PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 1988, que dejará fuera a Adelante Andalucía del órgano de control externo de las cuentas públicas para preservar la mayoría absoluta del bloque conservador en esta institución.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, fulmina un solo párrafo de un solo artículo (el 24), que establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”.

Ese punto, que PP y Vox han acordado borrar de la ley, obligaba a reestructurar el reparto actual de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía elegidos por los partidos en función de su representación, para adaptarlo a la nueva composición del Parlamento, surgida de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo.

En la pasada legislatura, Adelante Andalucía solo contaba con dos diputados -formaba parte del Grupo Mixto- y, por tanto, no tenía consejero en el órgano de extracción parlamentaria, donde hay tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía. El 17M cuadruplicó los escaños de Adelante, pasando de dos a ocho, lo cual le ha permitido estrenar grupo propio y, con ello, tenía derecho a un consejero en el órgano de fiscalización externa.

La reforma pactada por PP y Vox, a espaldas del resto de formaciones de izquierdas, se carga ese derecho. Los socios del Ejecutivo de Moreno han acordado cercenar el artículo 24.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, eliminando el “segundo párrafo”, que abría la puerta al grupo soberanista fundado por Teresa Rodríguez, obligando al PP a cederle uno de sus tres asientos. Como consecuencia, el bloque conservador perdería la mayoría absoluta y el control de un órgano responsable de fiscalizar las cuentas del Gobierno andaluz.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero -a propuesta de un nuevo grupo parlamentario- “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”. En aplicación de este criterio, explican fuentes parlamentarias, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros.

“Es preciso hacerlo con celeridad”

La proposición de ley se registró el pasado 16 de octubre y, PP y Vox han solicitado tramitarla por el “procedimiento de urgencia” y que “desde su inicio se reduzcan a la mitad los plazos reglamentarios”, para que la reforma legal entre en vigor antes de que expire el plazo previsto para la renovación de cuatro de los siete consejeros actuales de la Cámara de Cuentas, en marzo de 2027.

“Es preciso hacerlo con celeridad, dado que cuatro de sus siete consejeros finalizan su mandato de seis años a comienzos de 2027, para evitar, como ha ocurrido ya en el pasado, que pudieran permanecer en funciones”, sostiene el texto. Tres de esos consejeros salientes están elegidos por el PP, de modo que el relevo previsto, junto a la obligación legal de dar entrada a un miembro elegido por Adelante Andalucía, amenaza con arrebatar a los conservadores la mayoría absoluta, para dársela al bloque progresista (PSOE, Adelante y Por Andalucía).

La exposición de motivos de la proposición de ley, firmada por los portavoces de PP y Vox en el Parlamento andaluz, Toni Martín y Javier Cortés, argumenta que el derecho de todos los grupos a contar con representación en la Cámara de Cuentas, recogido en la ley, es “una condición limitativa de la capacidad del Parlamento de designar a los miembros de dicho órgano” y “sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una rara avis en el panorama comparado, sin que pueda sostenerse que esta particularidad le haya aportado ventaja alguna en su funcionamiento”.

Los socios del Gobierno de Moreno justifican una reforma legal ad hoc que les garantiza el control del órgano de fiscalización y arguyen que el punto que van a extirpar de la ley “no encuentra en la actualidad comparación en ningún otro órgano de control externo autonómico ni en ningún órgano constitucional ni estatutario”.

PP y Vox cuestionan la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que rige desde hace 38 años y 13 legislaturas, porque “antepone el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados a la voluntad del resto de la Cámara legislativa”. “Se está primando la opinión de unos pocos diputados frente a la opinión de la mayoría”, advierten.

Un órgano “independiente” presidido por un exconsejero de Moreno

La Cámara de Cuentas es un órgano blindado en el Estatuto de Autonomía que ejerce un control externo de la actividad económica y presupuestaria de las administraciones, sobre todo de la Junta de Andalucía. Sus miembros son elegidos por los partidos y, de entre los siete, Moreno propone a la persona que presidirá el organismo. Actualmente, ese cargo lo ocupa Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación del Gobierno de Moreno en la primera legislatura, durante el binomio PP-Ciudadanos, con apoyo externo de Vox.

Otro de los argumentos que ofrece la proposición de ley para eliminar el derecho de todos los grupos a tener representación en la Cámara de Cuentas es que “esta regla provoca una mayor identificación de los consejeros con los respectivos grupos parlamentarios proponentes, lo que no redunda, precisamente en la percepción de una independencia de criterio y objetividad en el ejercicio de sus funciones”.

Por último, los partidos que sostienen el Gobierno de Moreno auguran que el precepto legal que van a eliminar “puede llegar a bloquear la necesidad de renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo el correcto control de los fondos públicos”.

“Por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios”, concluye la proposición de ley, tras considerar que la “pluralidad política” está garantizada en el propio Parlamento, y no es necesaria en “un órgano técnico que debe ejercer sus funciones con total independencia, objetividad e imparcialidad”.

El llamado 'CIS andaluz' ha publicado este lunes una foto fija de la intención de voto de los andaluces, cinco meses después de las elecciones autonómicas y a mes y medio para las generales: el resultado no varía mucho respecto al pasado 17M, que dio la victoria a Juanma Moreno, pero ya sin mayoría absoluta, y allanó el primer Gobierno de coalición PP-Vox. Sin embargo, apunta tendencias interesantes de cara a las elecciones legislativas del 29 de noviembre.

De celebrarse hoy las autonómicas, los grandes partidos -PP y PSOE- se estancan o retroceden, mientras los partidos en los extremos -Vox y Adelante Andalucía- repuntan significativamente. Según el barómetro que elabora trimestralmente la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), subvencionado por la Junta de Andalucía, el PP de Juanma Moreno volvería a ser la fuerza más votada con el 41,5% de los apoyos, obteniendo entre 52 y 53 diputados en el Parlamento, y no recuperaría la mayoría absoluta (55 escaños).

Los populares apenas se mueven del resultado del 17M. En cambio, los socialistas son los que más retroceden en cinco meses -del 22,7% al 18,9% en intención de voto-, pasando de los 28 diputados actuales (su mínimo histórico) a una horquilla de 23 a 26 escaños. Un desplome que apunta a un trasvase de votantes hacia Adelante Andalucía, el partido soberanista que más creció en las autonómicas, y que enfría las expectativas del PSOE en una comunidad, la más poblada de España, con 60 escaños en el Congreso y que es capital para la campaña electoral de Pedro Sánchez en los próximos días.

Ningún partido extrapola el resultado de las autonómicas a las generales, pero el 17M se interpretó como un adelanto de las legislativas, con un protagonismo importante del propio Sánchez acompañando a María Jesús Montero, por eso el primer 'CIS andaluz' tras las andaluzas -se publicó otro justo después, pero sin intención de voto- ofrece indicios sobre la tensión electoral previa al 29N.

Vox, que se estancó en las últimas andaluzas logrando un solo escaño más, se dispara en la nueva encuesta y aumenta 2,48 puntos respecto a las andaluzas: de 13,62% al 16,1%, equivalentes a entre 16 y 20 escaños. No obstante, el partido que más crecería es Adelante Andalucía (2,88 puntos más), que pasaría de 9,22% en intención de voto al 12,5%, permitiéndole crecer de sus ocho diputados a una horquilla de nueve a diez representantes en la Cámara.

La formación soberanista, izquierdista y anticapitalista, liderada por José Ignacio García, se presenta por primera vez a las generales en todas las provincias andaluzas -en 2023 sólo concurrieron por Cádiz- y aspiran a estrenarse y tener representación en el Congreso. La coalición Por Andalucía, que lidera Antonio Maíllo, se mantiene como está, alcanzaría el 6,5% de los apoyos (ahora tiene 6,3%), que le podrían suponer entre cuatro y cinco escaños. 

El Centra correspondiente a septiembre se basa en 3.600 encuestas, que se hicieron antes del desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada en camilla de su casa adquirida por un fondo de inversión (tras 70 años pagando el alquiler), provocando movilizaciones masivas en toda España y empujando al presidente Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales.

Las autonómicas allanaron la formación del primer Gobierno de coalición de PP y Vox, cuya gestión, en los primeros meses, recibe una valoración positiva del 45% de los encuestados, mientras que el 30,2% considera que es mala o muy mala. El presidente Moreno recibe una valoración media de 5,5 puntos sobre 10 y su gestión es calificada como buena o muy buena por el 47%. Su grado de conocimiento se sitúa en el 93,3%. 

En cuanto al resto de líderes políticos, le siguen por porcentaje de conocimiento y valoración media: María Jesús Montero (88,9% y 3,20 puntos), Manuel Gavira (56% y 4,06), Antonio Maíllo (50,6% y 4,52) y José Ignacio García (39,4% y 5,72). La gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España es calificada como mala o muy mala por el 67,5% de los andaluces. Entre posibles candidatos a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo destaca como primera elección (19,8%), seguido por Sánchez al 17,9%.

Preguntados por el grado de confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, el Ejército obtiene una media de 6,94 puntos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 6,82. A continuación, se sitúan el Parlamento de Andalucía (5,44), el Gobierno de la Junta de Andalucía (5,16), los ayuntamientos (5,13), la Unión Europea (5,06), los tribunales de Justicia (4,76), los medios de comunicación (4,15), el Congreso de los Diputados (3,74), el Gobierno de España (3,09) y los partidos políticos (2,78). 

El Gobierno de Juanma Moreno acaba de suspender las ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a tres ONG de Andalucía –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar.

Son las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable que la Junta fulmina tras la firma del pacto de Gobierno PP-Vox, que contempla la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

En una reciente reunión, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que dirige Loles López, ha confirmado a estas tres ONG que “no prorrogará ni habrá una nueva licitación” del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía, que proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas: 132 plazas gestionadas por la Fundación SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta.

Se da la circunstacia de que el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida que gestiona la ONG Inserta eran inmigrantes, más del 60% en el caso de la Fundación SAMU y el 45% entre los usuarios de Cruz Roja, según los datos proporcionados por las tres organizaciones.

El Gobierno de Moreno ha desvinculado la decisión de no prorrogar estas ayudas a las ONG del pacto PP-Vox, firmado hace cuatro meses, y que recoge la polémica cláusula de la “prioridad nacional”. El término impuesto por la formación ultra, y asumido desde el principio por el PP andaluz, implica que determinadas prestaciones y ayudas públicas de la Junta deben beneficiar antes a los ciudadanos españoles que a la población inmigrante.

Los dirigentes de Vox, de hecho, exigieron “revisar y eliminar” todo lo que consideran “gasto superfluo” de la administración, incluyendo subvenciones a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación. En el marco de la prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal viene difundiendo desde hace años que “a los inmigrantes se les dan pisos gratis y trabajo, mientras los españoles no tienen”.

Desde la Consejería de Servicios Sociales niegan haber dado una “orden directa” de cancelar este programa para personas sin hogar y, “en ningún caso”, vinculan la decisión de suspender las ayudas con el pacto con sus socios de Gobierno. “El programa se extingue ahora, una vez se evalúen los resultados del mismo, ya se verá luego”, advierten.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar tenía dos años de vigencia (2023-2024), con varias prórrogas aprobadas por parte de la consejería hasta finales de 2026 (la última, el pasado mes de julio, recién firmado el pacto PP-Vox), y expira el próximo 20 de diciembre, de modo que ese día todas esas personas “estaban obligadas a abandonar los pisos y quedarse en la calle en pleno invierno”, coinciden fuentes de las tres organizaciones consultadas por elDiario.es.

El propósito de este programa era dar alojamiento temporal a personas sin hogar mientras participaban en un itinerario sociolaboral tutelado, hasta que encontraban trabajo y, entonces, debían abandonar el piso de acogida. Cuando la Consejería de Servicios Sociales dio el preaviso a las ONG, informándoles de que el plan se extinguía en vísperas de la Navidad, había unas 200 personas acogidas en las viviendas y con prácticas de formación y trabajo.

La Fundación SAMU e Inserta son las que más personas atendían en ese momento. La primera ha adoptado ya una estrategia de “desescalada” para buscar una alternativa a sus usuarios y evitar que “vuelvan a la calle en pleno invierno, y echemos por tierra todo el trabajo conseguido con ellos”, explican desde la ONG.

La idea es que el 1 de diciembre los más de 100 usuarios que tienen acogidos sean “reubicados” y, para ello, se han articulado distintas soluciones: “algunos tienen un plan de ahorro con el dinero que consiguen en las prácticas de trabajo y podrán seguir en los pisos alquilando su plaza como inquilinos, porque su estancia ya no estará subvencionada por la Junta”. Otros, con problemas de drogadicción o salud mental, serán derivados a otros recursos y, en algunos casos, la ONG está en conversaciones con las empresas donde realizan prácticas para que les ofrezcan un contrato laboral.

El tiempo máximo de estancia en estos pisos de acogida, según el Pliego del Programa, es de 18 meses, aunque puede prorrogarse en casos “excepcionales”. Las organizaciones explican que ninguno se ha quedado menos de nueve meses y que el tiempo medio ronda el año completo. Desde la Fundación SAMU destacan la “estrecha colaboración” de los técnicos de la Consejería de Asustos Sociales con su personal para sacar adelante este programa.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar contaba con un presupuesto de 6,4 millones de euros y estaba cofinanciado por fondos europeos (al 85%), estatales y de la Junta de Andalucía. “Las razones que nos han trasladado desde la Consejería de Asuntos Sociales es la falta de fondos presupuestarios y la prioridad de los mismos”, explican desde la Fundación SAMU, tras reunirse con miembros del departamento de Loles López.

En Andalucía hay más de 8.000 personas sin hogar, según el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) correspondiente a 2025, que calcula un aumento del 57% en los últimos dos años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima una cifra inferior, en torno a las 5.539 personas que viven en la calle (datos de 2022), de los que más del 40% llevan más de tres años seguidos sin una vivienda estable en Andalucía.

En diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de los fondos europeos para combatir el sinhogarismo en España, el Gobierno de Moreno aprobó la I Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía. Los objetivos que se marcó la Junta con las medidas recogidas en aquel documento son los mismos que recoge el Programa que empezó a financiar entonces, con fondos de Bruselas, y que suspenderá a partir del próximo invierno: “mejorar el acceso de las personas sin hogar a unos ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas; reducir las situaciones de desigualdad que viven las mujeres sin hogar; aumentar el número de plazas en vivienda con apoyos; mejorar la calidad de vida de este colectivo, haciendo hincapié en las personas con necesidades complejas (salud mental, adicciones, discapacidad, etc.)”.

De las tres ONG que ahora pierden esas subvenciones, la Fundación SAMU es la que más usuarios tiene en sus pisos de acogida de Sevilla (12 viviendas, con 36 plazas), Córdoba (12), Huelva (8) y Cádiz (12). El índice de ocupación rondaba el 90%. La Fundación presentó unos datos de cumplimiento de objetivos “exitosos” tras el primer año de ejecución, ayudando a personas sin hogar a adquirir habilidades básicas para acceder a formación y al mercado laboral, la búsqueda de empleo y el camino a la emancipación.

Cruz Roja, con 91 plazas y 11 ocupadas en la actualidad, también pierde estas ayudas, pero gestiona otros proyectos de atención a personas sin hogar, como las unidades de emergencia social que recorren las calles de diversas ciudades para entrega de ayuda urgente, acompañamiento, y orientación; además de centros de día en Almería, Málaga y Cádiz.

En cuanto a la ONG Inserta, gestionaban 93 plazas en pisos de acogida, y tenían una ocupación del 75%.