La Argentina crecerá un 1,9% en 2026 y un 3% en 2027, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La proyección difundida hoy muestra una fuerte corrección a la baja por parte de la entidad con respecto a su último informe, publicado en agosto pasado, en el que esperaba una suba para el Producto Bruto Interno (PBI) argentino del 3,3% para este año y del 3,4% para el próximo.

Dos semanas atrás, durante su reunión anual celebrada en Tailandia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también había modificado a la baja la previsión de crecimiento para la Argentina. El fondo proyectó que la economía crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y ratificado en julio, según la edición de octubre de las Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO).

En esa línea, la CEPAL también espera que la Argentina crezca menos que lo previsto este año. Y también lo hizo para la región, aunque en forma mucho más leve. De agosto a la fecha, redujo su estimación para el PBI de la región de 2,2% a 2%, “en un contexto internacional de elevada incertidumbre”. A la vez, mantuvo en 2,5% la proyección de crecimiento de América Latina para 2027.

Según el reciente informe “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, la CEPAL consideró que “las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en que operan las economías de la región” y, en ese plano, deben encontrarse las causas de una previsión más moderada de crecimiento.

En el caso particular de la Argentina, la CEPAL señaló en ese documento que “el ajuste macroeconómico y la recomposición de precios relativos continuaron moderando la absorción interna y las compras externas, al tiempo que mejoraron los incentivos a la producción exportadora”.

Empleo, inflación y crédito

El comunicado de la CEPAL señaló que los shocks externos afectan la demanda de los productos de la región y elevan los costos de producción e importación, sobre todo por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Según el organismo, sus efectos no son uniformes en todos los países: “Mientras algunos exportadores de materias primas pueden beneficiarse de mayores precios, las economías importadoras enfrentan presiones sobre sus costos y sobre el poder adquisitivo de los hogares”.

Respecto del mercado laboral, la CEPAL indicó que en América Latina “el empleo continúa creciendo, aunque a un ritmo menor”. Esa desaceleración, añadió, limita la mejora de los ingresos y el consumo de los hogares, además de dificultar la reducción de las brechas laborales y de la informalidad. Para la entidad, “la menor creación de empleo constituye así un canal adicional de transmisión de la desaceleración de la demanda interna”.

El documento también advirtió que la inflación registra en la región “una leve tendencia al alza”, empujada por los mayores precios de la energía y los alimentos. Esas subas impactan sobre los costos de producción y transporte y afectan con mayor intensidad a los hogares que destinan una porción más alta de sus ingresos a bienes esenciales.

A ese escenario se suma la perspectiva de un financiamiento internacional más caro. La CEPAL mencionó el incremento de 25 puntos básicos que aplicó la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre, el primero en tres años, y las alzas de igual magnitud dispuestas por el Banco Central Europeo en junio y septiembre. “Estas alzas encarecen el costo de financiamiento de los gobiernos, empresas y consumidores, con efectos sobre el servicio de la deuda y la inversión”, planteó el organismo.

El impacto de El Niño en 2027

De cara a 2027, la CEPAL sostuvo que la recuperación prevista estará sujeta a la evolución de la demanda mundial, los precios de las materias primas y las condiciones financieras internacionales, además de los posibles efectos de El Niño. Ante el escenario de bajo crecimiento, el organismo volvió a pedir políticas de desarrollo productivo y estrategias de formalización que articulen medidas laborales, fiscales y financieras, con el objetivo de “fortalecer las capacidades productivas y promover empleos formales y de calidad”.

Las estimaciones de la CEPAL presentan una marcada dispersión entre subregiones. América del Sur crecería 2,1% este año y 2,4% en 2027, mientras que América Central avanzaría 1,7% y 2,8%, respectivamente. El documento precisó que el resultado centroamericano está influido por Cuba y Haití: sin esas dos economías, el promedio previsto subiría a 4,1% en 2026 y a 4,2% el año siguiente.

Para el Caribe, el informe prevé una expansión de 7,4% en 2026 y de 7% en 2027, con una incidencia decisiva de Guyana. Si se deja afuera a ese país, las tasas regionales bajarían a 1,2% y 1,9%, respectivamente.

Los cambios de último momento en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema para que las empresas afronten las indemnizaciones por despido incluido en la reforma laboral, dejó satisfechas a todas las partes involucradas. Por el lado del sector financiero, porque tendrá más tiempo para implementarlo y para acumular fondos bajo el nuevo régimen. Del lado del Gobierno, se suma un objetivo superior: el nuevo diseño del FAL impedirá que las facilidades del nuevo sistema se utilicen para despedir trabajadores durante la campaña electoral, en medio de un escenario de caída en el empleo formal.

Un decreto firmado por el ministro de Economía Luis Caputo dispuso dos cambios sobre la reglamentación del FAL, consensuados con los bancos. El primero, que el sistema empiece a regir el 1° de diciembre en lugar del 1° de noviembre. A la postergación, se sumó una segunda modificación clave: el período de carencia, originalmente de 6 meses, pasará a ser de un año. Se trata del plazo inicial en el que las empresas deberán aportar a su Fondo pero no lo podrán utilizar para financiar el pago de indemnizaciones. Se espera que con ese plazo de inversión sin tocar el dinero, cada empleador empiece a formar una masa crítica para indemnizar en el futuro .

Uno de los principales temores de quienes se oponen al FAL es que incentivará los despidos entre los sectores “perdedores” de la economía. Para las empresas, grandes o pymes, el FAL no implica mayores costos: lo que antes aportaban a Anses, ahora lo harán al FAL que elijan. Por ello, el costo de despedir a un trabajador comienza a diluirse, ya que el aporte se hace de todas maneras.

Antes de los cambios, las empresas iban a disponer del fondo para pagar indemnizaciones por despido a partir del 1° de mayo de 2027. Con las dos modificaciones del decreto sancionado esta semana, la nueva fecha en que las empresas podrán despedir utilizando el FAL se corre hasta el 1° de diciembre del año próximo, es decir, con la campaña electoral donde se decidirá la suerte de la reelección de Javier Milei ya finalizada.

Como adicional, explicaron fuentes al tanto de la negociación entre el Gobierno y el sistema financiero que posibilitó los cambios, también habrá un beneficio fiscal. Caputo conservará la recaudación de noviembre y empezará a cederla para el FAL recién a partir de diciembre. Con el nuevo sistema, las grandes empresas destinarán el 1% de sus cargas sociales al Fondo; las pymes, el 2,5%. Ese dinero, que antes recaudaba Anses y ahora se invertirá en el mercado de capitales, se estima entre $250.000 millones y $300.000 millones mensuales.

“Cerró muy bien para todos”, señaló a Infobae una de esas fuentes. Para el gobierno, hay un mes más de recaudación y un riesgo menos de despidos masivos durante el año electoral. Para los bancos y las sociedades de Bolsa, el decreto otorga un mes más de plazo para implementar el complejo entramado operativo del nuevo sistema. Pero también duplica el fondo inicial: durante un año, ese aporte que mes a mes sumarán los empleadores no se puede tocar. Seguirá rindiendo en el mercado hasta consolidar una dinero que será del doble de lo previsto inicialmente.

Economía suma además otro beneficio: se asegura un fuerte nivel de demanda para los títulos públicos nacionales durante 2027. Aquí también jugó la letra chica de la reglamentación. El dinero del FAL puede destinarse únicamente a 4 activos: bonos nacionales, bonos provinciales o de CABA, obligaciones negociables privadas y depósitos bancarios. Para los bonos provinciales o privados hay un límite máximo y, además, un requisito casi insalvable: calificación AAA otorgada por dos calificadoras. Eso deja afuera a casi todos los bonos provinciales (a excepción de los de CABA) y limita los bonos privados a un puñado de grandes empresas.

Para los bonos nacionales no hay ningún requisito ni límite. Si lo desearan, los fondos del FAL podrían colocar todo su dinero en títulos públicos en pesos, con la única exigencia de no tener más de un 10% en bonos dollar linked. Con ello, queda claro el sesgo de la reglamentación que buscó Caputo para que los FAL demanden los títulos en cada licitación de deuda pública, tal como en la actualidad lo hace la Anses.

Cómo sigue el FAL

Con el nuevo cronograma, el sistema entra en su recta final. En el sistema financiero hubo alivio por el tiempo extra para trabajar en dos terrenos: lo operativo, con una implementación compleja para un negocio nuevo, y también lo comercial, con una dura pelea para conquistar a un universo de 550.000 empleadores privados. Fueron justamente las cámaras que reúnen a las sociedades gerentes de los fondos comunes de inversión, a los agentes de bolsa y a los fideicomisos las que impulsaron la gestión para conseguir un plazo mayor.

Hasta el 1° de diciembre, los bancos y las sociedades de bolsa seguirán la competencia. Hay muchas entidades ofreciendo bonificaciones de la comisión (que no puede superar el 1%) y otros beneficios. A la vez, los agentes de Bolsa apuntan a ofrecer un FAL específico para una empresa en particular, que se administre en forma individual y personalizada. Del más de medio millón de empleadores, se estima que hay 10.000 empresas con mucho personal que serán las más disputadas.

Un punto clave de la reglamentación es que los FAL, sean multiempresa o exclusivos de una sola compañía, deben administrarse en forma separada de los FCI que ya existen en el mercado. Según datos privados, en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya se registraron más de 100 nuevos fondos para el FAL. Cada banco que quiera jugar creó 2 o 3 nuevos fondos para que sus clientes puedan elegir dónde derivar sus aportes.

Una vez pasado el 1° de diciembre, la pelea tendrá un capítulo más: cómo se distribuirán las empresas que no eligieron ningún FAL. La reglamentación indica que la CNV les adjudicará “de oficio” un fondo para que deriven sus aportes a la hora de pagar los salarios. El mecanismo de asignación, a desarrollar entre la CNV y ARCA, aún no fue determinado en detalle. Los bancos no podrán rechazar a ningún empleador, por pequeño que sea.