Casi 150 personalidades de la cultura, entre los que se encuentran los actores Paul Mescal, Susan Sarandon o Tilda Swinton, han firmado una carta abierta en apoyo a la escritora y Sally Rooney, después de que su editorial dejara de suministrar sus libros en el Reino Unido a raíz de su respaldo al grupo Palestine Action, que fue ilegalizada por el Gobierno británico en julio de 2025.

Entre los firmantes figuran, además de Mescal las actrices Daisy Edgar-Jones y Alison Oliver, ambas protagonistas de series que han adaptado obras de Rooney. La primera, junto con Mescal, protagonizó Normal People, mientras que Oliver hizo lo propio en Conversaciones entre amigos.

Además de ellos, también están figuras destacadas de la actuación como Susan Sarandon, Jessie Buckley o Tilda Swinton, la escritora Annie Ernaux o los músicos CMAT y Kneecap. La carta de apoyo a la escritora ha sido publicada en el último número de la revista británica New Statesman.

La semana pasada, Rooney dejó de vender sus libros en territorio británico para evitar posibles represalias legales tras haber declarado de manera pública su apoyo a Palestine Action.

Los firmantes -entre los que también se encuentran los autores irlandeses Colm Tóibín, Anne Enright y Anna Burns- condenan la retirada de los libros de Rooney del mercado británico, una medida tomada en virtud de una “legislación antiterrorista draconiana”

Señalan además que la medida constituye “una afrenta a los principios básicos de libertad de expresión” y añaden su rechazo categórico a “la censura -ya sea directa o indirecta- e instamos al gobierno a cambiar de rumbo, modificando la legislación que nos ha llevado a este punto de absurdo represivo”.

La editorial de Rooney, Faber & Faber, comunicó que, de común acuerdo, dejaría de distribuir sus obras en el Reino Unido, ya que la legislación antiterrorista británica impide que la empresa le haga llegar los ingresos generados por la venta de sus libros.

La autora de libros como 'Normal People' (2018) o 'Intermezzo' (2024) escribió el año pasado un artículo de opinión en el diario Irish Times en el que expresó su intención de respaldar al grupo propalestino desde la República de Irlanda, donde no está ilegalizado.

El PP y Vox han aprobado este jueves una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que se reclama que el Gobierno central garantice “la prioridad nacional de los españoles” en el acceso a una vivienda social o protegida y para “ser receptor” de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda, y pide al Gobierno central que, para conseguirlo, proceda a la “la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal”; a la “remigración” de los extranjeros que “pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos”, y a la “deportación inmediata” de quienes “cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras”.

La PNL teóricamente sobre vivienda presentada por Vox ha contado con el apoyo del PP de Moreno, que en apenas un año ha pasado de proclamar que no participaría en ninguna “cacería al emigrante” a abrazar el discurso más duro de Vox con la emigración, articulado en torno a la “repatriación”, la “remigración” y la “deportación”, tres figuras con matices y supuestamente aplicables a situaciones diversas con una misma finalidad: expulsar a los emigrantes de España.

De paso, sostiene la vinculación directa entre la falta de vivienda asequible en España y en Andalucía con la inmigración. Hace apenas 24 horas, Moreno y el líder popular, Alberto Núñez Feijoo, presentaron el programa de vivienda del PP para las próximas elecciones, sin establecer ninguna relación entre inmigración y falta de vivienda, como hace abiertamente la PNL que ahora apoya el PP andaluz. Pero esta misma mañana, Vox ya había marcado la nueva línea con una cuenta de trazo grueso: “Si entran 5.000 inmigrantes irregulares y se hacen 500 vivivendas, faltan 4.500”.

Moreno pasa de desmarcarse a apoyar a Vox

Moreno se pasó la legislatura previa refutando a Vox cuando el partido ultra le instaba a ser duro con la inmigración. Por entonces, Moreno subrayaba que no tenía competencias, pero también se desmarcaba de la línea dura del partido de Abascal. De hecho, esto venía siendo así desde la primera legislatura del barón popular, cuando en 2019, apenas cinco minutos después de la toma de posesión de los primeros consejeros de Moreno, Vox hizo públicas sus exigencias para que sus 12 diputados los apoyasen. Una de las principales ya era que “el nuevo Gobierno de la Junta que colabore en la repatriación de los 52.000 inmigrantes ilegales”, un dato que no explicaban de dónde procedía.

En estos años, Moreno ha capeado las invectivas a cuenta de la inmigración por parte de Vox, que llegó a llamarle “Juanma Moruno”. “No somos lo mismo”, insistía. Hasta que llegaron las negociaciones para formar el nuevo Gobierno tras las elecciones de mayo, y le fue necesario contar con el apoyo del partido de ultraderecha. Entonces, Moreno firmó un documento programático con Vox que incluye el concepto “prioridad nacional”, que él mismo había definido como “literatura” durante la campaña, y que ahora “inspira” al Gobierno andaluz para asignar el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Este mismo principio rector se aplica para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. El pacto de Gobierno también estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”.

Esta misma semana han llegado las primeras concreciones. El Gobierno andaluz ya ha retirado ayudas a ONG que atienden a inmigrantes sin hogar. En concreto, ha suspendido ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar. El Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas, parte de ellas extranjeras.

Ahora, el PP en el Parlamento andaluz vota a favor de una PNL sobre vivienda que apunta a los inmigrantes como origen de la falta de alojamientos, y propugna su retorno voluntario o forzoso a sus países de origen.

El texto ha contado con 63 votos a favor y 41 votos en contra, teniendo el apoyo del PP-A y Vox, y el rechazo del resto de grupos de la oposición.

“Esto son matemáticas, esto no es xenofobia”

El diputado de Vox, Ricardo López, que ha defendido la iniciativa, ha señalado un déficit de 750.000 viviendas entre el número de viviendas y las personas que buscan un acceso a ella, poniendo el foco en las personas migrantes. “Con sus políticas de puertas abiertas y el efecto llamada han puesto en grave riesgo y en una situación de drama al pueblo español, a los Hernández y a los García, porque ustedes están beneficiando a señoras que vienen de Sierra Leona, que se tienen que solucionar sus problemas allí, y esto es un dato objetivo”, ha aseverado.

“Esto son matemáticas, esto no es xenofobia”, ha asegurado el diputado de Vox. Asimismo, López ha criticado la gestión de vivienda por parte del Gobierno central al que ha afeado convertir la preocupación sobre la vivienda en “un vehículo electoral”, a la par que ha señalado el alto número de propiedades por parte de algunos dirigentes del PSOE y Frente Amplio.

“Ustedes son los pijoprogres que viven en chalés y en urbanizaciones privadas, que no han visto un extranjero nada más que cuando va a limpiarles a ustedes la piscina y que están poniendo en riesgo a nuestra gente”, ha aseverado.

La oposición califica la PNL de “xenófoba”

El parlamentario del PSOE-A, Daniel Pérez, ha afeado a Vox que en la PNL “no habla de una sola casa, de un solo ladrillo ni de una sola ayuda al alquiler, se habla de deportar, remigrar y repatriar”. En este sentido, ha asegurado que la prioridad nacional planteada en el texto “rezuma odio y xenofobia”.

Asimismo, ha afeado que desde el Gobierno andaluz “no se hace una sola propuesta real” sobre vivienda y ha criticado la falta de apoyo de Vox a los reales decretos impulsados por el ejecutivo central para paralizar los desahucios.

“Todo lo que han intentado en todo momento es señalar, señalar e identificar siempre al de abajo, porque es más fácil señalar al jornalero de Huelva que atacar, en este caso, a quien especula con fondos de inversión”, ha remarcado.

En esta línea, el diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha defendido el carácter migrante del pueblo andaluz y ha asegurado que muchas personas migrantes “no viven en una vivienda digna”.

“Vox necesita a los inmigrantes para culparlos de todos los problemas, aunque no tengan nada que ver. Y los necesitan porque Vox está aquí para defender los intereses de los ricos, que necesitan a los inmigrantes explotados, los necesitan sin papeles”, ha explicado al mismo tiempo que ha señalado a fondos de inversión extranjeros por comprar viviendas en Andalucía.

Por su parte, el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha lamentado la “especulación” por parte de dichos fondos de inversión y ha señalado al PP “por gobernar junto a Vox”. “¿No estáis viendo el carácter racista que para justificar y dar una batalla ideológica que va contra ustedes también, porque os la están dando a ustedes, tienen que ir al clasismo, al racismo, al señalamiento, a la criminalización del pobre? Os van a comer por los pies”, ha aseverado.

El diputado del grupo popular, Manuel García Delgado, ha puesto el foco en la gestión del Gobierno de España por la situación de la vivienda y en contraposición ha puesto en valor las políticas impulsadas desde la Junta de Andalucía. “Exigimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad. Nuestro compromiso siempre será con los andaluces, más viviendas asequibles, menos trabas y más ayudas para las familias”, ha reafirmado.

“Atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero”

El texto pide que el Gobierno nacional ataje “la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios”, y que la recaudación resultante se destine “a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida”.

Asimismo, se plantea que el Ejecutivo nacional explore cuantas fórmulas sean necesarias para “limitar la demanda extranjera no residente, que está inflando los precios de la vivienda y dificulta la emancipación y la seguridad residencial de los españoles en muchas localidades de nuestro país”, y que impulse cuantas reformas legales sean necesarias, a todos los niveles competenciales incluyendo instancias europeas, para que la adquisición de una primera vivienda habitual sea nueva o de segunda mano, quede libre de cargas fiscales para los españoles.

Otra demanda es que el Ejecutivo nacional “promueva, en coordinación con las administraciones competentes, una revisión exhaustiva de las tasas e impuestos de ámbito autonómico y local que inciden en el proceso edificatorio, con el objetivo de impulsar la supresión o bonificación de aquellos que contribuyan a incrementar el coste final de los inmuebles y dificulten el acceso a la vivienda”.

Vox pide que el Gobierno “incremente de manera sustancial y sostenida en el tiempo de la producción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de los procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias que obstaculizan el desarrollo del sector, simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas y duplicidades normativas, al tiempo que se articulan instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales”.

También se pide que el Ejecutivo nacional incremente la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción de compra mediante fórmulas de colaboración público-privada para garantizar que los jóvenes y las familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos, y que promocione un modelo de alquileres que armonice los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) y arrendatarios (asequibilidad, estabilidad).

Asimismo, en la iniciativa de Vox se insta al Ejecutivo nacional a modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y otra normativa que resulte necesaria, con el objeto de “impedir el empadronamiento en inmuebles ocupados ilegalmente y evitar que dicha inscripción pueda generar derechos o beneficios derivados de una situación de ocupación ilegal”, y a impulsar las reformas legales necesarias para “garantizar el desalojo de los ocupantes ilegales y la restitución del inmueble a sus legítimos propietarios en un plazo máximo de 24 horas”.

La visita de Vito Quiles a Zaragoza ha terminado convirtiéndose en una jornada de tensión en el entorno de la Universidad de Zaragoza y la plaza de San Francisco. La Policía ha cargado contra los manifestantes antifascistas durante las protestas contra el agitador ultra, en las que se han vivido momentos de enfrentamiento verbal, lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos, y una intervención policial en la que los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta.

La convocatoria se había fijado inicialmente para las 19.00 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. A pesar de que la institución académica no autorizó el acto en sus instalaciones, Quiles mantuvo el llamamiento, que ha empezado más tarde y se ha desplazado hacia la plaza de San Francisco, donde ha pronunciado su discurso.

La movilización ha comenzado en el entorno universitario y se ha desplazado posteriormente hasta la plaza. Desde allí, los participantes han continuado en dirección al Auditorio de Zaragoza, en una secuencia de acontecimientos marcada por los momentos de tensión entre los distintos grupos y la intervención de los agentes. Una de las asistentes asegura que ha visto a una persona “con heridas en la cabeza” y que ha observado a personas con los ojos “fatal” a consecuencia del gas pimienta.

Durante la concentración se han escuchado insultos y consignas dirigidas tanto contra el agitador como contra el presidente del Gobierno. Entre los gritos dirigidos a Quiles se han oído “facha de mierda” y “Vito Quiles, hijo de puta”. El ambiente ha estado marcado por la exaltación y la violencia verbal entre los presentes.

La presencia de manifestantes antifascistas ha sido superior a la de seguidores de Quiles. En distintos momentos, los grupos han permanecido separados por los agentes, aunque la situación se ha tensado cuando el agitador se ha situado entre ambos bloques.

La Policía ha intervenido durante los incidentes y ha cargado contra los manifestantes antifascistas. Los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta, mientras se producían lanzamientos de botellines, cajas y otros objetos.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había llamado a movilizarse contra la visita de Quiles, al considerar que pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir a Zaragoza para demostrar que la ciudad era un territorio “leal a España” y levantarse contra “la mafia de Sánchez”.

El mundial de MotoGP entra en su recta final con todo en juego a falta de cuatro fines de semana de carrera. En esta ocasión toca el Gran Premio de Australia en Phillip Island, al que Jorge Martín llega como líder con sus 355 puntos, aunque con la clara amenaza de un Marc Márquez que suma 353, solo dos menos. Marco Bezzecchi, tercero en el campeonato, está más alejado con sus 309 puntos.

Si bien la lucha está entre los dos pilotos de Aprilia y el “solitario” de Ducati, la realidad es que, aunque está en desventaja, Marc Márquez llega con una inercia mejor, especialmente después de haber salido con mucha vida de Indonesia, un circuito en el que nunca se había sentido cómodo.

El propio Marc Márquez reconoció en la previa del GP de Australia que llegaba a Phillip Island con la intención de sacar lo máximo: “Vengo aquí a estar lo más cerca posible de los 37 puntos. En las cinco carreras que quedan, intentaré sumar más que Martín en cada una de ellas. Esa es la intención desde el jueves”.

Sin embargo, también mantuvo cierta prudencia: “Es un fin de semana interesante. Primero por la previsión del clima y luego porque el circuito me gusta, pero hay que recordar que el año pasado las Aprilia fueron más rápido que las demás”.

Por su parte, Jorge Martín también habló de la imprevisibilidad meteorológica para este fin de semana, algo que le mantiene alerta: “No puedo controlar el clima, simplemente tengo que adaptarme a lo que tengamos, como todo el mundo. No me acuerdo cuando fue la última vez que rodé con la Aprilia en mojado”.

Más allá de la meteorología, Martín en esta ocasión se siente en desventaja frente a Márquez: “Estoy listo para que sea el último Phillip Island, donde siempre fui rápido, aunque nunca rodé aquí con la Aprilia. Siempre estoy en desventaja en ese aspecto”.

Así es el circuito de Philip Island

Este será un fin de semana especial para el circuito de Phillip Island, ya que la de 2026 será su última edición como sede del GP de Australia de MotoGP, antes de ser reemplazado por Adelaida a partir de 2027.

El trazado de Phillip Island tiene 4,45 kilómetros de longitud y cuenta con 12 curvas, de las cuales 5 son a derechas y 7 a izquierdas. La anchura máxima de la pista son 13 metros. La carrera al sprint aquí se disputa a 13 vueltas, mientras que la carrera más larga del domingo se llevará a cabo a 27 giros.

Horarios del GP de Australia de Moto GP 2026

Viernes 23 de octubre:

Sábado 24 de octubre:

Domingo 25 de octubre:

*horario peninsular español: en la madrugada del sábado al domingo los relojes descontarán una hora (afectando solo a la carrera).

Dónde ver el Gran Premio de Australia de Moto GP por TV

Todo lo que suceda en el fin de semana en el Gran Premio de Australia de Moto GP, así como también lo que pase de las categorías de Moto 2 y Moto 3, se podrá ver en televisión como es habitual en la plataforma DAZN, que tiene los derechos del campeonato en España.

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

Todo ha cambiado en la esfera política andaluza tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, que alumbraron el primer Gobierno de coalición PP-Vox.

Hace justo un año, en octubre de 2025, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, reapareció por Andalucía, convocó a los medios frente a la fachada del Parlamento, y pidió la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

El dirigente ultra anunció que su formación acudiría a la Fiscalía, como hicieron las formaciones de izquierdas, para que “se sepa qué es lo que ha fallado y quiénes son los responsables y se asuman no solo las consecuencias políticas, sino las consecuencias judiciales que se deriven”.

Su partido decidió, entonces, no votar en contra de la solicitud que registró el PSOE para crear una comisión de investigación sobre “los fallos” en el sistema de detección precoz de cáncer, que afectó a más de 2.000 mujeres con diagnósticos tardíos. De hecho, Vox presentó su propia solicitud de comisión de investigación.

Este jueves, cuando se cumple un año de la mayor crisis política que ha sacudido al Gobierno de Moreno, el Parlamento ha vuelto a debatir y a votar la misma iniciativa, registrada por los tres grupos de izquierdas (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía), pero Vox ha cambiado de registro y sus diputados, que tienen la llave de la gobernabilidad esta legislatura, han tumbado la propuesta. La misma, palabra por palabra.

Hace un año, la iniciativa decayó por la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno. Ahora decae porque Moreno cogobierna con la ultraderecha, y los de Abascal consideran que no es necesario que el Parlamento investigue qué ocurrió con el fallo de los cribados de cáncer -reconocido por la propia Junta- porque “ya se sabe todo lo necesario”. PP y Vox firmaron un acuerdo político tras las elecciones andaluzas, conformaron un gobierno conjunto y, en estos cinco meses, caminan de la mano sin sobresaltos ni estridencias.

De la advertencia de Abascal al perfil bajo

Abascal llevaba meses fuera del mapa andaluz cuando decidió regresar, alertado por el descomunal ruido que provocó el escándalo de los cribados de cáncer. En pocos días, el Gobierno de Moreno pasó de negar el problema a aceptarlo, de minimizar el impacto de los fallos en la detección precoz, a cifrar en “miles” las afectadas. Miles de mujeres se manifestaron a las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla, a pocos metros del despacho del presidente andaluz, gritando “¡Bonilla dimisión!”.

Moreno tuvo que pedir disculpas públicas, destituyó a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y dejó caer a todo su equipo. “Esto no se resuelve mirando para otro lado ni haciendo que dimita un consejero para luego recolocarlo en otro sitio, como han hecho con los anteriores consejeros de sanidad que también deben dimitir”, advirtió Abascal en su comparecencia, en referencia al primer titular de Salud de Moreno y expresidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y a su sucesora en la cartera, también exconsejera, Catalina García.

En ese momento, Vox presionaba al barón popular para que convocase las elecciones andaluzas y aspiraba con arrebatar la mayoría absoluta a Moreno, y condicionar su Ejecutivo desde dentro, como así ha sido.

El anticipo de las elecciones generales, el próximo 29 de noviembre, ha contribuido, además, a que Moreno y su vicepresidente de la Junta, el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, conminen a los suyos a tener un perfil bajo, tanto en la acción de gobierno como en la comunicación a los medios, para evitar que Andalucía se contagie de la hipertensión política que ha provocado el movimiento social en favor de la vivienda, las acampadas, las movilizaciones, que están agitando al electorado progresista.

Ninguna de las medidas que contiene el pacto PP-Vox, desde la “prioridad nacional” que promete restringir las ayudas públicas a los inmigrantes en favor de los españoles, hasta la supresión de subvenciones a sindicatos y ONG y la derogación de “leyes ideológicas”, como la Ley de Memoria Histórica, se ha asomado aún por el Parlamento, y menos por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El acuerdo político contiene un calendario de cumplimiento y algunos de los compromisos suscritos por Moreno con la ultraderecha deben entrar en vigor antes de que finalice este año, pero no necesariamente antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Nueva petición de comisión de investigación

En este contexto, los grupos de izquierdas se han puesto de acuerdo para reactivar la solicitud de una comisión de investigación parlamentaria sobre la crisis de los cribados de cáncer, sabiendo de antemano que los socios de Gobierno la vetarían, pero con el objetivo indisimulado de retratar a Vox. “Usted ha pasado de águila imperial a gallina turuleta”, le espetó el diputado Mario Jiménez al líder regional de la ultraderecha, flamante vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Los socialistas casi dejaron de lado el debate de fondo sobre los fallos en los cribados de cáncer, centrando toda su capacidad de fuego en desnudar las contradicciones de Vox desde que forma parate del Consejo de Gobierno andaluz. “¿Recuerda a Abascal, en la puerta de este Parlamento, llamando al presidente Juanma Moruno y exigiéndole su dimisión por los cribados? ¿Qué ha pasado? Usted es un estómago agradecido, le sienta bien el sillón”, le ha dicho a Gavira la portavoz adjunta del PSOE, María Márquez.

El segundo debate parlamentario sobre la posible comisión de investigación de la crisis de los cribados tiene lugar a menos de mes y medio para las generales, con PP y Vox coordinados en precampaña para no dañar su interés común, a saber: echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y gobernar juntos España.

La semana pasada, Ángela Claverol, la presidenta de Amama, organización que destapó el escándalo de los cribados de cáncer de mama, fue acompañada al registro del Parlamento por los tres líderes de la izquierda, María Jesús Montero (PSOE), José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Antonio Maíllo (Por Andalucía) para registrar la solicitud de la comisión de investigación.

“¿Qué ha pasado en un año? La paguita, la poltrona, la mariscada”

Antes de que se sustanciase el debate, Montero y García sacaron el asunto en la sesión de control al presidente. El líder de la formación soberanista ha preferido interperlar directamente a Gavira, sentado junto al escaño de Moreno, para afearle su cambio de voto. “¿Qué ha pasado en un año? Esto ha pasado: la paguita, la poltrona, la mariscada”, le ha dicho, haciendo el gesto del dinero con los dedos.

Moreno ha aprovechado las preguntas sobre la crisis de los cribados para anunciar las macrocifras de los Presupuestos andaluces para 2027, que aprobará el Consejo de Gobierno la semana que viene. Las cuentas ascienden a 54.716 millones de euros -cifra récord-, un 6% más que en el presente ejercicio, con casi 17.000 millones para la Consejería de Sanidad. “El Gobierno que más ha hecho por sostener la sanidad pública en Andalucía es del PP”, ha sentenciado el dirigente popular.

El debate ha tenido lugar en ausencia del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que ha dejado el escaño vacío mientras los portavoces de las izquierdas le interpelaban. Quien ha defendido la comisión de investigación por parte del PSOE ha sido la diputada Ángeles Férriz, que ha dejado en la tribuna al menos una decena de preguntas sin responder por la Junta: “¿De dónde sale el informe médico que dice que las afectadas son unas 2.000 mujeres? No lo sabemos. No sabemos nada porque no se han dado explicaciones”, ha asegurado. La parlamentaria ha citado, textualmente, las palabras de los diputados de Vox hace un año.

La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, también ha lanzado muchísimas preguntas: “¿Quién está haciendo las mamografías externas? ¿En qué servicios se están contratando profesionales? ¿Y por qué? ¿Dónde faltaban?”, ha inquirido. Gómez ha denunciado que la Junta está convirtiendo la sanidad pública en un sistema asistencialista. “El que puede se lo paga, y el que no se lo traga”, dice.

Javier Montes, el diputado de Adelante Andalucía, ha usado su lenguaje sanitario -es enfermero de profesión- para condenar la falta de previsión de la Consejería de Salud. “¿Por qué no les avisaron con tiempo de que tenían un diagnóstico sospechoso de cáncer de mama? ¿Fue informada la anterior consejera del ramo, Catalina García? ¿Han investigado a los anteriores consejeros? ¿Cuántas afectadas son: las que dice el SAS o las que dice Amama? ¿Cuántas han fallecido por el retraso en el diagnóstico de cáncer de mama? ¿Van a compensar a las mujeres que hoy sufren un cáncer y piden una compensación patrimonial en los tribunales?”, ha preguntado.

En su turno, el diputado de Vox Rafael Segovia ha respondido a todos sus predecesores: “Agradezco que hayan recordado que nosotros, antes de formar parte del Gobierno andaluz, registramos una solicitud para crear una comisión de investigación y luego votamos a favor de la propuesta de los partidos de izquierdas”, ha dicho. Luego se ha excusado por “no pedir la dimisión del señor Moreno después de ganar las elecciones andaluzas, aunque sí lo pedimos antes”.

Segovia ha admitido que el resultado de las andaluzas “no exime de la obligación de esclarecer los hechos”, pero sí ha cambiado “la posición institucional de Vox”. “Ahora como parte del gobierno podemos solucionar la situación, en la oposición se denuncia, en el gobierno se soluciona”, ha advertido.

El parlamentario ultra se ha referido a la “auditoría interna de todos los hospitales del SAS, servicio por servicio”, un punto recogido en el acuerdo PP-Vox, que servirá, según ha dicho, para aclarar qué ocurrió en la crisis de los cribados de cáncer de mama. “El objetivo es acelerar todos los diagnósticos del SAS, no sólo los cribados. Votar a favor de esta comisión de investigación sería dinamitar el acuerdo de Gobierno”, que obliga a PP y Vox votar conjuntamente en todas las iniciativas parlamentarias que comprometa su alianza, incluidas las comisiones de investigación. “Ustedes ya sabían que esto no podíamos apoyarlo, ¿qué sentido tenía traerlo aqui?”, ha zanjado.

Beatriz Jurado, diputada del PP andaluz, ha afeado a la izquierda que intenten “instrumentalizar” la sanidad pública. “Hace un año hubo responsabilidades políticas y dimisiones, se investigó y se dio respuesta a las afectadas. Su relato es falso”, ha concluido.

El precio del megavatio hora (MWh) del gas natural europeo TTF en el mercado holandés ha superado este jueves los 91 euros, lo que supone un nuevo máximo desde diciembre de 2022.

A las 15:18 horas (13:18 GMT), la materia prima de referencia en Europa cotizaba en el mercado de Países Bajos a 91,416 euros el megavatio hora (MWh), lo que representaba un repunte del 4,8% respecto al cierre del miércoles.

Horas después de tocar ese máximo, a las 18:30 horas (16:30 GMT), el gas natural registraba una avance del 4,46%, en los 90,885 euros, informa EFE.

Todo ello, en una jornada en la que la escalada de esta materia prima y del gas y el temor a una crisis de deuda han acelerado las caídas de las bolsas, con el Ibex español dejándose más de un 2%.

Se trata de la cotización más elevada para esta materia prima desde el 23 de diciembre de 2022, en el contexto de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

En el acumulado del año, el precio del gas natural en Europa se dispara más de un 220%, mientras que desde el estallido del conflicto en Oriente Medio su revalorización supera el 185%.

Fuentes de XTB señalan que esta subida se debe “al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las preocupaciones sobre la disponibilidad de suministro durante el invierno”.

Los analistas de la firma exponen que los inventarios europeos se encuentran en torno al 75% de su capacidad, lo cual supone un nivel “excepcionalmente bajo” para esta época del año, más cuando ya está concluyendo el llenado de los almacenes de cara a la temporada invernal.

Esta situación de menores reservas incrementa la sensibilidad del mercado ante posibles interrupciones en los flujos de gas natural provenientes del Golfo Pérsico.

Los expertos apuntan a que, de continuar con esta subida, el precio de soporte se podría situar entre 90,96 y 94,52 euros.

Este jueves se ha presentado el recorrido oficial del Tour de Francia 2027, que representará la 114ª edición, con ‘Grand Depart’ de nuevo fuera de territorio francés, en este caso en Edimburgo, por primera vez, con las tres primeras etapas íntegras en el Reino Unido. 

Una edición que tendrá lugar del 2 al 25 de julio y que llega con un recorrido en el que destacan dos contrarreloj individuales, que podrían beneficiar a Remco Evenepoel y Paul Seixas frente a Tadej Pogacar, y con los Alpes y Pirineos de nuevo como principales actores en la carrera, que volverá a contar con Montmartre en la última etapa en París, a pesar de los rumores que hablaban de que se iba a eliminar en esta ocasión. 

El recorrido del Tour de Francia 2027 

La temporada de ciclismo apenas acaba de terminar y ya se mira a la siguiente, con el perfil finalizado para su carrera más popular, el Tour de Francia 2027, que ya tiene recorrido publicado, un total de 3.479 kilómetros que se reparten en 21 etapas. 7 de ellas llanas, 6 onduladas, 6 de montaña con 3 finales destacados en alto, además de 2 contrarreloj individuales y 3 días de descanso, que completarán un perfil de carrera que tendrá lugar en julio y que por primera vez comienza en Edimburgo. 

Y es que el ‘Grand Depart’ se mueve este 2027 a Reino Unido, en concreto a Escocia, siendo principio del Tour por primera vez, y pasando la etapa 2 en Inglaterra y la 3 en Gales, respectivamente. La carrera entrará, a partir de la etapa 4 por Normandía y Bretaña, siendo la quinta etapa uno de los primeros atractivos con la Côte de Cadoudal. Esta primera semana dará todavía para más, con la primera contrarreloj individual en la etapa 7 en Chambord y con la primera gran etapa de montaña con final en el mítico Grand Colombier en la etapa 9. 

A partir de entonces, toman el protagonismo los Alpes, con altos de relevancia como el Côte de Domancy en la etapa 10, Les Saisies en la etapa 11 y Mende en la etapa 14. Entre el final de los Alpes y el principio de los Pirneos, se dará la siguiente contrarreloj individual, en la etapa 16, en Toulouse. Desde entonces, los Pirineos tendrán el control y darán el protagonismo para los que disputen la general o las principales luchas en la carrera, con subida al Col du Soulor, Tourmalet, Hourquette d'Ancizan y Col du Portet en la etapa 17 y el Col de Marie-Blanque en la etapa 19. 

Para el gran final en París, en este Tour de Francia 2027 se volverá a contar con un circuito en el que habrá recorrido por el Montmartre, que, a pesar de todos los rumores, se mantiene en la prueba por tercer año consecutivo. 

¿Beneficia a Evenepoel y Seixas? 

La integración de dos contrarreloj individuales en el Tour de Francia, con lo que se recupera una vieja fórmula, es uno de los detalles que más han llamado la atención del recorrido de 2027, y lo más distinto a otras ediciones, lo que hace que se espere otro tipo de batalla. 

En este caso, el recorrido beneficia más a hombres más rápidos como es el caso de Remco Evenepoel, uno de los mejores especialistas contra el crono, que podría tener mayores opciones que otros años frente a Pogacar, al igual que el joven Paul Seixas, al que se le da bien esta disciplina, siendo tercero en el pasado Mundial. 

El Freelander vuelve a la carretera, aunque lo hace con una fórmula muy diferente a la del todoterreno compacto que popularizó Land Rover a finales de los años noventa. El nuevo Freelander 8 es un SUV de más de cinco metros de longitud, con tecnología híbrida enchufable, tracción total y una potencia de hasta 620 CV, desarrollado conjuntamente por Jaguar Land Rover (JLR), en manos de la india Tata Motors, y el grupo chino Chery, el mismo fabricante que comercializa las marcas Omoda y Jaecoo, además de Lepas.

La presentación del modelo en el marco del Chery International User Summit, celebrado en Wuhu (China), supone el primer paso de una nueva marca de vehículos premium que combina el diseño y la herencia todoterreno británicos con la tecnología de electrificación y la capacidad de producción del grupo asiático. JLR conserva la propiedad de la marca Freelander y dirige su desarrollo de diseño, mientras que Chery aporta las plataformas tecnológicas, la cadena de suministro y la fabricación desde China.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de expansión internacional de Chery, que busca ampliar su oferta más allá de sus marcas actuales con productos dirigidos a distintos segmentos de mercado. En este caso, el objetivo es recuperar el nombre de Freelander para competir en la categoría de los SUV grandes y electrificados, con un posicionamiento más cercano al lujo que el del modelo original.

Un SUV de cinco metros y más de 600 CV

El Freelander 8 mide 5,1 metros de longitud, alrededor de 2,05 metros de anchura y 1,93 metros de altura, con una distancia entre ejes de 3,04 metros. Sus proporciones lo sitúan en una categoría muy alejada de la del Freelander original, comercializado desde 1997 y cuya trayectoria terminó en 2015, cuando fue sustituido por el Discovery Sport.

El nuevo modelo estará disponible con configuraciones de cinco y seis plazas, esta última con dos asientos individuales en la segunda fila y una tercera fila concebida para acomodar a pasajeros adultos. El equipamiento incluye soluciones de confort como asientos con función de masaje y, según las versiones, un sistema de sonido Harman Kardon con hasta 23 altavoces.

La variante internacional híbrida enchufable combina un motor de gasolina 2.0 turbo con dos motores eléctricos, una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 34,12 kWh y un sistema de tracción total. La potencia máxima anunciada es de unos 620 CV, con un par de 662 Nm, lo que permite acelerar de cero a 100 km/h en 5,8 segundos.

La marca declara una autonomía eléctrica de hasta 110 kilómetros y una autonomía combinada de 886 kilómetros, cifras preliminares que están pendientes de homologación para cada mercado. La recarga rápida en corriente continua permite pasar del 20% al 80% de la batería en menos de 20 minutos, en condiciones óptimas.

Estas especificaciones corresponden a la configuración internacional anunciada por la compañía. La oferta destinada a China incluye una variante de autonomía extendida con un motor de gasolina de 1,5 litros y una batería de mayor capacidad, por lo que las cifras de potencia y autonomía varían según la versión.

Tecnología digital y capacidades todoterreno

El habitáculo concentra buena parte de la apuesta tecnológica del Freelander 8. Su elemento más llamativo es una pantalla panorámica de 46,3 pulgadas y resolución 8K que recorre el salpicadero, acompañada de otra pantalla central de 15,6 pulgadas y una pantalla de entretenimiento de 17,3 pulgadas para las plazas traseras en determinadas configuraciones.

El equipamiento se completa con asistentes de conducción de nivel L2+, más de 30 funciones de ayuda al conductor y un sistema de aparcamiento inteligente que permite realizar determinadas maniobras mediante una aplicación móvil. Estas tecnologías no equivalen a una conducción plenamente autónoma y su disponibilidad dependerá de cada mercado.

Pese a su mayor tamaño y orientación premium, el modelo busca mantener las capacidades fuera del asfalto asociadas históricamente a Land Rover. Para ello, incorpora el sistema de gestión de terrenos i-ATS, con nueve modos de funcionamiento, suspensión neumática de doble cámara y una altura libre al suelo de hasta 266 milímetros.

Llegada a Europa todavía sin fecha

El Freelander 8 se fabrica en China y su despliegue internacional se realizará por fases. Los Emiratos Árabes Unidos serán el primer mercado fuera de China con entregas previstas para el primer trimestre de 2027, antes de extenderse a otros países de Oriente Próximo, Australia y Nueva Zelanda.

La hoja de ruta contempla también su llegada a varios mercados europeos, entre ellos España, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza y Países Bajos, aunque la marca todavía no ha comunicado fechas concretas ni las especificaciones definitivas para Europa. Tampoco ha anunciado los planes de comercialización ni los precios para España.

El regreso del Freelander va más allá de recuperar una denominación histórica: supone crear una nueva marca que aprovecha la identidad británica de JLR y los recursos tecnológicos e industriales de Chery. Una alianza que conecta al fabricante chino con el negocio internacional de Jaguar Land Rover y que amplía la presencia del grupo asiático en el mercado de los SUV electrificados.

Después de que las autoridades israelíes hayan revocado el visado de la periodista de elDiario.es, Francesca Cicardi, y le hayan impedido viajar al país para cubrir las elecciones generales del próximo 27 de octubre, el Gobierno español se ha pronunciado a favor de la libertad de prensa en todo el mundo.

“El Gobierno de España defiende la libertad de prensa y de los periodistas españoles en todas las partes del mundo”, han afirmado fuentes del Ministerio de Exteriores a este periódico.

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha condenado la revocación del visado de Francesca Cicardi y ha señalado que la periodista es la tercera a la que se le deniega la entrada a Israel en vísperas de los comicios, en los que el primer ministro Benjamín Netanyahu se juega su continuidad en el poder.

“Primero ha sido el aislamiento de Gaza de la prensa extranjera, para que no pueda dar cuenta del genocidio; después, la hostilidad y la violencia contra los informadores extranjeros en territorios ocupados y, ahora, el rechazo a que cubran un proceso tan inherente a cualquier democracia como son las elecciones”, ha declarado a este periódico la presidenta de RSF en España, Edith Rodríguez Cachera. “Parece claro que el Gobierno de Benjamín Netanyahu está decidido a eliminar cualquier mirada que provenga del exterior y que considere arbitrariamente demasiado crítica”, ha agregado.

RSF España ha denunciado que “las autoridades israelíes acumulan denegaciones de entrada a periodistas europeos sin justificación; una conducta arbitraria y autoritaria”.

La organización también se ha mostrado preocupada por esta tendencia: “A medida que aumentan las restricciones, a RSF le preocupa que las autoridades rechacen las solicitudes de visado de periodistas internacionales basándose en la línea editorial de los medios de comunicación a los que representan”.

La patronal CEOE finalmente no impugnará la convocatoria de la huelga general por la vivienda antes de su celebración, el próximo 11 de noviembre, confirman a elDiario.es fuentes de la organización empresarial. El marco que se impone, por tanto, es el de la legalidad del paro, pese a lo que había expresado su líder, Antonio Garamendi.

El empresario vasco afirmó hace unos días que la huelga era “electoral” y confirmó que la patronal la impugnaría en los tribunales.

Sin embargo, preguntada por la fecha de impugnación del paro, desde la CEOE responden a este medio que no se va a recurrir “antes de la huelga”.

Es decir, que no se impugnará previamente su convocatoria, sin cuestionar así la legalidad de la misma, que los sindicatos han vinculado con la vivienda, pero también con varios elementos puramente laborales, como la subida de salarios, las horas extra ilegales y los beneficios empresariales récord.

Los empresarios confían en que la huelga sea “pacífica”

La CEOE recuerdan que su visión sobre la huelga es que los empresarios son los “paganos o damnificados” de una huelga que va contra algo que no es su responsabilidad, consideran, que es el tema de la vivienda.

La organización empresarial afirma que “también existe un derecho al trabajo, a unos servicios mínimos garantizados y confiar en que la huelga suceda de una forma pacífica y cívica”.

“A partir de ahí, haremos un seguimiento de la misma y en función de lo que ocurra adoptaremos las medidas que correspondan”, añaden en la CEOE, con lo que no cierran la puerta a una posible acción judicial a posteriori.

Por su parte, este jueves, desde los sindicatos mayoritarios se ha lanzado una advertencia a las empresas para no utilicen el teletrabajo como “esquirolaje moderno” el 11N.

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han recordado que la huelga del 11N señala también a la patronal, a la que exigen que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años.

El Frente Amplio se registró como coalición electoral hace menos de una semana, pero ya ha sufrido su primera fisura. Fuentes de la dirección federal de IU confirmaron este jueves que presentarán lista propia a las elecciones generales en la provincia de Teruel, un movimiento con el que la organización escenifica su rechazo taxativo a no concurrir en algunas circunscripciones. Lo hicieron menos de un día después de que Chunta Aragonesista, el partido más fuerte de la alianza Chunta - Frente Amplio en Aragón, anunciara justo lo contrario: que retiraría su candidatura en la provincia turolense “con el objetivo de evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista”.

Fuentes oficiales de IU explican que la dirección federal “comparte lo expresado por su federación aragonesa a la hora de reafirmar su voluntad política de concurrir a las elecciones generales integrada en la coalición del Frente Amplio en todas las circunscripciones”. IU Aragón criticó el miércoles mediante un comunicado la decisión de Chunta de retirar su lista en Teruel, un movimiento que calificó de “despropósito” y el cual, dijo, “hará todo lo posible por impedir”. “No podemos presentarnos únicamente donde creemos que tenemos asegurada la representación. La responsabilidad política consiste en estar también donde es más difícil”, sostuvo la coordinadora aragonesa de IU, Marta Abengochea.

No obstante, el pulso de IU a Chunta amenaza con generar un conflicto en el seno del Frente Amplio, puesto que la formación aragonesista insiste en que la decisión de no concurrir a las elecciones generales en Teruel afecta a toda la coalición. La secretaria general de Chunta, Victoria Villagrasa, recordó este jueves que el acuerdo de alianza entre su partido, IU y Movimiento Sumar recoge “que Chunta decide a qué circunscripciones se presenta” el Frente Amplio en Aragón. Y deslizó que “hay otras cuestiones en las que otras fuerzas del Frente Amplio deciden sobre esa coalición, y a nosotros nos puedan gustar más o menos, pero las acataremos porque es un acuerdo que hemos suscrito”.

Fuentesde la formación aragonesista aseguraban el miércoles que la decisión se había tomado individualmente y que Chunta no tiene intención de pedir el voto para otros partidos para las generales en Teruel. Su movimiento, no obstante, no ha sido el único en las últimas horas: este mismo jueves por la mañana, la Aragón Existe anunció que retirará sus listas de las provincias de Huesca y Zaragoza y que se limitará a presentarse, precisamente, en Teruel bajo la marca de Teruel Existe. Allí tiene su principal granero de votos, y entre 2019 y 2023 logró un diputado para el Congreso.

IU insiste: no va a retirar listas

Pese a todos estos vaivenes, fuentes oficiales de la dirección federal de IU insisten en que “el 29 de noviembre habrá representación de la izquierda transformadora en todas las circunscripciones”. Para la organización que lidera Antonio Maíllo la cuestión es fundamental no solo por evitar un conflicto con su federación aragonesa, sino porque quiere evitar que tome fuerza el debate sobre la posibilidad de que la izquierda alternativa retire listas en algunas de las circunscripciones menos pobladas, las que reparten menos diputados y en las que es prácticamente imposible —según las encuestas— que el Frente Amplio obtenga representación.

Ese debate lo abrió públicamente el pasado martes el número uno del Frente Amplio por la circunscripción de Madrid, Emilio Delgado, que sostuvo que la coalición está manteniendo “conversaciones” con el PSOE para “maximizar y optimizar los resultados electorales”, si es necesario retirando listas de algunas provincias. Pocas horas más tarde, fuentes de todos los sectores del Frente Amplio desmintieron que hubiera negociaciones abiertas con los socialistas, y el propio Antonio Maíllo dejó claro que el acuerdo con el PSOE “se circunscribe al Senado”, donde ambas fuerzas sí han logrado un entendimiento, aunque para conformar una coalición en determinadas provincias y no para que el Frente Amplio retire listas sin más.

Las palabras de Delgado, sin embargo, generaron un nuevo choque entre el Frente Amplio y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuya relación se ha enfriado desde que los republicanos decidieran integrar a Podemos en sus listas para las generales en Catalunya. “Hay que entender que hay mucha gente de izquierdas perfectamente consciente de lo que viene y que no quiere votar al PSOE”, y es necesario “darles una opción de voto alternativa”, no “integrase en el PSOE”, espetó Rufián en respuesta a las declaraciones.

Los debates electorales vuelven a enfrentar al PSOE y al PP. Si en 2023 los de Alberto Núñez Feijóo plantaron a RTVE en el 'debate a cuatro', esta vez la discrepancia es por dónde hacerlo: mientras el equipo de Pedro Sánchez aboga por la propuesta de la corporación pública, el PP apuesta por la oferta del grupo privado Atresmedia, editora de Antena 3 y La Sexta. El que sí se hará es el debate 'cara a cara', previsto para el 16 de noviembre en Mediaset (Telecinco y Cuatro).

Pedro Sánchez ha aceptado este jueves participar en un ‘cara a cara’ electoral con Alberto Núñez Feijóo el lunes 16 de noviembre. Así lo ha confirmado el PSOE en un comunicado en el que, además, acepta también la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre. “El PSOE no elegirá ni vetará a ningún grupo mediático. En su lugar, pide a todos los grupos que encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para todas las cadenas, como ya se ha comprometido a hacer TVE”.

Pero el PP ha reaccionado inmediatamente para bloquear la opción de la radiotelevisión pública, como ya hiciera en 2023. “No habrá debate a cuatro en RTVE”, apuntan fuentes oficiales del PP. Las mismas fuentes añaden: “No entendemos el intento de boicot del PSOE a Atresmedia”.

“Los debates serán el 16 en Mediaset y el 26 en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez”, concluye el comunicado del PP.

Lo que obvian en Génova es que fue Feijóo quien boicoteó en 2023 el de RTVE, que hizo un 'debate a tres' entre Sánchez, la entonces líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el candidato de Vox, Santiago Abascal. Los tres repitieron en Atresmedia, donde sí acudió el líder del PP.

La diferencia con entonces, al menos a día de hoy, es que tanto la propuesta de RTVE como la de Atresmedia son para el mismo día: el 26 de noviembre, penúltimo día de campaña.

“Atril vacío”

Preguntados si, como en 2023, Feijóo plantará a RTVE, desde el equipo de Feijóo contestan: “Ya veremos si deja vacío el atril de Atresmedia Pedro Sánchez”.

El PSOE considera que, “al menos, deben existir dos encuentros entre los cabezas de lista y que se debe seguir el precedente establecido en las pasadas elecciones de julio de 2023: un debate ‘cara a cara’ organizado por un grupo privado al inicio de la campaña y un debate con los cuatro candidatos principales organizado por la televisión pública. Siendo indispensable que ambos encuentros se produzcan”.

Los socialistas reprochan a Feijóo que en las últimas generales de 2023 “dejó su atril vacío y plantó a la radiotelevisión pública en el debate a cuatro, hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas”. “El PSOE no va a vetar a ninguna cadena privada de igual forma que no vamos a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública. La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas”, añaden.

Hasta ahora, el PP ha planteado hasta tres debates electorales de ámbito nacional para la campaña de los comicios del próximo 29 de noviembre: un 'cara a cara' entre su candidato, Alberto Núñez Feijóo, y el del PSOE, Pedro Sánchez; uno a cuatro, que incluya a Vox y al nuevo Frente Amplio; y otro de portavoces parlamentarios. Así lo ha anunciado en un comunicado en el que, además, anuncia que Feijóo no dará entrevistas a RTVE en programas de “productoras externas”.

El futbolista argentino Leo Messi, que mañana viernes recogerá el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2026, en una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo/Uviéu ha desatado una auténtica locura entre sus seguidores. Aunque estaba prevista su llegada al Hotel de la Reconquista en torno a la una de la tarde de hoy, jueves, desde las seis de la madrugada comenzaron a formarse los primeros grupos de personas en las inmediaciones del hotel para recibirlo y él les ha correspondido firmando autógrafos y repartiendo sonrisas.

Uno de sus fieles seguidores, que le considera “un dios”, llegó a pedirle que le firmara en el brazo y el astro argentino no le defraudó; al igual que a muchos niños y niñas para las que tuvo una dedicatoria en camisetas, banderas e incluso en un retrato suyo.

La dedicatoria a su padre

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, el futbolista tuvo palabras dedicadas hacia su padre, fallecido el pasado 8 de agosto.

Messi ha asegurado que su progenitor estaba “muy ilusionado” con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y ha recordado los valores de compromiso, respeto y solidaridad que forman parte del legado que le dejó.

Su padre, Jorge, estaba “muy feliz” por un galardón que va “más allá de lo que hace uno dentro de la cancha” o de lo que ha hecho durante toda su carrera, así que “seguramente lo estará disfrutando también”, ha dicho.

El interés por recoger el premio

Precisamente por el “significado” de este premio, su padre insistía mucho en que había que desplazarse hasta la capital asturiana para recogerlo, aunque sabían que podría ser “difícil” por los partidos que tiene con su actual equipo, el Inter Miami C.F.

Messi incidió en que aquellos valores que sus padres le transmitieron en casa, son los mismos que hoy trata de inculcarle junto a su mujer Antonela a sus tres hijos.

El significado del galardón

A nivel personal, el campeón del Mundo con Argentina en 2022 dijo sentirse “muy ilusionado”, “muy feliz” y “muy agradecido” por este reconocimiento y aseguró que conoce su “significado” después de vivir más de veinte años en España.

Messi, a quien aguardaban cientos de aficionados a las puertas del hotel, muchos de ellos argentinos, según el mismo apreció, también destacó los valores que le inculcaron en el Barcelona, el club de su “vida”.

“Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar”, reflexionó sobre su formación en el Barcelona.

“Se entrena como se juega”

Preguntado por la búsqueda de la excelencia, Messi remarcó que “se entrena como se juega no son solo palabras” y admitió que en su caso no le gusta perder “ni los partiditos cortos de los entrenamientos”.

“Desde chiquito” fue “muy competitivo” para “intentar ganar, crecer y seguir mejorando” porque ese es “el camino”, expuso el jugador de Rosario, quien considera que “el entrenamiento está para crecer” y “después llegar con las mayores herramientas” a la competición.

La labor solidaria

Sobre su labor solidaria a través del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona para niños con cáncer o las donaciones por la dana o los incendios del pasado verano en la sierra oeste de Madrid, ha dicho que él y su familia siempre intentan colaborar y ayudar en los que pueden.

Messi, quien aseguró que intenta estar informado de lo que pasa en el mundo, afirmó que hoy se sabe mucho más de estas cuestiones por los medios, pero aseguró que lo ha hecho anteriormente “sin que se entere nadie” porque no tenía necesidad de ello y “uno lo hace de corazón porque lo siente”.

Su “deslumbrante talento”

Leo Messi fue merecedor este año del Premio Princesa de los Deportes por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, pero también por “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, según valoró el jurado.

En las ediciones más recientes, este galardón recayó sobre la tenista estadounidense Serena Williams;la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks'. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asegurado que “España está en alerta” ante la incidencia del virus shamonda en algunas explotaciones de ganado vacuno en el país, pero ha lanzado un llamamiento a la “calma” porque se está haciendo un seguimiento de la enfermedad.

En una comunicación facilitada a EFE por el Departamento que dirige Luis Planas, el Ministerio ha recordado que está en contacto “permanente” con Francia, con las Comunidades Autónomas y con las autoridades sanitarias.

En el mismo documento, el Ministerio recuerda que Francia ha confirmado este jueves la muerte de una persona, “con inmunodepresión grave”, que estaba infectada con este virus, a pesar de que no se consideraba una enfermedad transmisible a humanos.

En septiembre se detectaron los primeros casos

El Ministerio ha detallado que se trataría del primer caso mundial de infección en humano por este patógeno, según el último informe de actualización sobre la situación de este virus cuya primera detección en ganado en España data del pasado septiembre.

Ya hay focos confirmados en animales en las provincias de Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Girona.

Desde el Ministerio de Agricultura han incidido en que las autoridades francesas están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas bajo el enfoque de ‘Una sola salud’ (One health), que integra conocimientos en los ámbitos de la salud humana, animal y ambiental.

Francia también ha detallado que, hasta la fecha, “no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general”, según ha recogido el Ministerio en su comunicado.

El impacto en granjas

En la ganadería, el virus shamonda se considera una enfermedad emergente (nueva) que no es de declaración obligatoria y que afecta principalmente al ganado vacuno tras la picadura de mosquitos vectores.

Aunque el patógeno no provoca la muerta del animal, sí impacta en la producción de leche mientras sufre los síntomas, según ha recordado el Departamento.

En el informe de actualización del Ministerio, emitido también este jueves, recoge que el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado la detección del virus shamonda tipo 1 en explotaciones de ganado bovino de las provincias de Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid.

De manera reciente, se ha detectado en Girona, donde se han identificado tres explotaciones de vacuno de leche el pasado 20 de octubre. Asimismo, se ha confirmado la presencia de shamonda tipo 2 en la provincia de Cantabria.

Las explotaciones afectadas han presentado sintomatología compatible con la descrita en otros países europeos, principalmente fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

En Europa, más allá de en España, se han detectado casos en ganado de Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza, según el informe.

El exconseller de Cultura y diputado de Junts Lluís Puig ha regresado este jueves al Parlament después de nueve años repartidos entre Bélgica y el sur de Francia, donde ha tomado posesión de su escaño y ha retirado el lazo amarillo que durante todo este tiempo su grupo ha mantenido sobre su asiento. El exconseller es uno de los beneficiados por la ley de amnistía que el Supremo ha aplicado ahora pese a que la ley lleva en vigor más de dos años.

A su llegada, Puig ha asegurado que sigue declarándose “convencidamente” independentista. Lo ha verbalizado visiblemente emocionado y ante los diputados del PSC-Units, Junts, ERC, PPC, los Comuns, la CUP y Aliança Catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como parte del Govern y los parlamentarios de Vox se han abstenido de escuchar el discurso.

Con todo, fuentes del Govern han aclarado que el president Illa mantuvo “un encuentro privado y discreto” con Puig tras su regreso a Catalunya. Illa además celebra que “hoy pueda ejercer con plena normalidad sus derechos políticos y parlamentarios”, añaden estas fuentes.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha iniciado la sesión plenaria celebrando que el exconseller y diputado “vuelve a ejercer sus derechos políticos de forma plena”. Ahora bien, recordó que el escaño del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sigue vacío.

Castilla-La Mancha ya tiene una nueva ley de medidas sobre suelo y vivienda. No es la ley que pactó con Podemos, en la primera legislatura de Emiliano García-Page de 2015 a 2019, y que nunca llegó a aprobarse. Se trata de una normativa que se ha tramitado por la vía de urgencia en forma de proposición parlamentaria y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas han añadido un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada. 

Asimismo, se incorpora que los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), tanto de iniciativa pública como privada, podrán conllevar el aumento de edificabilidad y densidad residencial (más cantidad de viviendas para más gente) que permita la viabilidad de la actuación. Y, en este sentido, establece que en caso de que ese incremento esté limitado por el planeamiento urbanístico - por ejemplo a través del Plan de Ordenación Municipal (POM)-, el número de viviendas no implicará necesariamente un aumento de infraestructuras o dotaciones, pero si así fuera, el coste irá a cargo del promotor.

La medida más importante añadida por el PSOE a última hora es la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin.

Pero, además, amplía a “cualquier Administración” esta posibilidad y se indica que la “excepcionalidad” por cinco años para este objetivo es “prorrogable”. Finalmente, el PSOE elimina la posibilidad de que los ayuntamientos impongan condiciones a la posibilidad de implantar vivienda protegida en aquellos que estuvieran destinados a comercio, oficinas, hostelería u ocio.

'No' a la propuesta del PP de bajar impuestos a fondos buitre

Al margen de estas incorporaciones de los socialistas, durante el debate para su aprobación definitiva, el PP no ha conseguido sacar adelante las tres polémicas enmiendas que quería incluir en esta ley.

Entre otras cosas pedían bajar impuestos a “empresas” sin determinar cuáles, aunque el PSOE denunció que hablaba de bajar impuestos a fondos buitre e inmobiliarias, y también pedían agilizar desahucios en las viviendas públicas.

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes regionales ha tumbado estas propuestas hoy, en el pleno que ha aprobado la ley, como ya lo hiciera en la Comisión que elaboró el dictamen inicial. Pese a su controvertido contenido, el Grupo Popular decidió mantenerlas vivas para la sesión plenaria, que ya ha dado luz verde a la ley.

Estas enmiendas las presentó el PP en pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Concretamente, las enmiendas de la discordia eran tres de las 58 que el PP había presentado para su incorporación a la nueva norma castellanomanchega, ya promulgada y que se ha aprobado en menos de dos meses por trámite de urgencia de que se registró en las Cortes castellanomanchegos.

Estas propuestas del PP se han vuelto a debatir en el pleno. La primera de ellas pedía añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP apostaba también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, bajando del 5 al 3%, la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas suponían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas la bajada de impuestos se hubiera aplicado con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas beneficiarias podrían “solicitar la devolución” de la diferencia pagada en impuestos. No ha salido adelante.

El PP también quería agilizar desahucios administrativos

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, proponían ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quería así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal, pudiera ser causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de esa necesidad que justificó la adjudicación a una determinada persona o familia. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas. No ha salido adelante por deseo expreso del PSOE.

También había polémica en seis de las enmiendas presentadas por Vox, que defendía aplicar su cacareado principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda. Es decir, solo para los españoles. Los socialistas también han impedido su incorporación a la ley.

Estas cuestiones han vuelto a marcar buena parte del debate en el pleno que ha aprobado ley castellanomanchega, que se ha tramitado por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista. La defensa de norma la ha hecho el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha remarcado que hubo un “consenso inicial” con el PP y Vox para que no presentaran enmiendas a la totalidad, pero que posteriormente las propuestas de la oposición “no tienen nada que ver con el acercamiento que hubo”.   

Ha acusado al PP de intentar convertir esta norma en una “ley de demanda y de populismo fiscal” y de “contaminarla” con su propuesta de “bajada de impuestos a fondos buitre” y con “más burocracia y más trabas”.

“Ser propietario no es ser un criminal, ni ser inquilino nos convierte ocupas”, ha dicho Toconar, defendiendo que la nueva ley viene a “reafirmar” las políticas de vivienda del Gobierno de Page, con más de 600 millones de euros invertidos en 12 años, frente a los 8 millones de euros que destinó en cuatro años el Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal.

Dicho esto, ha defendido los Planes de Regeneración Urbana (PRU), una de las novedades de la ley, para “ayudar a muchas familias teniendo en cuenta el metabolismo rural de la región” y que permitirá convertir suelo rústico en urbanizable “de forma regulada y manteniendo las tramas urbanas”, pero de forma rápida y con procedimientos que reducirán los plazos hasta la mitad.

Las derechas de la oposición han reiterado los argumentos que ya fijaron en la comisión que debatió y rechazo sus enmiendas y han votado 'no' a esta ley.

Francisco José Cobo, de Vox, ha vuelto a pasar de puntillas por sus propuestas para incorporar la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda, y se ha limitado a acusar al Gobierno regional de “no haber hecho nada” en 12 años.

“La ley no resuelve nada tras años de inacción y sin avanzar y ahora vienen con prisas. Ustedes no hacen vivienda, hacen titulares y no cumplen con sus promesas. Ahora tienen que correr y esto es una tomadura de pelo, un agujero que luego rentabilizarán electoralmente, pero va a generar problemas, sobre todo en los ayuntamientos y solo es un parche más”, ha alertado.

En una línea similar se ha pronunciado Ignacio Redondo, del PP, quien ha negado primero que su propuesta de bajada de impuestos sea para 'fondos buitre'. Ha dicho que en su enmienda se refieren a empresas inmobiliarias, mediante un tipo reducido que, según ha dicho, ya aplicó el Gobierno de Page en 2022.

“La ley tiene errores que pueden durar años. Pedimos que la ley no se salte los límites de cesión de suelo. Al intentar ser ágil, al final habrá retrasos y dificultades. No estamos en contra de construir más, pero sí queremos fórmulas para justificar de verdad el incremento de la edificabilidad e informes municipales previos y vinculantes para esas ampliaciones”, ha argumentado.

El debate lo ha cerrado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha detallado las novedades de la norma, resaltando la posibilidad de destinar edificios y parcelas de titularidad pública a vivienda protegida “incluidos inmuebles pertenecientes a otras administraciones”, aunque el planeamiento urbanístico vigente hubiera previsto inicialmente su utilización para equipamientos privados.

Según la ley, debe crearse un parque público de vivienda

La norma establece también la creación de un patrimonio público residencial que solo podrá destinarse a vivienda con algún tipo de protección. La regulación contempla, además, la creación por ley de un parque público de vivienda social, cuyo alquiler se establecerá en función de los ingresos de las personas destinatarias y que prestará una atención específica a la población joven.

En materia de promoción de vivienda protegida, se contempla la posibilidad de incrementar, en determinadas parcelas, hasta un 20% la edificabilidad, un 30% la densidad y hasta dos plantas la altura prevista, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. La aplicación de estos incrementos, según ha explicado el responsable de Fomento, estará condicionada a que el 100% del aprovechamiento residencial adicional se destine a vivienda protegida.

La regulación incorpora igualmente los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), concebidos para intervenir en situaciones de infravivienda o zonas degradadas por antiguos usos industriales. Estos instrumentos permitirán abordar actuaciones de regeneración en ámbitos urbanos que, por sus características actuales, presentan dificultades para su desarrollo mediante los mecanismos habituales de planeamiento.

La noche estrellada de Vincent van Gogh es quizá la representación del cielo nocturno más famosa de la historia del arte. Durante años, los expertos se han hecho una gran pregunta: ¿pintó el genio neerlandés un cielo real o la composición es fruto de su imaginación? La hipótesis tradicional, a partir de las cartas a su hermano Theo, sostiene que se inspiró en el firmamento del 19 de junio de 1889 sobre el asilo de Saint-Rémy y que se tomó algunas licencias. 

Ahora, un equipo liderado por el investigador coreano Elijah Jeong-hyun Kim, ha combinado simulaciones astronómicas, registros meteorológicos históricos y cartas de Van Gogh para proponer una nueva hipótesis que elimina las discrepancias anteriores: según ellos, lo pintó un mes más tarde, el 22 de julio, mientras contemplaba una configuración muy específica del cielo.

Una noche muy disputada

Los detalles se ofrecen en un artículo publicado este jueves en la revista Scientific Reports, en el que mediante métodos estadísticos y revisión del registro histórico los autores defienden que Van Gogh no distribuyó las estrellas al azar ni por mera improvisación. En concreto, concluyen, reflejó el cielo sobre Saint-Rémy antes del amanecer del 22 de julio de 1889, cuando la delgada luna creciente, Venus y el cúmulo de las Híades en Tauro aparecían alineados exactamente en el campo de visión del pintor.

A partir de su análisis detallado, los científicos aseguran que las cinco estrellas centrales del lienzo coinciden con precisión matemática con la estructura en forma de «V» del cúmulo de las Híades, en la constelación de Tauro. De confirmarse esta interpretación, descartaría la hipótesis formulada en 1984 por el historiador Albert Boime, quien planteó que Van Gogh había representado la constelación de Aries al amanecer del 19 de junio de 1889. Los autores creen que Aries es una identificación insostenible —sus estrellas eran demasiado tenues para apreciarse con la luz del alba— y encuentran una coincidencia exacta con la Luna representada, que en la interpretación anterior se atribuyó a una licencia artística por la falta de coincidencia.

El equipo también dice haber desmontado el principal obstáculo histórico para esta fecha —la creencia de que el pintor estaba incapacitado por un grave brote psiquiátrico— ya que sus cartas indican que la crisis inicial duró solo “un día o dos”. Además, los registros meteorológicos de la Provenza sugieren que el cielo nocturno en julio de 1889 habría estado lo suficientemente despejado como para observar dicha disposición astronómica. Las afirmaciones del artista sobre el calor sofocante y el canto constante de las cigarras en las cartas también encajan con los 18 días por encima de los 30°C que se registraron en julio de aquel año, frente a las jornadas más frescas de junio.

Para asegurarse, Jeong-hyun Kim y su equipo identificaron el campo de visión del pintor en un cuadro pintado un año antes, Noche estrellada sobre el Ródano (1888), con fotografías tomadas en el lugar. Esta comprobación sirvió para probar si el método de análisis geométrico funcionaba en un lienzo cuyo emplazamiento real en Arlés está perfectamente documentado. Esto les permite interpretar que Van Gogh representó fielmente el cielo al menos en otra obra y validar, según ellos, la fiabilidad de su método matemático antes de aplicarlo a La noche estrellada. “Espero que este trabajo impulse una mirada renovada y multidisciplinaria sobre la secuencia y los métodos de trabajo de las pinturas de Saint-Rémy”, afirma Kim. “Nuestra conversación con los otros cielos de Van Gogh sigue en marcha”.

Interpretación forzada y sin certezas

A pesar del entusiasmo de los autores, algunos de los especialistas en arte y astronomía consultados por elDiario.es creen que las pruebas presentadas no son suficientes. A juicio del astrofísico y divulgador Javier Armentia, por ejemplo, el estudio no demuestra que Van Gogh observara exactamente ese cielo. “Como en otras reconstrucciones, una cosa es encontrar una configuración que encaje y otra probar que fue la que inspiró al pintor”, asegura. “La ciencia afina la hipótesis, no convierte una interpretación en certeza”.

Una cosa es encontrar una configuración que encaje y otra probar que fue la que inspiró al pintor. La ciencia afina la hipótesis, no convierte una interpretación en certeza

Javier Armentia — Astrofísico y divulgador

Para Monserrat Villar, especialista del CSIC, las obras de arte tienen innumerables capas de significado y admiten múltiples lecturas. “Con cada nueva mirada es como si utilizáramos un par de gafas diferente, capaz de revelar aspectos que de otra manera permanecerían ocultos”, señala. En su opinión, este estudio es un ejemplo muy interesante de cómo la astronomía (también la meteorología) pueden contribuir al estudio de una obra de arte y, en cualquier caso, enriquece el abanico de interpretaciones la obra.

Miguel Querejeta, astrofísico e investigador en el Observatorio Astronómico Nacional, cree que es un artículo muy atractivo, pero le ve algunas debilidades y contradicciones. Por un lado, la obra anterior que toman como referencia (Noche estrellada sobre el Ródano) “lo que demuestra es que Van Gogh no está pintando una fotografía de cómo se ve el cielo, sino que está utilizando un patrón para él conocido, que es la osa mayor”. Por otro lado, cree que los autores eligen un subconjunto de estrellas de forma caprichosa para justificar sus conclusiones. “Porque, además, si uno mira al cielo de forma más amplia, esa parte de la constelación de Tauro no destaca”, advierte. 

Para Querejeta, si el artista se inspiró en un día concretísimo, el 22 de julio de 1889, lo lógico sería que Venus estuviera en la posición correcta respecto al cúmulo de las Híades, y no lo está. “Venus está debajo del cúmulo, mientras que en el cielo real del 22 de julio de 1889, Venus estaba a la izquierda”. En su opinión, sería mucho más razonable interpretar que lo que está haciendo Van Gogh es inspirarse en un cielo real, pero “no estaba necesariamente intentando reflejar con fidelidad el cúmulo de las Híades”.

¿Por qué nos cuesta creer en la posibilidad de que la imaginación jugase un papel clave en la creación de una de las obras más famosas del arte occidental?

Inés Pérez Teresa — Historiadora del arte

No es la primera vez que se intenta calcular la fecha exacta en que se puede haber querido representar un cielo estrellado, apunta la historiadora del arte Inés Pérez Teresa, aunque, la respuesta rara vez nos aporta un conocimiento más profundo de la obra. “¿Por qué nos resulta tan importante poder demostrar de manera matemática la voluntad artística?”, se pregunta. “¿Es necesario comprender a través de fórmulas las ideas del pintor holandés? Quizá sería más interesante plantearnos por qué nos cuesta creer en la posibilidad de que la imaginación jugase un papel clave en la creación de una de las obras más famosas del arte occidental”.

A pesar del análisis detallado, Javier Armentia cree que persiste una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto pretendía Van Gogh reproducir fielmente lo que veía desde su ventana? “Entre el cielo observado y el pintado median la memoria, la emoción, la composición y la libertad creadora”, concluye. “Por mucho que la astronomía pueda ayudar a reconstruir el cielo, La noche estrellada es, como el cielo que uno descubre en una noche limpia, una experiencia que va más allá de la astronomía”.

Los sindicatos están organizando la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre con un elemento que no existía en los pasados paros generales de más calado: el teletrabajo. En CCOO reconocen que es un factor difícil “de controlar” aunque advierten a las empresas de que no utilicen el teletrabajo como una forma de “esquirolaje moderno”, ha afirmado este jueves Lucho Palazzo Gallo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato.

Esta federación de CCOO y la de Movilidad de UGT han presentado este jueves una propuesta de servicios mínimos de transportes para el paro general del 11N, con la petición expresa al ministro Óscar Puente de que los negocie y no los imponga.

Los sindicatos piden así evitar niveles abusivos de otros precedentes, como la huelga y paros del 8M, que fueron recurridos por las organizaciones de trabajadores y tumbados a posteriori por los tribunales.

“Hay que garantizar servicios esenciales básicos, pero no puede ser como un día normal. Es un derecho constitucional de huelga y hay que garantizarlo”, ha afirmado Ricardo Casas Tinahones, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. 

En este contexto, los sindicatos son conscientes de la posibilidad de que el teletrabajo juegue un papel ese día –que antes de la pandemia no existía por su nimia extensión– para trabajar y evitar las incidencias en el transporte, los piquetes o posibles conflictos ese día.

Los sindicatos estarán “vigilantes”

“Estaremos pendiente y vigilantes”, ha afirmado Lucho Palazzo aunque ha reconocido que “no es fácil en estos tiempos controlar” estas maniobras. “Pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Esto es una expresión democrática, constitucional, el derecho a la huelga y todos los actores que confluyen ese día deben garantizar que ese derecho se pueda ejercer en las mejores condiciones”, ha firmado el responsable de CCOO.

“Vamos a suponer la buena fe, y vamos a pensar en que no va a haber un esquirolaje tecnológico”, ha añadido el sindicalista.

Aunque la mayoría de puestos de trabajo no pueden realizarse a distancia, alrededor de 7 de cada 10, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H) del INE, hay alrededor de un 30% de los trabajadores que afirman que realizan tareas que pueden ejecutarse a distancia.

En la actualidad, teletrabajan en España algo más de 3,4 millones de personas en España, de manera ocasional o “más de la mitad de los días de la semana”, según los datos de la EPA de 2025. Se trata de máximos históricos por encima de la pandemia.

Este número podría ser mucho mayor, destaca un reciente informe el sindicato UGT. Dado el número de quienes afirman que podrían trabajar a distancia y quienes realmente lo hacen, hay más de 3,4 millones de personas que podrían teletrabajar, pero a las que no se lo permiten sus empresas.

Las sesiones de control al presidente andaluz, Juanma Moreno, suelen arrojar escenas de relativa calma, con el dirigente popular capoteando sin problemas ni estridencias los ataques de sus rivales de izquierdas. Así discurría el cara a cara de este jueves en el Parlamento andaluz, cuando la intervención de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sacado de sus casillas, no a su interlocutor, el presidente Moreno, sino a la persona que se sienta a su lado.

El vicepresidente primero del Gobierno andlauz y líder regional de Vox, Manuel Gavira, ha estallado cuando ha escuchado a la dirigente socialista acusar a Moreno de “falta de respeto a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil”, después de que el presidente afeara que el Gobierno de Pedro Sánchez no había “hecho nada” por combatir el narcotráfico en Andalucía.

En su turno, el dirigente popular recordó a Montero que durante la campaña electoral de las andaluzas, el pasado mayo, los partidos suspendieron los mítines previstos por la muerte de dos guardia civiles en acto de servicio, en Huelva, un suceso que la candidata del PSOE tildó de “accidente laboral”. Esa expresión desató una oleada de críticas tanto de sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como de PP y Vox, que cargaron duramente contra ella.

Así se lo estaba recordando Moreno en su turno, cuando la voz de Gavira se coló en el micrófono abierto del presidente. Visiblemente enfadado, el líder regional de Vox, a la sazón, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, comenzó a gesticular y a gritar desde su escaño, contiguo al de Moreno, e interpelar directamente a la líder de la oposición mientras hablaba el presidente. “¡Ésta eres tú, sinvergüenza!”, le espetó a la socialista, mientras señalaba una información sobre ella en su Ipad. “¡Mucha cara, mucha cara!, insistió tocándose el rostro con la mano, ”¡sinvergüenza!“. ”¡Accidente laboral! ¡Sinvergüenza!“.

La escena ha provocado incomodidad en las filas del PP, con los rostros de asombro de algunos diputados que se sientan justo detrás de los escaños del Gobierno andaluz. La presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, no ha llamado al orden al vicepresidente de la Junta mientras insultaba y gritaba a la líder de la oposición en el turno de palabra del presidente del Gobierno andaluz.