en la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears. “Hablamos en la misma lengua, con los matices dialectales que cada uno pueda tener”, aseguró el líder del PP catalán.

Más lejos ha ido Xavier García Albiol, candidato elegido por Feijóo por su capacidad de pescar en el electorado de la extrema derecha que mira a Vox y, a la vez, de caer simpático a electores del espectro catalanista. El alcalde de Badalona llegó a aprobar una resolución en la que se apoyaba el llamado Pacte Nacional per la Llengua, que impulsaba el Govern de la mano de ERC, aunque eso no implicaba la adhesión del municipio.

Albiol defendió que estaba de acuerdo con la mayoría del documento, aunque discrepaba en algunos puntos. Pero el partido corrigió rápidamente la posición de su principal alcalde, recordando que el PP consideraba que este documento profundizaba en “un modelo de imposición del catalán y de exclusión del castellano”.

La relación del PP con el catalán es así. Beligerantes con su uso desde Madrid y partidarios de la secesión lingüística en València, los líderes en Barcelona tratan de no ponérselo en contra. El equilibrio que Feijóo necesita no es fácil de encontrar y la campaña puede convertirse en su gran prueba. Incluso si, pasadas las elecciones, también tiene previsto hablar catalán en la intimidad como alguno de sus predecesores.

“No volveremos al servicio de nuestro partido, sino de nuestro país”. Con estas palabras celebró este martes Carles Puigdemont que, tras nueve años, su horizonte judicial ha comenzado a resolverse y sus planes para retornar a Catalunya como persona libre empieza a tomar cuerpo. Aunque el expresident ha evitado poner fecha a su vuelta, en su entorno dan por hecho que lo hará de manera “inminente pero segura”, sin confirmar si desea hacerlo coincidir con la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras la corrección del Constitucional al Supremo en su negativa a aplicar la amnistía, el juez Llarena ha retirado la orden de detención en España que desde 2017 impedía al expresident volver. Esto implica que, desde este martes, Puigdemont puede pisar Catalunya sin ser arrestado.

Puigdemont, horas después de conocer la decisión judicial, ha evitado públicamente poner fecha a su regreso. En una declaración institucional, ha remarcado que la prioridad en su vuelta será el “servicio al país”, al tiempo que ha admitido que los nueve años fuera de Catalunya han supuesto un lastre. “No podemos negar que pese al fracaso de la estrategia para extraditarnos, la represión ha tenido consecuencias en el terreno familiar, personal, social y político”, ha aseverado.

Para el retorno definitivo del expresident todavía faltan unos días o, quizás, semanas: Puigdemont prefiere esperar, como mínimo, a que el juez Llarena certifique en un nuevo auto que le aplica la amnistía. No hay un plazo tasado, pero la resolución se producirá una vez el expresident u otro exconseller aporte al Supremo la sentencia del Constitucional sobre la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa, que sienta doctrina para amnistiar al resto de dirigentes.

Antes de rubricar oficialmente esta primera sentencia sobre la amnistía que servirá a Puigdemont y al resto de dirigentes, el Constitucional tiene que recabar los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía a Bassa. Cuando se completen, el Supremo amnistiará a todos los políticos que desde 2024 esperan el olvido penal del procés.

Por eso, en el entorno del expresident se impone la cautela, más aún después de casi diez años de batalla judicial con el Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha advertido de que el líder de Junts volverá a Catalunya “una vez esté aplicada de forma integral la amnistía”, pero que no se precipitará.

Esta es la “seguridad” que el equipo del expresident desea para activar el retorno. Pero no menos importante es la dimensión política de un retorno simbólico y largamente esperado por muchos catalanes. Puigdemont desea dar un sentido institucional y “de país” a su regreso, por lo que medita sobre si conviene hacerlo antes o después de las elecciones del 29N. Según opinó el propio Boye en los micrófonos de 3CatInfo, “lo más sensato” sería que Puigdemont esperara a que pasaran los comicios.

Los fieles del expresident, que este martes tras la decisión del juez Llarena brindaron con cava tanto en Barcelona como en Bruselas, han imaginado durante nueve años cómo sería el día que Puigdemont y sus compañeros en Waterloo pudieran volver a Catalunya. Tal como detalló él mismo, su intención es recorrer Catalunya, observar de cerca los cambios sufridos durante su ausencia y poder pulsar el estado de ánimo de la población.

“En términos de la relación Catalunya-España no se soluciona hoy nada”, ha proclamado Puigdemont. “La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico, pero no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley, el enorme significado que tiene como desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que éste no era el camino”, ha añadido.

El líder de Junts desea que su vuelta sea una victoria política, “del exilio contra la represión”, y hacerlo en clave del independentismo en su conjunto y no solo de su propio partido. Esa ha sido una de las claves del mensaje pronunciado desde Bruselas, que encaja con el interés que en los últimos meses ha mostrado por recobrar en lo posible su halo institucional desde Waterloo.

Por eso en las filas del expresident descartan de plano la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato, tal y como se había llegado a especular. Consideran que eso sería tanto como “españolizar” el retorno, es decir, ponerlo al servicio de una agenda con epicentro español y no catalán. Una vuelta que desean que sea un evento histórico propio, es decir, que ni esté eclipsada por las elecciones convocadas por Pedro Sánchez ni tampoco responda a un calendario convenido por los tribunales.

Junts, necesitado del impulso de Puigdemont

El deseo del expresident de mantener, al menos durante los primeros compases de su vuelta a Catalunya, un perfil de corte más institucional que partidista no impide que, en Junts, esperen el regreso como un revulsivo para el partido. La formación fundada por el propio Puigdemont sobre los rescoldos de Convergència atraviesa ahora el momento más apurado de su historia, con unas encuestas alarmantes que subrayan la fuga de sus votantes hacia la xenófoba Aliança Catalana.

Numerosos dirigentes de Junts ven en el regreso de su líder un punto de inflexión –quizás el último– para que el partido pueda volver a conectar con la pulsión de su electorado. También para que la independencia vuelva a ser considerada un objetivo posible y no un debate del pasado. De eso depende en buena medida, creen, la batalla entre Junts y Aliança y el futuro de ambas formaciones.

Alberto Núñez Feijóo ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la precampaña de su partido en Catalunya, donde el PP aspira a crecer pese a la dura competencia de Vox. Los de Feijóo creen que el candidato, Xavier García Albiol, es un talismán que les permitirá marcar un perfil duro que evite fugas de voto hacia la extrema derecha y, además, conseguir atraer a electores indecisos de otras ideologías, como ya consiguió en la ciudad donde es alcalde, Badalona.

“Te encargo que lideres la ley antiokupación en España. Que seas el ponente de la ley, la vamos a aprobar contigo”, le ha pedido Feijóo a su candidato en Barcelona, de quien ha dicho que es un “político peatonal” porque conoce como ningún otro los problemas de la gente.

El líder del PP ha asegurado que el 29 de noviembre el país “se juega entre Albiol y Colau”, dos alcaldes de ciudades metropolitanas que, según ha dicho, suponen dos modelos contrapuestos. Feijóo ha prometido que él formara un “Gobierno decente” y donde no sea posible la corrupción que, según ha dicho, ha caracterizado la presidencia de Sánchez. “¿Os imagináis seguir así hasta 2030?”, se ha preguntado.

“Necesitamos que todos los votos del centro-derecha vayan al PP”, ha asegurado Feijóo, que ha recordado que en las últimas elecciones los dos escaños catalanes que se quedaron a las puertas de conseguir podrían haber sido definitivos.

“Ya no cuela este Gobierno”, ha proclamado Feijoo, que ha afeado que la estrategia del PSOE sea “apelar al miedo”. “Otra vez con el miedo, vuelven al dóberman de hace 30 años, que viene el PP”, ha dicho, para rematar: “Pues sí, que tengan cuidado los ocupas, los jetas y el clan de Sánchez, que viene el PP”.

Tras un inicio de campaña marcado por los errores al haber entrado en temas espinosos como las pensiones, Feijóo ha preferido este sábado caminar por terreno seguro. Así, se ha referido a las pensiones, sanidad y educación públicas solo para ponerlos en contraste con símbolos de algunos de los escándalos de esta legislatura, como las “joyas en cajas fuertes” o las “chistorras”, el supuesto nombre con el que Koldo García denominaba los billetes de 500 euros.

En un acto que ha reunido a la plana mayor del PP catalán, Feijóo ha hecho referencia a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE y candidata retirada por Lleida. “Cómo de mal lo deben de ver para que dimita una de las pocas que no está imputada”, ha ironizado Feijóo.

“Ya está bien de los que dicen una cosa y hacen la contraria. Ya está bien de tanta hipocresía. Prometen solucionar el problema de la vivienda cuando son ellos quienes la han creado”, ha insistido, pasando por alto que problemas como los desahucios estuvieron en cifras máximas durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez ha tapado “las mentiras de Ceuta con más mentiras sobre la vivienda”, ha indicado Feijóo, que ha abonado los rumores sobre un supuesto hallazgo de material comprometedor del presidente del Gobierno por parte del espionaje marroquí. “¿Qué cloaca esconde el móvil de Sánchez para tanta sumisión a Marruecos? ¿Qué tienen los servicios de inteligencia marroquíes? ¿Por qué la prensa marroquí pide el voto para Sánchez?”, se ha preguntado.

“El 29 de noviembre decidimos entre sumisión o firmeza, defender España o venderla”, ha zanjado el jefe de la oposición, que has asegurado que su receta es reforzar a las fuerzas de seguridad y endurecer la frontera “para que no sea un coladero”.

En su turno, Xavier García Albiol ha agradecido el encargo de su partido para encabezar la lista al Congreso. “Estaremos a la altura política del momento, porque somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en estos momentos por lo que hay en juego. Tengo mucha ilusión por este proyecto”, ha dicho Albiol.

“Soy el alcalde de la tercera o cuarta ciudad de Catalunya, tenemos mayoría absoluta. Soy feliz, tengo mucho trabajo. Si yo doy este paso no es para calentar ninguna silla, es para poner voz a los problemas reales que tienen los vecinos de Barcelona y de Catalunya”, ha asegurado el candidato, que ha se ha mostrado convencido de que el PP es capaz de mejorar resultados electorales allá donde gobierna, tal y como hizo él en Badalona o Feijóo en Galicia.

Si la izquierda catalana fuera una comedia de Hollywood, ERC y Comuns serían dos vecinos mal avenidos que se pasan la vida fastidiándose de formas cada vez más retorcidas. El punto álgido llegaría cuando ambos se dieran cuenta de que están sufriendo por igual sus jugarretas mutuas. Escena que daría paso al final feliz, en el que los eternos enemigos entienden que están condenados a convivir, que en el fondo son muy parecidos y que la amistad está por encima de las rencillas. The End.

Pero esto no es cine sino política, así que lo más probable es que ERC y Comuns continúen con su guerra para siempre. O, quizás, hasta que uno de ellos se haga daño de verdad en una de sus zancadillas.

Las escaramuzas de estas semanas preelectorales entre Gabriel Rufián y Ada Colau han seguido la línea habitual, pero han estado en boca de todos porque parecían más dramáticas que de costumbre. De ellas dependía, en parte, la unidad de las izquierdas en el conjunto del Estado. Y eso que ambos, Rufián y Colau, habían querido presentarse a sí mismos como paladines de la armonía entre progresistas.

Pero no es un gesto nada amistoso tentar al candidato de ERC para que deje su formación y se vaya contigo, como hizo la exalcaldesa de Barcelona ya con las elecciones convocadas. Como tampoco está exento de hostilidad cerrar con Podemos un acuerdo electoral en Barcelona que, en la práctica, dificultaba y daba pretextos a Irene Montero para acabar presentándose sola en Madrid, como hizo ERC.

La herida de Barcelona y el revés de la reforma laboral

Hagamos memoria. El fin de los gobiernos tripartitos en la Generalitat dejó en crisis a sus tres integrantes, PSC, ERC e ICV (luego Comuns). Sin embargo, los republicanos tomaron el tren del procés para recuperarse y, cuando la ola independentista era más alta, consiguieron llegar a disputar la hegemonía a Convergència (luego Junts). Durante todo aquel periodo, ERC y Comuns no parecieron acordarse mucho los unos de los otros.

Fue en mayo de 2019 cuando la relación saltó por los aires. El candidato republicano Ernest Maragall ganó las elecciones municipales de Barcelona solo unos 5.000 votos por delante de Ada Colau, que ya sumaba cuatro años en la alcaldía. Los Comuns solo podían mantener la vara municipal si contaban con los apoyos de Ciudadanos, que deseaban evitar un alcalde independentista.

Tras los recelos iniciales, Colau aceptó esa inesperada suma para pasar por delante de Maragall y revalidar la alcaldía hasta 2023. Una decisión que abrió una de las heridas que más cicatriz han dejado en la relación de ambos partidos de la izquierda catalana. Aunque ni mucho menos la única.

El voto contrario de ERC a la reforma laboral de 2022, el gran proyecto de Yolanda Díaz en la pasada legislatura, se consideró en la formación de Colau una declaración de guerra de los independentistas hacia el espacio de la izquierda alternativa. Aquel desencuentro fue sonado y contribuyó a perpetuar el clima de desconfianza.

Los Comuns tienen más reproches hacia ERC. No gustó que Elisenda Alamany, que había llegado a ser mano derecha de Xavier Domènech en el Parlament, se acercara paulatinamente a los republicanos, hasta convertirse en la secretaria general del partido, cargo que ostenta ahora.

Como tampoco hizo gracia que, en octubre del 2022, el entonces president Pere Aragonès fichara como consellera de Justicia a Gemma Ubasart, exsecretaria general de Podem y que se consideraba próxima al espacio de Colau.

La revancha llegó un año y medio después, cuando los Comuns votaron en contra de los presupuestos de Aragonès y precipitaron las elecciones anticipadas. Unos comicios de los que ambos partidos salieron muy castigados, en beneficio del PSC.

La posibilidad de entenderse ha vuelto a salir a la palestra después de todo eso, sobre todo gracias a la propuesta de unidad de Rufián. “Fui a la cárcel por Catalunya, no para que Colau sea diputada de ERC”, zanjó en marzo pasado Junqueras. Una respuesta tan dura que dinamitó cualquier posible puente antes de que se comenzase a construir.

De Companys y Comorera a Rufián y Colau

Como en todas las enemistades persistentes, es difícil rastrear el origen. Los antecedentes históricos más antiguos nos retrotraen a la Guerra Civil, cuando Esquerra estaba dirigida por Lluís Companys y, el PSUC, por Joan Comorera.

Estos dos líderes formaron varios gobiernos catalanes juntos durante la República e hicieron que sus respectivas formaciones se entendieran lo suficiente como para compartir lista electoral en 1936, junto a más izquierdas, el Front d’Esquerres de Catalunya. Tanto Companys como Comorera acabarían condenados y muertos a manos del franquismo.

Tras cuatro décadas de exilio y represión en España, PSUC y ERC reaparecen en la Assemblea de Catalunya de 1976 como amigos y aliados, aunque pronto emprenden caminos diferentes. ERC, más cercana a las tesis nacionalistas, acabaría apoyando a Jordi Pujol en la Generalitat. El PSUC, más alineado a la izquierda, integraría gobiernos municipales con el PSC.

El tripartit de Pasqual Maragall rompió esos bloques y ERC e ICV gobernaron juntos, de la mano de los socialistas, aunque no precisamente en paz.

Los antecedentes históricos son eso, historia. Pero sirven para subrayar que ERC y Comuns son dos partidos que, pese a su cercanía en muchas cosas, llevan casi un siglo ocupando espacios políticos diferentes. Uno independentista, de tradición republicana y que aspira a ser una alternativa al PSC dentro de Catalunya; el otro federalista, de raíz socialista y que se ve en España como uno de los actores a la izquierda del PSOE.

Todos los demonios invocados al calor de años de fricciones entre Calàbria y Marina –sede de ERC y Comuns, respectivamente– han reaparecido ahora, ante unas elecciones donde la izquierda se lo juega todo y no puede desperdiciar ni un voto.

La izquierda catalana vive con cierto trauma el factor distintivo de su desunión histórica. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, ha constatado en infinidad de ocasiones que republicanos y poscomunistas son identidades políticas difíciles de maridar. Nunca fue fácil colaborar en el pasado y ha resultado imposible cuando el intercambio de balas entre los vecinos ha vuelto a arreciar.