La jueza de la dana ha incorporado a la causa un informe del inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, que apunta a la “responsabilidad” del Centro de Emergencias de la Generalitat en la “coordinación” de la información sobre el control del seguimiento de los caudales de ríos o barrancos, tal como establece el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones.

El informe del pasado 13 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, enumera los servicios y organismos “colaboradores llamados a participar en el seguimiento de caudales en ríos y barrancos, a petición” del Centro de Emergencias.

La lista incluye a las confederaciones hidrográficas, los municipios y a los servicios de intervención desplegados en el territorio, especialmente la Guardia Civil, el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, la Policía autonómica, los agentes medioambientales, las brigadas de la Diputación de Valencia e incluso las comunidades de regantes y servicios del ciclo integral del agua.

Sin embargo, según precisa el informe, “es el CCE [Centro de Coordinación de Emergencias] de la Generalitat el que define qué puntos concretos deben controlarse en cada episodio y su periodicidad”. “Además, designa también qué organismo de entre los citados anteriormente debe ocuparse de cada uno de ellos”, apostilla el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

“En cuanto a los puntos asignados a las unidades de bomberos forestales, si los hubiera, el Centro de comunicación y control del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia designa una unidad atendiendo a criterios de disponibilidad y proximidad”, abunda el informe.

48 puntos de control en la provincia de Valencia

El organismo precisa que los puntos de medición de escalas, en hasta 48 puntos de control en la provincia de Valencia, “no están asignados a unidades concretas de manera predefinida”.

La retirada del dispositivo de vigilancia del caudal del barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos, fue uno de los principales fallos operativos ante la dana.

El departamento de Emergencias de la Generalitat y el Consorcio de Bomberos, encuadrado en la Diputación de Valencia, se han ido culpando mutuamente del estrepitoso fallo.

En episodios parecidos posteriores a la catástrofe de la dana, la Generalitat reconoció que sí que controló el caudal del barranco del Poyo, tal como informó este diario.

Se trata de uno de los más graves y longevos bulos de la historia de España, nacido en una era analógica al calor de las teorías de la conspiración del 'caso Alcàsser' y amplificado irremediablemente en internet y en las redes sociales. La jueza Sofía Díaz, una de las principales víctimas del bulo del 'caso del Bar España', relató en su declaración como perjudicada que su huella digital, difamada sistemáticamente, ya no podrá resarcirse nunca. Los principales difusores del bulo, a los que el fiscal pide una pena de siete años y medio de prisión, han perdido el control de los contenidos que subieron, frenéticamente, a la red.

Aunque algunos dicen (a través de sus abogados) haberse retractado, aún queda un rastro de sus graves chaladuras en las redes sociales. La magistrada, actualmente presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló, relató en la vista oral el “calvario” sufrido durante casi tres décadas, desde que se cruzó en 1997, siendo jueza de instrucción en Vinaròs, con un peluquero alcohólico llamado Reinaldo Colás que denunciaba los supuestos abusos sexuales de la pareja de su exmujer hacia sus dos hijas, de tres y cinco años.

La jueza, reconocida profesional del mundo judicial valenciano, cumplió perfectamente su cometido y, con los informes periciales en la mano que descartaban de plano los abusos, acabó archivando la causa denunciada por Reinaldo Colás, que años después sería condenado por denuncia falsa.

Otra de las víctimas del bulo, Gema R., exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat, definió con sencillez y claridad meridiana el origen del lamentable infortunio: “Que un señor llamado Reinaldo Colás no aguantó que lo dejara su mujer, [el caso] más tonto no puede ser”.

Colás, en el que se escuda uno de los acusados, falleció en 2017 dejando en herencia su venganza contra la jueza, contra su exmujer y contra todo aquel que se le pusiera a tiro, incluyendo enemistades personales variadas. El bulo de que la magistrada y políticos tan diversos como Carlos Fabra, Francisco Camps o Mónica Oltra participaban u ocultaban una trama de pederastia e incluso de asesinatos de menores, que solo existía en la cabeza del peluquero –y de quien le quiso creer–, colea hasta la actualidad.

La larga declaración de Sofía Díaz acotó el nacimiento del bulo, que tuvo una enorme repercusión en Castelló y más allá. La magistrada recordó que, mientras instruía la (a la postre falsa) denuncia de Reinaldo Colás, el padre de una de las niñas asesinadas en Alcàsser, Fernando García, que promovía otra disparatada teoría de la conspiración, trató de personarse como acusación popular en la causa del Bar España, en unión con Reinaldo Colás.

“La secuencia del nacimiento, creación y luego crecimiento del 'caso del Bar España' hay que verla en ese contexto”, explicó Díaz. El fiscal Javier Carceller, que ejerce la acusación pública contra los difusores del bulo, también refrendó que “fue Reinaldo quien conectó la actuación suya con el caso de las niñas, como si fuera una ramificación de Alcàsser”.

El programa de Telecinco Esta noche cruzamos el Mississippi, producido y presentado por Pepe Navarro, había esparcido cada noche en horario de máxima audiencia las mentiras de Fernando García, que posteriormente sería condenado por ello. En aquel mundo analógico en el que las televisiones privadas tenían barra libre, Reinaldo Colás fabuló su propia ficción y se dedicó a colgar pasquines en farolas de Benicarló contra la jueza y las primeras víctimas del bulo. “Se nos intentó relacionar con el caso de las niñas de Alcàsser”, recordó la exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat. La citada cadena se plantó en los juzgados aduciendo que investigaban el 'caso del Bar España', según rememoró Sofía Díaz.

Un dislate sin freno: la vidente Lola

El dislate no tenía límites: la vidente de Reinaldo Colás, una tal Lola, se personó ante el juez que investigaba la muerte de una enfermera en Benicarló para acusar a la magistrada del crimen, según relató Sofía Díaz durante su testifical. La teoría impulsada por Colás y su vidente era que la enfermera fallecida formaba parte de la (falsa) trama del 'caso Bar España' y que, al querer desvincularse, había sido asesinada por la jueza y/o por sus colaboradores de las élites judiciales.

No fue, ni mucho menos, el único crimen que se le imputó alegremente a la magistrada. “Estaba en todos los asesinatos que se han producido en la Comunidad Valenciana”, dijo la perjudicada, prácticamente con una mezcla de tristeza e ironía.

La jugada de Colás de incluir en la (falsa) trama de pederastia a Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castelló, fue todo un éxito que multiplicó la efectividad del bulo, al estar el político del PP inmerso en mediáticas investigaciones por corrupción en aquella época. Fabra, actualmente un jubilado de 81 años, recordó este miércoles que los hechos que se le imputaban eran “gravísimos”. Al igual que Francisco Camps, quien consideraba que se había usado su nombre simplemente para “darle mayor eco” al invento. El expresident definió la espiral creada con el 'caso del Bar España' como una “pandemia de horror” cuyo “calumniador cero” era Reinaldo Colás.

El banquillo de conspiranoicos

Y es que ha sido un bulo de larga duración que se amplificó a lo bestia y sin solución de continuidad en una segunda fase digital, con internet y las redes sociales. De la pederastia se escaló al satanismo, a oscuras élites y a cualquier tontería que se les pasara por la cabeza. Los conspiranoicos que se sientan en el banquillo de los acusados ante la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló, usando los materiales iniciales de Reinaldo Colás y otorgándoles plena veracidad, fueron amplificando el infundio y metiendo a nuevas víctimas.

La magistrada denunció todos los contenidos que localizó en redes. También destacó el papel de Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, de Pilar Baselga, de Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema) y de Juan Lankamp Riaza. Baselga y Lankamp, entre otros, acudieron el 2 de junio de 2017 a la Ciudad de la Justicia de Castelló con una pancarta con falsas acusaciones de pederastia contra la magistrada, que sufrió uno de tantos ataques de ansiedad.

Tanto Baselga como Lankamp ya fueron condenados en 2018 por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castelló por intromisión ilegítima del derecho al honor de la magistrada. Por lo demás, y para rizar el rizo, Lankamp también fue condenado por el Tribunal Supremo por vincular al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, con el crimen de Alcàsser.

El abogado que ejerce la defensa de Juan Lankamp ha insistido repetidamente en el juicio en que su cliente se ha retractado. Por el contrario, el mismo letrado defiende a Gabriel Hernández Serrano, artífice del activo canal Las cloacas del sistema, quien “no ha parado” de difundir el bulo incluso estando acusado, tal como recordó Sofía Díaz.

El bulo se canalizó también en otros canales, de los cuales la magistrada citó el de Rafael Palacios, veterano conspiranoico digital. “Son miles y miles [de difamaciones]”, dijo Sofía Díaz, tanto en X como en Instagram, Facebook, Telegram, en pódcast, en páginas webs o en vídeos de YouTube. “Es diario, todos los días”.

Por otro lado, el abogado de Un técnico preocupado también insiste en la retractación de su cliente. La jueza señaló que fue “uno de los mayores difusores” y que, una vez detenido en el marco de esta causa, Ramón Valero se dedicó a recaudar fondos para su defensa. La magistrada recordó que en el registro de su domicilio se le hallaron 200.000 euros “en efectivo” (su abogado adujo que, en otro procedimiento, se había “determinado la legalidad de los fondos”).

La “victimización secundaria” de la magistrada

Todas las víctimas dejaron constancia de la afectación psicológica producida a consecuencia del bulo. La jueza, tras casi tres décadas de ataques de ansiedad, llevaba los diez días anteriores a su declaración en el juicio oral sin apenas comer ni dormir. Gema R., la exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat, recibió durante estas casi tres décadas numerosos “mensajes de odio” e incluso perdió amigos por la “fuerte presión social” en Castelló. También renunció a ejercer la acusación en este procedimiento por miedo a eventuales represalias. “Ha sido una carrera de fondo para mantener la salud mental”, dijo ante el tribunal.

Casi todos los letrados de las defensas expresaron su “sincera empatía” y “comprensión” hacia las víctimas, especialmente con Sofía Díaz. Aunque solo el representante del Ministerio Público pidió disculpas a la jueza por la “victimización secundaria” a la que se le había sometido con determinadas preguntas de los abogados, so pretexto del legítimo ejercicio del derecho a la defensa.

El fiscal Javier Carceller afronta la titánica y compleja tarea de hacer desaparecer los contenidos difamadores colgados en la red. Sin embargo, hay batallas que se pueden dar por perdidas. Poco después de la publicación de la declaración de la jueza Sofía Díaz, un hombre que aseguraba haber sido amigo de Reinaldo Colás escribió un mensaje a este diario en el que manifestaba que “los altos mandos judiciales, policiales y políticos eran y son intocables” y que el fallecido peluquero, por el contrario, era “una buena persona y muy valiente”. Es lo que hay.

El expresident Francisco Camps ha declarado este miércoles como perjudicado en la tercera sesión del juicio a los difusores del bulo del 'caso del Bar España': “Usaron mi nombre para darle mayor eco”, ha afirmado. Camps ha definido como “pandemia de horror” y “barbarie de calumnia” la difusión del infundio, que lo vinculaba a una falsa trama de pederastia y asesinato de menores inventada por Reinaldo Colás, un peluquero alcohólico fallecido en 2007 que se inventó el dislate por venganza contra su exmujer. Los acusados, de la esfera conspiracionista, multiplicaron el bulo en internet y en redes sociales durante décadas.

Camps ha aludido a las “gravísimas imputaciones, dañinas en el sentido más brutal” que sufrió, junto con “un montón de gente más”. El expresident ha dicho que los calumniadores pretendían “darle la mayor difusión posible” al bulo, a partir del “calumniador cero”, en referencia a Reinaldo Colás. “Se ha hecho daño por hacer daño, y todo el daño posible”, ha remachado el expresident de la Generalitat.

“Es algo que queda en el imaginario de algún grupo de personas determinado”, ha apostillado. Francisco Camps ha aludido a una magistrada que “ha sufrido muchísimo”, en referencia a Sofía Díaz, actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló, que también ha declarado este miércoles para relatar el tremendo calvario que ha sufrido estas últimas tres décadas.

Camps espera, según ha manifestado, que “el que difame o calumnie sepa que el peso de la justicia va a caer sobre él”.

Hechos “gravísimos”, según Carlos Fabra

Por otro lado, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, ha asegurado que la expansión del bulo del 'caso del Bar España' fue una de las “razones de peso” que forzó su dimisión de los puestos políticos que ostentaba.

Las difamaciones “absolutamente disparatadas” también afectaron a su esposa, que necesitó atención psicológica. “Los hechos fueron gravísimos”, ha agregado.

“Esto me perjudica a mí y a cualquier persona decente”, ha concluido Carlos Fabra, que se ha retratado un “jubilado de 81 años”.

Mónica Oltra dice que sufrió una “presión insoportable”

Además, también ha declarado la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, quien ha explicado que Reinaldo Colás y una pequeña tropa de adeptos hicieron llegar a su jefe de gabinete un dosier con las fabulaciones del 'caso Bar España'.

Oltra ha dicho que su departamento se limitó a trasladar las graves acusaciones al Ministerio Fiscal y que luego fue sometida por los difusores del bulo a “escarnio público” al incluirla en la falsa trama, al igual que a la exconsellera de Justicia, Gabriel Bravo y dos ex directoras generales.

“Esto es como una mancha de aceite, se va extendiendo”, ha relatado la perjudicada. Mónica Oltra también fue señalada por el bulo del 'caso Bar España': “Esto se lleva muy mal personalmente, hay una carga reputacional y profesional”.

Oltra ha vinculado los infundios sobre el bulo con la causa en la que figura como procesada por el supuesto ocultamiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que fue condenado su exmarido. También ha indicado que le causó “ansiedad” y perjuicio por daños morales y materiales. Como el resto de perjudicados, la dirigente de Compromís ha pedido el derecho al olvido en relación con el bulo.

Rosa Molero, ex directora general de menores del departamento que dirigía Mónica Oltra, ha expresado la experiencia “bastante doliente”. Molero también ha pedido que se ejerza el derecho al olvido y que se retiren definitivamente los contenidos en la red que la vinculaban con la falsa trama.

La jueza señalada desde hace casi tres décadas por los difusores del bulo del 'caso Bar España', que falsamente la han acusado de ser pederasta y asesina, ha relatado en la vista oral el “calvario” que ha sufrido y que ha afectado tanto a su salud como a su carrera profesional. “No se lo deseo a nadie”, ha dicho la magistrada Sofía Díaz, actualmente presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló. Además de la afectación a su imagen, la persecución propició que tuviera que interponer numerosas denuncias, que temiera seriamente por su seguridad y que se ocultara en las fotografías oficiales en actos públicos, al estar en la diana de varios de los acusados, principalmente de los conspiranoicos Pilar Baselga, Juan Lankamp Riaza, Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema). La mujer ha afirmado que su huella digital jamás podrá ser reparada, al haber perdido los acusados el “control” del material que propagaron en la red.

La magistrada, que comparecía este miércoles en la tercera sesión del juicio en condición de perjudicada, ha explicado con pelos y señales el origen del bulo: tuvo la mala suerte de cruzarse en 1997, en una guardia mientras era jueza de instrucción en Vinaròs, con una denuncia de Reinaldo Colás, un peluquero con problemas de alcoholismo que había grabado a sus hijas de apenas tres y cinco años denunciando supuestos abusos sexuales por parte de la pareja de su exmujer, Giuseppe Farina. Colás se había divorciado de su exesposa y mantenía con ella un contencioso por la custodia de las niñas.

Sofía Díaz cumplió perfectamente con su cometido de jueza instructora: encargó análisis periciales a una psicóloga y una psiquiatra, que concluyeron que había una “interferencia del padre” y que descartaron de plano la veracidad de las denuncias de abusos sexuales. El peluquero consiguió reabrir varias veces el procedimiento, aportando nuevos testigos. Sin embargo, tras seguir todos los cauces procesales habituales, la causa se archivó definitivamente y Colás inició una venganza. A la jueza le espetó: “Esto no va a quedar así”.

Grave difamación “día tras día” y “año tras año”

El nombre de la magistrada empezó a aparecer en la red, sin freno, asociado a todo tipo de imputaciones en relación con una fabulada red de pederastia y de asesinatos. Reinaldo Colás incluyó también a otros personajes públicos, como el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre muchos otros.

La mujer ha enumerado los calificativos que le han lanzado los acusados en redes sociales durante años: “Me han dicho asesina, pederasta, violadora de niños, torturadora, corrupta, traficante de armas, traficante de drogas, drogadicta, prevaricadora, perteneciente a una mafia satánica”. También ha precisado que la grave difamación fue “día tras día” y “año tras año”. “Siguen haciendo el daño a día de hoy, no han parado”, ha apostillado.

“Se me ha humillado de todas las maneras posibles, como persona, mujer, esposa, madre y como juez. Se ha ofendido mi dignidad, mi honra, mi honestidad y mi reputación personal y profesional. En todas las redes mi cara y mi nombre sale vinculado a los delitos más execrables y graves que existen en el Código Penal. Ustedes me han robado mi privacidad”, ha dicho en referencia a los acusados.

“Mi huella digital está marcada para siempre”

La magistrada Sofía Díaz ha explicado que los conspiranoicos “han perdido el control” de los contenidos que compartieron en la red, expandidos sin control. “Mi huella digital está marcada para siempre por las peores barbaridades del Código Penal, esto va a quedar hasta después de mi muerte”, ha incidido la perjudicada.

También ha destacado que los acusados —especialmente Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, y Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema)— expandieron el infundio en “todas” las redes sociales, incluyendo X, Instagram, Facebook o Telegram, además de en numerosos pódcast o vídeos de Youtube.

Sobre Juan Lankamp Riaza, ha recordado que el acusado pidió su “condena a pena de muerte” en un “zulo”. También quedó “muy asustada” por las manifestaciones en la red de otro de los inicialmente acusados, el ya fallecido Josele Sánchez.

La magistrada ha explicado que ha “gastado muchísimo tiempo en redes” buscando las difamaciones que sufría. También ha relatado la afectación a su vida familiar y profesional, al haber tenido que rechazar el ofrecimiento de determinados cargos en su carrera judicial por miedo a la persecución que sufría.

La persiguieron hasta la Ciudad de la Justicia de Castelló

Los acusados también se hicieron con una imagen de un acto académico privado de su hija y la divulgaron, de nuevo asociándola con la trama inventada por Reinaldo Colás.

Por otro lado, varios de los principales acusados (entre ellos Juan Lankamp Riaza y Pilar Baselga) se coordinaron para plantarse el 2 de junio de 2017 en la Ciudad de la Justicia de Castelló con una pancarta con falsas acusaciones de pederastia contra la magistrada. Sofía Díaz sufrió un ataque de ansiedad, una afectación constante en estas tres décadas de persecución, según ha detallado.

Los dos letrados que ejercen las defensas de Ramón Valero Martín Consuegra y de Juan Lankamp Riaza han alegado que sus clientes se han retractado en el marco de la vista oral en la que el fiscal les pide siete años y medio de prisión.

Sin embargo, la jueza ha pedido que hagan una retractación en redes sociales que tenga la misma repercusión que tuvieron los numerosísimos infundios que han propagado sobre ella.

El abogado que defiende a Lankamp también ejerce la defensa de Gabriel Hernández Serrano, quien en ningún caso se ha retractado. La magistrada ha recordado que, en el caso específico de Gabriel Hernández, “no ha parado” de difundir el bulo, a pesar de estar acusado.

Mensajes de Pilar Baselga “en 2025”

La víctima también ha enumerado los últimos mensajes de Pilar Baselga en su canal de Telegram vinculados al bulo: el 8 de junio de 2023 y el 6 de julio de 2025. En ese último mensaje, Baselga aludió al “pedosatanismo” y al “Bar España”. “Esto es el Telegram de Pilar Baselga en 2025”, ha remachado Sofía Díaz.

La acusada, por otro lado, ya fue condenada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castelló por intromisión ilegítima del derecho al honor de la magistrada, a la que tuvo que abonar una indemnización de 24.000 euros, según ha destacado el abogado que ejerce la defensa de Baselga.

Por otro lado, el letrado Javier Fernández Torres, acusado que se defiende a sí mismo, ha planteado varias preguntas declaradas por el juez como improcedentes.

Tras casi cuatro horas describiendo el calvario que sufrió Sofía Díaz a consecuencia de los desmanes de Reinaldo Colás, el acusado ha planteado a la magistrada perseguida por los difusores del bulo si estaba dispuesta a adherirse a que se investigaran las denuncias del peluquero. “Me está ofendiendo este señor”, ha contestado la víctima.

El juez que investiga al excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la supuesta falsificación de su título universitario ha pedido a la Diputación de Valencia los expedientes de sus solicitudes de prórroga para el servicio activo como funcionario y que informe sobre si “se requirió, aportó o valoró titulación académica alguna del interesado”. Así figura en una providencia del pasado 8 de octubre a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las prórrogas en el puesto de funcionario del expolítico se erigen en un elemento clave del procedimiento. Ya que la sección tercera de la Audiencia de Valencia reabrió la causa —previamente archivada por el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València al considerar que la supuesta falsificación del título universitario en todo caso estaría prescrita— escudándose en que “cada vez que el funcionario pide la prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”. Es decir, las prórrogas impiden la prescripción de los hechos, según la tesis de la Audiencia de Valencia.

José María Ángel pidió cuatro prórrogas para el servicio activo, entre 2021 y 2024. El juez instructor ha solicitado a la institución provincial precisamente los expedientes administrativos íntegros relativos a esas prórrogas y los informes vinculados, “en particular los de aptitud y capacidad funcional”.

Por otro lado, la providencia también ordena a la Diputación de Valencia que “adopte inmediatamente las medidas necesarias de preservación para evitar la alteración” o “pérdida” de los datos contenidos en la página web del Ayuntamiento de l'Eliana, localidad de la que Ángel fue alcalde.

La resolución también pide —“en caso de existir”— la copia certificada del “saluda” del alcalde durante la etapa de Ángel como primer edil. “En caso de no existir o de no poder recuperarse la información solicitada”, el instructor pide a la Diputación que certifique las “comprobaciones efectuadas”.

El abogado Javier Fernández Torres se defiende a sí mismo en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' y comparece en el banquillo de los acusados en la modalidad telemática, al residir en Irlanda. El acusado declaró este martes, en la segunda sesión de la vista oral, para echarle el muerto a Reinaldo Colás, el peluquero fallecido en 2017 que, por venganza hacia su exmujer, creó inicialmente el bulo de una supuesta trama de pederastia y asesinatos en Castelló que implicaba falsamente a la pareja de ésta última, a la magistrada que archivó su denuncia y a relevantes cargos públicos, con un infundio amplificado en redes sociales por el submundo conspiranoico, por el que el fiscal Javier Carceller solicita penas de siete años de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Fernández Torres relató ante el juez de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló que Colás le hizo un “encargo profesional” y le remitió un “documento de 204 páginas”, además de un “informe pericial” sobre sus hijas, que supuestamente habrían sido las primeras víctimas de la falsa trama del 'caso Bar España'. Todo ello, según declaró el acusado, “para que se investigasen los hechos y se determinase si, efectivamente, esas denuncias que figuraban en el documento eran verídicas o eran falsas”, según manifestó el letrado a peguntas del representante del Ministerio Público.

“Yo no hice denuncias, hice un dictamen jurídico”, alegó el abogado, quien se amparó en el “trabajo de investigación de Reinaldo”.

El acusado dijo que “no tenía conocimiento” de que uno de los principales señalados por las denuncias de Reinaldo Colás era precisamente Giuseppe Farina, la pareja de su exmujer, con quien el peluquero mantenía un contencioso por el régimen de visitas de sus hijas.

Fernández también aseguró, en un primer momento, que “no tuvo conocimiento” de que Colás había sido condenado por denuncia falsa (en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs).

Luego dijo que había oído “comentarios” sobre el hecho de que el peluquero había sido condenado por el bulo y reconoció que sabía que Reinaldo Colás “tenía procedimientos” por sus denuncias falsas. Y, finalmente, precisó que su cliente “mencionó tangencialmente” que había sido condenado por denuncia falsa.

Dislates con “apariencia de veracidad muy grande”

Sin embargo, el acusado no pudo comprobar el contenido de los dosieres que elaboraban Colás y sus colaboradores, “por falta de medios económicos”, según defendió. “Reinaldo no contaba con medios suficientes, traté de apoyarle en todo lo que pude”, remachó.

La documentación que le aportó Colás, que sostenía que se habían producido abusos a menores e incluso asesinatos en el Bar España, presentaba una “apariencia de veracidad muy grande” y era “muy profunda”, dijo Javier Fernández.

El acusado también se parapetó en un segundo personaje cercano a Colás, el también fallecido Joaquín Crespo Marqués. “A día de hoy ese informe pierde valor por el fallecimiento de los dos”, se escudó Javier Fernández, a modo de estrategia de defensa. El abogado apostilló que “en absoluto” sabía que Crespo también fue condenado por denuncia falsa.

Por lo demás, el letrado negó que se concertara o se coordinara para amplificar el bulo con el resto de acusados, todos pertenecientes al submundo conspiranoico, incluyendo a Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o a Pilar Baselga, absuelta en primera instancia por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y vincularla con el narcotráfico.

Javier Fernández reconoció que remitió en 2016 un informe a una larga lista de instituciones: la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat o la Agencia Valenciana Antifraude.

También a cargos autonómicos como el entonces president Ximo Puig y su vicepresidenta, Mónica Oltra, o a representantes políticos de la época tales como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, Rafael Hernando o Gabriel Rufián, entre otros. “Tenían que saber que no se estaban investigando un montón de asesinatos por parte de ninguna administración pública competente”, dijo Fernández.

El fiscal recordó que el acusado, mientras enviaba a media España el bulo, tenía una requisitoria de busca y captura al no haberse presentado ante el juzgado que le investigaba por la difusión de la desinformación.

Acusaba “de manera expresa” a Oltra o Camps

En los escritos, acusaba “de manera expresa” a cargos públicos como Oltra o la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, entre muchos otros, “de la omisión del deber de impedir delitos”, según recordó el fiscal Carceller. También implicó al expresident Francisco Camps.

Por otro lado, el acusado reconoció haber aportado el documento elaborado por Reinaldo Colás a Virginia Mota San Máximo, a quien elogió como una “profesional seria y rigurosa” y quien también se sienta en el banquillo de los acusados por difundir el bulo del 'caso Bar España' en el “periódico digital” Aquí Actualidad, ya desaparecido de la red y cuyo editor, Santiago Cordido García, figura como responsable civil.

Javier Fernández revestía sus escritos con el sello de 'Abogados contra la Corrupción', una entidad que nunca se llegó a constituir oficialmente y que el letrado definió como una “firma privada” de la cual poseía el “100% de titularidad”. “La fundación se quedó en el aire por falta de fondos”, indicó el acusado.

El fiscal, por el contrario, considera que el abogado usó “como pantalla” a la entidad “con la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones” relativas al bulo del 'caso Bar España'.

Las declaraciones de las víctimas

Las siguientes sesiones del juicio incluyen la declaración testifical de varias víctimas del bulo, tales como Francisco Camps, Mónica Oltra o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.

También declararán como perjudicados la magistrada que archivó por falta de pruebas la primera denuncia de la fábula, que ha sufrido durante casi dos décadas una persecución sistemática, o enemistades personales de Reinaldo Colás incluidas en el infundio, además de las hijas del peluquero fallecido.

Cada vez que la Generalitat responde ante una nueva dana que azota el territorio valenciano queda en evidencia la catastrófica gestión del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos. El actual president, Juan Francisco Pérez Llorca, se personó la mañana de este pasado lunes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), acompañando al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. A diferencia del anterior jefe del Consell, Carlos Mazón, que alargó una comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en el reservado del restaurante El Ventorro y llegó a la reunión cuando ya había fallecidos y cientos de personas permanecían atrapadas por las inundaciones.

Pérez Llorca estuvo “desde antes de las 5.30 de la mañana” en “contacto permanente” con el conseller Valderrama, según dijo en redes sociales. También a diferencia de su antecesor en el cargo, el actual president contactó con alcaldes de los municipios afectados, como el de Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, “para conocer de primera mano cómo se encuentra la situación”.

Se trata de un contraste llamativo. Mientras que la entonces consellera Salomé Pradas afrontó aquel desastroso Cecopi prácticamente sin más representación de su mismo rango que la acompañara —la vicepresidenta Susana Camarero se desconectó de la reunión para acudir a una entrega de premios—, la última reunión de emergencia ha seguido el episodio de lluvias que ha afectado al litoral sur de la provincia de Valencia y al litoral norte de Alicante y ha dejado, al menos, cuatro fallecidos con la presencia destacada de Pérez Llorca y con comparecencias públicas del president para alertar a la población con cierta antelación.

De hecho, además de los reiterados mensajes Es-Alert enviados, la Generalitat activaba ante la dana Adam el confinamiento de 142 municipios, en los que se ha restringido la movilidad. Por el contrario, la tarde del 29 de octubre de 2024, José Manuel Cuenca, el entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón, trató de frenar esa opción, que precisamente manejaba la consellera Pradas en el Cecopi.

“Salo, de confinar nada”, le espetó en un mensaje de WhatsApp incorporado a la causa en la que la exconsellera Salomé Pradas figura como investigada por el presunto delito de homicidio imprudente, junto con su 'número dos' en Emergencias, Emilio Argüeso.

Limitaciones “proporcionales”, aduce Emergencias

El conseller Valderrama publicaba este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden con las medidas “temporales y excepcionales” de confinamiento. La resolución indica que la evolución de la emergencia de la dana Adam “obliga a reforzar, con carácter inmediato, por razones de seguridad de las personas y de las necesidades operativas de los servicios de respuesta, el confinamiento y la restricción absoluta de la movilidad de numerosos municipios”.

“Estas limitaciones son proporcionales a la finalidad perseguida, puesto que las medidas adoptadas son menos perjudiciales para los derechos de terceros, no se prolongan especialmente en el tiempo y son las únicas que se pueden adoptar para alcanzar la finalidad perseguida”, apostilla la orden.

El Cecopi de este pasado lunes tomaba la decisión a las 7.00 de la mañana, apoyándose en la “base legal” de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y la norma autonómica de Gestión de Emergencias, que “faculta para la adopción de las medidas” de confinamiento, según apostillaba la orden publicada en el DOGV.

Cuenca a Pradas: “Quítate eso de la cabeza”

Por el contrario, el Cecopi de la dana debatió extensamente la posibilidad de confinar a la población, según han confirmado varios testigos. La consellera Pradas informó de esa posibilidad al jefe de gabinete de Mazón (ante los problemas para comunicarse directamente con el president) y José Manuel Cuenca planteó serios reparos, incluso con cierto tono indecoroso.

Cuenca consideraba que para tomar esa medida hacía falta “un estado de alarma” y que esa decisión la debía tomar “la chica” que Pradas tenía a su “lado” en el Cecopi, en referencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Mientras que el jefe de gabinete pedía “calma”, Salomé Pradas aducía que se podía acordar el confinamiento, a tenor de la normativa autonómica en materia de Emergencias (precisamente la misma que ha usado este lunes ante la dana Adam la Generalitat). “Quítate eso de la cabeza. Tranquila, ché”, insistió José Manuel Cuenca en respuesta a ese último mensaje de Pradas.

El jefe de gabinete de Mazón, tal como informó este diario, ocultó en su primera declaración ante la jueza instructora de la causa de la dana, la existencia de aquellas órdenes.

Pérez Llorca pide evitar “zonas inundables”

Por otro lado, el president Juan Francisco Pérez Llorca pedía a la población desde primera hora de la mañana que se siguieran las indicaciones del Es-Alert: “No salgáis de casa, evitad cualquier desplazamiento y alejaos de zonas inundables”, remachaba el actual jefe del Consell.

Además, en otra comparecencia notablemente alejada del tono de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, Pérez Llorca afirmaba cerca del mediodía que, a pesar de que el temporal iba “remitiendo”, seguía “habiendo mucho riesgo”.

Por su parte, Mazón, en su única comparecencia de la mañana del día de autos, transmitió datos desactualizados (tal como ha acreditado la jueza instructora) y, prácticamente, dio por finiquitada la emergencia.

El concejal José Marí Olano, el cerebro jurídico de la alcaldesa de València, María José Catalá, ganó un pleito a un organismo público de la Comunidad de Madrid. El edil ejerce de abogado y representa a empresas de toda España.

El letrado, según una sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ganó un pleito contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el ente de derecho público encargado del sistema de prestaciones sanitarias por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Marí Olano representaba a la empresa Acuña y Fombona SA, una firma especializada en el suministro de productos médico-quirúrgicos, domiciliada en Gijón, que solicitaba al Sermas un importe de 76.477 euros como pago de intereses de demora e indemnización por costes de cobro sobre facturas abonadas fuera de plazo y relativas a contratos de suministros hospitalarios.

La sentencia, que no es firme, estimó parcialmente el recurso de José Marí Olano aunque rebajó el importe a 21.201 euros por los intereses de demora devengados (la cantidad que el Sermas reconocía), además del incremento de los intereses del IVA y una indemnización de 40 euros por cada factura generadora de intereses de demora.

La resolución, del pasado 28 de mayo, reconocía como “minucioso” el informe elaborado por la subdirección general de Gestión Económica y Análisis Presupuestario del Sermas, que presentaba un “cálculo alternativo de los intereses” a partir de la fecha de recepción de las facturas “correctas”.

“La actora puede considerar que es la fecha del suministro la que ha de tenerse en cuenta, pero la Administración parte de que dicha fecha es la de conformidad de la factura, o subsidiariamente la fecha de registro electrónico de la misma, la que ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar la fecha de inicio del plazo de 30 días que la Administración tiene para abonar los suministros

El organismo público de la Comunidad de Madrid se escudó en que “salvo en 10 facturas”, la empresa representada por Marí Olano no facilitaba la fecha de registro sino la de emisión. El informe repasa un total de 864 facturas.

La sentencia del TSJ de Madrid repasa los criterios fijados por la misma sección de la Sala de lo Contencioso y destaca que “en el concreto caso de suministros sanitarios quirúrgicos o farmacéuticos a los Servicios de Salud, que suponen cientos y en muchas ocasiones miles de suministros a diferentes hospitales (...), ese enorme volumen de suministros y las dificultades que su correcta gestión supone para un adecuado control sanitario y administrativo, justifica cumplidamente que el Servicio de Salud correspondiente cuente con un periodo previo, no superior a 30 días, para la aceptación y verificación de las prestaciones de los contratistas”.

Así, el día inicial de devengo de los intereses de demora se establece en una vez pasado el plazo de 30 días desde la fecha de conformidad por parte de la Administración autonómica de los documentos que acrediten la conformidad. Sin embargo, frente al informe del Sermas, la empresa representada por José Marí Olano no aporta “prueba alguna relativa a estas discrepancias”.

Aunque la sentencia estima parcialmente el recurso, declara “no ajustada íntegramente a derecho” la resolución desestimatoria inicial del Sermas relativa a la reclamación por parte de Acuña y Fombona SA.

Rubén Gisbert, el 'youtuber' conspiranoico y abogado despedido como colaborador del programa de Iker Jiménez por mancharse aposta de barro para una conexión poco después de la catástrofe de la dana, reapareció este lunes ante la jueza instructora de la causa con ocasión del interrogatorio a la alcaldesa de Catarroja, la socialista Lorena Silvent. Gisbert, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dudara explícitamente de su actuación para atacar a la magistrada en el marco de un procedimiento disciplinario que fue archivado por unanimidad, planteó preguntas a la testigo “como [si fuera] investigada”, según le reprochó la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien no ocultó su hartazgo por la línea tomada por el letrado en el interrogatorio.

La instructora, según informaron a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical, también le recordó su “ausencia en las declaraciones” de los últimos meses, dado que Rubén Gisbert llevaba semanas y semanas sin participar en las testificales, a las que suele comparecer telemáticamente.

El abogado, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa, trató de preguntar a la alcaldesa de Catarroja, localidad de donde es oriundo, por la “ayuda a nivel supranacional” por parte de Ecuador, entre otros asuntos diametralmente alejados de los hechos investigados (la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos).

La jueza frenó en repetidas ocasiones al letrado, advirtiéndole cada vez de que su pregunta “no procede”. Y Gisbert expresó sistemáticamente su protesta por no poder preguntar sobre si la alcaldesa de Catarroja contactó “con algún órgano supernacional” como “la Comisión Europea” o con “algún elemento de algún otro país” que prestara ayuda “a nivel municipal”. Todo ello a pesar de que, tal como había explicado la testigo en su declaración, la madrugada de la dana no había prácticamente cobertura telefónica y la única llamada que pudo efectuar —a duras penas— fue con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.  

La magistrada pidió varias veces a Gisbert que concretara si sus preguntas se referían al día de autos o a las jornadas posteriores, ya que la instrucción de la causa se acota a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024: “Pero, a ver, ¿a qué día se refiere usted? No sé si está en este procedimiento o está en otro que quisiera usted”.

“No es pertinente la pregunta”

El abogado incluso preguntó a la alcaldesa de Catarroja si conservaba grabaciones de sus conversaciones telefónicas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No es pertinente la pregunta”, adujo la magistrada.

A pesar de los intentos de Gisbert y de otros elementos de la causa por implicar en el procedimiento al Gobierno central, la Audiencia de Valencia ya acotó —varias veces— la investigación de los hechos a la gestión de la emergencia de la dana por parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta por ley el mando único.  

“Usted está en un procedimiento que a lo mejor no es el que es este. Usted querría estar en otro [procedimiento], pero no es este”, afirmó la jueza, visiblemente cansada de los circunloquios del 'youtuber'.

El papel de Rubén Gisbert en la causa de la dana se ha caracterizado por insultar a una de las testigos principales de los hechos —llamó “hija de la gran puta” a Pilar Bernabé— o por tildar de “corruptos” a la jueza de la dana y a su marido, también magistrado.

En esta ocasión Gisbert tampoco podía faltar a la cita. Poco después de la testifical de Lorena Silvent, el peculiar abogado llamó en sus redes sociales a la magistrada instructora “togada delincuente”.

La alcaldesa de Catarroja, la socialista Lorena Silvent, ha relatado este lunes a la jueza de la dana la “incredulidad” que sintió ante el Es-Alert enviado el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos, a una hora —las 20.11— en la que el municipio ya hacía rato que rescataba como podía a los vecinos que se habían quedado atrapados por las inundaciones. “El agua llegaba a más de cuatro metros y los rescates se hacían por los balcones, por los primeros pisos. A partir de ahí ya llegó el mensaje del Es-Alert y todo esto ya estaba en marcha”, ha declarado Silvent ante la jueza instructora, según informan a elDiario.es varias fuentes conocedoras de su testifical. 

La primera edil ha lamentado que los responsables municipales, en plena catástrofe, no contaban con “ningún tipo de información”. “Recuerdo mucho el sentimiento de incredulidad, de cómo puede estar pasando esto si yo, que soy la máxima autoridad, no tengo ninguna información más”, ha manifestado ante la magistrada.

La testigo se ha prestado a aportar a la causa los mensajes de WhatsApp que conserva del día de auto. Las comunicaciones permiten afinar la cronología del desbordamiento del barranco del Poyo en la comarca de l'Horta Sud (a partir de las 18.33). Una vez la Policía Local confirmó que el Poyo se había desbordado en varios puntos, la alcaldesa pidió a su jefa de gabinete que emitiera un mensaje a la población diciendo que “se había desbordado por la parte más baja” del barranco en el municipio, “y que, por favor, la gente no saliese de las casas”.

Los efectivos de la Policía Local activaron un “plan de rescate”. Sin embargo, la mayoría de los rescates de los viandantes atrapados por el agua y el lodo se hicieron de manera improvisada por parte de vecinos desde las primeras plantas de los edificios, con “sábanas” o “cinturones”.

Silvent ha dicho que ni ella ni los dos centenares de personas que permanecían acogidas en dependencias municipales recibieron el segundo Es-Alert (remitido por Emergencias sobre las 21.00), en el que se pedía a la población que buscara refugio en altura.

“Ninguna llamada ni mensaje” de Emergencias

La alcaldesa de Catarroja ha enumerado las medidas previas a la dana por parte de la Corporación municipal, con la constitución de un comité asesor de emergencias. La misma jornada de la catástrofe destinó efectivos de la Policía Local a vigilar el caudal del barranco del Poyo. “Ellos nos van también remitiendo fotos y la información de cómo está el barranco”, ha explicado la primera edil.

También se suspendió la actividad lectiva, una decisión tomada con una perspectiva “supramunicipal”, al contar Catarroja con varias instituciones educativas a las que acude población de fuera de la localidad.

La testigo ha manifestado que, tras el aviso por parte del Centro de Emergencias sobre la activación de la alerta hidrológica en el barranco del Poyo, no recibieron “ninguna llamada” ni “ningún mensaje”. “No recibimos nada”, ha agregado.

También ha aludido a la comparecencia del entonces president Carlos Mazón, cerca del mediodía, en la que afirmaba que “lo peor del temporal se desplazaba hacia Cuenca, y que a las seis de la tarde ya había pasado lo peor”. “Como en esos momentos no llovía, pues eso también hacía pensar que lo peor estaba pasando”, ha afirmado Silvent. 

El “caos” de la madrugada y del día siguiente

La testigo ha aludido a los cortes de luz y a la falta de señal telefónica tras la catastrófica inundación y ha reseñado una llamada, hacia las cuatro de la madrugada, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien informó a la alcaldesa de que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trataban de acceder al municipio.

“Yo no recibo ni llamadas de aviso, ni órdenes, ni indicaciones, nada”, ha afirmado en referencia al departamento de Emergencias de la Generalitat.

Lorena Silvent también ha descrito la autoorganización municipal que se puso en marcha a partir de aquella madrugada ante la avalancha de vecinos que “no sabían dónde estaban sus familiares”. “A lo mejor tenían un último mensaje, una última llamada, pero no sabían más. Venía mucha gente al ayuntamiento preguntando: estoy buscando a mi padre, estoy buscando a mi madre”, ha apostillado.

Al amanecer, vieron el “caos” en el que se había sumido la localidad: “Recuerdo también un helicóptero y decías: ya están aquí, ya vienen. Pero no, no venía nadie”. Gracias a un sargento primero de la UME, vecino de la localidad que estaba fuera de servicio y se puso “a disposición” de la alcaldesa, se organizó una “vía de evacuación”, para la que se trató de despejar el Camí Real de Catarroja con tractores de los agricultores.

Grupo de desaparecidos, “con folios y una mesa”

Al día siguiente, la testigo percibió que “todo era un poco caótico” y que “nada funcionaba”.

“Lo primero” que pusieron en marcha fue “un grupo de personas desaparecidas”. “Allí en el ayuntamiento, con folios y una mesa, empezamos a tomar nota de todos los familiares que venían”, ha rememorado.  

Su primer contacto con un alto cargo de la Generalitat, según ha dicho ante la jueza, fue una conversación con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quien le dijo que había acudido al municipio “para ver las necesidades” de una residencia de personas mayores y “por orden de la vicepresidenta” Susana Camarero.

La familia valenciana que manejaba el entramado de La Cruz Azul, una galaxia de entidades dedicadas al cuidado a domicilio de personas mayores, ha sido condenada a 13 años de prisión por los delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y por frustración de la ejecución. Se trata de Manuel Gordillo Gómez; su esposa María del Carmen Solá Pérez, y los hijos de ambos, David y Rubén Gordillo Solá –este último condenado a una pena más baja, de seis años de cárcel–. En materia de responsabilidad civil, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con un importe de 2,1 millones de euros, además de los intereses de demora, a la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercía la acusación junto con el fiscal Ricardo Olivares.

La sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera probado que, entre octubre de 2017 y diciembre de 2021, los condenados dieron de alta como autónomos a 1.978 trabajadores que “prestaban sus servicios en domicilios particulares por toda España atendiendo a personas mayores y a dependientes, pese a que eran en realidad trabajadores por cuenta ajena, por lo que debían haber sido dados de alta en el Régimen General [de la Seguridad Social]”. Se trataba, según concluye el fallo, de un mero “ardid” que propició el fraude.

Los condenados constituyeron una “organización empresarial” para la prestación de la atención domiciliaria a través de las entidades Asociación Dependencia La Cruz Azul, La Cruz Azul Tercera Edad SL y, a partir de 2017 (a consecuencia de las importantes deudas generadas con la Seguridad Social), Darucama Cooperativa Valenciana, cuyo consejo rector estaba formado por Manuel Gordillo, María del Carmen Solá y los dos hijos de ambos. La Asociación Depma, por su parte, se encargaba del reclutamiento de los trabajadores, de la captación de clientes y de la atención telefónica.

La estructura familiar manejaba cifras llamativas. La Asociación Dependencia La Cruz Azul, que “formalmente carece de trabajadores y no declara prácticamente ingresos”, se embolsó entre 2017 y 2021 un importe total de 17,5 millones de euros, según acredita el tribunal.

800 euros por una jornada de lunes a domingo

“Si bien formalmente Darucama aparentaba ser una cooperativa de trabajo asociado, en realidad no funcionaba como tal”, afirma el apartado de hechos probados de la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José María Gómez Villora. De hecho, las condiciones laborales y de Seguridad Social de los empleados de la cooperativa “les venían dadas” por los condenados, “sin posibilidad real de dichos trabajadores de optar por otras”.

Se trataba, generalmente, de “ciudadanos extranjeros en paro, con escasa instrucción y una necesidad apremiante de acceder a un empleo”, que desconocían que eran autónomos y que tenían prestaciones por desempleo inexistentes o de peor condición que el Régimen General de la Seguridad Social. Además, “solo podían contactar con la empresa por vía telefónica o por correo electrónico”.

“Las condiciones de vacaciones, salarios, jornada, descanso semanal y permisos eran de peor condición que las de un trabajador ordinario del mismo sector”, apostilla la sentencia de la Audiencia de Valencia, que avala todas las conclusiones de la acusación pública.

Los trabajadores de la cooperativa solían percibir un salario de 800 euros mensuales por una jornada de lunes a domingo (si estaban como internos en el domicilio) y de 700 euros si tenían un día de descanso a la semana. “No se cobraban las vacaciones y no se percibían pagas extras, ni pluses de antigüedad, nocturnidad o festivos”, indica la sentencia.

La Asociación Dependencia La Cruz Azul transfería a la cooperativa el 75% de los ingresos que percibía de las familias que abonaban los cuidados a domicilio y Dacurama, a su vez, pagaba el salario de los trabajadores a su servicio. Por otro lado, Manuel Gordillo y María del Carmen Solá disponían de las cantidades ingresadas “en su propio beneficio, transfiriéndolas a sus cuentas particulares”, afirma la resolución de la Audiencia de Valencia, que absuelve a los acusados del delito de falsedad documental.

Entre 2017 y 2020, Manuel Gordillo Gómez percibió 123.000 euros; su esposa María del Carmen Solá, 125.000 euros; David Gordillo Solá, 148.000 euros y Rubén Gordillo Solá, 120.000 euros.

Vehículos de alta gama y una embarcación

El matrimonio —“con el fin de preservar el patrimonio familiar de futuras reclamaciones de la Seguridad Social” contra La Cruz Azul— había creado la mercantil Macardaru SL, para cuya constitución aportó dos chalés: uno en la urbanización Cumbres de Calicanto de Chiva, su domicilio, y otro en la urbanización El Tossal de La Nucia, destinado a veces al alquiler vacacional (ambos inmuebles hipotecados).

Además, Macardaru SL también figuraba como titular de un notable parque automovilístico, que incluye un Jaguar, dos Porsche, un Aston Martin, un Audi Q7, un BMW Z3, un Jeep Wrangler y un Mercedes. También era titular de una embarcación —el Anadena Cuatro— registrada en el distrito marítimo de Maó (Menorca).

Manuel Gordillo reconoció en el juicio el “uso familiar” de los vehículos y de la embarcación, aunque alegó que eran de “escaso valor”. Por su parte, según esgrimió María del Carmen Solá, los bólidos eran “muy antiguos”.

“Los acusados”, afirma la sentencia, “han conseguido mantener los bienes que aparecen como titularidad de Macardaru SL fuera del alcance de la acción recaudadora que la Tesorería General de la Seguridad Social ha llevado a cabo para intentar el cobro de las cuantiosas deudas generadas desde el inicio de su actividad y que se ha traducido en la tramitación de 33 expedientes de ejecución dirigidos contra el acusado Manuel Gordillo Gómez y cuatro contra la entidad Darucama, con resultado infructuoso”.

La defensa de Manuel Gordillo negó la intención de defraudar o de eludir deudas; la de su mujer dijo que María del Carmen Solá “confiaba plenamente en su esposo”, y la de los dos hijos mantuvo que “se limitaban a cumplir las directrices que en la gestión del negocio les daban sus progenitores”.

Gordillo también defendió que una sociedad sin ánimo de lucro puede mantener “tráfico mercantil” y asumió la gestión de “todo”, mientras que el papel de su mujer, según manifestó, se limitaba a la coordinación de los sanitarios, el de su hijo David a “la publicidad” y el otro vástago, Rubén, se dedicaba “a nada, tan solo a ayudar a su madre”. El condenado adujo que las inspecciones iniciales a La Cruz Azul se encadenaron “porque las familias no daban de alta a las socias” que se encargaban de los cuidados a domicilio de las personas mayores y de los dependientes (de ahí la creación posterior de la cooperativa, según la tesis de la defensa).

Gastos en “actividades náuticas y joyería”, según la UDEF

El tribunal, por el contrario, comparte las conclusiones de las inspectoras de trabajo, que comparecieron en calidad de peritos en la vista oral. Por otro lado, el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional concluyó que la mayoría de las trabajadoras tenían un “nivel cultural bajo” y algunas ni siquiera hablaban o entendían “correctamente el castellano”.

“Debido a su necesidad de trabajar, confiaron en sus interlocutores y firmaron todos los documentos que les mandaron, sin asesorarse previamente y sin desconfiar de la empresa”, agrega el informe policial. Más de un centenar de esos trabajadores, la mayoría mujeres, declararon en el juicio como testigos.

La UDEF también destacó los ocho coches a nombre de la empresa, “de alta gama” y con “alta valoración económica”, así como los “importantes gastos” de la familia “relacionados con los vehículos, con actividades náuticas y joyería”.

La mercantil, por lo demás, se erigía en un “instrumento” que permitía al matrimonio “disfrutar de su patrimonio, sin riesgo de reclamaciones”. “Si cualquiera de los bienes muebles o inmuebles fuesen titulados por el matrimonio en vez de por Macardaru SL podrían responder de las deudas”, explicaba el informe de la UDEF.

37 expedientes de apremio en 24 provincias

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, dictada el 15 de diciembre de 2025, fue recurrida por las defensas de la familia. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el pasado 16 de junio los recursos, confirmando la condena como “correcta”.

El fallo del alto tribunal autonómico, al que también ha tenido acceso este diario, consideraba que la intervención del matrimonio y de sus dos hijos en la constitución y en el funcionamiento de las sociedades y de la cooperativa resultó plenamente acreditado. El TSJ-CV sostiene que con la empresa Macardaru SL, una “sociedad sin actividad” administrada por María del Carmen Solá, “tenían a resguardo sus bienes”.

“Toda la actividad antes descrita llevada a cabo por los recurrentes los llevó a la creación de esta sociedad para salvaguardar sus bienes” y evitar así el reguero de embargos acordados en un total de 37 expedientes de apremio, “seguidos en 24 direcciones provinciales de la Seguridad Social de toda España”.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV asevera que la participación de los cuatro condenados “es evidente, porque intervienen en las sociedades familiares”. Además, Carmen Solá “participó activamente en la dirección de los negocios familiares desde la constitución de las primeras sociedades, junto con su marido”, agrega la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Torres.

La sentencia del TSJ-CV, que no es firme, fue recurrida por la familia ante el Tribunal Supremo, según ha podido saber elDiario.es. Fuentes de las defensas no han contestado las llamadas de este periódico.

Los difusores del bulo del 'caso Bar España' recogen cable. Las defensas de los seis acusados, que se enfrentan a peticiones de pena por parte de la Fiscalía de hasta siete años y medio de prisión, han expuesto en la sesión de cuestiones previas del juicio, celebrado este viernes ante la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló, el arrepentimiento de sus clientes, pertenecientes a la esfera del submundo conspiracionista de internet y de las redes sociales. “Todos se retractan y todos están sinceramente arrepentidos”, ha afirmado el abogado de Juan Lankamp Riaza y de Gabriel Hernández.

El bulo ideado originalmente —por venganza contra su exmujer y la pareja de esta última— por el peluquero Reinaldo Colás, fallecido en 2017, aseguraba que existía una supuesta trama de pederastia y de asesinatos de menores de la que habían sido víctimas sus propias hijas. La fábula llegó a implicar a la magistrada que archivó la denuncia inicial de Colás por falta de pruebas; a enemistades personales del peluquero, y a personajes públicos diametralmente opuestos en términos ideológicos, tales como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, o la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra.

En la primera sesión del juicio, el letrado que ejerce la defensa de Ramón Valero Consuegra, alias Un técnico preocupado, ha cuestionado la cadena de custodia y ha aludido a un informe, aportado a la causa a modo de prueba documental, que “acredita” la retirada desde 2016, tras la entrada y registro en su domicilio, de los contenidos referidos al bulo alojados en su página web.

El fiscal, por su parte, ha cuestionado que Valero Consuegra haya pedido comparecer telemáticamente y ha ironizado con el arrepentimiento expresado por Un técnico preocupado, “compungido de dolor”. “Veremos si eso es verdad o es estrategia de su defensa, me parece una desfachatez y creo que no es de recibo en modo alguno”, ha apostillado el representante del Ministerio Público.

El abogado de Juan Lankamp Riaza ha señalado que su cliente ya fue condenado por estos hechos en la vía civil (por intromisión al derecho al honor, junto con la también acusada Pilar Baselga) y ha recordado que una de sus clientas, Nuria Carque Vera, falleció antes del juicio al haber “minado este tema su salud”. El letrado ha agregado que los acusados “no querían llegar a esto”, en referencia a la vista oral.

El fiscal, escéptico ante la retractación

El fiscal, que no ha ocultado su escepticismo, ha insistido en que la retractación de Ramón Valero “tiene que ser personal”. “Si quiere retractarse que venga, estaremos gustosos de oírle aquí en la sala de vistas”, ha remachado.

“A fecha de hoy”, según ha dicho el fiscal, “aunque haya descolgado algunas comunicaciones, siguen vigentes las acusaciones en internet y siguen desplegando su efectividad”.

Las defensas han alegado en la fase de cuestiones previas la, a su juicio, prescripción de los hechos y han tratado de desvincular a sus respectivos clientes de cualquier tipo de coordinación en la propagación del bulo.

Carlos Fabra aduce enfermedad

Por otro lado, el tribunal ha denegado la posibilidad, solicitada por las defensas, de que el expresident Francisco Camps, uno de los señalados por el bulo del 'caso Bar España', declarara por videoconferencia. El magistrado ha avalado el modo telemático al habérseles concedido la misma opción a otros perjudicados y testigos, e incluso a algunos de los acusados.

Carlos Fabra, al igual que un capitán de la Guardia Civil perseguido por el bulo, han solicitado no comparecer en la vista oral, aduciendo enfermedad. Sin embargo, ante las alegaciones del Ministerio Público, el juez ha acordado la comparecencia telemática de ambos testigos, sin perjuicio de que puedan aportar un informe médico.

Un acusado que se defiende a sí mismo

Uno de los acusados, Javier Fernández Torres, que ha comparecido telemáticamente, ejerce su propia defensa. El juez, hacia el mediodía, ha tenido que advertirle de que no desconectara la cámara. El aludido ha argüido que estaba desayunando.

Fernández Torres, según la acusación pública, fue contratado por Reinaldo Colás y creó una entidad llamada 'Abogados contra la Corrupción' con “la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones” en el marco de la difusión del bulo.

El acusado ha precisado que 'Abogados contra la Corrupción' era una “firma privada” y no “una asociación” y ha esgrimido la supuesta vulneración de derechos fundamentales que ha sufrido. “Entiendo, como profesional del derecho, que esto es un fraude procesal de libro”, ha manifestado.

También ha atacado a la causa en la que figura como acusado: “Con este procedimiento se ha evitado que las denuncias de Reinaldo Colás se investiguen”, ha abundado el abogado, en una exposición que poco tenía que ver con la fase de cuestiones previas, tal como le ha reprochado el magistrado varias veces, con llamativa paciencia.

El fiscal ha explicado que “decir que lo denunciado por Reinaldo Colás no fue investigado es una falsedad absoluta” y ha recordado que el hombre fue condenado en varias ocasiones por denuncia falsa.

Seis difusores del bulo del 'caso Bar España' se sientan este viernes en el banquillo de los acusados ante la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló. Entre los acusados figuran personajes relevantes del submundo conspiranoico como Pilar Baselga, absuelta en primera instancia por vincular a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, con el narcotráfico y llamarla “Begoño”, insinuando que es un hombre; Juan Lankamp Riaza, ya condenado por intromisión ilegítima en el derecho al honor; Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o Javier Fernández Torres, que usaba “como pantalla” a la entidad “Abogados contra la corrupción” para dar una pátina de seriedad al bulo, según indica el fiscal en su escrito de acusación.

El representante del Ministerio Público solicita inicialmente para los acusados una pena de siete años y medio de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Tras la fase inicial de cuestiones previas, prevista para este viernes, el tribunal ha reservado las sesiones de los próximos 20 y 21 de octubre para las declaraciones de los 34 testigos propuestos por la acusación pública y por las defensas, entre ellos la magistrada víctima del bulo; el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; el expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, o la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, todos ellos vinculados por los acusados con una inexistente trama de pederastia.

La sesión del 22 de octubre se ha reservado para la declaración como peritos de un forense y del jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Castelló. Tras ellos, será el turno de los acusados.

Entre los testigos del juicio figuran las dos hijas del peluquero Reinaldo Colás, fallecido el 17 de diciembre de 2017 y creador original del bulo, según el Ministerio Fiscal. Colás denunció a la pareja de su exmujer por unos supuestos abusos, aunque una jueza archivó la causa al no haberse acreditado los hechos “y tratarse más bien de una venganza” contra su exmujer, según el fiscal.

Así, Colás “inició una campaña de difamación contra la referida jueza y contra todas aquellas personas que habían intervenido en el proceso”, mantiene el representante del Ministerio Público. El peluquero creó una falsa trama de orgías con menores de edad (incluso aludía a asesinatos) en el Bar España, un establecimiento situado en la carretera de Benicarló, en las que participaba una supuesta “mafia empresarial y judicial” que tan solo existía en su cabeza.

Políticos y “enemistades personales” de Colás

También incluyó “paulatinamente” tanto a personas con relevancia pública, especialmente Carlos Fabra, como a “enemistades personales” suyas. Todo ello “usando a menores y personas adictas a drogas”.

Todas sus denuncias fueron archivadas —“al demostrarse ser absolutamente falsas”— e incluso fue condenado en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinarós como autor de un delito de acusación y denuncias falsas.

Entre los acusados también figura Virginia Mota San Máximo, “redactora” de un “periódico digital” denominado “Aquí Actualidad” que amplificó el bulo, según el cual “casi un centenar de niños fueron violados de forma continuada en Castellón por una red de pedofilia que implica a políticos muy conocidos”. Santiago Cordido García, editor de “Actualidad Aquí”, figura como responsable civil.

La propagación del bulo, que fue calando en algunos estratos de la sociedad, supuso un auténtico infierno para la jueza que tuvo la desgracia de cruzarse en un inicio con Reinaldo Colás. Pilar Baselga, ya condenada junto con el acusado Juan Lankamp Riaza por intromisión ilegítima al derecho al honor de la magistrada, se permitió afirmar que la jueza señalada “mata niños”, según indica el escrito del fiscal. Otro de los acusados, Ramón Valero Martín Consuegra, tuvo un “impacto” de “gran relevancia” con sus publicaciones en la red.

Algunos de los menores que usó Reinaldo Colás para engordar el bulo, generalmente en situación de exclusión social, reconocieron en un reportaje del programa Equipo de Investigación de La Sexta que todo había sido una pura invención.