La clase social atraviesa prácticamente todas las dimensiones de la salud. Desde cómo percibe uno su propio estado, a los hábitos, el ejercicio físico, los cuidados que presta o recibe, su bienestar mental, el tiempo que pasan los niños frente a una pantalla y hasta el acceso efectivo al dentista. En prácticamente todos los indicadores de salud de la última encuesta del INE publicada este martes, la población menos cualificada presenta peores resultados y la brecha se ensancha en cuestiones como la salud bucodental, el sedentarismo o el consumo de tabaco.

En general, 17 puntos separan a los españoles más y menos favorecidos al valorar su estado de salud: cerca del 79% de la población más cualificada considera que goza de una buena salud, frente al 62% de la que está en los estratos más bajos. Esta tendencia se reproduce en las distintas cuestiones que va preguntando el organismo estadístico en su última edición de 2025, que muestran cómo la salud empeora progresivamente a medida que se desciende en la escala social.

La desigualdad social se mantiene, por ejemplo, en indicadores como la obesidad, que afecta al 17,2% de toda la población adulta, pero que, al filtrarla por clase social, se dispara sobre todo entre las mujeres: su prevalencia pasa del 8,8% en la clase más favorecida al 23,4% en la menos favorecida. Prácticamente todos los hábitos de salud empeoran a medida que disminuye la clase social de la persona entrevistada. El tabaquismo llega incluso a triplicarse entre los hombres de clases más bajas: el porcentaje de fumadores diarios pasa del 8,8% en los estratos más altos al 26,6% en los más bajos.

Algo parecido ocurre con el sedentarismo en tiempo de ocio, donde la brecha aparece todavía con mayor claridad. Si entre las personas de las clases más favorecidas el 12,2% lleva una vida sedentaria en su tiempo libre, la proporción asciende progresivamente hasta el 36,5% entre las menos favorecidas. Es decir, el sedentarismo prácticamente se triplica entre los dos extremos de la escala social. Hasta ir al gimnasio tiene clase social: la mayoría de la población con menos recursos (el 70%) no hace nunca ejercicios de fuerza, mientras que entre los ciudadanos más favorecidos ocurre lo contrario (solo el 37% no entrena). De hecho, si uno de cada cuatro ciudadanos de las clases más altas entrena fuerza uno o dos días por semana, entre las clases más bajas apenas lo hace el 8,8%.

Pero las diferencias no se limitan a los llamados hábitos saludables. También aparecen en la capacidad para acceder a la atención sanitaria y, de forma especialmente clara, en la salud bucodental. El 18% de las personas de las clases menos favorecidas que necesitaban atención dental no acudió por motivos económicos, frente al 5,9% de las más favorecidas. En consecuencia, el 45% de la población del extremo más bajo de la escala social asegura que lleva más de un año sin ir al dentista, cuando entre los de clases más altas esa proporción se reduce al 28,6%. El resultado se refleja en su salud: el 26% de las clases más bajas tiene caries, frente al 13% de las más altas; y solo el 33% conserva sus dientes (frente al 48% de los más favorecidos).

La depresión se ceba con las mujeres de clases bajas

La brecha social es importante también en la salud mental y especialmente acusada entre las mujeres. Si se suman los cuadros depresivos mayores y otros cuadros depresivos, el 10,6% de la población de la clase social más favorecida presenta algún tipo de cuadro depresivo, frente al 19,1% de la clase menos favorecida: casi el doble. La diferencia es todavía más marcada entre las mujeres: pasan del 12,2% en el estrato más favorecido al 23,3% con algún cuadro depresivo en el menos favorecido. Entre los hombres, en cambio, la distancia es menor: del 9,2% al 13,8%.

Sobre los cuidados informales, el INE muestra datos interesantes. En general, hay más población de clases sociales altas que asegura que cuida de personas mayores o enfermos crónicos, pero la situación da un vuelco al observar el tiempo que dedican a esos cuidados: el 34% de la población de los estratos más bajos dice que dedica 20 horas o más a la semana a estos cuidados, frente al 13% de los que tienen más recursos. Es decir, menos personas de las clases bajas cuidan, pero quienes lo hacen soportan más horas. Se enfrentan a todo esto, además, con una red de apoyo mucho más reducida: solo tres de cada diez ciudadanos de las clases más bajas dicen tener más de cinco personas con las que podrían contar "en caso de necesidad", diez puntos menos que los de clases más altas.

Y las desigualdades asociadas a la clase social aparecen también antes de la edad adulta, en la infancia. Entre los niños de 1 a 14 años, el 61,1% pasa al menos una hora diaria frente a una pantalla de lunes a viernes, pero la proporción va desde el 53,7% en los hogares más favorecidos hasta el 67,2% en los menos favorecidos. La exposición prácticamente nula también es distinta: el 20% de los niños que viven en los hogares más favorecidos no pasa nada o casi nada de tiempo frente a una pantalla entre semana, el doble que los menos favorecidos.

Las mujeres víctimas de violencia de género podrán acogerse a una nueva baja laboral que no exigirá un mínimo de días cotizados en la Seguridad Social y podrá cobrarse desde el principio. Es una de las modalidades especiales de incapacidad temporal (IT) que recoge el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que va dirigida a las mujeres trabajadoras víctimas de maltrato "cuyas lesiones les impidan trabajar", según ha concretado la ministra portavoz, Elma Saiz, en rueda de prensa, donde ha detallado que también se creará una nueva prestación para las mujeres que sufran "patologías incapacitantes" relacionadas con la menopausia.

"Ambas situaciones tienen una protección mayor que la incapacidad temporal de contingencia común desde el día siguiente de la baja y no van a exigir un periodo de carencia", ha detallado Saiz. Así, la cuantía económica se calculará aplicando el 60% de la base reguladora hasta el día 20 y el 75% a partir del día 21. De este modo, el mismo día de la baja, la persona beneficiaria percibirá el salario por parte de la empresa, y desde el día siguiente será la Seguridad Social quien lo abone, a diferencia de la IT ordinaria, que no contempla la prestación los primeros tres días de baja y hace que la empresa asuma el pago del día 4 al 15.

"Es una medida que protege a una parte muy importante de la fuerza laboral de nuestro país", ha defendido la ministra, antes de mencionar a las más de diez millones de mujeres afiliadas que hay en España y de asegurar que con el nuevo decreto se da respuesta a situaciones "invisibilizadas" y "brechas" que aparecían "desde siempre".

El decreto recoge también un refuerzo de la protección económica de los huérfanos por violencia de género, con un importe que se elevará hasta el doble del salario mínimo profesional (SMI) vigente en cada momento. El Gobierno subraya que tanto esta medida como las nuevas modalidades de incapacidad temporal se enmarcan en los objetivos contemplados en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en febrero de 2025 por todos los grupos políticos, salvo Vox. "Esto es lo que hace una política responsable frente a los negacionistas de la violencia de género", ha aseverado Saiz.

Asimismo, el texto contempla una actualización del Fondo del Pago de Alimentos, destinado a garantizar la protección de los menores de edad cuando hay un incumplimiento de la pensión en casos de divorcios y separaciones, y eleva la cuantía máxima del anticipo por beneficiario, que pasa de 100 a 300 euros mensuales. Se amplía, en esa línea, el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos: si ahora está en los 18 meses hasta que se extinga la obligación de alimentos, con la nueva norma el límite se pondrá cuando el hijo alcance la mayoría de edad, a los 18 años.

La cronicidad de la salud pública en España se ha disparado en los últimos meses, hasta alcanzar ya a una gran mayoría de la población que convive con una afección de larga duración. Dos de cada tres españoles tienen una enfermedad crónica, 8,5 puntos más que hace tan solo dos años: se ha pasado del 57,7% de la población mayor de 15 años que tenía algún problema de salud crónico en 2023 al 66,2% que muestra la Encuesta de Salud de España 2025 publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata, además, de una realidad que afecta más a las mujeres y que se concentra en problemas como el colesterol alto, la hipertensión y el dolor lumbar crónico.

Concretamente, las enfermedades y problemas de salud crónicos presentan una mayor incidencia entre las mujeres (70,8%, su máximo histórico) que entre los hombres (61,3%) y van ganando peso a medida que aumenta la edad de los ciudadanos, sobre todo a partir de los 45 años. Por enfermedades, el colesterol alto es el más común (20,6%), seguido de la tensión alta (20%), alergias crónicas (15,2%), lumbago (13,5%) y artrosis (10%). Aunque los que experimentaron un mayor aumento entre 2023 y 2025 fueron la alergia crónica (5,3 puntos más), el colesterol alto (3,1) y los problemas derivados de la menopausia (2,3).

La encuesta muestra, en general, un empeoramiento subjetivo del estado de salud de la población: en tan solo dos años ha caído en seis puntos el porcentaje de la población que considera que goza de buena salud: el 68,3% dice que es buena o muy buena, el porcentaje más bajo desde el inicio de la serie en 1987. En 2025 se registró igualmente un empeoramiento de la salud mental: el 35,6% de la población de 15 años o más presenta algún grado de sintomatología depresiva (5,8 puntos más que en 2023), con una proporción mayor entre las mujeres (42,2%) que entre los hombres (28,8%).

Los datos del INE revelan también que la dependencia empieza antes de lo que creemos: el 17% de los mayores de 55 años asegura que tiene dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria —como sentarse, levantarse, asearse, vestirse, ir al servicio o alimentarse— y casi la mitad de quienes tienen dificultades dicen necesitar más ayuda técnica o personal de la que reciben actualmente.

El consumo de tabaco, en mínimos; el alcohol, repunta

Además, desde 2023 se han producido cambios relevantes. El consumo diario de tabaco, por ejemplo, cayó en 2025 a su mínimo histórico, hasta el 15,4% (hace 15 años esa proporción era del doble). El descenso del tabaquismo ha sido especialmente intenso entre los hombres y la población joven, aunque fumar a diario sigue siendo más frecuente entre los hombres (18,4%) que entre las mujeres (12,6%). La mayor proporción de fumadores diarios se concentra en el rango de edad que va de los 25 a los 64 años, con una prevalencia de entre el 18 y el 19%. Aunque hay también un 10,7% de jóvenes de 15 a 24 años que se declaran fumadores, más incluso que los fumadores ocasionales de este mismo grupo etario (3,1%).

Hay, además, diferencias muy relevantes por clase social: entre los varones, el porcentaje de fumadores diarios pasa del 8,8% en la clase más favorecida al 26,6% en la menos favorecida. Y aunque entre las mujeres las diferencias son menores, el consumo también tiende a ser más frecuente entre las más vulnerables.

El alcohol apenas gana nuevos consumidores, pero aumenta la frecuencia con la que beben quienes ya consumen. El porcentaje de españoles de 15 años o más que ha tomado alcohol en los últimos 12 meses apenas varía entre 2023 y 2025 —se mantiene en el 66%—, pero aumenta el consumo semanal o más frecuente: pasa del 31,1% al 35,1%, y el consumo diario sube del 7,7% al 8,9%.

Los datos muestran que el consumo de alcohol cambia de patrón según la edad: mientras entre los jóvenes de 15 a 24 años el porcentaje que bebe al menos una vez a la semana cae ligeramente entre 2023 y 2025 (-0,3 puntos, hasta el 17,6%), en los de 25 a 54 años el consumo semanal aumenta entre 2 y 3,5 puntos (alcanza al 35-40%); y en el grupo de 55 a 64 años se eleva también 5,7 puntos, hasta el 45%. El mayor incremento se produce en los ciudadanos que tienen entre 65 y 74 años, con casi ocho puntos más que hace dos años, hasta alcanzar el 43,6%.

También aumenta el consumo intensivo de bebidas alcohólicas (cinco o seis consumiciones en un intervalo de 4 a 6 horas), que alcanza sus valores más altos entre los 25 y los 34 años: el 28,7% de los hombres y el 22,2% de las mujeres declaran este patrón al menos una vez al mes. Entre los 15 y los 24 años, los porcentajes se sitúan en el 26,9% y el 20,9%, respectivamente.

El INE revela también que el consumo de medicamentos se ha disparado ocho puntos desde la última edición, ya que casi seis de cada diez mayores de 15 años han tomado fármacos recetados en las últimas dos semanas y un 22% sin receta médica.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para "impulsar" las residencias universitarias en España y facilitar la movilidad de los jóvenes que tengan que desplazarse para estudiar. Según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que se aprobará es un paquete con siete proyectos concretos que se pondrán en marcha "en un muy breve espacio de tiempo" con el objetivo de que, en una primera fase, se puedan crear cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país.

"La universidad, evidentemente, no es inmune a uno de los principales problemas de nuestro país: el acceso a la vivienda. Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, lo que sucede es que la universidad deja de ser el motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades que todos queremos que sea", ha subrayado el jefe del Ejecutivo tras presidir en el Placio de la Moncloa la firma de la declaración sobre el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, al que también se dará luz verde mañana para reformar el actual, de 2010.

La norma, anunciada a principios de año, se aprobará in extremis, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29-N, con novedades como la atención a la salud mental, la conciliación de los estudios con el trabajo y los cuidados, y una mayor protección para estudiantes con discapacidad. Se actualizará, así, el estatuto aprobado hace ya 16 años, el primero que tenía el estudiantado universitario de la democracia. "Hoy el mundo no es el del año 2010 y la universidad tampoco, ni debe serlo. Han cambiado las formas de aprender, de enseñar y de relacionarse", ha señalado Sánchez, antes de mencionar también el impacto que han tenido las nuevas tecnologías y, sobre todo, la inteligencia artificial (IA) en las aulas.

De igual modo que ha cambiado "la realidad" de los propios estudiantes, cada vez más diversa: ya no todos llegan a la universidad por los mismos recorridos académicos y muchos van a trabajar al salir de clase o tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de los hijos o de los padres, o bien sufren algún tipo de discriminación o violencia.

"Todos merecen una universidad que les comprenda, que les acompañe y que les proteja. Porque el talento está repartido por toda la sociedad, lo que no se reparte de la misma manera son las oportunidades entre las personas que componen el sistema universitario y nuestra obligación es conseguir que ninguna circunstancia personal, familiar o económica haga que se imponga un obstáculo a que nadie pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento lo permitan", ha defendido, tras celebrar la importancia deesta norma que afectará a casi dos millones de jóvenes "y no tan jóvenes" que estudian en unviersidades de todo el país.

Planes de conciliación y derecho a paro académico

Ese, según Sánchez, es precisamente el "espíritu" del nuevo Estatuto que tienen previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros, para potenciar la participación y la representación del alumnado, promover la movilidad, incidir en el apoyo psicológico y en la salud mental, garantizar la conciliación y proteger los datos y la "desconexión digital". "Ahonda también en la defensa de la integridad académica", ha apuntado.

Según el proyecto de real decreto que se sacó a consulta pública el pasado mes de abril, la norma integra varias medidas clave. Reconoce el derecho a compatibilizar estudios y trabajo y la obligación de que se facilite esa conciliación, para lo cual las universidades deberán elaborar planes generales de conciliación. En esa línea, establece que tiene que haber, por lo menos, dos convocatorias de exámenes por asignatura (una ordinaria y otra extraordinaria) y que se podrá cambiar la fecha de la prueba por motivos de salud, cuidados de dependientes, fallecimiento o enfermedad grave de familiares, representación estudiantil o coincidencia con otras pruebas académicas.

Además, aparece por primera vez la IA y se prohíbe expresamente su uso fraudulento o inapropiado en evaluaciones, trabajos y documentos universitarios. Se refuerzan también las adaptaciones curriculares para el alumnado con discapacidad y necesidades educativas.

El texto establece también que las becas deberán garantizar que ningún estudiante abandone la carrera por motivos económicos y plantea tener en cuenta el coste del alojamiento cuando un alumno haya cambiado de residencia.

Otra de las novedades de la norma es que refuerza la representación estudiantil y se reconoce expresamente el derecho al paro académico, una medida que también estaba incluida en el Estatuto del Becario, que lleva pendiente desde la anterior legislatura.

Desde mediados de los años noventa, en España existen servicios especializados que intervienen en casos conflictivos de separación familiar para garantizar el contacto entre menores y progenitores. Son los llamados Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios a los que derivan los juzgados en situaciones delicadas y que ofrecen un lugar supuestamente neutro y supervisado por profesionales para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de menores. Se trata, no obstante, de un recurso cada vez más saturado y cuestionado por sus empleadas, que denuncian que, a menudo, detrás de esa situación "conflictiva" que el juez ha decidido pasar por alto apelando al interés superior del menor hay un caso de violencia de género o vicaria.

En su última memoria, la Fiscalía aseguró que la "saturación" de estos servicios es "uno de los problemas civiles más extendidos" de 2025, y que ha empeorado respecto al año anterior. Según recoge el documento, las fiscalías de ciudades como Burgos, Córdoba o Madrid reportaron el año pasado listas de espera "que impiden iniciar las visitas supervisadas durante meses" una vez acordadas judicialmente. El Ministerio Público considera que son recursos "muy útiles e incluso imprescindibles" en rupturas de elevada conflictividad, aunque advierte de que siguen siendo insuficientes. En algunos territorios existe un único centro para toda la provincia, mientras que otros presentan horarios limitados, instalaciones insuficientes o están alejados del domicilio del menor.

El problema, sin embargo, no es únicamente de recursos. Profesionales especializadas en la infancia y la violencia de género que tienen contacto con estos puntos de encuentro familiar ponen el foco en otra carencia: "Nuestra mayor problemática ya no es el número de centros o de horas, sino la falta de perspectiva de género en los puntos de encuentro familiares", señala a 20minutos Eva Atance, trabajadora social especializada en violencia de género. "No se puede trabajar familiar con violencia. No se puede", subraya.

Coincide con Lupa Pérez, psicóloga sanitaria especializada en violencia de género en menores, que insiste en que a veces "hay casos de violencia machista o vicaria detrás", pues los agresores utilizan a los niños para castigar o manipular a la madre a través de estos espacios. "No se cuida ni la protección de la mujer y, sobre todo, no se cuida la vulnerabilidad del menor", sostiene.

Obviar la violencia para mantener el vínculo con el padre

Estos servicios especializados intervienen en situaciones de separación familiar y pueden utilizarse simplemente para las entregas y recogidas de los menores (en el caso de Juana Rivas, por ejemplo, se utilizó un punto de encuentro familiar para la entrega de su hijo menor al padre) o para facilitar visitas supervisadas cuando existe sospecha de riesgo, trato inadecuado o una relación que debe recuperarse progresivamente. Pero lo normal es que se use como un espacio en el que el progenitor —habitualmente el padre— mantenga el contacto con sus hijos en situaciones de separación, divorcio o incluso situaciones de violencia de género.

Y es precisamente ahí donde las profesionales consultadas sitúan uno de los principales problemas: aseguran que en muchas ocasiones se utilizan estos puntos cuando ha habido maltrato porque los casos de violencia machista y las custodias se llevan por procedimientos judiciales separados, lo que propicia que, aunque exista una denuncia, una orden de protección o antecedentes de violencia, el conflicto pueda terminar abordándose en el punto de encuentro como una cuestión de relaciones paterno-filiales. "Ponemos parches a la violencia, pero luego realmente en un punto de encuentro, como estamos hablando de familia, ya obviamos la violencia", señala Atance.

De hecho, la propia Fiscalía habla en su memoria del modelo "pionero" que desplegó la Región de Murcia en 2015, bautizado como PEFVIOGEN, "exclusivo para supuestos de violencia de género", que permite supervisar de forma especializada los regímenes de visitas con rendición de cuentas periódica al juzgado y al Ministerio Fiscal. Según datos del Gobierno autonómico, en los seis primeros meses de 2026 estos puntos habían atendido a 143 menores y a 104 familias.

Sobre esta contradicción hace hincapié Gema Cornejo, abogada experta en derecho de familia y violencia de género: "Yo llevé un caso en el que había una condena al padre por darle una patada a su hija menor y el juez le prohibió las visitas a ella, pero no a su hermana mayor, alegando que ella sí tenía vínculo con el padre y necesitaba verle", cuenta a este periódico. A su juicio, estos recursos se emplean como solución intermedia en casos en los que lo que realmente debería existir es una suspensión del régimen de visitas.

"Normalmente son muy reacios a suspender las visitas porque entienden que es más perjudicial para el menor cortar el vínculo con el progenitor y usan esos puntos de encuentro, que al final no siempre funcionan porque es un suplicio para esos niños que muchas veces van obligados porque tienen miedo al padre y se quedan en un rincón", relata Cornejo, que muchos niños acaban somatizando ese miedo con dolores de estómago o incontinencia fecal. Además, en los casos en los que ha habido violencia de género acaba produciéndose una revictimización de la madre obligada a llevar a sus hijos a estos puntos y a coincidir de forma indirecta con sus agresores.

"Yo he discutido con compañeras que proponían devolver la tutela a un señor con una orden de protección en vigor"

Habitualmente los equipos están formados por una psicóloga, una trabajadora social y, en algunos casos, una educadora social. Estas profesionales deben desarrollar las visitas, elaborar informes y trasladarlos a la Fiscalía. Pero, para Atance, todo esto pierde el sentido sin una debida formación con perspectiva de género. La trabajadora social considera especialmente problemático que profesionales de los PEF puedan elaborar informes en los que se plantee retirar la supervisión de las visitas sin tener en cuenta el contexto de violencia.

En esa línea, cuenta que se ha encontrado con situaciones en las que los profesionales "creen más al agresor que a la víctima". "Yo he tenido muchas discusiones con compañeras mías por proponer la recuperación de la tutela a un señor que tiene una orden de protección en vigor y lo que me responden es que su trabajo no es la violencia de género, sino ver cómo está el menor... pero hay que tener un poco de perspectiva", defiende.

La tarea pendiente: escuchar al menor y ver el contexto

La Fiscalía sí defiende este tipo de recursos como necesarios en situaciones delicadas. Su utilidad, dice en la memoria, es "indiscutible" en aquellas situaciones "sin duda complejas en que es necesario restablecer una relación paternofilial muy dañada o rota, o con gran conflictividad entre los progenitores". Pero para las tres profesionales consultadas por este periódico, la utilidad de estos puntos pierde fuerza o incluso genera el efecto contrario si se usa al margen del contexto en el que se produce la ruptura familiar, especialmente en casos en los que ha habido violencia.

Había un par de leyes en tramitación que buscaban atajar este tipo de situaciones fortaleciendo la escucha a los menores de 12 años (que es el límite establecido actualmente por ley para tener en cuenta su opinión), pero ambas han caído por el sumidero de la legislatura al convocarse elecciones anticipadas. El tener en cuenta la voluntad del niño es algo que llevan reivindicando desde hace años las entidades de infancia. "Hay que escucharles y, en función de la edad, si no saben expresarse aún porque son pequeños, te dan muchas pistas. Un niño que se esconde debajo de la mesa del colegio cuando va a venir el padre a buscarle te dice muchas cosas y no te lo ha contado con palabras", subraya la abogada Gema Cornejo.

Según concluye Eva Atance, no ayuda tampoco que las trabajadoras sociales tengan contratos precarios de 16 horas semanales: "Lo que hay es un cúmulo de problemáticas que siguen fomentando que este sistema no funcione".