“¿Hay estudiantes con cáncer en la universidad?”. La profesora Mercedes Martín se hizo esta pregunta a mediados de 2023. Acababa de pasar el trance más doloroso de su vida, la muerte de su hija Paula, y hasta entonces nunca se lo había planteado. “He tenido estudiantes con discapacidad visual, motora, incluso alguno con tetraplejia que venía con asistente. Pero jamás me había dicho ninguno que tuviera cáncer”.

Preguntó en la propia Universidad de Málaga y nadie supo darle respuesta, pero en pleno duelo, fue comprobando que la respuesta era sí. El cáncer era invisible porque no se nombraba, y todos esos jóvenes tenían una necesidad común: “Seguir llevando una vida lo más normal posible”.

Las demás preguntas le rondaban desde hacía meses porque antes ella misma había tenido que resolverlas: ¿Pueden ir a clase? ¿Cómo consiguen los apuntes? ¿Qué pasa si reciben quimio el día antes de un examen? ¿Conocen a sus compañeros y compañeras? ¿Con quién hablan? ¿Quién les escucha?. “Te encuentras con que quieres estar en clase, pero no puedes porque mucho tiempo lo pasas en hospitales o estás inmunodeprimido y no puedes compartir espacio con 60 personas”, relata Martín en su despacho de la Facultad de Psicología.

Ni siquiera es fácil encontrar alguien con quien tomar un café. El cáncer pone la vida patas arriba. El impacto trasciende la edad, pero puede descarrilar a cualquiera en pleno viaje a la vida adulta. Una vorágine de médicos, pruebas y tratamientos suplanta al horario de clases y las charlas de cafetería quedan sustituidas hasta nuevo aviso por interminables horas en salas de espera y habitaciones de hospital. De un día para otro, la universidad, el campo base desde el que desplegar la vida autónoma y construir identidad, queda relegada.

Una modificación de la norma para adaptarse al alumno con cáncer

Con estas cuestiones bullendo en la cabeza, Martín se puso manos a la obra nada más volver a las clases. Contactó con la Oficina de Atención a la Discapacidad de la UMA, y allí conoció a Mariola Rueda. Apenas un par de meses antes, Rueda había atendido a un alumno diagnosticado de cáncer que le había pedido adaptar horarios y exámenes. La única solución que ofrecía la universidad era anular la matrícula. “¿Cómo le iba a decir que no podíamos hacer nada salvo devolverle el dinero?”, recuerda hoy. El caso se solucionó gracias a la buena voluntad de los profesores, pero a la vuelta del verano ambas pusieron en común sus experiencias y se propusieron cambiar las cosas.

Lo primero fue llamarlas por su nombre. Bastaba una simple pestaña en la web de la UMA. Ahora, un apartado de la web dirige a una página con información para el estudiante con cáncer u otra enfermedad grave: “Tienes que saber que no estás solo/a. Este es el lugar al que puedes acceder para que se te informe/oriente y se te acompañe durante tu etapa universitaria”. “Que veas un apartado significa que no eres el único bicho raro, que hay más gente estudiando la universidad a la que le está pasando lo mismo”, señala la profesora.

También había que dar encaje legal al problema. La única figura para adaptar clases y exámenes era la del “alumno a tiempo parcial”, pensada para la presencialidad intermitente de deportistas de alto nivel. Hasta entonces, cada cual se veía en la tesitura de contar su caso a cada profesor. “Y los profesores tampoco sabíamos muy bien qué hacer”, admite Martín.

Le plantearon al vicerrector una adaptación normativa y la respuesta fue inmediata. Desde octubre de 2023, el reglamento para la atención a personas con necesidades específicas de apoyo educativo o por causa de discapacidad se extiende a la formación reglada al “estudiantado con enfermedades graves o raras (crónicas o de larga duración) que limiten su rendimiento académico”.

Ahora las guías docentes de cada asignatura recogen que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, discapacidad o enfermedad grave o rara “que limiten su rendimiento académico y hayan sido reconocidas o identificadas” puede exigir la adaptación de las programaciones, “sin que ello suponga una menor exigencia respecto de las competencias definidas en el plan de estudios”.

Ahora, la Oficina ofrece una solución para cada situación: la docencia puede ser presencial, online o híbrida. Mariola Rueda ha ido comprobando cómo cada vez más alumnos recurren a esta posibilidad, al menos media docena son estudiantes online este año, y destaca la predisposición de los profesores. “Es verdad que hay complicaciones: ¿cómo se hace un examen online de Matemáticas? Pues tienen que razonar cómo lo han resuelto. Yo intento hacer ver que hay más posibilidades de que otros alumnos copien en clase, y no quienes sólo quieren seguir en la Universidad y son vulnerables”.

Jornadas anuales para reconocerse

A la vez, había que dar respuesta a una necesidad vital: reconocerse. Aquí vuelve a ser clave la intervención de la Oficina como enlace. La primera vez que se reúne con ellos, Rueda les ofrece el contacto de Mercedes y hablar con otros estudiantes en situación similar. “El hecho de que se puedan conectar, verse las caras y empezar a hablar de sus temas es importante. Cuando uno cuenta algo, al otro se le cambia la cara porque ve que le entienden”, señala Martín, con quien han contactado 15 estudiantes con diagnóstico de cáncer en los últimos años.

Se trata de arroparlos y que se arropen. Y una pieza clave son las jornadas anuales en la Facultad de Psicología, que celebran su cuarta edición el próximo 6 de noviembre. Para la primera, en 2023, Martín eligió la pregunta fundacional de todo esto, “¿Hay estudiantes con cáncer en la Universidad?”. Desde entonces, reúne a médicos, asociaciones y cualquiera que tuviera algo que decir. Incluidos, claro, los propios estudiantes. “Para ellos es un día muy importante, en el que van a contar su historia. Saben que sus médicos les van a escuchar y que ellos van a escuchar las explicaciones de sus médicos”, relata la profesora.

El objetivo es normalizar, nombrar, perder el miedo a hablar. También mostrar a los chicos los recursos que tienen a disposición dentro y fuera de la Universidad. “En la primera entrevista ya les recuerdo que pueden tener atención psicológica gratuita. ”Tú piensas que no te hace falta, pero hay cosas que a lo mejor no sabes ni a quién contársela, que sepas que existe“.

La felicidad de volver a clase

Tres años después de hacerse aquella pregunta, Martín sabe que la respuesta es sí, aunque no se mostraran. “Muchas veces lo único que hace falta es poner la situación sobre la mesa, saber que eso existe y que hay cosas que se pueden modificar”. “No teníamos ni idea, estaban desaparecidos y este año he hablado con decanos porque un padre les ha llamado para decirles que su hijo tiene cáncer. Eso era impensable”, comenta la técnico de la Oficina: “Creo que ahora no se queda ningún estudiante en el camino”.

Ahora esos chicos y chicas tienen más fácil despojarse por unas horas del rol de enfermo y recuperar la identidad de estudiante. Ahora tienen a su alcance una puerta a la que llamar y una red de lazos y vínculos para sostenerse. “Cuando se les rompe todo, lo primero que piensan es en la Universidad. Es un hilo de esperanza para seguir. Cuando se les cae el mundo encima, que al menos la Universidad no les cierre también las puertas. No es sacar el grado o no, sino mantener la cabeza ocupada”, razona Mariola Rueda.

“Ella siempre decía que la vida es para vivirla. Hay días chungos, de hospital, de efectos secundarios, pero los demás días que sean buenos y hay que vivirlos a tope. Yo veía una felicidad increíble cuando podía volver otra vez a clase... Estar en clase con los compañeros era un subidón”, recuerda la profesora al recordar a su hija.

Hoy, los estudiantes con cáncer de la Universidad de Málaga tienen visibilidad, comprensión, ayuda y una red de apoyo para vivir lo que son: universitarios de pleno derecho.

El PP y Vox han aprobado este jueves una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que se reclama que el Gobierno central garantice “la prioridad nacional de los españoles” en el acceso a una vivienda social o protegida y para “ser receptor” de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda, y pide al Gobierno central que, para conseguirlo, proceda a la “la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal”; a la “remigración” de los extranjeros que “pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos”, y a la “deportación inmediata” de quienes “cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras”.

La PNL teóricamente sobre vivienda presentada por Vox ha contado con el apoyo del PP de Moreno, que en apenas un año ha pasado de proclamar que no participaría en ninguna “cacería al emigrante” a abrazar el discurso más duro de Vox con la emigración, articulado en torno a la “repatriación”, la “remigración” y la “deportación”, tres figuras con matices y supuestamente aplicables a situaciones diversas con una misma finalidad: expulsar migrantes de España.

Aunque recoge varias propuestas, la principal (por importancia y orden) pasa por aligerar la población que vive en España impulsando el regrerso de inmigrantes a sus países de origen. Como supuesta justificación, el texto sostiene la vinculación directa entre la falta de vivienda asequible en España y en Andalucía con la inmigración. Hace apenas 24 horas, Moreno y el líder popular, Alberto Núñez Feijoo, presentaron el programa de vivienda del PP para las próximas elecciones, sin establecer ninguna relación entre inmigración y falta de vivienda, como hace abiertamente la PNL que ahora apoya el PP andaluz.

El texto aprobado este jueves por los de Moreno apunta directamente a este factor como la “causa principal y más evidente” de la crisis habitacional y alude a una supuesta relación “directa e innegable” entre la escasez y las “políticas de fronteras abiertas y el fomento de la inmigración masiva”. “Resulta matemáticamente incontestable que introducir cinco millones de potenciales demandantes en un mercado donde se construyen menos de quinientas mil viviendas aboca, de forma ineludible, a una crisis de oferta sin precedentes”.

La solución que plantea Vox es que los migrantes se vuelvan a sus países, ya sea voluntariamente o a la fuerza.

Moreno pasa de desmarcarse a apoyar a Vox

Moreno se pasó la legislatura pasada refutando a Vox cuando el partido ultra le instaba a ser duro con la inmigración. Por entonces, Moreno subrayaba que no tenía competencias, pero también se desmarcaba de la línea dura del partido de Abascal. De hecho, esto venía siendo así desde la primera legislatura del barón popular, cuando en 2019, apenas cinco minutos después de la toma de posesión de los primeros consejeros de Moreno, Vox hizo públicas sus exigencias para que sus 12 diputados los apoyasen. Una de las principales ya era que “el nuevo Gobierno de la Junta que colabore en la repatriación de los 52.000 inmigrantes ilegales”, un dato que no explicaban de dónde procedía.

En estos años, Moreno ha capeado las invectivas a cuenta de la inmigración por parte de Vox, que llegó a llamarle “Juanma Moruno”. “No somos lo mismo”, insistía. Hasta que llegaron las negociaciones para formar el nuevo Gobierno tras las elecciones de mayo, y le fue necesario contar con el apoyo del partido de ultraderecha. Entonces, Moreno firmó un documento programático con Vox que incluye el concepto “prioridad nacional”, que él mismo había definido como “literatura” durante la campaña, y que ahora “inspira” al Gobierno andaluz para asignar el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Este mismo principio rector se aplica para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. El pacto de Gobierno también estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”.

Esta misma semana han llegado las primeras concreciones. El Gobierno andaluz ya ha retirado ayudas a ONG que atienden a inmigrantes sin hogar. En concreto, ha suspendido ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar. El Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas, parte de ellas extranjeras.

Ahora, el PP en el Parlamento andaluz vota a favor de una PNL sobre vivienda que apunta a los inmigrantes como origen de la falta de alojamientos, y propugna su retorno voluntario o forzoso a sus países de origen.

El texto ha contado con 63 votos a favor y 41 votos en contra, teniendo el apoyo del PP-A y Vox, y el rechazo del resto de grupos de la oposición.

“Esto son matemáticas, esto no es xenofobia”

El diputado de Vox, Ricardo López, que ha defendido la iniciativa, ha señalado un déficit de 750.000 viviendas entre el número de viviendas y las personas que buscan un acceso a ella, poniendo el foco en las personas migrantes. “Con sus políticas de puertas abiertas y el efecto llamada han puesto en grave riesgo y en una situación de drama al pueblo español, a los Hernández y a los García, porque ustedes están beneficiando a señoras que vienen de Sierra Leona, que se tienen que solucionar sus problemas allí, y esto es un dato objetivo”, ha aseverado.

“Esto son matemáticas, esto no es xenofobia”, ha asegurado el diputado de Vox. Asimismo, López ha criticado la gestión de vivienda por parte del Gobierno central al que ha afeado convertir la preocupación sobre la vivienda en “un vehículo electoral”, a la par que ha señalado el alto número de propiedades por parte de algunos dirigentes del PSOE y Frente Amplio.

“Ustedes son los pijoprogres que viven en chalés y en urbanizaciones privadas, que no han visto un extranjero nada más que cuando va a limpiarles a ustedes la piscina y que están poniendo en riesgo a nuestra gente”, ha aseverado.

La oposición califica la PNL de “xenófoba”

El parlamentario del PSOE-A, Daniel Pérez, ha afeado a Vox que en la PNL “no habla de una sola casa, de un solo ladrillo ni de una sola ayuda al alquiler, se habla de deportar, remigrar y repatriar”. En este sentido, ha asegurado que la prioridad nacional planteada en el texto “rezuma odio y xenofobia”.

Asimismo, ha afeado que desde el Gobierno andaluz “no se hace una sola propuesta real” sobre vivienda y ha criticado la falta de apoyo de Vox a los reales decretos impulsados por el ejecutivo central para paralizar los desahucios.

“Todo lo que han intentado en todo momento es señalar, señalar e identificar siempre al de abajo, porque es más fácil señalar al jornalero de Huelva que atacar, en este caso, a quien especula con fondos de inversión”, ha remarcado.

En esta línea, el diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha defendido el carácter migrante del pueblo andaluz y ha asegurado que muchas personas migrantes “no viven en una vivienda digna”.

“Vox necesita a los inmigrantes para culparlos de todos los problemas, aunque no tengan nada que ver. Y los necesitan porque Vox está aquí para defender los intereses de los ricos, que necesitan a los inmigrantes explotados, los necesitan sin papeles”, ha explicado al mismo tiempo que ha señalado a fondos de inversión extranjeros por comprar viviendas en Andalucía.

Por su parte, el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha lamentado la “especulación” por parte de dichos fondos de inversión y ha señalado al PP “por gobernar junto a Vox”. “¿No estáis viendo el carácter racista que para justificar y dar una batalla ideológica que va contra ustedes también, porque os la están dando a ustedes, tienen que ir al clasismo, al racismo, al señalamiento, a la criminalización del pobre? Os van a comer por los pies”, ha aseverado.

El diputado del grupo popular, Manuel García Delgado, ha puesto el foco en la gestión del Gobierno de España por la situación de la vivienda y en contraposición ha puesto en valor las políticas impulsadas desde la Junta de Andalucía. “Exigimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad. Nuestro compromiso siempre será con los andaluces, más viviendas asequibles, menos trabas y más ayudas para las familias”, ha reafirmado.

“Atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero”

El texto pide que el Gobierno nacional ataje “la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios”, y que la recaudación resultante se destine “a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida”.

Asimismo, se plantea que el Ejecutivo nacional explore cuantas fórmulas sean necesarias para “limitar la demanda extranjera no residente, que está inflando los precios de la vivienda y dificulta la emancipación y la seguridad residencial de los españoles en muchas localidades de nuestro país”, y que impulse cuantas reformas legales sean necesarias, a todos los niveles competenciales incluyendo instancias europeas, para que la adquisición de una primera vivienda habitual sea nueva o de segunda mano, quede libre de cargas fiscales para los españoles.

Otra demanda es que el Ejecutivo nacional “promueva, en coordinación con las administraciones competentes, una revisión exhaustiva de las tasas e impuestos de ámbito autonómico y local que inciden en el proceso edificatorio, con el objetivo de impulsar la supresión o bonificación de aquellos que contribuyan a incrementar el coste final de los inmuebles y dificulten el acceso a la vivienda”.

Vox pide que el Gobierno “incremente de manera sustancial y sostenida en el tiempo de la producción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de los procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias que obstaculizan el desarrollo del sector, simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas y duplicidades normativas, al tiempo que se articulan instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales”.

También se pide que el Ejecutivo nacional incremente la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción de compra mediante fórmulas de colaboración público-privada para garantizar que los jóvenes y las familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos, y que promocione un modelo de alquileres que armonice los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) y arrendatarios (asequibilidad, estabilidad).

Asimismo, en la iniciativa de Vox se insta al Ejecutivo nacional a modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y otra normativa que resulte necesaria, con el objeto de “impedir el empadronamiento en inmuebles ocupados ilegalmente y evitar que dicha inscripción pueda generar derechos o beneficios derivados de una situación de ocupación ilegal”, y a impulsar las reformas legales necesarias para “garantizar el desalojo de los ocupantes ilegales y la restitución del inmueble a sus legítimos propietarios en un plazo máximo de 24 horas”.

La Fiscalía pide que se condene a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), a un año y once meses de prisión y 5 años y once meses sin poder desempeñar empleo o cargo público o presentarse a elecciones, por contratar como personal eventual del Ayuntamiento a Cristina Pulido Bonillo, con quien mantenía una “relación sentimental”, “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. El alcalde sería autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Fiscal acusa a Pulido de ser cooperadora necesaria, pero solicita para ella una pena considerablemente mayor que la que pide para el autor: cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años.

Esta es la segunda vez que la fiscal presenta escrito de acusación por este asunto, que desveló la propia Pulido en el marco de otra investigación por presuntos delitos de naturaleza sexual, finalmente archivada. Las conclusiones recogidas en el escrito de la fiscal son idénticas a las conclusiones que la fiscal formuló en enero.

La fiscal sostiene la misma acusación por los mismos hechos, pero ha dulcificado mucho la petición de pena para el alcalde, atendiendo a la reparación del perjuicio que este habría realizado al ingresar en la Tesorería municipal los 7.862,89 euros indebidamente abonados a la mujer. En cambio, ha endurecido la petición de pena para ella.

La petición de la fiscal presentada al Juzgado de Instrucción 5 de Estepona ahora (un año y once meses) rebaja a un tercio lo que solicitó el pasado enero en relación al alcalde (cinco años y medio), y añade un año de prisión a la pena solicitada inicialmente para Pulido, hasta los cuatro años y medio. La pena para el delito de malversación va de los dos a los seis años de prisión, pero el artículo 434 permite rebajarla en uno o dos grados se se repara de modo “efectivo e íntegro” el perjuicio antes del juicio.

Es lo que habría ocurrido el pasado 29 de junio, cuando García Urbano ingresó a la Tesorería municipal 2.589 euros en concepto de gastos de cotización a la Seguridad Social, que se añadían al ingreso de 5.276 euros por las nóminas.

Nuevo escrito de acusación

La repetición del escrito de acusación no es habitual, y aquí tiene un origen procesal. En enero, el juez ya había concluido que existían “indicios suficientes” para llevar a juicio al alcalde, cerrando la investigación un año después de abrirla. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó justo después que el caso no se juzgase por un tribunal del jurado, como estaba previsto, sino por un juzgado penal ordinario. La razón de esta marcha atrás fue que la fiscal había incluido finalmente el delito de prevaricación, lo que imposibilitaba un juicio con jurado. Una decisión estrictamente procesal, pero que obligó a que tanto la fiscal como las acusaciones populares (PSOE y Vox) tuviesen que presentar nuevamente sus escritos de acusación, que es lo que ha ocurrido ahora.

En ese ínterin el alcalde solicitó y consiguió prestar nuevamente declaración ante el juez el pasado 26 de junio, en la que reiteró lo que ya había contado en su primera declaración (que la mujer sólo rendía cuentas verbales de su supuesto trabajo ante él) y aportó tres declaraciones ante notario de trabajadores municipales, dos de ellos bajo su mando directo, ninguno de las cuales confirmó que la vieran trabajar. Estas son las únicas diligencias añadidas a la investigación en este tiempo.

El alcalde también ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial intentando que se declare la nulidad de la confesión inicial de Cristina Pulido, alegando que cuando la hizo no tenía la condición de investigada, y que cuando la ha tenido no la ha ratificado. Sin embargo, también ella presentó un escrito en estas semanas, ratificando su testimonio de que nunca trabajó.

Sin constancia del trabajo

La investigación se inició de oficio por el juez cuando escuchó a Cristina Pulido, que había denunciado al alcalde por un presunto acoso sexual hacia ella y su pareja, contar que mantenía una relación con el regidor y que este la había contratado para el Ayuntamiento, pero que ella nunca había hecho nada.

Su contratación como asesora del Área de Control Externo, a cargo del concejal Blas Ruzafa, no se ha puesto en duda. Tampoco que se le pagaran 5.276 por los 48 días en que estuvo contratada (del 13 de febrero al 30 de marzo, más el prorrateo de las vacaciones).

La fiscal sostiene que se le pagaron estas cantidades “sin contraprestación alguna” en perjuicio del patrimonio municipal. En toda la instrucción no se ha aportado ni un solo documento que refleje un trabajo efectivo. Ella misma dijo que nunca le dieron tarea y que no trabajó. No existen informes, correos electrónicos, encargos o mensajes que permitan deducir que algún día hizo algo. Tampoco tenía ordenador, ni cuenta corporativa. No hay ni rastro de su paso por el Ayuntamiento: sólo del día de su contratación y de su cese.

El concejal dijo que sabía de su contratación, pero que ella sólo rendía cuentas ante el alcalde, y éste, por su parte, ha explicado que todas sus explicaciones eran verbales. El concejal y el alcalde tampoco han sido claros con las supuestas tareas que debía realizar: han hablado de revisar mobiliario urbano, pero luego el regidor ha insistido en el monitoreo de redes sociales en un momento políticamente delicado, justo antes de las elecciones municipales.

La contrató, dijo, tras conocerla por Facebook y verla desenvuelta en redes sociales. En el sumario hay extractos bancarios que acreditan que le pagó una asignación mensual de 2.000 euros durante casi un año, que se interrumpió cuando la contrató para el Ayuntamiento.

El PSOE eleva la petición a cinco años y seis meses de prisión

El PSOE también ha presentado ya su escrito de acusación, en el que pide que se condene a García Urbano a cinco años y seis meses de prisión y diez años para el empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo (presentarse en procesos electorales), por los mismos delitos: malversación de caudales públicos en concurso medial con prevaricación. A Pulido la considera cooperadora necesaria, y pide para ella dos años de prisión y seis de inhabilitación, aplicando el límite mínimo por no ser autoridad ni haber intervenido en la disposición de fondos públicos.

El PSOE quiere que el Ayuntamiento de Estepona remita un listado con los técnicos y administrativos que trabajaban en el Área de Control Externo, para preguntarles, como testigos (con obligación de decir la verdad), si conocen a Pulido. También propone interrogar como testigos al jefe de Recursos Humanos y a los tres trabajadores que prestaron declaración ante notario.

Resta aún por conocer el escrito de Vox, que en la anterior ocasión ni siquiera acusó a Pulido, con quien compartía abogado, y el escrito de defensa de García Urbano, quien ha pedido reiteradamente el archivo de las actuaciones.

El regidor sostiene que esta investigación que le tiene al borde del banquillo, así como la seguida por el mismo juzgado tras la denuncia por acoso sexual (archivada) obedecen a “intereses espurios” y una campaña en su contra. Además, está investigado por otro juzgado por adjudicar un restaurante de lujo en el lujoso Mirador del Carmen (construido con dinero público: 16,5 millones de euros) a una empresa recién constituida en el despacho de uno de sus concejales de confianza y dirigida por su nuera, que no tenía experiencia alguna en el sector. Según la UDEF, él mismo aportó a su hijo el dinero con el que se constituyó la fianza para la concesión. En este caso figura como investigado, pero su declaración se ha suspendido ya en tres ocasiones.

“¿Qué más tiene que pasar para que paremos este genocidio?”. La pregunta la lanza la cineasta franco-iraní Sepideh Farsi, otra vez. Se repite desde hace años y no hay respuesta. Farsi está en Málaga para presentar en el Festival de Cine Francés que organiza la Alianza Francesa una exposición inédita en España de la fotoperiodista gazatí Fatma Hassona y una película, titulada Put your soul on your hand and walk (algo así como Pon tu alma en la mano y camina), construida a partir de las videollamadas que Farsi y Hassona mantuvieron durante un año.

A la 1 de la madrugada del 10 de abril de 2025, un día después de que Farsi anunciara que su cinta se proyectaría en una sección paralela del Festival de Cannes, el ejército israelí aniquiló a Hassona y a toda su familia disparando dos misiles de precisión a su casa en el barrio al-Tuffah. Mató a siete personas. Sólo sobrevivió su madre. El ejército alegó que el objetivo era un miembro de Hamás y que había tomado precauciones para evitar “bajas civiles”.

Fue un ataque selectivo y brutal. Ni Hassona ni Farsi habían revelado que ella protagonizaba la película, pero la fotoperiodista sí había contado a Al Jazeera, a cara descubierta, que estaba documentando el genocidio. “La verdadera cuestión no es quién dio la orden, sino por qué Israel ordena matar periodistas”, apunta Farsi.

Farsi conoció a Hassona en abril de 2024. Israel le había prohibido entrar en Gaza para documentar por sí misma el conflicto. Un amigo común las puso en contacto y desde entonces tejieron un estrecho vínculo a través de conversaciones casi diarias. “Conocerla fue como tener un espejo frente a mí. Cada conversación entre nosotras podía ser la última. Cada vez que me conecto y la veo es como si fuera un milagro”, relata en la película. Farsi añadió a la cinta presentada en Cannes los dos minutos y medio que hablaron el día antes de su asesinato.

Su muerte brutal cuando apenas tenía 25 años amplió el eco de su obra. “Si muero, quiero una muerte resonante, no quiero estar en las noticias urgentes, ni en un número con un grupo”, había dejado escrito ella, como una profecía que el ejército israelí se encargó de cumplir por ella.

“¿Qué más tiene que pasar?”, se pregunta Farsi, recordando las muertes indirectas que generan el asedio y el bloqueo, cómo se ceban con los médicos (1.600 asesinados), con los trabajadores humanitarios (casi 400 de la Agencia UNRWA) y los periodistas (250). Según el último informe de la agencia URNWA de Naciones Unidas, tras los atentados del 7 de octubre de 2023 Israel ha asesinado de manera directa a 74.228 personas, entre ellos más de 20.000 niños, herido a 175.188 gazatíes, arrasado miles de casas y destruido infraestructuras básicas. En los últimos meses ha violado el alto el fuego en vigor, matando a 1.445 y bloqueando ayuda humanitaria, según organizaciones internacionales.

“Nuestra fuerza es que no tenemos nada que perder”

La película funciona como una larga entrevista en la que Fatma vuelca sus miedos y esperanzas: al comienzo es una joven de 24 años que sueña con salir de Gaza para estudiar Fotografía, y luego volver; que no pierde la sonrisa ni cuando señala los edificios a punto de colapsar y trata de recuperarla con rapidez cuando recuerda a su abuela asesinada; que sigue aferrándose al principio islámico de que todo ocurre por algo.

“Me siento muy orgullosa. Somos fuertes y valientes y somos personas muy importantes en el mundo. Nos hagan lo que nos hagan, si nos intentan destruir o incluso matarnos, seremos felices y viviremos nuestras vidas, lo quieran o no. No pueden derrotarnos. Nuestra fuerza es que no tenemos nada que perder”, dice en una de sus primeras conversaciones.

Por entonces Israel ya había asesinado a su abuela Fatma, su tío Saadi, su esposa Basima y sus hijos Sojoud y Zeid, los nietos de su abuela; no tenía Internet, agua o luz. Farsi le pregunta si está en un lugar seguro. “No hay lugar seguro en Gaza”. Su tono se va volviendo más oscuro con el paso del tiempo. El conflicto la iba cercando: un bombardeo israelí mató a una de sus mejores amigas, a quien había retratado, apenas un rato después de verse.

Una vida “prescindible”

La exposición, comisariada por Sullivan Benetier y Antonio Rodríguez Molina, recoge 50 fotografías tomadas entre octubre de 2023 y abril de 2025 en el marco del proyecto City of Ghosts, y podrá verse hasta el próximo 18 de diciembre en la sede de la Alianza Francesa (calle Canales, 11).

Las fotos de Hassona documentan los estragos de los bombardeos y el bloqueo, y la voluntad tenaz de los gazatíes por superarlos. Fatma fotografiaba un espacio remoto, sino su entorno cotidiano y su propia tragedia. Farsi descubrió en ella una mirada madura que reflejaba la vida entre los escombros y no reducía a los gazatíes a la mera condición de daño.

En sus imágenes aparecen personas orgullosas en espacios cotidianos, familias y breves momentos de normalidad aparente en mitad de un escenario de guerra y muerte. “¿Cómo es fotografiar Gaza?”, le preguntó poco después de entablar contacto. “Es como poner tu alma en la mano y caminar”, le respondió. Una expresión que alude a la vulnerabilidad de quienes viven, y tantas veces mueren, bajo las bombas y su resiliencia, y que dio título a la película. “Llevo nueve meses sin comer pollo, mi mayor sueño es comer pollo y un trozo de chocolate”, cuenta entre risas, mientras se escucha el vuelo de los drones en el exterior. En un vídeo que se hizo viral, Hassona grabó su alegría cuando llegó ese momento.

La muestra incorpora, además, un informe que demuestra que la casa, en la que la propia Fatma se había ubicado en redes sociales, fue el objetivo de dos misiles precisión, equipados con sistemas de guía y control, disparados de noche. “El tipo de munición y la hora del ataque sugiere que el ejército israelí consideró prescindibles las vidas con las que acabó”.

El informe, firmado por el arquitecto israelí Eyal Weizman como investigador principal, está elaborado por Forensic Architecture, un grupo multidisciplinar de la Universidad de Londres, que ha prestado servicios periciales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Ver no es una actividad inocente ni independiente de nuestra experiencia: aprendemos a mirar dentro de unas condiciones históricas, culturales y políticas”, dice Rodríguez Molina, uno de los comisarios de la exposición, citando a John Berger: “¿Qué responsabilidad adquirimos cuando miramos las fotografías de Fatma Hassona? ¿Qué hacemos con aquello que nos muestran?”. En su texto curatorial, Rodríguez Molina atribuye a las fotografías el valor de “combatir el borrado, contradecir los relatos que deshumanizan y preservar memoria frente a quienes pretenden destruirla”. Abren un espacio de atención y debate a partir de una experiencia concreta: la imagen.

“Es difícil tener más evidencias”

La directora franco-iraní encontró en el sufrimiento de Hassona un espejo de su propia peripecia, pero también una manera diferente de enfrentarlo. Farsi decidió salir de Irán cuando tenía 18 años, cinco años después de la Revolución islámica. Para entonces, ya había pasado una temporada en prisión. No puede volver a su país desde 2009. “Desde Francia, donde se instaló, se ha convertido en una activa opositora al régimen iraní.

“Vengo de un país donde los periodistas van a prisión o son asesinados. Es un mundo que va a peor. El genocidio continua en Gaza y el conflicto se ha extendido, y el régimen iraní masacra a su población mientras Estados Unidos bombardea”, lamenta la directora, que ve una deriva en Europa y en la injerencia de Rusia, Israel o Estados Unidos. “¿Hablamos de las víctimas en Gaza, Irán o Líbano? No, hablamos del precio del barril”.

Mientras, los líderes mundiales se esfuerzan por ocultar los crímenes. La semana pasada, Netanyahu ordenó investigar por todos los medios posibles a los militares que se han atrevido a dar su testimonio en Naza: “Elogio el valor de los directores y los militares, pero es una piedra más para mostrar lo que ya sabíamos. ¿Qué más tiene que pasar para que paremos este genocidio? Es difícil tener más evidencias”.

El asesinato de Fatma Hassona, una joven de 24 años que fotografió la vida de su pueblo en medio del asedio y las bombas y se atrevió a contarlo, es una de esas evidencias.