El abogado guatemalteco Édgar Ortiz Romero denunció que él, integrantes de su familia y voluntarios de Poder Ciudadano han recibido amenazas y han sido vigilados por personas que, según afirmó, registran sus movimientos y ubicación.

Ortiz hizo pública la denuncia este miércoles 21 de octubre a través de un video en sus redes sociales, donde informó la cancelación del Congreso Ciudadano previsto para el 31 de octubre debido a estas intimidaciones.

El pronunciamiento ocurrió pocos días después del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en Ciudad de Guatemala.

“Nos están siguiendo y nos amenazaron”, dijo Ortiz al inicio de la grabación, que calificó como distinta a sus habituales publicaciones. El abogado vinculó los hechos con la iniciativa de reforma al sistema de justicia que impulsa la asociación civil.

Según relató, desde el comienzo del trabajo de Poder Ciudadano sus miembros conocían los riesgos que podían enfrentar por promover cambios en la elección de magistrados y en la estructura de las instituciones judiciales. Sin embargo, sostuvo que las intimidaciones aumentaron durante los últimos meses.

Ortiz afirmó que algunas amenazas fueron lo suficientemente graves como para suspender jornadas de recolección de firmas.

También indicó que el grupo adoptó medidas de protección que permitieron documentar, en varias oportunidades, seguimientos y fotografías tomadas por personas que, de acuerdo con su denuncia, buscaban identificar su ubicación en tiempo real.

“Muchas familias guatemaltecas viven el problema de la inseguridad y ahora nosotros también lo estamos viviendo”, expresó.

El abogado señaló que presentó una denuncia en septiembre y que trasladará a la Fiscalía nueva información sobre los episodios que asegura haber documentado, con el objetivo de que se identifique a los responsables.

Ortiz sostuvo que la organización cuenta desde hace semanas con un esquema particular de seguridad y que la situación los obligó a restringir desplazamientos.

Poder Ciudadano busca cambiar el modelo de elección de magistrados

La labor de Poder Ciudadano se centra en una propuesta de reforma constitucional judicial que plantea modificar 24 artículos de la Constitución e incorporar tres nuevos.

El proyecto propone eliminar las comisiones de postulación, retirar al Congreso la facultad de nombrar a centenares de magistrados cada cinco años y establecer un sistema de renovación escalonada en las altas cortes.

La iniciativa también plantea separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia y consolidar una carrera judicial basada en méritos, en lugar de vínculos políticos.

La organización entregó 16.500 firmas al Congreso de Guatemala para activar el mecanismo de iniciativa ciudadana. La Constitución exige el respaldo de al menos 5.000 ciudadanos empadronados del distrito correspondiente.

El proyecto requiere el voto favorable de 107 diputados para que avance hacia una consulta popular. Si el Congreso aprueba la modificación constitucional, la propuesta podría someterse a votación junto con las elecciones generales de 2027.

El Centro para la Defensa de la Constitución presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar el trámite y solicitar una revisión de la autenticidad de las firmas.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, David Estuardo Custodio Boteo, descartó presentar su renuncia tras los cuestionamientos por el procedimiento aplicado contra los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz.

El funcionario sostuvo que dejar el cargo equivaldría a admitir errores dentro de la institución y afirmó que su continuidad depende del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Boteo compareció este jueves 22 de octubre ante diputados de la bancada VOS en el Congreso de la República, junto con el subdirector de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto Quiché.

La citación abordó el ataque armado ocurrido el sábado 17 de octubre en el sector del Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. El hecho dejó dos muertos: el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y el judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Después del ataque, la Policía detuvo a los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron su libertad cuando un juez dictó falta de mérito al considerar que no existían elementos suficientes para vincularlos con el crimen.

“Renunciar sería aceptar que se cometió un error”

El diputado José Chic interrogó al director policial por la actuación de los agentes después del ataque y por su responsabilidad al frente de la institución. Durante el intercambio, le preguntó si evaluaba abandonar la dirección de la PNC ante los señalamientos por presuntas irregularidades durante las capturas.

Boteo respondió que no contempla esa posibilidad. “Renunciar como tal sería aceptar que se está cometiendo un error a lo interno de la institución”, afirmó ante los legisladores.

El jefe policial añadió que la decisión corresponde al titular de la cartera de Gobernación. “Considero que es una decisión del señor ministro, en todo caso, tomar una decisión de tal naturaleza”, expresó.

Según Boteo, la dirección de la PNC no está involucrada en hechos delictivos vinculados con el caso. También señaló que una renuncia podría interpretarse como una admisión de responsabilidad por las anomalías que se investigan dentro de la fuerza de seguridad.

Siete policías son investigados por la captura

Las pesquisas se concentran en la actuación de los agentes que detuvieron a Rigoberto y Daniel Choc Toz. Siete integrantes de la PNC permanecen bajo investigación: cuatro agentes que participaron en el operativo, dos mandos policiales y el comisario de la unidad, Erik Segura.

Boteo indicó que los cuatro agentes y los tres mandos fueron reconcentrados y cumplen labores administrativas mientras la Inspectoría General de la PNC desarrolla la investigación interna.

Esa dependencia trabaja de forma coordinada con el Ministerio Público y podría trasladar el caso al ámbito penal si determina que algún integrante de la fuerza infringió la ley.

El director confirmó errores de procedimiento en la detención. Reconoció que los capturados no fueron trasladados de inmediato a Torre de Tribunales, pese a que esa era la instrucción.

También admitió que un cambio de ropa de los detenidos no quedó documentado ni fue procesado por el Ministerio Público.

La Inspectoría General deberá establecer si existió una posible implantación de pruebas, una hipótesis que surgió después de que los hermanos Choc recuperaron su libertad. Boteo evitó atribuir responsabilidades individuales antes de que concluyan las diligencias.

Boteo defendió los resultados de la institución

Durante la citación, el director de la PNC defendió el desempeño de la entidad y aseguró que la incidencia criminal mantiene una situación menos desfavorable que la registrada en 2025.

“En comparación al año 2025, no vamos mal”, declaró Boteo, aunque no presentó cifras durante su intervención para sustentar esa evaluación.

Los registros disponibles hasta agosto muestran que el acumulado de homicidios de 2026 estaba por debajo del mismo período de 2025. Sin embargo, la diferencia se redujo durante los últimos meses por un aumento interanual de muertes violentas en junio, julio y agosto.

En agosto se contabilizaron 318 homicidios, frente a los 283 del mismo mes de 2025. El acumulado entre enero y agosto aún registraba 84 casos menos que en igual lapso del año anterior, aunque la brecha había sido de 121 homicidios hasta julio.

Boteo afirmó que la Policía mantiene sus operaciones pese a la crisis abierta por el caso del Campo Marte. También señaló que el ministro Villeda ordenó investigar y sancionar a los agentes que hayan incurrido en actuaciones contrarias a la ley.

El escritor guatemalteco Mario Cordero Ávila ganó la categoría de novela en el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela 2026, certamen organizado por la Fundación Elena Poniatowska Amor A. C. en México.

Con su obra titulada Fiebre de frontera, presentada bajo el seudónimo Ana Veral, el autor obtuvo el voto unánime del comité evaluador frente a una convocatoria que congregó 2.400 participantes procedentes de toda la región latinoamericana.

Durante el anuncio oficial en la sede de la institución, los representantes del certamen detallaron el alcance del proceso de selección.

Felipe Haro Poniatowski, director de la entidad cultural, junto a Giselle Escalante, delegada del jurado, y Mariana Gutiérrez, editora de Editorial Planeta, confirmaron que recibieron alrededor de 2.400 manuscritos de manera inicial.

De esa totalidad, 2.150 obras cumplieron con las pautas formales de la convocatoria, lo que permitió estructurar una etapa final de evaluación integrada por 30 relatos y 10 novelas.

El veredicto técnico y el respaldo de Elena Poniatowska

El tribunal encargado del dictamen definitivo estuvo coordinado por Javier Aranda y contó con la presidencia honorífica de la escritora Elena Poniatowska, quien a sus 94 años revisó de forma directa diversos manuscritos finalistas.

La resolución del jurado destacó que la narrativa de Mario Cordero sumerge al lector en las problemáticas contemporáneas mediante un relato centrado en la migración.

El texto transcurre en escenarios marcados por el aislamiento, climas rigurosos y las tensiones causadas por la brecha social en el límite territorial entre México y Estados Unidos.

La pérdida del lenguaje en el trayecto migratorio

La trama de Fiebre de frontera se sitúa en una zona desértica, donde una profesional de la medicina asiste a personas en tránsito que sufren heridas y extenuación física.

En el ejercicio de su labor, la especialista advierte un cuadro clínico atípico: los pacientes pierden la facultad de expresar verbalmente sus padecimientos.

A medida que registra estos episodios, lo que parecía un hecho aislado revela un patrón constante. Su libreta de anotaciones clínicas abandona el registro puramente sanitario para convertirse en un testimonio colectivo de individuos marcados por el desplazamiento y la búsqueda de identidad.

La sorpresa del autor y el alcance de la deliberación

El reconocimiento sitúa la producción de Guatemala en el foco editorial hispanoamericano. En declaraciones para Infobae, el autor describió el asombro que experimentó al conocer la resolución: “Cuando recibí la llamada no lo esperaba; pensé que la decisión tardaría unas semanas más. Volví a mi manuscrito y releer las primeras páginas me confirmó que la historia tenía un inicio que atrapa desde el primer párrafo”.

El novelista también valoró la magnitud de la competencia frente a centenares de propuestas: “Ganar un certamen con alrededor de 700 novelas y más de mil cuentos es difícil, y llegar hasta aquí es ya un logro. Por eso quiero felicitar a todas las personas que participaron y animar a quienes no ganaron a seguir escribiendo”.

Además, expresó su satisfacción por el aval de figuras consagradas: “me da gusto saber que son profesionales de las letras y la edición, y que mi novela haya sido aceptada. En especial, porque fue leída y valorada por la señora Elena Poniatowska, un gran referente de las letras latinoamericanas”.

Publicación bajo el catálogo de Joaquín Mortiz

La obra ganadora llegará a las librerías a través del sello Joaquín Mortiz, perteneciente a Editorial Planeta. Este sello albergó en sus inicios a autores fundamentales del continente, un elemento que el escritor subrayó en su conversación:

“También me provoca gran alegría saber que se publicará a través del Grupo Planeta y, específicamente, bajo el sello de la Editorial Joaquín Mortiz, que publicó originalmente a autores como Augusto Monterroso, Rosario Castellanos, Elena Garro, Carlos Fuentes, José Agustín y José Emilio Pacheco”.

Cordero, quien posee una trayectoria de 30 años en el ámbito de las letras y cuenta con reconocimientos en ensayo y narrativa en su país, proyecta esta distinción hacia nuevas metas creativas.

“Para mí, este premio representa el inicio de una carrera literaria. He escrito durante unos treinta años, pero ha sido en los últimos meses cuando me he tomado el tiempo de concluir proyectos. Con este galardón espero que se abran nuevas puertas.

El concejal segundo de la Municipalidad de Retalhuleu en Guatemala, José Arturo López Moreno, resultó herido durante un ataque armado ocurrido la noche de este miércoles 21 de octubre.

El hecho ocurrió en el kilómetro 202 de la carretera que conduce hacia Champerico, en un sector cercano a la aldea La Tortuga.

De acuerdo con la información preliminar, López Moreno viajaba en su vehículo con dirección a Retalhuleu cuando desconocidos lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor.

La camioneta presentó varios impactos de bala en el parabrisas y en las puertas del costado derecho.

En el área también quedaron casquillos, que serán incorporados a las pesquisas para determinar la trayectoria de los disparos y establecer la participación de los atacantes.

Los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria al concejal, de 54 años, quien presentó lesiones de proyectil de arma de fuego en el brazo. Según el reporte de los socorristas, su condición no era grave y decidió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial.

Una versión inicial indicó que el funcionario viajaba acompañado de su guardaespaldas, quien resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial.

Según medios locales, López Moreno y su guardaespaldas respondieron al ataque con armas que portaban en el vehículo, sin embargo, hasta el momento ese extremo no ha sido confirmado por las autoridades.

Mientras que en el lugar quedaron varios casquillos de proyectil de arma de fuego que están siendo embalados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) como indicios de la investigación. Por ahora no hay capturas.

Otros políticos fueron atacados a balazos en Guatemala durante 2026

El caso se suma a una serie de agresiones contra autoridades municipales, exalcaldes y excandidatos ocurridas en Guatemala entre enero y octubre de 2026.

Los registros de la PNC muestran que las investigaciones no han establecido un patrón único: en distintos expedientes se analizan rivalidades políticas, conflictos personales, venganzas y ajustes de cuentas.

El 21 de enero, el concejal segundo de Jalpatagua, Ángel Aníbal García Loaiza, salió ileso de un ataque contra el vehículo en el que viajaba. Un día después fue asesinado Édgar Aníbal Ramos Salazar, excandidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula.

El 24 de febrero murió Marvin Rolando Cruz Guzmán, exalcalde de Dolores, Petén, tras una emboscada en la entrada de una finca.

El 6 de marzo, un ataque en Jalpatagua causó la muerte de Danilo Aguirre Arana, excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa, y dejó herido a su guardaespaldas.

La violencia también alcanzó a concejales en funciones. El 17 de mayo fue asesinado Geralbert Miguel Najarro García Salas, concejal segundo de San Juan Sacatepéquez.

Cinco días más tarde, la concejal de Chinautla Brenda Lisseth Granados sobrevivió a un ataque junto con su esposo.

En septiembre, Diatmar Everardo Zacarías Beza, excandidato a alcalde de Esquipulas, murió después de ser baleado, mientras que el concejal de Usumatlán William Alberto Ramírez resultó herido en una emboscada.

Retalhuleu cerró 2025 con 65 víctimas de homicidio

La agresión contra López Moreno ocurrió en un departamento que registró un aumento de la violencia letal durante 2025.

Datos oficiales compilados por Advance Guatemala, con base en registros del Instituto Nacional de Estadística y la PNC, indican que Retalhuleu contabilizó 65 víctimas de homicidio ese año.

La cifra representó un aumento de 71,1% respecto de 2024, cuando el departamento registró 38 víctimas. El dato fue el nivel más alto desde 2018, año en el que se contabilizaron 69 homicidios.

Dos individuos que se desplazaban en una moto huyeron a pie y abandonaron una motocicleta, dos cascos y prendas de vestir tras disparar contra un conductor en la colonia La Reformita, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

El hecho violento ocurrió en la intersección de la sexta avenida y 15 calle, donde la persona al volante resultó ilesa a pesar de que los proyectiles alcanzaron la estructura del automotor.

La víctima, identificada como Sergio Oliverio Durán Gómez, de 63 años, relató a los cuerpos de socorro que notó movimientos sospechosos de sus perseguidores desde la 20 calle y calzada Raúl Aguilar Batres.

El afectado advirtió la maniobra de seguimiento que se prolongó durante varias cuadras en dirección al vecindario. Cuando los desconocidos abrieron fuego de manera directa, el automovilista efectuó maniobras evasivas al volante que evitaron un desenlace fatal.

El conductor eludió los disparos tras detectar una persecución

Durán Gómez viajaba a bordo de un automóvil Mitsubishi de color gris, el cual terminó con ocho perforaciones de proyectil de arma de fuego visibles en la carrocería y los cristales.

Tras la balacera, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria.

Los socorristas evaluaron al sexagenario y constataron que no presentaba heridas, por lo que descartaron su traslado hacia un hospital y únicamente le brindaron asistencia por una crisis nerviosa. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para custodiar la escena del crimen.

La hipótesis inicial de los investigadores apunta a un intento de robo de pertenencias, una modalidad delictiva frecuente en la que los asaltantes interceptan a las personas cuando reducen la velocidad o esperan el cambio de luces en los cruces viales.

Las autoridades localizaron casquillos, prendas y un teléfono celular en la vía pública

En el sitio del tiroteo quedó tirada la motocicleta con matrícula M142KLZ, la cual los tiradores dejaron en la cinta asfáltica antes de escapar por los callejones vecinos.

Investigadores y peritos del Ministerio Público embalaron en el pavimento dos cascos protectores negros, un sudadero del mismo color, un teléfono celular y aproximadamente 10 casquillos percutidos.

Las evidencias balísticas y los objetos personales decomisados quedaron integrados en el expediente judicial para individualizar a los responsables.

Asimismo, las autoridades inspeccionaron el automóvil para fijar la trayectoria de los balazos y verificar la posición exacta desde donde actuaron los atacantes.

Los asaltos a automovilistas marcan la actividad delictiva en la colonia La Reformita

La colonia La Reformita mantiene registros continuos de hechos delictivos protagonizados por grupos de asaltantes en motocicleta que operan sobre sus vías internas y en las salidas directas hacia la calzada Aguilar Batres.

Informes de la Comisaría 14 de la PNC señalan que en este cuadrante se desarrollan operativos recurrentes bajo el plan Semáforo Seguro debido a la proliferación de despojos armados contra personas particulares.

En intervenciones previas dentro de la misma colonia, las fuerzas de seguridad han capturado a supuestos integrantes de pandillas juveniles dedicados a asaltar a conductores y usuarios detenidos en el tráfico matutino y vespertino.

Esas diligencias han derivado en tiroteos previos y en la incautación de armas cortas con reporte de robo, una problemática que continúa generando operativos de vigilancia constante en este sector del sur capitalino.

El proceso judicial por el fallecimiento de la ciudadana hondureña Floridalma Roque retornará a los tribunales de Guatemala tras más de 15 meses sin avances en el litigio penal.

El Juzgado Quinto Penal fijó para el próximo viernes 23 de octubre la audiencia en la que se definirá si el cirujano plástico Kevin Malouf y dos de sus colaboradoras enfrentarán juicio por el delito de homicidio o por homicidio culposo.

La reactivación del expediente responde a una resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, instancia que dejó sin efecto el fallo previo que favorecía a los procesados con una imputación menor.

Además de Malouf, la medida judicial alcanza a la anestesióloga Lydia Viviana Silva Moreira y a la enfermera Susana Emilia Rojas Cruz, quienes formaban parte del equipo médico.

Los magistrados de la Sala determinaron que existen elementos técnicos y testimoniales que deben evaluarse nuevamente antes de dictar una nueva orden de apertura a juicio.

Entre los argumentos centrales, el tribunal superior enfatizó los informes de los peritos médicos forenses, los cuales evidenciaron la conducta y decisiones tomadas por el cirujano mientras la paciente se agravaba en su clínica.

Con este mandato, el Ministerio Público (MP) insistirá en su acusación original de homicidio simple, una figura que contempla penas significativamente más severas que la negligencia médica.

Un nuevo juez asume el expediente penal

La diligencia judicial estará a cargo del juez Arnulfo Carrera, quien asumió la titularidad de la judicatura luego de que el juzgador anterior, Pedro Laynez, presentó una excusa formal para apartarse del caso.

Laynez había dictado la resolución que benefició a Kevin Malouf con el cambio de delito a homicidio culposo, una decisión que generó el rechazo de los querellantes y de la fiscalía.

Debido al relevo en el juzgado, existe la posibilidad procesal de que el nuevo magistrado deba repetir la audiencia de etapa intermedia.

Esta repetición permitiría a las partes exponer la totalidad de los indicios recabados para que la judicatura resuelva conforme a lo instruido por la judicatura superior.

Antecedentes de la desaparición y muerte de la paciente

La víctima, una hondureña de 59 años y residente en Estados Unidos, viajó a la capital guatemalteca para someterse a una intervención estética en el rostro y los párpados el 13 de junio de 2023.

La operación se efectuó en la clínica privada del médico, ubicada en la zona 14. Aquel día fue la última vez que sus allegados la vieron con vida, lo que derivó en una intensa búsqueda y en denuncias públicas ante su falta de respuesta.

Para encubrir el deceso, el personal médico montó una simulación en la que una enfermera salió del edificio en silla de ruedas vestida con las prendas de Roque y abordó un taxi.

Las pesquisas fiscales y la posterior confesión de implicados revelaron que el cadáver fue retirado en un contenedor de basura, trasladado y desmembrado.

Los restos humanos fueron localizados el 5 de junio de 2024 en el interior de una fosa en Escuintla, casi un año después de su desaparición.

El arma que los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz denunciaron como presuntamente implantada tras su captura está inscrita a nombre de un particular y no tiene reporte de robo, según afirmó el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Esvin Jacinto.

Jacinto compareció este miércoles 21 de octubre ante los diputados José Chic y Luis Javier López, quienes dan seguimiento al caso del asesinato del fiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

Durante la citación pidieron explicaciones por las circunstancias de la detención de los dos hermanos, ocurrida poco después del ataque armado en el Campo Marte, zona 5 de Ciudad de Guatemala.

El funcionario sostuvo que el arma incautada está registrada legalmente, aunque indicó que corresponde al Ministerio Público (MP) establecer quién es su propietario, cómo llegó a la mochila atribuida a los detenidos y si tiene relación con el doble homicidio.

“Está registrada y no tiene reporte de robo”, dijo Jacinto ante los legisladores. La declaración se produjo en medio de cuestionamientos al procedimiento policial y después de que un juzgado resolvió falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz.

La PNC había informado tras la detención que los dos hombres llevaban una carabina, municiones, un cargador y un chaleco táctico dentro de una mochila que, según su versión, utilizaban para trabajar como repartidores.

Ambos negaron estar vinculados con el crimen y reclamaron una revisión de cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido y la forma en que fueron detenidos.

Siete policías están bajo investigación por el procedimiento de captura

El subdirector de la PNC informó que siete integrantes de la Comisaría 13 figuran en el expediente relacionado con la captura de los hermanos. Entre ellos hay cuatro agentes, dos mandos y el comisario identificado como Segura Tunch.

De acuerdo con Jacinto, los policías fueron separados de sus funciones en la unidad donde trabajaban, aunque continúan dentro de la institución en labores administrativas. El comisario fue trasladado al Distrito Central mientras avanza la investigación interna.

López preguntó por qué los agentes no fueron suspendidos de forma temporal y si el comisario mantiene contacto con personal operativo. Jacinto respondió que el traslado se realizó conforme a la normativa policial y bajo el principio de presunción de inocencia.

“Ellos solo son separados de sus actividades en el lugar y son trasladados a un área donde hacen la buena administración”, explicó el subdirector. Añadió que el comisario quedó asignado al Distrito Central.

La investigación está a cargo del MP, con el acompañamiento de la Inspectoría General de la PNC. Jacinto no precisó si los siete integrantes de la fuerza tenían antecedentes disciplinarios, pues señaló que esos datos son parte de las diligencias en curso.

Diputados cuestionaron la rapidez de la detención tras el ataque

Durante la citación, Chic y López también cuestionaron que los hermanos Choc Toz fueran capturados aproximadamente 10 minutos después del ataque en el Campo Marte, donde murieron Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Jacinto explicó que la institución activó un cierre de rutas para ubicar a posibles responsables. Sin embargo, reconoció que no contaba con información sobre cuántas personas o motocicletas fueron detectadas por la policía durante ese lapso.

El funcionario indicó además que el sábado 17 de octubre hubo otros tres ataques armados entre las 11 y las 14 horas. En esos casos no se reportaron capturas. Sí informó que en Bárcenas, Villa Nueva, fue hallado un vehículo abandonado que contenía un fusil M16.

Los diputados plantearon diferencias entre los resultados de los operativos desplegados en esos hechos y la captura de los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron la libertad tras la resolución judicial.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció el 20 de octubre una revisión de la estructura, los mandos y los mecanismos de supervisión de la PNC. También ordenó a la Inspectoría General determinar cómo se desarrolló el procedimiento contra los hermanos y si existieron irregularidades.

Villeda señaló que no puede confirmar la hipótesis de una implantación de armas mientras no existan pruebas que la respalden. Afirmó que adoptará decisiones cuando la investigación establezca responsabilidades sobre lo ocurrido durante la captura y sobre el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, un caso que permanece bajo reserva.

El Information Risk and Security Institute (IRSI), iniciativa de responsabilidad social empresarial de Sistemas Aplicativos (Sisap), abrió la convocatoria de becas completas para su programa de formación en ciberseguridad 2027.

La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios y colaboradores del sector tecnológico en Guatemala, Colombia, México, Ecuador, República Dominicana y los demás países de Centroamérica, con el propósito de preparar especialistas frente a los incidentes informáticos y la creciente demanda de talento técnico.

El beneficio cubre la totalidad de la matrícula mediante el respaldo de Supeduc y Sisap, con una asignación valorada en USD 5.000 por estudiante. Esta asistencia financiera busca eliminar las barreras económicas en la preparación técnica especializada.

El proyecto académico contempla un esquema interactivo de nueve meses de duración, estructurado en tres trimestres con clases virtuales en vivo y acceso a laboratorios prácticos en tiempo real para resolver problemas operativos bajo la supervisión de instructores.

Los contenidos del curso integran estándares internacionales de la industria, basados en las directrices de CompTIA Security+ y Certified in Cybersecurity de ISC2.

La metodología formativa combina fundamentos teóricos con el análisis de casos reales de protección digital, gestión de riesgos y respuesta a incidentes en centros de operaciones de seguridad.

Sobre este alcance, Adriana Rojas, directora ejecutiva de IRSI, afirmó que “el programa busca brindar conocimientos sobre fundamentos, tendencias y mejores prácticas de seguridad de la información, con un enfoque orientado a fortalecer las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral”.

El plan académico incluye certificaciones internacionales y opciones de inserción laboral

Los participantes seleccionados dispondrán de accesos sin costo a encuentros especializados de la industria, entre ellos la IRSI Conference y los eventos de SANS Summits, diseñados para vincular a los alumnos con profesionales del sector y expandir sus redes de contacto.

Al concluir los tres trimestres de estudio, los graduados recibirán un diploma acreditativo y contarán con el adiestramiento necesario para rendir evaluaciones internacionales.

El plan contempla además la posibilidad de contratación directa en el área tecnológica para quienes registren un desempeño sobresaliente durante el ciclo lectivo.

La entidad acumula más de ocho años de trayectoria en la capacitación especializada dentro de la región. Durante el período lectivo de 2026 registró la promoción más numerosa de su historia, integrada por alumnos de 10 países.

En el escenario guatemalteco, el país ocupa la sexta posición dentro del Índice Regional de Ciberresiliencia, una medición que ratifica la urgencia de fortalecer las destrezas técnicas, la protección de infraestructuras críticas y la equidad educativa en Centroamérica.

El proceso de postulación permanecerá habilitado hasta el 30 de noviembre a través de la plataforma en línea IRSI Education, donde los aspirantes deben completar el formulario de registro y remitir la documentación requerida para el proceso de admisión.

Sin embargo, esto no garantiza su inclusión dentro del programa, ya que se hará una evaluación técnica de los aspirantes a obtener una beca. Luego de ello, se informará al estudiante su aceptación o no dentro del programa.

“Rabia”. Esa fue la palabra con la que Silvia Solórzano Foppa explicó cómo ha logrado sostenerse después del asesinato de su hijo, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Al terminar el sepelio del abogado, realizado este 20 de octubre en el Cementerio Las Flores, la madre del exfuncionario habló con Infobae sobre el impacto que tuvo el crimen en su familia y sobre la reacción que despertó en sectores que reclaman justicia.

“Como familia es una pérdida irreparable, inmensa, dolorosa”, dijo Silvia Solórzano Foppa. Después, ante una pregunta sobre la serenidad que mostró durante la despedida de su hijo y el apoyo que dio a otros familiares, respondió: “No es conformidad, no es resignación, sino es rabia que te da energía para seguir luchando”.

El exfiscal fue asesinado frente a su hijo mientras jugaba un partido de fútbol en el Campo Marte. En la entrevista, su madre sostuvo que el homicidio tuvo una dimensión política, aunque presentó esa apreciación como parte de una percepción extendida en distintos sectores de Guatemala.

“Totalmente. No es una opinión personal, lo está diciendo la gente en las calles”, afirmó.

Según expresó, Juan Francisco Solórzano Foppa denunció hechos de corrupción, cuestionó decisiones de instituciones de gobierno y persiguió al crimen organizado. “Crimen organizado que tiene vínculos políticos. Entonces, siempre tendrá un vínculo político”, agregó.

Silvia Solórzano Foppa pidió que el reclamo de justicia trascienda a la familia

La madre del abogado vinculó la respuesta ciudadana tras el crimen con una lucha colectiva por los derechos humanos y la justicia en Guatemala. Dijo que valora las expresiones de solidaridad, pero espera que el legado de su hijo impulse la aparición de nuevas voces.

“Él sembró, pero también quisiera que en efecto haya dejado semilla para que florezcan nuevas voces, nuevas energías para seguir luchando”, señaló. Para ella, los reclamos que se escucharon durante los últimos días no corresponden solo a la pérdida de su familia.

“No es él solo, no es una persona sola. Somos parte de un movimiento grande de derechos humanos y por la justicia en Guatemala”, sostuvo.

Silvia Solórzano Foppa también enmarcó el asesinato en la historia familiar de compromiso político. “Eso hemos sido como familia y eso vamos a seguir siendo. Una familia luchadora por una mejor Guatemala”, afirmó. Según dijo, esa tradición proviene de generaciones anteriores y espera que continúe en las siguientes.

Consultada sobre la exigencia de una investigación transparente y diligente, aclaró que no se trata de una demanda individual. “Yo soy la madre, pero eso lo queremos todos. No es una cuestión personal, es una cuestión de sociedad. Y eso es lo que da fuerza para seguir”, declaró.

Julio Solórzano Foppa advirtió sobre el impacto político del asesinato

Julio Solórzano Foppa, tío del exfiscal, describió el entierro como el cierre de varios días de dolor para Silvia Solórzano Foppa, los familiares y las personas cercanas a Juan Francisco. A la vez, destacó las muestras de respaldo que recibió la familia.

Recordó que su sobrino tenía 43 años y que había ocupado cargos relevantes en el sistema de justicia. Lo definió como “el fiscal más joven de los delitos contra la vida” durante la gestión de Claudia Paz y Paz, y mencionó su paso por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

También aludió a su defensa del periodista José Rubén Zamora, por la que, según su relato, Juan Francisco Solórzano Foppa fue encarcelado. “Nunca se fue, nunca dejó de ser quien era”, dijo su tío.

Julio Solórzano Foppa consideró que el crimen tuvo consecuencias políticas, aunque señaló que aún no es posible determinar quiénes lo ordenaron ni cuáles fueron sus motivaciones.

“Cuando sepamos quiénes fueron los autores, sabremos si los autores tenían intenciones políticas”, afirmó.

Añadió que su sobrino había enviado a prisión a personas condenadas por delitos graves y que esa circunstancia abre distintas hipótesis. Entre ellas, mencionó la posibilidad de una represalia de estructuras criminales o de sectores con intereses políticos. “No lo sabemos”, remarcó.

La familia espera una investigación con pruebas contra los responsables

El tío del exfiscal afirmó que la familia recibió el compromiso personal del presidente Bernardo Arévalo de que el Poder Ejecutivo avanzará en la investigación. También dijo que conversaron con el ministro de Gobernación y que las autoridades mantienen contacto con el Ministerio Público.

“Ellos tienen que producir resultados sólidos, pruebas científicas que lleven a la detención de los responsables intelectuales y materiales y que se les lleve a la justicia”, expresó.

Julio Solórzano Foppa rechazó que el foco público se desplace hacia otros episodios ocurridos después del asesinato. “Hablemos del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa”, planteó, y pidió esperar resultados de las pesquisas antes de sacar conclusiones.

Sin embargo, consideró que la detención de los hermanos Choc Toz, minutos después del ataque armado en el Campo Marte pudo ser dos cosas: “Una pifia de la policía o parte de la distracción diseñada”.

Para el familiar, el homicidio debe servir como un llamado a la participación ciudadana. “No podemos estar tranquilos pensando que ya está la paz y ya está la democracia. Hay que defenderla”, sostuvo.

También recordó que este año se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y afirmó que un crimen de esta magnitud no puede abrir un retorno a una etapa de terror en el país.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a un hombre de 21 años tras una alerta internacional emitida por una presunta amenaza con artefactos explosivos.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), culminó con la detención de Sergio David Monterroso, quien contaba con una orden judicial vigente emitida por un juzgado de la capital.

La diligencia judicial se desarrolló en un inmueble ubicado en la 5ª calle “A” y 10ª avenida de la colonia Roosevelt, en la zona 11 de la capital guatemalteca.

En la intervención participaron investigadores de la unidad de Ciberdelitos de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) junto con agentes especializados de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).

Durante la inspección, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, una tableta y varias computadoras, dispositivos que quedaron bajo resguardo forense para el peritaje técnico de sus comunicaciones.

El Código Penal contempla hasta diez años de prisión por intimidación pública agravada

El proceso contra el detenido se fundamenta en el artículo 393 del Código Penal guatemalteco, el cual tipifica la intimidación pública agravada.

La legislación establece que este delito ocurre cuando los actos destinados a infundir pánico colectivo, generar tumultos o amenazar públicamente con emergencias de peligro común se cometen frente a una concurrencia numerosa o en circunstancias de desastre o calamidad.

Bajo este marco jurídico, los tribunales locales pueden imponer una condena de entre tres y diez años de prisión. Sin embargo, después de su captura el MP tiene que demostrar la culpabilidad de Monterroso, posteriormente un juzgado decidirá la condena.

Por su parte, la figura simple de este ilícito, prevista en el artículo 392 del mismo cuerpo normativo, castiga con penas de seis meses a dos años de reclusión a quienes hagan detonar artefactos explosivos o lancen advertencias falsas sobre desastres que atenten contra la seguridad general de la población.

La justicia acumula miles de denuncias anuales mientras la legislación contra ciberdelitos sigue estancada

La persecución de amenazas propagadas a través de redes y entornos digitales enfrenta vacíos normativos en el país centroamericano.

Según registros del Departamento de Investigación de Ciberdelitos e Información Forense de la DEIC, las autoridades recibieron 2.407 denuncias de ilícitos digitales en 2024 y 2.741 en 2025, la mayoría vinculadas a redes sociales y plataformas de mensajería electrónica.

Pese a este crecimiento en las denuncias y a que evaluaciones internacionales sitúan a Guatemala entre las naciones de la región con mayores niveles de exposición a incidentes informáticos, el Congreso de la República acumula casi dos décadas sin aprobar un marco integral contra la ciberdelincuencia.

Desde 2009 se presentaron al menos ocho proyectos legislativos sin éxito definitivo. Entre ellos figuró el Decreto 39-2022, archivado antes de su sanción presidencial tras diversos cuestionamientos, mientras que la iniciativa 6347, que tipifica delitos informáticos y busca la adhesión al Convenio de Budapest, fue devuelta a comisiones en abril de 2026 para una nueva revisión técnica.

Una serie de ataques armados en la Metrópoli de Guatemala dejaron tres personas fallecidas y cuatro heridas durante la tarde y la noche de este 20 de octubre.

Los incidentes se registraron en distintos sectores de la capital, donde socorristas atendieron llamados sucesivos de auxilio ante hechos de violencia cometidos con armas de fuego.

El suceso con mayor cantidad de víctimas fatales ocurrió en la 29 calle final, en la colonia Manuel Colom Argueta, dentro de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

El Cuerpo de Bomberos Municipales recibió múltiples alertas vecinales, lo que movilizó a los técnicos en urgencias médicas al lugar de la agresión.

Al llegar al sitio, los paramédicos localizaron a tres personas sobre la vía pública con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Tras la evaluación clínica, se confirmó el fallecimiento de Henry Misael Caal Rax, de 18 años, y de Mario Alexander Mijangos Caal, de 18 años, debido a la gravedad de las heridas.

Un tercer individuo, cuya identidad no fue establecida en el lugar, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Hospital Roosevelt para su estabilización médica.

Una víctima mortal quedó sin identificar en la colonia Landívar

Otro hecho delictivo ocurrió en la intersección de la décima calle y sexta avenida A, en la colonia Landívar, correspondiente a la zona 7 capitalina.

Elementos de socorro acudieron ante las llamadas de emergencia e intentaron brindar primeros auxilios a una persona que yacía en el pavimento con disparos en órganos vitales, pero ya no presentaba signos vitales.

La víctima no pudo ser identificada de forma inmediata en el punto del ataque. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron para acordonar la escena del crimen, resguardar las evidencias balísticas y coordinar los peritajes forenses pertinentes.

Cuatro heridos ingresaron a hospitales por agresiones en Mixco y la calzada Aguilar Batres

Los episodios de violencia también abarcaron la sección 0-D y la sección O, frente al lote 84 de la colonia El Milagro, en la zona 6 del municipio de Mixco.

En esa dirección, dos hombres fueron blanco de detonaciones de arma de fuego: Víctor Manuel Bat Morales, de 43 años, y Edgar Erasmo Dávila Muralles, de 57 años.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales lograron estabilizarlos y los llevaron en estado delicado hacia el Hospital Roosevelt.

De manera paralela, sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y 47 calle, en la zona 12 capitalina, sujetos armados dispararon contra un automóvil particular.

El conductor, identificado como Ever López, de 25 años, recibió un impacto en la pierna derecha mientras conducía. Los rescatistas realizaron maniobras para extraerlo de la cabina y lo trasladaron a traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en tanto agentes de la PNC comenzaron las indagatorias.

Las armas de fuego provocan más del 80% de los homicidios en Guatemala

La ola de atentados refleja el predominio del armamento liviano en la criminalidad del país. Conforme a las estadísticas oficiales del Ministerio de Gobernación analizadas en el informe sobre la violencia armada, el 84% de las muertes violentas en Guatemala ocurre mediante el uso de armas de fuego.

A su vez, registros de la incidencia delictiva difundidos a través de Mingob: 238 vidas salvadas y reducción e tasa de crímenes.

Mientras que afirman que el departamento central de Guatemala y Escuintla concentran de manera combinada el 54% de los homicidios de todo el país, problemática atribuida de forma predominante a disputas territoriales, ataques selectivos y extorsiones.

La Municipalidad de Mixco, en el departamento de Guatemala, subastará vehículos y motocicletas que fueron retirados de la vía pública, incautados o declarados en abandono y que no hayan sido reclamados por sus propietarios dentro del plazo legal.

El procedimiento está respaldado por un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, que contempla que los bienes pueden pasar a subasta cuando transcurren seis meses desde la publicación de sus características en avisos oficiales sin que exista un reclamo de sus dueños o tenedores legítimos.

La medida se aplica a vehículos que permanecen en predios municipales luego de haber sido retirados de calles o avenidas.

Los vehículos se venderán en el estado en que se encuentren

Las subastas se celebrarán en el Salón Municipal, ubicado en la 4ª calle 4-95 de la zona 1 del municipio de Mixco, en dos eventos que se llevarán a cabo el próximo 6 de noviembre.

El primero iniciará a las 10 de la mañana, donde se subastarán motocicletas. Mientras que a las 14 horas del mismo día se realizará la subasta de vehículos de cuatro ruedas.

Los interesados podrán revisar los vehículos y las motocicletas del 2 al 5 de noviembre de 8 a 12 horas y de la una a las cuatro de la tarde en los predios Paralela, ubicado en la 11 calle 6-30, de la zona 4 de Mixco y Minerva, de la 10 avenida 16-70, zona 11 del mismo municipio.

Tras esa inspección, la municipalidad entregará las bases de participación y el listado de las partidas disponibles.

Para intervenir como postor será necesario presentar Documento Personal de Identificación (DPI), Número de Identificación Tributaria (NIT) y boleto de ornato vigente. Además, cada participante deberá entregar un depósito equivalente al 15% del precio base de la unidad por la que pretenda ofertar.

La adjudicación se otorgará al mejor postor y las partidas se ofrecerán en el estado y las condiciones en que se encuentren. La Municipalidad de Mixco no admitirá reclamos posteriores ni devolverá los pagos efectuados por vehículos ya adjudicados.

Quien obtenga una partida deberá cancelar el total del precio de adjudicación de inmediato o, como máximo, al día siguiente. Si no cumple con esa obligación, perderá el depósito presentado para participar y la venta quedará sin efecto.

Los compradores tendrán 10 días hábiles para retirar las unidades del predio municipal. Después de ese período, se aplicarán las tarifas de resguardo del predio.

Las multas quedarán exoneradas únicamente en el ámbito de la Municipalidad de Mixco. Los nuevos propietarios deberán resolver ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) los trámites pendientes y la inhabilitación de los vehículos dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación.

La SAT realizará una subasta de vehículos y motocicletas en Puerto Barrios

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también convocó a una subasta pública aduanera para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 9:00 horas, en el Salón del Restaurante Safari de Puerto Barrios, Izabal.

La subasta No. GRN-06-2026 incluirá 46 partidas, entre ellas un contenedor refrigerado vacío de 40 pies y 45 vehículos. Los precios base irán de Q 1.900 a Q 20.700, mientras que el valor conjunto de las mercancías asciende a Q 415.465,11.

Los vehículos, entre motocicletas, automóviles, camionetillas y picops, estarán disponibles para inspección entre el 27 y el 29 de octubre. Los aspirantes deberán tener NIT, datos actualizados en el Registro Tributario Unificado y entregar un cheque de caja por el 25% del precio base de cada partida elegida.

Guatemala oficializó la habilitación del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta gratuita para teléfonos móviles que emite notificaciones tempranas ante temblores.

La función, diseñada por Google, opera en dispositivos compatibles dentro del país con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección ciudadana.

El proyecto contó con la articulación técnica de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Ambas entidades señalaron que la plataforma otorga segundos esenciales para que los habitantes adopten medidas inmediatas de resguardo antes de que comience el movimiento más severo del terreno.

El sistema digital ofrece avisos previos ante eventos telúricos

La tecnología aprovecha los sensores integrados en los aparatos celulares para detectar vibraciones terrestres e identificar la magnitud del temblor.

Al momento en que el sistema confirma un suceso de consideración, envía de inmediato una advertencia sonora y visual al usuario.

La implementación en Guatemala requirió la colaboración de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso y del Foro Presidencial de Transformación Digital, organismos que respaldaron la integración de esta herramienta preventiva en beneficio de la sociedad.

De acuerdo con las precisiones oficiales divulgadas por la Conred y el Insivumeh, el servicio funciona de manera continua y automática en los terminales con el soporte requerido, sin cuotas de suscripción ni la descarga obligatoria de aplicaciones externas adicionales.

¿Cómo activar el sistema de alerta de sismos?

Para activar las alertas sísmicas en tu teléfono Android sigue los siguientes pasos:

1. Abre ajustes o Configuración
2. Entra a Seguridad y emergencia.
3. Selecciona Alertas de sismos o Alertas de terremotos.
4. Activa el interruptor.

Si este mecanismo no se encuentra activo en tu celular, puedes buscar esta segunda alternativa:

1. Abre ajustes o Configuración
2. Entra a Ubicación
3. Selecciona Servicios de Ubicación
4. Activa el interruptor de Alertas de Sismos.
5. El registro oficial contabiliza miles de movimientos telúricos durante 2026

La actividad tectónica en el territorio guatemalteco mantiene registros constantes debido a su posición geológica.

Según el Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 45 sismos, de los cuales dos han sido sensibles. El monitoreo permanente de la red científica constata una recurrencia habitual en las fallas locales y en la zona de subducción del océano Pacífico.

El panorama anual refleja la vulnerabilidad física del país frente a estos episodios naturales. Solo en 2026, se han registrado 6.786 eventos telúricos, de los cuales 157 han sido sensibles para los pobladores en diferentes departamentos.

Estas cifras evidencian la conveniencia de robustecer los canales de aviso masivo para reducir percances en áreas con alta densidad demográfica.

Las autoridades difunden pautas de prevención y respuesta durante las emergencias

Frente a la constante amenaza sísmica, la Conred exhorta a cada familia a formular un plan de respuesta específico y a preparar la denominada Mochila de las 72 Horas, provista de agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios y documentos de identificación.

Los cuerpos de socorro remarcan que la planificación doméstica resulta determinante para afrontar cortes de energía, daños en viviendas o retrasos en la asistencia externa.

Durante el desarrollo de un movimiento del suelo, las normas de seguridad instruyen mantener la calma y colocarse junto a esquinas de muros o bajo estructuras firmes.

Se debe permanecer lejos de ventanas, repisas y objetos pesados expuestos a caer. Al término de la sacudida, las autoridades recomiendan evacuar los inmuebles con orden, eludir la propagación de rumores no verificados y limitar el uso de las líneas telefónicas a casos de auxilio indispensable.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció un proceso de revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

La cartera del Interior justificó la medida bajo el mandato de asegurar la integridad ciudadana frente a los sucesos acontecidos en las últimas jornadas.

La auditoría abarcará los distintos escalafones de mando, los procedimientos de actuación operativa y los mecanismos de supervisión y control de la fuerza pública.

De acuerdo con el comunicado oficial, publicado este martes 30 de octubre en sus redes sociales, el Mingob aseguró que la evaluación sustentará la adopción de medidas administrativas y organizativas con apego a la ley, cuyos resultados se darán a conocer a la población en los próximos días.

Los cuestionamientos a los agentes crecieron tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa

La determinación gubernamental se conoció tres días después del asesinato a tiros del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte de la Ciudad de Guatemala.

El atentado, en el cual también murió el ciudadano Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, desencadenó severos señalamientos contra la Policía Nacional Civil (PNC).

Solórzano Foppa contaba con custodia asignada de la División de Protección de Personalidades desde 2010 a raíz de sus pesquisas contra estructuras como el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y el cartel de narcomenudeo Los Caradura, esquema que la cartera había ampliado a finales de 2025.

Sin embargo, los agentes designados permanecieron a una distancia de entre 30 y 40 metros del exfuncionario en el momento de la agresión.

La controversia se profundizó tras el arresto de dos repartidores en motocicleta, los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, a quienes los uniformados acusaron de portar un arma de fuego minutos después del ataque.

La justicia resolvió la falta de mérito a favor de los dos detenidos y ordenó su inmediata libertad ante la carencia de indicios balísticos que los vincularan con el doble crimen.

Los jóvenes denunciaron que los agentes les colocaron el fusil para incriminarlos falsamente. Frente a estas denuncias de montaje, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ordenó una investigación a la Inspectoría General y advirtió que habrá destituciones si se comprueban ilegalidades, mientras que agentes policiales quedaron bajo investigación administrativa.

David Custodio Boteo lidera la institución desde el inicio del mandato de Bernardo Arévalo

Al frente de la fuerza policial permanece el comisario general David Custodio Boteo, a quien nombró el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo el 15 de enero de 2024.

El jefe policial suma más de dos décadas de trayectoria en la carrera de seguridad, periodo en el que encabezó la Subdirección General de Operaciones y la División Especializada en Investigación Criminal.

Durante sus dos años y nueve meses al mando de la PNC, su gestión ha recibido embates de sectores políticos y judiciales, entre ellos acciones legales, además de señalamientos sobre su supuesta participación en la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II.

La conducción de Custodio Boteo afronta el mayor cuestionamiento institucional de su periodo debido a las fallas en el esquema de protección del exfiscal y la presunta implantación de pruebas en las capturas posteriores.

En respuesta al descontento público, la jefatura policial solicitó la asignación urgente de fondos para adquirir cámaras corporales destinadas a los agentes uniformados, con la intención de registrar los procedimientos de detención.

Guatemala reúne a 96 compradores internacionales y 150 expositores de la región en la decimoquinta edición de la Centroamérica Travel Market 2026 (CATM), la feria de promoción y comercialización turística que se celebra hasta el 21 de octubre en la Ciudad de Guatemala.

El encuentro convoca a representantes de Norteamérica, Suramérica y Europa, junto con empresas y prestadores de servicios de Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Guatemala. La agenda tiene como objetivo generar alianzas comerciales y ampliar la presencia de la oferta turística centroamericana en mercados internacionales.

La feria está organizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR), con la participación de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA).

La agenda contempla unas 3,600 citas de negocios

Las rondas comerciales se desarrollan en el Centro de Convenciones del Hotel Tikal Futura. La organización prevé cerca de 3,600 citas de negocios entre mayoristas, operadores turísticos, compradores internacionales y empresas de la región.

La CATM es una actividad dirigida a profesionales de la industria. Las reuniones permiten que los participantes conozcan productos, circuitos y servicios turísticos, además de negociar acuerdos para la comercialización de viajes en distintos destinos de Centroamérica.

El programa cuenta con el respaldo de la Embajada de la República de China (Taiwán). La participación del país asiático se incorpora a las acciones de cooperación vinculadas a la promoción turística regional y al fortalecimiento de relaciones con actores del sector.

El turismo multidestino concentra la estrategia regional

La edición 2026 pone el foco en el turismo multidestino, una propuesta que busca que los visitantes internacionales recorran más de un país durante el mismo viaje. La estrategia apunta a extender la estadía de los turistas, aumentar el gasto por viajero y distribuir oportunidades entre hoteles, restaurantes, operadores, transportistas y comercios.

El director del INGUAT, Harris Whitbeck, sostuvo que la promoción conjunta permite complementar las propuestas de los países de la región. En esa línea, mencionó la próxima apertura de una ruta de Arajet entre Punta Cana y Guatemala, prevista para noviembre, y el vuelo de TAG que conecta la capital guatemalteca con El Salvador.

La directora ejecutiva de CAMTUR, Nancy Mejía, indicó que las proyecciones del encuentro contemplan negocios de largo plazo por más de USD 25 millones. En una presentación previa, la entidad había anticipado la asistencia de 80 mayoristas; la información difundida para el inicio de la feria elevó la cifra a 96 compradores internacionales.

Guatemala vuelve a ser sede después de siete años

Guatemala recibe por cuarta vez a la CATM, luego de las ediciones de 2004, 2010 y 2019. El regreso de la feria al país ocurre siete años después de su última sede y permite exhibir su oferta en los segmentos cultural, natural, gastronómico y de reuniones.

En 2025, Centroamérica y República Dominicana recibieron 30,6 millones de visitantes, según los datos citados por los organizadores. La cifra contrasta con los cinco millones de turistas que registraba el istmo cuando Guatemala acogió la primera edición del encuentro, hace más de dos décadas.

La jornada final de la feria está prevista para el miércoles 21 de octubre, con la continuidad de las reuniones comerciales entre compradores y expositores regionales.