En el interior de la Casa Rosada hay una lectura común de que hay indicadores que no están brindando la holgura económica que se esperaba para el cuasi tercer aniversario de la administración de Javier Milei.

El Riesgo País volvió a superar los 700 puntos al comienzo de la rueda bursátil de esta jornada y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó un 0,1% en la variación intermensual, con un -1,7% en la interanual. Como contrapeso, en el entorno del Presidente festejaron que hubo una mejora en los salarios, según informó el INDEC.

Este último informe resulta clave en la consideración del Ministerio de Economía, ya que consideran que solo se puede producir si se mantiene una política económica ortodoxa. “El proceso de desinflación es clave”, afirman muy cerca del Presidente, donde agregan que para poder lograrlo se debe insistir con acuerdos paritarios y convenios “que se firmen en la línea”.

No fue menor que desde Presidencia se difundiera que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, formalizó la homologación de 19 acuerdos colectivos que abarcan múltiples sectores productivos y de servicios. Entre los convenios aprobados figuran los alcanzados en el ámbito agropecuario —con los sindicatos de trabajadores rurales y estibadores—, así como en las industrias aceitera, de biocombustibles, algodonera, lechera, de indumentaria, de pastas alimenticias, del caucho y la actividad cinematográfica, entre otros.

Hacia adelante, quienes dialogan de manera diaria con Milei sobre la economía alegan que hay diferentes drivers sobre los cuales se apalancan para esperar una inercia mayor sobre la economía. “La construcción movida por las concesiones de rutas, créditos en dólares y los préstamos hipotecarios con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) son clave. También nos sirven los datos de balanza comercial, que va a cerrar con récord este año”, afirman.

Pero para diferentes integrantes de la Mesa Política, esto no resulta suficiente y apelan a que a los fundamentos macroeconómicos hay que acompañarlos con diferentes propuestas. Existe una opinión común entre varios de ellos que cree que Luis Caputo debe bregar por una política monetaria algo más laxa que dinamice la economía.

“Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, planteó en diálogo con Infobae en Vivo la senadora nacional Patricia Bullrich, que señaló las dificultades del consumo, la construcción y algunas actividades industriales, y afirmó que la respuesta oficial debe orientarse a la “economía de la gente”.

Aun así, su planteo también apuntó a la relación con los aliados parlamentarios y los gobernadores. La senadora afirmó que los acuerdos políticos reducen la incertidumbre y permiten sostener la gestión, en un Congreso donde LLA necesita construir mayorías con bloques provinciales, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.

En particular, hizo mención a las recientes declaraciones de Milei —que también realiza el equipo económico— referidas al colchón de dólares de las reservas que tiene el Gobierno para defenderse de una eventual corrida cambiaria el año próximo. Opinó que este tipo de afirmaciones no promueven una mayor seguridad en el mercado y que se puede llegar a esa sensación por la vía política: “Lo mejor es prevenir. Es mejor construir las barreras reales, que no es ‘cuánta plata tengo’, sino qué me va a permitir estabilidad de que eso no va a pasar. Y el componente político es lo que te reemplaza los 75.000 millones que se ahorraron”.

La mesa política del Gobierno reunida el martes en la Casa Rosada estuvo marcada por la presión de Luis Caputo para cerrar los acuerdos políticos con aliados y gobernadores, mientras Patricia Bullrich reprochó a Martín Menem sus declaraciones que generan desconfianza y Karina Milei —quien se quedó en Buenos Aires en lugar de viajar a España— dio el visto bueno a Diego Santilli para avanzar con negociaciones con el PRO, la UCR y los gobernadores, aunque advirtió que estos “se suben el precio y piden demasiado”.

La consultora LCG proyectó que hay un techo de crecimiento de 1,5% para 2026. “En efecto, corregimos nuestra estimación a la zona del 1% anual, bastante menos de la proyección oficial de 3% anual plasmada en el proyecto del Presupuesto 2027 (la que demandaría un crecimiento del 3,7% mensual en los próximos cuatro meses)”, afirman.

Esto genera preocupación en el Gobierno porque deben seguir trabajando fino con la política fiscal en un contexto en el que la recuperación no fue acorde a la esperada. Esto pone tensión dentro de la cúpula de funcionarios políticos, la cual se evidenció nítidamente en el proyecto de discapacidad votado en Diputados con amplio consenso opositor, una iniciativa que tanto Caputo como Santiago Caputo y el ministro de Salud, Mario Lugones, rechazaban por su costo fiscal. El oficialismo terminó cediendo para evitar un desgaste mayor. En la Cámara de Diputados piden estar atentos a la negociación que hubo por esa legislación, afirman que será una muestra de cómo se negociará el Presupuesto 2027.

Son contados los casos en los que Javier Milei habla sobre eventuales candidatos libertarios en las provincias. Ese suele ser un territorio abordado principalmente por su hermana Karina o sus laderos del partido nacional de La Libertad Avanza, que distribuyen los liderazgos en cada uno de los distritos en consonancia con la estrategia política para hacer crecer el armado.

Milei hizo una excepción después de mucho tiempo. El último lunes por la noche, durante una alocución en la Expo Argentina Oil realizada en Neuquén, comenzó a hablar de la asimetría de inversiones entre las provincias que adhirieron al RIGI y aquellas que no. Al hablar de La Pampa, destacó que podría funcionar “como un hub logístico en el centro geográfico del país”, pero que la administración provincial “decidió enemistarse con el crecimiento económico y la generación de riqueza”.

“Hoy cruzar de una provincia a la otra se asemeja a cruzar el muro de Berlín. Le pondremos un buen candidato y pintaremos La Pampa también de violeta. No se olviden que mi vocero no solo es economista de la escuela austríaca, sino que además es de La Pampa”, asestó el Presidente. El aludido era el vocero presidencial y presidente partidario en esa provincia, Adrián Ravier.

Hasta ese momento, Milei solo había adherido a la candidatura de Diego Santilli a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en múltiples ocasiones en el último año, aunque no son pocos los que sugieren que “El Colo” tiene un panorama complicado en ese objetivo porque el modelo macroeconómico que impulsa el gobierno nacional tiene a los grandes del conurbano como principales perdedores. Infobae ha escuchado a más de un integrante del oficialismo esperanzado en que mude su campaña a la Ciudad y dispute la Jefatura de Gobierno.

Por otro lado, La Libertad Avanza oficializó meses atrás que Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete de la Nación y presidente partidario en Tucumán, será quien encabece la boleta a gobernador. No hay ninguna otra provincia donde La Libertad Avanza haya hecho un acto para encumbrar a su candidato, aunque hay nombres a los que sólo les resta la ratificación oficial. Son ejemplos de ello Gabriel Bornoroni en Córdoba, Luis Petri en Mendoza, Nadia Márquez en Neuquén y Emilia Orozco en Salta.

Milei fue explícito y eligió investir a Ravier como candidato solo como lo hizo anteriormente con Santilli. En el pasado también lo hizo para posicionar a Manuel Adorni y a José Luis Espert como sus principales candidatos en la campaña local de la Ciudad y en la de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

“Con eso bajó el martillo de que lo quiere sí o sí”, afirman cerca del Presidente. También le pidió que lo acompañara en su corto viaje por España y son cada vez más las actividades en las que aparece a su lado.

Ravier encabezó la boleta libertaria en las elecciones legislativas de 2025 y abandonó la banca por la que había asumido cuando fue convocado por el propio Milei para ser su vocero presidencial en julio, cuando Adorni se encontraba a semanas de abandonar la gestión por el escándalo de presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo era abandonar el tono disruptivo que había impuesto su antecesor y darle un perfil técnico y economicista a la comunicación gubernamental.

El economista tuvo diversos traspiés en las primeras semanas que estuvo en el cargo. Generó un revuelo con el equipo económico al hablar sobre el tipo de cambio y realizó declaraciones varias que sobrevolaron los medios de comunicación. En el último mes ajustó su estrategia en las conferencias de prensa y logró mitigar el margen de error con respuestas cortas y sin demasiado despliegue. Si bien su continuidad pudo haber corrido riesgo de haber persistido los errores, hoy en varios despachos de la Casa Rosada afirman que ese peligro se disipó.

Si las alianzas políticas y el viento de cola lo acompañan, Ravier tiene chances de convertirse en gobernador de La Pampa. O al menos eso creen en varios segmentos del Gobierno. “A diferencia de otras provincias, los pampeanos ven a Neuquén desarrollándose al lado y que su modelo de gestión local no brinda esas mismas oportunidades. Nosotros le queremos decir al electorado que vamos a convertir a la provincia en la Texas argentina”.

Ravier avanzó con el armado de una estructura propia en La Pampa. Uno de esos movimientos clave fue la colocación del dirigente de la Sociedad Rural, Federico Cobreros, al frente del congreso partidario. También cerró un entendimiento con diferentes partidos que se materializó en un documento de principios compartidos firmado en Santa Rosa el pasado 16 de octubre, con la intención de construir una alianza electoral de cara al año próximo.

El documento fue firmado tanto por La Libertad Avanza como por Comunidad Organizada, el MID, Mofepa, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). El texto, titulado “Por el futuro de los pampeanos”, establece un marco de coincidencias entre las seis fuerzas, aunque todavía no define un formato electoral conjunto ni candidaturas.

Las declaraciones de Milei no pasaron desapercibidas en la provincia. El PRO lanzó como su principal dirigente a la presidenta del Tribunal de Cuentas provincial, Marita Mac Allister; mientras que la UCR tiene al exdiputado nacional Martín Berhongaray, que estuvo a cinco puntos de ganarle al actual gobernador Sergio Ziliotto en las elecciones a gobernador de 2023.

El encuentro de todas estas fuerzas se produjo en medio de los contactos que distintos espacios no peronistas mantienen en varias provincias argentinas para competir contra el oficialismo local. Al ser consultado, una fuente de la oposición dialoguista provincial marcaba que “no hay tal cosa como un candidato ya definido o una decisión unilateral, sino que tiene que haber un consenso de todas las partes”. En La Pampa, el peronismo gobierna de forma ininterrumpida desde el regreso de la democracia en 1983.

Una importantísima fuente libertaria de la provincia afirmó que Ravier “va a ser candidato de cualquier manera” y que LLA podría “medir bien” incluso separado de sus aliados. Ese escenario, de cualquier manera, parece inconveniente y todo parece indicar que deberá producirse un consenso en el arco opositor para no propiciar una nueva victoria peronista.

En el plano programático, los firmantes se comprometieron a “defender el trabajo, la vida, la libertad, la propiedad, y fomentar la inversión privada, la creación de riqueza, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley”, principios que consideran el marco indispensable para el desarrollo de las personas y las comunidades.

La declaración de Milei podría acelerar las conversaciones. Tampoco resultó menor que en ese discurso realizado en Neuquén hiciera gestos de acercamiento con el neuquino Rolando Figueroa. “Entendió mejor que nadie que la mejor ayuda que se le puede dar a quien quiere invertir es no ponerle palos en la rueda”, afirmó.

Estas declaraciones se producen en el marco de las conversaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene con gobernadores aliados que pueden aportar votos al oficialismo en el Congreso para suspender las PASO. Tanto Karina Milei como los primos Menem son más reacios a pactar en estas semanas y relegar la posibilidad de que LLA compita en los distritos locales.

El riesgo país de Argentina alcanzó 710 puntos básicos al comienzo de la jornada bursátil de este martes. El indicador elaborado por el JPMorgan se encuentra en su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado. El Gobierno mira con atención a esta cifra, porque refleja el nivel de credibilidad que puede instalar en los mercados sobre la capacidad de pago de su deuda. Y esas expectativas están estrechamente ligadas a cómo puede desempeñarse La Libertad Avanza el año próximo.

Los títulos soberanos argentinos denominados en dólares acumularon una baja promedio de 6% durante el último mes, con retrocesos superiores a 7% entre los bonos de plazos más extensos. La referencia de JP Morgan avanzó unas 35 unidades hasta las 10:15 y encadenó ocho ruedas consecutivas de alzas. El indicador mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar.

En el equipo económico afirman que este indicador crece por dos factores centrales. Uno de estos es externo. Afirman que hay una situación internacional que genera fuertes shocks hacia la Argentina, siendo el principal la suba de tasas en mercados de referencia (como Estados Unidos, Europa o Japón), que incentiva a los inversores a refugiarse en esos activos y no en los mercados emergentes, que en un contexto de volatilidad global producto de los múltiples conflictos (bélicos o comerciales) se vuelven menos atractivos.

Pero quienes trabajan en el Palacio de Hacienda afirman que hay un componente interno y eminentemente político que afecta a la medición del banco estadounidense. El Gobierno todavía no logró la suspensión de las PASO que está incluida en la Reforma Política; para los jugadores financieros, este es un dato de importancia.

Por un lado, si el oficialismo logra hacerlo tendrá capacidad de aplazar la incertidumbre electoral de agosto hacia octubre, dando más posibilidades a la economía para una eventual recuperación y, así, a que se incrementen las chances de que Javier Milei sea reelecto. Por el otro, el Gobierno no puede promover esa reforma sin antes acordar con los espacios aliados y los gobernadores. El mercado miraría con intranquilidad que La Libertad Avanza no realice acuerdos tácticos porque se multiplicarían los competidores contra el oficialismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los principales impulsores al interior del Gobierno de acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores, lo que supondría que La Libertad Avanza debería menguar sus intenciones de jugar fuerte en las elecciones provinciales. Esto colisiona con el armado que vienen desplegando los responsables del partido político nacional, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, que consideran que ese pedido hace mella en su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que propicie un incremento del caudal electoral.

En ese dilema de cómo podría incidir, o no, un acuerdo político reside la interna que hoy en día atraviesa al círculo chico de funcionarios de la Casa Rosada. Quienes se posan del lado de Caputo son su sobrino y asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich; mientras que Karina Milei es quien todavía no bajó el martillo para decidir sobre cualquiera de los dos lados. “Mientras la situación siga así, se interpreta que le está dando la razón a los Menem. Son una minoría muy intensa”, dicen sus detractores.

La insistencia del Palacio de Hacienda es tal que afirman que “con un acuerdo político con la oposición y fundamentos macroeconómicos el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos” y que “no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico”. “Hay que seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central”, afirman.

El cálculo que hacen en la Casa Rosada

Santilli es el funcionario que lidera las conversaciones con los gobernadores y espacios opositores para movilizar la Reforma Política. En su despacho afirman que hay 36 votos en total que podrían estar disponibles si se consigue el visto bueno de los Milei para avanzar a acuerdos concretos.

Hay 21 senadores que son propios de La Libertad Avanza, mientras que 10 son de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO, 1 de Despierta Chubut y 1 de La Neuquinidad. El desafío está en todos los bloques. En el espacio radical hay bancas que responden de manera directa a gobernadores y otros que no tienen una correspondencia con el oficialismo de sus provincias, pero con los que se podría hablar igual.

En el partido amarillo también hay dudas si habilitarle la herramienta electoral sin contraprestación, pero en el Gobierno dicen que la senadora Andrea Cristina se posicionará como le diga el gobernador Ignacio Torres. Lo mismo afirman para el caso de Edith Terenzi, de esa misma provincia pero quien tiene su monobloque. Por último, Santilli mira a la senadora Julieta Corroza, quien responde de manera directa a los designios del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

“Después de eso solo nos queda negociar un voto. Basta con conseguir a algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz. Si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar”, afirma una fuente en estricta reserva.

Aunque se habló de que la Reforma Política se podía tratar a fines de octubre o principios de noviembre, en el Gobierno ahora se extienden algo más con los plazos y le quitan dramatismo a la demora. “Hasta el 10 de diciembre hay tiempo”, afirman, aunque no son pocos los funcionarios que ya reconocen que se podrían extender las sesiones ordinarias hasta finales de año o, simplemente, llamar a sesiones extraordinarias, lo que habilitaría a que solo se discutan las iniciativas que se propongan desde la Casa Rosada.

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.

“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno. Aun así, en otros despachos legales son más enfáticos: “La intepretación de que el efecto del recurso admitido suspende su aplicación es válida”.

La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.

La resolución fue firmada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.

Los mismos magistrados también dieron a conocer esta mañana otra decisión clave, ya que habilitaron una apelación del Estado Nacional contra la intimación que le ordenaba cumplir, en cinco días, la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de imponer multas diarias —astreintes—.

El Gobierno sostuvo que ya cumplió con las obligaciones previstas en los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, vinculadas con la actualización de salarios universitarios y becas. Argumentó que los incrementos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la variación del Índice de Precios al Consumidor y cuestionó que el juzgado no precisara qué aspectos de la cautelar permanecían pendientes. También afirmó que las becas alcanzadas por la norma son las del Programa 26, entre ellas las Manuel Belgrano, y no las becas Progresar.

El origen del conflicto

El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto. La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.

El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.

La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.

Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.

La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.

Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.

La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.