El expresident Francisco Camps ha declarado este miércoles como perjudicado en la tercera sesión del juicio a los difusores del bulo del 'caso del Bar España': “Usaron mi nombre para darle mayor eco”, ha afirmado. Camps ha definido como “pandemia de horror” y “barbarie de calumnia” la difusión del infundio, que lo vinculaba a una falsa trama de pederastia y asesinato de menores inventada por Reinaldo Colás, un peluquero alcohólico fallecido en 2007 que se inventó el dislate por venganza contra su exmujer. Los acusados, de la esfera conspiracionista, multiplicaron el bulo en internet y en redes sociales durante décadas.

Camps ha aludido a las “gravísimas imputaciones, dañinas en el sentido más brutal” que sufrió, junto con “un montón de gente más”. El expresident ha dicho que los calumniadores pretendían “darle la mayor difusión posible” al bulo, a partir del “calumniador cero”, en referencia a Reinaldo Colás. “Se ha hecho daño por hacer daño, y todo el daño posible”, ha remachado el expresident de la Generalitat.

“Es algo que queda en el imaginario de algún grupo de personas determinado”, ha apostillado. Francisco Camps ha aludido a una magistrada que “ha sufrido muchísimo”, en referencia a Sofía Díaz, actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló, que también ha declarado este miércoles para relatar el tremendo calvario que ha sufrido estas últimas tres décadas.

Camps espera, según ha manifestado, que “el que difame o calumnie sepa que el peso de la justicia va a caer sobre él”.

Hechos “gravísimos”, según Carlos Fabra

Por otro lado, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, ha asegurado que la expansión del bulo del 'caso del Bar España' fue una de las “razones de peso” que forzó su dimisión de los puestos políticos que ostentaba.

Las difamaciones “absolutamente disparatadas” también afectaron a su esposa, que necesitó atención psicológica. “Los hechos fueron gravísimos”, ha agregado.

“Esto me perjudica a mí y a cualquier persona decente”, ha concluido Carlos Fabra, que se ha retratado un “jubilado de 81 años”.

Mónica Oltra dice que sufrió una “presión insoportable”

Además, también ha declarado la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, quien ha explicado que Reinaldo Colás y una pequeña tropa de adeptos hicieron llegar a su jefe de gabinete un dosier con las fabulaciones del 'caso Bar España'.

Oltra ha dicho que su departamento se limitó a trasladar las graves acusaciones al Ministerio Fiscal y que luego fue sometida por los difusores del bulo a “escarnio público” al incluirla en la falsa trama, al igual que a la exconsellera de Justicia, Gabriel Bravo y dos ex directoras generales.

“Esto es como una mancha de aceite, se va extendiendo”, ha relatado la perjudicada. Mónica Oltra también fue señalada por el bulo del 'caso Bar España': “Esto se lleva muy mal personalmente, hay una carga reputacional y profesional”.

Oltra ha vinculado los infundios sobre el bulo con la causa en la que figura como procesada por el supuesto ocultamiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que fue condenado su exmarido. También ha indicado que le causó “ansiedad” y perjuicio por daños morales y materiales. Como el resto de perjudicados, la dirigente de Compromís ha pedido el derecho al olvido en relación con el bulo.

Rosa Molero, ex directora general de menores del departamento que dirigía Mónica Oltra, ha expresado la experiencia “bastante doliente”. Molero también ha pedido que se ejerza el derecho al olvido y que se retiren definitivamente los contenidos en la red que la vinculaban con la falsa trama.

La jueza señalada desde hace casi tres décadas por los difusores del bulo del 'caso Bar España', que falsamente la han acusado de ser pederasta y asesina, ha relatado en la vista oral el “calvario” que ha sufrido y que ha afectado tanto a su salud como a su carrera profesional. “No se lo deseo a nadie”, ha dicho la magistrada Sofía Díaz, actualmente presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló. Además de la afectación a su imagen, la persecución propició que tuviera que interponer numerosas denuncias, que temiera seriamente por su seguridad y que se ocultara en las fotografías oficiales en actos públicos, al estar en la diana de varios de los acusados, principalmente de los conspiranoicos Pilar Baselga, Juan Lankamp Riaza, Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema). La mujer ha afirmado que su huella digital jamás podrá ser reparada, al haber perdido los acusados el “control” del material que propagaron en la red.

La magistrada, que comparecía este miércoles en la tercera sesión del juicio en condición de perjudicada, ha explicado con pelos y señales el origen del bulo: tuvo la mala suerte de cruzarse en 1997, en una guardia mientras era jueza de instrucción en Vinaròs, con una denuncia de Reinaldo Colás, un peluquero con problemas de alcoholismo que había grabado a sus hijas de apenas tres y cinco años denunciando supuestos abusos sexuales por parte de la pareja de su exmujer, Giuseppe Farina. Colás se había divorciado de su exesposa y mantenía con ella un contencioso por la custodia de las niñas.

Sofía Díaz cumplió perfectamente con su cometido de jueza instructora: encargó análisis periciales a una psicóloga y una psiquiatra, que concluyeron que había una “interferencia del padre” y que descartaron de plano la veracidad de las denuncias de abusos sexuales. El peluquero consiguió reabrir varias veces el procedimiento, aportando nuevos testigos. Sin embargo, tras seguir todos los cauces procesales habituales, la causa se archivó definitivamente y Colás inició una venganza. A la jueza le espetó: “Esto no va a quedar así”.

Grave difamación “día tras día” y “año tras año”

El nombre de la magistrada empezó a aparecer en la red, sin freno, asociado a todo tipo de imputaciones en relación con una fabulada red de pederastia y de asesinatos. Reinaldo Colás incluyó también a otros personajes públicos, como el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre muchos otros.

La mujer ha enumerado los calificativos que le han lanzado los acusados en redes sociales durante años: “Me han dicho asesina, pederasta, violadora de niños, torturadora, corrupta, traficante de armas, traficante de drogas, drogadicta, prevaricadora, perteneciente a una mafia satánica”. También ha precisado que la grave difamación fue “día tras día” y “año tras año”. “Siguen haciendo el daño a día de hoy, no han parado”, ha apostillado.

“Se me ha humillado de todas las maneras posibles, como persona, mujer, esposa, madre y como juez. Se ha ofendido mi dignidad, mi honra, mi honestidad y mi reputación personal y profesional. En todas las redes mi cara y mi nombre sale vinculado a los delitos más execrables y graves que existen en el Código Penal. Ustedes me han robado mi privacidad”, ha dicho en referencia a los acusados.

“Mi huella digital está marcada para siempre”

La magistrada Sofía Díaz ha explicado que los conspiranoicos “han perdido el control” de los contenidos que compartieron en la red, expandidos sin control. “Mi huella digital está marcada para siempre por las peores barbaridades del Código Penal, esto va a quedar hasta después de mi muerte”, ha incidido la perjudicada.

También ha destacado que los acusados —especialmente Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, y Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema)— expandieron el infundio en “todas” las redes sociales, incluyendo X, Instagram, Facebook o Telegram, además de en numerosos pódcast o vídeos de Youtube.

Sobre Juan Lankamp Riaza, ha recordado que el acusado pidió su “condena a pena de muerte” en un “zulo”. También quedó “muy asustada” por las manifestaciones en la red de otro de los inicialmente acusados, el ya fallecido Josele Sánchez.

La magistrada ha explicado que ha “gastado muchísimo tiempo en redes” buscando las difamaciones que sufría. También ha relatado la afectación a su vida familiar y profesional, al haber tenido que rechazar el ofrecimiento de determinados cargos en su carrera judicial por miedo a la persecución que sufría.

La persiguieron hasta la Ciudad de la Justicia de Castelló

Los acusados también se hicieron con una imagen de un acto académico privado de su hija y la divulgaron, de nuevo asociándola con la trama inventada por Reinaldo Colás.

Por otro lado, varios de los principales acusados (entre ellos Juan Lankamp Riaza y Pilar Baselga) se coordinaron para plantarse el 2 de junio de 2017 en la Ciudad de la Justicia de Castelló con una pancarta con falsas acusaciones de pederastia contra la magistrada. Sofía Díaz sufrió un ataque de ansiedad, una afectación constante en estas tres décadas de persecución, según ha detallado.

Los dos letrados que ejercen las defensas de Ramón Valero Martín Consuegra y de Juan Lankamp Riaza han alegado que sus clientes se han retractado en el marco de la vista oral en la que el fiscal les pide siete años y medio de prisión.

Sin embargo, la jueza ha pedido que hagan una retractación en redes sociales que tenga la misma repercusión que tuvieron los numerosísimos infundios que han propagado sobre ella.

El abogado que defiende a Lankamp también ejerce la defensa de Gabriel Hernández Serrano, quien en ningún caso se ha retractado. La magistrada ha recordado que, en el caso específico de Gabriel Hernández, “no ha parado” de difundir el bulo, a pesar de estar acusado.

Mensajes de Pilar Baselga “en 2025”

La víctima también ha enumerado los últimos mensajes de Pilar Baselga en su canal de Telegram vinculados al bulo: el 8 de junio de 2023 y el 6 de julio de 2025. En ese último mensaje, Baselga aludió al “pedosatanismo” y al “Bar España”. “Esto es el Telegram de Pilar Baselga en 2025”, ha remachado Sofía Díaz.

La acusada, por otro lado, ya fue condenada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castelló por intromisión ilegítima del derecho al honor de la magistrada, a la que tuvo que abonar una indemnización de 24.000 euros, según ha destacado el abogado que ejerce la defensa de Baselga.

Por otro lado, el letrado Javier Fernández Torres, acusado que se defiende a sí mismo, ha planteado varias preguntas declaradas por el juez como improcedentes.

Tras casi cuatro horas describiendo el calvario que sufrió Sofía Díaz a consecuencia de los desmanes de Reinaldo Colás, el acusado ha planteado a la magistrada perseguida por los difusores del bulo si estaba dispuesta a adherirse a que se investigaran las denuncias del peluquero. “Me está ofendiendo este señor”, ha contestado la víctima.

El juez que investiga al excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la supuesta falsificación de su título universitario ha pedido a la Diputación de Valencia los expedientes de sus solicitudes de prórroga para el servicio activo como funcionario y que informe sobre si “se requirió, aportó o valoró titulación académica alguna del interesado”. Así figura en una providencia del pasado 8 de octubre a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las prórrogas en el puesto de funcionario del expolítico se erigen en un elemento clave del procedimiento. Ya que la sección tercera de la Audiencia de Valencia reabrió la causa —previamente archivada por el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València al considerar que la supuesta falsificación del título universitario en todo caso estaría prescrita— escudándose en que “cada vez que el funcionario pide la prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”. Es decir, las prórrogas impiden la prescripción de los hechos, según la tesis de la Audiencia de Valencia.

José María Ángel pidió cuatro prórrogas para el servicio activo, entre 2021 y 2024. El juez instructor ha solicitado a la institución provincial precisamente los expedientes administrativos íntegros relativos a esas prórrogas y los informes vinculados, “en particular los de aptitud y capacidad funcional”.

Por otro lado, la providencia también ordena a la Diputación de Valencia que “adopte inmediatamente las medidas necesarias de preservación para evitar la alteración” o “pérdida” de los datos contenidos en la página web del Ayuntamiento de l'Eliana, localidad de la que Ángel fue alcalde.

La resolución también pide —“en caso de existir”— la copia certificada del “saluda” del alcalde durante la etapa de Ángel como primer edil. “En caso de no existir o de no poder recuperarse la información solicitada”, el instructor pide a la Diputación que certifique las “comprobaciones efectuadas”.

El abogado Javier Fernández Torres se defiende a sí mismo en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' y comparece en el banquillo de los acusados en la modalidad telemática, al residir en Irlanda. El acusado declaró este martes, en la segunda sesión de la vista oral, para echarle el muerto a Reinaldo Colás, el peluquero fallecido en 2017 que, por venganza hacia su exmujer, creó inicialmente el bulo de una supuesta trama de pederastia y asesinatos en Castelló que implicaba falsamente a la pareja de ésta última, a la magistrada que archivó su denuncia y a relevantes cargos públicos, con un infundio amplificado en redes sociales por el submundo conspiranoico, por el que el fiscal Javier Carceller solicita penas de siete años de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Fernández Torres relató ante el juez de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló que Colás le hizo un “encargo profesional” y le remitió un “documento de 204 páginas”, además de un “informe pericial” sobre sus hijas, que supuestamente habrían sido las primeras víctimas de la falsa trama del 'caso Bar España'. Todo ello, según declaró el acusado, “para que se investigasen los hechos y se determinase si, efectivamente, esas denuncias que figuraban en el documento eran verídicas o eran falsas”, según manifestó el letrado a peguntas del representante del Ministerio Público.

“Yo no hice denuncias, hice un dictamen jurídico”, alegó el abogado, quien se amparó en el “trabajo de investigación de Reinaldo”.

El acusado dijo que “no tenía conocimiento” de que uno de los principales señalados por las denuncias de Reinaldo Colás era precisamente Giuseppe Farina, la pareja de su exmujer, con quien el peluquero mantenía un contencioso por el régimen de visitas de sus hijas.

Fernández también aseguró, en un primer momento, que “no tuvo conocimiento” de que Colás había sido condenado por denuncia falsa (en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs).

Luego dijo que había oído “comentarios” sobre el hecho de que el peluquero había sido condenado por el bulo y reconoció que sabía que Reinaldo Colás “tenía procedimientos” por sus denuncias falsas. Y, finalmente, precisó que su cliente “mencionó tangencialmente” que había sido condenado por denuncia falsa.

Dislates con “apariencia de veracidad muy grande”

Sin embargo, el acusado no pudo comprobar el contenido de los dosieres que elaboraban Colás y sus colaboradores, “por falta de medios económicos”, según defendió. “Reinaldo no contaba con medios suficientes, traté de apoyarle en todo lo que pude”, remachó.

La documentación que le aportó Colás, que sostenía que se habían producido abusos a menores e incluso asesinatos en el Bar España, presentaba una “apariencia de veracidad muy grande” y era “muy profunda”, dijo Javier Fernández.

El acusado también se parapetó en un segundo personaje cercano a Colás, el también fallecido Joaquín Crespo Marqués. “A día de hoy ese informe pierde valor por el fallecimiento de los dos”, se escudó Javier Fernández, a modo de estrategia de defensa. El abogado apostilló que “en absoluto” sabía que Crespo también fue condenado por denuncia falsa.

Por lo demás, el letrado negó que se concertara o se coordinara para amplificar el bulo con el resto de acusados, todos pertenecientes al submundo conspiranoico, incluyendo a Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o a Pilar Baselga, absuelta en primera instancia por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y vincularla con el narcotráfico.

Javier Fernández reconoció que remitió en 2016 un informe a una larga lista de instituciones: la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat o la Agencia Valenciana Antifraude.

También a cargos autonómicos como el entonces president Ximo Puig y su vicepresidenta, Mónica Oltra, o a representantes políticos de la época tales como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, Rafael Hernando o Gabriel Rufián, entre otros. “Tenían que saber que no se estaban investigando un montón de asesinatos por parte de ninguna administración pública competente”, dijo Fernández.

El fiscal recordó que el acusado, mientras enviaba a media España el bulo, tenía una requisitoria de busca y captura al no haberse presentado ante el juzgado que le investigaba por la difusión de la desinformación.

Acusaba “de manera expresa” a Oltra o Camps

En los escritos, acusaba “de manera expresa” a cargos públicos como Oltra o la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, entre muchos otros, “de la omisión del deber de impedir delitos”, según recordó el fiscal Carceller. También implicó al expresident Francisco Camps.

Por otro lado, el acusado reconoció haber aportado el documento elaborado por Reinaldo Colás a Virginia Mota San Máximo, a quien elogió como una “profesional seria y rigurosa” y quien también se sienta en el banquillo de los acusados por difundir el bulo del 'caso Bar España' en el “periódico digital” Aquí Actualidad, ya desaparecido de la red y cuyo editor, Santiago Cordido García, figura como responsable civil.

Javier Fernández revestía sus escritos con el sello de 'Abogados contra la Corrupción', una entidad que nunca se llegó a constituir oficialmente y que el letrado definió como una “firma privada” de la cual poseía el “100% de titularidad”. “La fundación se quedó en el aire por falta de fondos”, indicó el acusado.

El fiscal, por el contrario, considera que el abogado usó “como pantalla” a la entidad “con la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones” relativas al bulo del 'caso Bar España'.

Las declaraciones de las víctimas

Las siguientes sesiones del juicio incluyen la declaración testifical de varias víctimas del bulo, tales como Francisco Camps, Mónica Oltra o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.

También declararán como perjudicados la magistrada que archivó por falta de pruebas la primera denuncia de la fábula, que ha sufrido durante casi dos décadas una persecución sistemática, o enemistades personales de Reinaldo Colás incluidas en el infundio, además de las hijas del peluquero fallecido.

Cada vez que la Generalitat responde ante una nueva dana que azota el territorio valenciano queda en evidencia la catastrófica gestión del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos. El actual president, Juan Francisco Pérez Llorca, se personó la mañana de este pasado lunes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), acompañando al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. A diferencia del anterior jefe del Consell, Carlos Mazón, que alargó una comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en el reservado del restaurante El Ventorro y llegó a la reunión cuando ya había fallecidos y cientos de personas permanecían atrapadas por las inundaciones.

Pérez Llorca estuvo “desde antes de las 5.30 de la mañana” en “contacto permanente” con el conseller Valderrama, según dijo en redes sociales. También a diferencia de su antecesor en el cargo, el actual president contactó con alcaldes de los municipios afectados, como el de Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, “para conocer de primera mano cómo se encuentra la situación”.

Se trata de un contraste llamativo. Mientras que la entonces consellera Salomé Pradas afrontó aquel desastroso Cecopi prácticamente sin más representación de su mismo rango que la acompañara —la vicepresidenta Susana Camarero se desconectó de la reunión para acudir a una entrega de premios—, la última reunión de emergencia ha seguido el episodio de lluvias que ha afectado al litoral sur de la provincia de Valencia y al litoral norte de Alicante y ha dejado, al menos, cuatro fallecidos con la presencia destacada de Pérez Llorca y con comparecencias públicas del president para alertar a la población con cierta antelación.

De hecho, además de los reiterados mensajes Es-Alert enviados, la Generalitat activaba ante la dana Adam el confinamiento de 142 municipios, en los que se ha restringido la movilidad. Por el contrario, la tarde del 29 de octubre de 2024, José Manuel Cuenca, el entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón, trató de frenar esa opción, que precisamente manejaba la consellera Pradas en el Cecopi.

“Salo, de confinar nada”, le espetó en un mensaje de WhatsApp incorporado a la causa en la que la exconsellera Salomé Pradas figura como investigada por el presunto delito de homicidio imprudente, junto con su 'número dos' en Emergencias, Emilio Argüeso.

Limitaciones “proporcionales”, aduce Emergencias

El conseller Valderrama publicaba este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden con las medidas “temporales y excepcionales” de confinamiento. La resolución indica que la evolución de la emergencia de la dana Adam “obliga a reforzar, con carácter inmediato, por razones de seguridad de las personas y de las necesidades operativas de los servicios de respuesta, el confinamiento y la restricción absoluta de la movilidad de numerosos municipios”.

“Estas limitaciones son proporcionales a la finalidad perseguida, puesto que las medidas adoptadas son menos perjudiciales para los derechos de terceros, no se prolongan especialmente en el tiempo y son las únicas que se pueden adoptar para alcanzar la finalidad perseguida”, apostilla la orden.

El Cecopi de este pasado lunes tomaba la decisión a las 7.00 de la mañana, apoyándose en la “base legal” de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y la norma autonómica de Gestión de Emergencias, que “faculta para la adopción de las medidas” de confinamiento, según apostillaba la orden publicada en el DOGV.

Cuenca a Pradas: “Quítate eso de la cabeza”

Por el contrario, el Cecopi de la dana debatió extensamente la posibilidad de confinar a la población, según han confirmado varios testigos. La consellera Pradas informó de esa posibilidad al jefe de gabinete de Mazón (ante los problemas para comunicarse directamente con el president) y José Manuel Cuenca planteó serios reparos, incluso con cierto tono indecoroso.

Cuenca consideraba que para tomar esa medida hacía falta “un estado de alarma” y que esa decisión la debía tomar “la chica” que Pradas tenía a su “lado” en el Cecopi, en referencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Mientras que el jefe de gabinete pedía “calma”, Salomé Pradas aducía que se podía acordar el confinamiento, a tenor de la normativa autonómica en materia de Emergencias (precisamente la misma que ha usado este lunes ante la dana Adam la Generalitat). “Quítate eso de la cabeza. Tranquila, ché”, insistió José Manuel Cuenca en respuesta a ese último mensaje de Pradas.

El jefe de gabinete de Mazón, tal como informó este diario, ocultó en su primera declaración ante la jueza instructora de la causa de la dana, la existencia de aquellas órdenes.

Pérez Llorca pide evitar “zonas inundables”

Por otro lado, el president Juan Francisco Pérez Llorca pedía a la población desde primera hora de la mañana que se siguieran las indicaciones del Es-Alert: “No salgáis de casa, evitad cualquier desplazamiento y alejaos de zonas inundables”, remachaba el actual jefe del Consell.

Además, en otra comparecencia notablemente alejada del tono de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, Pérez Llorca afirmaba cerca del mediodía que, a pesar de que el temporal iba “remitiendo”, seguía “habiendo mucho riesgo”.

Por su parte, Mazón, en su única comparecencia de la mañana del día de autos, transmitió datos desactualizados (tal como ha acreditado la jueza instructora) y, prácticamente, dio por finiquitada la emergencia.