La discusión sobre la reforma de la Ley de Salud Mental llega al Senado con una pregunta que atraviesa a las guardias, las familias y los sistemas de salud de todo el país. El proyecto pone en revisión el requisito de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias y propone una respuesta que contemple el “riesgo grave para sí y para terceros”.

La iniciativa busca modificar el régimen vigente desde 2010. Antonela Giampieri, diputada nacional de CABA por la Fuerza del Cambio, explicó en Infobae Al Mediodía que aquella norma marcó un cambio de época porque “la ley fue un gran avance en el 2010”, aunque sostuvo que, después de 16 años de aplicación, el sistema necesita correcciones frente a situaciones que describió como complejas.

El planteo reúne cambios en las internaciones involuntarias, la integración de los equipos clínicos, la continuidad de los hospitales especializados y la coordinación de recursos entre la Nación y las provincias.

En ese recorrido, Giampieri remarcó que el objetivo no es abandonar el enfoque de derechos, sino evitar que una persona llegue sin asistencia a una instancia crítica: “Necesitás que llegue al sistema ya con la crisis explotada”.

Cuándo debe intervenir el sistema ante una crisis

La ley actual establece que una internación sin consentimiento requiere un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros. La reforma en debate propone reemplazar esa condición por la noción de “riesgo grave para sí y para terceros”, una modificación que apunta a ampliar los elementos considerados por los equipos de salud antes de resolver una internación.

Giampieri cuestionó que el criterio vigente centre la decisión exclusivamente en lo que ocurre durante la consulta o en la guardia. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, afirmó al explicar que el proyecto incorpora la posibilidad de tener en cuenta antecedentes clínicos, brotes previos, consumos problemáticos y otros episodios registrados en la historia de la persona.

Bajo esa mirada, la escena de una crisis no quedaría aislada de lo que ocurrió antes. La diputada sostuvo que una conducta observada en una guardia puede requerir la lectura de un proceso más amplio y señaló que deben considerarse “antecedentes de brotes, consumo problemático y episodios previos” al evaluar el riesgo y definir una eventual intervención.

La iniciativa no presenta la internación como una respuesta automática ni única. El debate, según la posición de la legisladora, busca que el sistema pueda actuar antes de que la situación alcance un punto límite, porque el requisito actual exige que exista un “riesgo cierto e inminente” y, en sus palabras, eso puede implicar que la persona llegue con la crisis ya desatada.

La participación de un médico o psiquiatra

Otro de los ejes se concentra en la composición del equipo que interviene ante una internación. Giampieri indicó que el procedimiento requeriría dos firmas, con la condición de que una pertenezca a un médico o a un psiquiatra. “Uno sí o sí tiene que ser el médico”, dijo sobre el cambio propuesto.

La diputada vinculó esa exigencia con la necesidad de distinguir los distintos factores que pueden estar detrás de una alteración de la conducta o de una crisis. Según explicó, un profesional médico puede establecer si el cuadro responde a sustancias, a un tumor o a otras patologías; por eso insistió en que “uno sí o sí tiene que ser el médico”.

Al mismo tiempo, la legisladora rechazó que esa incorporación suponga relegar a otras disciplinas. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas forman parte de la atención, según su planteo, y “todos son importantes” dentro de un abordaje que debe conservar su carácter interdisciplinario.

La discusión sobre las firmas se inserta así en una cuestión más amplia: qué saberes deben estar presentes al momento de tomar una decisión que afecta la libertad y la atención de una persona.

La propuesta conserva la participación de equipos diversos, pero reserva una intervención específica para el área médica, ya que, como señaló Giampieri, “todos son importantes”, aunque existen evaluaciones clínicas que demandan esa formación.

Qué dispositivos necesitan las provincias para atención especializada

La continuidad de los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental es otro de los puntos que la reforma busca instalar en el debate. Giampieri cuestionó la idea de que todos los pacientes deban ser atendidos en hospitales generales y planteó que la respuesta sanitaria debe adecuarse a cada situación: “Hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.

La legisladora señaló que algunos casos pueden sostenerse con atención ambulatoria, centros de día u hospitales de día, mientras que otros requieren internaciones con plazos definidos y seguimiento profesional.

En la Ciudad de Buenos Aires, mencionó la existencia de los hospitales Borda, Moyano y Alvear como parte de una red especializada y sostuvo que “hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.

En ese punto, Giampieri rechazó que la existencia de instituciones especializadas equivalga a una vuelta a prácticas de encierro. “Los manicomios no existen en la Argentina”, afirmó, al distinguir entre esos modelos y los dispositivos de salud mental que, según su postura, deben continuar disponibles para los casos que requieran una atención diferenciada.

La diputada sostuvo que la aplicación de la ley actual impulsó el cierre de instituciones especializadas en varias provincias. Frente a ese escenario, propuso que cada jurisdicción pueda definir sus necesidades y que “el Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, determine los recursos y dispositivos necesarios para garantizar la atención.

El proyecto contempla cooperación financiera nacional para reforzar las capacidades provinciales. Giampieri planteó que no todas las regiones requieren la misma infraestructura: algunas podrían necesitar hospitales especializados y otras, centros de día o dispositivos sociales. “El Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, debe resolver esa planificación, sostuvo.

La prevención del suicidio y los consumos problemáticos

La discusión también se conecta con la prevención del suicidio, la depresión y los consumos problemáticos entre adolescentes. Giampieri sostuvo que las políticas públicas deben trabajar sobre las señales de alerta antes de una crisis y citó una dimensión que consideró central: “El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país”.

Según la diputada, en la Argentina mueren entre 11 y 12 personas por día por suicidio. Giampieri señaló que se trata de un fenómeno de causas múltiples, en el que intervienen factores biológicos y sociales, enfermedades mentales, depresión y consumo de sustancias. “El suicidio no es previsible, pero sí es prevenible”, afirmó.

Esa definición ordena su planteo sobre el papel de las escuelas. La legisladora aclaró que los docentes no deben diagnosticar, pero sí necesitan herramientas para advertir situaciones de riesgo y activar los circuitos correspondientes con las áreas de salud.

Los clubes también aparecen en su propuesta como ámbitos posibles de escucha y contención. Para Giampieri, la respuesta requiere articulación entre familias, escuelas, organismos de niñez y ministerios de Salud, en lugar de intervenciones aisladas. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, señaló, al extender esa lógica preventiva a los espacios cotidianos de adolescentes y jóvenes.

Educación digital antes que prohibiciones generales sobre redes sociales

En el tramo final de su intervención, la diputada vinculó la salud mental con el uso de redes sociales y el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial. Planteó que el Congreso debe dar una discusión sobre educación digital y regulación de las plataformas, pero se mostró contraria a respuestas generales basadas en la prohibición: “No creo en la prohibición de las redes sociales”.

Su propuesta pasa por explicar a niños y adolescentes cómo funcionan las plataformas, qué riesgos pueden aparecer y de qué manera identificarlos. La diputada insistió en que el trabajo preventivo no se limita a restringir el acceso y sostuvo que “no creo en la prohibición de las redes sociales”, sino en una formación que permita comprender el entorno digital.

Giampieri también advirtió sobre el uso de asistentes como ChatGPT, Claude o Gemini como sustitutos de la consulta con profesionales de salud mental. “No son psicólogos”, afirmó, y añadió que una máquina no puede resolver ese tipo de problemas porque “no tiene empatía”.

Con esos cambios, el Senado deberá definir si actualiza el marco de internaciones, la participación médica en las decisiones clínicas y la organización territorial de la atención. En el centro de esa discusión queda una premisa que la diputada repitió al referirse a las herramientas digitales y a la atención profesional: “No son psicólogos”.

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Nuevos audios incorporados a la investigación sobre Diego Spagnuolo abrieron una línea que indaga una presunta coima vinculada con un viaje a Israel, mejoras en los pasajes y el alojamiento del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las grabaciones, bajo análisis de la fiscalía, se suman a las sospechas por contrataciones de medicamentos para discapacidad y apuntan a determinar si proveedores del organismo solventaron beneficios personales para el exfuncionario.

La secuencia que ahora revisa el fiscal Franco Piccardi se concentra en comunicaciones de noviembre de 2024, cuando Spagnuolo preparaba su traslado a Israel. En esos intercambios aparece Patricia Canavesio, responsable de tareas contables, impositivas y de tesorería, quien conversa con una agente de viajes sobre requerimientos atribuidos al entonces funcionario. La hipótesis judicial busca establecer si esos gastos fueron cubiertos por empresarios o representantes de firmas que mantenían vínculos comerciales con ANDIS.

Los nuevos audios apuntan a pasajes y hotel para un viaje a Israel

Uno de los audios registra el pedido de una mejora en los vuelos de Iberia. Canavesio transmitió la exigencia a la agente de viajes y remarcó: “Necesito que me consigan el mejor asiento de ida”. También consultó por la mejor ubicación disponible para el regreso, de acuerdo con el material que forma parte de la investigación.

La insistencia por el cambio de categoría quedó expuesta en otra comunicación. “Nos va a seguir rompiendo las pelotas hasta que esto suceda”, dijo Canavesio, en referencia al reclamo que debía resolverse antes del viaje. Para la fiscalía, el punto central es conocer quién gestionó y, eventualmente, pagó ese beneficio.

Las conversaciones también mencionan una estadía en el hotel Crown. En un intercambio, Canavesio preguntó quién se haría cargo de ese costo y lanzó: “Este se hace el boludo”. La frase integra el conjunto de audios que Piccardi analiza para reconstruir la organización del viaje y el papel de cada una de las personas involucradas.

La pesquisa no da por acreditado que Spagnuolo haya recibido una coima, pero examina si hubo una dádiva por parte de actores privados interesados en las decisiones del organismo. El expediente debe determinar si los pedidos sobre vuelos y alojamiento respondieron a gestiones personales o si existió una contraprestación relacionada con contrataciones de la agencia.

La causa también revisa precios de medicamentos para discapacidad

El viaje bajo sospecha aparece dentro de una investigación más amplia sobre compras de medicamentos para tratamientos especiales. Piccardi revisa compulsas cerradas en las que varias droguerías habrían presentado cotizaciones coordinadas para simular una competencia que, según la hipótesis fiscal, no existía.

En ese marco, la causa incorporó una conversación de WhatsApp del 4 de julio de 2024 vinculada con el medicamento Eurid, nombre comercial de la cladribina. Durante una de las compulsas examinadas, Suizo Argentina cotizó ese medicamento en $3,9 millones. Droguería del Sud y Soldis presentaron ofertas de $ 4,1 millones, según los datos expuestos por Ramón Indart en Infobae A las Nueve. La diferencia con un antecedente de $820.000 por un paquete de fármacos integra el análisis sobre posibles sobreprecios.

Las compulsas cerradas limitan la participación de otros oferentes, por lo que la investigación también procura establecer por qué no se recurrió a una licitación abierta. La decisión administrativa y la elaboración de los presupuestos son dos aspectos que deberán ser explicados por funcionarios y compañías alcanzadas por el expediente.

Indagatorias y 38 imputados privados

La investigación ya avanzó con pedidos de indagatoria para los hermanos Kovalivker y reúne a 38 imputados vinculados con droguerías que participaron de contrataciones bajo revisión. El fiscal intenta reconstruir si funcionó una trama entre proveedores, intermediarios y funcionarios para fijar precios, restringir la competencia y conceder beneficios a Spagnuolo.

También está bajo análisis el papel de Pablo Atchabaian, a quien la fiscalía ubica como posible nexo entre empresarios y áreas de ANDIS. Una grabación atribuida a Atchabaian, enviada a Miguel Ángel Calvete, menciona que había comunicado una situación al “Helvético” y que era necesario “cerrar filas”.

El expediente procura identificar a todas las personas aludidas en esas referencias. Entre otros apodos, el audio nombra al “Pelado”, a “Caputito” y a “Rioja”; la pesquisa debe probar a quién corresponde cada mención y qué intervención concreta pudo tener en los hechos investigados.

Piccardi relaciona la alusión al “Helvético” con Suizo Argentina, aunque esa vinculación deberá ser corroborada con otras pruebas. En tanto, Calvete permanece detenido por otra causa, mientras que el expediente sobre ANDIS no registra detenciones.

El próximo paso será determinar si los audios del viaje, las conversaciones comerciales y la documentación de las compras describen un mismo circuito de presuntos beneficios y contrataciones irregulares.

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En las aulas argentinas, el teléfono dejó de ser un objeto ajeno a la rutina escolar y pasó a condensar discusiones sobre atención, aprendizaje, convivencia y límites. Con ocho de cada diez chicos de 8 años que ya tienen acceso a un celular propio o familiar, la pregunta ya no gira solo alrededor de su presencia en la escuela, sino sobre las reglas para evitar que ese acceso desplace la clase.

Massimiliano Pisani, coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, planteó que esa realidad exige respuestas distintas según la edad de los alumnos y el uso que se haga del dispositivo.

El especialsita sostuvo en Infobae A las Nueve que el punto de partida debe ser impedir que el teléfono interrumpa el trabajo en el aula. “Lo que no puede suceder es que sea un factor distractor dentro del aula”, afirmó.

Mayores niveles de distracción por celular en PISA 2022

La advertencia aparece en un contexto que, según Pisani, ya tiene reflejo en las evaluaciones internacionales. Argentina ocupó el primer lugar en distracción por celular declarada por los propios estudiantes en las pruebas PISA de 2022.

Los alumnos reconocieron que utilizan el dispositivo para desconcentrarse durante las clases. En las mediciones posteriores, el país quedó en segundo lugar, detrás de Uruguay, de acuerdo con lo explicado por el representante de la organización. Frente a ese panorama, advirtió que “restringir no es resolver el problema”.

Para el coordinador, retirar los teléfonos de una clase puede ser parte de una respuesta, aunque no garantiza por sí solo una mejora en los resultados. Los estudiantes pueden reemplazar el celular por otras distracciones si la propuesta de enseñanza no logra convocarlos, señaló.

En este sentido vinculó la discusión con desafíos más amplios del sistema educativo y reclamó políticas que aborden la atención, el aprendizaje y la convivencia. “No es lo mismo primaria y secundaria, no es lo mismo una pantalla enorme que un celular”, expresó.

Las provincias avanzaron con reglas diferentes para primaria y secundaria

La regulación del uso de teléfonos dentro de las escuelas depende en gran medida de las provincias. Pisani indicó que 11 de las 24 jurisdicciones adoptaron restricciones a lo largo de la última década, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Las medidas suelen limitar con mayor fuerza el acceso en primaria y establecen pautas diferenciadas para secundaria, donde los alumnos tienen otra autonomía y otros vínculos con la tecnología. “El celular ya está con los chicos”, insistió al explicar por qué la discusión debe centrarse en cómo regularlo.

También existen proyectos legislativos impulsados por distintos espacios políticos que proponen criterios para la educación digital. Sin embargo, las provincias mantienen facultades sobre sus sistemas educativos y, por lo tanto, sobre las normas que se aplican en cada establecimiento.

Pisani distinguió al teléfono de otros recursos tecnológicos que pueden integrarse a la enseñanza, como computadoras, proyectores y pizarras. La clave, señaló, es que esos instrumentos respondan a un objetivo pedagógico y que el celular no se convierta en “un factor distractor dentro del aula”.

Uso de pantallas fuera de la escuela

El coordinador ubicó a las familias en el centro de la discusión porque buena parte de la relación de los chicos con las pantallas se construye fuera del horario escolar. A su juicio, las instituciones educativas y los docentes no pueden quedar como únicos responsables de fijar límites, horarios y criterios de uso. “No podemos dejarle todo a la escuela y a los docentes”, afirmó.

Pisani reconoció que los adultos también tienen dificultades para regular su propio tiempo frente a las pantallas, entre las exigencias laborales, las redes sociales y la mensajería cotidiana.

Aun así, citó un informe de Unicef sobre acompañamiento familiar para señalar que la intervención de madres, padres y adultos responsables “reduce un 40 % el riesgo” de conductas de riesgo en línea.

En ese sentido, propuso conversaciones sostenidas en los hogares sobre contenidos, horarios y límites, en lugar de delegar la cuestión por completo a las escuelas.

Celulares, lectura, convivencia y abandono escolar

La preocupación por la atención en clase convive con otros indicadores educativos. Pisani vinculó el debate con las dificultades de comprensión lectora y afirmó que, según las últimas pruebas de la Unesco, casi uno de cada dos alumnos tiene problemas para comprender textos en tercer grado.

“Tenemos uno de cada dos chicos” con esas dificultades, sostuvo, al plantear que la alfabetización debe ocupar un lugar prioritario en las políticas educativas.

En secundaria, además, relacionó el uso del teléfono con problemas de convivencia: dificultades para escuchar a los docentes, ruido, desorden y sobrecarga de tareas. Argentina también registró niveles altos de conflictos de convivencia escolar en las pruebas PISA, señaló.

Para Pisani, las reglas sobre dispositivos deben insertarse en un trabajo más amplio que incluya formación docente, entrega de libros y propuestas que fortalezcan los aprendizajes; de otro modo, “restringir no es resolver el problema”.

El referente de Argentinos por la Educación propuso, finalmente, dirigir una parte de las herramientas digitales a la organización de los sistemas educativos. “Utilicemos la tecnología para la gestión escolar”, planteó al referirse a sistemas de alerta temprana que permitan detectar ausencias prolongadas o trayectorias interrumpidas.

Esas herramientas, explicó, pueden ayudar a las provincias a identificar a los estudiantes que se alejan de la escuela y a buscar alternativas para su reincorporación.

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La media sanción que obtuvo en el Congreso el proyecto de ley de discapacidad abrió una expectativa entre las organizaciones del sector, aunque dejó intacta la pregunta que atraviesa cada reclamo: de dónde saldrán los recursos para sostener prestaciones, pensiones y medicamentos. Mientras la iniciativa se encamina al Senado y su aplicación queda atada al Presupuesto 2027, una frase resume la cautela con la que fue recibida: “La emergencia no está superada”.

Pablo Molero, sacerdote y presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sociólogo, magíster en Ciencia Política e investigador del CONICET, valoró los cambios incorporados al texto que había impulsado el oficialismo. En diálogo con Infobae Al Amanecer, sostuvo que “ahora sí hay una propuesta superadora para una situación que no está superada”.

La discusión legislativa reunió demandas que el sector viene planteando desde hace meses: la continuidad de las prestaciones, el acceso a medicamentos, la situación de las pensiones y el financiamiento de las obras sociales. Para Molero, la votación fue “un paso adelante”, pero el recorrido de la ley recién comenzó.

El proyecto aprobado en Diputados incorporó medidas que, según explicó el sacerdote, ya figuraban en la propuesta de emergencia elaborada por las organizaciones. “Cuando uno ponía el proyecto de emergencia sobre el proyecto oficialista, quedaban un montón de cosas afuera y ahora están metidas adentro”, afirmó.

La media sanción abrió un acuerdo, pero la emergencia sigue vigente

Detrás de las modificaciones hubo reuniones, planteos y una negociación que logró acercar a actores con posiciones distintas. Molero destacó que las organizaciones pudieron llevar sus reclamos al Congreso y que varios diputados aceptaron revisar el articulado. “Si cada uno se hubiera encerrado en lo suyo, hoy no tendríamos nada”, sostuvo.

Esa coincidencia, sin embargo, no cambió la lectura del presidente del Foro sobre el resultado político. El oficialismo, señaló, no consiguió imponer sin alteraciones su iniciativa original. “El oficialismo no ganó”, dijo, aunque reconoció que algunos legisladores habilitaron la discusión y recibieron los pedidos del sector.

En ese proceso mencionó al diputado Herrera Ahuad, de Misiones, por haber acercado los planteos de las organizaciones a integrantes del oficialismo. “Hubo diputados que escucharon y hubo una posibilidad de mejorar el texto”, resumió Molero al describir una negociación que evitó que quedaran afuera demandas centrales.

La ley todavía debe ser tratada por el Senado antes de una eventual sanción definitiva. Para el sacerdote, ese paso exige mantener la atención sobre el contenido que llegue a la Cámara alta: “La emergencia no está superada y el Senado todavía tiene que tratar el proyecto”.

El Presupuesto 2027 será la prueba para que los derechos se vuelvan efectivos

La principal inquietud aparece en el capítulo presupuestario. Molero sostuvo que una ley puede reconocer necesidades urgentes, pero necesita partidas concretas para traducirse en atención, tratamientos y cobertura. “Si después eso no queda reflejado en el presupuesto, la verdad que es muy difícil”, advirtió.

Según relató, diputados del oficialismo expresaron la intención de incorporar previsiones para el sector en el Presupuesto 2027 y de eliminar artículos que podrían perjudicarlo. Las organizaciones, de todos modos, mantienen reparos mientras esos compromisos no tengan una expresión presupuestaria. “Una cosa es lo que se dice y otra cosa es que estén los recursos”, planteó.

El alcance de esa discusión excede a quienes ya tienen una prestación reconocida. Molero insistió en que hay personas que siguen fuera de los circuitos de asistencia y que la urgencia no puede limitarse a conservar lo existente. “Acá estamos preocupados por un sector que era atendido, pero hay mucha gente sin atender”, afirmó.

Por eso, la media sanción fue leída como una instancia intermedia, no como un punto de llegada. La definición dependerá de la ley que eventualmente apruebe el Senado y de los fondos que el Gobierno asigne el año próximo. “Ahora hay una propuesta mejor, pero todavía falta que pueda hacerse realidad”, señaló el titular del Foro.

Medicamentos y pensiones concentran reclamos que siguen sin respuesta

En la vida cotidiana, el problema se vuelve visible en la entrega de medicamentos y en la demora de pensiones para personas que esperan esa asistencia. Molero fue directo sobre la responsabilidad estatal: “El Gobierno tiene que solucionar la entrega de medicamentos para personas con discapacidad, que no lo está haciendo”.

El reclamo alcanza también al programa Remediar y a quienes dependen de tratamientos continuos. “La gente sigue necesitando medicamentos”, afirmó el sacerdote, al cuestionar que necesidades básicas permanezcan sin una respuesta suficiente.

Las obras sociales ocupan otro lugar en esa preocupación. Molero explicó que varias entidades atraviesan dificultades para financiar las prestaciones, en un contexto de caída del empleo y de reducción de los aportes que nutren sus fondos. “El fondo con el cual se pagan las prestaciones está en un momento difícil”, advirtió.

A ese escenario sumó el traslado de afiliados hacia empresas de medicina prepaga, que —según sostuvo— también resta recursos a algunas obras sociales. El riesgo, señaló, es que las personas que hoy cuentan con cobertura encuentren obstáculos para sostenerla. “Si no hay financiamiento, puede haber problemas para atender”, alertó.

La discapacidad también está en las barreras que impiden ejercer derechos

Para Molero, reducir la discapacidad a una condición individual deja fuera una parte decisiva de la experiencia de quienes enfrentan barreras todos los días. El transporte, la comunicación, la accesibilidad, la atención sanitaria y las condiciones del entorno forman parte del problema. “No es un tema solamente de las personas”, explicó.

Esa mirada ubica la responsabilidad en el Estado y en la sociedad, no únicamente en quienes requieren apoyos. “Hay barreras sociales que hacen que una persona no pueda ejercer un derecho”, dijo el presidente del Foro, al insistir en que las políticas públicas deben contemplar esos obstáculos.

La discusión parlamentaria, entonces, quedó ligada a una escena mucho más amplia que el texto de una ley. Prestaciones que dependen de pagos, familias que buscan medicamentos y personas que aguardan una pensión forman parte de una emergencia que Molero considera todavía abierta. “La situación no está resuelta”, reiteró.

La visita del papa al país

Al referirse a la próxima visita del papa a la Argentina, el sacerdote vinculó la situación de las personas con discapacidad con un cuadro social más extenso. “El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido”, afirmó, y cuestionó los datos de pobreza que el presidente atribuye a su gestión.

Molero sostuvo que una mejora de ingresos no modifica por sí sola las condiciones materiales de muchas familias. Como ejemplo, habló de quienes viven en zonas vulnerables y continúan expuestos a las inundaciones. “La misma gente se sigue inundando cada vez que hay inundaciones”, dijo.

La eventual llegada del pontífice no debería, a su criterio, desplazar el foco de los problemas presentes. “Me interesa lo que vive la gente hoy, no lo que el papa se va a encontrar”, indicó Molero.

Mientras, el proyecto de ley de discapacidad espera su próximo debate en el Senado y la discusión por los recursos sigue pendiente.

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A pocas horas de una nueva jornada de movilizaciones convocada para el sábado 24, la inquietud volvió a instalarse entre los comerciantes de París, donde los disturbios y los saqueos registrados en los últimos días alteraron el ritmo de los negocios. Cerca del Pont Neuf, un restaurante preparó medidas preventivas.

Carlos Muguruza, argentino y dueño de un restaurante en París, sigue de cerca las definiciones sobre el operativo de seguridad antes del fin de semana. Con 40 años de vida en Francia, contó en Infobae A las Nueve que todavía no resolvió cómo trabajará ese día: “Yo no sé si el sábado voy a abrir o no voy a abrir”.

Su local está en Saint-Germain-des-Prés, sobre la rue d’Astorg y a 50 metros del Sena. Desde allí, Muguruza observa una ciudad atravesada por el temor a que se repitan los episodios de violencia: “No sabemos qué va a pasar”, dijo durante una entrevista.

Los saqueos se concentraron al otro lado del Sena

La zona que más preocupación le genera queda frente a su barrio, cruzando el río, en Les Halles. “Ahí es donde se armaron los disturbios más importantes”, relató Muguruza al describir los puntos donde se concentraron los incidentes.

Uno de esos hechos ocurrió cerca de su restaurante, en una jornada en la que el local permanecía cerrado. Un vecino lo alertó por teléfono: “Me dijeron: ‘Mirá, que están saqueando el tabac’”, recordó el comerciante sobre el aviso que recibió.

Cuando llegó a la tabaquería, quienes habían ingresado ya se habían ido. “Rompieron la puerta y querían sacar tabaco”, contó Muguruza; en ese comercio, precisó, un paquete de cigarrillos cuesta 22 euros.

Los ataques, según se planteó durante la entrevista, no se limitaron a las marcas de lujo que suelen ocupar las noticias sobre los daños en la capital francesa. Muguruza separó los reclamos estudiantiles de los grupos que irrumpen en comercios. “Los estudiantes está bien que protesten como protestan, sin hacer disturbios”, afirmó, antes de cuestionar los robos y los destrozos.

Ante la posibilidad de que haya nuevos ataques, el dueño decidió retirar parte de lo que exhibía dentro del restaurante. “Saqué todas las camisetas de los jugadores de fútbol que están firmadas”, explicó sobre las prendas que había en el local.

El negocio tiene vidrios antivandálicos, pero Muguruza no considera que esa barrera alcance para despejar el riesgo. “Si quieren romperlo, lo pueden romper”, sostuvo al hablar de la protección instalada en el frente.

Del otro lado de la calle, la imagen de la tabaquería atacada le dio una referencia concreta de lo que puede ocurrir. “Sacaron la puerta, la bajaron”, describió sobre el ingreso al comercio que fue saqueado.

Frente a la eventual llegada de un grupo numeroso, dijo que no tendría margen para intervenir. “Si vienen treinta o cuarenta personas, yo no voy a poder hacer nada”, expresó el empresario argentino.

Por ahora, la apertura del sábado queda sujeta a la evolución de la seguridad en la zona. “Estamos con la incertidumbre”, dijo Muguruza, quien aguarda que la tensión de las calles no interrumpa la actividad de su restaurante.

El comerciante vinculó las movilizaciones estudiantiles con reclamos que, a su juicio, tienen una base concreta. “No se invirtió lo que se tenía que haber invertido en liceos”, sostuvo al referirse a las demandas por la educación.

Pero marcó una diferencia tajante con quienes aprovechan las concentraciones para ingresar a los negocios. “Esto es un saqueo”, afirmó, y aseguró que en sus cuatro décadas radicado en Francia no había visto una situación de esas características.

Según su relato, parte de los grupos involucrados llega con el rostro cubierto y ropa oscura. “Llegan todos en metro y se ponen a robar”, declaró sobre la dinámica que, dijo, pudo observar en los episodios recientes.

Muguruza atribuyó a esos grupos un interés económico detrás de los objetos que se llevan. “Después lo revenden por Internet”, dijo, aunque no ofreció detalles sobre casos puntuales de reventa de mercadería sustraída.

También mencionó daños en áreas vinculadas a las grandes firmas de la ciudad. “Han roto la Avenue Montaigne”, señaló, y comparó esos ataques con otros momentos en que los destrozos se concentraban en sectores como los Champs-Élysées.

Un toque de queda a 500 metros del local mantiene la alerta

A unos 500 metros del restaurante, aseguró, rige un toque de queda. “Pasan los helicópteros”, relató Muguruza sobre el despliegue que percibe en el área donde vive y trabaja.

El dueño del local cuestionó la respuesta de las fuerzas de seguridad durante los primeros días de incidentes. “La policía no reprime”, afirmó, aunque reconoció que los agentes utilizan gas en medio de los enfrentamientos.

También se refirió a la situación del entonces ministro del Interior, cuya renuncia, dijo, no fue aceptada por el presidente Emmanuel Macron. Sobre la organización de los operativos del sábado y el domingo anteriores, sostuvo: “Lo del sábado y el domingo fue catastrófico”.

En medio de esa incertidumbre, un banco se comunicó con él para saber si necesitaba asistencia. “Ahora van a dar créditos para la gente que le han roto las cosas”, contó Muguruza acerca de la ayuda que, según afirmó, anunció Macron.

La expectativa del comerciante está puesta en lo que ocurra antes de la movilización del sábado 24 y en la capacidad de las autoridades para evitar nuevos daños. “Espero que no me llamen para decirme que se está prendiendo fuego el local”, concluyó.

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Las empresas empezaron a llevar la inteligencia artificial a tareas que hasta hace poco dependían por completo de planillas, búsquedas manuales y reuniones entre equipos. Entre la promesa de hacer más rápido el trabajo y la discusión por el empleo, el desafío ya no pasa sólo por abrir ChatGPT o Claude: pasa por conectar esas herramientas con información propia, fijar controles y decidir quién toma la última palabra. Para Fredi Vivas, CEO de RockingData, la clave está en entender el proceso como una ampliación de capacidades.

Profesor e ingeniero especializado en inteligencia artificial, Vivas es autor de los libros Generación IA, Invisible y ¿Cómo piensan las máquinas?. Desde esa experiencia, el fundador de RockingData sostuvo en Infobae A las Nueve que las compañías todavía atraviesan una etapa de adopción parcial, con pruebas acotadas y decisiones pendientes sobre cómo llevar estos sistemas al trabajo cotidiano.

La pregunta por los puestos de trabajo aparece cada vez que una compañía incorpora un asistente capaz de redactar, ordenar datos o responder consultas. Vivas dijo que, en los casos que observa, no hay una sustitución lineal de personas por sistemas automatizados. “Los informes dicen que no es así”, afirmó.

Según el CEO de RockingData, el uso que gana terreno dentro de las organizaciones está ligado a la eficiencia y al apoyo de los equipos, más que a la eliminación inmediata de funciones.

La diferencia, planteó, está en el modo de incorporar la tecnología. Un analista, un ejecutivo de cuentas o un responsable comercial pueden recibir asistencia para revisar información y detectar alternativas, pero la decisión sigue siendo humana. “Una mirada de amplificación o de aumentación con IA es la que va”, sostuvo Vivas.

También advirtió que algunas compañías presentan recortes vinculados a estas herramientas como parte de una señal hacia el mercado. “El mercado lo ve como compañías tecnológicamente de avanzada”, afirmó al referirse a esos anuncios.

ChatGPT se volvió masivo y Claude busca espacio en las empresas

El contraste entre ChatGPT y Claude permite ver dos recorridos distintos dentro del mismo mercado. Vivas explicó que OpenAI apostó desde el comienzo por una herramienta de uso amplio, integrada a consultas domésticas, tareas informales y pedidos cotidianos. “ChatGPT es medio como un amigo para mucha gente”, dijo.

Claude, el modelo desarrollado por Anthropic, siguió, según su descripción, una orientación más centrada en el ámbito laboral y corporativo. “Vamos a orientarla al trabajo y a las corporaciones”, resumió Vivas al explicar la estrategia que atribuye a la empresa.

Esa diferencia se vincula con una necesidad concreta de las organizaciones: sostener conversaciones extensas sin volver a explicar el contexto en cada intercambio. Para revisar documentos, variables financieras o información de gestión, el sistema debe conservar el hilo de la consulta y responder con mayor consistencia. “Necesitás algo mucho más sólido”, señaló.

En ese terreno, el especialista consideró que Claude logró una presencia relevante entre perfiles tecnológicos y equipos de trabajo. “En el mundo del trabajo, sí, claramente hoy es el líder rotundo”, sostuvo, aunque remarcó que la utilidad de cada plataforma depende de la tarea que se le asigne.

Los modelos no conocen los datos ni los problemas de cada compañía

La herramienta, por sí sola, no conoce la historia comercial de una empresa, el comportamiento de sus clientes ni el funcionamiento de su operación. Ese límite aparece cuando una organización pretende pasar de una consulta general a una decisión vinculada con ventas, logística o atención. “No saben nada de tu empresa”, afirmó Vivas sobre ChatGPT, Claude y otros modelos de lenguaje.

Una pyme puede acumular información en un sistema de gestión, registros de clientes y planillas de cálculo sin que esos datos se conviertan, de manera automática, en conocimiento útil para el negocio. El problema no siempre es la falta de información: muchas veces falta la forma de ordenarla y ponerla a disposición de quienes deciden. “Lo que por ahí no tiene es la capa de explotación de esos datos”, explicó.

Para Vivas, las herramientas de inteligencia artificial pueden colaborar en la lectura de una planilla, en la elaboración de un tablero o en el ordenamiento de grandes volúmenes de datos. Esa asistencia no reemplaza el criterio de quien conoce el negocio. “La técnica de análisis de datos la puede hacer una herramienta”, afirmó.

El escenario que describe es el de un área comercial que recibe alertas antes de que una oportunidad se pierda entre decenas de registros. Un sistema de agentes puede señalar, por ejemplo, qué cliente dejó de comprar o qué producto podría ofrecerse en una próxima conversación. “¿Por qué no le proponés esto?”, ejemplificó Vivas.

Las pruebas de IA chocan con la falta de responsables dentro de las organizaciones

El recorrido entre una prueba inicial y un sistema incorporado al trabajo diario suele encontrar un obstáculo menos visible que la tecnología: la ausencia de alguien que asuma la conducción del proyecto. “Mucha falta de líderes”, dijo Vivas al describir la dificultad que enfrentan las empresas para llevar las pruebas de concepto a producción.

El ingeniero comparó el momento con los primeros años de la transformación digital, cuando muchas compañías advertían la necesidad de cambiar pero todavía no habían integrado las nuevas herramientas a sus procesos centrales. La incorporación de inteligencia artificial, afirmó, todavía se mueve entre ensayos y proyectos acotados. “Todavía no adopción profunda”, reiteró.

En esa etapa, el foco no debería estar puesto en aplicar la misma herramienta a todos los problemas. La empresa necesita determinar qué área tiene datos disponibles, qué proceso demanda tiempo y qué controles requiere cada uso antes de automatizarlo. “Necesitás algo mucho más sólido”, sostuvo Vivas.

Los modelos abiertos pueden reducir costos, pero los datos exigen controles

El costo de utilizar modelos de inteligencia artificial ocupa parte de las conversaciones empresariales, sobre todo cuando el volumen de consultas crece. Vivas cree que la actual preocupación por los tokens —las unidades con las que se mide el procesamiento de texto— perderá peso con el tiempo, como ocurrió con el consumo de datos durante la expansión de las redes 4G. “La lógica de la escasez de la gestión de los tokens para mí va a desaparecer”, afirmó.

En paralelo, mencionó modelos de código abierto como DeepSeek, Kimi y Llama, que pueden descargarse e instalarse en infraestructura propia. Ese esquema permite adaptar herramientas al contexto interno de una compañía y decidir con mayor precisión dónde se procesa la información. “Vos te descargás a tu computadora el modelo de lenguaje”, explicó.

Según Vivas, muchas organizaciones avanzan hacia modelos combinados: reservan los sistemas propios para las tareas internas más frecuentes y recurren a servicios comerciales para consultas que requieren otras capacidades. “El 80% de las transacciones” puede resolverse con modelos propios, afirmó al describir ese tipo de arquitectura.

La conveniencia económica convive con una advertencia de seguridad. Al conectar archivos, planillas o documentos internos a sistemas de IA, las empresas deben definir permisos y verificar qué información queda disponible para cada usuario.

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A pocos días de la elección presidencial, Brasil entra en una recta final marcada por la paridad, la disputa digital y el temor a una escalada institucional. Flávio Bolsonaro e Ignacio Lula da Silva llegan a la votación al frente de campañas que buscan perforar un electorado con posiciones ya consolidadas, mientras el resultado puede redefinir el vínculo de Brasil con la Argentina de Javier Milei.

Ariel Goldstein, sociólogo, magíster en Ciencia Política e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sigue esa pulseada como la expresión de dos proyectos que se miran desde extremos políticos y sociales.

El analista escribió una competencia entre “dos Brasiles” atravesados por intereses territoriales, económicos y religiosos que chocan en las urnas.

Hace apenas diez días, según su lectura, el panorama parecía menos incierto. Ahora, con las encuestas más apretadas y una campaña que aceleró en las redes, Goldstein sostiene que “la elección es mucho más competitiva”. Esa diferencia modifica el cálculo de ambos comandos y vuelve decisiva la capacidad de movilizar a quienes no participaron de la primera vuelta.

Respuestas opuestas sobre el Estado y la seguridad

La distancia entre los candidatos se advierte primero en el lugar que cada uno le asigna al Estado. Bolsonaro propone reducir el gasto público, bajar impuestos y flexibilizar las contrataciones, a la vez que coloca a la seguridad entre sus ejes de campaña. Su programa incluye “endurecer penas y ampliar las cárceles”, según los lineamientos expuestos durante el programa analizado por Goldstein.

La propuesta bolsonarista suma cámaras de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial, con una promesa de mayor control sobre el delito. Al mismo tiempo, plantea conservar el Bolsa Familia, cuyo aumento del 15% comenzó a aplicarse durante la campaña. La convivencia entre ese beneficio social y un discurso de recorte estatal forma parte de una estrategia que, para Goldstein, busca interpelar a sectores con demandas distintas.

Del otro lado, Lula impulsa más inversión pública e industrial, aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y una expansión del Bolsa Familia. El investigador explicó que buena parte de su base electoral procura “proteger lo que ya tiene”, una definición que vincula el apoyo al candidato con la preservación de políticas sociales ya conocidas.

El candidato del Partido de los Trabajadores también propone reducir la jornada laboral sin rebajar salarios y coordinar acciones federales contra el crimen. En esa disputa aparecen dos expectativas contrapuestas: la búsqueda de cambio que identifica Goldstein en una parte del electorado y la defensa de derechos y transferencias sociales que, según planteó, se expresa en la frase “proteger lo que ya tiene”.

La división que atraviesa a Minas Gerais

El mapa electoral expone esa fractura con nitidez. “El nordeste es casi de Lula”, afirmó Goldstein, aunque advirtió que el candidato recibió allí menos respaldo que en elecciones anteriores. La región continúa como un sostén central para el postulante del Partido de los Trabajadores, pero ya no ofrece el mismo margen que en otras contiendas.

Hacia el sur, la ventaja se inclina en favor de Bolsonaro, según la descripción del investigador. También ubicó a Minas Gerais entre los distritos que pueden inclinar la balanza y citó una medición concreta: “43 Lula, 48 Flávio”. En una elección reñida, esa diferencia regional adquiere peso nacional.

Goldstein asoció la segmentación territorial con intereses económicos y afinidades religiosas. “El agronegocio está muy jugado con Flávio Bolsonaro”, señaló, en referencia a uno de los sectores de mayor gravitación en el interior brasileño. En contraste, indicó que los votantes católicos exhibirían una cercanía mayor con Lula.

Las mediciones limitan, además, el margen para los cambios de último momento. “El 80% de la población ya tiene su voto decidido”, afirmó Goldstein. Con esa proporción consolidada, las campañas apuntan menos a persuadir a quienes ya eligieron y más a activar a sus propios simpatizantes antes del domingo.

La campaña apunta a quienes no fueron a votar en la primera vuelta

Lula concentra parte de su esfuerzo en los 33 millones de brasileños que se ausentaron en la primera vuelta. Goldstein introdujo una advertencia ante cualquier lectura lineal de ese universo: “No son 33 millones de votantes de Lula”. La incógnita no es sólo cuántos podrían concurrir, sino hacia dónde se moverían si lo hicieran.

Después de la primera ronda, la campaña del candidato incorporó a dirigentes jóvenes y a gobernadores que obtuvieron buenos desempeños en sus territorios. También activó un grupo de WhatsApp que ronda los cinco millones de integrantes. Para el investigador, esa estructura intenta ampliar la llegada de una fuerza que necesita sostener la movilización sin dar por propio el voto de los ausentes.

El propio Lula modificó su modo de comunicarse en las redes. Goldstein dijo que el candidato, que antes rechazaba esos formatos, “apareció con diez millones de videos selfie cada diez minutos”. Más allá de la hipérbole de la expresión, el señalamiento refiere a una presencia digital mucho más intensa en los días finales.

Una diferencia mínima puede reabrir las dudas sobre el voto electrónico

La tensión no se limita a la campaña ni a la pelea por los indecisos. Goldstein advirtió que una diferencia mínima podría alimentar cuestionamientos al sistema de votación electrónica. “Claramente puede proliferar eso”, sostuvo, al comparar el escenario con la estrategia impulsada por Donald Trump en Estados Unidos.

El antecedente más cercano es la elección de 2022, cuando Lula se impuso por una diferencia de dos millones de votos. Después de ese resultado hubo movilizaciones que reclamaron una intervención militar.

Las iglesias evangélicas sostienen una bancada de diputados

El peso del evangelismo es otro de los factores que explica el escenario brasileño. Goldstein señaló que las iglesias evangélicas crecieron durante décadas y consolidaron representación parlamentaria. “Tenés una bancada evangélica en el Congreso de alrededor de 200 diputados”, afirmó sobre un espacio que excede la práctica religiosa y participa activamente de la competencia política.

Parte de ese universo mantiene un vínculo estrecho con el bolsonarismo, las redes sociales y dirigentes de derecha. “Iglesias evangélicas, redes sociales y bolsonarismo” forman, según la descripción de Goldstein, un alineamiento político capaz de incidir tanto en la circulación de mensajes como en la organización territorial de la campaña.

El resultado también tendrá consecuencias inmediatas en el vínculo con la Argentina. Si vence Bolsonaro, Goldstein prevé un acercamiento más rápido con el gobierno de Javier Milei. “Es un alineamiento mucho más claro entre Milei y Flávio”, afirmó, al ubicar a ambos dirigentes dentro de una misma sintonía política regional.

Una victoria de Lula abriría un escenario diferente, con posibles tensiones diplomáticas y una expectativa de moderación inicial desde Buenos Aires. “Van a tratar de bajar un poco los decibeles del gobierno argentino”, sostuvo Goldstein. La definición del domingo 24 de noviembre, así, no sólo ordenará el poder en Brasil: también marcará el tono de una relación bilateral que ya aparece dentro de la campaña.

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La bandera argentina apareció entre las vallas de la Plaza San Pedro cuando el papamóvil avanzaba frente a los fieles. El papa León levantó el pulgar al pasar junto a ese sector y la secuencia, registrada en una imagen difundida por el Vaticano, quedó ligada a la expectativa por su visita al país prevista para noviembre.

La escena ocurrió durante la mañana del 21 de octubre. La insignia de la República Argentina se distinguía entre el público, a pocos metros del recorrido del pontífice, mientras el vehículo atravesaba la plaza. El movimiento de la mano, breve y visible desde la zona de las vallas, convirtió ese instante en el centro de la filmación.

La cercanía temporal permitió ubicar el gesto en una jornada atravesada por las versiones sobre el próximo viaje papal y por el seguimiento de cada señal que pudiera vincularse con la Argentina.

León no hizo una referencia verbal a la bandera ni al eventual itinerario. La lectura del episodio surgió en Infobae Al Amanecer tras observar la coincidencia entre la dirección de su mirada, el movimiento de la mano y la ubicación del emblema nacional detrás de las vallas, en un tramo habitual de su recorrido por la plaza.

La secuencia dura pocos segundos, aunque permite seguir el trayecto del papamóvil por la Plaza San Pedro hasta el momento en que el pontífice eleva el pulgar. La bandera argentina permanece visible en el fondo durante el paso del vehículo, entre los peregrinos que esperaban su saludo.

La relación entre ambos elementos convirtió un detalle del recorrido en un mensaje interpretado por muchos como un saludo a los argentinos presentes.

La imagen fue entendida además como una respuesta afirmativa, aunque no existe una confirmación oficial que vincule el gesto con el viaje. La expectativa previa fue el marco de esa interpretación, que se sostuvo en la cercanía entre la escena y las novedades logísticas conocidas durante los últimos días.

El 8 de noviembre aparece como el inicio previsto para la visita, todavía sujeto a las definiciones formales de la agenda y a la comunicación oficial de los detalles del itinerario.

La visita del Papa al país

El aval médico, la continuidad de las tareas del Vaticano y el próximo arribo de una nueva delegación a Buenos Aires reactivaron las expectativas sobre la visita de León XIV. Aunque la gira todavía no fue confirmada de manera oficial, los equipos argentinos sostienen el cronograma previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

La evaluación posterior a la operación permitió que el pontífice recibiera el alta y regresara al Vaticano, donde retomará de manera gradual sus actividades públicas. La evolución clínica favorable despejó parte de las dudas que habían surgido durante los días de internación y mantuvo en marcha la organización del recorrido sudamericano.

En paralelo, la Santa Sede conserva las previsiones administrativas para las escalas en Uruguay, Argentina y Perú. En Buenos Aires, el programa incluye actividades oficiales, encuentros con distintos sectores, celebraciones religiosas y traslados a Claypole, Córdoba y Luján, con participación de áreas nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticas.

De todos modos, la decisión final seguirá en manos del Vaticano y dependerá de la evolución del Papa en los próximos días. La exigencia de los vuelos, los actos multitudinarios y las escalas de la gira obligan a mantener la cautela hasta que la Santa Sede defina si León XIV está en condiciones de cumplir el viaje en las fechas previstas.

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La reaparición pública del papa León XIV en la audiencia general de la Plaza de San Pedro volvió a poner en primer plano la evolución de su recuperación y el futuro inmediato de la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú. Desde Roma, monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, habló de la eventual visita del papa León XIV a la Argentina, pero ubicó en el centro de su mensaje las urgencias sociales que atraviesan al país

En una jornada en la que el Congreso debate asuntos vinculados con la discapacidad, el prelado reclamó diálogo, consensos y políticas públicas frente a problemas que definió como dramáticos, entre ellos la atención a las personas más frágiles, la educación y la precariedad laboral.

“Nos falta posibilidad de diálogo y de búsqueda de consensos en torno a situaciones que son dramáticas, particularmente”, afirmó Lozano al describir el escenario nacional. Desde la capital italiana, el arzobispo señaló en Infobae Al Amanecer que la discusión sobre discapacidad ocupa un lugar central y pidió que las decisiones públicas no pierdan de vista a las personas y familias alcanzadas por esas medidas.

La discapacidad entre las urgencias que requieren consenso

“Lo que hace, por ejemplo, a la discapacidad es algo central”, sostuvo el arzobispo. El pronunciamiento se produce mientras el Congreso aborda el tema y en un contexto de reclamos de familias, prestadores e instituciones por la continuidad y el alcance de las políticas de asistencia e inclusión.

Lozano dijo que la Conferencia Episcopal Argentina viene siguiendo la situación y recordó que la institución emitió dos declaraciones al respecto. “Nosotros como Conferencia Episcopal hemos hecho un par de declaraciones. Yo justo estaba ya por viajar, una reunión que convocó alguno de los ministerios a un par de obispos de la Conferencia Episcopal que están trabajando en esta área. Así que nosotros estamos siguiendo con mucha atención y preocupación el desarrollo de estas cuestiones legales”, dijo en Infobae.

Y agregó que, en su opinión, “afectan de forma particular a personas en todo el país. Nosotros en la provincia de San Juan estamos también siguiendo con atención lo que sucede, porque nos afecta de una manera muy directa, tanto en el servicio directo a las personas en la salud, como en lo que hace a la educación, a la inclusión educativa, a las posibilidades de brindarles una calidad de vida mejor, no solo, insisto, en el ámbito de la salud, que es primordial, sino también en el poder acceder a bienes culturales, a bienes educativos. Y esto requiere de políticas públicas que estén debidamente diseñadas y apoyadas”, precisó.

El arzobispo relató que el encuentro se produjo poco antes de su viaje a Roma y que la preocupación de la Iglesia se concentra en el efecto concreto de las definiciones legales y administrativas.

Investigar irregularidades sin estigmatizar a quienes necesitan asistencia

Lozano diferenció el control de eventuales delitos de cualquier decisión que derive en una sospecha generalizada sobre un sector atravesado por situaciones de vulnerabilidad. “Si hay delito, si hay corrupción, tiene que corregirse y tiene que haber la sanción penal que corresponda a los delitos que se cometan. Pero que esto no implique generalizar conductas que no lo son”, manifestó

El arzobispo describió la realidad de muchas familias que deben resolver a diario tratamientos, traslados, acompañamientos e inclusión educativa. “Hay gente que realmente sufre y padece una situación muy dura en el seno familiar o en el ámbito de una comunidad educativa. Entonces, hay que tener también esta actitud de cuidado y respeto por los que son más débiles y que de eso nos tenemos que hacer cargo entre todos”, sostuvo Lozano, al asignar una responsabilidad compartida al Estado y a la sociedad.

“Y estigmatizar un grupo que además tiene esta situación de vulnerabilidad es una experiencia que a mí particularmente me duele mucho y es algo que tenemos que ver cómo acompañar de una manera adecuada”, manifestó. Para el prelado, la discusión pública debe evitar que las personas con discapacidad y sus familias queden expuestas a señalamientos que profundicen sus dificultades.

La educación, advirtió, condiciona a los sectores con menos recursos

Después de mencionar la discapacidad como uno de los asuntos centrales, Lozano incluyó a la educación entre las áreas que necesitan acuerdos de fondo. “Lo que hace a la educación y los recursos que se dedican o que se desvían o se dedican a educación, eso produce también situaciones de atraso”, afirmó.

El arzobispo sostuvo que el deterioro de las condiciones educativas tiene consecuencias que se distribuyen de manera desigual. “Pueden llegar a perjudicar especialmente a los sectores más pobres, más vulnerables”, dijo, y vinculó la disponibilidad de recursos con las oportunidades futuras de niños y jóvenes.

La referencia a la educación también apareció dentro de su planteo sobre discapacidad. “En la salud, como en lo que hace a la educación, a la inclusión educativa”, señaló Lozano al repasar los campos en los que, según explicó, las decisiones estatales inciden de modo directo sobre la vida de las personas.

Para el arzobispo, garantizar el acceso a propuestas educativas y culturales forma parte de una política de inclusión más amplia. “El poder acceder a bienes culturales, a bienes educativos” es una condición que debe estar contemplada junto a la atención sanitaria, insistió.

El último reclamo del arzobispo estuvo dirigido al Senado, donde pidió que avance un proyecto sobre ludopatía antes de que pierda vigencia parlamentaria. “Está casi por perder estado parlamentario porque está cajoneada. Porque pisa intereses económicos. Entonces, en esto creo que también yo me sumo a la pastoral social de la Conferencia Episcopal Argentina para pedir, por favor, que no se caiga su estado parlamentario”, apuntó el arzobispo.

Lozano alertó sobre el avance de la precariedad laboral

El tercer punto de su diagnóstico fue la situación del empleo. “Otra de las situaciones que también tenemos que tener en cuenta es la profundización de la precariedad laboral”, afirmó el arzobispo al enumerar las problemáticas que requieren diálogo y búsqueda de consensos.

Lozano advirtió que la precariedad laboral no solo afecta los ingresos de una persona en el presente, sino que priva de derechos que se vuelven decisivos ante una enfermedad, una licencia o el retiro. “Es algo que genera una injusticia en el presente”, sostuvo.

El problema, explicó, se extiende hacia el futuro de quienes no cuentan con una relación de empleo registrada ni con coberturas asociadas al trabajo formal. “Una situación de precariedad que se va a trasladar a la hora en que la persona se enferma o que no tiene vacaciones o no tiene una seguridad respecto de su jubilación en un futuro”, describió.

La Iglesia, señaló, toma como referencia los informes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que sigue la evolución de los indicadores sociales desde hace casi 30 años. “Es un observatorio que ha mantenido un esquema de trabajo y una transparencia en cualquier función pública y con los gobiernos de los diversos signos políticos de las últimas décadas”, afirmó.

Según Lozano, esos estudios no siempre son recibidos con conformidad por quienes están al frente de los gobiernos. “Estos informes no siempre han sido bien recibidos por quienes están en el gobierno. A veces porque preocupan, otras porque no se sabe cómo encontrar respuesta”, expresó.

El arzobispo sostuvo que los datos permiten advertir una modificación de las condiciones laborales. “Hay un crecimiento en la informalidad laboral y una pérdida de trabajos formales”, afirmó, al referirse a los relevamientos y análisis que siguen esas tendencias.

“Más allá de que guste o no guste a algunos funcionarios, lo que tenemos que hacer es ver cómo enfrentar la realidad y de qué manera acompañar estas situaciones”, planteó. Para Lozano, los consensos que reclama deben partir de ese diagnóstico y contemplar las consecuencias de la informalidad sobre la vida cotidiana y la seguridad social.

La fragilidad y la dignidad humana, bajo la mirada del Papa

Las reflexiones sobre discapacidad se enlazaron con la próxima actividad pública de León XIV y con su anunciada visita a un cotolengo de Don Orione. Consultado por la presencia del Pontífice en ese espacio en un contexto de ajustes sobre sectores como la discapacidad, Lozano destacó el sentido que puede tener ese gesto.

“A mí me parece que una de las cosas que él está enseñando es tener en cuenta la fragilidad y que no todos tenemos por qué rendir lo mismo”, sostuvo. Según el arzobispo, el Papa advirtió en una encíclica reciente sobre los riesgos de una lógica que mida a las personas por la eficiencia y la velocidad. Hay gente que va más despacio, gente que no es productiva y que tiene la misma dignidad que toda persona. Y entonces, la dignidad humana en el centro y en un lugar donde la fragilidad se recibe, se acoge, se trata con delicadeza y ternura, él nos mostrará, estando en este lugar, cómo son las actitudes no solo cristianas desde la fe, sino también desde una inclusión en la vida de la sociedad, de todas las personas y esto como una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado. No solo de las familias o los más cercanos, sino de la sociedad en su conjunto

“Tenemos que cuidarnos de que no nos lleve puesto un paradigma tecnocrático que exalta la eficiencia y la rapidez por encima de todo”, afirmó Lozano. La advertencia, añadió, permite discutir qué criterios guían la organización social y las decisiones sobre las personas que necesitan mayores apoyos.

“Hay gente que va más despacio, gente que no es productiva y que tiene la misma dignidad que toda persona. Y entonces, la dignidad humana en el centro y en un lugar donde la fragilidad se recibe, se acoge, se trata con delicadeza y ternura, él nos mostrará, estando en este lugar, cómo son las actitudes no solo cristianas desde la fe, sino también desde una inclusión en la vida de la sociedad, de todas las personas y esto como una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado”, explicó.

En continuidad afirmó que no se trata “solo de las familias o los más cercanos, sino de la sociedad en su conjunto”. Para el prelado, la visita al Cottolengo puede funcionar como una señal sobre el lugar que deben ocupar las personas con discapacidad y quienes atraviesan situaciones de fragilidad.

“El Papa nos mostrará, estando en este lugar, cómo son las actitudes no solo cristianas desde la fe, sino también desde una inclusión en la vida de la sociedad, de todas las personas”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la respuesta no debe quedar limitada a una práctica religiosa: “Esto como una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado”.

La aparicón pública del Papa tras la operación

Desde Roma, monseñor Jorge Lozano, siguió por televisión una audiencia que, según contó en Infobae Al Amanecer, le dejó una impresión tranquilizadora. “Yo quería observar particularmente sus movimientos, porque estar sentado puede estar cualquier persona, pero los movimientos que él hacía levantando la mano para bendecir, arrimando algún niño para poder darle un beso, bendecirlo. Fue un paseo en el Papamóvil bastante extenso”, indicó y afirmó: “Yo lo vi realmente muy bien”.

Radio Vaticana informó que participaron cerca de 30 mil peregrinos y, de acuerdo con el arzobispo, el pontífice se tomó tiempo para encontrarse con obispos y otras personas que estaban próximas a él: los saludó “uno por uno”.

Para Lozano, lo que ocurrió en la Plaza de San Pedro permitió comparar la actividad actual con las catequesis que el Papa encabezaba antes de la operación. “Antes de la cirugía se lo veía muy bien. Él mostró mucho entusiasmo”, dijo.

El monseñor solicitó la audiencia con el Papa con tres meses de anticipación. “Iba sobre todo para ponerle al tanto de algunas actividades que estamos haciendo en San Juan y para conversar un poco con él. Y la inminencia de la visita a Uruguay, Argentina y Perú, hizo que parte de los temas también tuvieran que ver con eso”, comentó.

En este sentido, el arzobispo indicó que “se lo notaba muy entusiasmado y en ningún momento dejó entrever posibilidad de modificación. De todos modos, eso dependerá ahora de cómo continúe su evolución y entiendo, que en los próximos días confirmará la agenda o propondrán algún cambio dentro de las actividades o lo que los médicos también le puedan indicar de acuerdo a lo que es la evolución en su recuperación”.

El sacerdote sostuvo que la visita del Sumo Pontífice ayudará a “crecer en el compromiso con el bien común y en la atención a los más frágiles, a los más pequeños”. Respecto a ello precisó que “en los países que ha ido visitando hace un llamado a la paz, a la búsqueda de la justicia y del bien común. Hay un mensaje casi permanente en él que tiene de que se puedan tender puentes en lugar de construir muros, como enseñaba el papa Francisco”.

Argentina, Uruguay y Perú ponen la salud del pontífice por delante de la agenda

Las comunidades católicas que esperan al Papa comparten, según el arzobispo, un mismo criterio ante la cercanía del viaje. “Lo que queremos, como Iglesia en los tres países, es privilegiar la salud del Papa”, expresó sobre una agenda que genera expectativa, pero que no debería condicionar el cuidado del pontífice.

En esa línea, Lozano planteó que una visita pastoral no puede convertirse en un factor que complique el proceso médico. “Que él se pueda recuperar bien y que entonces la visita pastoral no sea poner en riesgo su recuperación”, dijo al resumir la preocupación que, aseguró, atraviesa a las iglesias de los países incluidos en la gira.

La voluntad de León XIV de conservar el itinerario está presente, insistió el arzobispo, quien citó además al vocero de la sala de prensa vaticana. “Él tiene mucho deseo”, señaló sobre el interés del Papa por mantener el contacto con las comunidades de Uruguay, Argentina y Perú.

Pero entre el deseo y la decisión final hay una instancia ineludible: la recomendación de quienes siguen de cerca su estado de salud. “Una cosa es el deseo que él tiene y otra será después cómo eso se compensa” con las sugerencias médicas, advirtió Lozano.

Si la visita se concreta, el Papa llegará a una Argentina de la que ya recibió información tanto social como eclesial. La presidencia de la Conferencia Episcopal le transmitió datos sobre el país y sobre la expectativa que despierta su llegada, un panorama que podría nutrir sus intervenciones durante la eventual gira. El arzobispo consideró que puede ofrecer “palabras de aliento en la tarea misionera”.

También cree que el paso de León XIV por el país puede reforzar compromisos que atraviesan a la Iglesia y a la sociedad. En particular, mencionó la necesidad de trabajar por “el bien común y en la atención a los más frágiles”, dos ejes que vinculó con el tipo de mensaje que el pontífice suele llevar en sus viajes.

El llamado del Papa apunta a la paz, la justicia y el bien común

Al hablar de los mensajes que podría dejar una visita papal, Lozano mencionó “un llamado a la paz, a la búsqueda de la justicia y del bien común”. La referencia se inscribe, dijo, en una mirada que busca intervenir en los conflictos sociales sin perder de vista a quienes padecen con mayor intensidad sus consecuencias.

Hay una expresión de León XIV que el arzobispo destacó especialmente: “desarmar las palabras”. Con esa fórmula, explicó, el Papa propone revisar la violencia presente en el lenguaje público y privado, y evitar expresiones que hieren o profundizan distancias.

La imagen contrasta dos maneras de construir la convivencia. Se trata, indicó Lozano, de promover vínculos que permitan “tender puentes en lugar de construir muros”, una idea que asoció con la búsqueda de diálogo en sociedades atravesadas por desacuerdos y tensiones.

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La discusión por el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a quedar expuesta este martes tras un sorpresivo paro de subtes. Empresas de colectivos y la Secretaría de Transporte mantuvieron una reunión a fin de llegar a un acuerdo.

Sobre la mesa quedaron una deuda estimada en $40.000 millones, los subsidios que las compañías reclaman para sostener sus operaciones y un servicio que los pasajeros perciben cada vez más caro y con menos frecuencias.

Laureano Bello, integrante de Ciudad de Bondis, precisó en Infobae Al Mediodía que “tenemos una de las tarifas más caras en relación al salario mínimo”, señaló, al describir el peso que adquiere el transporte para quienes necesitan encadenar dos o tres combinaciones para llegar al trabajo o regresar a sus casas.

El problema no se agota en el valor que figura en la SUBE. Detrás de cada aumento aparece el desajuste entre los gastos operativos de las empresas, las compensaciones que reciben y el poder de compra de los usuarios.

Bello advirtió que, si el sueldo no acompaña el ritmo de las subas, el acceso mismo al servicio queda comprometido: “Si no te aumenta más el salario a vos, empleado, a vos pasajero, no vas a llegar prácticamente”.

Las empresas calculan un boleto de hasta $2.500 sin subsidios

El reclamo empresario se apoya en una cuenta que, según explicó Bello, ya no cierra con la tarifa actual. “No pueden cubrir más los costos con una tarifa técnica de más o menos mil seiscientos, mil setecientos pesos”, dijo sobre la situación de las líneas que operan en el AMBA, donde los subsidios siguen siendo una pieza central para el funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con los cálculos que atribuyó a las compañías, el precio que debería pagar el pasajero sin asistencia estatal sería bastante más alto. “Para ellos debería estar a dos mil trescientos a dos mil quinientos”, afirmó Bello sobre un boleto que, en ese escenario, se ubicaría entre $ 2.300 y $ 2.500.

Los números de los últimos años dan dimensión a esa discusión. Datos expuestos en el programa y atribuidos al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que el boleto nacional pasó de $53 en noviembre de 2023 a $743 en octubre de 2026, una suba nominal de 1.300%. En ese contexto, Bello sostuvo que el límite está puesto por el bolsillo: “Tenemos una de las tarifas más caras en relación al salario mínimo”.

La escalada tuvo matices según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa de colectivos pasó de $53 a $920,48 en el mismo período; en la provincia de Buenos Aires, llegó a $1.215, con un aumento nominal de 2.194%. “Si no te aumenta más el salario a vos, empleado, a vos pasajero, no vas a llegar prácticamente”, insistió el integrante de Ciudad de Bondis.

Menos pasajeros no significaron viajes menos cargados

En las paradas y dentro de las unidades, el efecto de esa pérdida de poder adquisitivo no siempre se traduce en colectivos vacíos. Bello aseguró que la cantidad de pasajeros cayó, aunque esa merma no modificó demasiado la experiencia de viaje. “Ha bajado, pero no se nota en el viaje”, afirmó.

La explicación, según el entrevistado, está en los recortes operativos que implementan las empresas para afrontar sus propios costos. “Hay menos frecuencia. Entonces, todos viajamos más apretados”, describió sobre lo que ocurre en los horarios de mayor demanda, cuando menos unidades deben absorber una demanda que se mantiene concentrada.

Para Bello, esa estrategia puede profundizar el deterioro del sistema porque combina incrementos tarifarios con una prestación menos atractiva. “Si aumentan las tarifas, si hay un peor servicio y aparte no vas renovando la flota, el pasajero lo terminás desalentando a viajar”, señaló al referirse a las consecuencias de reducir frecuencias y postergar la renovación de los coches.

Esa búsqueda de alternativas ya aparece en las decisiones cotidianas de algunos usuarios. Bicicletas, traslados compartidos y aplicaciones de viajes forman parte de las opciones para recortar gastos, en particular cuando el trayecto exige varios boletos. “Por ahí entre cuatro viajan en un Uber como para ir achicando costos”, explicó el miembro de Ciudad de Bondis.

Del lado de las empresas, la estructura de costos tiene componentes que no dependen de la tarifa ni de la cantidad de pasajeros. “La principal variable es el combustible”, sostuvo Bello, quien también incluyó entre las presiones a los repuestos, los neumáticos y el mantenimiento de las unidades.

La división entre Nación, Ciudad y Provincia

La discusión tarifaria atraviesa además un sistema dividido entre las líneas bajo jurisdicción de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Para Bello, la falta de una política común traslada la descoordinación a quienes se mueven a diario por el área metropolitana: “Terminas viendo una desintegración porque no se piensa en el transporte de forma metropolitana”.

Esa fragmentación también se advierte en los descuentos para combinar servicios. El entrevistado mencionó la ausencia de beneficios de la Red SUBE para algunos trasbordos dentro de la provincia y remarcó que el problema pesa sobre quienes cruzan de un distrito a otro. “Mucho del que viene de provincia a ciudad tiene que combinar”, dijo sobre el costo acumulado de esos recorridos.

Las diferencias, de todos modos, no son iguales para todas las compañías. Bello distinguió entre los grandes grupos y las firmas de menor escala: “Una cosa es un grupo empresario como DOTA, Metropol o Misión Buenos Aires, otra cosa es una empresa pequeña”.

En esa asimetría ubicó una de las claves para entender la situación de las líneas más chicas, con menor capacidad para absorber aumentos de costos, demoras en pagos o una baja de pasajeros.

Mejoras en las compensaciones a las empresas de colectivos

En la reunión de este martes, el Gobierno nacional presentó una serie de medidas para mejorar las compensaciones que reciben las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La propuesta contempla una actualización de la estructura de costos desde octubre, ajustes progresivos para acompañar los gastos operativos y cambios en los mecanismos de cálculo de los pagos. El objetivo es brindar mayor previsibilidad financiera a las compañías y garantizar la continuidad del servicio de transporte público.

Durante una reunión con representantes de las cámaras empresarias, la Secretaría de Transporte también propuso regularizar en tres cuotas las diferencias de recaudación que reclama el sector.

Además, anunció modificaciones vinculadas con los costos laborales, la seguridad y las previsiones salariales para los próximos meses. Según el Gobierno, las medidas buscan mejorar las condiciones económicas de prestación del servicio sin que cada incremento de costos se traduzca necesariamente en una nueva suba del boleto.

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En muchas casas, la escena se repite entre horarios escolares extendidos, actividades deportivas, comidas frente a una pantalla y noches con poco descanso. En ese ritmo cotidiano, la presión sobre niños puede confundirse con un trastorno, aunque detrás haya señales de sobrecarga que los adultos no siempre advierten.

Florencia Sanabria, psiquiatra infantil, pediatra y autora de Niños bajo presión: El estrés infantil disfrazado de trastorno sostuvo en Infobae A las Nueve que antes de buscar una explicación clínica a una conducta, conviene detenerse en las condiciones en las que transcurre la vida de cada chico: “Hay que empezar a observarlos un poquito más”.

El estrés infantil detrás de rutinas exigentes

La jornada no termina necesariamente cuando termina la escuela. Para algunos niños, continúan las clases de idiomas, el deporte, las tareas y una agenda que deja poco margen para el descanso. Sanabria advirtió que esa suma de demandas puede derivar en “un síndrome de agotamiento que se llama burnout infantil”.

La especialista propuso mirar la “funcionalidad” de cada niño, es decir, el vínculo entre “la sobrecarga y el potencial que tiene cada niño”. Bajo ese criterio, una misma exigencia no produce el mismo efecto en todos: “Hay niños que están preparados para doble escolaridad, hay otros que no la soportan”.

En ese punto, ubicó buena parte de la presión en expectativas que nacen fuera de la escuela y se trasladan a los chicos. Las metas académicas, los deportes y la necesidad de cumplir con determinados modelos de rendimiento pueden responder, según dijo, a “ciertos estándares en la sociedad”.

La psiquiatra sostuvo que esa carga atraviesa distintos sectores sociales, aunque observó una mayor intensidad en familias de clase media y alta. “Es una cuestión generalizada”, afirmó, al describir una dinámica en la que “todos los padres buscan el bilingüismo, la doble jornada”.

La evaluación individual puede evitar etiquetas apresuradas

Para Sanabria, el problema aparece cuando se analiza una conducta aislada sin revisar primero el contexto, los horarios, el descanso y la capacidad de respuesta de cada paciente. “Muchos terminan con etiquetas apresuradas o diagnósticos” que no toman en cuenta esa disponibilidad, señaló.

Esa mirada, explicó, debe incluir aspectos cotidianos que a veces quedan relegados en la consulta. El descanso, la alimentación, la cantidad de estímulos y el clima familiar ofrecen datos para entender qué le ocurre a un niño, porque “hay que empezar a observarlos un poquito más”.

También cuestionó la distancia entre la presencia física de los adultos y la posibilidad real de acompañar emocionalmente a sus hijos. “Estamos físicamente presentes en la vida de nuestros hijos, pero no emocionalmente disponibles”, afirmó al referirse al tiempo compartido dentro de las familias.

Las pantallas aparecen desde los primeros meses de vida

La irrupción de los dispositivos forma parte de ese entorno que, según la médica, requiere una revisión. Sanabria afirmó que en algunas familias las pantallas se incorporan cuando los bebés todavía tienen pocos meses: “Estamos hablando de seis meses muchas veces”.

El recurso suele aparecer durante la alimentación o como una forma de calmar al niño. “Muchas madres lo utilizan para distraerlos” y darles comida, sostuvo la autora, quien planteó que esa práctica puede instalarse antes de que los chicos desarrollen otras formas de regulación.

La consulta también puede revelar un choque entre los tiempos adultos y los tiempos de la primera infancia. Al referirse a un niño pequeño, Sanabria describió una conducta esperable que no debería leerse de inmediato como un problema: “Tiene un año y medio, se va a parar, va a querer caminar”.

La pediatra incluyó la alimentación dentro de esa evaluación más amplia y cuestionó la incorporación temprana de productos procesados y azúcares. “Hay que empezar a observarlos un poquito más”, reiteró al señalar que los hábitos cotidianos también forman parte del desarrollo.

Al hablar de alteraciones gastrointestinales en niños, citó una revisión de la Academia Americana de Pediatría y dijo que, entre los casos de problemas del desarrollo detectados, “más o menos un 90% de los niños tenían problemas gastrointestinales”.

Medicación en edades tempranas

La autora de Niños bajo presión: El estrés infantil disfrazado de trastorno pidió revisar las respuestas farmacológicas ante dificultades de conducta, sobre todo durante los primeros años. “Tratemos de frenar un poquito los psicofármacos a temprana edad”, expresó.

Según explicó, algunas indicaciones aparecen frente a crisis de frustración que forman parte del desarrollo y requieren acompañamiento adulto. En menores de seis años, remarcó, la corteza prefrontal todavía se encuentra en maduración: “Se va a frustrar”.

El desafío, planteó, es sostener esos momentos sin convertir de inmediato una reacción infantil en motivo de medicación. “Hay que aprender como adultos a regular ese niño, pero no desde la psicofarmacología”, afirmó.

Sanabria dijo haber atendido a niños de tres y cuatro años que recibían antipsicóticos. Al referirse a los criterios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), sostuvo: “La FDA justamente dice que los antipsicóticos, por ejemplo, son para mayores de seis años”.

La médica agregó que esos fármacos pueden incidir en el metabolismo, el apetito y el sistema gastrointestinal. “Modifican niveles lipídicos, hacen resistencia a la insulina”, dijo al enumerar posibles efectos.

Reconocer los límites de cada niño

Para la especialista, la disponibilidad emocional no se reduce a estar cerca, sino que supone registrar las necesidades concretas de los chicos y ayudarlos a transitar sus emociones. “No se sueltan las obligaciones de estar disponible emocionalmente para ese niño”, afirmó.

Desde esa perspectiva, la sobrecarga no se mide únicamente por la cantidad de horas de escuela o actividades. También depende de cómo cada niño responde a ese ritmo y de si encuentra adultos capaces de acompañarlo: “Hay niños que están preparados para doble escolaridad, hay otros que no la soportan”.

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La discusión sobre la escuela argentina suele comenzar por la cobertura, la asistencia y los resultados, pero detrás de esas cifras aparece una condición que atraviesa el sistema: la calidad educativa depende también de los recursos y de las condiciones para enseñar. La incorporación de más estudiantes amplió, al mismo tiempo, las demandas que recaen sobre las escuelas y puso el foco en la vida cotidiana de las aulas.

Para la analista María Migliore, esa tensión atraviesa el trabajo de docentes y directivos desde hace años. Mientras a la escuela se le asignan responsabilidades pedagógicas y sociales cada vez más amplias, “el salario real cayó en las veinticuatro provincias” entre 2013 y 2024, advirtió en Infobae A las Nueve.

La escena que describe Migliore no se limita al momento de la clase. En las aulas conviven las distracciones que generan los dispositivos, conflictos de convivencia, situaciones de pobreza y demandas de las familias; una acumulación de tareas que, según planteó, modifica el oficio docente. “Al docente no solo le pedimos: enseñá bien matemática”, afirmó.

El tiempo que los docentes destinan a cada escuela

El punto de partida, según la analista, son los ingresos. Con remuneraciones insuficientes, sostuvo, se vuelve más difícil que los maestros se formen, permanezcan en una misma institución y dispongan de tiempo para acompañar a sus alumnos. “Queremos que los chicos aprendan más, pero no estamos dispuestos a garantizar las condiciones”, dijo.

Migliore señaló que, según la provincia, un docente sin antigüedad puede no llegar a un salario básico de un millón de pesos. La distancia entre ese ingreso y el volumen de obligaciones que enfrenta fue uno de los ejes de su planteo: “Lo que les exigimos es muchísimo”.

Esa presión también se refleja en la organización del trabajo. “Aproximadamente el 30% de los docentes de nivel primario trabaja en más de una escuela”, indicó Migliore, una proporción que contrastó con el 11% del promedio regional.

Para la analista, la multiplicidad de cargos tiene consecuencias sobre la continuidad de los equipos y, por lo tanto, sobre el aprendizaje. “En nivel primario necesitás un docente fijo que tenga más tiempo disponible”, sostuvo al defender la necesidad de reforzar la permanencia en cada establecimiento.

El planteo, sostuvo, no puede separarse de la asignación de recursos. “La educación de mayor calidad sale plata y hay que invertir en esto”, afirmó Migliore, aunque remarcó que un incremento de fondos necesita criterios claros y una planificación que defina dónde se destinan.

Trayectorias escolares intermitentes

La Argentina logró una cobertura educativa superior al 90%, recordó la analista al comparar esa situación con la de otros países de América Latina. “Fue un primer paso”, dijo, pero consideró que el acceso debe estar acompañado por condiciones que sostengan la enseñanza y el aprendizaje dentro de las escuelas.

La mayor preocupación aparece, según Migliore, en la secundaria, donde hay estudiantes que entran y salen del sistema sin que esa discontinuidad siempre quede registrada. “Estamos seguros que hay un subregistro”, señaló al referirse a los jóvenes que dejan de asistir de manera intermitente.

El problema continúa después del egreso. Terminar la secundaria, advirtió, no garantiza el ingreso a un empleo formal ni una mejora automática de las oportunidades laborales. “Un chico que termina la secundaria no necesariamente accede a un mejor trabajo”, explicó, en referencia a quienes luego encuentran ocupaciones informales.

Esa brecha afecta una de las expectativas históricas asociadas a la escuela. Cuando el título no abre el acceso esperado al trabajo, “esa promesa se va rompiendo”, expresó Migliore, al describir el deterioro de la idea de movilidad social vinculada a la educación.

Aun con ese diagnóstico, la analista ubicó a la escuela entre las instituciones que conservan mayor reconocimiento. “Sigue siendo de las pocas instituciones en las que todos creemos en la Argentina”, afirmó, y consideró que esa confianza ofrece un punto de apoyo para diseñar políticas de fortalecimiento del sistema.

Parte de la respuesta, propuso Migliore, está en que las escuelas no deban enfrentar solas los problemas sociales que atraviesan a los estudiantes. Al referirse a instituciones con mejores niveles de terminalidad, señaló que “tienen gabinetes que acompañan los problemas sociales”. La presencia de esos equipos permitiría que docentes y directivos concentren su tarea en lo pedagógico.

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Las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza volvieron a tomar forma en medio de la discusión sobre el rumbo económico y las próximas elecciones presidenciales. Aunque el diálogo recién comienza y no hay definiciones electorales, en ambos espacios aparece una condición que ordena la negociación: un programa de gobierno para los próximos cuatro años.

La legisladora por el PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Silvia Lospennato sostuvo que el eventual entendimiento con La Libertad Avanza deberá ir más allá de una ingeniería electoral. “Las alianzas se tienen que hacer en base a un programa compartido”, dijo en Infobae Al Amanecer, con la mirada puesta en los puntos de coincidencia y en las diferencias que aún persisten sobre ingresos, empleo y medidas nacionales.

Para Lospennato, la discusión tiene una dimensión política y otra de confianza entre los espacios. “El punto más importante es saber qué vamos a hacer los próximos cuatro años en la Argentina”, expresó al describir una mesa de diálogo que, según planteó, debe recuperar previsibilidad antes de resolver un formato electoral.

La legisladora remarcó que el acuerdo, si prospera, debería comprometer a las estructuras partidarias y no limitarse a entendimientos personales. “El acuerdo debería ser entre los partidos políticos”, sostuvo, aunque admitió que sería llamativo que los principales referentes de ambas fuerzas no mantuvieran contacto.

En ese marco, Lospennato se refirió a la relación entre el expresidente Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, que atravesó momentos de distancia. “Eso parece que enfrió la relación”, afirmó al aludir a los cuestionamientos que surgieron por un cambio en el Gabinete nacional.

El PRO condiciona un acuerdo a una agenda común de gobierno

El PRO acompaña parte del rumbo económico del Gobierno nacional, pero pretende incorporar correcciones en una eventual agenda compartida. “Queremos que ese sacrificio no se desperdicie volviendo para atrás”, dijo Lospennato al referirse a las medidas aplicadas por la administración actual y a la necesidad de sostener sus resultados.

La discusión interna, según describió, incluye los efectos del ajuste sobre los hogares y los sectores que todavía no perciben una mejora. “La clase media, la clase trabajadora, tiene una cantidad de desafíos todavía por delante”, afirmó la legisladora porteña, al marcar que el ordenamiento de las variables macroeconómicas no resolvió todas las dificultades cotidianas.

En particular, Lospennato mencionó el empleo, los salarios y el ingreso disponible como asuntos pendientes de la economía argentina. “Acomodar la economía implicó un cambio de precios relativos”, explicó, en referencia al peso que ganaron los servicios y el transporte en los presupuestos familiares.

La dirigente rechazó, a la vez, una lectura literal sobre la expresión de llegar a fin de mes y la vinculó con una experiencia más amplia de los hogares.

También sostuvo que los indicadores muestran un deterioro del dinero que queda disponible luego de pagar consumos esenciales. “Hay un reajuste de precios relativos, hay un salario disponible en general menor”, afirmó Lospennato, quien pidió atender ese escenario sin alterar el equilibrio fiscal.

En esa búsqueda, señaló a la industria y a la construcción entre las actividades que quedaron más rezagadas. “La industria, la construcción”, respondió al enumerar los sectores que, a su criterio, requieren medidas para no quedar al margen del ritmo de crecimiento.

La legisladora puso un límite a las herramientas que podrían discutirse dentro de una agenda común entre el PRO y La Libertad Avanza. “No se hace volver a un modelo de despilfarro fiscal”, afirmó, al descartar iniciativas que impliquen desequilibrio en las cuentas públicas o emisión monetaria.

La mudanza de la cárcel de Devoto y la demanda de los hospitales porteños

Mientras seguía el debate nacional, Lospennato destacó una de las prioridades de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad: el traslado de la cárcel de Devoto. “Realmente es un hito para la ciudad de Buenos Aires”, afirmó sobre la mudanza del establecimiento penitenciario y su impacto previsto para el barrio.

La legisladora explicó que la Ciudad de Buenos Aires construyó una cárcel en Marcos Paz para hacer posible el traslado de los detenidos. “La ciudad de Buenos Aires construyó Marcos Paz para poder transferírselo al Gobierno Nacional”, dijo, al referirse a la infraestructura levantada para ese fin.

Según su relato, los trabajos habían quedado detenidos luego de la reducción de recursos coparticipables que recibió la administración porteña. “Jorge Macri decidió terminar esto porque era prioritario para el barrio de Devoto”, sostuvo Lospennato sobre la decisión de completar la obra.

La salud pública fue otro de los temas de la entrevista. La dirigente afirmó que los hospitales de la Ciudad registraron una mayor demanda en el último período. “Ha aumentado el 30% la utilización del hospital público en la ciudad de Buenos Aires”, dijo, al vincular ese crecimiento con la presión sobre el sistema.

Frente a ese escenario, aseguró que el Gobierno porteño avanzó con intervenciones edilicias y con inversiones en tecnología. “Más de 500 obras en todos los hospitales de la ciudad”, afirmó al describir el alcance de los trabajos en los establecimientos sanitarios.

Sobre el sistema de turnos programados, Lospennato defendió el criterio que da preferencia a quienes viven en la Ciudad. “Los porteños tienen prioridad”, dijo, y aclaró que las guardias atienden de acuerdo con la gravedad de cada caso, sin aplicar ese orden de residencia.

La Línea F prevé expropiaciones y la Ciudad evalúa playas subterráneas

La futura Línea F del subte también apareció entre los asuntos de gestión. La legisladora confirmó que algunas estaciones requerirán expropiaciones, entre ellas la proyectada en el entorno de Corrientes y Callao. “Una de las estaciones está prevista en esa esquina”, afirmó al explicar por qué la obra alcanzaría a inmuebles de esa zona.

La Legislatura porteña ya autorizó el financiamiento del proyecto, aunque resta tratar la iniciativa que habilitaría las expropiaciones. “Ese proyecto todavía no se trató en la Legislatura”, señaló Lospennato, al precisar que la discusión parlamentaria sigue pendiente.

La dirigente indicó que buscarán opciones para reducir la afectación sobre los comercios y otros espacios alcanzados por las obras. “Vamos a buscar si eso es posible”, afirmó al ser consultada por la continuidad de la librería ubicada en el área donde se prevé construir una estación.

En materia de estacionamiento, mencionó propuestas para desarrollar playas subterráneas debajo de algunas plazas porteñas. “Hay un proyecto para construir estacionamientos subterráneos”, dijo, al presentar una alternativa frente a la falta de espacios para dejar vehículos.

Sin embargo, Lospennato sostuvo que el transporte público debe ser la respuesta principal a la congestión urbana. “La mejor manera de resolver el problema del estacionamiento es desincentivar la utilización del auto”, afirmó, al defender políticas que reduzcan el uso individual de vehículos.

Al final, la legisladora presentó la red VEGA, una iniciativa orientada a ampliar la participación laboral de mujeres en sectores productivos. “La equidad no es solamente un valor, es una estrategia de desarrollo”, sostuvo, al vincular el proyecto con la incorporación de más mujeres al empleo.

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