Las protestas de camioneros que afectan a Italia desde hace una semana han provocado escasez de combustible de aviación en al menos siete aeropuertos del sur del país. Cinco de ellos han avisado a las aerolíneas de las dificultades de suministro, y los aeródromos de Crotone y Reggio Calabria se han quedado directamente sin existencias de queroseno, según ha confirmado la agencia de control del tráfico aéreo ENAV, que ha recomendado a los pilotos reabastecerse en el aeropuerto de origen.

En Nápoles-Capodichino, las autoridades aeroportuarias han informado de una “disponibilidad limitada del carburante Jet A1” y han pedido a los pilotos que, si es operativamente posible, embarquen queroseno adicional antes de llegar, según reporta Corriere della Sera. En Brindisi, la empresa Carboil no puede entregar cantidades por encima de lo ya programado, mientras que en Bari la situación es más compleja para Wfs y Air BP, ambas con problemas para cubrir la demanda habitual de sus clientes. En Palermo, Carboil también ha reportado restricciones en el suministro, y en Salerno la sociedad gestora ha trasladado a las aerolíneas la necesidad de organizar sus repostajes para evitar depender del abastecimiento local.

Este mismo jueves, la aerolínea Wizz Air ha confirmado verse afectada. “Las carencias de carburante registradas en algunos aeropuertos están determinando limitaciones operativas que podrían repercutir en los vuelos desde y hacia Italia”, ha señalado la empresa, que ha instado a las autoridades a intervenir con urgencia para restablecer la regularidad del suministro.

Los supermercados del sur han reportado estantes vacíos

El impacto de los bloqueos se ha extendido a la cadena de distribución de alimentos. La cadena Conad ha informado de grandes cantidades de productos perecederos, entre ellos fruta, verdura, leche y carne, varados en camiones y almacenes sin poder llegar a destino, según recoge Reuters. Se han registrado estantes vacíos en supermercados de Campania, Sicilia, Calabria y Puglia, con faltantes de pasta fresca, quesos envasados y carnes.

El fenómeno no se ha limitado al sur del país: los mercados mayoristas de Bolonia, Milán, Verona y Turín han registrado caídas de entre el 40% y el 50% en el ingreso de mercancía procedente de las regiones meridionales, según la asociación Federdistribuzione, cuyo presidente, Carlo Alberto Buttarelli, ha estimado pérdidas de varios millones de euros diarios en el sistema de distribución.

La industria de pasta y mozzarella también ha resultado afectada

La falta de entrega de insumos ha interrumpido la producción de pasta en varias fábricas y, en Campania, la elaboración de mozzarella de búfala, porque la leche fresca no ha podido procesarse a tiempo. Asociaciones industriales de Campania y Puglia, junto con filiales de Confindustria en Nápoles, Bari y Barletta-Andria-Trani, han advertido en un comunicado conjunto que sus empresas están al borde del colapso por la falta de insumos.

La compañía de alimentos congelados Gias, con sede cerca de Cosenza y 400 empleados, ha informado de que detendrá la producción si la protesta continúa, lo que dejará sin actividad a entre 200 y 300 trabajadores, según ha indicado su presidenta, Gloria Tenuta, a la agencia ANSA.

El origen del reclamo es el encarecimiento del gasóleo

Los camioneros iniciaron sus protestas la semana pasada en el sur de Italia como continuación de movilizaciones previas de agricultores y pescadores. El reclamo central es el encarecimiento del gasóleo, que ha aumentado cerca de un tercio desde el inicio de la guerra con Irán, además de un pedido de tarifas de transporte más altas para compensar el incremento de costes operativos.

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, se ha reunido con asociaciones de transportistas en Milán y ha anunciado una partida de 480 millones de euros en ayuda para los camioneros. Tras ese encuentro, el Comité Siciliano de Transportistas ha decidido suspender su protesta. Sin embargo, los camioneros de Calabria y otras regiones del sur mantienen los bloqueos, al menos hasta una nueva reunión prevista para el 27 de octubre en el Ministerio de Transporte.

El Ministerio del Interior ha identificado a más de 1.300 personas

El Ministerio del Interior, a cargo de Matteo Piantedosi, ha puesto en marcha un operativo para identificar a los responsables de los cortes de carretera, considerados ilegales cuando impiden el paso de camiones mientras permiten la circulación de coches particulares. Hasta el miércoles, las autoridades habían identificado a 1.339 personas, habían denunciado a 71 y habían aplicado 242 multas administrativas. Además, ha dispuesto escolta policial para 500 vehículos de transporte solo en Campania, con el fin de garantizar las operaciones de carga y descarga mientras continúan las negociaciones con el sector.

Muchos trabajadores desconocen si el sueldo que cobran es realmente el que les corresponde y dudan sobre cuándo pueden exigir una subida sin que la empresa se la niegue por simple decisión unilateral. La legislación laboral española prevé, sin embargo, tres supuestos concretos en los que el aumento salarial no depende de la voluntad del empleador, sino que se activa de forma automática por ley o por convenio.

Así lo explica el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, que distingue esos tres escenarios de cualquier otra negociación salarial, que queda sujeta por completo al acuerdo entre las partes.

El salario mínimo marca un piso que arrastra el sueldo real

Existen situaciones en las que una subida salarial se produce de forma automática, sin necesidad de reclamar nada. Ocurre cuando aumenta el salario mínimo interprofesional o el mínimo fijado por el convenio colectivo para una categoría determinada, y el trabajador cobraba por debajo de ese nuevo umbral. En ese escenario, el sueldo sube solo porque la referencia legal se movió hacia arriba.

“Cuando el sueldo mínimo me afecta y sube”, resume Benito Barrionuevo al describir el primer supuesto. Esto también se aplica si se sube el salario mínimo de mi convenio colectivo para mi categoría y yo estoy por debajo, automáticamente, con esa subida, sube mi sueldo, explica el abogado.

Hacer funciones de una categoría superior también obliga a pagar más

El segundo supuesto afecta a quienes desempeñan en la práctica un puesto distinto al que figura en su contrato. El abogado pone un ejemplo concreto para ilustrarlo.

“Si yo estoy en sueldo de la categoría que me ha puesto la empresa, pero en realidad realizo funciones superiores”, plantea Benito Barrionuevo, “por ejemplo, sale que soy ayudante de cocina, pero soy cocinero, también tengo derecho a que me suban el sueldo si cobro menos de lo que cobra un cocinero según mi convenio colectivo”.

La clave, según el letrado, no está en el nombre del puesto que figura en la nómina, sino en las tareas que realmente se ejecutan día a día. Si esas funciones corresponden a una categoría mejor pagada dentro del convenio, el trabajador puede exigir la diferencia salarial correspondiente.

El convenio colectivo puede pactar subidas automáticas

El tercer supuesto depende de lo que cada convenio colectivo haya negociado previamente entre empresa y representación sindical. Si el texto del convenio incluye una cláusula de subida automática, esa condición se vuelve obligatoria para la compañía.

Benito Barrionuevo cita un caso concreto para explicar este mecanismo: “El convenio colectivo de Mercadona preveía hace unos años que a todos los trabajadores se les iba a subir el sueldo al IPC”. En ese ejemplo, el propio convenio ataba los aumentos salariales a la evolución del índice de precios al consumo, sin que cada trabajador tuviera que negociarlo de forma individual.

Negociar es la única vía fuera de estos tres casos

Agotados los tres supuestos, el abogado es claro respecto al resto de las situaciones. “Fuera de ahí, para conseguir un aumento, tendrás que negociarlo con la empresa”, advierte Benito Barrionuevo.

Eso significa que, al margen del salario mínimo, de las funciones realmente desempeñadas o de una cláusula específica del convenio colectivo, no existe una vía legal automática para forzar una subida de sueldo. La mejora salarial queda entonces sujeta a la capacidad de negociación de cada trabajador con su empleador, sin respaldo normativo que la garantice por sí sola.

El ciclo expansivo que impulsó a la economía española tras la pandemia pierde fuerza. El crecimiento se aproxima a su ritmo tendencial, mientras persisten dos de sus principales debilidades estructurales: la insuficiente respuesta de la oferta de vivienda y el estancamiento de la productividad. Según el informe Descomposición del ciclo económico en España hasta el cuarto trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio sobre el Ciclo Económico en España de Fedea, el producto interior bruto (PIB) por persona en edad de trabajar retornaría a su tendencia, cercana al 1% anual, en el último trimestre de este año.

El documento combina datos observados hasta el segundo trimestre de 2026 con proyecciones de BBVA Research, que prevé un crecimiento del PIB del 2,6% este año y una moderación hasta el 2,1% en 2027. El diagnóstico apunta a una normalización del ciclo económico, pero también a las dificultades de la economía española para sostener su crecimiento a largo plazo sin mejoras de productividad.

La demanda sostiene el crecimiento mientras la oferta resta

Tras la ralentización de los tres últimos trimestres de 2023, cuando el crecimiento interanual se situó entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales por debajo de su tendencia, la economía recuperó dinamismo en 2024. Durante ese año, las tasas de crecimiento llegaron a situarse entre 0,6 y 1,4 puntos por encima de la tendencia, en el momento de mayor intensidad del ciclo expansivo iniciado en el segundo trimestre de 2021.

El modelo macroeconómico EREMS, utilizado por los autores para descomponer la evolución del PIB en perturbaciones de oferta, demanda y crédito, refleja una posterior pérdida de impulso. Durante los tres últimos trimestres de 2025, el crecimiento se situó apenas 0,2 puntos por encima de su promedio histórico, una desviación que se mantuvo en los dos primeros trimestres de 2026. El informe prevé una ligera recuperación en el tercer trimestre, hasta 0,3 puntos por encima de la tendencia, antes de que el componente cíclico vuelva a ser neutro al cierre del año.

Detrás de esta moderación se encuentra un desequilibrio persistente entre los factores que impulsan la actividad y los que la limitan. Durante 2025 y la primera mitad de 2026, la demanda y el crédito compensaron las contribuciones negativas de la oferta. En el segundo trimestre de este año, ambos factores aportaron conjuntamente 1,3 puntos al crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar, frente a los 1,1 puntos que restó la oferta.

La previsión para finales de año apunta a una contribución de 0,4 puntos de la demanda y el crédito, frente a una aportación negativa de 0,4 puntos de la oferta. Esta compensación explica el retorno del componente cíclico a su nivel neutro. El mismo patrón aparece en el consumo, la inversión y el empleo, que crecieron por encima de su tendencia entre 2025 y 2026 con un respaldo fundamental de la demanda y el crédito, mientras la oferta actuaba como freno.

La vivienda refleja el desequilibrio entre demanda y oferta

El mercado residencial concentra una de las principales contradicciones del ciclo económico. Mientras la demanda de vivienda se ha convertido en uno de los motores del crecimiento, la oferta no ha respondido con la misma intensidad.

Entre las perturbaciones negativas de oferta, el capital residencial fue el factor más desfavorable para el crecimiento en el segundo trimestre de 2026, con una contribución de -1,3 puntos. Su efecto negativo había aumentado de forma sostenida desde comienzos de 2024, coincidiendo con la fase de mayor intensidad del ciclo expansivo.

Según los autores, el repunte de la inversión residencial no se había traducido, al menos hasta ese momento, en un aumento del parque de viviendas acorde con la productividad histórica del sector. Al mismo tiempo, la demanda de vivienda aportó 1,4 puntos al crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2026.

La productividad española mantiene su brecha con Europa

Más allá de las oscilaciones del ciclo, el informe identifica una debilidad de mayor recorrido: la dificultad de España para converger en productividad con las principales economías europeas.

La comparación con Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia muestra que la productividad española representaba el 73,5% de la media del grupo entre 2008 y 2013. Entre 2020 y 2025, esa proporción apenas había avanzado hasta el 73,6%.

La práctica ausencia de convergencia resulta especialmente significativa porque, durante ese periodo, la productividad de las economías de referencia también registró un crecimiento moderado, con una media anual del 0,6%. Ni siquiera el mayor dinamismo de la economía española en 2024 consiguió modificar sustancialmente la distancia relativa.

Menos margen fiscal para afrontar los retos de 2027

El informe advierte de que, de cara a 2027, la progresiva desaparición de los fondos europeos extraordinarios y la necesidad de consolidación fiscal reducirán el margen de actuación de las políticas públicas. Esta limitación llega en un momento en el que España necesita reformas e inversiones capaces de elevar su productividad.

El reto, por tanto, va más allá de prolongar el actual crecimiento. La economía española se aproxima al final de su impulso cíclico, mientras mantiene dificultades para ampliar su capacidad productiva y cerrar la brecha de productividad con Europa. Sin avances en estos ámbitos, la convergencia en renta per cápita registrada durante los últimos años difícilmente podrá consolidarse a largo plazo.

Iberdrola ganó 5.816,1 millones de euros entre enero y septiembre, un 9,6% más que en el mismo periodo de 2025. El resultado incluye una plusvalía neta de 953 millones de euros por la venta de su negocio en México a la empresa Cox. Al excluir ese efecto extraordinario y sumar el impacto positivo de los llamados capital allowances en Reino Unido (algunas deducciones fiscales sobre los beneficios vigentes en el país), por 277,6 millones de euros, el beneficio neto ajustado llegó a 5.140,5 millones de euros, con una subida del 8,8%.

Con estas cifras sobre la mesa, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán elevó su objetivo de crecimiento del beneficio neto ajustado para todo 2026 a al menos el 10%, frente al más del 8% que manejaba hasta ahora. La compañía apunta así a cerrar el año con ganancias récord de alrededor de 6.900 millones de euros, por encima del récord de 6.231 millones de euros que había alcanzado en 2025. Iberdrola se propone además mantener ese ritmo de crecimiento anual medio del 10% en el beneficio neto ajustado durante los próximos cinco años.

Las redes impulsan el resultado operativo

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 11.890,6 millones de euros al cierre de septiembre, un 7,5% más, con la aceleración del negocio de redes como principal motor. Sin el efecto del tipo de cambio, que restó 36,1 millones de euros, ese Ebitda ajustado habría crecido un 7,8%.

En términos reportados, sin embargo, el Ebitda cayó un 0,7%. Pesaron el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, por 530 millones de euros, y la venta de los contadores inteligentes en Reino Unido, por 382 millones de euros, ambos registrados en 2025. Los ingresos del grupo en los nueve meses sumaron 34.405 millones de euros, frente a los 31.871 millones del mismo periodo del año anterior, un incremento del 8%.

Inversiones por encima de 10.000 millones de euros

Iberdrola elevó sus inversiones un 13% hasta los 10.087 millones de euros entre enero y septiembre. Cerca del 75% de ese monto se destinó a Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, los tres mercados prioritarios de su estrategia de electrificación.

Las redes concentraron el grueso del esfuerzo inversor: 6.277 millones de euros, un 28% más, que equivalen al 62% del total invertido por la compañía. Como consecuencia, los activos regulados de redes (RAB) crecieron un 14%, hasta los 56.000 millones de euros, con un avance del 31% en el segmento de transporte.

Más de 3.000 megavatios nuevos en renovables

El área de Generación y Clientes recibió 3.600 millones de euros de inversión, de los cuales 3.257 millones se dirigieron a energías renovables. Esos recursos se concentraron principalmente en eólica terrestre y marina, con más del 80% del total repartido entre Estados Unidos, Reino Unido, Europa continental y Australia.

Con ese impulso, Iberdrola sumó unos 3.300 megavatios instalados en los últimos doce meses, dentro de un plan que contempla llegar a 15.000 megavatios nuevos para 2030.

La combinación de mayor inversión en redes, crecimiento en renovables y la plusvalía por la salida de México explica el nuevo objetivo de la compañía: cerrar el año con un beneficio neto ajustado cercano a los 6.900 millones de euros, una cifra que superaría el récord alcanzado en 2025.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el anuncio de licitación de las obras de urbanización de las Fases 1 y 2 del proyecto Nuevo Barrio Campamento, en Madrid. El contrato tiene un valor estimado de casi 95 millones de euros y abre un plazo de tres semanas para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para la llamada Operación Campamento, hasta las 13:00 horas del 10 de noviembre.

La publicación formaliza el proceso que el Consejo de Ministros había autorizado el pasado 29 de julio, cuando dio luz verde a la celebración del contrato por un importe de 94.889.179,37 euros, 114,8 millones de euros con impuestos incluidos. Aquella aprobación representaba un paso administrativo previo; el anuncio de hoy constituye la convocatoria vinculante que da inicio al proceso de selección de la constructora.

Un procedimiento abierto con el precio como único criterio

La licitación se tramita bajo un procedimiento abierto en el que el criterio de adjudicación es exclusivamente el precio, con una ponderación del 100%. Las empresas candidatas deben acreditar la clasificación G6-6, correspondiente a obras viales sin cualificación específica para contratos superiores a cinco millones de euros, y presentar sus propuestas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las obras tendrán una duración prevista de 28 meses. La apertura del sobre con la oferta económica se realizará de forma electrónica, en acto privado, el mismo 10 de noviembre a las 14:00 horas. Los licitadores estarán obligados a mantener su propuesta durante seis meses tras la presentación.

Las obras habilitarán cerca de 4.000 viviendas

El contrato cubre la urbanización de las Fases 1 y 2 del ámbito, ubicadas al sur de la autovía A-5, además de las conexiones exteriores necesarias para garantizar su funcionalidad. Según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en julio, estas dos primeras fases permitirán poner a disposición de la ciudadanía cerca de 4.000 viviendas asequibles, dentro de un proyecto total que contempla la construcción de 10.700 viviendas.

Nuevo Barrio Campamento se levanta sobre la mayor bolsa de suelo del suroeste de Madrid, en terrenos que permanecieron varias décadas en desuso tras el abandono de la actividad militar. El proyecto incluye alrededor de 365.000 metros cuadrados de zonas verdes y 442.000 metros cuadrados de equipamientos y servicios públicos.

El rol de Casa 47 en el desarrollo del proyecto

Casa 47, propietaria de casi el 98% de los terrenos del ámbito, es la entidad que impulsa la licitación de las obras de urbanización. La compañía aprobó en junio una aportación económica de 140 millones de euros a la Junta de Compensación, entidad administrativa que representa al conjunto de propietarios del suelo, destinada a sufragar los gastos necesarios para el desarrollo del área.

Casa 47 gestionará el ciclo residencial completo del proyecto, desde la urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y administración posterior de las viviendas, que pasarán a integrar de manera permanente el parque estatal de vivienda asequible.

Próximos pasos del proceso

Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas el 10 de noviembre, la Junta de Compensación procederá a la evaluación de las propuestas recibidas. La solvencia técnica de las empresas se acreditará, según el pliego de cláusulas administrativas, a la compañía que obtenga la mejor puntuación, una vez le sea requerida esa documentación. Cualquier recurso contra el procedimiento deberá presentarse ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante.

El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) presentó una denuncia contra Idealista y Fotocasa ante la Dirección General de Consumo por “presuntas prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa e incumplimiento de la normativa de información al consumidor” en los anuncios de viviendas catalogadas como ocupadas. La organización sostiene que ambos portales inmobiliarios agrupan bajo etiquetas comerciales idénticas situaciones jurídicas completamente distintas, desde contratos de alquiler en vigor hasta procesos de ejecución hipotecaria.

Tras un “exhaustivo muestreo” de los anuncios publicados en ambas plataformas, UGT identificó cómo estas crean, clasifican y promocionan categorías como “ocupadas”, “ocupadas ilegalmente”, “sin posesión” o “no visitables”. Según el sindicato, estas etiquetas reúnen bajo un mismo rótulo comercial realidades legales que no tienen relación entre sí.

El documento señala que, dentro de la sección “ocupadas ilegalmente”, las plataformas ofrecen inmuebles como “oportunidad para inversores” o directamente como “casas con bicho”. UGT también detectó viviendas incluidas de forma simultánea en hasta tres categorías distintas: “ocupadas ilegalmente”, “alquiladas con inquilinos” o “nuda propiedad”, una superposición que, a su juicio, confunde al consumidor sobre la situación real del inmueble.

Inquilinos con derechos vigentes, etiquetados como ocupantes ilegales

El punto más sensible de la denuncia recae sobre los casos en los que viviendas con contratos de alquiler vigentes aparecen rotuladas como “ocupadas ilegalmente”. UGT menciona específicamente a personas mayores con usufructos vitalicios y a inmuebles inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria, situaciones en las que los ocupantes mantienen un derecho legal de permanencia que, según el sindicato, las plataformas omiten o distorsionan.

A este problema se suma, de acuerdo con el muestreo sindical, la presencia de datos esenciales inexactos o sin verificar: superficie, número de habitaciones, planta o ubicación del inmueble. En algunos anuncios, además, las imágenes publicadas no corresponden con la vivienda real ofertada.

“No solo es jurídicamente falso e induce a error al comprador”, afirma UGT sobre la práctica de presentar a inquilinos o personas en conflicto judicial como okupas, sino que además “estigmatiza” a familias trabajadoras y vulnerables, a las que, según el sindicato, “se coloca en una posición de delincuencia y persecución social cuando ellas cumplen con su parte del contrato” y ejercen derechos que les permiten permanecer en la vivienda de forma legal.

En su denuncia, UGT solicita la apertura “inmediata” de diligencias previas de investigación contra Idealista y Fotocasa. El sindicato reclama, además, que se exija a ambas empresas detallar los criterios técnicos y la documentación que requieren a los anunciantes antes de catalogar un inmueble como “ocupado”. Las otras dos peticiones apuntan a trasladar las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las autoridades de supervisión del reglamento europeo, así como a la adopción de medidas sancionadoras que corrijan estas conductas comerciales.

Las plataformas, señaladas como responsables de un discurso estigmatizante

La denuncia de UGT se produce en un contexto de creciente vigilancia regulatoria sobre los portales inmobiliarios. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió en octubre un expediente sancionador contra un gran portal del sector por presuntas prácticas comerciales desleales, el primero de este tipo dirigido directamente contra una plataforma y no contra los anunciantes particulares. Las infracciones graves en materia de consumo pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

UGT advierte sobre “el impacto social de estas prácticas” y sostiene que este tipo de anuncios busca “fomentar un discurso que justifique la acción posterior, que no es otra que expulsar al inquilino de su hogar para vender el inmueble” y “expulsar a personas de sus domicilios”.

El sindicato concluye que ambas plataformas son “responsables de fomentar este discurso” y que, “con su aparente neutralidad, no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia las personas a las que estigmatiza como okupas”. La denuncia queda ahora en manos de la Dirección General de Consumo, que deberá decidir sobre la apertura de diligencias.

España ocupa el puesto 30 entre 55 sistemas analizados en el Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute 2026, presentado este martes, con una calificación de 63,3 puntos sobre 100 y una nota general de C+. El dato más llamativo del informe es la brecha interna del sistema: mientras España se sitúa séptima en adecuación de las prestaciones, con una nota A, se desploma hasta el puesto 50 en sostenibilidad, con una calificación E. La publicación coincide con la irrupción de las pensiones como uno de los ejes centrales de la precampaña del adelanto electoral convocado para el 29 de noviembre.

El informe de Marsh y el CFA Institute, que en su decimoctava edición analiza 55 sistemas de ingresos para la jubilación, mide tres dimensiones con distinto peso: adecuación (40%), sostenibilidad (35%) e integridad (25%). España obtiene 83 puntos en adecuación, 33 en sostenibilidad y 74,3 en integridad, lo que le vale el puesto 38 en esta última categoría.

La puntuación global retrocedió medio punto respecto a los 63,8 de 2025. El estudio atribuye ese descenso al aumento del gasto en pensiones como proporción del producto interior bruto (PIB) y a la desaceleración del crecimiento económico real medio de los últimos siete años. El sistema ofrece una sólida protección mínima a las personas mayores con menos recursos y mantiene tasas de sustitución netas elevadas (el porcentaje que cubre la pensión pública en comparación con el último salario), según destaca el documento, que también valora positivamente la regulación y la información que reciben los afiliados.

Entre las debilidades, el informe señala la baja cobertura de los planes de pensiones individuales y de empleo de carácter voluntario. Para corregirlo, propone ampliar esa cobertura mediante mecanismos de afiliación automática, prolongar la participación laboral a edades avanzadas y exigir que una parte de las prestaciones se perciba como renta periódica en lugar de capital.

Las pensiones, protagonistas inesperadas de la precampaña

El informe se conoce apenas semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Desde entonces, el debate sobre la viabilidad del sistema público ha ganado protagonismo frente a otros temas de campaña, como la vivienda.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, advirtió en un pódcast grabado antes del anuncio electoral que el sistema “va a colapsar” y que había que “ser valientes” para cambiar el modelo. Tras la convocatoria de elecciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, moderó ese discurso y aseguró que “el sistema público de pensiones es un sistema que no voy a cuestionar en ningún caso”, comprometiéndose a mantener la actualización conforme al índice de precios al consumo (IPC).

Un movimiento similar se produjo en Vox, cuyo portavoz económico, José María Figaredo, calificó el modelo actual de “zombi” y planteó una reforma estructural hacia un sistema mixto que combine reparto y capitalización individual. Su líder, Santiago Abascal, salió después a desmentir cualquier intención de privatización: “Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones”, afirmó en declaraciones recogidas por ABC.

Frente a estas posiciones, el PSOE y Sumar defienden la continuidad del sistema público de reparto y las reformas aprobadas desde 2021, que restablecieron la revalorización con el IPC e introdujeron el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad para salarios altos como vías de financiación adicional.

La cita en la calle y el consenso técnico pendiente

El cruce político coincide con la convocatoria de una manifestación estatal el próximo 24 de octubre en Madrid, impulsada por organizaciones de pensionistas que reclaman una subida del 6% para 2027 y rechazan cualquier paso hacia la privatización del sistema.

Más allá de la disputa electoral, existe cierto consenso técnico sobre la necesidad de ajustes en el sistema de pensiones español. Según datos de Fedea, el desequilibrio del sistema rondó los 70.000 millones de euros en 2025, y las proyecciones oficiales anticipan que el gasto en pensiones podría llegar al 17% del PIB hacia 2050, frente al 12% actual. El próximo Gobierno que surja de las urnas del 29 de noviembre afrontará ese desafío sin que, hasta ahora, ninguna de las principales formaciones haya detallado con precisión en qué consistirían sus reformas.

En España hay 3 millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, de los cuales 770.000 lo son por el coste de la vivienda, según un informe de Oxfam Intermón publicado este martes. El estudio, titulado Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, revela que una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza una vez pagada la renta.

El documento se ha dado a conocer en plena crisis del acceso a la vivienda, convertida en eje central del debate político de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente Pedro Sánchez tras el rechazo del Congreso a dos decretos para contener los precios del alquiler.

La pobreza laboral se duplica al descontar los gastos de vivienda

Oxfam Intermón calcula que el 11,48% de los trabajadores se encuentran en pobreza laboral con datos de 2024, unos 2,2 millones de personas, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en un hogar unipersonal o 25.663 euros en uno con dos adultos y dos menores. Al descontar el alquiler, la hipoteca o el IBI, otras 770.000 personas caen por debajo de ese umbral y la tasa se eleva al 15,49%.

El problema se ha cronificado: pasó del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024, pese a que el PIB creció más de un 6% en ese periodo. A ese ritmo, España tardaría 59 años en converger con la media europea, del 8,2%.

Los inquilinos de mercado y migrantes, los más expuestos

Entre quienes alquilan a precio de mercado, la tasa de pobreza laboral pasa del 19,35% antes de pagar la vivienda al 34,08% después, casi el doble. Entre los hipotecados, la tasa después de gastos es del 10,22%, y del 7,95% entre quienes ya liquidaron su vivienda. Seis veces más personas están expuestas a alquileres de mercado que a rentas protegidas, señala el informe, en un contexto de oferta escasa: el Banco de España estima un déficit acumulado de 750.000 viviendas en el país.

La pobreza laboral alcanza el 31,4% entre los extranjeros de fuera de la Unión Europea, frente al 8,7% de los españoles. Es mayor también entre los trabajadores a jornada parcial (20,62% frente al 10,38% de jornada completa) y los autónomos (21,69% frente al 10,26% de asalariados). El empleo doméstico y de cuidados (27,48%), la agricultura y pesca (26,24%) y la hostelería (21,17%) registran las tasas más altas. En los hogares con hijos el riesgo aumenta: roza el 40% en familias numerosas y alcanza el 29,6% en monoparentales.

Madrid, Cataluña y Murcia, las más afectadas por la vivienda

Andalucía tiene la tasa de pobreza laboral más alta antes de vivienda (17,65%), seguida de la Comunidad Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%). Al sumar el coste habitacional, es Madrid donde más sube el indicador, del 7,29% al 12,73%, seguida de Cataluña (del 7,9% al 12,8%) y Murcia (del 15,37% al 20,23%). Entre quienes alquilan a precio de mercado, el efecto se agrava en Castilla y León, donde la tasa llega al 50,68%, y en Castilla-La Mancha, al 48,69%.

De cara a las elecciones, la organización propone blindar por ley las actualizaciones del salario mínimo interprofesional y reforzar las políticas activas de empleo para los parados de larga duración. Considera que los decretos de vivienda no resuelven el problema estructural, aunque “alivian el sufrimiento de millones de personas”. “Una política de vivienda efectiva debe permitir no solo conservar un techo, sino vivir dignamente debajo de él”, concluye el informe.

El cobro de una pensión no impide siempre acceder al subsidio para mayores de 52 años, aunque la compatibilidad depende del tipo de prestación, de la actividad laboral anterior y de los ingresos mensuales del solicitante. La norma general establece que el subsidio por desempleo no puede coincidir con prestaciones contributivas económicas de la Seguridad Social, salvo si estas eran compatibles con el trabajo que originó el derecho a la ayuda.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exige, además, que la persona esté desempleada o trabaje a tiempo parcial, mantenga la inscripción como demandante de empleo y reúna los requisitos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva de jubilación, excepto la edad. También debe haber cotizado por desempleo al menos seis años durante su vida laboral.

La viudedad y algunas incapacidades pueden ser compatibles

Entre las pensiones que pueden coexistir con el subsidio figura la pensión de viudedad. Esta prestación no impide por sí misma solicitar o conservar la ayuda para desempleados mayores de 52 años, siempre que el beneficiario mantenga el resto de las condiciones exigidas.

También puede existir compatibilidad con una pensión de incapacidad permanente parcial. Esta situación reconoce una disminución del rendimiento profesional, pero no impide continuar en el empleo. Por ello, puede combinarse con prestaciones por desempleo si se cumplen las condiciones legales.

La situación cambia en el caso de la incapacidad permanente total. Esta pensión inhabilita para ejercer la profesión habitual, pero permite desarrollar una ocupación distinta. Si la actividad laboral que generó el subsidio era compatible con la incapacidad reconocida, el beneficiario podría percibir ambas cantidades, siempre que no pierda la condición de desempleado ni incumpla el límite de rentas.

La jubilación parcial también puede abrir la puerta a la compatibilidad, dado que se vincula a una reducción de jornada y al mantenimiento de una actividad laboral. La posibilidad concreta depende de cómo se haya generado el derecho al subsidio y de la situación de alta o desempleo de la persona afectada.

La cuantía de la pensión cuenta para el límite de rentas

Cobrar una pensión compatible no implica percibir automáticamente el subsidio. El importe de esa prestación se considera renta propia y el SEPE lo tiene en cuenta al evaluar el derecho a la ayuda.

Para acceder al subsidio, y conservarlo, el solicitante debe acreditar que sus ingresos mensuales no superan el 75% del salario mínimo interprofesional, sin incluir la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. La obligación se mantiene durante toda la vigencia de la prestación.

El SEPE revisa ese requisito a través de la declaración anual de rentas, que el beneficiario debe presentar cada 12 meses. Si una pensión, un alquiler, intereses bancarios u otros ingresos elevan las rentas por encima del tope, el subsidio puede suspenderse o extinguirse, según el caso.

La entidad incluye entre las rentas computables las pensiones y prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, públicas o privadas. Por eso, resulta necesario informar cualquier modificación económica que se produzca durante el cobro de la ayuda.

El subsidio para mayores de 52 años tiene como límite la edad ordinaria que permita acceder a la pensión contributiva de jubilación. Cuando llega ese momento, la ayuda se extingue y la persona debe solicitar la jubilación si reúne los requisitos.

La Junta de Andalucía publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva oferta de empleo público que reparte 431 plazas de los cuerpos superiores A1 y A2, correspondientes a las vacantes acumuladas durante 2024 y 2025. El sistema de selección es de oposición pura, sin fase de concurso, un formato que determina la plaza exclusivamente a partir de la nota obtenida en los exámenes. El plazo de inscripción se abrió el martes 14 de octubre y se extiende hasta el 27 de octubre.

Del total convocado, 337 corresponden al Subgrupo A1: 251 para Administración General y 86 para Gestión Financiera. Las 94 restantes pertenecen al Subgrupo A2 y se reparten entre Trabajo Social (56 plazas), Educación Social (20), Turismo (ocho), Enfermería (cinco) e Ingeniería Técnica en Topografía (cinco). A esta cifra se suman 85 plazas adicionales que nutrirán la bolsa de empleo, de las cuales 67 corresponden al A1 y 18 al A2. La Consejería de Inteligencia Artificial, Administración Local y Función Pública confirmó además la aplicación de un 20% de plazas extra sobre las aprobadas, tal como permite la normativa autonómica de función pública, lo que eleva el cómputo total por encima de las 500 vacantes según el detalle de distintas convocatorias previas.

Sueldos de hasta 46.000 euros anuales sin exigir el B1 de inglés

Las retribuciones brutas anuales de entrada para el Subgrupo A1 oscilan entre 40.000 y 46.000 euros, mientras que las del Subgrupo A2 se ubican entre 29.500 y 35.000 euros. Los puestos incluyen una jornada laboral de 35 horas semanales y la posibilidad de teletrabajo entre dos y tres días según el perfil del cargo. El requisito de acceso exige contar con titulación universitaria acorde al cuerpo al que se postula.

Uno de los aspectos que distingue a esta convocatoria es la ausencia del requisito del nivel B1 en idiomas, una condición que la Junta analiza todavía con los sindicatos para definir el calendario de su futura implementación. Esta decisión amplía el número de aspirantes que pueden competir por las plazas, al eliminar una barrera que sí se exige en otros procesos selectivos de la administración pública.

Cómo inscribirse y qué documentación se requiere

Las solicitudes deben presentarse de manera exclusivamente electrónica, a través de la sede de empleo público de la Junta de Andalucía o de su página web institucional. El trámite exige completar el formulario de la convocatoria, seleccionar la especialidad correspondiente, indicar el turno de participación, adjuntar la documentación requerida y abonar las tasas antes de registrar la solicitud. La oferta contempla, además, una reserva de plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Las pruebas no se realizarán antes de diciembre

La Junta aún no fijó una fecha concreta para los exámenes, aunque adelantó que no se celebrarán antes del 1 de diciembre de 2026. Las pruebas tendrán lugar en Sevilla. Para el Subgrupo A1, el proceso selectivo consta de dos ejercicios eliminatorios: un primer examen tipo test y un segundo ejercicio en el que los aspirantes deberán desarrollar por escrito uno de dos temas propuestos y defenderlo oralmente ante el tribunal.

Quienes aprueben las fases eliminatorias del examen sin alcanzar una plaza fija podrán integrar de forma automática la bolsa de selección de personal funcionario interino, siempre que hayan manifestado previamente su voluntad de formar parte de ella y señalado las provincias de su interés. Esta vía constituye, para buena parte de los aspirantes, una alternativa de incorporación al empleo público mientras se resuelven los resultados definitivos de la oposición.

Podemos y Frente Amplio no lograron cerrar un acuerdo electoral global para las elecciones generales del 29 de noviembre y competirán por separado en la mayoría del territorio español, con la excepción de Canarias y la Comunidad Valenciana. Detrás de la ruptura hay pequeñas diferencias programáticas acumuladas y choques en el Congreso de los Diputados a lo largo de la legislatura, que terminaron por cristalizar en un bloqueo territorial centrado en Madrid y Cataluña.

El Frente Amplio, la coalición integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns, todavía no ha presentado su programa electoral definitivo para el 29 de noviembre. Las posiciones conocidas del espacio surgen de las trayectorias de sus partidos integrantes durante la legislatura, no de un documento cerrado. Podemos, en cambio, ya adelantó sus cinco prioridades económicas de la mano de su candidata, Irene Montero.

En vivienda, Podemos plantea una intervención directa sobre el mercado del alquiler: limitar por ley las rentas para que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos a pagar alquiler, reforzar la protección frente a desahucios y restringir las compras de vivienda sin fin residencial. El Frente Amplio, a través de Sumar, propone en cambio invertir el 1% del producto bruto interno (PBI) durante una década en construcción y rehabilitación de vivienda, además de beneficios fiscales para quienes arrienden a precios sociales.

En materia fiscal, ambos espacios coinciden en reclamar mayor progresividad, aunque con instrumentos distintos. Podemos propone aumentar la contribución de las grandes empresas y gravar los beneficios empresariales extraordinarios. El Frente Amplio defiende un impuesto permanente a las grandes fortunas y una reforma del impuesto de Sociedades que evite que las pymes carguen con mayor peso tributario que las grandes corporaciones.

La diferencia más visible aparece en salarios y jornada laboral. Podemos fijó cifras concretas: un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.800 euros mensuales y una jornada de 35 horas semanales. El Frente Amplio mantiene la intención de subir el SMI por encima del índice de precios al consumo (IPC) y reordenar el tiempo de trabajo, sin una cifra ni un calendario cerrados para esta campaña.

El decreto Maricarmen expuso el distanciamiento entre ambos espacios

El episodio más reciente que ilustra la distancia entre ambas formaciones ocurrió en torno al llamado decreto Maricarmen, bautizado así tras el desahucio y fallecimiento de una mujer de 87 años en Madrid el 23 de septiembre. El Gobierno aprobó dos reales decretos-ley de vivienda después de una negociación entre el PSOE y Sumar que se prolongó durante toda una noche.

Las medidas incluían la ampliación de la protección frente a desahucios hasta 2030, la prórroga de contratos de alquiler, la prohibición de compra de vivienda por fondos de inversión hasta 2028 y la renovación automática de los contratos. Sumar negoció directamente el contenido de los decretos y aceptó su división en dos textos, además de concesiones a Junts como bonificaciones fiscales para propietarios.

Podemos, en cambio, calificó la norma de insuficiente. La secretaria general del partido, Ione Belarra, la definió como “una tomadura de pelo” y advirtió que, si el Ejecutivo aprobaba un “parche”, pediría su retirada. Pese a las críticas públicas, Podemos terminó votando a favor de la convalidación.

Madrid y Cataluña, los territorios que bloquearon el pacto

Las negociaciones para una candidatura única se extendieron hasta la medianoche del 16 de octubre, cuando venció el plazo legal para registrar coaliciones. El Frente Amplio ofreció a Podemos puestos de salida “prioritarios” en Madrid y Cataluña, además de una portavocía del grupo parlamentario y reparto equitativo de recursos, pero Podemos respondió con una contrapropuesta que excluía expresamente esos dos territorios y planteaba pactos solo en otras comunidades. El bloqueo se explica por el pacto de Podemos con ERC en Cataluña, que incluye campaña conjunta entre Montero y Rufián, y por la exigencia de la formación morada de que Montero encabezara la lista en Madrid, algo que el Frente Amplio no aceptó. A esto se sumó el rechazo de Izquierda Unida a cerrar acuerdos territoriales que Podemos consideraba ya avanzados, como en Galicia.

El resultado dejó solo dos territorios con unidad entre ambos espacios, Canarias y la Comunitat Valenciana, mientras que en el resto del país, incluidos Madrid y Cataluña, competirán por separado. Montero liderará la candidatura de Podemos en Madrid y mantendrá la alianza con Rufián en Cataluña, mientras el Frente Amplio presentará a Ada Colau y Emilio Delgado. Rufián calificó el desenlace de “espectáculo dantesco”, y el Frente Amplio lamentó: “Somos 15 organizaciones. Queríamos ser 16. Una no ha querido”.

Más del 50% de las empresas prevé reducir sus ofertas para perfiles junior, aunque sin recurrir a despidos directos. La inteligencia artificial está cambiando así las reglas del mercado laboral: los puestos existentes se mantienen, pero hay menos oportunidades para quienes buscan su primer empleo. “La inteligencia artificial no está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”, explica Gloria Martínez, Global Head of Marketing en Tendios, plataforma española especializada en licitaciones públicas con IA.

Una de las razones detrás de este fenómeno es que reducir nuevas contrataciones resulta más sencillo que despedir. “Para una empresa es bastante más fácil no abrir una vacante que despedir a alguien”, señala Martínez, que recuerda los costes económicos, legales y reputacionales de un despido. En cambio, dejar de contratar pasa más desapercibido, aunque limita progresivamente el acceso al mercado laboral.

Además, las empresas tienden a retener a sus profesionales experimentados, que conocen el negocio, los clientes y los procesos internos. La IA puede automatizar tareas, pero todavía no sustituye fácilmente ese conocimiento. Un estudio de Stanford y el King’s College de Londres, basado en datos de 41 países, sitúa a España entre los mercados donde, en multinacionales que adoptan IA, disminuye el peso relativo de los puestos junior, aunque el empleo total siga creciendo.

Según sus resultados, la adopción de IA generativa se asocia con un aumento del 3,3% del empleo total, pero con una caída del 2,5% en el empleo junior y un crecimiento del 6,7% en los puestos sénior. La IA, por tanto, no reduce necesariamente el tamaño de las plantillas, pero puede cambiar quién tiene más oportunidades de entrar en ellas.

Qué trabajos están cambiando con la inteligencia artificial

Giulia Miazzo, HRBP Manager en PayFit, matiza que no todos los empleos junior están desapareciendo: están cambiando aquellos que concentran tareas automatizables. En general, la transformación depende menos de la antigüedad del profesional que de las funciones que desempeña.

En ingeniería, por ejemplo, la IA ya genera buena parte del código. El trabajo evoluciona hacia el diseño de sistemas y la integración de herramientas. En recursos humanos, la automatización de documentos permite dedicar más tiempo a las personas y a las relaciones laborales.

La atención al cliente es uno de los ámbitos donde el cambio puede reducir directamente la necesidad de personal. Miazzo lo explica con un ejemplo: si una IA responde a las primeras consultas y solo deriva los casos complejos a los especialistas, “eso te reduce la necesidad de personas que trabajen en ello”.

El cambio también se refleja en las habilidades que buscan las empresas. El Barómetro de Talento Digital 2026 sitúa el pensamiento crítico y el criterio profesional como prioridades para el 39,6% de las organizaciones encuestadas, frente al 2,4% que menciona la programación. En paralelo, el Foro Económico Mundial señala que el 69% de los empleadores consultados planea contratar profesionales con competencias para diseñar y mejorar herramientas de IA. El reto para los jóvenes será combinar conocimientos técnicos con capacidad para interpretar, cuestionar y validar los resultados de estas herramientas.

Tres perfiles profesionales que ganan demanda

En paralelo a los puestos tradicionalmente relacionados con primeros empleos que pierden peso relativo, Martínez identifica tres perfiles con oportunidades crecientes. Los primeros son los ingenieros de inteligencia artificial, profesionales que implementan e integran IA en los procesos empresariales. “La demanda realmente está por encima de la oferta de estos perfiles”, afirma, debido a lo reciente de esta especialización.

Además, ganan terreno los go-to-market engineers, que son especialistas que aplican IA a ventas, marketing y atención al cliente para automatizar tareas comerciales, mejorar la prospección y personalizar las comunicaciones. Por último, destaca a los expertos jurídicos en inteligencia artificial: perfiles que ayudan a las empresas a adaptarse a la regulación europea, incluido el Reglamento de IA de la UE (EU AI Act).

La programación tampoco desaparece, pero evoluciona. Según Martínez, las empresas no contratarán necesariamente grandes cantidades de nuevos programadores: esperarán que los profesionales sepan verificar y supervisar el código generado por IA.

Cómo cambia la carrera profesional de los jóvenes

El modelo tradicional de empezar con tareas repetitivas para ganar experiencia pierde fuerza a medida que esas funciones se automatizan. “Lo típico del empiezo por abajo ahora no nos va a valer con la IA”, advierte Martínez.

Su propuesta es que los perfiles junior aprendan a supervisar estas herramientas junto a profesionales sénior. Para ello, las empresas deben considerar su contratación una inversión, no solo un coste. “Si realmente cortamos la base, dentro de diez años no tendremos los seniors que necesitamos”, alerta, al comparar el desarrollo del talento con una cantera deportiva. La formación también cambia de valor. Martínez cuestiona que acumular títulos sea suficiente y destaca la combinación de conocimiento sectorial, relación con los clientes y dominio práctico de la tecnología.