El marquesado de Miraflores de San Antonio se disputa en los tribunales. La primera batalla la ha perdido, de momento, la persona que ostenta el título desde 1984: doña María del Pilar Salgado Tovar, esposa de un magistrado del Tribunal Supremo ya fallecido y madre de tres notarios. Pero un juzgado de Madrid acaba de decidir ahora que un abogado ecuatoriano, don Diego Andrés Pérez Ordoñez, tiene mejor y preferente derecho sobre este título nobiliario, creado en marzo de 1751 por el rey Fernando VI. La sentencia, fechada el pasado 7 de octubre por el juzgado madrileño de lo civil número 88, ha estimado la demanda presentada por el letrado Pérez Ordoñez, que trabaja en un prestigioso bufete ecuatoriano. Pilar Salgado puede presentar recurso en la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso ha tenido de todo: la intervención de peritos especializados que han desgajado complejos árboles genealógicos que nacen en el siglo XVII e incluso las acusaciones de traición a la Corona española por parte de la demandada contra los antepasados del demandante. Este tribunal civil de primera instancia ha fallado en favor de Pérez Ordóñez porque las pruebas aportadas han constatado que desciende directamente del concesionario original del título, don Antonio Flores de Vergara, a quien la Corona española lo otorgó el marquesado en 1751 en lo que hoy es territorio ecuatoriano. Era coronel de Milicias Urbanas de Quito.

Doña Pilar Salgado Tovar, en cambio, solo pudo acreditar un vínculo colateral con ese mismo antepasado. Y según el derecho nobiliario español, mientras exista descendencia directa del fundador, ningún pariente por rama lateral puede reclamar el título. El fallo declara que Pérez Ordóñez es el sexto nieto en línea directa descendiente de don Antonio Flores de Vergara, el primer marqués. Doña Pilar Salgado Tovar había podido rehabilitar el título en 1984, bajo el reinado de Juan Carlos I, porque el marquesado llevaba 149 años vacante. Pero el tribunal ha concluido ahora que un descendiente directo prevalece siempre sobre un pariente colateral, con independencia de quién haya tramitado la rehabilitación.

La clave del caso radicó en el tipo de parentesco que cada parte tiene con el fundador del título. El abogado Pérez Ordóñez pudo acreditar que desciende directamente de doña Antonia Flores Carrión, III marquesa e hija del segundo matrimonio del primer marqués. La cadena genealógica continúa con don Mauricio Quiñones Flores (IV marqués de Miraflores), doña Juana Quiñones Carrión, doña Rosario Muñoz Quiñones, don Luis Pérez Muñoz, don Héctor Luis Pérez Arteta y, finalmente, el propio demandante. Cada eslabón quedó documentado con partidas canónicas y de registros civiles del Ecuador debidamente oficializadas. Doña Pilar Salgado Tovar, por su parte, presentó en el expediente de rehabilitación de 1984 una genealogía que la conecta con el concesionario por vía colateral: su tronco común sería Francisco Alonso y Ana Sánchez, padres de María Flores, la abuela paterna del primer marqués.

Lo dispuesto en la concesión

Y esta diferencia es determinante jurídicamente. La sucesión en los títulos nobiliarios se rige por la ley de su concesión y, en su defecto, por el orden tradicional de suceder. Así lo dispone el artículo 5 del Decreto de 4 de junio de 1948: “El orden de suceder en todas las dignidades nobiliarias se acomodará estrictamente a lo dispuesto en el título de concesión, y en su defecto, al que tradicionalmente se ha seguido en esta materia”. El Real Despacho de 1751 que concede este marquesado es al agraciado y a sus “hijos, herederos y sucesores”. La marquesa Salgado Tovar, para no perder el título, articuló su defensa sobre varios argumentos. El tribunal los desestimó uno a uno.

El primero fue la prescripción de la acción. La demandada alegó que el plazo general del Código Civil establece 15 años para reclamar un título que ya está en manos de otra persona. Pero el juez rechazó ese razonamiento apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo de 1994, que exige 40 años. Así, “resultaría contrario a la más elemental lógica jurídica” que el derecho a reclamar una dignidad nobiliaria se extinguiera en 15 años, cuando la propia usucapión (la adquisición del título por posesión continuada) exige 40. La sentencia deja claro que los 40 se habrían cumplido el 10 de agosto de 2024, pero la demanda se presentó en julio de 2023 y fue admitida en enero de 2024, lo que interrumpió ese cómputo antes de que se completara.

El segundo argumento invocó la pasividad histórica de la familia del demandante. Sus abogados argumentaron que el marquesado estuvo vacante desde 1810 hasta 1984 sin que ningún ancestro de Pérez Ordóñez reclamara la rehabilitación. El magistrado señaló que esa inactividad es jurídicamente irrelevante: mientras nadie poseía el título, ningún plazo corría a favor de nadie. Además, el tribunal subrayó que el mismo argumento podría volverse contra la demandada, cuya línea también permaneció inactiva durante más de un siglo antes de tramitar la rehabilitación.

El tercer y más llamativo argumento introdujo episodios de la independencia americana. Doña Pilar Salgado Tovar sostuvo que don Mariano Flores Jiménez, II marqués de Miraflores, perdió automáticamente el título por participar en la Junta Suprema de Quito de 1809, uno de los primeros movimientos independentistas en Sudamérica. También acusó de desleal a la Corona a su hermana, la III marquesa (por las acciones de su marido, no por las suyas propias) y al hijo de ésta, el IV marqués. Según su tesis, esa pérdida se extendió a toda su descendencia. El juez tiró de historia y del árbol genealógico que aportó el demandante. No existe ninguna norma histórica que asegure la pérdida de una dignidad nobiliaria sin una sentencia o un acto regio que la declarara expresamente. La demandada no aportó ninguno de los dos. Además, la Corona española no castigó esa supuesta traición.

No hubo traición

Cuando el II marqués murió el 30 de abril de 1810, el presidente de la Real Audiencia de Quito expidió carta de sucesión interina a favor de la citada doña Antonia Flores Carrión el 3 de septiembre de ese mismo año, hermana del marqués. En 1815, la Corona ordenó expedir otra a favor de su hijo don Mauricio Quiñones y Flores, el IV marqués. Ambos documentos proceden del Archivo General de Indias y acreditan que las autoridades competentes siguieron reconociendo la línea sucesoria. Además, en aquella época la traición del hermano a la Corona, si se hubiera cometido, alcanzaba a los “hijos varones” del penado, pero doña Antonia era hermana (solo de padre) de don Mariano (II marqués), no su hija. Tampoco podía perjudicarle la supuesta traición de su marido.

Además, con este argumento la sentencia apunta a una contradicción interna en la posición de doña Pilar Salgado Tovar: si el título se hubiera perdido por traición y revertido a la Corona, no habría podido rehabilitarse en 1984 en los términos en que se concedió. El propio expediente de rehabilitación tramitado por la demandada consideró la merced vacante (no confiscada) y señaló a don Mariano (el supuesto traidor) como último poseedor legal. Por último, el tribunal también descartó pronunciarse sobre si la genealogía aportada por Pilar Salgado Tovar es veraz o fruto de una confusión entre dos mujeres llamadas igual: María Flores, como alegó el demandante. María Flores era la abuela paterna del primer marqués y hermana supuestamente de una décima abuela de Salgado, algo difícil de aceptar porque, de ser cierto, María Flores, nacida en 1601 y tía 10ª abuela de la demandada, habría tenido un hijo en 1658. Una maternidad a los 57 años de edad en la Extremadura rural del siglo XVII hubiera sido un verdadero milagro de la naturaleza, alegaron algunos peritos testigos del juicio.

Ese análisis genealógico resultó innecesario: incluso aceptando como válida la genealogía que la demandada presentó en 1984, la decisión no cambia. Un descendiente directo prevalece sobre un pariente colateral con independencia de cuánto se aleje este último del tronco común. La sentencia declara, por tanto, el mejor y preferente derecho de don Diego Andrés Pérez Ordóñez a poseer, usar y ostentar el título de marqués de Miraflores de San Antonio y condena a Salgado Tovar a asumir esa declaración. Pero si la marquesa recurre, habrá que esperar a la Audiencia Provincial. Solo si esta falla a favor del demandante, tendrá que ser el Ministerio de Justicia quien conceda el título al abogado ecuatoriano cuando la sentencia ya sea firme.

El 1 de octubre de 2024, el digital ‘The Objective’ publicaba una información con el siguiente titular: “Amenazan al cabecilla de la trama Koldo: le pegan tres tiros a su coche como aviso”. La noticia insinuaba que alguien podría estar enviando un mensaje al empresario Víctor de Aldama, que había empezado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción para desvelar los negocios irregulares de el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Pero el último informe aportado por la UCO de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, fechado el 8 de septiembre de este año, desvela que Aldama, su hermano policía y un periodista que estaba asesorando al empresario pudieron inventarse esta historia para precisamente eso, insinuar que estaban amenzando a Aldama

“Podemos tener ya la historia que necesitábamos. No sé si es intento de robo o disparos”, le dijo Aldama al periodista tras descubrir que daños en los cristales de un Audi que conducía y que había aparcado en la estación de Atocha días antes, el 28 de septiembre de 2024. Aldama hizo imágenes de los daños que se encontró en el cristal y se las mandó a su hermano, al periodista y al parecer a un guardia civil amigo del Grupo de Acción Rápida (GAR). Este le dijo que, “a priori”, los impactos se trataban de “dos golpes con objeto contundente”. La UCO ha analizado varias comunicaciones en las que Aldama llamó a la aseguradora del vehículo para decirles que le “han intentado robar” y que han tratado de “romper el cristal” con un “punzón”, pero no lo “han conseguido”.

“No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto. Ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, añadió Víctor de Aldama. A pesar de ello, lo que filtró su entorno a la prensa es que le habían disparado. La UCO ha elaborado este informe dentro del ‘caso Villafuel’, donde Aldama está siendo investigado por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal por dirigir una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, están acusados de defraudar 182 millones de euros a la Hacienda Pública entre 2022 y 2024.

El comisionista ya fue condenado este año por el ‘caso Koldo’ a cuatro años y medio de prisión (aunque el Tribunal Supremo le eximió de entrar en la cárcel por colaborar con la Justicia). Aldama sigue colaborando con la Audiencia Nacional aportando, asegura, pruebas que demostrarían las maniobras de las llamadas ‘cloacas’ socialistas. En relación con este incidente, los daños sufridos por el Audi, la UCO concluye que “del análisis de las conversaciones mantenidas por Vïctor de Aldama con distintas personas de su entorno, especialmente con su hermano, se desprende que los intervinientes consideraron que dichos daños podrían haber sido ocasionados mediante un objeto punzante. En atención a esa valoración, Víctor de Aldama habría decidido proceder a su reparación sin interponer denuncia alguna”.

Tenía el móvil pinchado

Pese a todo, la tesis de que el empresario y comisionista sufrió un tiroteo siguió moviéndose por su entorno durante semanas. ‘The Objective’ volvió a publicar el 22 de noviembre de 2024 un texto titulado: “Así quedó el Audi A8 de Aldama tras ser tiroteado”. Cuando ocurrieron los hechos, en septiembre de 2024, Aldama ya había sido detenido por primera vez en febrero de ese año por el ‘caso Koldo’, aunque se encontraba en ese momento en libertad. La UCO le seguía investigando en secreto por el otro caso de fraude del IVA en los hidrocarburos.

La Guardia Civil también incluye en sus valoraciones que, casi dos años después, ha recibido un informe elaborado por la empresa GEES (Grupo Especial de Escoltas, Emergencias y Seguridad), que presta seguridad al empresario, que avala la petición de Aldama para intentar recuperar otro coche suyo decomisado por la Justicia porque “entre los hechos documentados que elevan el nivel de amenaza, se encuentran: el tiroteo de su vehículo (Audi A8), con tres disparos en noviembre de 2024 mientras se encontraba apartado en la vía pública”. El informe de GEES se equivoca hasta en el mes del suceso. No hubo ningún disparo, solo el intento de robo con un punzón.

Aldama, por su parte, ha subido un video en la redes sociales explicando que lo plasmado en este informe es una “interpretación” de la UCO, ya que lleva cuando le intentaron robar el coche llevaba años con amenazas. El empresario asegura que se están “desvirtuando” los datos del informe. Aldama, tras calificarse de “derechas”, ha dado sus explicaciones llamando “mafiosos” al Gobierno de Pedro Sánchez. Aldama afirma que la UCO no dice que él haya mentido, sino que recoge las llamadas que mantuvo con varias personas de su entorno tras encontrarse los dueños en su coche. “Dije a la aseguradora que era un intento de robo, porque si le digo que son tres impactos de bala de pequeño calibre no me van a cambiar el cristal. La UCO interpreta mis conversación y en ningún momento pone que yo mienta. La UCO interpreta”, reitera Aldama es sus redes sociales.

La ‘batalla’ legal por el control de la empresa Continental Towers Latam, responsable de instalar 12.000 torres de telefonía móvil en ocho países de Latinoamérica, se recrudece en varias instancias judiciales. Como ya publicó Infobae, cuatro fiscalías de Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica han iniciado investigaciones penales contra dos importantes empresas de EEUU, Peppertree Capital (una firma líder especializada en inversiones en infraestructuras digitales) y la filial de Goldman Sachs, AMLQ Holdings, por intentar hacerse de forma fraudulenta con el 100% de las acciones de Continental Towers, compañía fundada por un empresario español.

Esta ‘guerra’ acaba de ampliarse también a los tribunales de Islas Vírgenes Británicas, donde Continental tiene su sede matriz. La Alta Corte de Justicia de este archipiélago del Caribe, territorio británico, acaba de dictar una ‘Stop Notice’, una medida cautelar que bloquea cualquier tipo de operación sobre las acciones en disputa, en concreto sobre las 59.215 acciones (el 54,45% del total) propiedad del empresario español. Esta decisión evita que cualquier otro órgano judicial de otro país pueda ordenar movimientos de estas acciones, poniendo en salvaguarda el paquete accionarial del empresario español, que ha tenido que implementar fuertes medidas de seguridad para evitar amenazas contra él y su familia.

Peppertree y AMLQ controlan el otro 45,5% de las acciones de Continental. La de las Islas Vírgenes no ha sido la única medida legal tomada últimamente. El empresario ha tenido que presentar una protesta de injerencia a la cancillería de El Salvador ante las actuaciones del juez federal, Lewis A. Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la que denuncia la intromisión del magistrado en las leyes salvadoreñas y en el proceso penal abierto. Esta protesta ha sido enviada al Departamento de Estado de Estados Unidos, que tendrá que valorar si sus acciones podrían tener consecuencias diplomáticas. Este juez ordenó transferir acciones de la filial de Continental en este país. Esta maniobra podría suponer una injerencia en la “soberanía del país”. Hay que recalcar que el Tribunal contra el Crimen Organizado de El Salvador ya ha dictado ocho órdenes internacionales de detención, tres de ellas contra directivos estadounidenses de Peppertree.

Continental opera en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, países en los que ya ha instalado 12.000 antenas de telefonía móvil. A cambio de poder instalar estas torres, la empresa ofrece a los municipios donde recibe los permisos una contrapartida en materia de seguridad: la instalación de cámaras de seguridad para los servicios policiales de cada zona. Por ejemplo, un informe realizado por el municipio de Mixco, el segundo en importancia en Guatemala (479.238 habitantes), revela que la instalación de esta infraestructura de vigilancia ha conllevado una reducción del 51% en el número de muertes violentas.

Más de diez años de litigios

Toda esta historia comenzó en 2015, cuando las dos empresas estadounidenses compraron el 45,5% de las acciones de Continental, una compañía que entonces tenía un valor de mercado de 300 millones de dólares y tenía el 80% del mercado en los países en los que operaba. Nada más asociarse, Peppertree y AMLQ obligaron al empresario español a suscribir un préstamo de 20 millones de dólares con unas condiciones muy duras. Este empresario, accionista mayoritario de Continental Towers, denunció entonces una maniobra soterrada por parte de sus dos socios estadounidenses para quedarse con la empresa de manera hostil, iniciando una estrategia coordinada para reducir el valor de la compañía y forzar su venta a un tercero afín a Peppertree y AMLQ.

En diciembre de 2018, por ejemplo, otros inversores ofrecieron 1.000 millones por Continental, pero Peppertree y AMLQ vetaron la operación, ya que querían que Continental fuera vendida a otro postor, la firma Torrecom Partners. Los bancos JP Morgan, Barklays de Inglaterra, Bank of America y Citibank han valorado la compañía entre los 700 y 1.000 millones de dólares. Comenzaron entonces las amenazas físicas y las extorsiones al empresario y su familia, con grave peligro para su integridad física. Este tuvo incluso que contratar guardaespaldas. El empresario español apostaba por una venta pública, para sacar el mayor beneficio por la compañía que había fundado su familia. Así que en febrero de 2021 todas las partes acudieron a un arbitraje internacional por parte del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), con sede en Nueva York.

Cuatro años después, en marzo de 2025, el CIRD ordenó a Continental Towers a pagar más de 354 millones de dólares en daños y perjuicios a sus dos socios, Peppertree y Goldman Sachs. Una decisión con la que no está de acuerdo Continental Towers y por la que sigue manteniendo el pleito. El presidente del tribunal de arbitraje era el abogado Marc J. Goldstein, cuyo nombre había aparecido en algunos medios digitales de EEUU como receptor de 250.000 dólares en sobornos por parte de AMLQ, la filial de Goldman. Este fondo había establecido un sistema de empresas pantalla para pagar al Goldstein, que podría haber recibido tres millones de dólares para favorecer arbitrajes a favor de AMLQ, entre ellos el que afectaba a Continental.

El tribunal del CIRD, presidido por Goldstein, declaró que Continental Towers había bloqueado injustificadamente el proceso de venta de la compañía, un derecho que Peppertree y AMLQ (Goldman) podían ejercer unilateralmente tras cinco años de inversión en esa compañía de antenas telefónicas. Los abogados del empresario español encargaron su propia investigación tras la publicación de los artículos de prensa que salpicaban a Goldstein, donde pudieron constatar que este abogado había recibido parte del dinero en una cuenta en Suiza procedente de otra en la isla de Man, un paraíso fiscal.

El caso no quedó en la jurisdicción de un tribunal de arbitraje de Estados Unidos. La Fiscalía de Guatemala empezó una investigación contra uno de los directivos que Peppertree había colocado en Continental, de nacionalidad guatemalteca, por blanqueo de capitales e intentar sobornar a cargos públicos. En Guatemala ya hay cinco detenidos. El caso saltó luego a las fiscalías de El Salvador, Panamá y Costa Rica. En Panamá, por ejemplo, se investigan sobornos. Estos cuatro países han tomado cartas en el asunto porque Continental Towers está presente en términos operativos en estos cuatro Estados y presta un servicio considerado crítico, ya que se trata de un importante operador de telecomunicaciones y sus infraestructuras. Ahora el caso se ha extendido a Islas Vírgenes Británicas. Mientras, Continental sigue operando con la misma distribución de acciones: el 55% en poder del empresario español y el 45% restante en manos de Peppertree y AMLQ (Goldman).

El Ministerio de Sanidad ha decidido licitar directamente un contrato para que una empresa privada le ayude a subastar los bienes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisan a los narcos en territorio nacional. Generalmente, estas subastas las realiza Segipsa, una sociedad mercantil dependiente del Ministerio de Hacienda, pero un problema judicial sin resolver (un recurso en el último contrato licitado) ha obligado a Sanidad a tramitar esta adjudicación, ya que el dinero procedente de estos bienes (independientemente de quién los subaste) acaba siempre en el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Este nuevo contrato, por dos años, incluye la subasta electrónica de inmuebles, vehículos, embarcaciones, maquinaria, joyas, relojes, piezas de arte, aeronaves, drones, equipos de informática y comunicaciones, e incluso animales vivos. Sanidad deja claro que el contrato no tendrá ningún coste directo para las arcas públicas, ya que la empresa que se lleve finalmente la licitación obtendrá un 20% como comisión del dinero que ingrese por cada bien subastado. El fondo que gestiona el Plan Nacional sobre Drogas batió en 2025 todos sus récords: 47,7 millones de euros, un 172% más que lo obtenido en 2024. Y se trata solo de dinero localizado en efectivo en operaciones policiales o embargado en cuentas corrientes a condenados por narcotráfico. Desde que hay estadísticas (1996), nunca había habido un ejercicio con tanto “líquido” incautado por las arcas públicas.

A eso hay que sumar lo que se podrá obtener si el Estado finalmente subasta los 1.405 bienes materiales decomisados a estos grupos criminales en 2025. Y ahí entra en juego esta nueva licitación, que tendrá que ayudar a dar salida a estos bienes. Sanidad calcula que el subastador podría llevarse en estos dos años unos 450.000 euros. “Para el cálculo del valor del contrato se han considerado las valoraciones promedio de los encargos que típicamente se podrían realizar anualmente”, explican desde Sanidad. Actualmente, hay una subasta electrónica en marcha que se realizará los días 18 y 19 de noviembre. No la realizará el futuro adjudicatario. Es la última que celebrará Segipsa.

Esta subasta tendrá lugar en Madrid, en el auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se trata de 26 lotes, propiedades incautadas a los narcos gallegos ‘Sito Miñanco’, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijóo ‘Patoco’. La Audiencia Nacional acaba de condenar a 17 años de prisión a José Ramón Prado Bugallo, más conocido por ese alias de ‘Sito Miñanco’, por liderar en 2017 una operación para introducir cerca de cuatro toneladas de cocaína en Europa. Y lo hizo mientras disfrutaba de un tercer grado penitenciario por otra condena anterior, mientras trabajaba en un parking de Algeciras (Cádiz) y aparentaba haberse reinsertado tras una vida dedicada al narcotráfico. Las pesquisas se abrieron en 2016, pero el juicio no comenzó hasta noviembre de 2024 y finalizó en marzo de 2025. La sentencia ha tardado en dictarse un año y medio.

Cuatro casas de ‘Sito Miñanco’

En esta puja salen a la venta cuatro propiedades vinculadas a Miñanco. Se trata de una vivienda unifamiliar en O Rial, en Vilagarcía de Arousa, que sale a la venta por 213.058 euros; una casa en Prado de Pradocelo, en Sanxenxo, por 437.449 euros; y dos pisos en el centro de Pontevedra de 90 y 72 metros cuadrados, que se empiezan a comercializar por 256.907 y 224.872 euros. Aunque el lote más importante es el 24, que pertenece a Marcial Dorado, famoso por aparecer en varias fotos con un joven Alberto Núñez Feijóo. Se trata de una finca rústica en el municipio de O Xufre, en A Illa de Arousa, con un edificio en construcción de cuatro plantas y garajes donde estaba previsto levantar 15 viviendas. La subasta inicial supera el millón de euros. También volverán a salir a la venta diez locales comerciales de Dorado en Santiago, que no encontraron comprador en una subasta anterior. Arrancan en 315.000 euros.

La Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas comenzó las subastas electrónicas en 2024, gestionadas, previo contrato administrativo, siempre por una empresa externa. En el año 2025 se llevaron a cabo, por ejemplo, ocho encargos para la gestión de ocho subastas electrónicas diferentes, de embarcaciones, vehículos, maquinaria, joyas y relojes, y objetos. Pero en el caso de bienes inmuebles, es Segipsa la que se encarga de tramitar esta tarea. Segipsa necesita apoyo externo para realizar las tasaciones de las viviendas, obtener los certificados de eficiencia energética, liquidación de impuestos, cambio de cerraduras, gestión de limpiezas y otras necesidades.

El año pasado, Segipsa preparó y convocó una subasta de 13 lotes. Sin embargo, un error en el plazo de publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado motivó la presentación de un recurso contencioso-administrativo que derivó en la suspensión de la subasta. Estos errores técnicos han motivado que SEGIPSA termine las subastas que tiene pendientes (como la de noviembre con otros 26 lotes) y que ya las próximas sean realizadas por el futuro adjudicatario de este nuevo contrato licitado directamente por Sanidad. Desde que hay subastas electrónicas se han conseguido vender 67 inmuebles.

“El entorno de protección se reduce a una franja de seis metros trazada desde la parte exterior de la cerca histórica, y donde esta no se conserva, desde el perímetro del BIC, ajustando su alcance a la realidad material y urbana de los bordes del bien”. Esta frase aparece en la página 29 del expediente de modificación de la declaración como Bien de Interés Público (BIC) de la Casa de Campo, el gran pulmón verde de la capital. “Es decir, que a partir del séptimo metro no habrá que pedir permiso a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para montar, por ejemplo, una feria de gastronomía o si se quiere montar un espectáculo para tirar fuegos artificiales”, explica Alberto Tellería, portavoz de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que ha presentado alegaciones al proyecto.

La Casa de Campo es Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Sitio Histórico desde 2010. Pero ahora el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso quiere modificar esta declaración para, según argumenta, “actualizar los instrumentos de protección patrimonial de la Casa de Campo debido al paso del tiempo, las modificaciones normativas y el avance de los conocimientos sobre este inmueble y sus valores culturales”. Tellería señala que “la Comunidad dice que quiere perfeccionar la protección, pero en realidad la reducen” y da un ejemplo con un dato demoledor: “El expediente ignora la biodiversidad del parque y, sobre todo, reduce el entorno de protección de 208,21 hectáreas a solo 10,75 hectáreas, una contracción del 94,8%. Lejos de reforzar la tutela del parque, recorta de forma drástica su entorno protegido y omite valores ambientales, arqueológicos e históricos que la ley obliga a salvaguardar”.

El Ayuntamiento de Madrid gestiona el parque desde 1963. En 1969 se abrió el famoso Parque de Atracciones y en 1972 el Zoológico de la capital. Alberga yacimientos históricos, puentes, fuentes, fortines de la Guerra Civil, un lago que ahora es zona de recreo, paseo y restauración, zonas verdes importantes (con 700.000 árboles) donde predominan encinares, pinares, fresnedadas, huertas y jardines, la Casa Palacio de Los Vargas, recintos feriales, la Venta del Batán como escuela de tauromaquia, el famoso teleférico, un albergue social y un taller de cantería que hoy se utiliza para actividades culturales. Todo rodeado por una cerca histórica que tiene un perímetro de 17,7 kilómetros.

Actualmente, el área que es catalogada como BIC es de 1.698 hectáreas, protegida por un entorno de seguridad de 208 hectáreas. “La modificación propuesta reduciría ese entorno a una franja de seis metros desde el exterior de la cerca histórica, equivalente a apenas 10,75 hectáreas”, asegura Alberto Tellería. “Una vez más, la Comunidad de Madrid pone el Consejo Regional de Patrimonio Histórico al servicio de las prioridades de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Lo que presentan como una actualización es, en realidad, una rebaja de la protección de la Casa de Campo, un precedente peligrosísimo que solo encuentra un antecedente comparable en la operación de Canalejas. Se reduce la protección del patrimonio mientras se consolidan los usos vinculados a la tauromaquia”, explica Alicia Torija, diputada de Más Madrid y miembro del Consejo Regional.

Alegaciones e informes

La tramitación de la modificación del BIC ya ha concluido su periodo de alegaciones. El Ayuntamiento de Madrid, la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tienen que emitir un informe al respecto. “Es una pésima noticia para el patrimonio de Madrid, aunque desgraciadamente no sorprende. Para el Gobierno de Ayuso, la protección del patrimonio parece ser un obstáculo que hay que sortear cuando interfiere con sus intereses urbanísticos. En lugar de adaptar los proyectos a las exigencias de conservación, pretenden adaptar la protección patrimonial a los proyectos que quieren desarrollar”, concluye Torija. Entre los espacios que quedarían desprotegidos con esta reducción figura el tramo de la M-30 que ocupa suelo que históricamente perteneció a la Casa de Campo, cuyo soterramiento permitiría recuperar el trazado original del vallado. También quedaría excluido el entorno del Puente de los Franceses sobre el río Manzanares.

La Dirección General de Patrimonio Cultural se limita a señalar, en un par de párrafos, que se establecerá “un entorno de protección del Sitio Histórico cuyo objeto es salvaguardarlo de posibles afecciones ambientales y urbanísticas que puedan alterar su singularidad”. Un entorno de protección que se reduce a seis metros desde la cerca. “La modificación propuesta rompe el vínculo histórico del parque con los Jardines del Campo del Moro”, señala la asociación ‘Madrid Ciudadanía y Patrimonio’, que también reclama una protección específica para la fauna de la Casa de Campo (zorros, jabalíes, conejos, culebras, sapos, abubillas, urracas, patos y perdices) y para los humedales del arroyo de los Meaques y el arroyo Antequina, exigiendo que este último mantenga un caudal permanente.

En materia de vegetación, las alegaciones presentadas proponen repoblar con especies autóctonas y sustituir progresivamente los pinos dañados por la tormenta Filomena en enero de 2021 por variedades resistentes a nevadas u otras especies que recuperen los ejemplares perdidos. En el ámbito arqueológico, esta asociación pide un plan de documentación, excavación y puesta en valor de los edificios históricos destruidos durante la Guerra Civil que nunca han sido estudiados sobre el terreno: el cementerio de empleados, las iglesias de La Torrecilla y de Rodajos, la Casa de Vacas, la Casa de Labor, el depósito y el Repartidor de aguas construido entre 1876 y 1878, y el acueducto del Puente Colorado.

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid tiene actualmente 544 empleados, pero el organismo asegura que no son suficientes para realizar de manera “eficaz” todo el trabajo que tiene por delante. Por eso, la Agencia, la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid dedicada a construir vivienda social, ha decidido seguir externalizando “la gestión integral” de su patrimonio, formado por 24.979 pisos, 21.123 garajes y 1.323 locales comerciales. Algo que lleva haciendo “30 años”, explica un portavoz de la Agencia (que antes se llamaba IVIMA).

El futuro adjudicatario seguirá percibiendo un fijo por realizar todas las actividades propias de este organismo, pero cobrará también un variable en función del éxito que obtenga en sus gestiones. Eso sí, el Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha decidido empeorar muchas de esas primas de éxito. Por ejemplo, el gestor privado que hay ahora percibe entre el 8% y el 32% de la cantidad de los recibos atrasados de inquilinos morosos que consigue cobrar. Con el nuevo contrato solo percibirá entre el 10% y el 14%.

El nuevo contrato será por tres años. En ese tiempo, la Comunidad está dispuesta a pagar 8,32 millones de euros, cantidad que se puede elevar a 11,7 millones de euros si se aplican las prórrogas de dos años. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, hace una reflexión sobre este contrato: “Habría que estudiar si el coste económico de esta externalización no es más alto que lo que costaría ampliar los recursos humanos de la propia Agencia, que hay que recalcar que cuenta con una plantilla importante de casi 550 empleados. Por este mismo dinero se podría ampliar esta plantilla”. El gasto de la Agencia en personal es de 25 millones de euros.

La AVS utiliza el término “apoyo” para definir el objeto del contrato que está licitando: apoyo en los trabajos de facturación y cobro de los ingresos generados por la gestión del patrimonio (los recibos de los inquilinos); apoyo en los trabajos de gestión de los tributos remitidos a la Agencia; apoyo en los trabajos de gestión de los expedientes de reducciones de la renta para los inquilinos con más problemas económicos; apoyo en los trabajos de gestión de los procesos de morosidad; apoyo en la contratación, entrega de inmuebles, alquiler y venta de plazas de garaje y de locales comerciales; apoyo en la venta de inmuebles; apoyo en la gestión de las comunidades de propietarios; y, finalmente, apoyo en la atención al público.

441.000 recibos anuales

Por ejemplo, la AVS explica que la empresa que se lleve el contrato tendrá que “apoyarle” en la gestión del cobro de las rentas de las viviendas, garajes y locales comerciales que tiene alquilados o vendidos con precio aplazado, lo que implica la gestión anual de unos 441.000 recibos para ingresar 67,5 millones de euros. “Ello exige un seguimiento minucioso y contar con una red de oficinas en las proximidades de las áreas donde existen promociones”, reza la memoria justificativa del contrato. Todo este proceso de cobro obliga a tramitar notificaciones, cobrar intereses y realizar campañas de domiciliación de recibos para intentar eliminar el cobro por caja.

De hecho, el 23% de estos recibos se siguen pasando en efectivo, sin estar domiciliados a través de una entidad financiera. La AVS, como titular además de miles de propiedades, tiene que pagar impuestos locales como el IBI, vados y tasas de basuras. Solo pagar el IBI a diversos ayuntamientos supone gestionar otros 39.301 recibos. La AVS también tiene que lidiar con inquilinos morosos, aquellos que pasan por dificultades económicas y no siempre pueden estar al día de los pagos de sus alquileres. La Agencia califica como moroso a un inquilino cuando empieza a deber tres recibos. “En la lucha contra la morosidad, la Agencia de Vivienda Social tiene establecidos protocolos que el licitador deberá apoyar para la reclamación de esas deudas”, señala la memoria.

Otra de las funciones de apoyo será la venta de viviendas, porque la AVS no solo construye vivienda pública y la alquila, también vende inmuebles cuando la normativa lo permite. No son muchas cada año, pero para esta comercialización hay que hacer trámites en el Registro de la Propiedad y realizar escrituras públicas. “En esta labor resulta esencial disponer de un apoyo externo para recabar de los interesados cuanta documentación sea necesaria”, insisten desde la Agencia.

El contrato también exigirá al nuevo gestor funciones para evitar ocupaciones irregulares de su patrimonio y otros usos indebidos de sus inmuebles. “Como instrumento imprescindible para poder realizar este seguimiento, se encuentra la ‘Visita’, con objeto de verificar la situación de ocupación, destino y mantenimiento de las viviendas”. Por último, la AVS necesita apoyo para gestionar todas las reclamaciones presentadas por las Juntas Administradoras o Comunidades de Propietarios en las fincas en las que la Agencia es propietaria de todos o de alguno de los inmuebles que las conforman, “lo que implica una ingente labor”. La Comunidad de Madrid también quiere que la empresa que se lleve el contrato gestione el servicio de atención al público y abra cuatro oficinas con el objetivo de “optimizar” este servicio.

Todo esto tiene un coste. La AVS ha presupuestado 8,32 millones de euros hasta 2029 (año incluido), cantidad que se puede elevar a los 11,7 millones si el contrato se prorroga dos años más. La Comunidad de Madrid ha establecido un sistema de pago mixto: una mensualidad de 137.356 euros y un variable en función del éxito que tenga en sus funciones. El fijo mensual crece respecto al actual contrato firmado en 2021 (133.659 euros), pero el Gobierno de Ayuso ha decidido rebajar el variable por el éxito de la gestión. Por ejemplo, el futuro gestor se llevará el 14% de cada recibo adeudado que consiga cobrar si el inquilino debe solo un máximo de tres meses. Si los recibos adeudados llegan al año, se llevará una prima de 12%. Y si la deuda supera los 13 meses, esa prima es del 10%.

Ahora hay otro sistema. Si el inquilino solo debe tres meses, el gestor no se lleva nada (con el nuevo contrato pasará al 14%), pero cuando la deuda superaba los 13 meses, la prima es de 16% y puede llegar al 32%. El futuro adjudicatario también se llevará un extra de 200 euros si ayuda a constituir una comunidad de propietarios si la AVS tiene pisos en el edificio (es decir, cuando hay otros vecinos aparte de los de la AVS). También percibirá entre 100 y 200 euros si asiste a la junta de vecinos de esa comunidad, en función de la hora y la distancia que tenga que recorrer para acudir a esta reunión (ahora se lleva hasta 400 euros).

La AVS también tendrá una prima de éxito si consigue que los inquilinos domicilien sus recibos en un banco. Como hemos mencionado antes, el 23% sigue pagando en efectivo. “Deberá acreditarse que al menos durante 3 meses se mantiene la domiciliación”, exigen desde la Agencia. La prima se percibirá si consigue domiciliar más de 50 recibos: entre 15 y 35 euros por recibo en función del número. Esto sí es una novedad respecto al actual contrato. De momento, la licitación ha recibido dos ofertas de empresas interesadas.

La Comunidad de Madrid ha decidido imponer las primeras penalizaciones a una de las empresas que le alquila los helicópteros que forman parte de su dispositivo especial de verano para combatir los incendios forestales, conocido como INFOMA. La Agencia de Emergencia y Seguridad 112 ha multado con 129.158 euros a la compañía Eliance Helicopter Global Services, que forma parte del grupo Eliance, dedicado a operaciones aéreas de emergencia, extinción de incendios, rescate y transporte sanitario. Desde abril de 2025, el control del grupo está en manos de Swiss Life Asset Managers, la gestora de inversiones del grupo asegurador suizo Swiss Life.

Esta sanción se ha tramitado porque las aeronaves no estuvieron disponibles varios días del verano. Uno de ellos, el pasado 22 de julio, fue en los peores momentos del verano, cuando un incendio que empezó en Almorox (Toledo) se fusionó con otro foco nacido en Burgohondo (Ávila) y convirtió la Sierra Oeste madrileña en un escenario de fuego que la región no conocía hasta la fecha. Solo en Madrid se quemaron casi 25.000 hectáreas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo llamó “el mayor incendio de nuestra historia” y su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, lo calificó de “auténtico monstruo”. Fueron 15 días de incertidumbre, miedo y varias localidades desalojadas. De hecho, el Gobierno regional tuvo que pedir ayuda al Ejecutivo central, que declaró la emergencia nacional.

Ahora, el expediente de sanción al que ha tenido acceso Infobae revela que Eliance, que se llevó el contrato en octubre de 2024 para alquilar a la Comunidad de Madrid cuatro helicópteros para las temporadas de verano de 2025 y 2026 (de los meses de mayo a octubre), no tuvo disponibles los aparatos durante algunos días clave. En principio, la disponibilidad contractual fijaba 680 horas de vuelo al año para las cuatro aeronaves. A cambio, el Ejecutivo regional abonaría 3.377.920 euros. Pero Eliance no cumplió con lo estipulado. Por ejemplo, uno de los cuatro aparatos, el LD13, debería haberse incorporado al operativo el 13 de junio, pero no lo hizo hasta el 13 de julio. Es decir, una demora de 30 días.

Ese mismo helicóptero no estuvo operativo entre el 27 y el 28 de julio, en el peor de los momentos de los incendios de Madrid. El LD13 sufrió una nueva inoperatividad el 4 de agosto y volvió al día siguiente, dejando la base sin cubrir durante un día. Por último, la empresa avisó de la necesidad de realizar labores de mantenimiento del helicóptero, no disponiendo de otro de sustitución. El helicóptero salió de la base el 17 de agosto, a mitad de su jornada, y volvió al inicio del día 19 de agosto. Luego está el helicóptero LD35, que se incorporó el 9 de junio, cuando en realidad debería haberlo hecho el 6 de junio, lo que supone tres días de demora.

Fallaron tres de los cuatro helicópteros

El 21 de junio, este helicóptero sufrió un incidente de gravedad que lo dejó de baja hasta el día 8 de julio. Hasta tal fecha no se pudo contar con un nuevo helicóptero que lo sustituyera, lo cual supone una inoperatividad de 17 días. El 14 de agosto, la empresa Eliance avisó de que necesita realizar labores de mantenimiento y que tampoco tenía helicóptero de sustitución. Esta aeronave no volvió hasta el 18 de agosto, sumando otros tres días de inoperatividad. Por último, está el LD41, que no funcionó entre el 1 y el 9 de septiembre, suponiendo una inoperatividad de nueve días. La Comunidad de Madrid ha establecido las penalizaciones registradas en el contrato, ya que ha calculado que tres de los cuatro helicópteros del servicio sumaron 33 días de demora en sus plazos operativos y 32,5 días fuera de servicio. Todo eso conlleva una sanción de 129.158 euros por 65,5 días en los que realmente no pudieron formar parte del dispositivo de verano.

El contrato firmado en septiembre de 2024 por la Agencia de Emergencias y Seguridad tenía tres lotes: uno, el que se llevó Eliance con estos cuatro helicópteros bombarderos solo para la temporada de verano; otro que se llevó la empresa española Sky SA por 5,2 millones de euros para alquilar dos helicópteros durante dos años con las funciones de coordinación, rescate, patrullaje y extinción de incendios; y el tercer lote, que se llevó la firma también española Pegasus Aviación para alquilar otros cuatro helicópteros para transportar las brigadas de retenes forestales durante dos años, un lote por el que se paga 6,5 millones de euros. Es decir, en total diez helicópteros con distintas funciones.

El diputado socialista José Luis García señala que las cuentas no cuadran, ya que de momento la Comunidad de Madrid solo ha informado de penalizaciones contra una de las tres empresas del contrato porque no han funcionado tres de los cuatro helicópteros durante varios días de la campaña. Pero él hizo una petición al Gobierno regional para conocer, por ejemplo, el número de helicópteros inoperativos entre el 15 y el 30 de junio. La respuesta es que “se produjo un retraso en la incorporación de algunos de dichos medios respecto de las fechas inicialmente programadas”. Los datos son que entre el 15 y el 17 de junio hubo cinco helicópteros no operativos; entre el 18 y el 21 de junio hubo cuatro; entre el 22 y el 23 de junio hubo tres; entre el 23 y el 25 de junio hubo dos helicópteros y entre el 26 y el 30 de junio solo una nave.

Es decir, que habrá más penalizaciones porque, entre los 129.000 euros de sanción ya tramitados, solo está castigada la falta de servicio de dos helicópteros dentro de estos 15 días de junio por los que preguntó García. Y en la respuesta se habla de hasta un máximo de cinco aeronaves. “Menos mal que en ese periodo del 15 al 30 de junio no pasó nada grave en la región, pero solo en esos 15 días faltaron muchos aparatos contratados”, explica García. De momento, la Comunidad de Madrid solo ha prorrogado hasta noviembre de 2027 uno de los tres lotes: los dos helicópteros de la empresa Sky por 2,6 millones.

La región posee una superficie total de 802.558 hectáreas, de las que el 55% (438.262 hectáreas) tienen la consideración de terreno forestal. Y de estas, más de la mitad (266.799 hectáreas) tiene el calificativo de terreno forestal arbolado.