Francesc Augé, el hombre de 56 años que luchó en los tribunales contra su padre por su derecho a la muerte digna, recibirá la eutanasia el 27 de noviembre. El catalán podrá completar el procedimiento que empezó en 2024 tras el archivo definitivo de su causa, según ha adelantado El País y ha confirmado su abogada a Infobae.

La eutanasia de Francesc Augé ha permanecido bloqueada 856 días desde el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat, emitido el 24 de julio de 2024. El derecho a recibir ayuda para morir le fue concedido tras sufrir cuatro ictus y dos infartos, que le han dejado graves secuelas de movilidad y una afasia que le impide comunicarse con normalidad.

Fue el padre de Augé, de 96 años, quien pidió a los tribunales paralizar el procedimiento, alegando que su hijo tenía problemas de salud mental y, por tanto, no estaba en condiciones de tomar esta decisión. Durante el proceso, Augé ha denunciado lo que entendía como una vulneración de sus derechos: “No respetan mi derecho a morir”.

La denuncia de su padre abrió una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo. Los magistrados establecieron el pasado mes de mayo que los familiares tenían derecho a interceder judicialmente si consideraban que había fallos en la concesión de eutanasia de un solicitante. El fallo suponía reabrir de nuevo la pelea en los tribunales, pero el padre, cansado y enfermo, decidió no continuar con sus recursos.

Tendrá la eutanasia “antes de las elecciones”

Pese al desistimiento del padre, el archivo judicial ha tardado en llegar. Según la abogada de Augé, el problema venía de los letrados del nonagenario, que no habían presentado el escrito ante los juzgados. La espera judicial ha provocado en Augé episodios de hartazgo, rabia y desesperación, y alusiones reiteradas a la posibilidad de quitarse la vida si no podía ejercer el derecho reconocido. El pasado septiembre fue ingresado de urgencias después de un intento de suicidio.

Augé pudo ir ayer a su médico y poner fecha a su eutanasia. El procedimiento se hará en el hospital de Vilafranca del Penedès, a petición propia, y se realizará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales. Según su abogada, querían que se realizara antes de los comicios para evitar que cualquier cambio político volviese a afectar su muerte digna.

Este mismo viernes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista con Cadena Ser que reformará la ley de eutanasia. El candidato a la presidencia del Gobierno se ha comprometido a elaborar una “nueva redacción” para “perfeccionar” la norma con “garantías” y que los solicitantes tengan “más información médica” y “más libertad” para tomar “una decisión irreversible”.

Feijóo ha recordado que la madre de Noelia le pidió realizar un cambio legislativo. El líder del PP ha asegurado que se puso en contacto con ella para pedirle “disculpas en nombre de los poderes del Estado” porque “no se le atendió correctamente” y fue “fallo multiorgánico de los servicios públicos”.

Saber cuántas personas están en lista de espera en España no es tan sencillo como parece. Las estadísticas de cada comunidad autónoma, realizadas en dos momentos muy concretos del año (junio y diciembre), se publican bajo la sospecha de maquillaje por parte de las administraciones regionales, que intentan mejorar sus resultados antes de que se publiquen los datos.

Aun con estas estrategias, los números alarman. A finales de 2025, más de 850.000 españoles esperaban para pasar por quirófano y cuatro millones intentaban conseguir una cita con el médico especialista. Mientras, el último barómetro sanitario del CIS mostraba que el 22,8% de la ciudadanía no había sido capaz de ir a la consulta de su médico de cabecera por falta de citas. Quienes sí lograban llegar al centro de salud, pasaron más de 10 días esperando para por fin ser atendidos.

En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere cambiar la forma en la que se mide cuántos pacientes hay en lista de espera. La propuesta de reforma llega este viernes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sin esperanzas por parte de la ministra de que salga adelante.

“Lamentablemente, no va a salir porque hay intereses políticos y partidistas que no quieren que las listas de espera sean una herramienta de gestión, sino de confrontación política. Pero por nosotros hemos hecho el trabajo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para poner todas las herramientas al servicio de los pacientes, al servicio de los profesionales y al servicio del sistema”, aseguró durante un encuentro organizado por eldiario.es.

Así maquillan las listas las comunidades autónomas

Las listas de espera de los 17 sistemas sanitarios autonómicos se concibieron en 2003 para comparar la atención sanitaria, pero el modo de registrar a los pacientes ha provocado sospechas de maquillaje desde su creación. En al menos dos ocasiones, esto ha llevado a cambios importantes en las estadísticas nacionales de pacientes.

La Comunidad de Madrid quedó fuera del cómputo estatal entre 2005 y 2011 porque el Ministerio de Sanidad consideró que su sistema incumplía las reglas comunes: incorporaba al paciente después de las pruebas preoperatorias y de la consulta con el anestesista, con un retraso de entre 20 y 40 días.

Mientras el resto de comunidades empezaba a contar la espera desde que el especialista prescribía la operación, la sanidad madrileña demoraba la inclusión en el registro. El sistema permitía reducir simultáneamente el número de pacientes contabilizados y la demora oficial.

El segundo caso en el que las sospechas se tradujeron en un cambio visible de las cifras ocurrió en Andalucía en 2018. No hubo exclusión de los datos estatales, sino una ruptura de la serie entre junio y diciembre que dibujó una realidad muy distinta.

Los pacientes pendientes de una operación pasaron de 65.615 a 143.887, mientras que quienes aguardaban una primera consulta con el especialista aumentaron de 222.962 a 685.523. El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos acusó al anterior Ejecutivo socialista de haber dejado sin contabilizar a más de medio millón de personas.

Según esa acusación, entre los pacientes no registrados había personas con procedimientos sin plazo garantizado, atendidas en determinados hospitales concertados o pendientes de una cita que todavía no se había asignado. El objetivo, sostenía el nuevo Ejecutivo, era maquillar las listas de espera.

El PSOE respondió que se trataba de estadísticas diferentes. La serie se rompió para incorporar los nuevos datos, una decisión que evidenció hasta qué punto los criterios de registro pueden modificar el diagnóstico sobre las demoras sanitarias.

Los casos de Ribera Salud y Ramón y Cajal avivan las sospechas

En los últimos años, la atención del Ministerio de Sanidad se ha dirigido de nuevo a la Comunidad de Madrid. Los casos del Hospital de Torrejón y del Ramón y Cajal han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las listas de espera. Aunque el Gobierno regional ha negado en todo momento que se manipulen los números, García les ha acusado de “maquillar” y “manipular” las listas de espera.

Con la reforma que se presenta este viernes, el objetivo del Gobierno es que el sistema sea capaz de registrar todo el proceso asistencial, desde que un paciente acude a una primera consulta hasta que recibe su tratamiento o pasa por quirófano. “La lista no empieza a contar desde que te dice un cirujano que te tiene que operar; la lista empieza a contar desde que fuiste a atención primaria, todo eso que es profundamente transparente”, expresó García a los medios el pasado 15 de octubre.

La titular de Sanidad subrayó que una reforma “tan profundamente democrática y profundamente transparente” como la relativa a las listas de espera “no puede ser un cajón negro”, y criticó que las comunidades autónomas “compitan” por mostrar quién presenta menos demoras.

El verano de 2026 ha sido el más cálido de la historia de España y Europa. Las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Copernicus han confirmado que este último periodo estival superaba con creces los datos del 2025, ahora el segundo más caluroso, con un récord de 61 días bajo ola de calor y 2,4 grados por encima del promedio normal.

Este verano ha sido, además, el más mortal para el continente, según un nuevo estudio publicado en Nature Health. Investigadores del Imperial College de Londres y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres han determinado que más de 50.000 personas han muerto este verano en Europa a causa del calor provocado por el cambio climático. Estos datos sitúan al verano de 2026 como el más mortífero desde el año 2000.

La distribución de las muertes no fue homogénea. En términos absolutos, España, con 5.227 muertes atribuibles al cambio climático, se encuentra entre los países con mayor número de fallecidos. Tan solo le superan Italia (8.772 muertes estimadas) y Francia (4.661).

En términos relativos, Malta registró la tasa más alta de toda Europa: 716 muertes por millón de habitantes (con un intervalo de confianza del 95% entre 535 y 874). Le siguieron Italia, con 561 por millón; Hungría, con 537; y Croacia, con 461.

Las grandes capitales concentran las muertes por calor en España

El análisis se limita a poblaciones urbanas, que representan cerca del 40% de los habitantes de los 30 países incluidos. La carga total de mortalidad por calor en toda Europa —zonas rurales incluidas— será necesariamente mayor, aunque su magnitud no puede inferirse directamente de estos datos.

En España, los investigadores del Imperial College de Londres han medido las muertes por calor de noventa ciudades repartidas por todo el país. Barcelona, con 1.587 fallecimientos, sería la más afectada por este fenómeno, seguida de Madrid (967) y Valencia (262). Son, justamente, los municipios más poblados del país.

Las estimaciones realizadas por el estudio no quedan lejos de las mediciones del propio Gobierno español. El sistema de monitorización de mortalidad de España contabilizó 5.123 fallecidos entre junio y agosto.

Más de 32.000 muertes podrían haberse evitado

Los autores del estudio analizaron datos meteorológicos y modelos climáticos con el fin de comparar cómo han variado las temperaturas estivales entre el clima actual —con un calentamiento global de aproximadamente 1,4 °C— y el clima preindustrial, más fresco. Estos informes se centraron en las temperaturas diarias registradas en 854 zonas urbanas europeas de 30 países europeos, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, en los años comprendidos entre 2000 y 2026.

“La relación entre temperaturas más altas y un mayor número de muertes relacionadas con el calor está bien establecida y es estadísticamente sólida. Esto nos permite modelar y predecir con precisión el probable impacto de la mortalidad por las temperaturas de verano en comunidades de toda Europa”, explica el doctor Garyfallos Konstantinoudis, profesor del Imperial College de Londres.

Como cada año, el sur y el oeste europeo han sido las regiones más afectadas del país, pero otras zonas típicamente más frescas, como el norte, han registrado miles de muertes este verano. Es el caso de Reino Unido, con cerca de 4.500 fallecimientos. Aunque las muertes relacionadas con el calor suelen afectar a las personas mayores, se estima que unas 6.000 personas menores de 65 años murieron en las áreas urbanas analizadas este verano.

El trabajo ha concluido que, si el clima no se hubiera calentado por la quema de combustibles fósiles, habría habido unas 32.600 muertes menos en el continente. Es decir, cerca del 65% de los fallecimientos en Europa los provoca el cambio climático.

“Estas cifras son un recordatorio contundente de que nuestros veranos más cálidos y extremos están teniendo un impacto cada vez más severo en la salud pública. Detrás de estas estadísticas hay personas reales cuyas vidas se perdieron y familias reales que las lamentan”, ha aseverado la doctora Clair Barnes, investigadora especializada en fenómenos meteorológicos extremos y cambio climático del Imperial College de Londres.

En España, al menos 15 millones de hogares conviven con un animal de compañía. La primera estadística nacional de protección animal contabiliza 15.171.569 mascotas en todo el país, y entre ellas el perro ocupa el primer lugar de preferencia. El censo registra 7.562.893 canes distribuidos por el territorio nacional, una cifra que representa casi la mitad del total de animales de compañía contabilizados.

La llegada de estos animales al hogar suele responder a la búsqueda de compañía y afecto, aunque no siempre va acompañada de la comprensión necesaria sobre las dificultades que implica su educación. El adiestrador Juan Manuel Liquindoli comparte sus conocimientos a través de sus redes sociales, bajo el perfil @filosofia.animal, con el objetivo de orientar a quienes enfrentan este desafío.

El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli ha cuestionado los métodos tradicionales de entrenamiento basados en el castigo y ha propuesto un enfoque centrado en entender el comportamiento del animal antes de corregirlo. Según ha explicado, existe evidencia científica que demuestra que las técnicas aversivas generan consecuencias negativas en el bienestar de los perros y, además, resultan contraproducentes a la hora de resolver los problemas de conducta que buscan eliminar.

Evitar “el camino corto” de la agresión

Liquindoli ha descrito una práctica habitual entre quienes entrenan perros: recurrir a herramientas de corrección física apenas aparece un comportamiento indeseado. Es, según dice, “el camino corto”, que ejemplifica así: “Si un perro gruñe o un perro ladra, agarrar un collar de ahorca y tironearlo”.

El adiestrador ha planteado una serie de preguntas que, a su juicio, deberían anteceder a cualquier intervención correctiva: “¿Qué le está pasando a este perro? ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Por qué cuando salimos a pasear se quiere pelear con todos los perros?”. Para Liquindoli, el gruñido o el ladrido no son el problema en sí, sino una señal de que algo previo ha generado esa respuesta en el animal.

El especialista ha trazado una comparación con la evolución de los modelos educativos aplicados a los niños. “Educaciones puramente conductistas, donde si el nene hacía algo bien, te daban un chocolatino, un premio, y si hacías algo mal, era un castigo físico o te quedabas sin la PlayStation”, ha descrito, en referencia a esquemas que reducían la crianza a un sistema binario de premios y castigos.

Según Liquindoli, esa lógica ha entrado en revisión desde que se ha comprendido que la educación de los niños “era mucho más” que ese intercambio mecánico de recompensas y sanciones. El adiestrador ha sostenido que algo similar está ocurriendo hoy con el entrenamiento canino, donde los enfoques que solo contemplan el refuerzo o la corrección física han quedado cuestionados frente a nuevas evidencias sobre el comportamiento animal.

“Con los perros está pasando algo parecido, sustentado con mucha evidencia científica de que justamente los métodos que son aversivos, que generan miedo o dolor en el perro, tienen muchas, eh, consecuencias negativas, no solamente en el bienestar del perro, sino también que terminan siendo contraproducentes hasta para resolver problemas de comportamiento”, asegura.

Para Liquindoli, la clave del adiestramiento pasa por identificar las causas que desencadenan reacciones como la agresividad hacia otros perros durante los paseos, en lugar de aplicar una corrección automática ante cada manifestación de esa conducta. Esta mirada ha situado al comportamiento problemático como un síntoma que requiere análisis, no como una falta que exige un castigo inmediato.