Cargas policiales, carreras, pelotas de goma, bombas de humo y pedradas. El paso de Santiago Abascal por el corazón de A Coruña, la Plaza de María Pita, se saldó con una auténtica batalla campal entre los antidisturbios y los colectivos antifascistas confinados en una de las alas de la plaza, justo a los pies del Ayuntamiento. Hay al menos dos detenidos, doce personas han resultado heridas –una de ellas, con abundante sangre por la cara– y una reportera gráfica fue trasladada al hospital con un corte en una pierna.

Una docena de furgonetas de policía dividían desde media mañana la plaza. A un lado, los millares de antifascistas, convocados por colectivos como Galiza Nova –las juventudes del BNG–, la Coordinadora Juvenil Socialista y hasta la peña deportivista Riazor Blues. En la esquina opuesta, a la que se accede por La Marina, decenas de simpatizantes de Vox esperaban a su líder, Santiago Abascal. Lo que se había convocado como una “declaración a los medios” acabó convertido en una especie de mitin en el que los tradicionales gritos de los ultras –“Pedro Sánchez, hijo de puta”, “España, cristiana y no musulmana...”– interrumpían las declaraciones de Abascal y hacían sus respuestas casi inaudibles.

Cuando los simpatizantes de Vox callaban, desde el otro extremo de la plaza llegaban los gritos de los antifascistas, contenidos por un cordón policial que tampoco permitía que unos u otros cruzasen las decenas de metros que los separaban. Fueron más los simpatizantes de la ultraderecha los que lo consiguieron. Dos chicas, portando una bandera española y al grito de “Cerdos, guarros” llegaron prácticamente a la altura de los furgones antes de que los agentes las hicieran dar vuelta. Antes, Xaime Dapena, el abogado de Desokupa, se había acercado al operativo para grabar un vídeo para redes con descalificaciones a los manifestantes.

Fue tras el acto de Vox, cuando Abascal ya había abandonado la plaza, cuando se inició la refriega. A los petardos y las bengalas sucedieron los empujones y los insultos. Huevos y mecheros cayeron del otro lado del cordón policial y llegaron las primeras cargas. Los antifascistas respondieron a los antidisturbios lanzando sillas y mesas de las terrazas de los negocios de hostelería que rodean la plaza.

A partir de ahí, se desató la confrontación. La policía disparaba bolas de goma –alguna de las cuales impactó directamente en los manifestantes– y botes con gas pimienta. La carga empujó a los manifestantes por la izquierda del Ayuntamiento, escaleras arriba hacia la iglesia de San Jorge y la plaza del Marqués de San Martín, mientras otros huían por la calle de la Florida. Desde allí se mantuvo el intercambio hasta que los agentes decidieron cargar. En San Martín se produjeron fuertes enfrentemientos y los antidisturbios se llevaron a varios jóvenes.

Finalmente, los antifascistas se concentraron en la cuesta a la espera de una carga que no llegó. Los agentes mantuvieron la formación hasta las dos en punto, momento en el que volvieron a María Pita, aparentemente para retirarse. Su marcha –coreada con cánticos de “el pueblo unido jamás será vencido” fue acompañada de pedradas y lanzamiento de objetos, a los que se respondió con más lanzamiento de pelotas de goma. Las últimas carreras llegaron hasta el entorno de la Praza do Humor y el Mercado de San Agustín.

Abierto a cambios en la Constitución

Antes, el líder de Vox, Santiago Abascal, abría la puerta a un cambio en la Consitución si logra sumar junto al PP una mayoría suficiente en el Senado. “Si hay alguna propuesta de ese tipo durante la campaña, la conocerá”, respondió Abascal tras decir que “en este momento” el único objetivo de un posible acuerdo es repetir en la Cámara alta “lo que los españoles pueden hacer que ocurra en el Congreso” –la mayoría de la derecha y la ultraderecha– y permitiría “entre otras cosas” que el Tribunal Constitucional deje de estar “secuestrado”.

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno no quiso dar pistas sobre las negociaciones con el PP para el Senado para marcar distancia con el proceso de PSOE y Frente Amplio. “Hay que ser muy serio. No vamos a hacerlas en público, Vox va a estar a la altura de las circunstancias y cuando haya noticias, se las daremos. Únicamente comunicaremos el resultado”.

Abascal habló también de su “amigo y aliado politico” Javier Milei, con quien no se reunirá esta vez durante la visita a España del presidente argentino. “Veo que hay una gran preocupación” aseguró, antes de decir que su “prioridad” era estar con los simpatizantes en la precampaña. Sin embargo, sí aseguró que en la tarde de este miércoles mantendrá “una comunicación” con él para darle la bienvenida.

Lo que ha evitado confirmar es si aplicará “la motosierra” en un hipotético gobierno de España, ya que los recortes pueden “quedarse cortos” en algunos ámbitos y ser “excesivos” en otros. Tampoco ha respaldado la promesa de “sacrificio” a los españoles del líder del PP, Núñez Feijóo. Para el líder de Vox, los españoles “ya han sido suficientemente sacrificados en el altar de la ambición de Pedro Sánchez durante esta legislatura. Hay que darles soluciones, no pedirles más sacrificios”.

La jueza Ana López-Suevos ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula del periódico El Correo Gallego. La magistrada imputa un delito continuado de alzamiento de bienes al exdirector, José Manuel Rey Novoa, el antiguo gerente, Ángel María Remesar Zabaleta, las parejas de ambos y el entramado de entidades nucleadas en torno a la editora del rotativo, Editoral Compostela. El escrito señala además a Rey Novoa y Remesar como autores de otro delito de apropiación indebida, lo que suma dos solicitudes de condena que alcanzan los siete años de cárcel. La indemnización total que se le reclama a la trama alcanza los 2,7 millones en una causa en la que se han presentado 17 denunciantes: la propia Fiscalía; el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), a traves de la Abogacía del Estado; una empresa de reprografía y catorce antiguos trabajadores.

Con Editorial Compostela en una “situación financiera de insolvencia”, al menos desde el año 2018, el entramado organizado por Rey, Remesar y sus esposas –María Fátima Otero Bouzón y María Carmen Ruiz de Arcaute Auzmendi– buscaba esquivar a sus acreedores. Lo hacía repartiendo entre cinco sociedades y una multitud de cuentas bancarias los ingresos que continuaba recibiendo mientras adeudaba hasta 24 nóminas a sus trabajadores.

Ese operativo obligó durante meses al gerente de El Correo, Ángel Remesar, a realizar guardias nocturnas para vigilar las aplicaciones bancarias y desviar el dinero que entraba lo más rápido posible para evitar perderlo a manos de alguno de los muchos acreedores. Rey Novoa nunca se lo ocultó a esa plantilla a la que le adeudaba tantas mensualidades; al contrario. Según la UDEF –la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional–, llegó decirles en una reunión que Remesar “realizaba todas las noches una vigilia para controlar los ingresos en las distintas cuentas para bloquearlas y evitar los embargos judiciales”. 

Las cinco empresas entre las que se movía el dinero –Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego, además de la propia Editorial Compostela– funcionaban así según “una auténtica unidad de caja (...) pese a la apariencia formal de separación jurídica”.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es. En él se relata cómo –entre la “precariedad” recogida en las cuentas anuales de 2018 y la declaración de concurso de acreedores en junio de 2022– El Correo acumuló una “importante” deuda frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, “numerosos proveedores” y, “de forma particularmente relevante”, sus trabajadores, “cuyos créditos salariales quedaron en gran medida impagados”.

El abogado del Estado recoge cómo consta en las actas del Consejo de Administración del citado año 2018 la búsqueda de “fórmulas de corto plazo” para poder seguir recibiendo ingresos, “especialmente de organismos públicos”, como campañas publicitarias de la Xunta o convenios, algo prohibido si existen deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Los 2,5 millones de la Xunta

La primera de esas fórmulas, y una de las que más han llamado la atención de los investigadores, fue obtener, aquel mismo septiembre, un préstamo de 2,5 millones de euros de la propia Xunta. El dinero llegó a través de XesGalicia, sociedad dependiente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), creada para “apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego”. El crédito estaba destinado, sobre el papel, a la “reestructuración financiera”. A la empresa le permitió ponerse al día tanto con la Agencia Tributaria como con el INSS y poder seguir accediendo a ingresos derivados de convenios “como los suscritos con la CRTVG”. Mientras, la deuda con la plantilla no dejaba de crecer. En octubre de 2020 –cuando tenía que haber empezado a devolver el préstamo– se cifraba ya en 4,7 millones de euros.

Según los informes de la UDEF, Rey Novoa se jactaba de “haber movilizado toda su capacidad de influencia” para rebajar la “mochila financiera” del periódico con aquel crédito. Lo hizo, primero, con una carta al director de XesGalicia, Fernando Guldrís, al que trataba como “Querido Fernando”. Sin embargo, según uno de los denunciantes –Caetano Díaz, que llegó a ser director adjunto del rotativo–, la cúpula de la sociedad desaconsejaba una operación que sólo “fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas al conselleiro de Economía, Francisco Conde”.

Conde era el hombre de Feijóo en asuntos de dinero. Llegó a ser vicepresidente de la Xunta y, cuando el actual líder del PP se fue a Madrid, se lo llevó con él, como parte de su núcleo duro, de diputado al Congreso, a donde volverá como cabeza de lista por Lugo pero, también, como ministrable. En la reunión en la que XesGalicia aprobó el préstamo por unanimidad, él fue uno de los que votaron a favor. Otro, el actual candidato a la alcaldía de Santiago por el PP, Borja Verea, entonces secretario general técnico de la Consellería.

En su carta a Guldrís, Rey Novoa explicaba cómo tenía previsto devolver un préstamo tan ventajoso que le eximía de pagar nada durante los dos primeros años: 1,6 millones saldrían de alquilar oficinas durante esos 24 meses y 400.000 más de un máster de periodismo online “dirigido por catedráticos de Santiago con la colaboración de todos los países latinoamericanos”. Los contratos de alquiler nunca se firmaron y el máster de periodismo jamás existió lo que, para la UDEF, “confirmaría que esos convenios o contratos no tenían contenido real alguno”.

El empresario no devolvió el dinero y dos años después, en 2022, el periódico entraba en concurso de acreedores. Sin embargo, unos meses antes, todavía se permitía protagonizar un último canto del cisne para la galería: la gala de los Gallegos del Año, que había sido suspendida en 2020 por la pandemia, regresaba a su cita a finales del 2021 con Feijóo presidiendo el acto como invitado de honor. “Un periódico que sobrevivió guerras y pandemias, merece seguir viviendo en las próximas décadas”, dijo entonces. Entre los homenajeados, en un acto de evidente sarcasmo, estaba la propia plantilla del periódico.

La trama

“A pesar de este estado de insolvencia, los acusados José Manuel Rey Novoa y Ángel María Remesar Zabaleta, actuando como administradores de hecho y de derecho de las entidades mencionadas, desarrollaron de manera consciente, persistente y coordinada una estrategia dirigida a evitar el cumplimiento de las obligaciones de pago de Editorial Compostela S.A. respecto de sus acreedores”, concluye la Abogacía del Estado.

Durante esos años, Editorial Compostela S.A., Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego “constituían en la práctica una única realidad económica y empresarial, plenamente integrada y caracterizada por una gestión unitaria de sus recursos financieros, pese a la apariencia formal de separación jurídica”. Esa estructura, dice, “funcionaba mediante una auténtica unidad de caja, en la que los ingresos y gastos derivados de la actividad del periódico El Correo Gallego eran canalizados indistintamente a través de las distintas sociedades mencionadas y, asimismo, mediante cuentas personales titularidad de los acusados”.

Es decir, los ingresos y gastos que producía el rotativo se repartían entre las cuentas de las cinco empresas pero, también, en. cuentas personales en las que participaban los cuatro acusados. “Todas las sociedades (...) respondían a una única realidad, siendo la separación formal una distinción artificiosa, con fines de elusión de responsabilidades, tanto ante los organismos públicos como ante los propios trabajadores”.

Abogacía del Estado concluye que, mientras las sociedades con deudas a la Seguridad Social pagaban los salarios y las cuotas correspondientes, el desvío del resto de fondos a otras cuentas evitaba la presencia de efectivo “que pudiera ser embargado por los organismos públicos acreedores”. No fue la única práctica fraudulenta detectada: algunas de las sociedades, que no tenían empleados, facturaban a clientes externos por los servicios que prestaban los trabajadores de la empresa deudora. Para eso se crearon nuevas sociedades sin cargas que pasaron a integrarse en el entramado empresarial.

“El funcionamiento descrito se apoyaba en la utilización de múltiples cuentas bancarias, tanto de las sociedades como de las personas físicas investigadas, a través de las cuales el dinero procedente de la actividad se hacía circular de forma constante, fragmentando los saldos y dificultando su localización y embargo”, recoge el informe. “Esta mecánica permitía mantener artificialmente reducidos los saldos de las cuentas titularidad de Editorial Compostela S.A., pese a la existencia de ingresos relevantes derivados de su actividad, eludiendo así las acciones ejecutivas dirigidas a la satisfacción de las deudas contraídas”.

Kawanda

Pero toda esta historia tiene varios epílogos. El último, del pasado año 2025 y con conexiones televisivas cuando no cinematográficas. La última sede de El Correo Gallego antes de que el grupo Prensa Ibérica se hiciese con la cabecera en el concurso de acreedores, fue una nave en el polígono de Costa Vella, en la salida norte de Santiago de Compostela. Ese edificio dio la vuelta al mundo convertido en Kawanda, la gran tienda de mascotas sobre la que orbita la serie Animal, protagonizada por Luis Zahera y que llegó a ser lo más visto en Netflix en 28 países. Según la UDEF, el coste por su alquiler acabó, una vez más, en el bolsillo de Rey Novoa, pero dando unos cuantos rodeos.

En su informe, los agentes detectaron el uso de una empresa interpuesta, Asemali Inversiones, para el arriendo del inmueble con la productora de la serie, Alea Lágrimas, y concluyen que los 27.189 euros que Alea pagó por el uso de la antigua sede acabaron en manos del exdirector del periódico. “El 85% de ese dinero fue a parar a la cuenta de Think First y de ese, más de 14.850 euros terminaron a disposición del investigado”, aseguran.

La fórmula para hacerse con el dinero era conocida. Sin embargo, esta vez, en lugar de tener al gerente del rotativo de guardia frente a la banca electrónica, era el propio Rey Novoa quien, según la UDEF, tan pronto como recibía el ingreso, iniciaba una ronda por los cajeros automáticos, de los que retiraba elevadas sumas de efectivo, mientras ordenaba distintas transferencias para tratar de poner el dinero a buen recaudo y lejos tanto de los acreedores como de la justicia.

El administrador único de Asemali, Ricardo Asensi Fajardo, es el quinto acusado en el escrito de apertura de juicio oral por parte de la jueza López-Suevos, que lo llamó a declarar a finales de 2025. La magistrada, como varias de las acusaciones, lo consideran cooperador necesario o cómplice del delito continuado de alzamiento de bienes, que iba más allá del caso de Animal. Por ello, y usando como base la cifra aportada por los demandantes, le reclama una fianza de 112.528,87 euros con la que debe “asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”.