El Gobierno aprobará en Consejo de ministros la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva, en Valencia.

Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido en Oliva con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y con alcaldes de los municipios afectados por la dana Adam, que en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ha dejado acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado.

Tras la reunión, el presidente ha afirmado en una declaración institucional que el Gobierno “por supuesto va a estar” en la reconstrucción y pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación pública para que los afectados recuperen “cuanto antes la normalidad”, y ha urgido de nuevo a “un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática”.

Sánchez, que ha expresado sus condolencias por los fallecidos en esta dana y ha agradecido el trabajo de los cuerpos del sistema de protección civil, ha destacado la cooperación de todas las instituciones en esta situación de emergencia climática, ya que el Estado lo forman desde los ayuntamientos a las diputaciones, el Gobierno autonómico y el de España.

El presidente ha defendido que hay que “estar unidos” y cooperar en la respuesta ante la emergencia climática y en la protección civil, y ha considerado que lo sucedido en los últimos días en la Comunitat Valenciana “es una ejemplo de cómo unidos y cooperando el Estado en su conjunto puede dar una respuesta eficaz”.

Cooperar antes y después

Además, ha pedido que esa cooperación se traslade “al antes y al después” de la emergencia de protección civil, de manera que se incorpore “la variable climática” a la prevención para mitigar los efectos de la emergencia climática, “no hacer como si el elefante en la habitación no existiera”, y a la reconstrucción, con inversiones en infraestructuras “más resilientes”.

Sánchez ha insistido en la necesidad de “un gran acuerdo” de todas las instituciones públicas, todos los representantes políticos y toda la sociedad civil de España para reforzar la cooperación ante la emergencia climática, no solo cuando se produce, “un acuerdo de puro sentido común, que salvaría muchas más vidas”.

Ha señalado que las danas “han sido recurrentes” en el Mediterráneo español, pero no “con esta gravedad, no con esta intensidad, no con esta peligrosidad” para el vecindario, lo cual “tiene mucho que ver con una realidad climática que está sobrepasando, por desgracia”, lo que la ciencia advertía hace ya mucho años.

Así, ha indicado que el hecho de que las temperaturas en el Mediterráneo en octubre estén entre 3 y 4 grados por encima de la media significa que “la emergencia climática está actuando como combustible exponencial para alterar aún más gravemente este tipo de sucesos climático”.

El presidente ha afirmado que le ha emocionado oír a alguna alcaldesa contar que fueron de madrugada megáfono en mano bajo la lluvia para pedir a los ciudadanos que subieran a un piso superior, un “compromiso político que trasciende las ideologías” y que en su opinión debe inspirar a todos los políticos.

Sánchez ha estado acompañado por las ministras Sara Aegesen y Diana Morant y a su llegada al Puesto de Mando Avanzado de Oliva un grupo reducido de jóvenes que estaban tras la valla de acceso al recinto han proferido insultos contra él.

La Guardia Civil ha dado por desarticulada, con la investigación de una mujer brasileña, la organización criminal dedicada a traer a España desde países europeos a mujeres brasileñas embarazadas para dar a luz en Burgos, y conseguir así la nacionalidad española, trama por la que ya se había detenido a tres hombres.

La mujer, que se encarga de contactar con las embarazadas a través de redes sociales y, luego en Burgos, las acompañaba al hospital y les hacía de traductora, se personó voluntariamente en el juzgado de Villarcayo, que instruye la causa, ha publicado 'Diario de Burgos' y confirmado a EFE la Guardia Civil.

Han explicado que conocían que eran cuatro las personas que orquestaban la trama, pero la mujer se encontraba fuera de España cuando se iniciaron las detenciones; ahora, a sabiendas de que la Guardia Civil la buscaba, se ha personado en el juzgado antes de que fuera detenida.

La mujer no ha querido declarar ante la jueza, que le ha retirado el pasaporte ante el riesgo de fuga, y ha quedado en libertad con cargos, como los otros tres detenidos: dos hombres españoles detenidos en Medina de Pomar a finales de septiembre y un tercero, brasileño, en Alcoy (Alicante) en octubre.

Están acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular a través de una red criminal que captaba a mujeres brasileñas embarazas que residían de manera irregular en Bélgica y otros países del norte de Europa para, a cambio de grandes sumas de dinero, traerlas a España a dar a luz.

Les cobraban entre 1.000 y 2.500 euros por un servicio “integral”, que incluía alojamiento (tenían seis viviendas en Villarcayo y Medina de Pomar, que alquilaban por habitaciones y de las que sacaban casi 2.000 euros), traslados, traducción, gestión de documentos y asesoramiento en trámites administrativos.

Las mujeres, contactadas por redes sociales, llegaban en la última fase del embarazo y, al nacimiento de los bebés, obtenían la nacionalidad española por el sistema de “simple presunción”, un paso que permitiría la regularización administrativa de los progenitores.

Los investigados están acusados además de delitos de falsedad documental -por empadronar a migrantes en viviendas para luego conseguir la regularización- y coacciones, ya que forzaban a las mujeres a que abandonasen las viviendas una vez habían tenido a los bebés.

 El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha confirmado este martes el plan de reforzar la seguridad en la ciudad de Milán con el despliegue de 500 militares con competencias policiales para prevenir disturbios como los del pasado fin de semana.

La medida será aprobada en un Consejo de Ministros esta tarde de martes, según ha confirmado el también vicepresidente en un foro económico en Roma. “La respuesta del Gobierno será firme para garantizar el libre comercio”, ha declarado el político, en alusión a los saqueos de tiendas en el centro de Milán el pasado fin de semana.

El envío de militares fue anunciado la pasada noche por el otro vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini.

La idea, según adelantan algunos medios, pasaría por reforzar la llamada 'Operación Calles Seguras', que desde 2008 mantiene soldados desplegados en los puntos calientes o más turísticos de todo el país para prevenir la criminalidad.

Tras las palabras de Salvini, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, afeó que “es fácil anunciar más militares sin afrontar el problema de qué deberán hacer y cómo podrán hacerlo”. “Para que tenga sentido necesitamos que el Consejo de Ministros apruebe normas que les permitan actuar como fuerzas policiales únicamente durante el tiempo necesario para prestar apoyo a los Carabineros y la Policía (es decir, durante tres meses), ante fenómenos como los que hemos presenciado”, precisó Crosetto. El subsecretario de Defensa, Matteo Perego di Cremnago, ha sido el encargado de estudiar la legislación para permitir el despliegue.

La decisión de mandar más militares a Milán ha sido criticada por los partidos de la oposición de centroizquierda, que ven la medida como un intento de “militarizar” la ciudad.

El sindicato policial SIAP ha avisado que dotar a los militares de funciones de policía judicial “requiere una formación específica, experiencia y organización”.

Los disturbios del pasado fin de semana se produjeron al margen de una protesta por el encarecimiento de la calidad de vida en Italia y se saldaron con importantes destrozos en el centro de Milán.

Un total de 270 personas fueron identificadas, de los que casi todos, 220, eran menores de edad. 

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y su pareja, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan, han anunciado que esperan su primer hijo para la primavera de 2027 mediante gestación subrogada, un procedimiento realizado en territorio neerlandés con la participación de dos mujeres y –aseguran– sin compensación económica.

“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquitx”, escribieron Jetten y Keenan en una publicación conjunta en Instagram, difundida en neerlandés, español e inglés, en la que agradecieron la ayuda de la gestante, de nombre Lisa, y de la donante de óvulos. “Nada de esto sería posible sin ustedes”, añadieron.

La gestación subrogada –conocida coloquialmente como “vientre de alquiler” y prohibida en España, Italia, Francia o Alemania– está permitida en los Países Bajos bajo determinadas condiciones, aunque está prohibida con fines comerciales, y la legislación autoriza que los futuros padres lleguen a acuerdos privados con personas de su entorno y cubran los gastos relacionados con el embarazo.

Según explicó el partido liberal progresista D66, liderado por Jetten, el embarazo fue posible gracias a una pareja amiga que ya tiene hijos y a una donante de óvulos, ambas neerlandesas y conocidas de los futuros padres. El procedimiento se llevó a cabo íntegramente en Países Bajos mediante fecundación in vitro (FIV), técnica de reproducción asistida que permite fecundar un óvulo en un laboratorio antes de transferir el embrión al útero. El partido aseguró que el proceso cumple con la legislación neerlandesa y que ninguna de las dos mujeres ha recibido remuneración.

“Estamos enormemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, tengamos ahora la oportunidad de hacer realidad nuestro gran sueño”, declaró Jetten en el comunicado de su partido. El primer ministro aseguró que tanto la gestante como el bebé se encuentran bien y pidió respetar la privacidad de las personas implicadas.

Lisa, la mujer que lleva adelante el embarazo, explicó –según asegura la publicación difundida en redes sociales por la pareja– que decidió participar voluntariamente en el proceso para ayudar a sus amigos a formar una familia.

“Crecí en un entorno cálido y lleno de cariño y ahora tengo una familia maravillosa”, señala esa declaración de la gestante, para añadir que, con el “apoyo incondicional de sus seres queridos”, ella considera la gestación subrogada “una forma muy especial de contribuir a hacer realidad el sueño de sus queridos amigos”.

Jetten y Keenan, comprometidos desde 2024 y sin fecha de boda anunciada, decidieron hacer pública la noticia ahora que el embarazo se encuentra en una fase avanzada y cada vez más personas conocían su situación, con el objetivo de evitar filtraciones.

El primer ministro, de 37 años, prevé tomarse unos días de permiso tras el nacimiento para estar con su familia antes de retomar sus responsabilidades al frente del Gobierno neerlandés. Por su parte, Keenan, de 29 años y jugador internacional de hockey sobre hierba con Argentina, ha alcanzado acuerdos con su club y con la selección albiceleste para compaginar su carrera deportiva con la paternidad.

La diputada independiente australiana Helen Haines, de 65 años, ha perdido una pierna tras ser atropellada en Wangaratta, en el estado de Victoria. La Policía ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor del ataque. El ministro del Interior, Tony Burke, ha afirmado este martes que, según los testimonios recabados, el conductor dio media vuelta y embistió a Haines con su vehículo, para después dar marcha atrás y volver a atropellarla.

Haines permanece en estado crítico en el hospital Alfred de Melbourne, a donde fue trasladada en helicóptero. Durante la intervención quirúrgica a la que fue sometida, la parlamentaria perdió una pierna, según fuentes cercanas citadas por la cadena pública ABC. Un testigo intervino para sacar al conductor del vehículo y retenerlo hasta la llegada de la Policía. Según su relato, el hombre llevaba un cuchillo, que los agentes encontraron e incautaron. Las autoridades no han confirmado de momento el motivo del ataque, ni si estuvo relacionado con la actividad política de la diputada. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el atropello de deliberado, aunque las autoridades consideran que se trata de un incidente aislado.

El detenido por el atropello es un residente de una localidad rural próxima. Fue miembro activo del grupo ecologista Save Our Strathbogie Forest (Salvemos el bosque de Strathbogie), opuesto a la tala de árboles, aunque no había tenido contacto con el mismo desde la pandemia, según la cadena ABC. Desde 2019, Haines ha centrado su labor parlamentaria en la mejora de los servicios sanitarios regionales, el acceso a la vivienda, la acción climática y la transparencia institucional. También defendió en 2022 ante el Parlamento el fin progresivo de la tala de bosques autóctonos y la transición hacia una industria forestal basada en plantaciones.

Albanese ha pedido rebajar el tono de la confrontación política ante el aumento de las amenazas contra representantes públicos; según Burke, las denuncias por amenazas y acoso en este ámbito subieron de 951 en 2024 a 1.067 en 2025. La Policía Federal estudia posibles cargos contra el detenido, que puede conllevar una pena máxima de diez años de prisión.

La defensa de lo rural

De 65 años, Haines nació en Colac, en el estado de Victoria (sur), y creció en una granja lechera familiar. Antes de entrar en política trabajó como enfermera y matrona, y desarrolló una carrera académica en salud pública e investigación sanitaria, que incluyó un doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad de Uppsala, en Suecia.

Su salto a la política llegó en 2019, cuando obtuvo el escaño de Indi, una circunscripción rural del noreste de Victoria, con el respaldo del movimiento ciudadano Voices for Indi (Voces para Indi). Su elección marcó un hito en el Parlamento australiano al convertirse en la primera diputada independiente en suceder a otra independiente, Cathy McGowan, en el mismo distrito.

Desde entonces, Haines ha centrado su labor parlamentaria en la mejora de los servicios sanitarios regionales, el acceso a la vivienda, la acción climática y la transparencia institucional.

En Australia las comunidades regionales y rurales tienen un peso importante. Según los datos más recientes de la Oficina Australiana de Estadística, unos diez millones de personas viven en la Australia regional y remota, el 36,3 % de la población nacional. Estas cifras incluyen ciudades regionales, además de localidades rurales y zonas aisladas, donde el acceso a servicios sanitarios, transporte y vivienda constituye uno de los principales desafíos, cuestiones que han marcado la trayectoria de Haines.

Una de sus principales iniciativas fue impulsar la creación de una comisión nacional anticorrupción, finalmente establecida en 2023. Actualmente ejerce como vicepresidenta de la comisión parlamentaria encargada de supervisar ese organismo. Su independencia de los grandes partidos le ha permitido defender las prioridades de su circunscripción, mediante acuerdos con distintas fuerzas políticas. En su actividad pública, ha reivindicado el diálogo con las comunidades locales como base para diseñar políticas que respondan a las necesidades de las zonas rurales.

Un equipo de investigadores ha logrado desarrollar varias herramientas de reconocimiento facial basadas en inteligencia artificial (IA) que pueden ayudar a los médicos a evaluar la edad biológica de los pacientes de cáncer y el riesgo de supervivencia para guiar los mejores tratamientos personalizados.

Investigadores del Mass General Brigham de Estados Unidos crearon 'FAHR-Face' (Foundation Artificial Intelligence for Health Recognition), un modelo de inteligencia artificial de gran tamaño entrenado con más de 40 millones de imágenes faciales que permite analizar fotografías faciales simples y determinar indicadores clave de la salud de una persona. Este martes han publicado los resultados de su trabajo en Lancet Digital Health.

A partir de esa herramienta, los científicos desarrollaron otras dos complementarias: 'FAHR-FaceAge', que estima la edad biológica de un paciente con mayor precisión que los algoritmos de estimación de edad anteriores, y 'FAHR-FaceSurvival', que predice directamente los resultados de supervivencia en pacientes con cáncer a partir de una fotografía facial.

Los investigadores han señalado en el resumen facilitado por este centro que a medida que la población envejece, los médicos necesitan mejores maneras de estimar la reserva física y la fragilidad antes de recomendar tratamientos intensivos como la radioterapia, la cirugía o una terapia sistémica.

El objetivo, han subrayado, es lograr que la evaluación de la salud basada en fotografías faciales sea “más cuantitativa, consistente y escalable”, de modo que pueda respaldar las decisiones de tratamiento personalizadas pero nunca sustituir el criterio médico.

La combinación de las dos herramientas medidas mejoró aún más el ajuste del modelo de supervivencia en una cohorte de validación externa de pacientes con cáncer, y cada algoritmo se basó en distintas partes del rostro para realizar las predicciones respectivas de edad y riesgo de mortalidad.

Así, mientras una se centra en los pliegues nasolabiales, la zona de la frente justo encima de las órbitas y las sienes, la otra evalúa la región debajo de los ojos y alrededor del puente nasal.

Los investigadores también descubrieron que los factores del estilo de vida influyen en el envejecimiento facial, y que por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas y el tabaquismo se asociaron con una apariencia biológicamente mayor.

El tabaquismo mostró el patrón más marcado, ya que los fumadores actuales parecían mayores que los exfumadores, y estos últimos parecían mayores que las personas que nunca habían fumado.

El equipo también está ampliando esta investigación a través del Estudio de Investigación 'FaceAge', un estudio en línea aprobado por el comité de ética institucional y abierto al público, en el que los participantes pueden subir una fotografía de su rostro y recibir su propio informe de investigación, además de aportar datos que ayudarán a los investigadores a mejorar y validar las mediciones de envejecimiento y salud facial basadas en IA en poblaciones más amplias y diversas.

El Museo Nacional de Colombia abrió sus puertas el pasado jueves con una sorpresa para sus visitantes: espacios vacíos en tres salas de exposición. El motivo: la retirada de más de treinta obras, relacionadas con los movimientos feministas y LGTBI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una acción que responde a la “contrarrevolución cultural” que el nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella, anunció en su visita al Ministerio de Cultura la semana pasada, donde ordenó a la ministra Paola Holguín a eliminar de los espacios públicos las representaciones que considera “apología del terrorismo”.

Entre las piezas retiradas estaban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado Balígrafo, una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz. El medio de comunicación colombiano La Silla Vacía ha elaborado un catálogo en el que pueden consultarse cuáles son las 47 obras y dónde se ubicaban dentro del centro.

“Instrumento de adoctrinamiento político”

Un día después, la ministra de Cultura de Colombia, Paola Holguín, defendió el retiro de obras alegando que la institución no puede servir como instrumento de “adoctrinamiento político” ni difundir versiones sesgadas de la historia.

“El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura”, escribió Holguín en su cuenta de X en respuesta a informaciones periodísticas que daban cuenta de la retirada de 30 objetos relacionados con el feminismo, el movimiento LGTBI y los conflictos armados en el país.

En ese sentido, añadió que la vocación institucional del museo “no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”. Ni tampoco un “espacio de apología al delito o revictimización”.

Varios jóvenes pegan copias de las obras como protesta

Una docena de jóvenes pegó este sábado frente al Museo Nacional en Bogotá copias de las obras que mandó retirar del centro el Gobierno de Colombia, para protestar contra lo que consideran un intento de borrar parte de la memoria histórica del país. Entre ellas, LATEREM, El Bloque Nos Une, del artista Sergio Mendoza.

“Si quitan 30 piezas, las vamos a pintar la mayoría de las veces que podamos en la calle”, dijo a EFE Alejandro, estudiante de Antropología que participó en la acción y también en el plantón “pacífico” y “cultural” con el que bloquearon una parte de la carrera séptima, una de las principales vías de la capital.

Este joven explicó que las piezas retiradas estaban relacionadas con los derechos de las mujeres, las comunidades LGBTI y la historia de los pueblos negros e indígenas: “A través de esta intervención artística buscamos defender la memoria, defender la historia de nuestro pueblo”.

La Policía antidisturbios intervino la protesta, cuyo despliegue fue considerado por autoridades como “innecesario y desproporcionado”, con cerca de 500 personas que se manifestaron frente al museo para rechazar la retirada de las obras.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por el despliegue policial y señaló que, según el reporte recibido, la manifestación había transcurrido de manera pacífica.

“Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación. Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue que (…) consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación”, expresó en X.

Asimismo, la exsenadora María José Pizarro denunció que miembros de antidisturbios vestidos de civil grabaron a los asistentes desde el inicio del plantón, y según afirmó, entre los participantes había niños, adultos mayores, mujeres y jóvenes, y consideró injustificada y desproporcionada la violencia empleada.

Rechazo de otros museos colombianos

Por su parte, varios museos de arte moderno de Colombia expresaron en una declaración conjunta su “profunda preocupación” por la retirada de obras y objetos del Museo Nacional “por razones ideológicas” y pidieron a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, que garantice la autonomía de estas instituciones.

Los firmantes, entre ellos el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), el de Barranquilla, el de Cartagena y el de Medellín, defendieron que los museos deben permitir conocer la complejidad de la historia, incluso aquellos aspectos que resultan incómodos, y señalaron que retirar obras de la mirada pública “empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron. Los museos también pidieron una revisión pública y fundamentada de las decisiones adoptadas, con la participación de los equipos curatoriales y de las comunidades vinculadas a las piezas retiradas.

Ferraz ha defendido este martes su potestad para realizar cambios en las listas propuestas por las agrupaciones provinciales para el 29N, tras la dimisión de todos los integrantes de la propuesta de la militancia del PSOE de Palencia, y ha recordado que estas candidaturas se ratificaron por unanimidad en el Comité Federal.

Los integrantes de la lista propuesta por la militancia del PSOE de Palencia, que encabezaba Álvaro Bilbao, renunciaron este lunes a ocupar sus puestos como protesta por la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituirle por Mariluz Martínez Seijo.

Fuentes del partido han dicho a EFE que en una campaña nacional Ferraz tiene la potestad y los argumentos para realizar cambios en las listas, así como han lamentado que el malestar de estos compañeros no se manifestara antes de ratificar las candidaturas.

En ese sentido señalan que las listas fueron ratificadas por unanimidad en la reunión del Comité Federal el pasado sábado en Fuenlabrada, donde estuvieron representantes de las federaciones regionales y los secretarios generales.

Además, han precisado que Martínez Seijo -una veterana política cercana al líder del partido, Pedro Sánchez- ya era diputada por Palencia y que al ponerla a ella como número uno por esta provincia, se cumple con el mandato del último Congreso socialista de que la mayoría de candidaturas estén encabezadas por mujeres.

Sobre la sustitución de los integrantes de la lista que han rechazado formar parte de ella, al igual que sus suplentes, desde Ferraz apuntan a que ahora toca nombrar a nuevos candidatos que deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Listas, que preside la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró.

Agregan que este proceso se hará con normalidad y que aún tienen tiempo hasta el próximo 26 de octubre, cuando finaliza el plazo de presentación de listas.

La Policía portuguesa ha puesto fin en la madrugada de este martes a las acampadas de protesta contra la crisis de la vivienda instaladas en el centro de Lisboa y Oporto, en una operación que se ha saldado con 55 personas detenidas por desobediencia. Los organizadores niegan “ningún enfrentamiento” y denuncian la violencia policial.

La intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) comenzó alrededor de las 06.00 hora local (7.00 en la España peninsular), después de que los agentes dieran un ultimátum a los participantes para que desmontaran las tiendas de campaña y abandonaran las plazas que ocupaban.

En Lisboa, los manifestantes, que permanecían desde el sábado en la céntrica plaza del Rossio, formaron un cordón humano para impedir el desalojo y corearon consignas de protesta. Los agentes del Cuerpo de Intervención de la PSP avanzaron entonces contra los concentrados, retiraron las tiendas y practicaron varias detenciones.

Los acampados, que estaban en la plaza desde el pasado sábado, anunciaron que regresarán este martes a las 19.00 horas (20.00 en la España peninsular) para protestar y decidir en asamblea si reanudan la acampada.

“Las tiendas fueron arrasadas”

“Lo que cuentan los compañeros es que las tiendas fueron prácticamente arrasadas con la gente durmiendo dentro”, ha señalado Priscilla Valadão, una de las portavoces de la acampada, en declaraciones a la prensa.

“Nosotros no somos una organización, la organización es colectiva. Entonces, si la colectividad decide quedarse, sí, claro”, ha señalado. Según ha explicado, la primera asamblea ya había acordado volver diariamente a las 19.00 horas si eran expulsados, hasta obtener respuestas a sus reivindicaciones.

“El ruido va a aumentar”, ha afirmado por su parte a EFE Ana Luísa, de 25 años, quien aseguró que los acampados promueven una propuesta de huelga general ibérica por la vivienda para el 11 de noviembre, en comunión con la convocada por los diferentes sindicatos en España.

Según ha relatado, han creado un grupo para coordinarse entre Lisboa, Oporto y Madrid e iniciado contactos para plantear la iniciativa a la central sindical portuguesa CGTP, cuyo respaldo esperan conseguir.

La Policía alega resistencia activa

Según la PSP, los agentes intentaron promover mediante el diálogo la salida voluntaria de los participantes y la retirada de las estructuras, antes de emitir órdenes expresas de dispersión y advertir de posibles delitos de desobediencia.

En Lisboa, un grupo de manifestantes se negó a abandonar la plaza y adoptó comportamientos de “resistencia activa”, afirmó el cuerpo policial.

La PSP aseguró que su intervención siguió criterios de “necesidad, adecuación y proporcionalidad” y que el uso de la fuerza cesó cuando desaparecieron las circunstancias que lo habían motivado.

Los 55 detenidos en Lisboa fueron trasladados a dependencias policiales y serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente lo antes posible, indicó el comunicado.

La Policía Municipal de Lisboa retiró además 228 estructuras de acampada.

El Gobierno elogia la “profesionalidad” de la Policía

El Ministerio de Administración Interna (MAI) ha elogiado la “profesionalidad” de la Policía de Seguridad Pública (PSP) portuguesa en las operaciones de desalojo en la madrugada del martes de las acampadas de Lisboa y Oporto para “reponer la legalidad en la ocupación del espacio público” en un comunicado de prensa.

El Ministerio asegura que los agentes han privilegiado “el diálogo y la persuasión” para “evitar recurrir a la fuerza” a pesar de las imágenes que han compartido los propios acampados.

En el comunicado, el ministerio defiende que estas operaciones se desarrollaron “después de sucesivos contactos con los manifestantes” y “agotados los esfuerzos de las autoridades para conseguir la retirada voluntaria de las tiendas”

Sin rastro de tiendas

Ana Luísa ha explicado que, tras el desalojo, los manifestantes se sentaron en el suelo de la cercana plaza de la Figueira y celebraron otra asamblea para decidir cómo continuar la protesta.

Según pudo comprobar EFE, en los alrededores del Rossio había varias ambulancias de bomberos y una fuerte presencia policial, mientras los servicios municipales limpiaban el suelo y retiraban los carteles de la estatua central. No quedaba rastro de las tiendas de campaña.