El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

A una hora inusual de un día inusual, el sábado por la noche, la Ertzaintza ofreció una información inusual. Dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, estaban siendo investigados por delitos de “terrorismo” luego de que se les hubiera encontrado en un control de carretera de hace unas semanas “información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos”. Se dejó claro que no era yihadismo, de modo que podría ser la primera vez tras el final de ETA en que se identificaba a un grupo autóctono con esos fines. Y todo en puertas de que, este martes, se cumplan quince años desde que la organización armada decretara el cese del terrorismo.

La causa está ahora en manos del instructor Antonio Piña del Tribunal Central de Instancia, la nueva denominación de la Audiencia Nacional. Esto es lo que se sabe (y lo que no) de un caso al que la Policía vasca le da máxima gravedad y que también se ha colado en la agenda política en puertas de unas elecciones generales. “Esto no es una chiquillada”, insisten las fuentes consultadas, que piden no relativizar sobre el caso ni alentar teorías de la conspiración.

Quiénes son los detenidos

Los hechos se remontan al 26 de septiembre, víspera del denominado Gudari Eguna por ser el aniversario de los fusilamientos de Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi justo al final de la dictadura franquista. En un control de carretera nocturno en Eskoriatza, una localidad de Gipuzkoa pero más próxima a Vitoria que a Donostia, la Ertzaintza detuvo un vehículo de color amarillo e “identificó” a tres personas “que portaban diverso material muy sensible”. Todas ellas, al parecer, tenían “antecedentes relevantes” que no se han detallado.

Esas personas eran los dos acusados ahora de terrorismo, de nacionalidad española. Pero había un tercero de nacionalidad irlandesa. Algunos medios han referido que podría estar vinculado con la disidencia del IRA, grupo terrorista de ese país, pero es un dato no ratificado oficialmente. Esa noche, la Ertzaintza les tomó fotografías de pie fuera del coche y con el portón del maletero abierto.

A qué grupo pertenecen

Desde un inicio, las fuentes consultadas ubican a los dos detenidos como “disidentes” abertzales. Esto encierra muchos matices. En principio, estarían vinculados al grupo Jarki, una organización autodefinida como “revolucionaria”, “independentista” y “socialista” y que forma parte de la coordinadora Jardun. No tiene ningún tipo de vinculación orgánica con Sortu, la principal fuerza política de la coalición EH Bildu, como tampoco con el entorno de GKS, el movimiento juvenil de corte comunista que está ganando peso en movilizaciones sociales en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, capitalizando por ejemplo las protestas universitarias o por la vivienda.

Jarki nació en marzo de 2017. En 2019, portavoces de la organización dieron una entrevista a 'Berria'. “Es pregunta de algunos si Jarki va a hacer ataques callejeros, y la respuesta es negativa. Nuestra estrategia estará encaminada a la construcción nacional”, manifestaron. En 2020, en La Haine, se incidía en la cuestión:

—A la par del proceso que terminó con la disolución de ETA, la izquierda abertzale realizó un cambio de estrategia que se plasmó en el documento “Zutik Euskal Herria” del cual ahora se cumplen diez años. ¿Qué opinión os merece ese cambio de estrategia y la actividad política del partido Sortu y la coalición EH Bildu?

—[...] La creación de Jarki se enmarca en las carencias que han surgido en el contexto político de Euskal Herria, derivadas de aquel cambio de estrategia. De hecho, creemos que ha de responderse a dichas carencias en parámetros revolucionarios. Ya que opinamos que el actor principal del ciclo de confrontación anterior, la izquierda abertzale, hoy en día está agotada en parámetros revolucionarios, habiéndose sumido completamente en la vía institucional. Aun así, más allá de las críticas, tenemos claro que los enemigos principales del pueblo trabajador vasco son la burguesía vasca y los Estados burgueses español y francés. Por lo tanto, no nos empecinaremos en el choque o la confrontación con la izquierda abertzale, o con los demás grupos que comparten nuestro espectro político. Ya que nuestro objetivo es conformar de una manera constructiva la nueva alternativa política que debe responder a los intereses del pueblo trabajador.

En los últimos años, Jarki ha reivindicado sabotajes como pintadas en la sede de la patronal de Gipuzkoa, Adegi, o en medios de comunicación de Vocento y Prisa. En 2023, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, les señaló como presuntos responsables de un intento de sabotaje al Tour de Francia, que ese verano pasó por las carreteras vascas. La firma de Jarki ha aparecido también en otras movilizaciones, como las relacionadas con el quincuagésimo aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Aske es otra de las patas de Jardun, y es una organización que defiende la amnistía para los presos, “refugiados” y fugados de ETA. El sábado, informó de que los “cipayos” —con una fotografía de una patrulla de la Ertzaintza— habían arrestado a dos personas en Irún. En un comunicado, manifestaron al mismo tiempo que las detenciones “nada tenían que ver con la coordinadora” y denunciaban la “criminalización” de su organización pero, a la vez, mostraban su total “respaldo y solidaridad” a los detenidos y a sus allegados. Aske fue también la organización que protestó por otra operación en la que la Policía Nacional vio “terrorismo” en dos vizcaínos a los que se relacionaba con Hizbulá y con el manejo de “armas largas”.

El desarrollo de la investigación

Ante la aparente gravedad que revisten los hechos investigados, la Ertzaintza ha trasladado el caso al Tribunal Central de Instancia, competente en materia de posibles delitos de terrorismo. A nivel interno, las pesquisas las dirige la Oficina Central de Inteligencia (OCI), que es como se llama la unidad antiterrorista de elite de la Policía vasca. Su base está en Erandio, en Bizkaia, y su máximo responsable es el veterano agente Juan Vicente Bilbao. Fuentes internas dicen que el atestado está custodiado “bajo siete llaves” para que no haya filtraciones.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del proceder de la Ertzaintza es que esas personas quedaran libres en su momento y ahora dos de ellas estén detenidas con graves acusaciones, sin que del tercero se haya dicho nada. La única explicación oficial es que “en los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante”. Así se llega al sábado, cuando “dos de las personas investigadas”, dando a entender que hay más, se personaron en la comisaría de la Ertzaintza en Irún con un abogado. Hay un plazo de 72 horas para su puesta a disposición judicial, por lo que previsiblemente este martes serán trasladados a Madrid y el juez Piña procederá a tomarles declaración.

¿Y los explosivos?

Desde el primer momento se ha indicado que los investigados tenían información sobre la ubicación de un 'zulo' con “armas y explosivos”. Sobre esto, no se ha indicado dónde estaba y si ha sido o no localizado y con qué material en su interior. Asimismo, no se ha precisado de quién era en origen ese presunto arsenal. Fuentes policiales sí reconocen que el final de ETA, que se escenificó años después con un desarme, no supuso la recuperación de todo su inventario, pero no hay ningún dato para dar contexto al supuesto depósito de este grupo.

Nada se conoce tampoco de la documentación sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado que portaban, ni si era material elaborado o simplemente copias de documentos abiertos. La Ertzaintza insiste en que mantiene “abierta” la investigación. Se valoró que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareciera públicamente para informar sobre el tema, pero se ha optado por la “prudencia”. No consta tampoco que la oposición quiera preguntar sobre ello en la sesión de control al Gobierno que se celebrará este viernes en el Parlamento Vasco, la penúltima antes del parón por las elecciones generales.

La derivada política

La noticia, en todo caso, sí ha generado reacciones políticas. La dirección nacional del PNV, que es el partido que controla la Ertzaintza, emitió una nota también el sábado por la noche con “absoluta preocupación”. “De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados [...]. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, diagnosticó la formación nacionalista. Como ha coincidido con el aniversario del final de ETA, el lehendakari Imanol Pradales tenía programada una carta para el diario 'El Correo' y, en ella, señalaba: “No podemos cambiar el pasado, pero está en nuestras manos extraer enseñanzas de nuestra historia. Nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días”.

“Años de desidia e inacción institucional ante la evidente radicalización violenta de una parte de la sociedad en Euskadi, especialmente entre los más jóvenes, han traído este resultado”, sostiene Consuelo Ordóñez, de la asociación de víctimas Covite. “No vamos a permitir ningún paso atrás en la convivencia, en la paz y en la libertad porque son el resultado del esfuerzo sostenido de muchas personas e instituciones que desde ámbitos muy distintos han trabajado y siguen trabajando para preservar los valores que hacen posible una sociedad abierta y democrática”, ha manifestado en Basauri el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que ha participado en la festividad del cuerpo. Allí mismo, la delegada del Gobierno de España, la socialista Marisol Garmendia ha pedido que nadie juegue “con fuego”.

“Ni un paso atrás. Nunca más”, se podía leer también en el comunicado de las juventudes del PSE-EE, donde se “agradecía” el trabajo de la Ertzaintza. El PP también ha encajado con “inquietud” los acontecimientos. EH Bildu no se ha pronunciado —indican que faltan datos para hacer un análisis completo— pero en el pasado sí ha mostrado su “rechazo” a acciones de Jarki. En este contexto, el Gobierno de PNV y PSE-EE leerá este martes una declaración institucional quince años después del final de ETA. En ella, se reseñará la relevancia de no repetir errores del paso como sociedad. Euskadi, en todo caso, lleva once años y cuatro meses en nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista, como el resto de España, por el “alto” riesgo de atentados yihadistas.

El PP ha optado por Jon Echeverría (Donostia, 2004) como candidato al Congreso por Gipuzkoa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En los últimos años, Echevarría se ha convertido en un rostro conocido por su presencia en redes sociales y en tertulias televisivas que abarcan desde La Sexta hasta los espacios de Javier García Negre.

Los 'populares' no obtienen un escaño por Gipuzkoa desde 2011, cuando José Eugenio Azpiroz, que venía sacando representación desde 1993, revalidó por última vez su acta con alrededor del 13% de los votos y más de 50.000 papeletas. Pero ni en 2015, ni en 2016, ni en las dos tandas de 2019 ni en 2023 el PP ha logrado los votos suficientes para lograrlo. En 2023 la candidata fue Joana Arce, asesora de la presidenta provincial, Muriel Larrea. El PP quedó quinto, con 32.000 votos y un 8%. Fue superado por EH Bildu, PSE-EE, PNV y Sumar, por este orden.

Precisamente en 2023 Echeverría ya fue candidato, pero en las elecciones municipales. Con apenas 19 años, fue cabeza de lista del PP en Zumarraga, una localidad guipuzcoana feudo socialista, y contó con el apoyo expreso de dirigentes nacionales como Elías Bendodo, con el que grabó un vídeo. La operación fue un rotundo fracaso, ya que el PP apenas logró el 1,58% de los sufragios, 73 en todo el municipio. Echeverría quedó muy lejos de ser concejal y empeoró los resultados de 2019 y 2015. Nuevamente hay que volver a 2011 para encontrar al PP logrando un edil en esa localidad.

En julio, el PP lo invitó a una ponencia en el Parlamento Vasco sobre calidad democrática. Allí, intervino tanto en castellano como en euskera. Dijo que la democracia vasca es una “grave anomalía” en Europa, entre otras cosas porque no hay “alternancia” —su partido propició que un socialista, Patxi López, fuera lehendakari en 2009— y por las consecuencias del terrorismo de ETA.

La cuenta central de X del PP ha celebrado la designación de Echeverría como su candidato en “Guipúzcoa”. “Si ya les tiene bailando en las televisiones imaginad lo que podría hacer con ellos si consigue un acta en el Congreso”, reseñaba el partido en sus redes sociales. Quien también es responsable de “ideario” de Nuevas Generaciones, ha reaccionado señalando que Gipuzkoa “es la única provincia que apoya a [Pedro] Sánchez por unanimidad”, aunque en Lleida y Girona el PP no logró tampoco escaños en 2023. “Los seis diputados votan permanentemente ultraizquierda, corrupción y ruina. El 29N podemos cambiarlo arrebatando el último escaño a [EH] Bildu. Mil gracias por la confianza. VAMOS”, ha señalado también. Horas antes, hizo una apelación al voto útil de la derecha porque “en Guipúzcoa, el voto a Vox es un escaño para [EH] Bildu”.

La Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, la unidad antiterrorista de elite del cuerpo, ha informado este sábado por la noche de una operación policial de gravedad en la que se investigan, en coordinación con el Tribunal Central de Instancia (actual denominación de la Audiencia Nacional), posibles delitos de “terrorismo” y en la que hay implicadas dos personas de “nacionalidad española”, un hombre y una mujer de 34 y 22 años, respectivamente. “No es yihadismo”, aclaran las fuentes consultadas.

“La información oficial de la Ertzaintza indica que el sábado 26 de septiembre, ”durante un control en Eskoriatza“, una localidad de Gipuzkoa, se ”identificó a tres personas que portaban diverso material muy sensible y, respecto a las cuales, ya se contaba con antecedentes relevantes“. ”Entre el material ocupado se ha encontrado información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos“, siempre según la información oficial.

“La Ertzaintza inició una investigación y, como consecuencia de ella, procedió a abrir los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo. A lo largo de las siguientes fechas, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza ha avanzado con la investigación y se han llegado a entablar diversos encuentros con las autoridades judiciales de la Audiencia Nacional dirigidos a posibilitar las actuaciones, si así se estimaran pertinentes, por la autoridad judicial”, prosigue la Policía vasca.

Y agrega: “En los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante. Hoy, dos de las personas investigadas se han personado en la ertzain-etxea [comisaría] de Irún, acompañadas por su abogado, y han resultado detenidas a la vista del desarrollo de las investigaciones y de las propias gestiones con la Audiencia Nacional. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española, investigados por un presunto delito de terrorismo”.

La información indica que “tras la toma de declaración de ambos, y la realización de las diligencias de investigación pertinentes, las dos personas detenidas serán puestas a disposición de la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible”. La OCI de la Ertzaintza mantiene abierta la investigación. Hasta ahora no se habían realizado operaciones policiales-judiciales de estas características.

Da la medida de la gravedad, la nota de última hora que también ha emitido la dirección nacional del PNV. “EAJ-PNV quiere mostrar su 'absoluta preocupación' por la detención por parte de la Ertzaintza de dos personas por presunto delito de terrorismo. De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados. En este sentido, EAJ-PNV hace un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para no dar un paso atrás en la preservación de la paz. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, sostiene el partido de Aitor Esteban, que es el que dirige la Ertzaintza en la coalición con el PSE-EE en Euskadi. El PNV ha demandado también “respeto” por la investigación y ha puesto en valor el trabajo de la Ertzaintza.