La Secretaría de Educación proyecta ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos a partir de 2027, con el inicio de un plan piloto en el Instituto Jesús Milla Selva, ubicado en el Distrito Central.

La iniciativa busca complementar las clases regulares con alimentación escolar y actividades orientadas al desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y manuales.

La ministra de Educación, Arely Argueta, anunció que el programa funcionará inicialmente en un centro educativo en Tegucigalpa, donde los estudiantes permanecerían en las instalaciones desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Los resultados de esta primera experiencia servirían para determinar si el modelo puede extenderse a otros centros.

La funcionaria explicó que la Secretaría sostuvo reuniones con directores de instituciones educativas para analizar la organización de la jornada y preparar su puesta en marcha. La propuesta pretende que los centros educativos no se concentren exclusivamente en la enseñanza académica, sino que también ofrezcan espacios para otras actividades formativas.

Uno de los componentes centrales del proyecto será la entrega de dos raciones de alimentación escolar durante la jornada. Argueta sostuvo que la medida busca apoyar a las familias y permitir que los padres permanezcan en sus actividades laborales mientras sus hijos continúan dentro de los centros educativos.

¿Qué abarca la propuesta?

Para llevar adelante la propuesta, la Secretaría deberá definir cómo se distribuirán los alimentos, qué personal estará a cargo de las actividades complementarias y cómo se organizarán los horarios de clases, alimentación y recreación.

La disponibilidad de espacios adecuados será otro factor determinante. Mantener a los estudiantes durante ocho horas en una institución exige condiciones apropiadas para el desarrollo de las clases, el consumo de alimentos y las actividades físicas, además de servicios básicos y mecanismos de supervisión.

Mario Alas, investigador y coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), considera que la jornada extendida puede representar una alternativa positiva para los estudiantes hondureños, especialmente si contribuye a mantenerlos en el sistema educativo y garantiza su alimentación diaria.

En declaraciones a Infobae, Alas señaló que ampliar el tiempo de permanencia escolar puede favorecer a los estudiantes, aunque advirtió que la implementación de este modelo implica costos elevados y requiere cambios que van más allá de modificar el horario de clases.

Entre los principales desafíos identificó la inversión en infraestructura, la actualización curricular y la necesidad de establecer políticas sociales que acompañen la iniciativa. También destacó la importancia de mejorar los salarios docentes y garantizar meriendas de calidad.

Sus observaciones sitúan la discusión en aspectos esenciales para la viabilidad del proyecto: extender la jornada no consiste únicamente en mantener abiertas las instalaciones durante más horas, sino en contar con los recursos y las condiciones necesarias para que ese tiempo adicional se traduzca en beneficios educativos.

Infraestructura y presupuesto

La puesta en marcha del plan piloto en un solo instituto permitirá a las autoridades identificar algunas de las necesidades operativas del modelo. No obstante, una eventual expansión a otros centros educativos exigiría considerar las diferencias en matrícula, infraestructura, disponibilidad de personal y condiciones de cada comunidad.

Las condiciones del personal docente forman parte de esa discusión. Alas señaló la necesidad de mejores salarios como parte de las políticas de acompañamiento que requiere la medida.

La permanencia dentro de los centros educativos también dependerá de otros factores, por lo que la jornada extendida no puede considerarse por sí sola una solución a todos los problemas de deserción o rezago escolar. Su alcance deberá medirse a partir de resultados concretos y de las condiciones en que se aplique.

Dos agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) recibieron detención judicial en Honduras por el delito de tráfico de drogas agravado, informó el portavoz del Poder Judicial, Ruy Gabriel Barahona.

Los imputados fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvin Nayin Licona Santos, quienes comparecieron voluntariamente ante las autoridades después de que se emitieran requerimientos fiscales en su contra.

La resolución judicial establece que ambos permanecerán bajo medida cautelar mientras avanza el proceso penal. El caso involucra también a un tercer agente, contra quien se mantiene vigente una orden de captura porque no se presentó ante los juzgados.

Además del tráfico de drogas agravado atribuido a ambos policías, Rodríguez Fuentes enfrenta una acusación adicional por tenencia ilegal de munición prohibida, según Barahona.

Proceso judicial en marcha

Los delitos están relacionados con perjuicios a la salud pública y al orden público del Estado de Honduras, de acuerdo con la información judicial divulgada.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre las circunstancias en que se habrían cometido los hechos, la cantidad o el tipo de droga involucrada, ni las características de la munición incluida en la acusación adicional.

Tampoco se han divulgado elementos de la investigación que permitan establecer cómo habría participado cada agente en los hechos que se les atribuyen.

Tras dictarse la detención judicial, Rodríguez Fuentes y Licona Santos fueron remitidos a la Dirección de la Policía de Fuerzas Especiales, con sede en Tegucigalpa, donde cumplirán la medida cautelar mientras continúa el proceso.

La detención judicial no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad de los acusados. La situación jurídica de ambos deberá resolverse conforme avance el expediente, con base en los elementos que presente el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

Audiencia inicial programada

Barahona informó que la audiencia inicial quedó programada para el lunes 26 de octubre a las 10:00, en la sede judicial de San Pedro Sula.

En esa diligencia, el juzgado conocerá los elementos presentados en el caso y determinará si corresponde dictar un auto de formal procesamiento o adoptar otra resolución conforme a las disposiciones legales aplicables. La comparecencia será determinante para definir la continuidad del proceso contra los dos agentes detenidos.

El caso involucra a un tercer funcionario de la DAET que no se presentó ante las autoridades. La orden de captura en su contra continúa vigente, según Barahona, quien no proporcionó la identidad del agente ni detalles sobre su ausencia o ubicación.

La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de los tres agentes, sin que la situación procesal de uno implique automáticamente culpabilidad para los demás.

El desarrollo de las próximas diligencias judiciales permitirá conocer los elementos que sustentan las acusaciones contra los dos agentes y determinar si el proceso avanza a una etapa posterior.

El caso se encuentra en una etapa inicial, por lo que aún no se han establecido responsabilidades penales contra los agentes señalados. La audiencia programada en San Pedro Sula permitirá avanzar en el análisis judicial de las acusaciones, mientras continúa la búsqueda del tercer sospechoso. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre los hechos investigados ni sobre las evidencias que sustentan los requerimientos fiscales.

El Congreso Nacional de Honduras inició un proceso de consulta con distintos sectores para discutir posibles reformas al régimen penal juvenil, entre ellas la reducción de la edad punible y el aumento de las penas aplicables a menores de 18 años.

El encuentro tuvo como objetivo conocer las observaciones de esas instituciones sobre las medidas de seguridad planteadas por el Legislativo y recoger propuestas que puedan incorporarse al dictamen de las reformas.

La presidenta de la comisión, la diputada liberal por Cortés Alejandra Vallecillo, señaló que el proceso busca escuchar a los distintos sectores antes de avanzar con la elaboración del documento legislativo.

“Vamos a escucharlos y analizar las propuestas que traen en este tema específico de la edad punible y de menores infractores, y las propuestas que traen para la elaboración del dictamen”, expresó.

163 adolescentes recluidos

Entre las cifras expuestas sobre el sistema penal juvenil figuran 163 adolescentes recluidos en distintos centros de detención y otros 1.276 que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad.

Más de 20.000 adultos permanecen privados de libertad en Honduras, una cifra que dimensiona la población penitenciaria del país, aunque corresponde a un régimen distinto del juvenil.

Esos datos forman parte del contexto para discutir las medidas de seguridad y las posibles modificaciones a las sanciones aplicables a los adolescentes que cometen infracciones penales.

La información disponible sobre la reunión no detalla qué edad mínima se propone establecer para la responsabilidad penal, cuánto aumentarían las penas ni qué delitos quedarían comprendidos en los posibles cambios.

Derechos humanos ante la reforma

La participación de organismos judiciales, entidades de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez busca incorporar distintas perspectivas al análisis legislativo.

La discusión también plantea la necesidad de precisar cómo se aplicarían los eventuales cambios al régimen juvenil y qué mecanismos acompañarían su implementación. Una vez examinadas las propuestas, la comisión deberá determinar qué modificaciones recomienda y cuáles serán los siguientes pasos para que la iniciativa continúe su trámite en el Congreso Nacional.

La Red Coiproden también se ha pronunciado contra la reducción de la edad punible y ha defendido una respuesta centrada en la prevención, la protección de la niñez y el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil, además, propuso fortalecer la justicia restaurativa y la inversión en educación, desarrollo infantil, empleo juvenil y espacios culturales y deportivos.

Mientras que, la directora de Casa Alianza Honduras, Cándida Sauceda, también cuestionó la propuesta y advirtió que aumentar las penas o reducir la edad punible no garantiza una disminución de la criminalidad y sostuvo que muchos adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado, amenazas y manipulación por parte de estructuras del crimen

Por su parte, Naciones Unidas en Honduras ha recordado que el país cuenta con un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 12 y 18 años y que los menores no están exentos de responder ante la justicia.

Durante este proceso ,a primera reunión fue convocada por la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, que recibió a representantes de la Defensa Pública de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), y la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía.

Olimpia perdió 1-0 ante el Cartaginés en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y deberá remontar en Tegucigalpa para avanzar a la final del torneo regional.

El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel tuvo que modificar sus planes tras la expulsión de su delantero Yustin Arboleda. Con un jugador menos, los albos resistieron los ataques del conjunto costarricense e intentaron contener la diferencia en el marcador.

Pese al resultado adverso, Espinel dejó claro que no considera definida la eliminatoria y que Olimpia asumirá la responsabilidad de buscar el triunfo de local para continuar en la competición.

“Si hubiéramos ganado, también tenemos que ponernos la responsabilidad nosotros de salir a ganar”, expresó el entrenador, al señalar que el equipo debe asumir un papel protagonista independientemente del resultado del primer compromiso.

La expulsión de Arboleda

Uno de los aspectos que más incidieron en el análisis del técnico fue la tarjeta roja a Yustin Arboleda. Espinel consideró que la expulsión modificó el desarrollo del partido y condicionó el planteamiento de Olimpia durante el resto del encuentro.

“Yo creo que cambió el partido”, manifestó el entrenador, al referirse a una jugada que obligó a su equipo a afrontar el compromiso en inferioridad numérica.

Los albos tuvieron que reorganizarse para contener las ofensivas del Cartaginés y evitar que la diferencia en el marcador fuera mayor. El conjunto hondureño se marchó de Costa Rica con una desventaja mínima que mantiene abierta la disputa por el boleto a la final.

Espinel expresó también su inconformidad con las decisiones arbitrales durante el primer tiempo. El uruguayo señaló que, desde su perspectiva, hubo diferencias en la manera de sancionar determinadas faltas.

“Sí vimos por ahí una tendencia en el primer tiempo, principalmente, de las mismas faltas no con el mismo criterio. A nosotros no nos pitaban, a ellos sí”, afirmó.

El entrenador manifestó además su malestar con la designación de la cuarteta arbitral para el encuentro de ida.

La remontada, en Tegucigalpa

Con el 1-0 en contra, Olimpia preparará el partido de vuelta con la obligación de buscar un resultado que le permita superar la serie. El encuentro en Tegucigalda será decisivo para determinar si el conjunto hondureño avanza a la final o si Cartaginés mantiene la ventaja obtenida en su estadio.

Espinel insistió en que sus jugadores deben asumir el protagonismo y salir a buscar el resultado, sin utilizar el marcador de la ida como excusa para renunciar a sus aspiraciones.

El margen de un gol mantiene a Olimpia en la pelea, aunque el equipo necesitará mejorar su producción ofensiva y evitar situaciones que vuelvan a comprometer su estructura en el encuentro decisivo.

Cartaginés llegará a Tegucigalpa con la ventaja mínima y el objetivo de asegurar su presencia en la final de la Copa Centroamericana.

Olimpia tendrá una nueva oportunidad el próximo miércoles 28 de octubre, cuando reciba al Cartaginés a las 9:00 de la noche en Tegucigalpa, en un partido decisivo para sus aspiraciones de alcanzar la final de la Copa Centroamericana.

Las negociaciones entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades de la Secretaría de Salud continúan sin alcanzar una solución definitiva al conflicto por el pago de salarios atrasados a profesionales del sistema público. El encuentro terminó sin un compromiso que permita suspender las asambleas informativas, una medida que se prolonga desde hace 45 días.

La reunión contó con la participación del presidente del CMH, Samuel Santos, y el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, quienes expusieron sus posiciones sobre las obligaciones salariales pendientes y los mecanismos que podrían agilizar su cumplimiento.

Al término del encuentro, Santos informó que se prevé realizar un corte de datos para identificar a los 727 médicos que, según el gremio, continúan a la espera del pago de sus salarios. La intención es revisar cada caso de manera individual para determinar las gestiones que faltan.

El dirigente médico también cuestionó que profesionales incorporados al sistema sanitario durante la actual administración continúen sin recibir remuneración. Como ejemplo, señaló que 114 médicos contratados en abril todavía no habían percibido sus salarios.

Uno de los principales planteamientos del presidente del Colegio Médico fue ampliar la mesa técnica encargada de revisar los expedientes de los profesionales afectados. Santos propuso incorporar a representantes de la Secretaría de Finanzas, la Dirección General de Servicio Civil, la Secretaría de Trabajo y el despacho del secretario privado, con el objetivo de reunir en un mismo espacio a las instituciones que intervienen en los procedimientos administrativos.

Revisión caso a caso

La propuesta busca reducir los tiempos de revisión y facilitar la coordinación entre las dependencias responsables de validar nombramientos, contratos y pagos. Para el gremio, la participación de más funcionarios permitiría resolver los expedientes con mayor rapidez y evitar que los casos continúen pasando de una institución a otra sin una respuesta definitiva.

por su parte, el viceministro José Miguel Castillo manifestó que el conflicto relacionado con los médicos contratados bajo la modalidad de interinato ha tenido pagos parciales durante algunos meses. Afirmó que quedan pendientes los salarios de 158 médicos bajo la modalidad de contrato.

La cifra presentada por el funcionario difiere de los 727 profesionales señalados por el presidente del CMH. No queda establecido si ambos datos corresponden al mismo universo de trabajadores, si se refieren a modalidades de contratación diferentes o si uno de los registros contempla únicamente determinados expedientes.

Castillo aseguró que el problema no obedece a una insuficiencia presupuestaria, sino a asuntos administrativos que deben resolverse para completar los pagos. Bajo esa explicación, el desafío inmediato consiste en verificar los expedientes y completar los procedimientos necesarios para que los recursos lleguen.

Durante el encuentro, Castillo planteó que el gremio suspenda las asambleas informativas mientras se instala una mesa técnica ampliada para revisar los casos. La propuesta pretende abrir un espacio de trabajo entre las instituciones involucradas y avanzar en la resolución de los expedientes sin mantener las medidas de presión del sector médico.

La reunión terminó sin un acuerdo que formalice la suspensión de las asambleas. El CMH mantiene como prioridad que se identifique a los profesionales afectados y se establezcan mecanismos verificables para cumplir con las obligaciones salariales.

Tras 45 días de asambleas informativas, el principal punto pendiente sigue siendo el pago de los salarios reclamados por los médicos y la definición de un mecanismo que permita resolver los casos acumulados.

Por ahora, el CMH informa de 727 médicos con pagos pendientes, mientras el viceministro de Salud mencionó 158 profesionales bajo la modalidad de contrato que todavía esperan sus salarios.

La diferencia entre los registros debe aclararse para determinar el número de afectados y evitar que queden trabajadores fuera del proceso de revisión.

El CONADEH instó a las autoridades hondureñas a fortalecer las medidas de protección de la niñez y garantizar mejores condiciones de acceso a la educación, la salud y un entorno familiar seguro, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de reclutamiento por organizaciones criminales.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del organismo, Cándida Maradiaga, señaló que los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal no deben ser considerados inimputables, ya que en Honduras existe un régimen de responsabilidad penal juvenil aplicable a quienes tienen entre 12 y 18 años.

Maradiaga indicó que hay 157 adolescentes privados de libertad en los cinco centros pedagógicos administrados por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI). Los jóvenes cumplen medidas privativas y no privativas de libertad, que pueden alcanzar hasta ocho años conforme al marco legal vigente.

La representante sostuvo que la respuesta estatal debe abordar tanto la responsabilidad por los delitos cometidos como las condiciones sociales que pueden empujar a los menores hacia entornos delictivos.

Garantías de protección

Maradiaga recordó que el internamiento de adolescentes debe aplicarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, en consonancia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras en 1990.

La defensora hizo referencia a los artículos 37 al 40 de ese instrumento internacional, que establecen garantías relacionadas con la privación de libertad, el trato de los menores dentro del sistema de justicia y la necesidad de promover su reintegración social.

El enfoque busca que los adolescentes puedan asumir las consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, acceder a oportunidades educativas y de desarrollo que reduzcan el riesgo de reincidencia.

La institución considera que la respuesta a la delincuencia juvenil debe tomar en cuenta la edad, las circunstancias individuales y las condiciones familiares y comunitarias de cada menor, sin dejar de lado las garantías que corresponden a las víctimas y a la sociedad.

Niñez vulnerable en cifras

Maradiaga recordó que en 2017 había alrededor de 600 adolescentes privados de libertad en el país, en un período marcado por crisis dentro de los centros, incluidos amotinamientos, enfrentamientos e incendios.

La cifra actual de 157 representa una reducción considerable frente a aquel registro. El Conadeh atribuye este cambio a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la capacitación de jueces y fiscales con apoyo de UNICEF y de la Universidad Diego Portales de Chile, así como a la implementación de un modelo de gestión socioeducativo.

La evolución señalada por la defensora refleja un cambio en el abordaje de la justicia juvenil, con mayor énfasis en las medidas alternativas al internamiento y en la atención de las necesidades de los adolescentes.

Los factores de riesgo

El Conadeh advirtió que muchos adolescentes que ingresan al sistema de justicia juvenil provienen de hogares en condiciones de pobreza y de entornos donde enfrentan distintas formas de violencia, abandono o falta de protección.

Maradiaga describió situaciones en las que los padres emigraron y los menores quedaron al cuidado de abuelos, vecinos u otras personas, así como casos de adolescentes que han sufrido violación sexual, explotación sexual comercial o trata de personas.

La funcionaria señaló que Honduras tiene alrededor de un millón de niños en situación de trabajo infantil y en situación de calle, aunque la información divulgada no desglosa cuántos corresponden a cada categoría ni el período exacto al que se refiere esa cifra.

La protección de la niñez, planteó, debe comenzar en los hogares, las escuelas y las comunidades, con servicios accesibles y mecanismos para detectar oportunamente situaciones de abuso, explotación o abandono.

El llamado también pone el foco en la necesidad de atender a las familias que enfrentan pobreza y exclusión, así como de ofrecer alternativas educativas y sociales a los adolescentes en riesgo.

La propuesta incluye modificaciones relacionadas con las facultades de las autoridades durante las investigaciones, los plazos posteriores a una detención y las condiciones para acceder a determinados beneficios penitenciarios.

La opinión de la CSJ fue enviada al Poder Legislativo, aunque la información disponible no precisa el contenido íntegro del pronunciamiento ni si los magistrados respaldaron todas las medidas propuestas o formularon observaciones sobre artículos específicos.

El Congreso Nacional se prepara para discutir las reformas, presentadas como parte de las acciones orientadas a combatir a las organizaciones criminales que operan en el país.

Uno de los cambios planteados permitiría a las autoridades ingresar a viviendas sin contar previamente con una orden judicial, siempre que se presenten determinadas circunstancias vinculadas con la delincuencia y se cumplan las condiciones previstas en la reforma.

Esta disposición involucra las facultades de investigación y actuación policial dentro de domicilios particulares. La propuesta contempla que la facultad se utilice en situaciones específicas; sin embargo, no se detallan los supuestos legales completos ni los mecanismos de supervisión previstos en el texto remitido al Congreso.

Otra de las modificaciones planteadas consiste en ampliar de 24 a 48 horas el período disponible para presentar un requerimiento fiscal después de la captura de una persona.

El cambio daría a las autoridades un período adicional para formalizar la actuación fiscal tras una detención, con implicaciones en la coordinación entre los órganos encargados de las capturas, la investigación y la presentación de los casos ante los tribunales.

El alcance definitivo de la modificación dependerá de la redacción que finalmente examine y, en su caso, apruebe el Congreso Nacional.

Más acciones contra la criminalidad

El paquete de cambios también contempla eliminar la libertad condicional y los mecanismos de preliberación para personas condenadas por delitos como terrorismo y narcotráfico, así como por pertenencia a grupos criminales.

La medida modificaría las condiciones bajo las cuales esas personas podrían acceder a beneficios que permiten cumplir parte de la pena fuera de prisión o acogerse a modalidades de salida anticipada, conforme al régimen penitenciario aplicable.

No obstante, para determinar el alcance de esta disposición será necesario revisar el articulado completo, las categorías de delitos contempladas y las reglas que regirían su aplicación.

Entre los aspectos descritos en la propuesta figura el tratamiento de personas identificadas por supuestos vínculos con estructuras criminales, incluidas la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y organizaciones declaradas terroristas.

Según la descripción de la propuesta, se plantea que esas personas sean capturadas, procesadas y recluidas en módulos de máxima seguridad, y se menciona la presencia de tatuajes alusivos a esas organizaciones como un elemento relacionado con la medida.

Una detención, la formulación de una acusación y una condena corresponden a etapas diferentes del procedimiento penal, y el alcance de cualquier disposición deberá establecerse a partir del texto legal y de las garantías procesales aplicables.

Para determinar qué criterios se utilizarían para identificar a las personas sujetas a estas medidas y qué requisitos deberían cumplir las autoridades antes de proceder, será necesario conocer la redacción exacta del proyecto.

Alcance de las reformas

Con la opinión de la CSJ remitida al Poder Legislativo, el Congreso tiene ante sí una propuesta que aborda distintos aspectos del sistema penal, desde las actuaciones durante una investigación hasta el cumplimiento de las condenas.

El debate deberá precisar el alcance de las facultades de allanamiento, los plazos procesales, las restricciones a los beneficios penitenciarios y los criterios para aplicar medidas contra personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales.

Hasta ahora, no se cuenta con detalles suficientes para establecer el contenido íntegro de la opinión de los magistrados, la fecha de una eventual votación ni si el Congreso introducirá cambios al proyecto original.

El boleto a la final comienza a disputarse esta noche para Olimpia, que tendrá que superar al Cartaginés en su propio estadio si quiere dar el primer paso hacia la definición del título regional.

Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan a esta instancia con la responsabilidad de representar al fútbol hondureño y con el objetivo de conseguir un resultado que les permita encarar el partido de vuelta con opciones claras de clasificación.

La visita no será sencilla. El conjunto costarricense intentará aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja en la serie, mientras que los albos buscarán imponer su propuesta y demostrar que también tienen argumentos para competir lejos de Tegucigalpa.

En la antesala del compromiso, Espinel se refirió al favoritismo que puede representar jugar en casa y reconoció que Cartaginés cuenta con ese factor a su favor para el primer encuentro.

“Cartaginés es favorito acá, no tengo duda, como vamos a ser favoritos nosotros en Tegucigalpa”, expresó el entrenador uruguayo, quien también dejó clara la mentalidad con la que su equipo afrontará el desafío.

“Nosotros venimos a ganar acá, no venimos a especular”, sentenció.

El mensaje del estratega refleja la intención de Olimpia de buscar protagonismo desde el primer partido, aunque deberá encontrar el equilibrio entre la vocación ofensiva y la solidez necesaria para evitar que el rival aproveche los espacios.

Espinel apuesta por el funcionamiento colectivo

Para el entrenador olimpista, una de las claves del rendimiento del equipo durante la competencia ha sido la capacidad de responder como grupo, sin depender exclusivamente de las actuaciones individuales.

“Por encima de cualquier individualidad está el trabajo en equipo”, señaló Espinel, al destacar la importancia de mantener una idea de juego colectiva en una fase donde los detalles pueden marcar la diferencia.

La semifinal exigirá concentración durante todo el encuentro, especialmente ante un rival que buscará hacerse fuerte en casa. Olimpia necesitará que sus líneas trabajen de manera coordinada, que el mediocampo logre controlar los momentos del partido y que sus atacantes aprovechen las oportunidades que se presenten.

El técnico también considera que la experiencia acumulada en la edición anterior de la Copa Centroamericana ha servido para fortalecer al plantel.

Cartaginés quiere aprovechar su estadio

Cartaginés tendrá la misma ambición, con la diferencia de que contará con el respaldo de su público en este primer capítulo. El duelo enfrenta a dos equipos que buscan abrirse camino hacia el título regional y que llegan a esta instancia con la obligación de responder en un momento decisivo.

La cita está programada para las 8:30 de la noche, hora de Honduras, los albos, por su parte, deberán evitar que el entusiasmo local se traduzca en dificultades tempranas. Mantener el orden defensivo, administrar la posesión y elegir bien cuándo acelerar en ataque serán aspectos determinantes para competir en Cartago.

La cita está programada para las 8:30 de la noche, hora de Honduras y Costa Rica. El balón comenzará a rodar con un objetivo claro para ambos clubes: tomar ventaja en la semifinal y acercarse a la final de la Copa Centroamericana.

El Ministerio Público informó que el requerimiento fiscal contra los tres funcionarios fue presentado el 20 de octubre de 2026, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, como parte de una investigación relacionada con el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas en San Pedro Sula, Cortés.

Las diligencias comenzaron a partir de información recibida por las autoridades y de posteriores labores de verificación que condujeron a un allanamiento ejecutado el 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackay.

Según las investigaciones fiscales, el inmueble habría sido utilizado para almacenar drogas. Durante la inspección, los equipos investigadores informaron el hallazgo de diversas sustancias y otros objetos que fueron incorporados a las diligencias del caso.

Los tres señalados estaban asignados a la Dirección Antiextorsión y Antiterrorismo (DAET), unidad especializada en la lucha contra la extorsión y las estructuras criminales. La acusación deberá ser conocida por los órganos jurisdiccionales correspondientes, que determinarán el curso del proceso conforme a la legislación hondureña.

Entre los indicios encontrados durante el registro de la vivienda figuran 114 bolsitas con una sustancia que se presume es marihuana y 65 envoltorios que contendrían presunta cocaína.

Las autoridades también informaron el hallazgo de cantidades de otras sustancias que, de manera preliminar, podrían corresponder a crack. Sin embargo, el Ministerio Público no precisó el peso total de los materiales ni los resultados de los análisis periciales que confirmarían su composición..

Hasta el momento, la información oficial no detalla si durante el allanamiento se encontraron armas de fuego ni identifica a quién pertenecerían los objetos decomisados.

Imputación adicional

La investigación contempla una imputación adicional contra uno de los tres funcionarios. De acuerdo con el Ministerio Público, además del presunto tráfico ilícito de drogas agravado, a este agente se le atribuye la posible comisión del delito de tenencia de munición prohibida.

La información divulgada no especifica el tipo, la cantidad ni las características técnicas de la munición que habría motivado la acusación.

Durante la inspección también se informó el hallazgo de indumentaria militar y distintivos institucionales correspondientes a estructuras policiales anteriores. Estos elementos fueron recolectados como parte de las actuaciones investigativas para determinar su relevancia dentro del expediente.

Por ahora, no se ha establecido públicamente si los objetos encontrados guardan relación directa con las funciones que desempeñaban los agentes o si existen otras personas vinculadas con el caso.

Órdenes de captura a los tres imputados

Como parte de las acciones judiciales, el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional competente que emita las respectivas órdenes de captura contra los tres imputados.

La solicitud busca que los investigados sean puestos a disposición de las autoridades judiciales para que el proceso avance conforme a los procedimientos establecidos. La información oficial no confirma que las órdenes hayan sido ejecutadas ni detalla si los agentes se encuentran detenidos.

La presentación del requerimiento fiscal constituye una actuación dentro del proceso penal y no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponderá a los tribunales valorar los elementos presentados por la Fiscalía y garantizar el derecho de defensa de los acusados.

El Ministerio Público tampoco divulgó los nombres de los funcionarios señalados ni proporcionó detalles adicionales sobre sus cargos específicos dentro de la DAET.

El caso involucra a funcionarios asignados a una unidad especializada en la lucha contra la extorsión y el terrorismo, mientras las autoridades investigan el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas en una vivienda de San Pedro Sula.

Antecedentes y alllanamientos

La investigación deberá determinar las circunstancias en que fueron encontrados los posibles estupefacientes, la procedencia de las municiones y los cargadores, así como la eventual relación de cada uno de los imputados con los hechos.

El allanamiento del 19 de octubre en el bulevar Mackay en la zona norte de Honduras fue resultado de información recibida por las autoridades y de diligencias de verificación desarrolladas previamente. Según el Ministerio Público, esas actuaciones permitieron identificar el inmueble donde presuntamente se almacenaban las sustancias ilícitas halladas durante la inspección.

La investigación incorpora además el hallazgo de municiones, cargadores, indumentaria militar y distintivos institucionales de estructuras policiales anteriores, cuyo vínculo con los hechos deberá establecerse mediante las diligencias respectivas.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) inició la aplicación del régimen especial de condonación dirigido a usuarios residenciales con deudas pendientes que no superen un consumo promedio mensual de 250 kilovatios-hora (kWh), según lo establece el artículo 20 de la Ley de Justicia Energética.

La medida está destinada a personas naturales titulares de servicios eléctricos usados para vivienda. No se trata de una eliminación automática de saldos: cada interesado deberá presentar una solicitud ante la estatal y someterse a un proceso de comprobación.

La ENEE revisará el historial de consumo y las condiciones del inmueble para determinar si el servicio cumple con los requisitos legales.

La condonación comprende la totalidad del saldo pendiente por consumo de energía eléctrica registrado a nombre del usuario beneficiado. Esto incluye el monto correspondiente a la electricidad consumida, los intereses, recargos, multas y otros cargos asociados con la deuda acumulada.

El alcance del alivio económico dependerá de la deuda que mantenga cada abonado y de que su caso cumpla con los requisitos legales. La ENEE no estableció un monto máximo de condonación ni precisó cuántos usuarios podrían acogerse al régimen. Los hogares interesados deberán consultar directamente con la institución para conocer el procedimiento aplicable a su servicio y verificar si reúnen las condiciones exigidas.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Los interesados tendrán que acudir a las oficinas de la ENEE y presentar una solicitud expresa para acogerse al beneficio. También deberán entregar documentación que acredite la titularidad del servicio o el uso legítimo del inmueble donde se recibe el suministro.

Una vez presentada la solicitud, la estatal realizará una revisión del consumo histórico y una inspección física del medidor para comprobar que el servicio corresponde a una vivienda y que el consumo se mantiene dentro del límite establecido. El procedimiento determinará si el suministro cumple con los criterios previstos para acceder a la condonación.

En los casos en que la vivienda no tenga un medidor instalado, la ENEE colocará uno de inmediato y sin costo para el usuario. La instalación permitirá registrar el consumo del inmueble dentro del proceso de evaluación.

La ENEE aclaró que la condonación se aplicará por una sola vez y únicamente a un servicio residencial. El beneficio no podrá trasladarse a otros inmuebles ni usarse para cancelar deudas correspondientes a varios servicios eléctricos.

La restricción obliga a los solicitantes a identificar correctamente el suministro para el cual piden la eliminación de la deuda y presentar los documentos correspondientes. Cumplir con el límite de consumo no sustituye los demás requisitos.

La ENEE no detalló la cantidad de hogares que podrían resultar beneficiados, el monto total de las deudas que prevé condonar ni el plazo durante el cual recibirá solicitudes.

Tampoco especificó si habrá oficinas habilitadas exclusivamente para tramitar estos casos o si se establecerá un calendario para atender a los abonados. El acceso efectivo a la condonación dependerá de la verificación individual que realice la institución.

La indicación de la estatal es que los usuarios que consideren cumplir con los requisitos acudan a sus oficinas, presenten la documentación correspondiente y soliciten la evaluación de su caso.

La medida ha generado también llamados desde el Congreso Nacional para que la estatal eléctrica aplique la condonación sin imponer requisitos que no estén contemplados en la ley.

El Legislativo informó que la iniciativa podría beneficiar a entre 80,000 y 100,000 familias, aunque esa cifra corresponde a una estimación divulgada por autoridades legislativas y no a un registro definitivo de beneficiarios

El Colegio Médico de Honduras (CMH) planteó una salida de corto plazo al conflicto que mantiene en suspenso parte de la atención sanitaria en el país: reunir a las instituciones y personas involucradas para revisar los 622 expedientes pendientes y resolver la situación de los profesionales que todavía no han recibido sus pagos.

El vicepresidente del gremio, Haroldo López, afirmó que los médicos están dispuestos a suspender las asambleas informativas de manera inmediata.

“Nosotros suspendemos las asambleas mañana mismo a las 7:00 de la mañana si tenemos una propuesta del Gobierno donde nos reunimos todos los que estamos involucrados”, manifestó el dirigente.

La propuesta busca que la revisión de los casos no se prolongue durante semanas y que las autoridades den una respuesta en un plazo máximo de tres días.

Según López, la solución debe incluir tanto la verificación de los documentos como la ejecución de los pagos correspondientes a quienes tengan sus remuneraciones pendientes.

López advirtió que la suspensión de las asambleas estaría sujeta al cumplimiento de los compromisos durante el período acordado. Si al finalizar los tres días queda un médico sin recibir el pago que le corresponde, el gremio retomaría las medidas a nivel nacional.

López propuso concentrar los esfuerzos en una jornada intensiva de revisión con la participación de las distintas instituciones responsables. Como ejemplo, planteó distribuir el trabajo en unas 20 mesas para examinar los 622 expedientes y completar el proceso en tres días.

El dirigente sostuvo que, una vez verificada la documentación, correspondería a las autoridades financieras efectuar los depósitos, bajo el argumento de que no existirían inconvenientes para realizarlos.

Gremio exige cumplir pagos pendientes

“En tres días tienen que estar revisados y Finanzas, a ver, depositados”, expresó López al explicar el mecanismo que propone el gremio.

López cuestionó la forma en que se presentan las cifras relacionadas con el conflicto y señaló que el análisis debe centrarse en los médicos que todavía no cuentan con un acuerdo resuelto.

Los profesionales que ya tienen un acuerdo han venido recibiendo sus pagos mensualmente, por lo que consideró necesario distinguir esos casos de los que continúan sin solución.

Esa diferenciación permite determinar cuántos médicos siguen afectados y cuáles son los expedientes que requieren una intervención inmediata. Para el gremio, la prioridad es identificar los casos pendientes, verificar su situación administrativa y garantizar que los desembolsos se realicen dentro del plazo propuesto.

La atención médica bajo presión

El conflicto mantiene en el centro de la discusión a los pacientes que necesitan consultas, procedimientos y otros servicios de salud en los establecimientos públicos. Las asambleas informativas convocadas por el gremio han prolongado las dificultades para acceder a una atención regular.

López sostuvo que la falta de una solución podría prolongar las afectaciones a la población hondureña, debido a que el personal médico volvería a las medidas a nivel nacional si no se cumplen las condiciones acordadas.

Aunque el Gobierno ha manifestado disposición para responder a la problemática, el gremio insiste en que el diálogo debe traducirse en una revisión efectiva de los expedientes y en el pago a los profesionales que todavía esperan una respuesta.

Por ahora, las asambleas informativas continúan a nivel nacional, mientras el CMH mantiene abierta la posibilidad de suspenderlas si las autoridades presentan una propuesta que permita reunir a todas las partes y resolver los casos en un máximo de tres días.

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, llegó a Roma para iniciar una agenda de reuniones diplomáticas y económicas con la que su administración busca ampliar las relaciones internacionales del país y generar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación.

La visita contempla encuentros con autoridades italianas, representantes de organismos internacionales y miembros del sector empresarial, además de acercamientos con funcionarios de la Santa Sede.

Los objetivos anunciados por el Gobierno incluyen promover las condiciones para hacer negocios en Honduras, establecer contactos con posibles inversionistas y fortalecer la relación institucional con ambos Estados.

A su llegada, el mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Asfura viaja acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y por la canciller Mireya Agüero, quienes integran la delegación hondureña que participará en las actividades previstas durante la gira.

Acercamientos con empresarios e inversionistas

Hasta ahora no se han anunciado contratos comerciales, inversiones formalizadas ni acuerdos específicos derivados de los encuentros; el alcance de la visita dependerá de los resultados de las reuniones.

Uno de los principales objetivos de la agenda en Italia es presentar a Honduras como un destino para nuevas inversiones y establecer contactos con representantes empresariales interesados en el país.

La agenda anunciada por la Presidencia contempla encuentros con representantes del sector empresarial, pero no se ha precisado qué compañías participarán ni qué sectores productivos concentrarán las conversaciones. Tampoco se han divulgado estimaciones sobre el capital que el Gobierno espera atraer, la cantidad de proyectos que podrían surgir de la visita o los plazos para concretar eventuales inversiones.

El fortalecimiento de las relaciones comerciales también figura entre los propósitos de la visita. Los acercamientos con autoridades y empresarios italianos podrían servir para identificar productos con potencial de comercialización y establecer contactos entre empresas de ambos países.

Sin embargo, el Gobierno no ha identificado públicamente qué productos se promoverán durante las reuniones ni ha informado si se abordarán acuerdos comerciales, mecanismos de facilitación de exportaciones o compromisos para incrementar el intercambio bilateral.

Contactos con la Santa Sede

La visita también busca fortalecer la relación entre Honduras e Italia mediante encuentros con representantes de las instituciones italianas. La presencia de funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores permite que la delegación hondureña aborde asuntos políticos y diplomáticos, además de los temas económicos previstos.

La agenda divulgada no detalla cuáles asuntos bilaterales serán discutidos ni si está prevista la firma de instrumentos de cooperación. Tampoco se han anunciado compromisos concretos sobre nuevos programas de colaboración, asistencia técnica o proyectos conjuntos.

Otro componente de la gira corresponde a los acercamientos con autoridades de la Santa Sede, con sede en el Vaticano. El recibimiento de monseñor Fernández González formó parte de las actividades diplomáticas previstas para la delegación.

El Gobierno ha señalado que busca fortalecer los vínculos con la Santa Sede, pero no ha detallado los temas específicos que se tratarán en las reuniones ni ha informado sobre posibles compromisos o proyectos derivados de esos acercamientos.

Un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros miembros de la Comisión Permanente fue presentado este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

El funcionario confirmó que el documento ingresó a la CSJ y que incluye a Luis Redondo, quien presidió el Legislativo, junto con otros integrantes de la comisión permanente. Sin embargo, al momento de brindar declaraciones, el requerimiento todavía no había sido trasladado oficialmente por la Secretaría de la Corte a la jueza natural designada.

Duarte indicó que la magistrada Anny Belinda Ochoa será la encargada de conocer el expediente. También explicó que la información disponible señala el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, además de otros cargos que todavía no podía precisar.

“Solamente me ha sido referido el delito de violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos. Hay otros delitos que, en este momento, no tengo la capacidad de detallarles”, manifestó el portavoz ante los periodistas.

Apertura del proceso judicial

Aunque el requerimiento incluye a Redondo y a otros integrantes de la Comisión Permanente, el Poder Judicial señaló que todavía no disponía de la lista oficial completa de las personas mencionadas en el expediente.

La cantidad de imputados y la descripción específica de los delitos se conocerán una vez que la documentación sea trasladada formalmente a la jueza natural y se revise el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público.

La información preliminar menciona a legisladores titulares y suplentes que formaron parte de la Comisión Permanente durante la gestión de Redondo. Mientras no se conozca el documento completo, no es posible confirmar oficialmente la identidad de todos los señalados ni atribuirles cargos específicos.

La designación de Ochoa establece quién conocerá judicialmente el requerimiento en esta etapa, pero no representa una decisión sobre la culpabilidad de las personas mencionadas.

Delitos en el ejercicio del cargo

El delito de violación de los deberes de los funcionarios figura entre los señalamientos que el portavoz judicial pudo confirmar. Duarte no detalló cuáles son los otros delitos incluidos en el requerimiento ni las conductas específicas que el Ministerio Público atribuye a cada uno de los señalados.

La acusación deberá ser examinada dentro del procedimiento judicial correspondiente, en el que se determinarán los pasos procesales aplicables y las eventuales responsabilidades individuales.

La presentación del requerimiento fiscal constituye el inicio de una actuación judicial contra las personas incluidas en el expediente.

El requerimiento se presenta en relación con actuaciones atribuidas a Redondo y a miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. En la información difundida sobre el caso se mencionan también cuestionamientos relacionados con decisiones adoptadas durante el período legislativo y con el proceso electoral general de noviembre de 2025.

La evolución del proceso dependerá de la revisión del expediente y de las resoluciones que emita Ochoa conforme a la legislación aplicable.

Estos hechos forman parte del escenario político en el que se presenta la acusación, aunque el alcance de los señalamientos penales deberá establecerse a partir del requerimiento del Ministerio Público y de las resoluciones judiciales correspondientes.

Diez niños con cardiopatías congénitas forman parte de la décima Brigada de Cirugía Cardiovascular Pediátrica que comenzó en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula.

Las intervenciones están dirigidas a menores provenientes de diferentes partes de Honduras que requieren atención especializada por afecciones cardíacas presentes desde el nacimiento.

La jornada reúne a personal médico y organizaciones colaboradoras para realizar los procedimientos y ofrecer a los pacientes la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

La primera menor en ingresar al quirófano fue Noha Ainara Sabillón, de un año, diagnosticada con una cardiopatía congénita desde su nacimiento. Su operación marcó el inicio de una jornada en la que otros nueve niños también serán atendidos por el equipo médico.

La brigada contempla la atención de diez menores con cardiopatías congénitas, un grupo de afecciones que comprende alteraciones en la estructura del corazón o en los grandes vasos sanguíneos presentes desde el nacimiento.

Pacientes con atención especializada

La gravedad y el tratamiento de estas condiciones varían según el diagnóstico de cada paciente. En determinados casos, la cirugía cardiovascular permite corregir o mejorar el funcionamiento del corazón y reducir las complicaciones asociadas con la enfermedad.

Para las familias, la jornada representa la posibilidad de que sus hijos accedan a procedimientos especializados y tengan mejores condiciones para su crecimiento y desarrollo. No obstante, la evolución y los resultados dependerán del tipo de cardiopatía, de la intervención realizada y de la recuperación individual de cada niño.

La información disponible no detalla cuáles son los procedimientos previstos para cada paciente ni los tiempos estimados de recuperación.

La décima brigada se desarrolla mediante la colaboración del personal del Hospital Regional del Norte del IHSS con las organizaciones Gift of Life y HeartGift, el Hospital Benjamín Bloom de El Salvador y el Club Rotario Ulúa.

La participación conjunta permite reunir recursos y experiencia para atender a los menores que requieren cirugía cardiovascular pediátrica. Este tipo de jornadas busca facilitar el acceso a procedimientos especializados que demandan equipos médicos capacitados, infraestructura hospitalaria y seguimiento clínico.

Además de las intervenciones quirúrgicas, la atención de niños con cardiopatías congénitas requiere vigilancia médica posterior para evaluar la recuperación y determinar si necesitan tratamientos adicionales o controles periódicos.

Respaldan la iniciativa

La jornada también cuenta con el apoyo de varias dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Salud (Sesal), la Secretaría General, la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR), la Gerencia Administrativa y la Oficina Sanitaria Internacional de San Pedro Sula.

Participan además la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras, instituciones que forman parte de la coordinación necesaria para el desarrollo de la iniciativa.

Mientras avanzan las intervenciones, las diez familias esperan la evolución de sus hijos, con la expectativa de que la atención recibida contribuya a mejorar su salud y sus posibilidades de desarrollo.

La brigada continuará con las intervenciones programadas para completar la atención de los diez pacientes. Al cierre de la jornada, los resultados médicos y la evolución de cada menor permitirán conocer el alcance de los procedimientos realizados en el Hospital Regional del Norte del IHSS, así como los pasos necesarios para garantizar el seguimiento de los niños después de las cirugías.

El Gobierno de Honduras y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional comenzaron este martes las reuniones para evaluar los avances del programa económico vigente, en una etapa clave para determinar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó la llegada de los representantes del organismo y señaló que las reuniones se desarrollarán junto con el Gabinete Económico. La agenda está prevista del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2026, según informó el Banco Central de Honduras.

La evaluación busca revisar los resultados macroeconómicos, verificar el cumplimiento de las metas pactadas y examinar las medidas que todavía requieren atención.

El resultado de este proceso será determinante para establecer si Honduras cumple las condiciones necesarias para completar el acuerdo vigente.

Además de revisar los indicadores económicos, las conversaciones abordarán asuntos relacionados con las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria, las reservas internacionales y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno también debe evaluar compromisos relacionados con el sector energético, particularmente las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los pagos pendientes a las empresas generadoras de electricidad.

Situación de país y la ENEE

Esos asuntos forman parte de los desafíos financieros del Estado, por sus implicaciones sobre las cuentas públicas y las necesidades de recursos para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico.

El ministro también mencionó la aprobación de reformas a la Ley de Lavado de Activos y la implementación de la Ley de Beneficiario Final, dos asuntos vinculados con el marco regulatorio y la transparencia financiera.

La misión del FMI deberá examinar los avances en las medidas acordadas dentro del programa económico y valorar si las autoridades han cumplido los compromisos sujetos a evaluación.

La sexta revisión corresponde a la etapa final del programa económico vigente con el FMI. Completarla satisfactoriamente permitiría al país cerrar el ciclo de revisiones y acceder a los recursos asociados, sujetos a la aprobación correspondiente.

El acuerdo con el organismo contempla apoyo financiero y medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica. La revisión examina tanto el desempeño de los indicadores económicos como el avance de las reformas incluidas en el programa.

Entre los aspectos bajo análisis están la sostenibilidad de las finanzas públicas, la evolución de los ingresos y gastos del Estado, la administración de la deuda y las condiciones externas que inciden en la economía hondureña.

La conclusión de las reuniones no implica automáticamente la autorización de nuevos desembolsos: cualquier liberación de recursos dependerá de los resultados de la evaluación y de los procedimientos de aprobación del FMI.

Negociar un nuevo programa

Durante las reuniones, las autoridades hondureñas también buscan avanzar en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo económico para el período 2027-2030, según informó Proceso Digital al reportar el inicio de la misión.

El desarrollo de las conversaciones permitirá conocer qué medidas económicas pretende mantener el Gobierno, qué reformas buscará profundizar y qué condiciones podrían incorporarse al próximo programa.Los resultados también orientarán las discusiones sobre la cooperación económica posterior.

La agenda de trabajo continuará durante las próximas dos semanas con reuniones entre los representantes del FMI, el Gabinete Económico y otras autoridades hondureñas. Al cierre del proceso se espera contar con una evaluación de los avances alcanzados y de los compromisos que continúan pendientes.

La revisión concluirá el 2 de noviembre, fecha prevista para el cierre de la agenda de trabajo en Honduras.

La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras entró en una fase de planificación luego de que el Congreso Nacional aprobara una moción para que varias instituciones del Estado busquen los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

La aprobación de la moción no significa que el presupuesto de construcción ya esté definido ni que las obras hayan comenzado. Por ahora, el proceso se concentra en cuantificar la inversión, identificar posibles fuentes de financiamiento y determinar el terreno donde se levantará el establecimiento.

Entre las alternativas planteadas figura el financiamiento nacional, la colocación de bonos y la contratación de préstamos internacionales. Sin embargo, las autoridades todavía no han divulgado un monto oficial para el proyecto ni han precisado cuánto aportaría cada fuente.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que se iniciarán los estudios correspondientes para determinar cuánto costaría la obra, mientras que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que la gestión de fondos involucrará al Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad y otras dependencias gubernamentales.

Uno de los primeros pasos será establecer el costo de construcción y las necesidades técnicas del nuevo centro penitenciario. Para ello, según lo anunciado por Hércules, se iniciarán los estudios que permitan cuantificar la obra.

El cálculo deberá servir de base para evaluar las opciones de financiamiento y definir cómo se cubrirá la inversión. Además del costo de construcción, el proyecto requerirá precisar las necesidades de equipamiento, seguridad, personal y operación del establecimiento, aspectos que incidirán en el gasto público a largo plazo.

Para este día se sostendrá una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el INP, Finanzas y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.

Las posibles ubicaciones

La selección del terreno es otro de los asuntos pendientes. El INP deberá designar el lugar donde se construirá el establecimiento, destinado principalmente a personas privadas de libertad identificadas como integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales sujetas al régimen especial de reclusión.

En las discusiones previas sobre el proyecto se ha mencionado a Naco, Santa Bárbara, como una posible ubicación. No obstante, la información divulgada hasta ahora no confirma que ese lugar haya sido seleccionado de manera definitiva.

La decisión sobre el terreno deberá integrarse a la planificación técnica, junto con la evaluación de las condiciones necesarias para construir y operar una instalación de máxima seguridad.

Las autoridades tampoco han detallado públicamente la capacidad que tendría el nuevo centro, el plazo definitivo de construcción ni el modelo de administración que se utilizaría.

Zambrano justificó la iniciativa al señalar que las reformas penales pendientes de aprobación podrían aumentar la cantidad de personas enviadas a prisión, lo que, según advirtió, presionaría la capacidad operativa de los centros penitenciarios existentes.

El proyecto se plantea en el contexto de las medidas aprobadas en septiembre para endurecer las condiciones de reclusión de personas identificadas como integrantes de grupos declarados terroristas.

Las reformas contemplan un régimen especial de máxima seguridad, restricciones de comunicación y visitas, vigilancia reforzada y otras medidas de control penitenciario. La normativa correspondiente fue publicada en La Gaceta, diario oficial de Honduras, el 26 de septiembre de 2026.

Influencia del modelo Salvadoreño

La iniciativa tomó impulso después de una visita de diputados hondureños al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conocieron aspectos del modelo penitenciario aplicado por ese país para recluir a integrantes de organizaciones criminales.

La eventual adopción de un modelo similar al salvadoreño requeriría definir qué elementos se incorporarían al sistema hondureño y cómo se aplicarían dentro del marco jurídico nacional.

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, respaldó la construcción de la nueva cárcel y sostuvo que el Estado debe aplicar medidas estrictas contra quienes sean responsables de delitos graves.

Con la moción aprobada, las siguientes etapas consisten en cuantificar la inversión, definir el terreno, establecer las fuentes de financiamiento y precisar las condiciones técnicas para construir y operar el centro penitenciario.

Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue detenido en el sector de Pavana, en la zona sur de Honduras, luego de que las autoridades informaran que transportaba dólares estadounidenses y euros en efectivo sin haberlos declarado al ingresar al territorio hondureño.

El detenido fue identificado como Ever Alberto Sánchez Pérez, de 35 años. Durante el procedimiento, la Policía Nacional le encontró USD 10.935 y 3.145 euros no declarados ante las autoridades migratorias, según el reporte del caso.

El monto total supera un estimado de USD 14.000 al convertir ambas monedas, El caso será trasladado a las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará si existen elementos para iniciar un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos o si corresponde aplicar una sanción administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de declaración de divisas.

Los decomisos representan la mayor parte del dinero incautado. A esa cantidad se suman 3.145 euros, Las autoridades no han detallado el origen del dinero, su destino ni el propósito por el cual el ciudadano transportaba esas cantidades.

Tampoco se han divulgado datos que permitan establecer si el efectivo estaba relacionado con alguna actividad ilícita.

Bajo control de las autoridades

La detención y el decomiso deben distinguirse de una eventual acusación formal: el hallazgo de dinero no declarado puede dar lugar a verificaciones y actuaciones legales, pero no demuestra por sí solo que los fondos procedan de una actividad criminal.

La Policía Nacional informó que remitirá al ciudadano a los juzgados competentes para que determinen la vía legal aplicable.

Entre las posibilidades figura una investigación por el presunto delito de lavado de activos, hipótesis que las autoridades deberán examinar a partir de los indicios disponibles, la documentación que presente el detenido y las diligencias que se practiquen.

La otra posibilidad es la aplicación de una multa, aunque la decisión dependerá de la valoración jurídica de los hechos.

La información disponible deja varios aspectos sin resolver: la procedencia de los dólares y los euros, si el portador cuenta con documentos que respalden su origen, el destino del dinero y la disposición que adopten las autoridades judiciales.

Otros casos similares

En febrero de 2026, un ciudadano salvadoreño de 37 años fue detenido en el punto de control de La Corteza, en el municipio de El Triunfo, Choluteca, cuando transportaba US$89,000, equivalentes a más de L2.3 millones. Según la Policía Nacional, el dinero fue decomisado durante una inspección y el caso fue remitido a las autoridades competentes por la presunta comisión de lavado de activos.

Otro decomiso de mayor cuantía se registró el 21 de agosto de 2026, cuando las autoridades encontraron US$260,000, unos L6.8 millones, ocultos en compartimentos falsos de un vehículo interceptado en el sector de La Corteza, Choluteca.

De acuerdo con reportes policiales divulgados las investigaciones buscaban establecer la procedencia y el destino del efectivo, así como determinar si existía alguna relación con actividades ilícitas.

La reiteración de estos decomisos en Choluteca mantiene bajo atención los controles policiales en los principales corredores de la zona sur de Honduras, especialmente por el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Las estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sitúan en 415 el número de menores de edad aprehendidos en Honduras durante lo que va de 2026, frente a los 174 registrados en 2025. La diferencia es de 241 casos, equivalente a un incremento del 138,5%, de acuerdo con las cifras divulgadas por la institución.

Los procedimientos incluyen aprehensiones ejecutadas mediante órdenes judiciales y detenciones en flagrancia. La variación también requiere una comparación cuidadosa: los 415 casos corresponden a una parte de 2026, mientras que los 174 abarcan todo 2025.

Las cifras muestran una diferencia entre ambos registros, pero no permiten establecer por sí solas cómo evolucionó la situación al comparar períodos de igual duración.

En un informe publicado por la Policía Nacional señaló que el tráfico de drogas, el robo, la portación ilegal de armas de fuego, los delitos contra la vida y los delitos sexuales figuraban entre las principales infracciones identificadas en los casos de menores aprehendidos.

La información policial también plantea que algunos adolescentes estarían siendo captados por estructuras criminales para participar en actividades ilícitas. No obstante, el informe no cuantifica cuántos casos estarían relacionados con ese fenómeno ni detalla las circunstancias individuales de las aprehensiones..

Vinculados a varios delitos

Un antecedente judicial corresponde al departamento de El Paraíso. El 6 de noviembre de 2025, el Ministerio Público informó que 91 menores en conflicto con la ley habían sido presentados ante los tribunales de Danlí durante los primeros once meses de ese año.

Según el reporte fiscal, el 71,43% de esos casos estaba relacionado con infracciones de tráfico de drogas. También se registraron expedientes por portación ilegal de armas de fuego, robo con fuerza, maltrato familiar, delitos sexuales, homicidio y asesinato.

El dato ofrece una referencia sobre las infracciones que llegaron a los tribunales en esa zona del país, pero no representa una estadística nacional ni puede compararse directamente con las aprehensiones contabilizadas por la DPI.

La diferencia entre ambas fuentes es relevante: mientras la Policía contabiliza actuaciones de aprehensión, el Ministerio Público informa sobre menores presentados ante los órganos judiciales.

En julio de 2026, la DPI divulgó información sobre investigaciones que apuntaban a la posible utilización de menores por parte de maras, pandillas y otras estructuras criminales. Según la institución, algunos adolescentes podrían ser incorporados a estas actividades mediante amenazas, intimidación o manipulación.

El fenómeno requiere examinar tanto la actuación de las estructuras que podrían involucrar a adolescentes como las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan niños y jóvenes.

Menores y estructuras criminales

El número de menores aprehendidos refleja la actividad policial, pero no permite concluir por sí solo que haya aumentado en la misma proporción la comisión de infracciones penales por parte de adolescentes.

Una aprehensión puede derivarse de una orden judicial pendiente, una detención en flagrancia o una investigación que debe continuar ante las autoridades competentes. La responsabilidad de cada menor y las medidas que correspondan deben determinarse conforme al procedimiento legal aplicable.

También es necesario conocer cuántos expedientes fueron remitidos a los órganos de justicia, cuáles continúan bajo investigación y cuántos concluyeron con una resolución. Sin esa información, no se puede establecer qué proporción de los procedimientos policiales terminó en una sanción.

El Boletín Estadístico Judicial 2025 del Poder Judicial ofrece registrá que los juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia reportaron 675 sanciones aplicadas a menores infractores durante ese año, entre medidas privativas y no privativas de libertad.

Los antecedentes del Ministerio Público y del Poder Judicial muestran que existen casos relacionados con distintas infracciones y que algunos llegan a los tribunales, pero los datos disponibles no bastan para atribuir el incremento a una causa única ni para medir por sí solos la evolución nacional de la delincuencia juvenil.