No pasaron ni 24 horas desde la última sesión de la Cámara de Diputados, pero oficialismo y oposición ya discuten sobre quién salió victorioso del recinto.
Desde La Libertad Avanza señalan que fue el oficialismo quien se impuso porque se aprobaron proyectos que nacieron desde esos bloques: la Ley de Discapacidad y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el éxito por la positiva. Además celebran que se haya caído la sesión sin tratar ningún tema de morosidad.
“Sacamos nuestras leyes y morosidad, cuando nosotros no teníamos el número, logramos que se caiga el quórum y que no se traten los proyectos de ellos. Todo ganancia”, dijo un legislador libertario que hoy se despertó de muy buen humor.
Sin embargo, desde la oposición también entienden que ganaron porque lograron dar vuelta buena parte del texto de la Ley de Discapacidad, con una inserción de los pedidos de casi todos —incluyendo los que hacían todas las corrientes del peronismo—. “Copiaron nuestro dictamen, nada más le sacaron la palabra emergencia”, dijo entre risas un diputado opositor que supo ser dialoguista.
“Reculararon y restituyeron la Ley de Tierras. Recularon con la Ley para personas con Discapacidad. Recularon con su proyecto de cursos de educación financiera y huyeron de la sesión. En ninguna de sus votaciones, junto a aliados y conversos, superaron los 124 votos. Una victoria pírrica que terminará costándoles más de lo que creen”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
En la misma línea se expresó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria que reiteró el concepto de “recularon” al referirse a la extranjerización de tierras. En el caso de Discapacidad “entregaron todo. El 75% de la ley de emergencia está dentro de lo aprobado”, y por último, Martínez dijo que en el caso de endeudamiento “huyeron y dejaron sin alivio a 20 millones de argentinos; de retirada, mal”.
Mientras los opositores señalaban sus logros, los diputados del oficialismo se reunieron y, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le cantaron el feliz cumpleaños al presidente Javier Milei.
Esto sucedió al término de la sesión en la que estuvo presente la hermana del presidente que llegó al Congreso en el momento en que se discutía la Ley de Discapacidad. La imagen de Karina Milei entrando al Palacio Legislativo en señal de apoyo al bloque que conduce Martín Menem en un debate que, si anteriormente enfrentaba a los diputados con el Ministerio de Economía, con la media sanción y como terminó siendo el proyecto, se profundizó.
Pelea por los fondos
La cantidad de cambios que se introdujeron en Discapacidad no solo tenía como objetivo asegurar la cobertura sino también los fondos. Este punto es fundamental teniendo en cuenta que hubo que “obligar” al gobierno a ejecutar vía una ley de emergencia y luego por el sistema judicial; a pesar de eso, el presupuesto para el sector fue subejecutado.
En ese sentido, la promesa no fue suficiente y finalmente tuvo que quedar todo escrito.
El problema que se presenta ahora es que desde el Ministerio de Economía aseguraron que no están de acuerdo con el proyecto. Y no lo estaban previamente a todos los cambios que se introdujeron.
Así lo había dejado claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al señalar que su iniciativa para el sector era la del Presupuesto, que establece un recorte en las prestaciones, los fondos y hasta elimina el nomenclador para el sector.
“Ahora es un tema de ellos. Lo van a tener que resolver cuando se debata el Presupuesto”, dijo un diputado peronista. “No pasa nada, copiamos y pegamos esto”, le respondió un colega libertario.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsaba el oficialismo y que llegaba con media sanción del Senado de la Nación. No le sobró nada al bloque de La Libertad Avanza y no solo eso, sino que en el camino tuvo que reincorporar una ley para poder avanzar.
La pantalla mostró que la votación obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El dato fundamental es que la abstención de los 6 diputados de Córdoba fueron los que le dieron el triunfo en la votación al Gobierno.
Pero el punto fundamental es que en el medio del debate el bloque de LLA tuvo que ceder en un punto bastante álgido que es la venta de tierras a extranjeros, la ley que buscó derogar la Casa Rosada. En el medio de este debate se “coló” la eliminación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
En este cruce de debates el bloque de La Libertad Avanza decidió ceder la ley para proteger el DNU 70, por lo que de la mano de los que votaron en contra y buscaron eliminar -LLA, PRO, UCR-, se reincorporó la vigencia de la ley de tierras de la administración kirchnerista de 2011. En el Senado ya había recortado el capítulo sobre uso de tierras tras incendios, es decir, con esto La Libertad Avanza reincorpora la totalidad de la ley K sobre la venta de tierras.
Con este cambio el proyecto de ley deberá volver al Senado de la Nación en donde la Cámara Alta deberá votar si acepta el proyecto con los cambios que introdujo Diputados o si vuelve a votar el texto original.
Pero lo que se votó es el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que entre otros puntos establece requisitos más duros para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones. En este punto exige que el bien a expropiar tiene que tener una declaración de utilidad pública, además se establece que se tiene que hacer un pago previo de indemnización a valor de mercado. Pero, además de establecer que tiene que ser el valor que fija el mercado señala que se tiene que hacer un reconocimiento del lucro cesante. Los críticos de la norma señalan que ahora será muchísimo más complejo para que el Estado pueda llevar adelante una obra pública que requiera la incorporación de propiedad privada.
Desalojos. Uno de los ejes del proyecto de ley es el de los desalojos de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos, con un plazo de protección de diez días para personas vulnerables.Según Santiago Santurio (La Libertad Avanza), la agilización de los desalojos busca restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y responde a que, según su argumento, la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres en el mercado.
Para inmuebles de uso habitacional, el locador debe intimar fehacientemente al pago y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos desde la recepción de la intimación. Si el inquilino no regulariza la deuda, el propietario puede iniciar la acción de desalojo, que se tramitará en un plazo adicional de 10 días hábiles.
En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, se prevé la posibilidad de obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Si luego se comprueba que el propietario ocultó hechos o documentos para obtenerla, se le impondrá una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual a favor de la contraparte.
Cuando en el inmueble residan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez debe dar intervención a los organismos competentes (como el Ministerio Público Tutelar) para asegurar una alternativa habitacional transitoria, con un plazo máximo de 10 días, sin que esto paralice el proceso de fondo.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.
La tarde estuvo atravesada por la discusión en torno a la ley de inviolabilidad de propiedad privada, donde el oficialismo registró una victoria pírrica: logró aprobarla, pero tuvo que sacar del proyecto la eliminación de la Ley de Tierras, norma que impone límites a los extranjeros para la compra de inmuebles en Argentina.
Luego se aprobaron las leyes de trazabilidad de medicamentos, impulsada por el impacto de la tragedia que provocó la distribución de fentanilo contaminado, y el aumento de penas contra el vandalismo rural.
La sesión continúa con el debate de la Ley de Discapacidad, en medio de negociaciones entre el oficialismo y aliados para consensuar un texto común.
Luego se espera la discusión de un proyecto para aliviar la situación de familias endeudadas.
Desde Unión por la Patria criticaron el proyecto oficialista y exigieron soluciones para afrontar el problema
Durante las intervenciones de los integrantes de Unión por la Patria, los diputados criticaron al Gobierno por enviar a los deudores a aprender de educación financiera y no darles herramientas para solucionar la situación económica. “Estamos exigiendo desde nuestro bloque tratar un proyecto que deje de tomarle el pelo a los argentinos”, apuntó el chubutense Juan Pablo Luque.
En el caso de Luque, se enfocó en la situación que atraviesa Chubut. “300 mil habitantes se encuentran en situación de endeudamiento, un 30% por encima de la media de nuestro país”, alertó al indicar que, de ese total, 75 mil personas están en mora.
“Es una decisión directa de este gobierno de abandonar a las provincias productoras como Chubut y Santa Cruz”, cuestionó el diputado chubutense al remarcar que en Comodoro Rivadavia la tasa de desempleo pasó del 2% a 9,5% en menos de doce meses.
Por otro lado, los diputados Jorge Taiana, Kelly Olmos y Hugo Yasky cuestionaron los créditos personales otorgados por las billeteras virtuales. “Le han dado apertura a un juego perverso”, acusó Taiana al sostener que las fintech incurrirían en el delito de la usura.
“Más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora”, resaltó Olmos al indicar que varios ya se encontraban en situación 4 e, inclusive, 5. Además, advirtió que la situación empujaría al modelo económico a la recesión técnica.
De la misma forma, Julia Strada sostuvo que “es un problema de ingresos; eso explica que el 40% de la PEA (Población Económicamente Activa) esté morosa”. Asimismo, señaló que “si es un problema macroeconómico, hay que hacerse cargo desde la política”.
Lousteau expuso que un tercio de los deudores está en mora y aseguró que no alcanza con bajar la inflación
El diputado Martín Lousteau afirmó que el aumento de las tasas de endeudamiento familiar fue producto de la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los gastos fijos. “La gente perdió 10% del poder adquisitivo”, sostuvo al considerar que, en determinados sectores, el porcentaje llegaba al 25%.
“Producto de cómo fue diseñado el plan económico, subieron los gastos fijos de la familia”, cuestionó el integrante de Provincias Unidas. Así, puso como ejemplo que en el AMBA se registraron subas del 501% en la electricidad, 2071% en el gas y 1442% en el transporte. “Todo eso es mucho más que la inflación, que es 336%”, apuntó.
En este contexto, Lousteau ironizó: “Cuando la inflación baja, ¿qué sentido tiene pagar el supermercado con tarjeta de crédito?“. Asimismo, planteó que la situación empeoró con el otorgamiento de los préstamos personales y advirtió que “un tercio no lo puede pagar y está en mora”.
Comenzó el debate por la Ley de Endeudamiento Familiar
El último tema de la sesión será el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora. La iniciativa propone reforzar la educación financiera, ampliar la información disponible para los consumidores —con mayor claridad sobre tasas y costos— y prevenir situaciones de sobreendeudamiento. No contempla, sin embargo, límites a las tasas de interés ni quitas de capital o intereses.
También busca fijar condiciones para los créditos otorgados mediante plataformas digitales. Exige una doble validación de identidad y aceptación, prohíbe considerar el silencio o las opciones preseleccionadas como consentimiento y establece la entrega inmediata de las condiciones contractuales en formato digital.
En cambio, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas impulsan declarar la emergencia por 180 días. Su propuesta incluye un mecanismo de refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas totales, según el Indec. El esquema aplicaría la tasa TAMAR —correspondiente a los plazos fijos mayoristas— más un 25 % sobre el costo financiero total.
El Gobierno aprobó la Ley de Discapacidad, tras sumar un amplio apoyo de los bloques opositores
Luego de que concluyera el debate por la Ley de Discapacidad, el Gobierno logró la media sanción de la iniciativa. Con un total de 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, el proyecto será enviado al Senado para que se analice y debata sobre los cambios aceptados por el oficialismo.
Tras concluirse la votación en general, el recinto legislativo continuó con la votación particular de cada capítulo. Bajo la modalidad a mano alzada, los diputados aprobaron todos los capítulos de la norma.
Laura Rodríguez Machado aseguró que “la sensibilidad social no se contrapone a la responsabilidad fiscal”
Al cierre del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la naturaleza del proyecto en contraposición a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La condición de discapacidad en la mayoría de los casos es permanente; por lo tanto, su solución no puede ser transitoria, también tiene que ser permanente y acompañarlos toda la vida”, sostuvo.
A pesar de que señaló que la discapacidad “es un tema que tiene que unir a todos los argentinos”, la integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA) hizo referencia a los fondos destinados al apuntar que “la sensibilidad social no se contrapone a la responsabilidad fiscal”.
“Ahora hay un horizonte, siempre puede ser perfectible”, remarcó la diputada al agradecer a los opositores que contribuyeron a modificar la iniciativa. No obstante, criticó a los bloques que criticaron al oficialismo, pero que se habrían negado a dialogar con ellos.
“Miremos bien ese tablero de quiénes se suman a esa tarea titánica de sacar al colectivo de la discapacidad de una emergencia y darle leyes duraderas para siempre”, concluyó.
Natalia de la Sota cuestionó la propuesta oficialista y señaló que buscaría mostrar “apertura” por la venida del papa León XIV
Durante su intervención, la diputada Natalia de la Sota fue contundente con sus críticas contra el Gobierno y el proyecto de ley de Discapacidad, tras acusarlos de intentar mostrar una apertura al colectivo por la visita del papa León XIV en noviembre.
“Nos cuesta pensar que responde a apertura, preocupación por el colectivo de discapacidad y no a una necesidad coyuntural de estar en condiciones por la venida del papa León”, apuntó.
Al mismo tiempo que la representante de Defendamos Córdoba sostuvo que “este gobierno ha maltratado la discapacidad”, cuestionó la intención de las autoridades nacionales de resolver la problemática.
“A juzgar por el presupuesto presentado, no va a suceder después de que se vaya el papa León”, indicó de la Sota. Por este motivo, pidió que el dictamen vuelva a comisión y pidió el apoyo del recinto para darle “la posibilidad a las personas con discapacidad de ser parte”.
El peronismo reclamó incumplimientos del Programa Federal Incluir Salud
En medio del debate sobre el proyecto de ley en materia de discapacidad, varios diputados de Unión por la Patria cuestionaron la falta de acceso a la salud e incumplimientos de Incluir Salud, el programa federal creado para que los titulares de pensiones no contributivas sin obra social cuenten con cobertura médica.
“La emergencia va a desaparecer cuando Incluir Salud cumpla con las prestaciones”, sostuvo el santiagueño Jorge Mukdise al señalar que en su provincia existirían casos que habrían perdido el acceso al programa y a las pensiones por “auditorías deficientes”.
De la misma manera, el sanjuanino Cristian Andino también señaló casos similares de personas con discapacidad que habían dejado de cobrar la ayuda social sin haber sido notificadas. No obstante, afirmó que votaría a favor de la iniciativa, tras lograr que el oficialismo acepte los cambios propuestos. “Se incorporó que cuando haya una baja, se le dé un plazo para que pueda hacer el descargo respectivo”, indicó.
Casi al final del debate, el presidente del bloque peronista, Germán Martínez, expuso que “los colectivos de las personas con discapacidad no tienen confianza en esta ley”. Por esto, pidió a la miembro informante que trabajen “para que todo lo que hoy estamos aprobando tenga su correspondencia en el debate del presupuesto”.
Gabriela Estévez: “Las personas con discapacidad no han participado del debate”
Luego de que el oficialismo aceptara cambios para lograr la media sanción de la Ley de Discapacidad, la diputada Gabriela Estévez criticó la falta de participación del colectivo de personas con discapacidad. En medio de su intervención, la diputada cordobesa de Unión por la Patria (UP) apuntó: “No se ha seguido la convención de derechos con personas con discapacidad”.
En línea con esto, la legisladora consideró: “Nosotros entendemos que hay que abrir esta discusión”. Por este motivo, anticipó su voto al afirmar que no acompañará el proyecto de ley.
La Libertad Avanza aceptó cambios y se encamina la ley de Discapacidad
La Ley de Discapacidad obtuvo el consenso de oficialistas y opositores en la Cámara de Diputados. Fue luego de el bloque de La Libertad Avanza aceptara cambios propuestos por la oposición. Las modificaciones apuntan a mantener beneficios para las personas con discapacidad que no estaban contemplados en el proyecto original.
Si bien el objetivo del peronismo y otros legisladores opositores era prorrogar la ley de emergencia que se encuentra vigente, los cambios que se introdujeron en el debate durante la sesión especial destrabaron el proyecto.
El misionero Oscar Herrera Ahuad fue el encargado de leer y enumerar las modificaciones introducidas y el libertario Huesen ratificó que el oficialismo aceptará todo lo propuesto.
Diputados aprobó un proyecto que eleva las penas contra el vandalismo rural
El proyecto impulsado originalmente por el PRO incorpora dos figuras penales nuevas al Código Penal de la Nación, orientadas a proteger establecimientos rurales frente al ingreso no autorizado y los daños a la producción agropecuaria.
El artículo 1° incorpora el artículo 150 bis, que reprime con prisión de un mes a un año a quien entre en un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La norma presume esa voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso.
No obstante, el texto prevé excepciones: el delito no se configura cuando el ingreso responde a una necesidad justificada, razones de auxilio, o cuando el lugar no permite distinguir con claridad el límite con la vía pública.
La pena se eleva hasta dos años cuando el ingreso obstaculiza de manera sustancial la actividad productiva rural, o cuando crea un peligro concreto para la vida, la integridad física de las personas presentes, o la sanidad de los animales o cultivos de la explotación.
Los artículos 2° y 3° incorporan el artículo 184 bis, que reprime con prisión de dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado a quien destruya, inutilice, suprima o dañe de cualquier modo elementos que afecten de forma directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural.
La norma enumera los bienes especialmente protegidos: cereales u oleaginosas no cosechados o almacenados en silobolsas y otros contenedores; bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales y yerbatales; ganado, aves de corral y animales de granja; leña o carbón apilados; alfalfares y otros forrajes; y los productos mencionados durante su transporte.
Con amplio consenso se aprobó en Diputados el sistema de trazabilidad del fentanilo y medicamentos de alto riesgo
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la creación del Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs).
La iniciativa responde a la tragedia sanitaria de 2025, cuando el fentanilo contaminado elaborado en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó más de 100 muertes y afectó a otras 44 personas. Tras el caso, la Cámara creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.
El diputado libertario Manuel Quintar, presidente de la comisión de Salud, señaló que el proyecto tuvo como origen la tragedia del fentanilo y celebró que se aprobó por unanimidad en comisión y recibió amplio apoyo en el recinto. “Es importante demostrar que podemos ponernos de acuerdo ante un tema tan importante”, dijo.
En la misma línea, Silvana Giudici destacó que “es la primera vez que logramos trabajar con la madurez suficiente para dar respuestas concretas a los familiares de esta tragedia”.
“Pido perdón en nombre de un Estado que debió haber evitado esta tragedia. Y asumo el compromiso de transformar el dolor de las familias en respuestas concretas. El Estado falló en su obligación de cuidar la vida; hoy damos un paso para que la falta de controles y de herramientas no vuelva a provocar muertes evitables. Por las víctimas, por sus familias y por el derecho a la salud, tenemos la responsabilidad de garantizar que nunca más la vida de los argentinos quede librada al azar”, agregó la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz.
La propuesta establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los fármacos inyectables parenterales (intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros) y de sus materias primas. También exige un registro digital en cada etapa: importación, producción y distribución. El registro llega hasta la administración efectiva, vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.
La norma crea también un Protocolo de Eventos Críticos de Salud. Ante sospechas de contaminación o eventos adversos, obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. También fija una Alerta Sanitaria Inmediata, con aviso a nivel nacional y bloqueo preventivo de los lotes sospechosos en un máximo de 6 horas.
Por otro lado, la iniciativa incorpora un régimen sancionatorio especial para las faltas graves, como la falsedad u omisión de datos de trazabilidad o el incumplimiento de inmovilizaciones. Las penas incluyen multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y comiso. Su aplicación será federal, articulada mediante el Consejo Federal de Salud (COFESA), y con alcance a todas las jurisdicciones.
Tras las muertes por fentanilo contaminado, Diputados debate una ley de trazabilidad de medicamentos
Aprobaron la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El gobierno logró aprobar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el oficialismo en Diputados debió quitar del proyecto original la derogación de la Ley de Tierras, una norma que establece límites a extranjeros para la compra de inmuebles en el país.
En consecuencia, la Ley de Tierras ya no correrá riesgo de ser eliminada por el Congreso, mientras continúa la discusión judicial por el decreto 70/2023, que también intentó derogarla.
La norma que logró sancionar la Cámara de Diputados deberá regresar al Senado para su aprobación final, debido a los cambios.
Si el Senado confirma todo el recorrido que registró el proyecto del oficialismo hasta aquí, la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada impone regulaciones sobre los desalojos de inquilinos, usurpaciones y expropiaciones por parte del Estado. Su espíritu es proteger los derechos de propiedad de los dueños en todos los casos.
Ley de Tierras: Ferraro dijo que los libertarios “están reculando en chancletas”
El diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, calificó de inconstitucional el DNU 70 durante el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El legislador remarcó que el oficialismo intentó debilitar las normas que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros y protegen recursos estratégicos.
“Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, dijo.
El diputado también sostuvo: “Prometen seguridad jurídica pero degradan constantemente la democracia y al debate público. Dicen defender la soberanía nacional, pero pretenden la derogación de leyes que protegen nuestros recursos estratégicos como la tierra. Todo DNU es cuestionable, y el DNU 70 es inconstitucional”.
“Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas y proponiendo dejar sin efecto un artículo de un DNU totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada. Y esto después de haber intentado eliminar de un plumazo por decreto y debilitar lo que era la limitación de la compra de extranjeros en lo que respecta a la tierra”, afirmó.
“Ojo con lo que va a pasar en Diputados”: la advertencia de la oposición por la ley para endeudados
El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, alertó que el oficialismo busca tratar un proyecto “que sólo incluye cursos de educación financiera” como solución para las miles de familias con problemas de deudas en Argentina, en contraste con la iniciativa opositora que busca aliviar a las familias, con planes de pago y refinanciación para quienes no logran cubrir sus gastos mensuales.
Juliano advirtió que La Libertad Avanza (LLA) y aliados están negociando un proyecto que plantea cursos de educación financiera, pero no una solución para quienes tienen deudas, cuyo número crece, aseguró.
La iniciativa opositora, en tanto, propone un plazo de seis meses para acceder a acuerdos, con cuotas que no superen el 30% de los ingresos y sin costo fiscal.
Negocian cambios en Discapacidad
Apenas comenzó el debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada muchos diputados de todos los bloques se pararon y se retiraron del recinto.
Esto no tuvo nada que ver con una decisión de vaciar el recinto o de irse a almorzar ya que se fueron a los despachos del último piso del Palacio Legislativo para tratar de acordar un proyecto de ley en Discapacidad. “Si hay acuerdo, se adelanta el tema” que hoy está en el anteúltimo lugar, dejaron trascender.
El acuerdo que se está trabajando es si el oficialismo acepta todos los pedidos del diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. “Si el oficialismo aceptan todo lo que pide Oscar hay que acompañarlo y en todo caso pelear que saquen el recorte del Presupuesto”, señaló un diputado del peronismo. “Si se acepta todo cuando vayamos a debatir presupuesto se cambia ahí”, señaló un diputado de LLA.
Las conversaciones están centradas en los puntos que pide el misionero. En el caso de las pensiones no contributivas (artículos 5° y 6°) sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478. Mantiene los requisitos para acceder a la pensión: Certificado Único de Discapacidad (CUD), DNI, ciudadanía argentina (o residencia de cinco años para extranjeros), ingresos netos inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, no estar amparado por otro régimen previsional y aprobar una evaluación socioeconómica. El monto de la prestación equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El otro punto es que Financiamiento (artículo 7°). El gasto se afronta con partidas del Ministerio de Salud. Si el crédito no alcanza, se cubre con compensación presupuestaria desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, que deberá garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones. Se fija que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior.
Además, pide que se mantenga la compatibilidad laboral (artículo 9°). La pensión es compatible con un vínculo laboral formal mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Si se supera ese monto, opera la suspensión automática, pero el beneficiario puede solicitar la rehabilitación inmediata al finalizar el vínculo laboral o si sus ingresos bajan.
Si hay acuerdo, existe la posibilidad que el proyecto obtenga una muy buena cantidad de votos con el fin de mandar un fuerte señal al Ejecutivo que se opone al proyecto que presentó su propio bloque en Diputados.
Distintas organizaciones se manifiestan en la Plaza del Congreso a la espera de que se debata la nueva ley.
El oficialismo defendió el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Con una referencia a una leyenda sobre Alejandro Magno y citas de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y John Locke, el diputado Santiago Santurio defendió como miembro informante el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
“Violar la propiedad privada y su discusión viene de los griegos, y está mal si lo hace un grupo de individuos o la fuerza”, afirmó. También sostuvo que “el límite del Estado es importante para el goce de los derechos de los ciudadanos” y planteó que el poder público debe garantizar esa protección.
Durante su exposición, Santurio destacó los cambios previstos en materia de expropiaciones. Señaló que el Estado no puede avanzar “de manera caprichosa” y propuso establecer “parámetros claros” para declarar un bien de utilidad pública, reducir el perjuicio sobre la propiedad privada y garantizar una indemnización acorde con el valor del bien.
Sobre los desalojos, afirmó que, ante la ocupación de un inmueble, el derecho del propietario debe ser restituido con rapidez. “El respetar la propiedad privada debe ser una política de estado, para garantizar que no la sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”, concluyó.
Por el dictamen de minoría, se anotaron los diputados Diego Giuliano, Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau para plantear una alternativa a la iniciativa del oficialismo.
Minuto de silencio por luto
La Cámara rindió homenaje a Alberto Frade, padre de la diputada Mónica Frade, tras conocerse su fallecimiento.
Los legisladores se pusieron de pie y realizaron un minuto de silencio como símbolo de luto.
Se desestimaron planteos sobre pymes, universidades, ciencia y riesgo climático
El diputado Gerardo Martínez, de Unión por la Patria, pidió tratar como apartamiento de reglamento un paquete de proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La moción fue rechazada: obtuvo 114 votos afirmativos y 122 negativos.
Por otro lado, Mariela Coletta, de Provincias Unidas, propuso modificar la Ley de Administración Financiera, en medio de cuestionamientos al uso de esa norma para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El pedido fue rechazado con 122 votos afirmativos y 116 negativos.
El diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, solicitó tratar un proyecto de gestión integral del riesgo climático asociado al fenómeno de El Niño. La propuesta prevé un plan de prevención con actualización anual y prioridades definidas para el país. La votación registró 124 votos afirmativos y 113 negativos.
La diputada Adriana Serquis, de Unión por la Patria, pidió el apartamiento del reglamento para girar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva el expediente 2988-2026, respaldado por 35 firmas. El proyecto establece condiciones para la sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) e incluye una recomposición presupuestaria no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. La moción fue rechazada con 117 votos afirmativos y 123 negativos.
El debate por la emergencia pediátrica: rechazado
Otro pedido de apartamiento del reglamento fue impulsado el del diputado Pablo Yedlin (UP), paratratar la prórroga de la emergencia pediátrica, cuya vigencia vence este miércoles 21 de octubre. La iniciativa contempla la exención del Impuesto a las Ganancias para las guardias médicas y la asignación de fondos para los hospitales pediátricos, incluido el Hospital Garrahan.
La diputada Silvana Guidici (PRO) sostuvo que no es necesario votar una prórroga de la emergencia pediátrica porque el Presupuesto ya contempla recursos para el área. Durante su intervención, realizó una defensa de la inversión prevista por el Gobierno, lo que generó rechazos de Claudia Palladino (UP) Romina del Plá (FIT-PO).
La votación concluyó con 125 afirmativos y 117 negativos, por lo que fue rechazado el apartamiento.
Se rechazaron pedidos por la Ley Segovia y el FAL
Al inicio de la sesión, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) pidió un apartamiento del reglamento -que requiere una mayoría agravada de tres cuartos de los votos emitidos - para tratar la denominada “Ley Segovia”, una iniciativa impulsada por legisladores de distintos bloques. El proyecto toma su nombre de Yamila Segovia, una abogada que durante años promovió la búsqueda del padrastro de su hermana, acusado de haber abusado de ella cuando era menor de edad.
El imputado, Alberto Martín del Valle, permaneció prófugo durante más de 14 años, lo que abrió un debate judicial sobre una posible prescripción de la causa. La propuesta busca modificar el artículo 67 del Código Penal para establecer que el plazo de prescripción se interrumpa mientras el acusado permanezca rebelde, prófugo o tenga una orden de captura vigente, en casos de delitos sexuales contra menores y en determinadas situaciones de trata de personas.
La solicitud se rechazó con 121 votos a favor y 120 en contra. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, reiteró su compromiso de que la semana que viene citaría a su comisión para iniciar el tratamiento del tema.
Otra de las solicitudes fue retirar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sancionado durante la reforma laboral, solicitado por la diputada Vanesa Siley. La discusión se centró en si la votación debía realizarse de forma nominal.
Durante el debate, y fuera de micrófono, Siley le gritó al presidente de la Cámara, Martín Menem: “Son burros”.
La moción fue rechazada con 111 votos afirmativos y 126 negativos.
Minutos antes de que comenzara la sesión, los periodistas Maru Duffard y Federico Mayol anticiparon que podría cerrarse un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobar una nueva ley de Discapacidad consensuada.
“El peronismo está analizando los cambios que pidieron los aliados y el Gobierno estaría dispuesto a aceptar en términos de pensiones por discapacidad y nomencladores”, informó Mayol en Infobae en Vivo.
La comisión de Presupuesto en la que se debatió el capítulo Educación tuvo varios momentos de tensión, aunque no por donde todos los presentes estimaban que iba a surgir el conflicto.
Mientras todos esperaban que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezara la pelea, principalmente con el bloque del peronismo, el eje del debate lo llevó el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien, con un tono más amable que el de su colega del Ejecutivo, no escatimó críticas y señalamientos a los períodos anteriores de la política educativa, e incluso señaló que en el sector privado los rectores los hubieran despedido.
El debate venía con varios cruces entre uno y otro sector, algo que suele suceder en las comisiones, pero esta vez hubo incluso amenazas de golpes físicos, lo que marcó un nivel bochornoso en la discusión, en especial cuando se debatía el presupuesto en Educación para 2027.
El primer cruce fue entre el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, quien, sin nombrarlo, dijo que uno de sus colegas lo había llamado mentiroso. “Eso, en el barrio, se merece un chirlo”, afirmó.
Finocchiaro hacía referencia al diputado Esteban Paulón, quien había publicado en sus redes un video del legislador del PRO en el que este señalaba que había hablado con el Gobierno y que existía el compromiso de cumplir el fallo de la Corte Suprema.
Pero el momento más tenso tuvo como protagonistas a un diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, y a su par de LLA, Andrés Leone.
Tras dos interrupciones en mal tono de Álvarez a Paulón, el ambiente comenzó a caldearse. Germán Martínez pidió respeto, y Luana Volnovich le gritó “irrespetuoso de mierda”.
Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado y por eso fue a buscarlo. “Le dijo hijo de puta”, señalaron desde el entorno del legislador peronista, quien, cuando Leone se le acercó y lo increpó, lo invitó entre dientes a salir de la comisión a pelearse.
Finalmente los separaron y todo volvió a su cauce normal. Pero el clima había cambiado. La tensión quedó en el aire y, de a poco, los legisladores se fueron retirando.
Primero se fue Castagneto, luego Leone. Ambos ya habían bajado el nivel de tensión, pero el primero no paraba de recibir bromas de sus compañeros de bancada en referencia a su pasado como arquero de fútbol en equipos de primera división del fútbol local.
Luego de la quinta movilización de los universitarios por la falta de aplicación de parte del Gobierno de la Ley de Presupuestos Universitarios, y a un día de que se cumpla un año de la promulgación de la normativa, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, se hicieron presentes en la Comisión de Presupuesto para defender el proyecto para el 2027.
La tensión estuvo presente desde el comienzo. La sala del primer piso del anexo de la Cámara de Diputados duplicó su personal de seguridad y en la puerta quedó un grupo de estudiantes universitarios que habían intentado entrar a la reunión. Y esta tensión quedó reflejada en la presentación de los funcionarios que llamaron a la dirigencia universitaria de tener un “acuerdo corporativo y de casta”.
El inicio estuvo a cargo del secretario de Educación quien marcó su presentación respecto de la primaria y secundaria, comparando el sector hasta el 2023 y a partir de ahí. “Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”.
Pero luego Torrendell hizo una larga lectura de un documento sobre la política universitaria y los fondos para las Altas Casas de Estudios. En este recorrido hizo hincapié en los fondos y en comparaciones respecto de cantidad de alumnos, cantidad de recibidos. “La autonomía de las universidades no está en discusión, lo que exigimos son datos y transparencia” en el manejo de los fondos.
Luego de señalar que “en las universidades públicas de cada 100 que se anotan se reciben 18,7 mientras que en las privadas el número es de 40”. Asimismo, hizo referencia a que cada egresado de la universidad pública tiene “un costo de USD 14.800” y que en los últimos años “observamos una incesante y asombrosa creación de universidades. De las 62 universidades nacionales, 23 fueron creadas en los últimos 20 años. En dos décadas se crearon la misma cantidad de universidades que en dos siglos”. Esto que intentó ser una crítica al sistema generó el aplauso del bloque del peronismo.
“En la educación básica estamos demostrando que es posible desde la Nación liderar la mejora del aprendizaje. En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los alumnos y no a la dirigencia universitaria. Es un acuerdo corporativo, de casta”.
La primera tanda de pregunta apuntó a la presentación de Torrendell por parte de la oposición. Las críticas pasaron desde el manejo de los datos de manera “maniquea” hasta el uso de los fondos. La novedad es que desde el bloque de LLA surgieron preguntas en modo de defensa.
“¿De qué sirve que nos traigan un presupuesto que nominalmente parece estar por encima de la inflación proyectada para 2027, pero que no compensa para nada el ajuste por inflación y el recorte que se observa en el 2026 de casi un 25%? Estamos frente a un presupuesto educativo que formalmente plantea un incremento de recursos, pero que después se observa una clara sub-ejecución de cada una de las partidas", le reclamó el diputado Maximiliano Ferraro de CC ARI.
Torendell fue el encargado de responder casi todas las preguntas dejando lugar en algunos espacios al subsecretario Álvarez. Sin embargo, en todo momento, el secretario nacional hizo alarde de un tono más amable que el de su subsecretario pero en todo tiempo se encargó de fustigar a los rectores universitarios de quienes dijo que teniendo en cuenta los resultados “en el sector privado los hubiesen despedido”.
Insurrección y Estado de derecho
Pero llegó el momento del subsecretario Álvarez quien tiene fama de pelearse con la oposición. Y no defraudó.
“Respecto de la llamada ley de financiamiento universitario a modo de ver del ejecutivo la norma incumple la ley de administración financiera y de ejecución presupuestaria”, repitió. “El Ejecutivo está a derecho y fue recurrido por el CIN todo esto está hoy en la Cámara porque se aceptó la apelación del Ejecutivo en ambos hechos”.
Pero el funcionario en vez de responder empezó con un alegato en defensa de la gestión y en ataque Consejo Interuniversitario Nacional. “El Ejecutivo está a derecho y los funcionarios a tiro de denuncia y muchos de la oposición que tienen la denuncia fácil no nos denunciaron. No así algunos de los diputados de la oposición que asaltaron edificios públicos y que llaman a la insurrección popular contra la República”.
“Piden más salario, todavía más por encima de lo que ya el Estado a asignado, lo cual los profesores universitarios y los docentes y no docentes están muy por encima del Estado nacional, con lo cual es un privilegio y también es una identificación de lo importante que es para el Estado que los rectores y los sindicatos son, hasta ahora, las únicas que las cierran”, acusó Álvarez.
La gran mayoría del debate se centró en el presupuesto a las universidades. Por lo menos desde ese lugar es que la oposición planteó sus preguntas. El oficialismo, a diferencia de lo que sucede en otras comisiones, realizó preguntas.
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