La falta de un par de firmas en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado impidió, el jueves pasado, acelerar una nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). La ayuda llegó esta tarde, tras la presentación de un texto —ahora, dictamen de minoría— de parte de tres ex kirchneristas y, con ello, La Libertad Avanza se quedó con el despacho de mayoría -por sumatoria de voluntades- y la posibilidad de llevar al tema a una potencial sesión de cara a la próxima semana.

A pesar de la buena noticia para los libertarios, la disidencia de varios dialoguistas representa una eventual traba a la hora de contar votos, por lo que nadie asegura un acuerdo cerrado al ciento por ciento. Las firmas que permitieron generar la orden del día -y, por ende, los dos dictámenes- fueron los reflotados justicialistas de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). El primero fue uno de los que advirtió sobre los recursos que implicaría una nueva ley. Algunos aliados comparten la preocupación.

En concreto, el texto de oficialismo y dialoguistas plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento. Para el primer punto, Convicción Federal casi que equipara las profesiones, ya que se requiere al menos uno de ellos para actuar, algo considerado en varios despachos como un “delirio”. Andrada se recibió de cirujano.

Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -ahora, con luz verde para el recinto- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata. Lo que también reclama Convicción Federal, que pasó de cuestionar el fallo que mandó a prisión a Cristina Kirchner -como planteó Moisés, en 2025- a enfrentarse con sus ex compañeros vía redes sociales.

En cuanto a familiares, la iniciativa limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

Deudores alimentarios morosos

Más temprano, un plenario de las comisiones de Legislación General y de Población de la Cámara alta buscó congeniar, sin éxito, dos proyectos relacionados con la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Ante diferencias entre los articulados del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut), se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, con el fin de llegar a un documento consensuado.

Mientras espera a que la Casa Rosada destrabe las leyes más pesadas -sin acuerdo aún en varios frentes- y aguarda la definición si se sesiona o no esta semana, el Senado abrirá el juego de un eterno debate sin saldar y sobre el que nadie quiere ceder: la coparticipación federal de impuestos. Ocurrirá esta tarde, desde las 16, en la comisión homónima que comanda el jefe del radicalismo en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes).

Durante la reunión informativa, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expondrán el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.

El cuerpo en cuestión no suele mantener un ritmo voluminoso en comparación con los que más trabajo consumen en la Cámara alta, por eso llama la atención el convite de las próximas horas, por más que sea de carácter informativo. No obstante, este tipo de movimiento suele quedar, más tarde, en una expresión de deseo. Lo que sí aparecen todos los meses son los documentos relacionados con lo tributario y los respectivos fondeos hacia los distritos.

Sobre estos textos “muy bien preparados” se refirió Vischi en mayo pasado, cuando asumió la presidencia de la comisión. En ese sentido, agregó: “Podemos iniciar un gran debate, que está con una vigencia muy requerida en este momento para el país. Fundamentalmente, abrir el debate sobre los impuestos: cómo se coparticipan, cuáles son los impuestos que verdaderamente merecen la pena y cómo nos vamos a organizar para hacer que el Estado brinde una verdadera respuesta a la sociedad. Me parece que es importante”.

En dicho cónclave también fue electa la vice, la senadora del peronismo disidente Flavia Royón (Salta). La secretaria de Energía del Gobierno anterior planteó la necesidad de “tener una discusión seria sobre las obligaciones” y, también, sobre “los recursos que hoy tienen las provincias”, con “situaciones que cada vez están afrontando más”. Habló de una “discusión que tenemos que dar a fondo”.

Por su parte, el libertario Francisco Paoltroni no perdió la ocasión para meter bocado y recordó: “La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos lleva un largo debate inconcluso desde la reforma de la Constitución del 94. Mi provincia fue muy privilegiada y beneficiada en ese reparto del año 89, con una de las alícuotas más elevadas del reparto a nivel nacional, pero, a su vez, es lo que más ha afectado a la provincia, porque nada se le exige a Formosa en materia de estos fondos coparticipables que recibe del sector privado de todo el resto del país”.

El legislador continuó: “Formosa podría representar el 4% del área agrícola nacional pero un gobernador -en referencia al inoxidable Gildo Insfrán-, que se apropió del cargo de gobernador durante tantos años, impide el desarrollo. Y ese desarrollo es el empleo que no tenemos en Formosa, son los impuestos que no se tributan de IVA y de Ganancias que, a su vez, son coparticipables para el resto de la Nación. Entonces, ahí hay una gran falla. Lo que debería haber sido un gran beneficio para el desarrollo provincial se terminó convirtiendo en una celda que tiene a 600.000 formoseños de rehenes”.

En tanto, para la jornada de mañana ya fueron convocadas otras comisiones, como el plenario de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, que analizará proyectos sobre la creación de un registro de personas deudoras alimentarias en mora. Una de las iniciativas es empujada por el senador del peronismo pampeano Pablo Bensusán.