El Partido Popular ha presentado este jueves su candidatura por Madrid a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, confirmando a Alberto Núñez Feijóo como cabeza de lista, seguido de Cayetana Álvarez de Toledo, en el segundo puesto, y Borja Sémper, en el tercero. Con esta decisión, Feijóo aglutina en torno a su proyecto a dos perfiles muy distintos, pero esa es, precisamente, la intención: complementar personalidades para consolidar tanto el voto de centro como el del electorado más conservador de cara a unos comicios decisivos.

"El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades", afirma un comunicado de los populares, en el que se definen como "una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos". Álvarez de Toledo y Sémper, añade, "representan formas distintas de entender España" y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP. De hecho, los dos salieron de la primera línea política en 2020 aunque por motivos muy diferentes. Sémper lo hizo, precisamente, arguyendo hastío por la crispación y la "política de trincheras" que predominaba en el debate público. Álvarez de Toledo, en cambio, fue destituida por un Pablo Casado que buscaba un perfil más moderado. Seis años después ambos pasan a ocupar un lugar destacado arropados por la confianza de Feijóo.

La inclusión de Álvarez de Toledo como número dos despeja una de las incógnitas de la lista madrileña popular aunque ya era un secreto a voces. Feijóo ya había apuntado el martes que le acompañaría una mujer que había votado contra la ley de amnistía y había pedido la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. La descripción apuntaba, casi sin duda, a la dirigente popular, valorada por Feijóo como una política "honesta" y que "no dice una cosa y hace la contraria".

La candidatura sitúa también a Borja Sémper, portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, en el tercer lugar, el mismo puesto de salida que ocupó en las últimas elecciones. Feijóo ha decidido escalar a la hasta ahora portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso del número seis que cubrió en 2023 al número dos, en un momento en que la dirección popular quiere trasladar la imagen de un partido amplio y capaz de atraer a votantes con prioridades distintas. Álvarez de Toledo está dentro del ala más dura de la formación, mientras que Sémper es parte del ala más comedida.

"No somos el PSOE. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos", recoge el comunicado, que apunta a que las diferencias en el PP "no se combaten, se respetan" y que Feijóo es un candidato en el que "pueden confluir españoles de diferente signo y condición". El partido ha confirmado también la noticia en redes y ha publicado un vídeo en X en el que aparecen los tres, apilando sus manos, con el rótulo "el mejor equipo de Madrid". El propio Sémper ha defendido tras hacerse pública la elección que el PP es un partido "que representa una amplia mayoría social. No somos un partido de nicho" y, ante las diferencias en el tono que puedan existir entre ambos compañeros ha celebrado que "somos un partido que quiere parecerse a España y Cayetana y yo, en lo esencial, compartimos lo que España necesita".

Aun con sus rasgos distintivos, guardan cosas en común: ambos tuvieron que superar un cáncer. De hecho, en la reincorporación de Sémper a la vida pública, Feijóo le definió como "portavoz del cambio" al tiempo que le defendió frente a quienes "le afean una actitud de moderadito" y apuntó a que esa característica fue la razón por la que le pidió hace algo más de tres años volver a formar parte del PP. Lo hizo, finalmente, como portavoz nacional para intentar recuperar la idea de que "España puede hablarse mejor, escucharse mejor y respetarse de nuevo", dijo el presidente popular. Para Sémper, el que algunos sectores le definan con dicho adjetivo es baladí y lo enfoca más a mantener "la educación y las formas".

Álvarez de Toledo, en cambio, despertó recelos en los sectores más moderados. Su tono es más combativo y los últimos años, tras la llegada de Feijóo a la dirección nacional, ha cobrado especial protagonismo en la bancada popular. Sus rifirrafes con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso recorrían las redes sociales. El último se produjo el 30 de septiembre, cuando la diputada calificó a Bolaños de "cobarde" y se refirió al Ejecutivo como "la izquierda buitre". Para culminar, afirmó que la política de vivienda del Gobierno se resumía en una línea: "Su gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España".

El partido se encuentra en la recta final de la preparación de sus listas para los comicios del 29-N, cuyo plazo de presentación ante las juntas electorales provinciales concluye el próximo lunes 26 de octubre. Ahora la incógnita es quién irá de número cuatro por Madrid, con Alma Ezcurra presente en algunas de las quinielas.

La reacción del PSOE no se ha hecho esperar. En una entrevista en RNE, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que la elección de Cayetana Álvarez de Toledo es "una declaración de intenciones" que "constata la radicalidad del PP". En cuanto a la selección de Sémper, afirma que tiene un "talante distinto" a la número 2, pero afirma que el vicesecretario de Cultura defiende "cosas incoherentes" a lo que decía cuando estaba fuera de la cúpula popular.

El Partido Popular busca que el asunto de la vivienda vuelva a situarse en el primer plano de la precampaña electoral después de que quedase relegado por parte del PSOE tras la polémica inmobiliaria de la ya exportavoz socialista Montse Mínguez. El secretario general popular, Miguel Tellado, ha dado un paso adelante hacia la persecución de dicho objetivo y ha propuesto un cara a cara monográfico sobre el asunto entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

La oferta la ha realizado a través de una carta dirigida a la coordinadora de campaña del PSOE, María Jesús Montero, no exenta de ironía. En la misiva, Tellado recuerda que el presidente del Gobierno decidió adelantar las elecciones "incumpliendo su palabra" de agotar el mandato "con la coartada de adelantar la respuesta al drama habitacional que vive nuestro país". Sin embargo, antes del inicio oficial de la campaña electoral, han salido a la luz "escándalos", según los califica el número dos popular, que "no pueden ser excusa para que el PSOE intente opacar ahora el debate de la vivienda".

Se refiere a las empresas de la pareja de la entonces portavoz del PSOE, que decidió dimitir por tal razón, o a las informaciones que apuntan a la compra por parte del exjefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, de un piso propiedad de la Seguridad Social por 500.000 euros menos de su valor de mercado.

Sin abandonar la sátira, el también director de campaña del PP plantea la celebración del debate entre Rodríguez y Bravo. "Estamos seguros de que querréis defender con orgullo vuestra gestión en esta materia tan sensible, del mismo modo que nosotros queremos explicar con detalle las propuestas de la alternativa que representamos", redacta en la misiva. "Nadie entendería vuestra renuncia a explicar las políticas a las que Pedro Sánchez pretende dar continuidad durante otros cuatro años", zanja.

El movimiento del número dos de Feijóo se ha producido el mismo día en que el presidente popular ha participado en un acto en Sevilla con la vivienda como asunto central. Desde allí se ha comprometido a aplicar una medida inmediata si se convierte en el nuevo residente de la Moncloa en forma de rebaja de impuestos. Para todos los alquileres que tengan que renovarse, ofrece deducciones fiscales tanto a propietarios como inquilinos si la actualización del contrato se hace para hasta tres años más y el incremento de la renta es inferior al IPC.

Sevilla ha sido el lugar elegido por Alberto Núñez Feijóo para el primer acto de precampaña en Andalucía, con la vivienda como asunto principal. Tras realizar un diagnóstico de la situación a la que han llevado las políticas, a su juicio erróneas, del Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del PP ha extendido el problema a no solamente no poder acceder a una vivienda, sino a renunciar a iniciar "el proyecto de vida de una persona". "Es mucho más que un problema inmobiliario y económico, es de familia, de emancipación y de libertad", ha incidido, para comprometerse especialmente con los jóvenes a aplicar cuatro medidas que redunden en ayudas para la compra de la primera vivienda. Para escenificar la importancia que le otorgará a la cuestión si se convierte en el próximo presidente del Gobierno, ha anunciado que en la primera Conferencia de Presidentes que convoque sólo habrá un asunto en el orden del día: el plan nacional de vivienda, que redactará junto a todas las administraciones.

Mirando al mercado del arrendamiento, se ha comprometido a aplicar una medida inmediata si se convierte en el nuevo residente de la Moncloa en forma de rebaja de impuestos. Para todos los alquileres que tengan que renovarse, ofrece deducciones fiscales tanto a propietarios como inquilinos si la actualización del contrato se hace para hasta tres años más y el incremento de la renta es inferior al IPC. "Le voy a dar una deducción fiscal al propietario para que merezca la pena y además, en función de la renta del inquilino, se lo podrá desgravar", ha explicado.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia también ha anunciado que dará luz verde en sus primeros cien días en el Ejecutivo a tres leyes que considera trascendentales para solucionar el problema: la ley del suelo, la ley antiocupación y la de propiedad horizontal. Las tres normas ya están redactadas y presentadas en el Congreso pero, sin embargo, tal y como ha censurado Feijóo, "han sido bloqueadas por el Gobierno". "Hay que dar la vuelta a todas las políticas que nos ha traído la peor crisis de vivienda de nuestra historia. Es el cambio más urgente y el que más necesita nuestro país. Revertir el fracaso en vivienda en este Gobierno será el mejor éxito del próximo", ha resumido.

Feijóo ha elegido la capital andaluza para realizar un acto junto al presidente de la comunidad, Juanma Moreno, quien ha destacado que Andalucía "es la comunidad en la que más viviendas se han construido estos últimos años", con más de 182.000 impulsadas, según ha cifrado. También ha reclamado tener un "aliado" desde el Gobierno de España para hacer coincidir las políticas ejecutadas por las autonomías con las del Ejecutivo central, algo que no ha sucedido bajo el mandato de Sánchez, tal y como ha criticado: "Para construir muros algunos son especialistas y lo hacen cada vez más gruesos y más altos, pero para poner ladrillos de verdad en ocho años no han sido capaces de hacerlo".

"Una nueva generación de propietarios"

Los jóvenes son un segmento de la población al que Feijóo mira especialmente al considerar que el Gobierno actual "les ha robado el futuro y la esperanza". El líder popular ha señalado como su anhelo "construir una nueva generación de propietarios" encabezada por las generaciones "que han sido estafadas por este Gobierno". En este sentido, ha recordado cuatro medidas esenciales que aplicará y que irán destinadas a facilitar la compra de la primera vivienda de menores de 40 años. Plantea bonificaciones fiscales durante los cuatro primeros años de cotización, una "hucha hogar joven" cuyo ahorro también será deducible, avales de hasta el 100% del valor del primer inmueble, rebajas del ITP e IVA de hasta un 60% y aplazar los impuestos a la compra durante el tiempo que dure la hipoteca. Será "la mayor ayuda de la hacienda pública española en la historia de este país", ha afirmado.

Como ejemplo, Feijóo ha apuntado que "un joven que se compre tras cinco años de trabajo una vivienda de un precio medio de 250.000 euros, se puede ahorrar 25.000 en impuestos y necesitaría 50.000 euros menos para firmar la hipoteca". Esta es, a su juicio, la manera de concretar y comprometerse a solucionar el problema de acceso a la vivienda porque le preocupa que la juventud "caiga en desesperanza y desolación". Eso sí, ha admitido que hasta que se construya el millón de viviendas que pretende levantar durante la legislatura para incrementar la oferta "va a haber años difíciles".

La Cámara Alta ha cobrado protagonismo de cara al 29-N pese a haber sido durante años la gran olvidada de las campañas electorales. Habitualmente eclipsado por el Congreso, el Senado se ha convertido ahora en un campo de batalla decisivo para los dos grandes bloques. La mayoría que salga de las urnas puede condicionar importantes nombramientos institucionales y servir de contrapeso a la estrategia del rival. El PSOE y Frente Amplio acordaron concurrir en coalición mediante una lista única en la mayoría de las circunscripciones con el objetivo de multiplicar las opciones para competir con PP y Vox. Ahora, el bloque de la derecha mantiene negociaciones para pactar cómo presentarse al Senado y lograr más apoyos para hacer frente a la candidatura de la izquierda.

Acostumbrado durante décadas a mayorías holgadas del PSOE o del PP, el Senado afronta ahora unas elecciones en las que unos pocos escaños pueden resultar decisivos para alcanzar —o impedir— la mayoría reforzada de tres quintos. De ella depende, entre otras cosas, la capacidad de influir en nombramientos institucionales de la próxima legislatura. Ahí está la clave de la pugna: la derecha aspira a sumar esa mayoría y la izquierda, a evitar que lo consiga. Un objetivo que afecta a todos los partidos, porque esos tres quintos son necesarios para intervenir en la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional.

De las mayorías que se formen en el Senado dependerá la renovación de varios órganos, entre ellos el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Administración de RTVE. La Cámara Alta también participa en la elección del Defensor del Pueblo. Si PP y Vox alcanzan los tres quintos, podrían aprobar sin el PSOE los nombramientos que corresponden al Senado y ganar margen en las negociaciones sobre el resto de órganos. La coalición 'Senado de Progreso', formada por el PSOE y Frente Amplio, persigue arrebatar al PP la mayoría absoluta para que la Cámara Alta pueda actuar como contrapeso ante una eventual mayoría de derechas en el Congreso y tener algo de capacidad para negociar las renovaciones pendientes.

La importancia que puede tener para un Gobierno contar con un Tribunal Constitucional afín ha quedado patente en la última legislatura. Bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la mayoría progresista se ha impuesto y ha adoptado decisiones de gran calado político: anuló la sentencia de los ERE de Andalucía, avaló la ley del aborto y la ley de amnistía y recientemente declaró amnistiable la malversación del procés, lo que permitirá el regreso de Carles Puigdemont. El órgano de garantías aún debe resolver varios de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas y otros impuestos contra la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Asimismo, en cuestión de horas decidirá si entra a debatir la suspensión del derecho a voto de nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El Senado, campo de batalla político

Más allá de las renovaciones institucionales, la Cámara Alta también proporciona un poderoso altavoz desde el que presionar al Gobierno o a la oposición durante toda la legislatura. De hecho, durante este último mandato de Pedro Sánchez, ha sido el escenario desde el que el PP ha ejercido de contrapeso por medio de su mayoría absoluta. Los populares han aprovechado su predominio en la cámara para fiscalizar al Ejecutivo mediante comisiones de investigación, solicitudes de comparecencias de ministros e interpelaciones. Además, aunque el Congreso tenga la última palabra legislativa, el control del Senado proporciona un escaparate institucional desde el que marcar agenda política a través de la presentación de proposiciones de ley o por medio de propuestas de veto a textos que emanan de la Cámara Baja.

Por eso, el PSOE llevaba días negociando con el Frente Amplio una coalición para el Senado antes de que venciera el plazo de registro, el 16 de octubre. El acuerdo se cerró tras conversaciones discretas y a última hora. Pero la alianza finalmente ha precipitado un movimiento en el otro lado del tablero: PP y Vox han empezado a explorar una candidatura conjunta en algunas circunscripciones. En sectores socialistas ya cuestionan la estrategia de su dirección. A su juicio, podría haber intentado una fórmula similar a la que ahora negocian sus rivales: pedir a Frente Amplio que no se presente en la mayoría de las provincias e integrarlo de algún modo en las listas del PSOE sin agitar demasiado el avispero para no precipitar un movimiento similar en el PP y Vox.

"Es un mal acuerdo que puede acarrear otro más efectivo para la derecha", advierte una fuente de peso del partido. Su temor es que PP y Vox terminen concentrando el voto conservador en una sola papeleta para el Senado y que ese movimiento, además de facilitarles escaños en la Cámara Alta, refuerce la llamada al voto útil del PP también en las elecciones al Congreso.

Otras voces socialistas, sin embargo, creen que aún es pronto para medir el impacto. A su juicio, dependerá de cómo se concrete el pacto entre PP y Vox y de cuántas provincias abarque. También confían en que una candidatura conjunta no les garantice los tres quintos necesarios para algunos nombramientos y renovaciones, uno de los objetivos que persigue la coalición de izquierdas.

En todo caso, la cuenta atrás ya está en marcha: los partidos deben registrar las listas a las Cortes antes del próximo 26 de octubre. Las candidaturas de PP y Vox reflejarán el alcance de su negociación, mientras que las del PSOE y el Frente Amplio, el reparto acordado dentro de su coalición. Este último se está diseñando a partir de los resultados de 2023 y en todas las circunscripciones salvo las de Cataluña y Canarias.

La fórmula que está sobre la mesa de la negociación mantendría al PSOE al frente de todas las listas, pero reservaría puestos al Frente Amplio según el resultado de hace tres años: donde los socialistas lograron tres senadores, conservarían los tres primeros puestos; donde obtuvieron dos, el Frente Amplio ocuparía el tercero, con la expectativa de disputar ese escaño. En la mayoría de las provincias, donde el PSOE consiguió un solo senador, se plantea una lista alterna: los socialistas ocuparían el primer y el tercer puesto, y el Frente Amplio, el segundo.

"El Partido Popular no va a dejar que un Ejecutivo sin límites y decidido a quebrantar nuestro ordenamiento jurídico arrastre la democracia y la ley de nuestro país". Con estas palabras la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora de programa electoral, Alma Ezcurra, ha anunciado tres acciones de su partido en relación a la denominada como 'ley de nietos'. Con carácter inmediato, exigen al Ministerio de Asuntos Exteriores que acate la resolución del Tribunal Supremo. Es decir, que retire a los 163.020 nacionalizados inscritos en el censo mediante la norma. Además, pide al Tribunal Constitucional que le permita personarse "para defender un censo íntegro como garantía electoral" tras el recurso presentado por el Defensor del Pueblo y exige explicaciones por las informaciones que apuntan a la concesión de pasaportes en México a personas "sin padres ni abuelos españoles".

El PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, en el que le exigen que cumpla con las condiciones impuestas por el Supremo para la suspensión del voto de la 'ley de nietos'. Apuntan a que es la cartera de José Manuel Albares la que dispone de todos los datos sobre "quienes no son descendientes de exiliados" pero, sin embargo, está "obstaculizando" la acción de la Justicia "para ganar tiempo", según consideran en Génova. Alma Ezcurra ha amenazado con que, en caso de incumplimiento, exigirán "todas las responsabilidades a quien corresponda", también las penales.

Precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció este lunes que será "muy difícil" que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo. El Ministerio ha informado este martes a Europa Press de que un total de 48 oficinas consulares han completado ya "total o parcialmente" el proceso para verificar quiénes son descendientes de exiliados, pero desde el PP critican que más de un mes después de que el Alto Tribunal dictase la medida cautelar "la oficina del censo no ha recibido ni un solo dato".

"Es una actitud pasiva por no decir obstruccionista; no actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y tiene que tener consecuencias", ha advertido Ezcurra. La vicesecretaria popular ha elevado la presión y ha dado de plazo al Ejecutivo hasta este jueves porque "el sábado 24 empieza el envío del voto del censo CERA". Y, según ha advertido, "si no hay datos, llegará también a los 163.020 electores cuya inscripción en el censo ha sido suspendida por el Tribunal Supremo".

Ezcurra también ha cargado contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por acudir al Tribunal Constitucional "a un mes de dejar el cargo" para anular al Supremo cuando "la vía judicial ni siquiera ha terminado". Gabilondo presentó un recurso de amparo ante el tribunal de garantías contra la suspensión del derecho a voto de nacionalizados mediante esta norma que no hayan acreditado su condición de exiliados, sobre el que aún tiene que pronunciarse. En dicho recurso, según ha argumentado Ezcurra, "admite que el problema es la ineficacia administrativa del Gobierno". La representante popular recuerda que lo dictado son medidas cautelares y carga contra Gabilondo porque "debería defender al pueblo y no al Gobierno".

PP y Vox trabajan contrarreloj para lograr un acuerdo que frene la coalición de la izquierda en el Senado. Alberto Núñez Feijóo ha admitido en una entrevista en COPE que existen conversaciones entre ambas formaciones para "no facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta" de la Cámara Alta, pero no desvela qué fórmula prevalece sobre la mesa de negociación. Eso sí, durante la gestación del acuerdo, los dos partidos políticos han acordado discreción y "respeto", por lo que Feijóo ha cumplido con mantener la cautela.

No obstante, el líder popular ha recordado que Santiago Abascal afirmó que actuaría "con altura de miras" y espera que dicho compromiso se cumpla porque su objetivo es lograr una representación no solo de mayoría absoluta, sino de tres quintos, en el Senado. "Trabajaré para ello", ha afirmado Feijóo. Una mayoría tan holgada permitiría a los populares y Vox hacer nombramientos estratégicos como los del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial sin necesitar acordarlos con el PSOE.

Feijóo ha puesto la pelota sobre el tejado de Vox aunque sin dejar de admitir la responsabilidad que también le corresponde a los populares. "Si Vox está a la altura, les aseguro que el PP también lo estará", ha incidido, tras admitir que "mantener al Senado fuera del sanchismo es un reto que nos convoca a todos". Abascal tendió la mano este lunes a los de Feijóo para encontrar una vía de entendimiento que frene la "alianza de Pedro Sánchez con la extrema izquierda" aunque no puso una oferta concreta sobre la mesa.

Un día después, el presidente del PP ha señalado que la receta pasa por que la formación de Abascal no se presente al Senado en algunas provincias y, a partir de ahí, existen dos opciones. La primera es que en cada una de las circunscripciones en las que no se presentasen los de Abascal podrían aparecer en cada papeleta dos senadores populares y uno tercero de Vox como independiente pero, eso sí, bajo las siglas del PP. La segunda posibilidad es que el PP se comprometiese a ceder a Vox una cantidad concreta de senadores por designación autonómica tras las doce citas con las urnas que se celebran en mayo de 2027. En cualquier caso, todo apunta a que llegarán a un acuerdo que explicarán debidamente: "Los pactos encapuchados se los dejamos al PSOE, la izquierda y Bildu; los pactos transparentes son los que hemos hecho en las comunidades autónomas con Vox", ha cargado.

Feijóo no ha concretado el método que prevalece en las negociaciones, pero con sus declaraciones ha dejado algún indicio. Ha afirmado que la fórmula se buscará "en función de lo que cada uno tiene", señalando indirectamente a la mayoría que ha ostentado el PP en el Senado esta última legislatura y a la escasa representación de los de Abascal en la Cámara. Por otro lado, ha señalado que Vox sabe "hasta dónde pueden llegar" porque el PP tiene "sentido de Estado". "Si es recíproco y se mantiene ese sentido, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula", ha incidido el candidato popular a la Presidencia.

En este sentido, Feijóo ha recordado que ya se aplica una vía fruto de los acuerdos autonómicos entre ambas formaciones. Tras los últimos comicios de Extremadura, Aragón y Andalucía y los respectivos pactos de Gobierno a los que llegaron, el PP cedió los tres senadores a Vox. Abascal ha terminado la legislatura con cinco representantes mediante esta fórmula: dos de Andalucía, uno de Extremadura, otro de Aragón y otro de la Comunidad Valenciana. Esta se presenta como la opción más factible para el líder popular, según ha sugerido.

En otro orden de asuntos, el presidente del PP y candidato a la Presidencia se ha referido a la conocida como 'ley de nietos' y la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra del criterio del Tribunal Supremo tras el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho a voto de nacionalizados mediante esta norma. La cuestión ha sido uno de los campos de batalla de los populares incluso antes de la convocatoria electoral. La Junta Electoral Central (JEC) advirtió de que la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia "iba en contra de la ley", tal y como ha rememorado Feijóo, quien considera que "sería un disparate" que el Constitucional vaya contra las resoluciones tanto de la JEC como del Supremo. "Estoy convencido de que la actual composición del Tribunal Constitucional no se atreverá a sabiendas a dictar una resolución injusta", ha valorado.

Asimismo, preguntado por la posibilidad de que las elecciones del 29-N sean impugnadas, ha respondido con un tajante "no veo riesgo en este asunto". Feijóo cree que la JEC ya se ha pronunciado y comunicado al Ministerio de Exteriores que tiene que modificar el censo y dejar sin efecto a aquellos que no tienen derecho a voto "porque no son nietos de exiliados" y, en caso de una petición de impugnación, considera que la JEC se pronunciará de la misma manera que ha hecho hasta ahora, "al igual que el Tribunal Supremo". "Me parece que nadie se atreverá en España a dictar una resolución contraria a derecho, a la jerarquía normativa, a las dos resoluciones de la JEC y el Supremo, y que el Constitucional no se atreverá a hacer un disparate de esta naturaleza", ha insistido.

Tras rubricar su 'Contrato con España' en el que plasmó una docena de compromisos ante los españoles, el líder popular ha asegurado que la primera medida que tomará su gobierno en el Consejo de Ministros será la de reducir la arquitectura institucional del Estado, recortando hasta en un 50% el número de altos cargos y una auditoría de las cuentas. Además, durante el primer mes de mandato se ha comprometido a activar la construcción de un millón de viviendas, 250.000 anuales, con lo que se generarán, según sus cifras, un millón de puestos de trabajo. Y en este punto ha apoyado la inmigración "legal", necesaria para cubrir numerosos oficios, pero ha rechazado la "irregular". "Haremos ofertas de trabajo a esas personas en sus lugares de origen y les traeremos para trabajar, pero no para delinquir", ha concluido.

El acuerdo in extremis del PSOE con Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda territorial para concurrir conjuntamente al Senado ha causado un golpe de efecto al otro lado del tablero político y, con unos sondeos que auguran una victoria holgada del bloque de la derecha, Vox ha abierto la puerta a negociar con el PP no presentarse a la Cámara Alta en algunas provincias para frenar la "alianza de Pedro Sánchez con la extrema izquierda". Santiago Abascal ha tendido la mano este lunes a los populares para encontrar una vía de "entendimiento" aunque sin poner una oferta concreta sobre la mesa. Génova, de momento, mantiene la incógnita sobre si existen conversaciones con la formación para alcanzar un posible acuerdo.

El PP afronta el 29-N tras haber disfrutado de una holgada mayoría absoluta en el Senado con 143 escaños de un total de 208 durante la última legislatura, mientras que el PSOE tenía 87 senadores. Con gran parte de las encuestas situando a los populares como primera fuerza política en el Congreso, en Génova dan por hecho que obtendrán también una mayoría suficiente en la Cámara Alta. Así, ven en la estrategia de la izquierda al concurrir con una candidatura unitaria un intento por impedir que PP y Vox alcancen una mayoría de tres quintos, un umbral clave para influir en la renovación y nombramiento de distintos órganos como el Tribunal Constitucional.

Cuatro miembros de dicho órgano están a la espera de su reemplazo tras haber expirado su mandato el pasado mes de diciembre, entre ellos el presidente, Cándido Conde-Pumpido. Con la mayoría de tres quintos, el bloque de la derecha elegiría a los cuatro magistrados pendientes y cambiaría la actual orientación progresista del tribunal.

El 29 de noviembre se elegirán a 209 senadores de forma directa a los que se sumarán posteriormente 58 más designados por los parlamentos autonómicos. El sistema de votación permite que cada elector emita hasta tres votos en las circunscripciones provinciales, pudiendo elegir a candidatos de distintos partidos políticos. En el caso de las provincias peninsulares, los escaños se asignan a los cuatro candidatos con más apoyos y, generalmente, dicho sistema favorece al partido más votado. Lo habitual es que la fuerza política que gana obtenga tres senadores y la segunda, uno, habitualmente disputándose entre PP y PSOE.

En las elecciones generales de 2023, los de Abascal recibieron más de 7,2 millones de votos para la Cámara Alta, pero esto no se tradujo en ningún senador por la dispersión de los sufragios, dado que el sistema electoral en el Senado penaliza especialmente a los partidos que quedan por detrás de los más votados —resultan elegidos como senadores solo los que hayan sido más votados, sin que exista un reparto proporcional de escaños entre partidos como ocurre en el Congreso— . Esta vez Vox está más fuerte en las encuestas, pero el objetivo es evitar que sus votos caigan en saco roto y vuelvan a quedarse sin representación o con una representación pequeña en proporción al respaldo electoral.

Sin embargo, PP y Vox no pueden aplicar la misma fórmula que la izquierda para disputar la holgada mayoría, pues el plazo de presentación de coaliciones finalizó el pasado viernes. El plazo para las listas, sin embargo, termina el próximo 26 de octubre y ahí cabrían dos opciones. La primera es que en cada una de las circunscripciones en las que no se presentasen los de Abascal podría aparecer en cada papeleta dos senadores populares y uno tercero de Vox como independiente pero, eso sí, bajo las siglas del PP. La segunda posibilidad es que el PP se comprometiese a ceder a Vox una cantidad concreta de senadores por designación autonómica tras las doce citas con las urnas que se celebran en mayo de 2027. Ya sucedió tras los últimos comicios de Extremadura, Aragón y Andalucía y los respectivos pactos de Gobierno a los que llegaron ambas formaciones, cuando el PP cedió los tres senadores a Vox. Abascal ha terminado la legislatura con cinco representantes mediante esta fórmula: dos de Andalucía, uno de Extremadura, otro de Aragón y otro de la Comunidad Valenciana.

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue quien tomó la iniciativa al plantear públicamente este lunes el debate sobre una posible estrategia conjunta con el PP para rentabilizar al máximo los votos al Senado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Lo hizo en una declaración institucional tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, una comparecencia poco usual, como también lo es para Vox el hecho de plantear la posibilidad de una estrategia conjunta con el PP. Los de Abascal siempre han defendido que Vox y PP son dos partidos abocados a entenderse para construir una alternativa a Sánchez, pero diferentes y con distintas soluciones que ofrecer para "salvar" España.

También es excepcional, a juicio de la tercera fuerza, la coyuntura en la que se encuentra el país tras ocho años con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, de ahí la necesidad de que la oposición haga un "sacrificio" el próximo 29-N. La propuesta de negociación puesta sobre la mesa este lunes por Abascal llega después de que ya el sábado el líder de la tercera fuerza advirtiera de que su formación está dispuesta a "todo" por "salvar" España, ya que Vox considera a la izquierda como una amenaza para el país.

El diagnóstico de la situación actual del país es claro para Alberto Núñez Feijóo desde tiempo atrás. Pero este lunes ha convertido su compromiso para la "reconstrucción nacional" que, a su juicio, necesita España, en uno de sus principales actos de campaña. El presidente del Partido Popular ha firmado su 'Contrato con España' en el que sella una docena de promesas para que una España "que necesita sanar porque la han dañado" vuelva a "funcionar". Para ello ha tendido la mano a toda la ciudanía, a quien ha reclamado su confianza el próximo 29 de noviembre, para acabar con "una polarización alentada desde el poder, que ha acabado paralizando el país y dañado la democracia y la convivencia".

Como protagonistas de dicho cambio se ha referido a las clases medias, a las que ha situado como "la gran fuerza de la prosperidad de nuestro país" y el "motor" del cambio que necesita España pero también ha incluido a jóvenes, pensionistas y autónomos. Entre las doce promesas que ha firmado para la reconstrucción nacional, ha situado bajada de impuestos, políticas que eleven el salario medio, un Estado "más ligero" y la construcción de al menos un millón de viviendas nuevas.

La reconstrucción nacional se asentará, ha dicho, sobre cuatro principios que regirán la manera de gobernar de Feijóo si obtiene los votos suficientes para llegar a la Moncloa: "Verdad, ley, esfuerzo y unidad". Sobre estos pilares promete "levantar lo derruido y construirlo mejor", lo que llevará a no solo un cambio de gobierno, sino "un cambio de etapa, un nuevo tiempo". El líder popular ha vuelto a plantear las elecciones generales como un plebiscito sobre el sanchismo, una decisión a tomar entre dos formas de entender la política: "Quienes han utilizado la división para mantenerse en el poder y quienes sabemos que juntos podemos hacer grandes cosas". Y frente a "la mentira, el abandono y la corrupción que lo han degradado todo", se erige como el precursor de una política que recupere "su función original", esto es, "servir al bien común".

Acompañado por la plana mayor de su partido, el alcalde de Madrid y su equipo, senadores y diputados, el candidato del PP a la Presidencia ha firmado el documento al que ha otorgado una carácter superior a un programa de Gobierno o una lista de medidas. Es, según ha definido, su "compromiso personal" con los españoles, "las prioridades que tendré y la forma en que ejerceré la responsabilidad de gobernar si obtengo su confianza", ha insistido.

Feijóo ha señalado que sobran "gastos indebidos y corrupción" y ha garantizado que "quien tenga responsabilidad política responderá por ella, sea quien sea". A continuación, ha recitado su docena de compromisos que después ha rubricado para, en un futuro, demostrar su cumplimiento y que la "palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor".

En una precampaña electoral en la que Ceuta ha sido una de las banderas políticas del PP, la primera de las promesas del contrato es defender la soberanía nacional y la integridad territorial, sosteniendo que la seguridad de los españoles "está por encima de todo" y prometiendo mano dura ante cualquier vulneración de las fronteras: "Si se pone a prueba, la respuesta será firme". El segundo punto carga veladamente contra los nombramientos de Pedro Sánchez y la ausencia de unas cuentas durante toda la legislatura. Así, promete "recuperar la calidad de nuestra democracia y el respeto a la separación de poderes". "Los jueces elegirán a los jueces y el Gobierno no los cuestionará", ha incidido, y los órganos reguladores, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado estarán dirigidos por "personas independientes". Asimismo, se ha comprometido a aprobar los Presupuestos Generales del Estado anualmente y, en caso de acumular más de una prórroga, convocará elecciones.

Más vivienda, ordenar la inmigración y fortalecer la sanidad

El Estado con Feijóó como presidente del Gobierno será "más limpio y ligero", según ha defendido, con lo que reducirá ministerios, altos cargos y asesores y vigilará especialmente "las áreas afectadas por causas judiciales, los nombramientos indebidos y las estructuras y gastos superfluos". El presupuesto que emanará de estos recortes de personal se destinará, entre otros asuntos, a la construcción de al menos un millón de viviendas nuevas. "Los jóvenes, principales víctimas de la situación actual, tendrán prioridad en el acceso al alquiler y a la compra y recibirán la mayor ayuda económica de la historia para poder adelantar su emancipación", ha explicado, para defender que "el derecho a la propiedad se protegerá con eficacia".

En materia económica, el manifiesto recoge poner fin al "infierno fiscal" que asfixia a las familias mediante una bajada de impuestos después de analizar "una a una" las más de cien subidas fiscales de los últimos años. Asimismo, entre los objetivos del líder popular figura subir el salario medio de los españoles, para lo que es "imprescindible" aumentar la productividad. En este punto apunta a que una economía fuerte es aquella en la que "el subsidio no compite con el empleo" y "trabajar tiene que compensar más que no hacerlo".

Ante las advertencias del presidente del Gobierno para alentar a la movilización de su electorado acusando a los populares de promover "recortes", Feijóo ha vuelto a poner sobre la mesa el asunto de las pensiones, insistiendo en que garantizará tanto las actuales como las futuras. "Subirán cada año conforme al IPC, y los jóvenes heredarán un sistema que garantice que también cobrarán la suya", ha incidido. Continuando con los servicios públicos, ha prometido elevar el nivel educativo para "combatir los peores resultados de nuestra historia", remitiéndose al último informe PISA, "premiar el esfuerzo, incrementar la exigencia y reforzar la autoridad del docente". "Se garantizará la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas", ha anunciado.

En este sentido ha apuntado a un fortalecimiento de la Sanidad Pública con más médicos y mejores condiciones y ha culpado al crecimiento de la población en pocos años en más de cuatro millones de personas sin que ello aparejase una mejora de los servicios públicos. Así, ha prometido ordenar la inmigración: "Quien venga a prosperar y contribuir, será bienvenido. Quien venga a delinquir, deberá marcharse"; y establecer por ley la prohibición de regularizaciones colectivas como la última llevada a cabo por el Ejecutivo.

Por último, garantiza que combatirá la "creciente inseguridad" en muchos barrios y, en especial, "la violencia contra las mujeres". Para ello, dotará de más recursos económicos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Respecto a la política exterior, como hizo la semana anterior en Bruselas, ha apuntado a recuperar el prestigio internacional y recuperar "las alianzas rotas" en la Unión Europea e Hispanoamérica.