¿Cómo conseguir que las calles, plazas y parques sean espacios en los que todo el mundo pueda sentirse a gusto? Esta ha sido una de las preguntas que han centrado el coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad', organizado este jueves por elDiario.es Aragón en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza, cuenta con el patrocinio de la Fundación Bernardo Aladrén y la colaboración de la Delegación del Gobierno en Aragón. Urbanistas, representantes de colectivos ciudadanos y especialistas en derechos digitales han debatido sobre la importancia de escuchar a quienes utilizan estos espacios, facilitar la convivencia y garantizar que las nuevas tecnologías respeten la privacidad.

El geógrafo Francisco Pellicer, de la Universidad de Zaragoza y moderador del encuentro, ha defendido la importancia de prestar atención a los espacios cotidianos y a las relaciones que se construyen en ellos. “No son las grandes obras, las transformaciones importantes, es cuidar ese tejido”, ha señalado. Pellicer ha reivindicado así una forma de entender la ciudad que tenga en cuenta los lugares de encuentro y su capacidad para favorecer la convivencia.

La arquitecta Patrizia Di Monte, impulsora del programa Estonoesunsolar, ha defendido que diseñar la ciudad implica mucho más que construir o reformar plazas. “Un espacio público no se puede diseñar sin generar empatía con los vecinos”, ha señalado. Desde su experiencia en Zaragoza, ha explicado cómo la recuperación de solares abandonados permitió convertir espacios infrautilizados en lugares de encuentro y mejorar la conexión entre distintas zonas de la ciudad.

“Entendimos que no eran errores de la planificación, estos puntos ciegos que interrumpían los ciclos urbanos”, ha explicado al recordar el trabajo desarrollado con solares vacíos. Su planteamiento pasa por reconocer las oportunidades que ofrecen estos espacios para reforzar la cohesión urbana y favorecer las relaciones entre vecinos.

Di Monte ha insistido en que las intervenciones deben partir de la observación y la escucha de quienes habitan los barrios. La flexibilidad, el confort térmico, los árboles que proporcionan sombra y los bancos son algunos de los elementos que, a su juicio, contribuyen a “crear lugares más acogedores y accesibles”. La arquitecta ha defendido así que el diseño físico debe ir acompañado de un proceso que permita reconocer las necesidades y los usos de la ciudadanía.

Una ciudad que tenga en cuenta a sus usuarios

La participación ciudadana ha atravesado buena parte del coloquio, especialmente al abordar las decisiones sobre el futuro de los espacios urbanos. Durante el turno de palabra, asistentes al encuentro han cuestionado la falta de apoyo institucional para mantener determinadas instalaciones y han planteado que algunos colectivos encuentran dificultades para desarrollar sus actividades en la ciudad.

En este contexto, Nacho Romanos, representante del Zaragoza Skateboarding Club, ha denunciado las dificultades que encuentran los jóvenes para practicar skate en distintos puntos de Zaragoza y disponer de espacios propios en la ciudad. “Nos han ido echando de todos sitios, buscamos nuestros espacios para estar tranquilamente”, ha resumido. A su juicio, el problema va más allá de contar con instalaciones deportivas: también tiene que ver con poder utilizar las calles y plazas para desarrollar una actividad que forma parte de su manera de vivir la ciudad.

“El skateboard no es una actividad física solo, es una expresión artística”, ha defendido Romanos, “siempre quieres ir a la ciudad a eso que has aprendido representarlo en un espacio urbano”, ha señalado. Romanos ha expuesto la controversia sobre el futuro del skatepark de Vía Hispanidad como ejemplo de las tensiones que surgen cuando se modifica el destino de un espacio que ya tiene un uso social consolidado. También ha criticado las multas a quienes patinan en la calle y ha asegurado que su cuantía ha aumentado notablemente con la nueva ordenanza cívica.

La tecnología también ocupa el espacio público

La protección de la privacidad y los datos personales ha sido otro de los asuntos abordados durante el encuentro. Cámaras, sensores, aplicaciones y sistemas de identificación forman parte cada vez más de la gestión urbana y de servicios cotidianos, una presencia que plantea interrogantes sobre los derechos ciudadanos.

Daniela González, de la Fundación Hermes, ha defendido que la tecnología puede contribuir a mejorar la vida en las ciudades, pero ha advertido de que su implantación debe acompañarse de garantías. “Nuestros derechos no se quedan en casa cuando entramos en una plaza, ni en la calle al coger el bus”, ha afirmado.

González ha distinguido entre las herramientas que pueden contribuir a mejorar la seguridad y los riesgos de la vigilancia masiva. “La vigilancia masiva funciona todo lo contrario, no sabemos qué datos recopila o quién está al otro lado”, ha señalado. A su juicio, es necesario garantizar la transparencia sobre la información que se recoge, quién puede acceder a ella y qué uso se hace de los datos personales.

La representante de la Fundación Hermes ha defendido que una mayor presencia de sistemas de control no garantiza por sí misma una mejor convivencia. La confianza, la protección de la privacidad y la existencia de garantías deben formar parte, ha señalado, de cualquier estrategia de digitalización del espacio público. También ha planteado la necesidad de evitar que la tecnología se convierta en una barrera para determinados colectivos y de aprovechar sus posibilidades para favorecer la participación ciudadana y las relaciones entre generaciones.

Espacios para convivir entre generaciones

El encuentro ha abordado asimismo la importancia de diseñar espacios en los que personas de distintas edades puedan compartir actividades y encontrarse de forma espontánea. Di Monte ha defendido la necesidad de crear lugares flexibles que faciliten esa convivencia, con elementos como árboles que den sombra y bancos. Por su parte, González ha advertido de que las diferencias en el acceso a la tecnología no son únicamente generacionales y ha señalado que existen organizaciones que trabajan para que “la digitalización ponga a las personas en el centro”.

Las intervenciones también han puesto sobre la mesa la importancia de reconocer los distintos usos del espacio público y de evitar que determinados colectivos queden excluidos. Para Di Monte, el trabajo de quienes diseñan la ciudad debe partir de la escucha y la observación: “No es tanto el diseño del espacio sino el proceso que como técnicos tenemos que facilitar y garantizar”, ha señalado.

La participación ciudadana ha sido también uno de los asuntos planteados por el público, con críticas a la falta de apoyo institucional para mantener algunas instalaciones y a las dificultades para que determinados usos y colectivos tengan cabida en la ciudad. El coloquio ha cerrado así una reflexión sobre cómo construir espacios públicos que favorezcan la convivencia y permitan a la ciudadanía participar en las decisiones que afectan a su entorno.

La visita de Vito Quiles a Zaragoza ha terminado convirtiéndose en una jornada de tensión en el entorno de la Universidad de Zaragoza y la plaza de San Francisco. La Policía ha cargado contra los manifestantes antifascistas durante las protestas contra el agitador ultra, en las que se han vivido momentos de enfrentamiento verbal, lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos, y una intervención policial en la que los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta.

La convocatoria se había fijado inicialmente para las 19.00 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. A pesar de que la institución académica no autorizó el acto en sus instalaciones, Quiles mantuvo el llamamiento, que ha empezado más tarde y se ha desplazado hacia la plaza de San Francisco, donde ha pronunciado su discurso.

La movilización ha comenzado en el entorno universitario y se ha desplazado posteriormente hasta la plaza. Desde allí, los participantes han continuado en dirección al Auditorio de Zaragoza, en una secuencia de acontecimientos marcada por los momentos de tensión entre los distintos grupos y la intervención de los agentes. Una de las asistentes asegura que ha visto a una persona “con heridas en la cabeza” y que ha observado a personas con los ojos “fatal” a consecuencia del gas pimienta.

Durante la concentración se han escuchado insultos y consignas dirigidas tanto contra el agitador como contra el presidente del Gobierno. Entre los gritos dirigidos a Quiles se han oído “facha de mierda” y “Vito Quiles, hijo de puta”. El ambiente ha estado marcado por la exaltación y la violencia verbal entre los presentes.

La presencia de manifestantes antifascistas ha sido superior a la de seguidores de Quiles. En distintos momentos, los grupos han permanecido separados por los agentes, aunque la situación se ha tensado cuando el agitador se ha situado entre ambos bloques.

La Policía ha intervenido durante los incidentes y ha cargado contra los manifestantes antifascistas. Los agentes han sacado las porras y portaban gas pimienta, mientras se producían lanzamientos de botellines, cajas y otros objetos.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había llamado a movilizarse contra la visita de Quiles, al considerar que pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir a Zaragoza para demostrar que la ciudad era un territorio “leal a España” y levantarse contra “la mafia de Sánchez”.

En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

Sonia Segura, de 36 años, tiene dos hijas de 17 y 9 años y está embarazada de una tercera, de la que sale de cuentas el próximo 1 de noviembre. El 13 de noviembre, apenas doce días después de la fecha prevista para el parto, está señalado el lanzamiento de la vivienda en la que reside en Alagón, en la provincia de Zaragoza. Tiene reconocida la situación de vulnerabilidad y es víctima de violencia de género, pero todavía no ha encontrado un alquiler asequible para su familia, por lo que pide más tiempo para encontrar una casa que pueda pagar: “Yo lo único que pido es un poco más de tiempo hasta que me aparezca un piso”, explica. 

Su actual pareja la está ayudando a buscar vivienda, pero asegura que las dificultades económicas y los requisitos de los propietarios les cierran las puertas. “Con lo que cobro no se puede, no hay manera de alquilar nada con los precios de la vivienda actuales, se nos ha ido echando el tiempo encima, está todo imposible”. 

La situación, que ha adelantado esta semana 'Heraldo de Aragón', se ha vuelto especialmente angustiosa por la proximidad del parto. Sonia cuenta que tiene anemia, se encuentra muy débil y los nervios le están pasando factura. También le preocupa cómo organizar una mudanza con tan poco margen y qué hacer con sus pertenencias, incluso en el caso de que alguien pueda acogerla temporalmente. “No sé dónde meter mis cosas”, lamenta. A sus hijas todavía no les ha contado que tendrán que abandonar la vivienda: “Estoy muy agobiada, nunca te imaginas llegar a esta situación”. 

El procedimiento judicial tiene su origen en la demanda de desahucio por precario presentada por la propietaria del inmueble, la madre de su expareja, con quien Sonia mantuvo una relación de 14 años. La pareja se rompió tras un caso de violencia de género y una condena por amenazas tras la que se le impuso la prohibición de aproximarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse en dos años, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza de marzo de 2025. 

La resolución considera probado que, durante una discusión por la separación y en presencia de la hija de ambos, que entonces tenía siete años, el hombre amenazó a Sonia con degollarla, enterrarla viva y no descansar hasta verla “bajo tierra”. La magistrada considera que el testimonio de la mujer fue coherente y creíble, y que estaba corroborado por cuatro grabaciones de audio en las que se escuchaban amenazas similares. La sentencia, sin embargo, lo absolvió del delito de malos tratos por una supuesta agresión física denunciada al día siguiente, al considerar que no había pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sonia relata que las discusiones se intensificaron cuando decidió terminar la relación y que llegó a denunciar las amenazas después de que la Guardia Civil las escuchara. Tras la ruptura, ella permaneció en la vivienda con su hija, mientras su expareja abandonó el domicilio. La relación con la propietaria se deterioró y, según afirma Sonia, llegó a quedarse sin suministro eléctrico. “Me cortaron los cables de la luz. Cada vez que venía Endesa a poner la luz me decían que era una okupa. Yo no lo considero así”, sostiene.

La mujer explica que intentó regularizar su situación mediante un contrato de alquiler, pero que la propietaria se negó a firmarlo. Asegura que esta negativa está relacionada con la denuncia contra su hijo y con la orden de alejamiento. “La entiendo, pero es que vivo con su nieta”, afirma. La demanda presentada por la ahora exsuegra de Sonia fue estimada y el procedimiento ha llegado a la fase de ejecución del lanzamiento, previsto para el 13 de noviembre a las 10:45.

La defensa pide suspender el lanzamiento

El abogado Javier Ferreira, del despacho KLYO Abogados, ha presentado un escrito para solicitar que se suspenda el lanzamiento y se requiera a los servicios sociales para que proporcionen una alternativa habitacional a Sonia.

La defensa sostiene que debe aplicarse el artículo 2.2 del real decreto publicado en el BOE que invoca en su escrito. Según explica el letrado, la norma permitiría solicitar la suspensión del lanzamiento en las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso. Ferreira asegura que ya se habían intentado otras vías para paralizarlo, pero que las suspensiones anteriores habían perdido vigencia y el procedimiento continuó.

“Su situación es francamente angustiosa”, resume el abogado, que considera necesario que se tenga en cuenta la situación de la mujer y la falta de una alternativa habitacional antes de ejecutar el desahucio.

Sonia explica que ha tenido dificultades para obtener el reconocimiento de su vulnerabilidad y que, cuando ha intentado acceder a recursos de vivienda, se ha encontrado con nuevos obstáculos. Afirma que se ha inscrito en una bolsa de pisos, pero que le han comunicado que ocupa una posición muy retrasada porque no dispone de contrato de alquiler.

Mientras tanto, la búsqueda de vivienda continúa sin resultados. Sonia insiste en que no pretende quedarse en el inmueble sin una solución ni prolongar indefinidamente el conflicto, sino disponer del margen necesario para encontrar un hogar para sus tres hijas. “Si no tengo dónde irme, ¿qué hago?”, se pregunta. “No encuentro salida ni nada por ningún lado”.