El acceso a la vivienda es ya la principal preocupación de los españoles, según el 54% de encuestados por GAD3, 12 puntos más que en el anterior barómetro. Especialmente complicada es la situación de los jóvenes: un 65% de los menores de 30 necesitó algún tipo de ayuda y un 70% de la misma franja de edad han renunciado a alguna vivienda por no cumplir los requisitos. El estudio también refleja que un 31% de españoles pretende comprar una vivienda en los próximos 5 años y un 8% alquilar, así como detalla las principales barreras de acceso a la vivienda, principalmente económicas.

La encuesta estudia por franjas de edad la capacidad de emancipación con recursos propios y un 65% de los jóvenes de 18 a 29 necesitaron algún tipo de ayuda para independizarse. Un 53% echó mano de ayuda económica familiar, un 6% necesitó un aval y un 5% se mudó a una vivienda cedida por familiares o amigos. Este porcentaje cae bruscamente en las siguientes franjas de edad. Un 46% de personas entre 20 y 44 años necesitó alguna ayuda para independizarse, por un 36% de quienes cuentan con entre 45 y 64 años y solamente un 24% de los mayores de 65 años.

Los jóvenes son también quienes en más ocasiones renuncian a una vivienda por no cumplir los requisitos, ya sean económicos o burocráticos. Un 70% de los jóvenes de entre 18 y 29 años han renunciado a una vivienda en alguna ocasión, por un 68% entre los 30 y los 44 años, cifra que se reduce al 52% entre los 45 y los 64 y que cae hasta el 30% entre los mayores de 65. De media, un 54% de los españoles ha renunciado alguna vez a una vivienda por no cumplir los requisitos.

Las dificultades económicas y laborales son según un 41% de encuestados la principal barrera de acceso a la vivienda, mientras que un 32% se encuentra con una falta de oferta vivienda adecuada y un 31% con dificultades de financiación, problema este que suele afectar más a la compra. Además, un 14% cree que la accesibilidad de las viviendas es la principal barrera.

Entre las personas que han visto impedido su cambio de vivienda por motivos económicos, a un 38% le genera inseguridad sobre su estabilidad personal y a un 26% le dificulta la planificación de un proyecto de vida a largo plazo. Un 13% retrasa su decisión de tener hijos.

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha apuntado que la vivienda será un debate clave en las próximas elecciones y que “será una de las principales motivaciones de voto en menores de 30 años”, así como ha anticipado que seguirá entre las principales preocupaciones de los españoles en los próximos años.

El estudio apunta también las dificultades de habitabilidad en la vivienda, que afectan a un 53% de españoles, con el frío invierno y el calor excesivo en verano como principales problemas, con un 26% de afectación. Le sigue la falta de aislamiento acústico y problemas de ruidos, que afecta a un 18% de la población. Un 16% de vecinos relatan problemas de humedades o moho de forma habitual y un 10% problemas frecuentes de instalación. Además, un 6% denuncia hacinamiento o falta de espacio.

Un 56% de los encuestados relatan tener alguna barrera de accesibilidad en su vivienda, entre las que destacan las escaleras o desniveles sin alternativa accesible (un 15%) y la ausencia de ascensor o ascensor no accesible, retratada por un 12%.

Un 19% de los encuestados afirma sentirse solo siempre o de manera frecuente y un 39% ve que esa soledad tiene alguna o mucha relación con su vivienda.

Cuantas más viviendas tiene un casero, más tiende a subir los precios del alquiler. Según un informe publicado por EsadeEcpol con datos del Panel de Hogares de la declaración de la renta, y que, por tanto, se centra tan solo en arrendadores particulares y no en empresa, esta tendencia de aumentar más los precios entre aquellos que acumulan más de un piso de alquiler ha crecido en los últimos años.

Los caseros que tienen solo una vivienda en alquiler han subido el precio un 7,2% entre 2019 y 2023, un punto por debajo de los que tienen dos viviendas, que lo han hecho un 8,2%. Los que tienen tres viviendas han subido desde entonces el precio un 9,8% y quienes cuentan con 4 lo han hecho un 9,5%. Los que tienen 5 o más dan un salto considerable en sus subidas del alquiler hasta un 13,5% acumulado en los últimos cinco años, lo que supone casi 6 puntos más que los monoarrendadores y una subida de casi el doble.

Una comparativa entre las mismas viviendas desde 2019 a 2023, que no cuenta las viviendas nuevas que entran al mercado, muestra como la diferencia de precio entre quienes tienen una vivienda y quienes tienen varias ha ido aumentando desde 2019. Así, mientras que en 2020 los multiarrendadores, contando como tales todos los que tienen más de dos viviendas, subieron un 2% más el piso que los monoarrendadores, en 2021 la cifra se elevó al 3%, al 4 en 2022 y al 7% más en 2023.

Para depurar el impacto directo de ser multiarrendador en el precio, el estudio hace una segunda revisión comparando viviendas equiparables en barrios similares. Esto es para evitar que, en caso de que los multiarrendadores tengan viviendas de mayor tamaño o en mejor estado en zonas más caras, sea esta la causa principal de las subidas de precios.

Pero aun y comparando viviendas de mismos barrios, superficies y antigüedades, los multiarrendadores siguen subiendo más los precios del alquiler que los caseros con solo una vivienda de alquiler. Esta diferencia, en pisos de similares características, era del 1% en 2019 y subió al 3% en 2021 y al 3,5% en 2023.

Una brecha mayor cuanto más viviendas tiene

Los propietarios con dos casas de alquiler han subido el alquiler un 1,3% más que los que tienen solo una entre 2019 y 2023 en viviendas comparables, mientras que quienes tienen tres viviendas lo han hecho un 2% más, quienes tienen 4 un 3,4% más y quienes tienen cinco o más un 4,5%.

La brecha es mayor cuantas más viviendas acumula el multiarrendador y también se ha ido acentuando desde 2019 hasta 2023.

El estudio descarta, sin embargo, de entrada, que estos multiarrendadores suban los precios para presionar al alza en determinadas zonas, puesto que quienes tienen varias viviendas en diferentes municipios suben más los precios. Además, justamente los multipropietarios que concentran sus viviendas en una misma sección censal suben el precio un 3,8% menos que los monoarrendadores, en el sentido contrario a la tendencia general.

Las subidas de precios del alquiler año a año están limitadas por ley por el índice inflacionario que fija el Ministerio, pero los precios se pueden subir libremente una vez acaba el contrato, menos en las Comunidades Autónomas donde están topadas. Por ello, las subidas más acentuadas tienen lugar en la renovación de contratos o las nuevas firmas.

Renovaciones más duras

En las renovaciones, el monoarrendador sube de media el precio un 3,8% y un multiarrendador lo hace un 5,2%, o sea un 1,4% más. Pero mientras que quienes tienen 2 y 3 viviendas tan solo lo suben un 0,8% más que el monoarrendador, quienes tienen 4 lo hacen un 1,9% más y quienes tienen 5 o más lo hacen un 2,8% más que los caseros con una sola vivienda en alquiler.

El estudio apunta tres posibilidades, compatibles entre sí, por las que esto sucede. La primera es que cuando el mercado se encarece, los arrendadores con más viviendas suben antes el precio por mayor conocimiento del mercado. La segunda es que quien tiene una sola vivienda prefiere un inquilino estable aunque cobre menos por mercado y quien tiene varias, en cambio, depende menos de cada contrato y prioriza el precio. La tercera hipótesis es que quien acumula viviendas las compra como forma de inversión y escoge pisos más rentables, mientras que quien tiene solo una suele ser una herencia o una antigua vivienda.

El análisis de EsadeEcpol también desgrana las variaciones de precio por el tamaño de superficie, la antigüedad del edificio, la antigüedad del contrato o la localización para separar qué porcentaje de importancia tiene en la subida de precios el hecho de que alguien tenga más de una vivienda. El resultado es que el 17% de las subidas, o sea 17 euros de cada 100 euros que sube un alquiler, tienen que ver con la condición de multitenedor del arrendador.

El informe concluye que los multiarrendadores ponen el precio por encima de los que tienen solo una vivienda en alquiler pero descarta que sea para un mayor control de los precios y del mercado.

El centro de estudios universitario apunta que los incentivos fiscales a la no subida de alquileres, como el que ha aprobado el Gobierno en el nuevo decreto de vivienda, puede ser una medida eficaz para limitar estas subidas y reducir la brecha con los multiarrendadores. Desconfía en cambio de las prórrogas y apunta que una libre subida de precios mientras dure el contrato haría las subidas menos

El PP de Alberto Núñez Feijóo parece decidido a llevar la precampaña electoral al terreno de los bulos. Su última mentira, que se ha viralizado esta mañana, tiene que ver con la ocupación. “Hay propietarios con miedo, porque si un okupa entra en tu casa, con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”, ha dicho.

Cualquier ocupación que tenga lugar en una vivienda habitual o en una segunda residencia, que el Constitucional ya ampara como extensión de la primera, puede ser denunciada “por lo criminal, como allanamiento de morada, y la policía saca al okupa enseguida”, aclara Pablo Feu, abogado experto en vivienda.

El allanamiento de morada está regulado en los artículos 202 a 204 del Código Penal y prevé penas de prisión de seis meses a dos años a quien, sin habitar en ella, entra en la morada de otra persona o se mantiene en ella contra la voluntad del morador.

Las afirmaciones de Feijoo dieron lugar a un cruce de tuits entre los PP y PSOE, acusándose mutuamente de mentir.

Todos los bulos tienen una porción de realidad que se utiliza luego para tergiversarla o amplificarla. En el caso del bulo del ticket de pizza, tiene que ver con que en ocasiones ha sido utilizado como una forma de demostrar un domicilio en casas donde no vive nadie. “La Constitución defiende el domicilio, sea con título o no, y si alguien certifica que un domicilio es suyo (y nadie vive allí), la forma de echarlo es con una orden judicial”, explica Feu. Y parte de la base de que cualquier proceso puede tardar años en unos juzgados sobrecargados. Sin embargo, Feu aclara que este tipo de ocupación “es cada vez más infrecuente porque hay menos viviendas vacías”. La ocupación más habitual hoy en día es la de personas vulnerables con contrato que ya no pueden pagar el alquiler.

En 2018, para evitar este tipo de trampas, se creó la ley de desahucio exprés, que prevé que si el ocupante no tiene un título que acredite su alquiler, pueda ser desahuciado de manera inmediata. Esto invalidó fórmulas creativas como el ticket de pizza y obligó a las mafias a desarrollar estrategias más complejas, como crear contratos de alquiler falsos, para intentar impedir los desalojos.

Ocupación a la baja, allanamiento casi inexistente

Hoy en día, la mayoría de ocupas que existen en España, ante la caída de las viviendas vacías, son personas vulnerables con contrato de alquiler que no pueden pagar su renta o bien a las que la propiedad no ha querido renovarles el contrato. Y no están ocupando el domicilio de nadie, sino que están en su propio domicilio, pero no lo pueden pagar.

“El discurso de Feijóo de la pizza está trasnochado, vencido, no existe. No hay nichos de oportunidad de ocupaciones. Los pisos vacíos y mal gestionados, mal conservados, de entidades bancarias o fondos como la Sareb eran los nichos de oportunidad”, desarrolla Feu, que sentencia como “jurídicamente imposible” que ocupen tu casa con un ticket de pizza. “El allanamiento de morada es un delito y la policía lo resuelve en un santiamén”, sentencia.

En 2025, se abrieron 7.110 procedimientos judiciales de ocupación, una caída del 16,9% con respecto a 2024, informa El Periódico de España. Se estima que alrededor de un 0,16% de las ocupaciones corresponden a allanamientos, según contaron fuentes de Interior al mismo medio. En 2022, último año en que se detallaron, tan solo 96 de los casi 9.000 procedimientos por ocupación fueron allanamientos de morada. Y estos se resuelven con rapidez. “El okupa quiere quedarse el máximo de tiempo posible, así que evita ocupar viviendas que son el domicilio de alguien”, añade Feu.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha respondido a Feijóo. “Esto es mentira”, ha dicho sobre la afirmación de la pizza de Feijóo, y ha lamentado que el principal partido “no tenga ante el principal problema de los españoles más propuestas que un bulo”, ha dicho en Catalunya Ràdio.

De Pozuelo de Alarcón hasta Puertollano hay tan solo 255 kilómetros de distancia. Pero comprar una vivienda en el municipio al norte Madrid cuesta 907.000 euros de media, algo más que 15 pisos en la localidad de Puertollano, donde el precio medio es de 57.698 euros. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este miércoles esta lista con los precios de compraventa a cierre de 2025, que lidera el municipio mallorquín de Calvià, a las puertas del millón de euros con 981.485 euros de precio medio.

Los cinco municipios más caros de España para comprar están en Madrid o Baleares. Santa Eulària des Riu, en Ibiza, es el tercer municipio más caro, con 888.800 euros, por delante del también ibicenco Sant Josep de sa Talaia, 867.072 euros, y del madrileño Boadilla del Monte, donde cuesta 821.000 euros.

Marbella, en Málaga, con un precio de 742.000 euros, Alcobendas, con 703.369 euros, Majadahonda (668.000), Sant Cugat del Vallès (608.000 euros) y el gaditano San Roque (605.000 euros) completan el top 10 de municipios más caros para comprar una vivienda.

Ciudades con pisos por menos de 80.000 euros

En la otra cara de la moneda, hay nueve municipios donde comprar una vivienda cuesta menos de 80.000 euros, precio por el cual se pueden llegar a comprar más de 10 viviendas en los municipios más caros. Algo más caro que Puertollano es comprar una vivienda en los municipios asturianos de Mieres, con un precio de 61.000 euros, y Langreo (63.000 euros). Con un salto de 10.000 euros aparecen la granadina Loja, la murciana Archena y el municipio manchego de Hellín, con un precio de 76.000.

El estudio analiza también la evolución de precios desde 2013 y muestra que los municipios donde más ha subido el precio de la vivienda son Tías, donde el precio casi se ha triplicado al subir un 180%. En Marratxí y Torremolinos, siguientes municipios donde más han subido los precios desde entonces, se han registrado subidas del 176%.

Los precios de venta, sin embargo, han caído en Puertollano (-40%), Crevillent (-29%) y Mieres (caída del 19%), municipios con los mayores descensos de precios.

El estudio estadístico se fija en el precio por metro cuadrado en los distritos de las ciudades de más de 250.000 habitantes y 14 de los 15 más caros están en Madrid, con Recoletos y sus 10.952 euros por metro cuadrado liderando la lista, lo cual elevaría a un millón de euros el precio medio por un piso de 100 metros cuadrados. El primer barrio que no está en Madrid y aparece en la lista es Sant Gervasi, con 6.707 euros por metro cuadrado.

En la otra cara de la moneda, el distrito 6-A de Murcia, con 783 euros el metro cuadrado, y El Higuerón y Alcolea en Córdoba, con algo más de 800 euros por metro cuadrado, son los distritos más baratos.

Alquilar en Pozuelo, lo más caro

El INE aplica también una comparativa de precios según el gasto mensual en alquiler en municipios de más de 20.000 habitantes y Pozuelo vuelve a aparecer destacado, en esta ocasión con el mayor alquiler de España, 1.500 euros al mes de media. Boadilla del Monte, también en Madrid, con 1.478 euros, le sigue, por delante del municipio barcelonés de Sant Just Desvern (1.276 euros al mes de media), Majadahonda (1.268) y el ibicenco Sant Josep de sa Talaia (1.211 euros).

Los municipios más baratos de más de 20.000 habitantes para alquilar en España son Lalín, con 330 euros al mes de media, Priego de Córdoba (334) y Écija, donde cuesta 339 euros al mes.

Entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. Los más elevados se dieron en Recoletos (2.037 euros), Pedralbes y Piovera (ambos 2.002).

Algunos de los barrios con más renta de España coinciden con los que tienen mayores esfuerzos de alquiler. El Viso es el distrito con más ingresos medios de España, 49.654 de renta neta media anual, por encima de Recoletos, segundo barrio con más renta y el más caro para alquilar.

Si miramos la renta neta mensual, que en El Viso es de, 4.137 euros, comprobamos que pese a tener los ingresos más altos el alquiler medio de 1.855 euros al mes se come casi la mitad de un sueldo. En Recoletos, con una renta media de 3.850 euros al mes, el alquiler medio de 2.037 euros se lleva el 53% de un sueldo.

Si miramos esta proporción en algunos de los barrios de menor renta con menores precios del alquiler, encontramos que en el Sector Sur de Córdoba, con una renta anual neta de 10.418 euros y mensual de 868 euros, el alquiler supone también la mitad de un sueldo al elevarse a los 430 euros al mes, el segundo distrito de una ciudad de más de 250.000 euros más barato para alquilar.

El Gobierno ha aprobado este martes una subvención de 180 millones de euros a las 5 comunidades autónomas que aplican la Ley de Vivienda de 2023 y tienen, por tanto, topados los precios del alquiler. Es el doble de lo que ya anunció el ejecutivo en septiembre. El objetivo es “incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en los 317 municipios” que abarcan estos territorios, donde viven unos 9 millones de personas.

La mayoría de la subvención va destinada a Catalunya, con 119,4 millones para los 271 municipios tensionados, mientras que Euskadi contará con 31 millones para los 18 municipios tensionados y Navarra con 13,3 para 21 municipios. A Coruña y Santiago, municipios de Galicia, contarán también con una inyección de 10,2 millones de euros para políticas de vivienda, mientras que los 5 municipios de Asturias reciben 5,9 millones.

Este complemento previo al Plan Estatal de Vivienda servirá a las Comunidades Autónomas para construir o rehabilitar vivienda asequible o social, comprar suelo, desarrollar o urbanizar suelo, comprar vivienda usada para destinarla al alquiler social o asequible o cubrir impagos de renta de contratos de alquiler.

Además, tal y como avanzó este lunes Pedro Sánchez, el Ministerio dará un impulso a las residencias universitarias con una inversión de 45 millones para crear 2.000 nuevos alojamientos que faciliten el acceso a los estudiantes.

La Universidad Autónoma de Madrid, con una ayuda de 13,3 millones de euros, será la principal beneficiada por estas ayudas, mientras que la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, recibirá 8,1 millones. La Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, obtendrá 6,5 millones de euros y la de Burgos 5,9 millones. Castelló y la Universitat Jaume I, con 4,5 millones, la Universidad de Jaén, con 3,5 millones, y el Ayuntamiento de Lleida, que recibirá 2,9 millones, son el resto de beneficiadas por esta inyección.

La ministra ha expresado, preguntada sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre por el derecho a la vivienda su “respeto absoluto” al derecho constitucional. Sin responder concretamente a la pregunta de si considera que la huelga es contra ella, ha expresado que hay que “respetar y no criticar” esta medida de presión y ha instado al resto de administraciones a “tomar nota” y “tomar decisiones” para atajar los problemas.

“Cuando los salarios se absorben por las rentas por el alquiler, yo entiendo que los trabajadores y trabajadoras estén preocupados porque suban los salarios y bajen los alquileres”, ha añadido. “Todas las movilizaciones son importantes, pero esta además la lideran los sindicatos, que tienen un reconocimiento constitucional”, ha dicho. Y ha defendido las medidas tomadas por el Ministerio como respuesta a esta huelga.

Una madre soltera con un sueldo de 1.500 euros en un trabajo de oficina que vive en un pequeño piso en la periferia de Madrid o Barcelona y paga 800 euros por la vivienda. Ese es un ejemplo tan hipotético como probablemente real que sirve para ilustrar la realidad de 770.000 trabajadores en España. Son los que saltan a la pobreza laboral tras afrontar los gastos de vivienda en España. La pobreza laboral pasa del 11 al 15% tras pagar los gastos de la casa, esfuerzo que ahoga sobre todo a quienes viven de alquiler. Hasta un 34% de los inquilinos con trabajo sufren pobreza laboral después de haber pagado la renta a precio de mercado, una cifra tres veces mayor que quienes se encuentran con esta estrechez después de pagar la hipoteca (10,22%), según un informe de Oxfam Intermón. Un 7,95% de quienes tienen ya la hipoteca pagada también entran en pobreza tras afrontar los gastos de vivienda.

A partir de la definición de Eurostat, el estudio toma datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto de Nacional de Estadística y de las declaraciones de la renta de 2024 y fija la pobreza laboral en 12.220 euros anuales por hogar unipersonal y 25.663 euros en hogares de dos adultos y dos menores, contando con personas que lleven más de siete años trabajando.

El resultado es muy diverso entre sectores, trabajadores a jornada parcial o completa, migrantes y personas de nacionalidad española y también afecta más a hogares con niños. Pero la vivienda juega un papel clave en el empobrecimiento de los trabajadores.

“La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan”, señala Alejandro García-Gil, responsable de empleo, vivienda y políticas sociales de Oxfam Intermón y uno de los autores del estudio. Apunta además que los nuevos decretos de vivienda “no resuelven un problema estructural, pero suponen un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma”, que “anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler” y seguridad jurídica a los caseros con alquileres por debajo de mercado.

“Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna”, añade García-Gil.

El informe advierte también de cómo la pobreza laboral golpea con mayor dureza a hogares con niños, lo cual expone más a la infancia a sus efectos. Un 39,5% de hogares con adultos y más de tres menores, pese a las ayudas que puedan recibir por ser familia numerosa, sufren pobreza laboral en España, colectivo más golpeado incluso por encima de familias monoparentales, entre las que hay un 29,6%. Esta situación se reduce a casi la mitad cuando la familia la forman dos adultos y dos menores (15,40%) y se va diluyendo entre las familias sin hijos.

Así, en los hogares con dos adultos la pobreza es del 10,50%, mientras que los adultos que viven solos presentan la tasa de pobreza más baja, del 4,24%. Eso sí, en estas variables el estudio no cuenta el impacto de la vivienda en la pobreza laboral.

Los trabajos a media jornada son otro factor que precipita la pobreza laboral: el doble de personas con jornada parcial la sufren, un 20,62% por un 10,67% de las personas con un trabajo a jornada completa. También entre los autónomos la tasa de pobreza laboral es del doble, 21,69%, que para los asalariados, un 10,26%.

Por sectores, entre los de mayor pobreza laboral se encuentra el trabajo doméstico, con un 27,48%, y la agricultura, que cuenta con un 26,24% de personas en lindares de pobreza pese a contar con empleo. La hostelería tiene una tasa de pobreza laboral del 21,17%, la construcción un 18,31% y las actividades administrativas y servicios auxiliares un 16,31%. En el comercio y reparación de vehículos de motor la pobreza laboral alcanza al 13,88%.

La pobreza laboral es también hasta cuatro veces mayor entre los migrantes de fuera de la Unión Europea que entre los españoles. Un 8,71% de españoles son pobres pese a tener un empleo, por un 31,42% de extranjeros no europeos y un 16,17% de extranjeros de la UE.

El documento de Oxfam concluye con ocho recomendaciones para combatir la pobreza laboral en España, entre las que destaca la contención de los precios del alquiler y la apuesta decidida por la vivienda asequible, así como refuerzos en el apoyo a la crianza, protección laboral y regularización de migrantes, unidades de medida oficiales de pobreza laboral antes y después de pagar la vivienda, blindar la subida del SMI vinculada al coste real de la vida e impulsar convenios sectoriales cuyos salarios reales están por debajo del SMI.

La vivienda es a la vez el principal problema económico de los españoles y uno de los activos que atraen más capital por su elevada rentabilidad. En plena crisis de acceso a la vivienda, con protestas en las calles y un decreto a modo de salvavidas a punto de ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, la inversión inmobiliaria ha crecido un 28,2% hasta septiembre. Alcanza los 16.849 millones en los 9 meses de 2026 y es el único país de la Eurozona donde crece, según un informe de Colliers, consultora inmobiliaria internacional de referencia.

La inversión en vivienda, motivada por la falta de oferta y por los altos retornos que ofrece, es la que más ha crecido y se ha duplicado hasta llegar a los 6.000 millones entre enero y septiembre. Mientras que la inversión inmobiliaria ha caído en el mismo periodo en Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Italia y Portugal, España se sitúa entre los países del mundo donde más crece, por detrás de Taiwán (que sube un 46%) o Hong Kong, un 43%.

En términos absolutos, la inversión en España roza a la de Francia, que alcanza los 17.000 millones, y sigue por detrás de Alemania (21.400 millones) y Reino Unido (33.200), pero casi triplica los 5.800 millones de inversión inmobiliaria que atrajo Italia, pro debajo de los 9.300 millones de Países Bajos y los 8.500 de Suecia.

El informe de Colliers apunta a las elecciones del próximo 29 de noviembre y los cambios regulatorios como posible punto de inflexión para la inversión. Con todo y con eso, Colliers señala que la inversión en vivienda y en hoteles debe seguir a buen ritmo en el país. “Los inversores mantienen un fuerte interés por segmentos vinculados a las necesidades de vivienda y alojamiento, especialmente aquellos respaldados por tendencias demográficas de largo plazo. No obstante, algunos inversores podrían empezar a valorar otras estrategias de inversión si se mantuviera el entorno actual de incertidumbre jurídica y legislativa”, expresa Antonio de la Fuente, managing director de Living, como se ha rebautizado la vivienda, en Colliers.

A la inversión en vivienda, de 6.000 millones, y en hoteles, de 3.300, le siguen los capitales apostados en retail (2.630 millones) y en oficinas, hasta 2.000 millones. La inversión inmobiliaria industrial y logística, con 1.269 millones, es la menos atractiva. Todas ellas, de cualquier forma, han crecido de manera sustancial en 2026, pero ninguna tanto como la inversión en vivienda, que aumenta un 35,4%.

La aprobación de los decretos de vivienda el pasado 7 de octubre como respuesta a las protestas tras el desahucio de Maricarmen generó cierta tranquilidad entre los inquilinos cuyo contrato vence antes de 2029. Las prórrogas extraordinarias garantizan que no les echen de sus casas ni les suban el alquiler al vencer el contrato. En el sector inmobiliario, ha despertado una gran inquietud que, sobre todo, se traduce en una amenaza: la retirada masiva de pisos de alquiler en oferta ante la “inseguridad jurídica” a la que se enfrentan.

Unos pantallazos con datos falsos de Idealista, las cifras de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegurando que más de 4.000 viviendas han sido retiradas de la oferta de alquiler y la estimación de la asociación de propietarios ASVAL de que un 30% de la oferta “se retirará paulatinamente” han despertado unas alarmas que reflejan a medias la realidad. Son varias las voces del sector que apuntan a una suspensión temporal de los alquileres que podría retomarse una vez se apruebe el decreto en la Diputación Permanente o bien después de las elecciones. Y desde la propia patronal reconocen que el mercado del alquiler no va a desaparecer de la noche a la mañana.

Los decretos de vivienda, aprobados el pasado 7 de octubre tras la caída en el Congreso unos días antes y que debe convalidar en los próximos días la diputación permanente, crean además de las prórrogas extraordinarias un escudo antidesahucios que impedirá echar de sus casas a los inquilinos vulnerables, con la cobertura estatal de los impagos. Esta medida defiende el catedrático en economía y experto en vivienda José García Montalvo, “no es eficaz porque la cobertura del impago debe ser inmediata y no después de juicio”.

Un “descenso por prevención”

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, principal patronal inmobiliaria española, su portavoz Miguel Ángel Gómez Hueco cree que “sí que ha habido un descenso de oferta por prevención”, pero “no una salida masiva”. “El que tenga que alquilar lo va a seguir alquilando, porque a veces le conviene más que pagar los impuestos que supone una venta. Pero puede haber quien lo paralice a la espera de lo que pase en las elecciones”, añade.

Desde Pisos.com, el portavoz y director de estudios, Ferran Font, asegura que “lo que hay es una continuación de la dinámica que arranca con la LAU de retirada de oferta del alquiler, pero no un gran cambio repentino a raíz de los decretos”. Las cifras muestran una caída del 2,3% desde antes del decreto hasta la actualidad, que afecta mucho más al particular, que lo reduce al 7,6%, que al profesional, que retira un 2% de la oferta. El alquiler temporal aún cae más tras un decreto que obliga a acreditar la temporalidad del inquilino: se reduce un 9%. Las cifras son sobre unos 90.000 anuncios de alquiler en toda España y 3.000 de temporada.

“No vemos un comportamiento anómalo ni exagerado, la caída del 7% no es tan significativa porque con pocos anuncios que caigan ya tiene un impacto grande”, explica Font. Parte del cambio en la cantidad de ofertas, además, puede deberse a contratos que se firman, por lo que las oscilaciones son habituales. Después de que Facua denunciara a Pisos.com, Idealista, Fotocasa y otros tres portales, además, por no incluir los precios máximos de las zonas tensionadas ni la condición de gran tenedor del arrendador, es posible que exista una fuerte oscilación de oferta por los anuncios que se retiren y se modifiquen en los próximos días para adecuarlos a la ley.

Idealista, que es el portal con más oferta de alquiler y supera los 71.000 anuncios, no tiene estudios realizados a tan corto plazo. Pero elDiario.es tiene acceso a un vaciado de datos mensuales en las capitales de provincia. Ahí, el impacto es mayor: entre septiembre y octubre, la oferta de alquiler ha descendido un 33% de los 33.815 anuncios en septiembre a los 27.530 en octubre. El porcentaje de vivienda temporal ha descendido dos puntos, del 42% del total al 44%. La cifra de anuncios supone también una caída total de los anuncios de alquiler con respecto a los 33.067 de octubre del año pasado.

Caída entre el 2% y el 6% en los portales

Sí que realiza estas estimaciones Fotocasa, que con más de 40.000 supone un muestrario complementario a las cifras de Pisos.com. En su caso, detectan una contracción mayor, del 5,9% en la oferta de alquiler de larga duración, pero sí que la consideran “especialmente significativa”, porque “las fluctuaciones habituales del mercado no suelen superar el 1,5%”, advierte María Matos, directora de estudios de Fotocasa.

“Cuando se legisla sin contar con una de las partes esenciales del mercado, los propietarios, y se introducen restricciones y obligaciones que reducen su capacidad de decisión, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al que se busca”, añade Matos, que además observa un incremento del 7,5% en el alquiler de habitaciones, a pesar de que la aprobación del decreto lo regula para que los contratos se firmen con los tiempos de la LAU. Matos reconoce que “algunos propietarios buscan alternativas a las limitaciones de precios”, si bien en este caso, con el decreto en vigor, no deberían poder esquivarlo.

Matos alerta que el 24% de propietarios encuestados por Fotocasa “prevé retirar su vivienda del alquiler y venderla cuando finalice el contrato” y advierte que también la inversión en vivienda asequible detecta “señales de inestabilidad regulatoria” y podría verse desincentivada a aterrizar en España, un sentido contrario al que apuntaron los fondos en las últimas ferias inmobiliarias The District.

Los fondos ya estaban vendiendo

Tampoco existe una salida masiva de los fondos de inversión del mercado de alquiler tras la aprobación del decreto. Esta salida fue previa y tuvo que ver no solo con la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, que alargaba los contratos y abría la puerta a los topes de precios, sino por un techo de rentabilidad del alquiler en un contexto en que la venta también subía y se convertía en una opción muy rentable tras años de revalorización. CaixaBank o Blackstone, dos de los mayores caseros de España, ya llevan tiempo retirándose del alquiler.

En el segundo caso, la compra de Brookfield de 5.000 viviendas que fueron de alquiler asequible hasta que las vendió Ana Botella en 2013 deben pasar a la venta individualizada, pero la prórroga de los alquileres hasta 2030 debe posponer estas operaciones y proteger de manera temporal a los inquilinos, que viven atormentados por la constante amenaza de tener que irse y por subidas de precios exageradas.

Desde el terreno de Amat, una inmobiliaria que factura unos 5 millones de euros anuales y ha ido saliendo del mercado del alquiler, su director general, Guifré Homedes, asegura que han congelado los pocos alquileres que tenían en oferta “a la espera de que se convaliden o no los decretos, por precaución”. Son, de todos modos, cuatro o cinco contratos tan solo los afectados. La “incertidumbre” es lo que les empuja a esta situación, pero Homedes se muestra más preocupado por algunas cuestiones menos mediáticas que por las prórrogas o el escudo antidesahucios.

La “incertidumbre” del casero

“Nos genera incertidumbre el apartado que dice que si el inquilino considera vitales unas obras las puede hacer y luego pasar cuentas. ¿Qué es o no vital? Por poner un ejemplo, si todos los inquilinos de un bloque consideran indispensable un aire acondicionado, puede romper el negocio al propietario”, apunta. “Si se aprueba el segundo decreto (que convierte los contratos en indefinidos de facto y que el PNV ya ha anunciado que tumbará), sí que se puede dar una salida mayor, pero no sé si masiva”, añade Homedes.

Ya durante el debate previo a la aprobación del decreto, el 6 de octubre, cuando este había decaído en el Congreso y se encaminaba a su segunda aprobación en Consejo de Ministro, el experto de EsadeEcPol, Jorge Galindo, mostró en un estudio que la caída del alquiler de ofertas de larga duración en Idealista había caído un 6% en ese periodo en las principales ciudades y hasta un 12,5% en Murcia y un 9,2% en Madrid. En Barcelona, sin embargo, la caída era mínima, posiblemente porque el ajuste ya se había producido desde que se toparon los alquileres y se regularon los pisos de temporada y habitaciones.

Galindo hablaba de una “retirada preventiva” del alquiler en su estudio. “El efecto del decreto se mezcla con el de convocatoria electoral”, advierte el sociólogo. “Endurecer todo no hace que de repente mágicamente el propietario decide hacer lo que nos parece más deseable”, defiende Galindo.

García Montalvo asegura que “al fondo de inversión que tiene menos peso sobre el total le preocupa la rentabilidad” y no tanto los impagos, que “puede asumir entre una cartera mayor”. “Pero el casero particular no puede asumir los impagos de un inquilino”, advierte.

En cualquier caso, al no poder topar estatalmente los alquileres de mercado ni garantizar una movilización significativa de nuevo alquiler a corto plazo, la menor rotación que supondrán en los próximos meses las prórrogas del alquiler tendrán como perjudicados a aquellos que quieran emanciparse, cambiarse de piso o los recién llegados a la ciudad. A menos expulsión de vecinos, menos oferta de alquiler disponible. Ahora bien, sin estos decretos, los inquilinos viven bajo la amenaza constante de expulsión de casa o subidas desorbitadas de alquiler a cada renovación de contrato. Una situación que, si no se aprueba el segundo decreto, volverá a producirse cuando finalicen las prórrogas extraordinarias. Para entonces, no obstante, ni siquiera se sabe qué Gobierno habrá en España.