Que un profesional de reconocida trayectoria universitaria como Ángel Gabilondo, actual defensor del Pueblo, haya comprometido su prestigio al final de su carrera con una acción política exageradamente partidista como ha sido la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para enmendar una decisión judicial, nada menos que del Tribunal Supremo, en un procedimiento todavía en curso, actuación para la que carecía de competencia, explica hasta qué punto el sanchismo es capaz de pasar por encima de instituciones y personas con tal de salirse con la suya. Gabilondo es, pues, una víctima más de un sistema opresivo, que siempre se cobra las deudas pendientes y que se ha revelado mucho más eficiente en la cooptación de dirigentes socialistas y altos funcionarios que en la gestión de los intereses generales de los españoles. Ayer, con Gabilondo, pasará a la nómina de los muy agradecidos el magistrado del Tribunal de Garantías Juan Carlos Campo, que ha votado a favor de la tesis gubernamental, tal vez, porque su apoyo a los indultos del procés no se considera servicio suficiente por parte del inquilino de La Moncloa. Sin embargo, junto a la decisión muy mayoritaria del Constitucional, con el voto favorable de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, poco sospechoso de derechismo intransigente, hay que destacar las indignadas reacciones desde el ámbito del Gobierno, que confirman lo que la opinión pública venía sospechando desde que se conociera el engendro jurídico de la llamada “ley de nietos”, que es el interés desmesurado, diríase que desesperado, por alterar el censo electoral de cara a las próxima elecciones generales, cuyas negras perspectivas para el sanchismo y sus aliados de la ultraizquierda no son un secreto para nadie. Sólo por ello adquiere la mayor importancia la decisión de los tribunales de interponer medidas cautelares ante una actuación jurisdiccional evidentemente partidista, que no sólo ha eludido la normal tramitación parlamentaria, sino que se ha servido de una figura administrativa, una instrucción ministerial, para adulterar el propósito expreso del legislador. Que una juez haya admitido a trámite, es decir, haya imputado, a Sofía Puente, la principal responsable de la citada instrucción, por un presunto delito de prevaricación administrativa, está dentro de la más absoluta lógica jurídica, una vez que, poco a poco, se van comprobando las tremendas irregularidades cometidas en la concesión de la nacionalidad española, con situaciones tan chuscas como conceder pasaportes a descendientes de unos españoles que nunca abandonaron el territorio nacional, o lo que hasta 1956 era considerado como tal, caso del protectorado marroquí. Con todo, lo mejor de toda esta peripecia es que los jueces y magistrados de este país están consiguiendo, pese al despliegue inaudito de la propaganda de combate que se ha conocido en democracia, devolver la confianza a los ciudadanos sobre la limpieza de su sistema electoral. Solo por eso hay que honorar a estos servidores del Estado por su ejemplar labor.