El impuesto temporal sobre las compañías energéticas que la Unión Europea adoptó durante la crisis energética de 2022, y que en España estuvo en vigor hasta 2024, es acorde con la legislación comunitaria, según las conclusiones presentadas este jueves por el abogado general de Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) Athanasios Rantos.

Aunque no se trata de una opinión vinculante de cara a la futura sentencia, sus dictámenes suelen coincidir con el fallo final. El abogado general respalda así dicho gravamen, que estuvo vigente sólo dos ejercicios (2022 y 2023) a escala europea frente a las dudas planteadas por los Tribunales Constitucionales de Italia y Bélgica, y por el Tribunal Superior de Irlanda, informa EFE.

Estas conclusiones llegan en un momento marcado por el incremento de los precios energéticos, especialmente del petróleo y el diésel, en el que países como España y Alemania han reclamado impulsar un impuesto similar sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, algo a lo que se niega la Comisión Europea.

La “contribución solidaria temporal” de 2022 gravaba a empresas de los sectores del petróleo, el gas natural, el carbón y la refinería, siempre que sus beneficios extraordinarios superasen en un 20% la media de los beneficios imponibles en los cuatro ejercicios anteriores.

Avala el instrumento por ser “urgente, temporal y proporcionado”

En primer lugar, el letrado avala la base legal del impuesto, un instrumento para situaciones de emergencia que permitió que fuera aprobado por mayoría cualificada y no por unanimidad, como se exige normalmente a todas las medidas fiscales que adopta la UE.

En concreto, considera que el gravamen era efectivamente una medida “urgente, temporal y proporcionada” que perseguía “mitigar los efectos de la crisis energética para las empresas y los consumidores, mediante un esfuerzo coordinado de los Estados miembros, de acuerdo con el principio de solidaridad”.

Este carácter “excepcional y temporal” excluye que el impuesto “pueda calificarse de medida retroactiva o contraria a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”, según el abogado general, quien añade que tampoco “pone en tela de juicio el derecho de propiedad ni la libertad de emprendimiento”.

Por otro lado, señala que la medida no impedía a los países ampliar el gravamen a entidades que habían obtenido beneficios energéticos excepcionales debido a las particularidades de su mercado de la energía, siempre que “la carga global y los objetivos de las medidas nacionales sigan siendo equivalentes a los de la normativa europea”.

En este sentido, añade que el hecho de que algunas de estas entidades estuvieran también sujetas a un mecanismo que limita los ingresos no constituía “un obstáculo para la aplicación de la contribución solidaria temporal”.

Por último, descarta la existencia de una “diferencia de trato selectiva” porque la aplicación del impuesto estaba limitada a determinados operadores en función de “criterios objetivos” y estaba dirigida a las empresas “más importantes en términos de cuota de mercado”.

El sector del gran consumo ha reclamado atajar el “absentismo”, un asunto que “no es un problema de salud, sino de gestión”, y donde hay que atacar “la ineficiencia y el fraude”, para lo cual presentarán una serie de medidas con el objetivo de frenarlo.

“El absentismo no es un problema de salud sino de gestión. La única buena noticia es que hemos logrado que el tema está en la opinión pública. Necesitamos hacer diagnóstico sereno no atacamos la enfermedad o el derecho del trabajadores, atacamos la ineficiencia y el fraude”, ha asegurado el presidente de Aecoc, Ignacio González, durante la inauguración del 41º Congreso Aecoc de Gran Consumo, que se celebra en Sevilla.

El presidente de la patronal ha insistido en la necesidad de una bajada de impuestos general. “Reclamamos una bajada de impuestos, invertir en el estado de bienestar con una política de gobernanza ordenada, un Gobierno que no sea polarizante, no normalizar la corrupción, unos presupuestos que intenten la integración y una renovación sensata”, ha dicho González, según recoge Europa Press.

González ha instado en la necesidad de una “bajada de impuestos para mejorar la vida de la ciudadanía”. “Se puede bajar el IVA y los impuestos energéticos. Así que hagámoslo, porque vemos cuál es la recaudación y se puede hacer”, ha indicado.

Respecto a las próximas elecciones, que se celebrarán el 29 de noviembre, el sector del gran consumo ha reclamado que el Gobierno que “salga de las urnas apruebe unos presupuestos, desbloquee el Parlamento, alcance consensos en temas urgentes y tenga sentido de Estado” y no fomente la polarización.

“Necesitamos que esta polarización, que nos debilita, desaparezca de nuestras vidas. Por eso, pensar y actuar en global, sentirnos y actuar como sector, aunque compitamos en singular, es lo más importante ahora”, ha asegurado a los directivos del sector del gran consumo.

En este contexto, González ha reiterado que “no” se puede normalizar la corrupción. “La corrupción traiciona la confianza del ciudadano porque piensa que lo que está viendo está bien, mancha nuestro país, frena la inversión exterior y la atracción de talento e incluso pone el riesgo en el turismo”, ha alertado.

Por otro lado, el presidente de la patronal también ha advertido de la crisis de la vivienda, que también afecta al sector del gran consumo. “Nos resta poder adquisitivo al gran consumo, además de que está generando una tensión y brecha generacional preocupante y peligrosa porque el joven acusa al mayor de tener una casa y además dificulta la cobertura de las rentas en las zonas tensionadas”, ha subrayado.

Otro de los temas que afecta al sector es la “hiperregulación”, González ha recordado que la regulación se ha triplicado desde 2019, que se une a la fragmentación de la regulación, la falta de armonización y la ruptura de la unidad de mercado, así como la oscilación normativa cambios sobre normas ya aprobadas y una regulación sobre asuntos emergentes. “Una vez más apelamos a eliminar las barreras a la competitividad de la normativa existente”, ha señalado.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sufrido este miércoles un “cero energético” al quedarse toda la ciudad sin luz como consecuencia de la caída del grupo de distribución de la zona centro que ha afectado al resto.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, el “cero energético” se ha producido alrededor de las 09.45 horas de esta mañana y se ha comenzado a recuperar sobre las 10.15 horas, aunque por zonas.

No obstante, la luz ha vuelto de forma progresiva y por fases, principalmente en la zona centro, que ha sido la más perjudicada por esta situación, por lo que en algunos lugares el apagón se ha prolongado cerca de una hora después.

Los datos aportados por el Gobierno autonómico indican que se “ha caído” el grupo 11, que es el que distribuye en el centro, y esto ha afectado al resto produciendo el “cero de tensión”. Según Endesa, el origen es “un cero en el parque de 220/132 kV de la subestación Algeciras”, de Red Eléctrica de España (REE).

Esta situación ha motivado la inactividad de la mayoría de los negocios, que no han podido abrir sus establecimientos ante la falta de luz.

Tanto Endesa como Red Eléctrica han abierto una investigación para esclarecer la situación.

Fuentes de Endesa indican que “un cero en el parque de 220/132 kV de la subestación Algeciras” de REE “ha provocado una oscilación en la red de distribución en la Península y en la interconexión entre la Península y Ceuta a través del cable de REE de 132 kV” que se inauguró el pasado verano.

Según explica Endesa, “esta oscilación ha originado que actuaran las protecciones tanto de la red de distribución, como de la Central Diesel de Ceuta, provocando el deslastre del Grupo 11, y la desconexión de siete líneas de media tensión de suministro energético a la ciudad”.

Por su parte, fuentes de REE señalan que “a las 9:39 se ha producido un incidente en la provincia de Cádiz que ha ocasionado la desconexión de los cables de la interconexión a Ceuta. En el momento del incidente, los grupos de generación de la central de Ceuta estaban alimentando la totalidad del consumo de la ciudad autónoma”.

“Durante la incidencia se ha producido una pérdida de producción de los grupos de la central y la pérdida del suministro de casi la totalidad del mercado. Se están analizando las causas, ya que la incidencia en Cadiz, no explica las consecuencias en el suministro de la ciudad autónoma”, asegura REE, que añade que a las 10:34 ha quedado conectado todo el sistema de alta tensión de Ceuta. En su cuenta en X (antes Twitter), el operador del sistema indicó que “a las 10.45h se ha repuesto más del 90% del suministro eléctrico en Ceuta, lo que supone la recuperación de 25 MW de los 27 previstos”.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalan que “a las 9.39h como consecuencia de una incidencia técnica se ha producido una interrupción temporal del suministro en la gran parte de la ciudad. Desde Red Eléctrica, nos comunican que la restitución del suministro ha sido rápida. En torno a las 10.30 el suministro ya estaba prácticamente repuesto”.

La Vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, “ha estado en contacto tanto con las autoridades ceutíes como con los responsables de Endesa y de Red Eléctrica para monitorizar el proceso de reposición”, señala Transición Ecológica.

“La rápida actuación de los técnicos de Endesa activando el protocolo de reposición ha permitido recuperar en 55 minutos el suministro eléctrico a la totalidad de los clientes afectados”, ha explicado la eléctrica.

“Gracias a la pronta labor de los técnicos, la reposición del suministro ha sido progresiva desde las 09:39 que se registró la incidencia, hasta las 10:34 que finalizó, actuando en el mínimo tiempo posible siguiendo los protocolos de seguridad establecidos”.

En la Península no se ha registrado afectación de clientes “debido a la configuración de la red de distribución de Endesa, que ha conseguido absorber estas oscilaciones, lo que ha permitido mantener el suministro estable”.

“Desde Endesa trasladamos a todos los clientes afectados nuestro pesar por este inconveniente. La compañía seguirá trabajando para asegurar el suministro de calidad a todos los clientes”, indica la compañía.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha anunciado la supresión de cinco rutas entre Bélgica y España para la temporada de invierno de 2026-2027, dentro de un recorte de veinte conexiones y más de un millón de asientos que la compañía atribuye a la subida de tasas en Bélgica, según recoge la agencia EFE.

Las rutas afectadas son las que conectan el aeropuerto de Bruselas-Zaventem con Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, así como la que une Bruselas-Charleroi con Asturias (Oviedo).

En total, la compañía eliminará 1,1 millones de plazas de su programación de invierno en Bélgica y trasladará seis aviones, que representan una inversión de unos 600 millones de dólares, a otros mercados.

Ryanair justificó la medida en un comunicado por la “estúpida” decisión del Gobierno belga de incrementar el 250% de las tasas aéreas, que pasarán de 2 euros en enero de 2025 a 7 euros en enero de 2027, una medida que, según la compañía, resta competitividad a los aeropuertos belgas frente a otros países europeos.

La aerolínea aseguró que había advertido reiteradamente al Gobierno del primer ministro belga, Bart De Wever, de que el aumento de la fiscalidad provocaría una reducción de vuelos, pasajeros y actividad turística, además de la pérdida de puestos de trabajo. “Gravar el tráfico aéreo no genera crecimiento; simplemente lo desplaza a otros lugares”, ha asegurado el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary.

La compañía comparó la política fiscal belga con la de países como Suecia, Eslovaquia, Hungría e Italia, donde valora positivamente la reducción de tasas. Se trata de una situación similar a la de España, donde Ryanair también ha criticado el aumento de tasas aéreas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado a Renfe a permitir que Ouigo use sus talleres de Cerro Negro/Santa Catalina y Fuencarral (en Madrid) y de Can Tunis (en Barcelona), al considerar que se trata de compromisos acordados entre ambas empresas.

Competencia explica en su última resolución al respecto que, en enero de 2025, el acuerdo de reserva de capacidad de Ouigo pasó a ser plurianual (2025-2030), después de que Renfe Mantenimiento ofreciera, a todas las empresas ferroviarias, descuentos en el precio por extender la duración de sus compromisos, según informa Europa Press.

Meses después, Renfe Mantenimiento redujo la capacidad concedida a Ouigo al considerar que algunas de las operaciones previstas debían calificarse como de mantenimiento pesado y no podían realizarse en talleres de mantenimiento ligero.

Sin embargo, la CNMC ha concluido que estas operaciones, consistentes en el desmontaje y montaje de componentes cuya reparación se efectúa fuera de los talleres, constituyen servicios básicos de mantenimiento y, por tanto, todas las empresas ferroviarias deben poder realizarlas en los talleres existentes, según la Ley del Sector Ferroviario.

La CNMC también ha constatado que Renfe Mantenimiento adjudicó capacidad a Renfe Viajeros, la empresa del grupo que presta el servicio ferroviario, para intervenciones técnicamente equivalentes. Por ello, considera que la denegación de acceso a Ouigo y el trato dispensado a este operador son contrarios a la normativa vigente.

La resolución destaca la importancia de que Renfe Mantenimiento disponga de información detallada sobre las necesidades de mantenimiento de los operadores para gestionar la capacidad de los talleres y priorizar las operaciones más frecuentes y esenciales para la prestación diaria de los servicios ferroviarios. Asimismo, requiere a Ouigo que facilite esa información en el marco de su acuerdo de adjudicación de capacidad.

El caso de Iryo

Competencia ya llegó a abrir un expediente sancionador a Renfe por no abrir a Iryo sus talleres de reparación y mantenimiento, pese a que una resolución le había instado a hacerlo. Renfe calificó de “desproporcionada” esa obligación impuesta por el regulador, aunque el motivo que explicaba la denegación del acceso a Iryo era que este operador no había facilitado a Renfe sus necesidades de mantenimiento, según defendió la empresa pública.

El ministro del ramo, Óscar Puente, ya se ha pronunciado varias veces sobre este asunto, culpando a la CNMC de permitir que estas dos empresas extranjeras (Iryo y Ouigo) “parasiten” la infraestructura industrial de Renfe.

“¿Usted tiene infraestructura para mantener sus trenes en España? Si no la tiene, hay dos opciones: invierte y genera su infraestructura o se lleva usted los trenes a su país como hace Renfe con sus trenes de Francia, que los trae a España para mantenerlos. Lo que no se puede pretender es que su competidor sea el que le mantenga sus trenes”, llegó a decir en una entrevista con Europa Press.

Enagás obtuvo un beneficio neto de 204,1 millones de euros hasta septiembre, un 22,3% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando registró ingresos extraordinarios por diversas operaciones, aunque en línea con los objetivos establecidos para 2026 por el operador del sistema gasista y dueño de la red de gasoductos y la mayoría de regasificadoras.

Los resultados en los nueve primeros meses del año “están totalmente en línea para cumplir el objetivo anual”, señala el grupo, aunque es inferior a los 262,8 millones del mismo periodo de 2025, que incluyó las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP). Hasta septiembre el beneficio recurrente después de impuestos fue de 195,8 millones.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) en los nueve primeros meses de 2026 se situó en los 491,5 millones, un 2,9% inferior a los 505,9 millones registrados en el mismo periodo de 2025, debido, principalmente, al marco regulatorio 2021-2026 sobre los ingresos regulados de la compañía, que supuso un impacto de 45,1 millones, parcialmente compensado por la aportación al Ebitda de los nuevos negocios, como la entrada en operación del buque Alisios (+5,4 millones) y el efecto de la consolidación de la compañía de fibra óptica Axent (+5,9 millones).

Por su parte, las sociedades participadas aportaron 145,8 millones de euros al Ebitda, lo que representa un incremento de 28,1 millones respecto al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por la ampliación de capacidad de TAP y la adquisición del 31,5% de la francesa Teréga, completada el pasado mes de julio.

De esta manera, Enagás enfila su objetivo anual de un beneficio neto recurrente de 235 millones al final del ejercicio y un Ebitda de 620 millones (que no incluía la contribución de rotación de activos), teniendo en cuenta la calendarización de gastos esperada y el hecho de que los ingresos regulados por 'copex' se reconocen mayoritariamente en el último trimestre del ejercicio.

Los fondos procedentes de operaciones (FFO) a 30 de septiembre de 2026 del operador de la red gasista española se situaron en 439 millones, incluyendo 127,1 millones de dividendos de filiales.

Mientras, la deuda neta a cierre de los nueve primeros meses ascendía a 2.979 millones, incluyendo la financiación de la inversión en Teréga. El coste financiero de la deuda bruta mejoró del 2,2%, a 30 de septiembre de 2025, al 2,1% a 30 de septiembre de 2026.

El número total de lanzamientos practicados por los órganos judiciales, tanto los derivados de impago del alquiler como los hipotecarios, se redujo en el segundo trimestre del año un 35,7 %, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ detalla que los que fueron consecuencia del impago del alquiler disminuyeron un 57,7 %, en tanto que los derivados del impago de hipotecas lo hicieron un 8,9 % frente al mismo periodo del año anterior.

En total, entre abril y junio pasados, los órganos judiciales practicaron 4.474 lanzamientos.

La mitad de ellos, el 50,1 %, en total 2.244, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.109 -el 24,78 %- derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 1.121 restantes obedecieron a otras causas.

Pese al descenso de los desahucios, tanto de los derivados del impago del alquiler como del impago de la hipoteca, el CGPJ destaca que los derivados de causas distintas, como laudos arbitrales o procedimientos de familia, se incrementaron en un 152,5 % al pasar de 444 en el segundo trimestre de 2025 a 1.121 en el mismo periodo de este año.

Catalunya se sitúa a la cabeza de la clasificación con 983 lanzamientos, el 21,9 % del total nacional; seguida de Madrid, con 778; Andalucía, con 737; y la Comunidad Valenciana, con 629.

Si se tienen en cuenta únicamente los lanzamientos consecuencia de la ley de arrendamientos urbanos, o impago del alquiler, también aparece Cataluña en primera posición, con 456, o el 10,1 % del total; le sigue Andalucía, con 397; y la Comunidad Valenciana, con 361.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 247, el 22,2 % del total nacional; en Cataluña, 209; y en la Comunidad Valenciana, 184.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.

Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Los datos del CGPJ indican que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2026 fue de 17.276, un 26,8 % más que en mismo trimestre de 2025.

De ellos, 8.972 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,1 %.

Ejecuciones hipotecarias

Entre abril y junio, se presentaron 6.886 ejecuciones hipotecarias, un 28,6 % menos que en el mismo periodo de 2025.

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9 % del total nacional, y a continuación figuran Andalucía, con 1.319; la Comunidad Valenciana, con 807; y Madrid, con 563.

Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas con la población, Cataluña registró 27,9 por cada 100.000 habitantes, la Región de Murcia 20,6 y la Comunidad Valenciana 14,9.