Los debates electorales vuelven a enfrentar al PSOE y al PP. Si en 2023 los de Alberto Núñez Feijóo plantaron a RTVE en el 'debate a cuatro', esta vez la discrepancia es por dónde hacerlo: mientras el equipo de Pedro Sánchez aboga por la propuesta de la corporación pública, el PP apuesta por la oferta del grupo privado Atresmedia, editora de Antena 3 y La Sexta. El que sí se hará es el debate 'cara a cara', previsto para el 16 de noviembre en Mediaset (Telecinco y Cuatro).

Pedro Sánchez ha aceptado este jueves participar en un ‘cara a cara’ electoral con Alberto Núñez Feijóo el lunes 16 de noviembre. Así lo ha confirmado el PSOE en un comunicado en el que, además, acepta también la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre. “El PSOE no elegirá ni vetará a ningún grupo mediático. En su lugar, pide a todos los grupos que encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para todas las cadenas, como ya se ha comprometido a hacer TVE”.

Pero el PP ha reaccionado inmediatamente para bloquear la opción de la radiotelevisión pública, como ya hiciera en 2023. “No habrá debate a cuatro en RTVE”, apuntan fuentes oficiales del PP. Las mismas fuentes añaden: “No entendemos el intento de boicot del PSOE a Atresmedia”.

“Los debates serán el 16 en Mediaset y el 26 en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez”, concluye el comunicado del PP.

Lo que obvian en Génova es que fue Feijóo quien boicoteó en 2023 el de RTVE, que hizo un 'debate a tres' entre Sánchez, la entonces líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el candidato de Vox, Santiago Abascal. Los tres repitieron en Atresmedia, donde sí acudió el líder del PP.

La diferencia con entonces, al menos a día de hoy, es que tanto la propuesta de RTVE como la de Atresmedia son para el mismo día: el 26 de noviembre, penúltimo día de campaña.

“Atril vacío”

Preguntados si, como en 2023, Feijóo plantará a RTVE, desde el equipo de Feijóo contestan: “Ya veremos si deja vacío el atril de Atresmedia Pedro Sánchez”.

El PSOE considera que, “al menos, deben existir dos encuentros entre los cabezas de lista y que se debe seguir el precedente establecido en las pasadas elecciones de julio de 2023: un debate ‘cara a cara’ organizado por un grupo privado al inicio de la campaña y un debate con los cuatro candidatos principales organizado por la televisión pública. Siendo indispensable que ambos encuentros se produzcan”.

Los socialistas reprochan a Feijóo que en las últimas generales de 2023 “dejó su atril vacío y plantó a la radiotelevisión pública en el debate a cuatro, hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas”. “El PSOE no va a vetar a ninguna cadena privada de igual forma que no vamos a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública. La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas”, añaden.

Hasta ahora, el PP ha planteado hasta tres debates electorales de ámbito nacional para la campaña de los comicios del próximo 29 de noviembre: un 'cara a cara' entre su candidato, Alberto Núñez Feijóo, y el del PSOE, Pedro Sánchez; uno a cuatro, que incluya a Vox y al nuevo Frente Amplio; y otro de portavoces parlamentarios. Así lo ha anunciado en un comunicado en el que, además, anuncia que Feijóo no dará entrevistas a RTVE en programas de “productoras externas”.

El portazo del Tribunal Constitucional a intervenir en el debate sobre el voto de los nacionalizados con la ley de nietos ha devuelto el foco al Tribunal Supremo. Los mismos jueces que hace varias semanas dejaron en el aire el derecho de sufragio de 160.000 personas para las elecciones generales se reúnen de nuevo para estudiar los mecanismos con los que los consulados y la Junta Electoral Central trabajan para cumplir con sus medidas cautelares. Mientras tanto, los afectados tienen de plazo hasta este viernes para presentar sus propias alegaciones ante la duda de si podrán o no votar el próximo 29 de noviembre. 

El pleno del Constitucional llegó dividido a la votación de este miércoles. Una minoría de dos magistrados del sector progresista defendió que el tribunal tenía que, por lo menos, entrar a examinar las alegaciones del Defensor del Pueblo. Los argumentos de Ramón Sáez y el exministro Juan Carlos Campo quedarán reflejados en un voto particular, pero al final del pleno se impuso la mayoría: el recurso del organismo dirigido por Ángel Gabilondo es “prematuro” y ni siquiera debe ser admitido a trámite. 

La negativa del tribunal de garantías devuelve la pelota al tejado del Supremo. Este mismo jueves la sección de lo Contencioso-Administrativo que impuso las medidas cautelares tiene prevista una nueva reunión para analizar cómo los consulados y la Junta Electoral Central están dando curso a sus indicaciones. Y, en concreto, sobre cómo van a garantizar que el próximo 29 de noviembre solo voten quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad.

Distintas fuentes tanto del Tribunal Supremo como de la Junta Electoral explican desde hace días que las medidas cautelares impuestas y confirmadas por la Sala Tercera son de muy difícil cumplimiento, tanto por la falta de tiempo como por la dificultad de examinar todos esos expedientes, más de la mitad sin digitalizar, según los datos que maneja el Gobierno. Una de las últimas decisiones de la Junta Electoral Central fue dar la orden de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, junto con la advertencia de que algunos de esos sufragios podrían no ser válidos. 

De acuerdo a los plazos marcados por la ley electoral, ese envío debe hacerse entre el 24 y el 30 de octubre. La razón técnica de este envío masivo es que las oficinas provinciales del censo no tienen capacidad informática en sus bases de datos para distinguir qué elector accedió a la nacionalidad por la vía tradicional y quién lo hizo mediante la presunción de exilio de la instrucción de 2022 que cuestiona el Supremo. Con esta decisión, los consulados tienen más tiempo para localizar y certificar los miles de expedientes que el Alto Tribunal ha puesto bajo sospecha. 

Fuentes diplomáticas consultadas por elDiario.es explican que las embajadas y consulados no funcionan como mesas electorales ni realizan el escrutinio. Únicamente reciben la documentación con los datos del elector, registran quién ha entregado el voto y remiten las sacas con los votos por valija diplomática a España. Por tanto, el veto a los electores afectados por las cautelares del Supremo debería llegar con cierto margen de tiempo para realizar la criba antes del envío a España. 

Según datos de Exteriores, hasta este martes un total de 48 de los 157 consulados españoles repartidos por el mundo habían conseguido ya volcar total o parcialmente los datos necesarios sobre los afectados que podrán votar o no el 29N. La Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— es quien debe recibir las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

Las alegaciones de los afectados

Los jueces, que no han alcanzado la unanimidad en este asunto y cuentan desde el principio con el voto particular contrario de una de las magistradas de la Sala, tienen además encima de la mesa las alegaciones de las partes. Iustitia Europa, el partido que presentó la primera queja sobre este asunto, ha reclamado que el Supremo amenace con multas y responsabilidades penales a los responsables si no se cumple la orden en 24 horas o, incluso, que se suspenda todo el voto CERA.

Cerrada la puerta del Constitucional, por tanto, la gestión del caso vuelve a manos del Supremo mientras los consulados intentan cumplir con la medida cautelar y sin expectativas de que los jueces resuelvan el fondo del asunto antes de la cita electoral del 29N. Mientras, algunas fuentes apuntan a que también queda en manos de los propios afectados enfrentarse al laberinto burocrático y judicial: solicitar un certificado en el consulado y acreditar que cumplen con las condiciones o directamente presentar alegaciones ante el Alto Tribunal. 

“La decisión del Constitucional deja todo el peso sobre los afectados. Antes se discutía sobre memoria, ahora también sobre el voto. Y, una vez más, no son ni las instituciones ni los poderes los que defienden a los afectados, sino que son ellos mismos de manera privada los que tienen que buscar una solución”, lamenta el abogado Eduardo Ranz, quien ha presentado en el Tribunal Supremo alegaciones a las cautelares en representación de varios afectados y del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), una asociación que engloba a españoles exiliados y a sus familiares.

“Ciudadanos de segunda categoría”

Entre tanto, desde el Gobierno se sacuden las críticas del PP y aseguran que, “desde el primer minuto”, el Servicio Exterior de España trabaja contrarreloj para dar cumplimiento a la orden del Supremo. “Todo el Servicio Exterior de España, los cónsules, los consulados, la Dirección General de Consulares, están cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo y lo están haciendo con toda diligencia”, dijo el ministro José Manuel Albares este miércoles en una entrevista en TVE en la que detalló que buena parte de los funcionarios de los departamentos consulares han suspendido sus vacaciones y sus libranzas para poder avanzar en la complejísima burocracia. 

“Me parece lamentable y yo creo que los españoles tienen que sancionarlo duramente en las urnas, que el Partido Popular tenga la desenvoltura y el cuajo de intentar amedrentar y acosar con declaraciones públicas y que el señor Feijóo haya mentido sobre lo que están haciendo funcionarios. ¿Tanta desesperación tienen para cubrir lo que van a hacer con las pensiones, con la educación pública, la sanidad pública y la partida de becas, que a funcionarios del Estado que llevan toda su vida al servicio de los españoles tienen que intentar acosarles?”, respondió Albares. 

Desde la Moncloa, mientras, se limitan a acatar la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, aunque matizan que se trata de una medida adoptada únicamente por “motivos procedimentales que no aborda el fondo de la cuestión”. Y por eso el Ejecutivo reivindica la literalidad de la aplicación de la ley de nietos, incluido el derecho al voto ahora suspendido.

“El Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución. En consecuencia, confiamos en que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos”, trasladó este martes la Moncloa en un comunicado a la prensa.

Y por si faltaba algo, llegó Milei. El presidente argentino aterrizó este miércoles en España para irrumpir en una política nacional inmersa en plena precampaña de las generales. Y lo hizo a la altura del personaje público delirante que lo ha convertido en uno de los referentes mundiales del populismo ultraderechista: agrediendo, insultando y descalificando al conjunto de la izquierda y al presidente del Gobierno en particular, al que regala ahora otra baza electoral inesperada frente al evidente descoloque de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, visiblemente incómodos con su presencia.

El efecto fue inmediato. Después de regodearse durante un par de semanas con el enredo de PP y Vox con las pensiones, los socialistas se frotan ahora las manos con el periplo de Javier Milei por nuestro país. Están convencidos en el PSOE de que todo lo que representa el presidente argentino ayuda a la caricaturización de sus adversarios y a la movilización de una izquierda temerosa de que aquí puedan replicarse sus recetas. Esto es: recortes drásticos del estado social. Y por eso se lanzaron a la yugular desde primera hora de la mañana.

“Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el derecho a abortar, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo, yo soy zurdo. Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”, dijo en un vídeo Pedro Sánchez en sus redes sociales mientras en la sede de la calle Ferraz se desplegaba una enorme lona en la fachada que rezaba: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

A esa hora, Pedro Sánchez aún no había sido insultado por Javier Milei, pero faltaba poco. En su primer acto en España, un desayuno informativo, el presidente argentino hizo gala de su habitual sutileza para arremeter contra casi todo el mundo, menos contra Ayuso y Abascal. Al presidente español lo llamó, a las primeras de cambio, ladrón. “Pedrito es bien corrupto, ¿no? La otra vez cuando se lo dije se ofendió y después le estallaron un montón de casos en la justicia. O sea que sí es un corrupto. Es como cuando Lula se enoja cuando le digo ladrón, porque es ladrón. Es decir, si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones”. Y lo tildó de “dictador”: “Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo. Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”.

Y Pedro Sánchez ni pudo ni supo contener su goce. Otra vez en sus redes sociales, y de camino al mitin de precampaña de la tarde, reaccionó: “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”. El temazo argentino en cuestión era 'Fanático', de Lali Expósito, que ironiza sobre la delgada línea entre el odio y la obsesión y hace referencias evidentes al fanatismo de Milei.

Por la tarde, en el mitin, los militantes socialistas le pidieron al líder del PSOE entrar al trapo con Milei antes incluso de pronunciarse. “El señor Milei ha venido por aquí y le ha creado un problema a Feijóo y Abascal, que le invitaron y ahora no saben qué hacer con él. No saben dónde meterse ni dónde meterlo”, dijo para hacer las delicias de los asistentes. “Y ahí les tenéis: a Feijóo hablando de pizzas y de pisos y a Abascal diciendo: 'Uy, me habéis pillado fuera, hacemos un Zoom porque estoy fuera de Madrid'. Os voy a decir una cosa. ¿Pero a quién pretendéis engañar, Alberto y Santiago? Si os tenemos muy calados. Si Feijóo y Abascal gobiernan, harán lo que hace Milei en Argentina. Y eso no lo queremos para España”, proclamó.

La incomodidad de PP y Vox

El fiasco de la visita de Milei para PP y Vox se podía anticipar. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, el presidente argentino ha sido recibido con frialdad por las derechas españolas. Milei participó en uno de los actos informativos más habituales y concurridos de Madrid, el Nueva Economía Fórum. Un espacio que aglutina a empresarios y políticos alrededor de un invitado que ofrece un discurso y suele responder preguntas. Pero este miércoles se rompió con algunas tradiciones. Por ejemplo, no aparecieron los nombres de los patrocinadores del evento (Solaria y Asisa) en el panel ante el que habla el invitado. Los logos sí figuraban hace un par de semanas cuando el convidado fue el dirigente de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella.

Al evento acudieron dirigentes de segundo nivel tanto del PP como de Vox. La representación institucional corrió a cargo del presidente del Senado, Pedro Rollán, quien no se inmutó cuando Milei llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno. En cuanto a la dirección del PP, oficialmente no asistió nadie al evento, según las previsiones informativas remitidas a los medios. Hubo una mínima representación del PP de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y Esperanza Aguirre, a título personal.

Ninguna referencia de los portavoces del PP durante todo el día. Tampoco en redes sociales. Ni siquiera la también argentina Cayetana Álvarez de Toledo se dejó ver. En su día, Alberto Núñez Feijóo apoyó en las elecciones presidenciales a Mauricio Macri, quien apoyó la candidatura de Milei en la segunda vuelta tras fracasar en la primera.

Pero la ausencia más notable, tanto en el acto como durante el resto de la jornada, fue la de Santiago Abascal. El líder de Vox ha sido uno de los principales apoyos de Milei en España. De hecho, su primera visita se produjo con la excusa del Foro de Madrid, un encuentro de líderes ultras de todo el mundo organizado precisamente por Vox.

Esta vez, Abascal optó por la precampaña electoral, con actos en Ponferrada (León) y A Coruña. Milei se reunió con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y recibió una videollamada del líder de Vox que grabó y colgó en su perfil oficial de presidente de Argentina en Twitter. “Me habría encantado verte, pero... pero en otra ocasión”, le dice Abascal en ese vídeo.

El principal acto político de Milei fue su encuentro con la presidenta de Madrid. Ayuso lo recibió en su despacho “complementario” en las oficinas del Canal de Isabel II para eludir a los acampados en la Puerta del Sol. La dirigente del PP mantuvo oculto durante el martes y buena parte del miércoles el uso de dichas oficinas para celebrar el Consejo de Gobierno semanal y, de paso, recibir a Milei.