La comitiva judicial, acompañada por un amplio despliegue policial, ha ejecutado este jueves el desahucio de Daniel González, físico e investigador de la Universitat de València, en Burjassot. El Sindicat d'Habitatge de València había convocado a los medios de comunicación a primera hora ante el inmueble, pero el desalojo se ha adelantado y ha sorprendido a Daniel.

El operativo, con gran presencia de unidades de la Unidad de Intervención Policial, ha cogido por sorpresa al afectado, quien se encontraba durmiendo tras apenas haber descansado unas pocas horas, según él mismo ha relatado. “Me he despertado sobre las 6 de la mañana porque he empezado a oír ruidos en la calle. Yo sí que es cierto que tengo un sueño muy ligero, pero me he despertado y bueno, pues había furgones de estos de intervención policial, o sea, antidisturbios, cortando la calle, un montón de señores”, ha explicado Daniel.

Tras lograr tranquilizarse lo suficiente para vestirse y recoger una mochila y su bicicleta, Daniel ha salido del edificio tras ser requerido para identificarse. “Me he sentido claramente acorralado, que era lo que quería evitar; por eso no quería hacer más protestas”, ha relatado el investigador valenciano, que ha sufrido un episodio de ansiedad. “Yo ya sabía que esto iba a pasar”, ha añadido, al tiempo que lamentaba: “Luego no ponen dispositivos policiales para cosas más importantes, pero para esto, como si fuese yo aquí un puñetero terrorista de Al Qaeda; vamos, me he sentido así”.

Este lanzamiento se produce semanas después de que la movilización ciudadana impulsada por el Sindicat d'Habitatge lograra aplazar cautelarmente el desahucio previsto inicialmente para finales de septiembre, gracias a la presión vecinal y el apoyo de compañeros del Instituto de Física Corpuscular (IFIC). El investigador, que residía en régimen de alquiler desde 2009 con un contrato que contemplaba derecho a compra, se ha visto finalmente desposeído de la vivienda tras la demanda interpuesta por el fondo propietario, culminando un proceso que él mismo definía con crudeza: “Es una parte más de esta pesadilla que espero que llegue pronto a su fin”.

El próximo jueves se cumplen dos años de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrebató la vida a 233 personas en la provincia de València. Sin embargo, UGT advierte de que no se han aprendido las lecciones de aquella tragedia. Representantes sindicales de bomberos han denunciado este martes la vulnerabilidad del actual sistema de emergencias y han exigido la aprobación urgente de una ley estatal Básica de Bomberos y Bomberas que sirva para superar el actual modelo vigente, que se sustenta sobre la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, un marco legal que consideran completamente desfasado frente a la gravedad y recurrencia de las crisis climáticas actuales, como se pudo comprobar con el temporal 'Adam' que azotó el norte de la provincia de Alicante y el sur de la provincia de Valencia -con especial incidencia en la localidad de Oliva- del pasado fin de semana.

Almanzor Guerra, responsable federal del Sindicato de Bomberos y Bomberas de UGT-SP, que ha estado acompañado por Helios Martín y Marcel Montero, representantes sindicales de UGT-PV en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ha puesto el ejemplo de la movilización provocada por 'Adam' y ha señalado que la movilización simultánea de los servicios de los consorcios provinciales de Valencia, Alicante y Castellón para atender los daños en una sola localidad (Oliva) demuestra que el sistema actual colapsaría ante una emergencia generalizada como la sufrida en 2024.

En España existen alrededor de 22.000 efectivos de bomberos repartidos en unos 130 servicios dependientes, fundamentalmente, de administraciones locales y autonómicas. Ante este escenario, la falta de cohesión operativa obliga a los efectivos a actuar de forma precaria: “Ahora viene, por ejemplo, el compañero de Guadalajara a colaborar aquí en un gran servicio y como no estamos coordinados por canales de emisoras ni nada, pues a gritos o con el teléfono móvil; oye, dame tu teléfono y, si me hace falta ayuda, te llamo. Y esto no tiene sentido, que estamos ya en 2026”.

Coordinación, catálogo de recursos y procedimientos de activación

Para corregir esta situación, el sindicato reclama tres pilares fundamentales que incluiría la nueva normativa: un mecanismo de coordinación estatal ágil, diseñado para permitir el traslado de efectivos entre comunidades autónomas de forma acordada y sin demoras burocráticas, “que aísle las decisiones operativas de las disputas políticas”; un catálogo estatal de recursos humanos y materiales, que no es más que “una herramienta transparente para conocer de antemano la disponibilidad de medios en todo el territorio nacional”; y procedimientos integrados de activación o protocolos comunes que unifiquen la operativa y las comunicaciones radiofónicas entre distintos cuerpos de bomberos.

Desde UGT también alertan de la desigualdad en la protección de la ciudadanía según el territorio, y han señalado que los parques situados fuera de las grandes áreas metropolitanas sufren un grave déficit de personal. Según un estudio de prevención de riesgos laborales elaborado por el sindicato, una intervención segura en un incendio estructural o en un rescate complejo requiere de un mínimo de cinco efectivos (un mando y dos binomios de trabajo), una dotación que en numerosas zonas rurales se reduce a dos o cuatro bomberos de guardia.

En la misma línea, Helios Martín ha criticado que la seguridad de los ciudadanos acabe dependiendo de los recursos económicos de cada administración local o autonómica: “En función del interés político o la economía de esa comunidad autónoma se van a ver mejor o peor protegidos”. “Lo que no puede ser es que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia lleve cuatro bomberos en un camión, en la zona de Teruel vayan solo dos y los servicios que dependen del Ayuntamiento de València lleven seis efectivos”, ha lamentado.

El proyecto de ley básico, impulsado a través de una plataforma sindical conjunta junto a Comisiones Obreras y que se estaba negociando con las diferentes fuerzas parlamentarias, quedó paralizado por el adelanto electoral. UGT insta al Gobierno y a las Cortes a retomar la iniciativa legislativa en cuanto se constituyan de nuevo para dotar a los profesionales de las garantías necesarias y evitar que la seguridad dependa del código postal.

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para analizar con mayor precisión la realidad de las aulas valencianas. A través de una resolución publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departamento que dirige Carmen Ortí ha regulado la evaluación del contexto social, económico y cultural del alumnado para el presente curso escolar 2026/2027. Los resultados obtenidos por los alumnos valencianos en el pasado informe PISA eran preocupantes e hicieron saltar las alarmas.

La medida responde a la necesidad de complementar los procesos ordinarios de evaluación del sistema educativo. Tal y como recuerda el texto, la sociología de la educación y la investigación internacional demuestran desde hace décadas que las condiciones del entorno familiar, el nivel formativo de los hogares y la disponibilidad de recursos materiales influyen de manera directa en el progreso académico, las oportunidades de aprendizaje y el bienestar del alumnado. Una circunstancia sobre la que también alertó recientemente CCOO-PV tras un primer análisis de los resultados de PISA.

La evaluación de contexto tendrá carácter censal y se aplicará de forma obligatoria en todos los centros educativos públicos, privados concertados y privados de la Comunitat Valenciana que impartan los cursos seleccionados. En concreto, el proceso afectará al alumnado matriculado en tercer y sexto curso de Educación Primaria; segundo y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); segundo curso de Bachillerato; y segundo curso de Formación Profesional básica. Unos 210.000 alumnos en total.

La recogida de información se efectuará mediante un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada y breve, diseñado para desentrañar las variables socioeconómicas y culturales que rodean al estudiante. La conselleria remitirá las claves telemáticas a los centros educativos para que el alumnado cumplimente los formularios en horario lectivo bajo la supervisión directa del profesorado y de los equipos directivos.

Cuestionarios completamente anónimos

Para asegurar la fiabilidad y la transparencia de los datos, la normativa estipula que los cuestionarios serán completamente anónimos, al no incorporar ningún código ni elemento identificativo que permita vincular las respuestas con un alumno concreto, de forma que se exime así de la aplicación estricta de la normativa sobre protección de datos personales.

El periodo oficial de cumplimentación telemática transcurrirá entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, ambos inclusive. Con posterioridad a este plazo, la administración autonómica elaborará un informe individualizado para cada centro participante, con el objetivo de proporcionar a las comunidades educativas una herramienta útil de reflexión y planificación estratégica.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación institucional por la calidad y la equidad del sistema educativo valenciano, especialmente tras las recientes señales de alarma arrojadas por informes de evaluación comparada como PISA, que exigen diagnósticos precisos para orientar los recursos públicos y combatir las desigualdades de rendimiento en las aulas.