A pesar de que el socialismo justifica la amnistía como una victoria para la "convivencia y la reconciliación", tal y como repiten constantemente Pedro Sánchez y Salvador Illa, el exconseller de Cultura y actual diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha defendido que, pese a las consecuencias personales y políticas que ha tenido para él permanecer nueve años fuera de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, volvería a actuar de la misma manera. De hecho, ha asegurado que repetiría aquella decisión con mayor conocimiento de causa, gracias a todo lo que han aprendido durante este tiempo.

El exconseller ha reconocido que durante aquellos años siempre mantuvo la convicción de que el Estado acabaría sentándose a hablar para encontrar una solución al conflicto político catalán. Sin embargo, ha admitido que quizá pecó de ingenuidad al confiar en que ese diálogo llegaría antes. «¿Era iluso? Puede. Ahora ya no lo sería tanto», ha reflexionado.

Pese a ello, Puig considera que el balance de estos años no ha sido favorable al Estado y sostiene que quien ha salido perdiendo de este conflicto ha sido precisamente el propio Estado. En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de mantener abierta la vía del diálogo como mecanismo para resolver los problemas políticos entre Cataluña y España.

Críticas a Illa

Puig ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no estuviera presente en el pleno de la Cámara catalana durante su regreso a la institución, nueve años después de los acontecimientos del 1-O. «Me sorprendió, me supo mal», ha reconocido, al recordar que le habría hecho ilusión que el jefe del Ejecutivo catalán estuviera presente durante su intervención.

En una entrevista concedida a TV3, Puig ha explicado que el primer encuentro entre ambos tuvo lugar en la delegación del Govern en Bruselas, donde, según ha relatado, mantuvieron un trato humano y respetuoso. El diputado de Junts ha querido subrayar que, independientemente de las diferencias políticas, reconoce la figura institucional del presidente de la Generalitat: «Es mi presidente, de mi Generalitat, de mi país, Catalunya, sea cual sea el presidente que me encuentre hoy y en el futuro».

Puig ha admitido que tenía preparado un fragmento de su discurso dedicado expresamente a Illa y que le habría gustado que pudiera escucharlo durante la sesión parlamentaria. «Tenía un párrafo dedicado a su persona que, si no lo ha escuchado, ya se lo explicaré cuando pueda», ha señalado. No obstante, ha restado importancia a su ausencia y ha evitado desvelar los detalles de la conversación que ambos mantuvieron en un encuentro discreto y privado fuera del Parlament.

Le preocupa el uso del castellano

Más allá de la ausencia de Illa, el exconseller ha expresado su preocupación por el uso cada vez más frecuente del castellano en la Cámara catalana. «Me preocupa que en el Parlament se hable tanto castellano», ha afirmado, al considerar que se trata de una situación que, a su juicio, no se producía con la misma intensidad años atrás.

Preguntado por los motivos de este cambio, Puig lo ha atribuido a una creciente polarización política y a lo que ha calificado de «catalanofobia desmedida». En este sentido, ha asegurado que esta actitud se extiende más allá de Cataluña y que «empieza en Aragón y llega hasta el Reino de Castilla, y no afloja».

El diputado de Junts ha establecido además un paralelismo entre la situación política actual y otros momentos de la historia reciente de España. «De joven había una cuestión de Estado, que era el terrorismo de ETA, y ahora la cuestión de Estado es Catalunya», ha afirmado.

Cataluña será uno de los territorios clave en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con 48 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, la comunidad catalana volverá a ser un escenario decisivo para los partidos que aspiran a gobernar España. En este contexto, tanto el Partido Popular como Vox buscarán ampliar su representación en las urnas y ganar terreno en un territorio donde ambas formaciones llevan tiempo mostrando cierta estabilidad electoral. Para conseguirlo, los dos partidos han empezado a perfilar una estrategia que pasa por poner el foco en algunos de los problemas que más preocupan a los catalanes: la vivienda, la inmigración y la inseguridad.

En esta línea se ha pronunciado este viernes la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, durante una visita a Girona junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, y la candidata popular al Congreso por la provincia, Diana Moya. Montserrat ha asegurado que el 29-N estarán en juego «dos modelos»: el de Ada Colau y Pedro Sánchez, por un lado, y el de Xavier García Albiol y Alberto Núñez Feijóo, por otro. La dirigente popular ha contrapuesto el balance de la exalcaldesa de Barcelona en materia de vivienda con la gestión de Albiol en Badalona, que ha reivindicado como ejemplo de las políticas de su partido.

«El modelo de Ada Colau, que nos ha dejado en las peores condiciones en la vivienda, o el modelo de Xavier García Albiol, que hemos visto clarísimamente cómo lo hace de bien en Badalona», ha afirmado sobre todo en referencia a la lucha del popular contra las okupaciones. Montserrat ha insistido en que quienes quieran desalojar a Sánchez del Gobierno solo tienen una opción: votar al PP. «Nuestra papeleta es la que echará a Sánchez y la que echará a todas las políticas tan terribles en vivienda, en inmigración y en seguridad», ha añadido. La eurodiputada también ha defendido que las propuestas populares permitirán frenar tanto la inmigración irregular como las ocupaciones ilegales y mejorar el acceso a la vivienda.

Vox apuesta por la inmigración y la inseguridad

Por su parte, Vox centrará buena parte de su campaña en dos de sus principales banderas políticas: la inmigración y la seguridad. La formación de Santiago Abascal considera que Cataluña ofrece un terreno especialmente propicio para desarrollar este discurso, debido a la preocupación por los problemas de convivencia y delincuencia en determinados barrios y municipios. Además, los de Abascal buscarán disputar al PSC parte del voto obrero del denominado cinturón rojo metropolitano, tradicionalmente vinculado a la izquierda, pero donde Vox aspira a crecer apelando al malestar por la inseguridad, la inmigración y el deterioro de los servicios y espacios públicos.

Así, este viernes, el portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox y cabeza de lista al Congreso por Ávila, Samuel Vázquez, ha elevado el tono durante una visita al barrio del Besòs i el Maresme de Barcelona, donde ha asegurado que Cataluña «ha llegado al límite». El dirigente ha enumerado los problemas que, a su juicio, evidencian el deterioro de la seguridad en la comunidad: «tiroteos, apuñalamientos, narcopisos, bandas criminales, terrazas de verano donde solo se sientan varones o mujeres con la cara tapada».

Vázquez ha responsabilizado de esta situación tanto al socialismo como al separatismo y ha reprochado a sus dirigentes que no vivan en los barrios donde, según ha denunciado, se sufren estas situaciones. Asimismo, ha defendido la propuesta de su partido de impulsar la «deportación urgente e inmediata de todos los delincuentes, sean legales o ilegales». El portavoz ha reivindicado que Vox mantiene esta posición desde hace tiempo y ha acusado a otras formaciones de recurrir ahora a estos planteamientos por motivos electorales, en referencia a Aliança, Junts o el PP.

Cataluña se ha convertido en el territorio donde con mayor intensidad se han aplicado las políticas de intervención del mercado del alquiler impulsadas desde la izquierda. Primero fue el ejecutivo de Pere Aragonès, de ERC, el que desplegó los límites de precios previstos en la Ley estatal de Vivienda de 2023. Después, el Govern de Salvador Illa, del PSC, ha mantenido esa línea y ha ampliado la regulación a modalidades como los alquileres de temporada y por habitaciones. Sin embargo, los datos disponibles dibujan un balance desigual: los alquileres han crecido menos que en otros territorios, pero la oferta anunciada ha retrocedido con mucha más fuerza.

Así lo constata un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), elaborado por Fernando Pinto, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, que analiza la evolución del mercado del alquiler durante todo el año 2025. El trabajo compara Cataluña —donde la contención de rentas comenzó a aplicarse el 16 de marzo de 2024— con territorios como Madrid y el resto de España, donde no se había desplegado de forma generalizada.

El informe cifra en un 5,7% el incremento acumulado del precio medio del alquiler en Cataluña entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto de 2025. La subida fue también del 5,7% en la provincia de Barcelona, mientras que en Girona alcanzó el 3,1%; en Tarragona, el 4,8%, y en Lleida, el 5,3%. Son avances inferiores a los registrados en Madrid, donde los precios aumentaron un 8,5%, y en el conjunto de España, con un 10,8%. FEDEA calcula que la moderación catalana equivale a alrededor de un punto y medio porcentual anual respecto al crecimiento nacional.

Caída de la oferta

Pero el otro lado de la estadística ofrece una imagen muy distinta. Durante ese mismo periodo, el número de anuncios de viviendas en alquiler cayó un 20,5% en Cataluña y un 22,2% en la provincia de Barcelona. En Madrid, por el contrario, aumentó un 3,9%, mientras que en el resto de España —excluida Cataluña— retrocedió un 7%. En términos absolutos, el estudio estima que Cataluña perdió unos 26.500 anuncios respecto al nivel de partida, cerca de 23.900 de ellos en la provincia de Barcelona.

La presión sobre las viviendas que permanecen disponibles también se ha disparado. Según el indicador de contactos por anuncio utilizado por FEDEA, en el cuarto trimestre de 2025 se registraron 462 contactos por vivienda anunciada en Barcelona, frente a 103 en Madrid y 135 en el conjunto nacional. El dato refleja la competencia que afrontan quienes buscan una vivienda en alquiler en un mercado con menos anuncios disponibles.

La legislación catalana empeora la situación

La intervención del mercado no se ha limitado a los contratos de alquiler habitual. La Generalitat ha extendido también los límites a los arrendamientos de temporada y por habitaciones, una ampliación normativa que ha impulsado el Govern de Illa tras un pacto con los comuns y ERC y que generó recelos entre los representantes del sector inmobiliario.

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona alertó el pasado febrero de que el número de anuncios de alquiler habitual y de temporada en los principales portales inmobiliarios había caído una media del 28% en la capital catalana durante los cinco meses anteriores. Para elaborar su análisis, la entidad siguió semanalmente la oferta publicada en Habitaclia, Fotocasa e Idealista entre el 1 de septiembre de 2025 y el 2 de febrero de 2026.

En ese intervalo, Habitaclia pasó de 6.061 anuncios a 4.661; Fotocasa, de 6.145 a 4.754, e Idealista, de 4.945 a 3.053. La Cámara atribuyó el retroceso a la entrada en vigor de la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, pues al percibir inseguridad jurídica, los propietarios sacan los pisos del mercado.

La evolución de esos anuncios, sin embargo, debe interpretarse con cautela: el periodo analizado comenzó varios meses antes de la aprobación de la nueva regulación, por lo que no permite atribuir todo el descenso a su entrada en vigor. Además, se trata de cifras de oferta comercial en portales inmobiliarios, no de un registro del total de viviendas arrendadas.

El balance de la intervención en Cataluña deja así una contradicción difícil de pasar por alto. La contención de las rentas ha coincidido con un crecimiento de los precios inferior al de otros territorios, pero también con menos anuncios y una competencia mucho mayor por cada vivienda disponible.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este jueves la pésima situación de Rodalies y ha reconocido que el Gobierno no está consiguiendo trasladar a los usuarios los esfuerzos que, según él, se están realizando para mejorar el servicio. «Quizás debería salir y explicar más las cosas», ha admitido durante una comparecencia en el Palau de la Generalitat junto al presidente catalán, Salvador Illa, después de mantener una reunión monográfica sobre el estado de la red ferroviaria. El ministro ha reconocido la «desesperación» de los viajeros y ha lamentado que, pese a que se está invirtiendo «más que nunca», los resultados no siempre llegan a la ciudadanía. «No estamos satisfechos».

Puente ha defendido que Rodalies atraviesa un momento de transformación que afecta a tres grandes ámbitos: la gestión, las infraestructuras y el material rodante. En este sentido, ha recordado que desde la crisis ferroviaria del pasado enero, desencadenada por el temporal Harry y el accidente de Gelida, se han ejecutado obras de emergencia por valor de 200 millones de euros. Actualmente, además, hay 151 actuaciones en marcha para reforzar la red y mejorar su capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos adversos.

Como ejemplo de los efectos de estos trabajos, el ministro ha comparado las incidencias registradas durante los últimos temporales. Según los datos que ha ofrecido, el episodio de enero provocó 630 incidencias en Rodalies, mientras que las lluvias de octubre, pese a ser más intensas, dejaron únicamente 14. «Esto no es magia, es el trabajo hecho a lo largo del año para mejorar la resiliencia de Rodalies», ha defendido.

El responsable de Transportes también ha puesto el foco en el refuerzo de las plantillas. El número de maquinistas ha pasado de 851 en 2023 a 1.379 este año, mientras que los trabajadores de los centros de control de tráfico han aumentado de 59 a 101. A ello se suma la incorporación de 600 informadores para mejorar la atención a los pasajeros y los esfuerzos para coordinar las comunicaciones de Renfe y Adif, dos de las asignaturas pendientes durante las sucesivas crisis del servicio.

La renovación del material rodante es otro de los pilares del plan. Illa ha confirmado que los primeros nuevos trenes empezarán a circular durante el primer trimestre de 2027. Se trata de entre 112 y 113 convoyes fabricados por Alstom, que actualmente se encuentran en fase de homologación y pruebas. Aunque inicialmente estaba previsto que comenzaran a incorporarse a principios de este año, el calendario se ha ido retrasando. Puente ha considerado que el plazo actual es prudente y no ha descartado que algunas unidades puedan llegar incluso antes. No obstante, ha advertido de que la entrada en funcionamiento de los nuevos trenes también podría provocar algunas incidencias durante la transición entre el material antiguo y el nuevo.

El traspaso de la R1, pendiente de los últimos flecos

Más allá de la situación del servicio, uno de los principales asuntos abordados durante la reunión ha sido el traspaso de la R1, la línea ferroviaria que recorre el Maresme. La Generalitat lleva meses preparando la asunción de esta infraestructura y confiaba en cerrar la operación durante el otoño, pero el acuerdo todavía no se ha formalizado. El Govern esperaba poder avanzar definitivamente una vez evaluada la línea y completados los trabajos previos, aunque todavía quedan cuestiones administrativas y económicas por resolver.

Puente ha asegurado que el compromiso del Gobierno central con la transferencia es «irrevocable» y que los trabajos continúan adelante, aunque ha admitido que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre podría alterar los avances y los plazos. El ministro ha definido la situación actual como una cuestión de «flecos procedimentales» pendientes de implementar. Pese a ello, tanto él como Illa han mantenido el objetivo de culminar el traspaso antes de que termine el año.

Para completar la operación será necesario formalizarla en el Consejo de Ministros, convocar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, además de concretar las condiciones económicas. La transferencia afecta exclusivamente a la infraestructura comprendida entre Bifurcación-Sagrera y Maçanet-Massanes: la Generalitat asumirá la titularidad de las vías y el mantenimiento de estaciones, catenarias y otras instalaciones, mientras que Adif conservará el control de la circulación y la señalización. Los trenes y los maquinistas tampoco forman parte de esta primera operación.

Por último, ambos dirigentes han avanzado que el próximo martes se aprobará el nuevo contrato programa de Rodalies tanto en el consejo de administración de Renfe como en el Consell Executiu de la Generalitat. Se trata de otro de los pasos necesarios para desarrollar el nuevo modelo de gestión del servicio ferroviario catalán, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral y por la presión de unos usuarios que siguen esperando que las mejoras anunciadas se traduzcan en un funcionamiento más fiable de los trenes.