Todo ha cambiado en la esfera política andaluza tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, que alumbraron el primer Gobierno de coalición PP-Vox.

Hace justo un año, en octubre de 2025, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, reapareció por Andalucía, convocó a los medios frente a la fachada del Parlamento, y pidió la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

El dirigente ultra anunció que su formación acudiría a la Fiscalía, como hicieron las formaciones de izquierdas, para que “se sepa qué es lo que ha fallado y quiénes son los responsables y se asuman no solo las consecuencias políticas, sino las consecuencias judiciales que se deriven”.

Su partido decidió, entonces, no votar en contra de la solicitud que registró el PSOE para crear una comisión de investigación sobre “los fallos” en el sistema de detección precoz de cáncer, que afectó a más de 2.000 mujeres con diagnósticos tardíos. De hecho, Vox presentó su propia solicitud de comisión de investigación.

Este jueves, cuando se cumple un año de la mayor crisis política que ha sacudido al Gobierno de Moreno, el Parlamento ha vuelto a debatir y a votar la misma iniciativa, registrada por los tres grupos de izquierdas (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía), pero Vox ha cambiado de registro y sus diputados, que tienen la llave de la gobernabilidad esta legislatura, han tumbado la propuesta. La misma, palabra por palabra.

Hace un año, la iniciativa decayó por la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno. Ahora decae porque Moreno cogobierna con la ultraderecha, y los de Abascal consideran que no es necesario que el Parlamento investigue qué ocurrió con el fallo de los cribados de cáncer -reconocido por la propia Junta- porque “ya se sabe todo lo necesario”. PP y Vox firmaron un acuerdo político tras las elecciones andaluzas, conformaron un gobierno conjunto y, en estos cinco meses, caminan de la mano sin sobresaltos ni estridencias.

De la advertencia de Abascal al perfil bajo

Abascal llevaba meses fuera del mapa andaluz cuando decidió regresar, alertado por el descomunal ruido que provocó el escándalo de los cribados de cáncer. En pocos días, el Gobierno de Moreno pasó de negar el problema a aceptarlo, de minimizar el impacto de los fallos en la detección precoz, a cifrar en “miles” las afectadas. Miles de mujeres se manifestaron a las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla, a pocos metros del despacho del presidente andaluz, gritando “¡Bonilla dimisión!”.

Moreno tuvo que pedir disculpas públicas, destituyó a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y dejó caer a todo su equipo. “Esto no se resuelve mirando para otro lado ni haciendo que dimita un consejero para luego recolocarlo en otro sitio, como han hecho con los anteriores consejeros de sanidad que también deben dimitir”, advirtió Abascal en su comparecencia, en referencia al primer titular de Salud de Moreno y expresidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y a su sucesora en la cartera, también exconsejera, Catalina García.

En ese momento, Vox presionaba al barón popular para que convocase las elecciones andaluzas y aspiraba con arrebatar la mayoría absoluta a Moreno, y condicionar su Ejecutivo desde dentro, como así ha sido.

El anticipo de las elecciones generales, el próximo 29 de noviembre, ha contribuido, además, a que Moreno y su vicepresidente de la Junta, el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, conminen a los suyos a tener un perfil bajo, tanto en la acción de gobierno como en la comunicación a los medios, para evitar que Andalucía se contagie de la hipertensión política que ha provocado el movimiento social en favor de la vivienda, las acampadas, las movilizaciones, que están agitando al electorado progresista.

Ninguna de las medidas que contiene el pacto PP-Vox, desde la “prioridad nacional” que promete restringir las ayudas públicas a los inmigrantes en favor de los españoles, hasta la supresión de subvenciones a sindicatos y ONG y la derogación de “leyes ideológicas”, como la Ley de Memoria Histórica, se ha asomado aún por el Parlamento, y menos por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El acuerdo político contiene un calendario de cumplimiento y algunos de los compromisos suscritos por Moreno con la ultraderecha deben entrar en vigor antes de que finalice este año, pero no necesariamente antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Nueva petición de comisión de investigación

En este contexto, los grupos de izquierdas se han puesto de acuerdo para reactivar la solicitud de una comisión de investigación parlamentaria sobre la crisis de los cribados de cáncer, sabiendo de antemano que los socios de Gobierno la vetarían, pero con el objetivo indisimulado de retratar a Vox. “Usted ha pasado de águila imperial a gallina turuleta”, le espetó el diputado Mario Jiménez al líder regional de la ultraderecha, flamante vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Los socialistas casi dejaron de lado el debate de fondo sobre los fallos en los cribados de cáncer, centrando toda su capacidad de fuego en desnudar las contradicciones de Vox desde que forma parate del Consejo de Gobierno andaluz. “¿Recuerda a Abascal, en la puerta de este Parlamento, llamando al presidente Juanma Moruno y exigiéndole su dimisión por los cribados? ¿Qué ha pasado? Usted es un estómago agradecido, le sienta bien el sillón”, le ha dicho a Gavira la portavoz adjunta del PSOE, María Márquez.

El segundo debate parlamentario sobre la posible comisión de investigación de la crisis de los cribados tiene lugar a menos de mes y medio para las generales, con PP y Vox coordinados en precampaña para no dañar su interés común, a saber: echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y gobernar juntos España.

La semana pasada, Ángela Claverol, la presidenta de Amama, organización que destapó el escándalo de los cribados de cáncer de mama, fue acompañada al registro del Parlamento por los tres líderes de la izquierda, María Jesús Montero (PSOE), José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Antonio Maíllo (Por Andalucía) para registrar la solicitud de la comisión de investigación.

“¿Qué ha pasado en un año? La paguita, la poltrona, la mariscada”

Antes de que se sustanciase el debate, Montero y García sacaron el asunto en la sesión de control al presidente. El líder de la formación soberanista ha preferido interperlar directamente a Gavira, sentado junto al escaño de Moreno, para afearle su cambio de voto. “¿Qué ha pasado en un año? Esto ha pasado: la paguita, la poltrona, la mariscada”, le ha dicho, haciendo el gesto del dinero con los dedos.

Moreno ha aprovechado las preguntas sobre la crisis de los cribados para anunciar las macrocifras de los Presupuestos andaluces para 2027, que aprobará el Consejo de Gobierno la semana que viene. Las cuentas ascienden a 54.716 millones de euros -cifra récord-, un 6% más que en el presente ejercicio, con casi 17.000 millones para la Consejería de Sanidad. “El Gobierno que más ha hecho por sostener la sanidad pública en Andalucía es del PP”, ha sentenciado el dirigente popular.

El debate ha tenido lugar en ausencia del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que ha dejado el escaño vacío mientras los portavoces de las izquierdas le interpelaban. Quien ha defendido la comisión de investigación por parte del PSOE ha sido la diputada Ángeles Férriz, que ha dejado en la tribuna al menos una decena de preguntas sin responder por la Junta: “¿De dónde sale el informe médico que dice que las afectadas son unas 2.000 mujeres? No lo sabemos. No sabemos nada porque no se han dado explicaciones”, ha asegurado. La parlamentaria ha citado, textualmente, las palabras de los diputados de Vox hace un año.

La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, también ha lanzado muchísimas preguntas: “¿Quién está haciendo las mamografías externas? ¿En qué servicios se están contratando profesionales? ¿Y por qué? ¿Dónde faltaban?”, ha inquirido. Gómez ha denunciado que la Junta está convirtiendo la sanidad pública en un sistema asistencialista. “El que puede se lo paga, y el que no se lo traga”, dice.

Javier Montes, el diputado de Adelante Andalucía, ha usado su lenguaje sanitario -es enfermero de profesión- para condenar la falta de previsión de la Consejería de Salud. “¿Por qué no les avisaron con tiempo de que tenían un diagnóstico sospechoso de cáncer de mama? ¿Fue informada la anterior consejera del ramo, Catalina García? ¿Han investigado a los anteriores consejeros? ¿Cuántas afectadas son: las que dice el SAS o las que dice Amama? ¿Cuántas han fallecido por el retraso en el diagnóstico de cáncer de mama? ¿Van a compensar a las mujeres que hoy sufren un cáncer y piden una compensación patrimonial en los tribunales?”, ha preguntado.

En su turno, el diputado de Vox Rafael Segovia ha respondido a todos sus predecesores: “Agradezco que hayan recordado que nosotros, antes de formar parte del Gobierno andaluz, registramos una solicitud para crear una comisión de investigación y luego votamos a favor de la propuesta de los partidos de izquierdas”, ha dicho. Luego se ha excusado por “no pedir la dimisión del señor Moreno después de ganar las elecciones andaluzas, aunque sí lo pedimos antes”.

Segovia ha admitido que el resultado de las andaluzas “no exime de la obligación de esclarecer los hechos”, pero sí ha cambiado “la posición institucional de Vox”. “Ahora como parte del gobierno podemos solucionar la situación, en la oposición se denuncia, en el gobierno se soluciona”, ha advertido.

El parlamentario ultra se ha referido a la “auditoría interna de todos los hospitales del SAS, servicio por servicio”, un punto recogido en el acuerdo PP-Vox, que servirá, según ha dicho, para aclarar qué ocurrió en la crisis de los cribados de cáncer de mama. “El objetivo es acelerar todos los diagnósticos del SAS, no sólo los cribados. Votar a favor de esta comisión de investigación sería dinamitar el acuerdo de Gobierno”, que obliga a PP y Vox votar conjuntamente en todas las iniciativas parlamentarias que comprometa su alianza, incluidas las comisiones de investigación. “Ustedes ya sabían que esto no podíamos apoyarlo, ¿qué sentido tenía traerlo aqui?”, ha zanjado.

Beatriz Jurado, diputada del PP andaluz, ha afeado a la izquierda que intenten “instrumentalizar” la sanidad pública. “Hace un año hubo responsabilidades políticas y dimisiones, se investigó y se dio respuesta a las afectadas. Su relato es falso”, ha concluido.

El pacto de PP y Vox para aprobar una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía que blinde su mayoría en el órgano de control de las cuentas públicas del Gobierno de Juanma Moreno ha desatado una virulenta reacción de todos los partidos de izquierdas en la oposición, que no han ahorrado calificativos para describir lo “gravísimo” del asunto.

“Es antidemocrático”; “Es un atraco a mano armada a la pluralidad política”; “Es un proceso deconstituyente de la autonomía andaluza”; “Es un tema de causa mayor que socava la defensa de la democracia, el blindaje de nuestras instuciones y el autogobierno andaluz”. Por separado, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han coqueteado este miércoles con acudir al Tribunal Constitucional en caso de que la polémica reforma prospere, algo previsible, dada la holgada mayoría de tres quintos que tienen PP y Vox en el Parlamento.

Los socialistas y Adelante Andalucía han elevado sendos escritos a la Mesa del Parlamento y a la propia presidencia de la Cámara de Cuentas, ambas contraladas hoy por los populares, con el objetivo indisimulado de recabar argumentos por escrito para armar un recurso de inconstitucionalidad por “vulneración del derecho fundamental de representación política” de los grupos. Ambos reclaman un informe a los servicios jurídicos del Parlamento que justifique la celeridad de una reforma “ad hoc” de la ley que, de aplicarse, cambiaría la composición del órgano de control externo de la Junta, cediendo la mayoría al bloque progresista.

El escrito del PSOE, de 18 páginas, recoge jurisprudencia del Tribunal de Garantías y es prácticamente un simulacro de recurso de inconstitucional que busca, al menos, evitar que el Parlamento tramite de urgencia la reforma propuesta por PP y Vox. Los tres grupos de izquierdas denuncian, al unísono, que tanto el fondo del cambio en la ley como el procedimiento acelerado para tramitarlo buscan “suprimir la garantía legal de representación de los grupos parlamentarios”.

Un órgano estatutario que supervisa al Ejecutivo de Moreno

El asunto, adelantado por este periódico, ha provocado una bronca este miércoles en la Junta de Portavoces, donde los grupos de izquierdas han exigido a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, explicaciones de por qué esta modificación apresurada de una ley con 38 años de vida se tramita por la vía de urgencia y, por primera vez, fuera del Pleno de la Cámara.

“No estamos ante una reforma institucional neutral, sino ante una modificación normativa cuya oportunidad temporal y cuyos efectos permiten apreciar un riesgo fundado de utilización instrumental de la potestad legislativa. Pretenden cambiar las reglas del juego cuando pueden impedir su mayoría”, reza el escrito que el PSOE ha elevado a la Mesa. Mestre ha alegado que cuenta con el beneplácito del letrado mayor y ha asegurado que se admitió el trámite abreviado porque los grupos proponentes así lo habían pedido.

PP y Vox no han ocultado que la supresión de un párrafo de un solo artículo de la citada ley -así como la solicitud para tramitarla de urgencia- tiene por objeto evitar que la oposición de izquierdas les arrebate el control del órgano de extracción parlamentaria, encargado de supervisar en qué y cómo se gasta el dinero el Ejecutivo de Moreno. “Me sorprende que les sorprenda que un gobierno con mayoría quiera mantener esa mayoría. Es de sentido común”, ha admitido la diputada de Vox Paula Badanelli.

El portavoz popular en la Cámara y firmante de la iniciativa, Toni Martín, ha sido mucho más explícito: “Se ha modificado una línea de la ley, porque se podría dar la circunstancia de que una carambola legislativa pudiera propiciar que grupos que juntos suman una minoría en el Parlamento dirijan la Cámara de Cuentas. Y eso de democracia tiene cero”, ha subrayado, tras admitir que la vía elegida para acelerar esta reforma legal “no se había hecho nunca”. “Pues ésta va a ser la primera”, sentencia.

El planteamiento de los grupos de izquierdas es justo el contrario: defienden que “el espíritu” de ese artículo de la ley que PP y Vox quieren cercenar -vigente durante 13 legislaturas- es garantizar que la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, a propuesta de los partidos, esté desacompasada con la composición del Parlamento surgida de las urnas. Es decir, que la renovación de las dos instituciones tuvieran “ritmos distintos”, permitiendo “mayorías diferentes” en el Gobierno y en el órgano que debe controlar al Gobierno.

En su escrito a la Mesa, el PSOE pone especial énfasis en atacar la decisión de PP y Vox de tramitar la reforma legal por la vía de urgencia porque, “restringe el derecho de enmienda” de los diputados contrarios a la proposición de ley. Y para argumentarlo, echan manos, precisamente, de una sentencia del Constitucional que admitió un recurso del PP andaluz que vio vulnerados los derechos de representación de una de sus diputadas (la hoy consejera de Cultura, Patricia del Pozo) al ser excluída en la composición de la Mesa del Parlamento andaluz.

El Tribunal de Garantías resolvió aquel litigio defendiendo “una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o, atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación”.

Recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías

Quien ha ido más allá de los amagos con acudir a los tribunales ha sido Adelante Andalucía, el principal damnificado de la reforma exprés de la Ley, que les dejaría sin representación en la Cámara de Cuentas. Su líder, José Ignacio García, ha anunciado una batería de medidas, unas preventivas para intentar que la reforma legal no cristalice, y otras donde asumen que tienen perdido el pulso, y se verán abocados a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente sale aprobado el nuevo texto.

Antes de acudir al Tribunal de Garantías, García ha amenazado a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, al letrado mayor, Manuel Carrasco, y al presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, con adjuntar en su recurso de inconstitucionalidad “cualquier papel” que firmen en los próximos días y semanas para acelerar o avalar la entrada en vigor de la reforma legal del órgano de extracción parlamentaria que, dicen, “vulnera su derecho de representación política”, blindado en la Constitución Española.

La proposición de ley de PP y Vox incluye la solicitud de una tramitación acelerada sin precedentes, apelando al artículo 134 del reglamento de la Cámara, que nunca se ha usado hasta ahora: primero, para acotar los plazos previstos a la mitad, metiendo la iniciativa por la vía de urgencia y, segundo: que se debata y apruebe en comisión parlamentaria, sin necesidad de pasar por el Pleno. Si se cumplen estos plazos, en menos de dos meses podría entrar en vigor.

Martín ha respondido a las críticas de la izquierda recordando que esta fórmula para acelerar los plazos también la ha usado el PSOE en el Congreso. Los socialistas alegan que el artículo 134 del reglamento no puede aplicarse en este caso, porque la Cámara de Cuentas es un organismo blindado en el Estatuto de Autonomía, y modificarlo exigiría una mayoría cualificada en Pleno.

Los socios de Gobierno no ocultan, ni en el texto de su propuesta, que la modificación de un párrafo de la Ley de la Cámara de Cuentas tiene que “hacerse con celeridad”, para aprobarse antes de febrero de 2027, cuando está prevista la renovación de cuatro de los siete miembros del órgano fiscalizador. Tres de ellos son del PP y, en virtud del artículo de la ley que pretenden eliminar, uno tendría que renunciar a su puesto para dar entrada al consejero propuesto por Adelante Andalucía.

El segundo párrafo del artículo 24.1 de la ley establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”. El resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo otorgaron a Adelante Andalucía grupo propio -al pasar de dos a ocho diputados- y, por tanto, le corresponde legalmente un puesto en la Cámara de Cuentas. Actualmente el reparto es éste: tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”.

En aplicación de esta regla, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros y, en consecuencia, el bloque progresista pasaría a tener mayoría absoluta en un órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza el uso del dinero público del Gobierno de Moreno. “Pretenden cambiar las reglas del juego por oportunidad política”, dice el escrito elevado a la Mesa por el PSOE, “no porque hayan demostrado ser inadecuadas para el funcionamiento de la institución, sino porque su cumplimiento puede alterar el reparto de representación que actualmente favorece al PP. Una garantía legal de pluralismo institucional, vigente desde 1996, se pretende suprimir de manera precipitada precisamente cuando puede producir efectos que no convienen a la mayoría parlamentaria.

Una carrera para aprobar o paralizar la reforma antes de dos meses

Adelante Andalucía ha maniobrado este miércoles para torpedear esa tramitación urgente de la ley, solicitando formalmente a la Mesa del Parlamento y a la própia Cámara de Cuentas que active la renovación prevista de los cuatro consejeros dos meses antes de que expire su mandato, en aplicación del artículo 22.C del reglamento del órgano fiscalizador.

Según ese punto, el presidente de dicha institución puede “comunicar” a la presidenta del Parlamento “con dos meses de antelación, la finalización de su mandato y el de los Consejeros, así como las vacantes que por otros motivos se produzcan, a los efectos de iniciar los procesos de designación correspondientes”.

Adelante Andalucía inicia así una carrera contrareloj contra el PP y Vox. Los conservadores quieren acelerar la entrada en vigor de la reforma legal, y el partido soberanista quiere adelantar dos meses el relevo de los miembros de la Cámara de Cuentas, para tratar de meter a su consejero antes de que la modificación legal 'ad hoc' les cierre la puerta en las narices. En ese sentido, García ha pedido un informe al letrado mayor sobre la justificación de tramitar esta reforma por la vía de urgencia y hacerlo en comisión, en vez del Pleno.

El partido fundado por Teresa Rodríguez pretende recabar documentación por escrito sobre este asunto, tanto del letrado mayor como del presidente de la Cámara de Cuentas, para adjuntarlo al recurso que presentarán ante el Constitucional cuando finalmente se apruebe la reforma de la ley, privándoles de representación en dicho órgano.

Este miércoles han registrado sendos escritos solicitando, entre otras medidas para frenar la reforma, “que se remita a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios un informe detallado elaborado por el Letrado Mayor de la Cámara que exponga todo el procedimiento y plazos de renovación de los miembros de la Cámara de Cuentas conforme a la legislación vigente y la composición actual del Parlamento”.

El PSOE también ha abordado este asunto como una “causa mayor”. Ha solicitado una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara, tras validar la tramitación de urgencia de esta reforma legal, para debatir por qué se ha elegido ese procedimiento, pero Mestre lo ha rechazado. “¿Cuál es la urgencia de esta reforma y por qué se ha hurtado este debate al Parlamento y se delega en comisión?”, ha preguntado la diputada socialista, Ángeles Férriz, durante la Junta de Portavoces.

Los socialistas también han reclamado por escrito a la Mesa que, con carácter previo a la tramitación de la reforma legal, los Servicios Jurídicos de la Cámara elaboren un informe que determine, “de forma expresa y motivada, si la reforma de las reglas de designación de los consejeros de la Cámara de Cuentas constituye una materia estatutariamente delegable o si, por el contrario, su aprobación debe quedar reservada al Pleno del Parlamento conforme al artículo 108 del Estatuto de Autonomía”.

El escrito solicita que la propuesta de ley de PP y Vox se tramite por la vía ordinaria, garantizando así la sustitución de un consejero propuesto por los populares por otro elegido por Adelante Andalucía, de modo que la Cámara de Cuentas pasaría a estar controlada por el bloque progresista.

PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 1988, que dejará fuera a Adelante Andalucía del órgano de control externo de las cuentas públicas para preservar la mayoría absoluta del bloque conservador en esta institución.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, fulmina un solo párrafo de un solo artículo (el 24), que establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”.

Ese punto, que PP y Vox han acordado borrar de la ley, obligaba a reestructurar el reparto actual de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía elegidos por los partidos en función de su representación, para adaptarlo a la nueva composición del Parlamento, surgida de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo.

En la pasada legislatura, Adelante Andalucía solo contaba con dos diputados -formaba parte del Grupo Mixto- y, por tanto, no tenía consejero en el órgano de extracción parlamentaria, donde hay tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía. El 17M cuadruplicó los escaños de Adelante, pasando de dos a ocho, lo cual le ha permitido estrenar grupo propio y, con ello, tenía derecho a un consejero en el órgano de fiscalización externa.

La reforma pactada por PP y Vox, a espaldas del resto de formaciones de izquierdas, se carga ese derecho. Los socios del Ejecutivo de Moreno han acordado cercenar el artículo 24.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, eliminando el “segundo párrafo”, que abría la puerta al grupo soberanista fundado por Teresa Rodríguez, obligando al PP a cederle uno de sus tres asientos. Como consecuencia, el bloque conservador perdería la mayoría absoluta y el control de un órgano responsable de fiscalizar las cuentas del Gobierno andaluz.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero -a propuesta de un nuevo grupo parlamentario- “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”. En aplicación de este criterio, explican fuentes parlamentarias, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros.

“Es preciso hacerlo con celeridad”

La proposición de ley se registró el pasado 16 de octubre y, PP y Vox han solicitado tramitarla por el “procedimiento de urgencia” y que “desde su inicio se reduzcan a la mitad los plazos reglamentarios”, para que la reforma legal entre en vigor antes de que expire el plazo previsto para la renovación de cuatro de los siete consejeros actuales de la Cámara de Cuentas, en marzo de 2027.

“Es preciso hacerlo con celeridad, dado que cuatro de sus siete consejeros finalizan su mandato de seis años a comienzos de 2027, para evitar, como ha ocurrido ya en el pasado, que pudieran permanecer en funciones”, sostiene el texto. Tres de esos consejeros salientes están elegidos por el PP, de modo que el relevo previsto, junto a la obligación legal de dar entrada a un miembro elegido por Adelante Andalucía, amenaza con arrebatar a los conservadores la mayoría absoluta, para dársela al bloque progresista (PSOE, Adelante y Por Andalucía).

La exposición de motivos de la proposición de ley, firmada por los portavoces de PP y Vox en el Parlamento andaluz, Toni Martín y Javier Cortés, argumenta que el derecho de todos los grupos a contar con representación en la Cámara de Cuentas, recogido en la ley, es “una condición limitativa de la capacidad del Parlamento de designar a los miembros de dicho órgano” y “sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una rara avis en el panorama comparado, sin que pueda sostenerse que esta particularidad le haya aportado ventaja alguna en su funcionamiento”.

Los socios del Gobierno de Moreno justifican una reforma legal ad hoc que les garantiza el control del órgano de fiscalización y arguyen que el punto que van a extirpar de la ley “no encuentra en la actualidad comparación en ningún otro órgano de control externo autonómico ni en ningún órgano constitucional ni estatutario”.

PP y Vox cuestionan la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que rige desde hace 38 años y 13 legislaturas, porque “antepone el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados a la voluntad del resto de la Cámara legislativa”. “Se está primando la opinión de unos pocos diputados frente a la opinión de la mayoría”, advierten.

Un órgano “independiente” presidido por un exconsejero de Moreno

La Cámara de Cuentas es un órgano blindado en el Estatuto de Autonomía que ejerce un control externo de la actividad económica y presupuestaria de las administraciones, sobre todo de la Junta de Andalucía. Sus miembros son elegidos por los partidos y, de entre los siete, Moreno propone a la persona que presidirá el organismo. Actualmente, ese cargo lo ocupa Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación del Gobierno de Moreno en la primera legislatura, durante el binomio PP-Ciudadanos, con apoyo externo de Vox.

Otro de los argumentos que ofrece la proposición de ley para eliminar el derecho de todos los grupos a tener representación en la Cámara de Cuentas es que “esta regla provoca una mayor identificación de los consejeros con los respectivos grupos parlamentarios proponentes, lo que no redunda, precisamente en la percepción de una independencia de criterio y objetividad en el ejercicio de sus funciones”.

Por último, los partidos que sostienen el Gobierno de Moreno auguran que el precepto legal que van a eliminar “puede llegar a bloquear la necesidad de renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo el correcto control de los fondos públicos”.

“Por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios”, concluye la proposición de ley, tras considerar que la “pluralidad política” está garantizada en el propio Parlamento, y no es necesaria en “un órgano técnico que debe ejercer sus funciones con total independencia, objetividad e imparcialidad”.

El llamado 'CIS andaluz' ha publicado este lunes una foto fija de la intención de voto de los andaluces, cinco meses después de las elecciones autonómicas y a mes y medio para las generales: el resultado no varía mucho respecto al pasado 17M, que dio la victoria a Juanma Moreno, pero ya sin mayoría absoluta, y allanó el primer Gobierno de coalición PP-Vox. Sin embargo, apunta tendencias interesantes de cara a las elecciones legislativas del 29 de noviembre.

De celebrarse hoy las autonómicas, los grandes partidos -PP y PSOE- se estancan o retroceden, mientras los partidos en los extremos -Vox y Adelante Andalucía- repuntan significativamente. Según el barómetro que elabora trimestralmente la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), subvencionado por la Junta de Andalucía, el PP de Juanma Moreno volvería a ser la fuerza más votada con el 41,5% de los apoyos, obteniendo entre 52 y 53 diputados en el Parlamento, y no recuperaría la mayoría absoluta (55 escaños).

Los populares apenas se mueven del resultado del 17M. En cambio, los socialistas son los que más retroceden en cinco meses -del 22,7% al 18,9% en intención de voto-, pasando de los 28 diputados actuales (su mínimo histórico) a una horquilla de 23 a 26 escaños. Un desplome que apunta a un trasvase de votantes hacia Adelante Andalucía, el partido soberanista que más creció en las autonómicas, y que enfría las expectativas del PSOE en una comunidad, la más poblada de España, con 60 escaños en el Congreso y que es capital para la campaña electoral de Pedro Sánchez en los próximos días.

Ningún partido extrapola el resultado de las autonómicas a las generales, pero el 17M se interpretó como un adelanto de las legislativas, con un protagonismo importante del propio Sánchez acompañando a María Jesús Montero, por eso el primer 'CIS andaluz' tras las andaluzas -se publicó otro justo después, pero sin intención de voto- ofrece indicios sobre la tensión electoral previa al 29N.

Vox, que se estancó en las últimas andaluzas logrando un solo escaño más, se dispara en la nueva encuesta y aumenta 2,48 puntos respecto a las andaluzas: de 13,62% al 16,1%, equivalentes a entre 16 y 20 escaños. No obstante, el partido que más crecería es Adelante Andalucía (2,88 puntos más), que pasaría de 9,22% en intención de voto al 12,5%, permitiéndole crecer de sus ocho diputados a una horquilla de nueve a diez representantes en la Cámara.

La formación soberanista, izquierdista y anticapitalista, liderada por José Ignacio García, se presenta por primera vez a las generales en todas las provincias andaluzas -en 2023 sólo concurrieron por Cádiz- y aspiran a estrenarse y tener representación en el Congreso. La coalición Por Andalucía, que lidera Antonio Maíllo, se mantiene como está, alcanzaría el 6,5% de los apoyos (ahora tiene 6,3%), que le podrían suponer entre cuatro y cinco escaños. 

El Centra correspondiente a septiembre se basa en 3.600 encuestas, que se hicieron antes del desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada en camilla de su casa adquirida por un fondo de inversión (tras 70 años pagando el alquiler), provocando movilizaciones masivas en toda España y empujando al presidente Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales.

Las autonómicas allanaron la formación del primer Gobierno de coalición de PP y Vox, cuya gestión, en los primeros meses, recibe una valoración positiva del 45% de los encuestados, mientras que el 30,2% considera que es mala o muy mala. El presidente Moreno recibe una valoración media de 5,5 puntos sobre 10 y su gestión es calificada como buena o muy buena por el 47%. Su grado de conocimiento se sitúa en el 93,3%. 

En cuanto al resto de líderes políticos, le siguen por porcentaje de conocimiento y valoración media: María Jesús Montero (88,9% y 3,20 puntos), Manuel Gavira (56% y 4,06), Antonio Maíllo (50,6% y 4,52) y José Ignacio García (39,4% y 5,72). La gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España es calificada como mala o muy mala por el 67,5% de los andaluces. Entre posibles candidatos a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo destaca como primera elección (19,8%), seguido por Sánchez al 17,9%.

Preguntados por el grado de confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, el Ejército obtiene una media de 6,94 puntos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 6,82. A continuación, se sitúan el Parlamento de Andalucía (5,44), el Gobierno de la Junta de Andalucía (5,16), los ayuntamientos (5,13), la Unión Europea (5,06), los tribunales de Justicia (4,76), los medios de comunicación (4,15), el Congreso de los Diputados (3,74), el Gobierno de España (3,09) y los partidos políticos (2,78). 

El Gobierno de Juanma Moreno acaba de suspender las ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a tres ONG de Andalucía –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar.

Son las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable que la Junta fulmina tras la firma del pacto de Gobierno PP-Vox, que contempla la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

En una reciente reunión, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que dirige Loles López, ha confirmado a estas tres ONG que “no prorrogará ni habrá una nueva licitación” del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía, que proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas: 132 plazas gestionadas por la Fundación SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta.

Se da la circunstacia de que el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida que gestiona la ONG Inserta eran inmigrantes, más del 60% en el caso de la Fundación SAMU y el 45% entre los usuarios de Cruz Roja, según los datos proporcionados por las tres organizaciones.

El Gobierno de Moreno ha desvinculado la decisión de no prorrogar estas ayudas a las ONG del pacto PP-Vox, firmado hace cuatro meses, y que recoge la polémica cláusula de la “prioridad nacional”. El término impuesto por la formación ultra, y asumido desde el principio por el PP andaluz, implica que determinadas prestaciones y ayudas públicas de la Junta deben beneficiar antes a los ciudadanos españoles que a la población inmigrante.

Los dirigentes de Vox, de hecho, exigieron “revisar y eliminar” todo lo que consideran “gasto superfluo” de la administración, incluyendo subvenciones a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación. En el marco de la prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal viene difundiendo desde hace años que “a los inmigrantes se les dan pisos gratis y trabajo, mientras los españoles no tienen”.

Desde la Consejería de Servicios Sociales niegan haber dado una “orden directa” de cancelar este programa para personas sin hogar y, “en ningún caso”, vinculan la decisión de suspender las ayudas con el pacto con sus socios de Gobierno. “El programa se extingue ahora, una vez se evalúen los resultados del mismo, ya se verá luego”, advierten.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar tenía dos años de vigencia (2023-2024), con varias prórrogas aprobadas por parte de la consejería hasta finales de 2026 (la última, el pasado mes de julio, recién firmado el pacto PP-Vox), y expira el próximo 20 de diciembre, de modo que ese día todas esas personas “estaban obligadas a abandonar los pisos y quedarse en la calle en pleno invierno”, coinciden fuentes de las tres organizaciones consultadas por elDiario.es.

El propósito de este programa era dar alojamiento temporal a personas sin hogar mientras participaban en un itinerario sociolaboral tutelado, hasta que encontraban trabajo y, entonces, debían abandonar el piso de acogida. Cuando la Consejería de Servicios Sociales dio el preaviso a las ONG, informándoles de que el plan se extinguía en vísperas de la Navidad, había unas 200 personas acogidas en las viviendas y con prácticas de formación y trabajo.

La Fundación SAMU e Inserta son las que más personas atendían en ese momento. La primera ha adoptado ya una estrategia de “desescalada” para buscar una alternativa a sus usuarios y evitar que “vuelvan a la calle en pleno invierno, y echemos por tierra todo el trabajo conseguido con ellos”, explican desde la ONG.

La idea es que el 1 de diciembre los más de 100 usuarios que tienen acogidos sean “reubicados” y, para ello, se han articulado distintas soluciones: “algunos tienen un plan de ahorro con el dinero que consiguen en las prácticas de trabajo y podrán seguir en los pisos alquilando su plaza como inquilinos, porque su estancia ya no estará subvencionada por la Junta”. Otros, con problemas de drogadicción o salud mental, serán derivados a otros recursos y, en algunos casos, la ONG está en conversaciones con las empresas donde realizan prácticas para que les ofrezcan un contrato laboral.

El tiempo máximo de estancia en estos pisos de acogida, según el Pliego del Programa, es de 18 meses, aunque puede prorrogarse en casos “excepcionales”. Las organizaciones explican que ninguno se ha quedado menos de nueve meses y que el tiempo medio ronda el año completo. Desde la Fundación SAMU destacan la “estrecha colaboración” de los técnicos de la Consejería de Asustos Sociales con su personal para sacar adelante este programa.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar contaba con un presupuesto de 6,4 millones de euros y estaba cofinanciado por fondos europeos (al 85%), estatales y de la Junta de Andalucía. “Las razones que nos han trasladado desde la Consejería de Asuntos Sociales es la falta de fondos presupuestarios y la prioridad de los mismos”, explican desde la Fundación SAMU, tras reunirse con miembros del departamento de Loles López.

En Andalucía hay más de 8.000 personas sin hogar, según el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) correspondiente a 2025, que calcula un aumento del 57% en los últimos dos años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima una cifra inferior, en torno a las 5.539 personas que viven en la calle (datos de 2022), de los que más del 40% llevan más de tres años seguidos sin una vivienda estable en Andalucía.

En diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de los fondos europeos para combatir el sinhogarismo en España, el Gobierno de Moreno aprobó la I Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía. Los objetivos que se marcó la Junta con las medidas recogidas en aquel documento son los mismos que recoge el Programa que empezó a financiar entonces, con fondos de Bruselas, y que suspenderá a partir del próximo invierno: “mejorar el acceso de las personas sin hogar a unos ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas; reducir las situaciones de desigualdad que viven las mujeres sin hogar; aumentar el número de plazas en vivienda con apoyos; mejorar la calidad de vida de este colectivo, haciendo hincapié en las personas con necesidades complejas (salud mental, adicciones, discapacidad, etc.)”.

De las tres ONG que ahora pierden esas subvenciones, la Fundación SAMU es la que más usuarios tiene en sus pisos de acogida de Sevilla (12 viviendas, con 36 plazas), Córdoba (12), Huelva (8) y Cádiz (12). El índice de ocupación rondaba el 90%. La Fundación presentó unos datos de cumplimiento de objetivos “exitosos” tras el primer año de ejecución, ayudando a personas sin hogar a adquirir habilidades básicas para acceder a formación y al mercado laboral, la búsqueda de empleo y el camino a la emancipación.

Cruz Roja, con 91 plazas y 11 ocupadas en la actualidad, también pierde estas ayudas, pero gestiona otros proyectos de atención a personas sin hogar, como las unidades de emergencia social que recorren las calles de diversas ciudades para entrega de ayuda urgente, acompañamiento, y orientación; además de centros de día en Almería, Málaga y Cádiz.

En cuanto a la ONG Inserta, gestionaban 93 plazas en pisos de acogida, y tenían una ocupación del 75%.