La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación contra 564 cabecillas de las estructuras Barrio 18 Sureños y Revolucionarios por delitos cometidos en El Salvador entre 2012 y 2026. El proceso busca penas perpetuas o ejemplares para quienes habrían ordenado ataques, homicidios, extorsiones y otros crímenes contra la población y el sistema de seguridad.

La acusación reúne 14,497 imputaciones y fue presentada ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 3. Del total de procesados, 474 están detenidos y 90 permanecen ausentes.

Entre los acusados figuran José Timoteo Mendoza Flores, alias Chory One, de La Unión; Douglas Geovanny Velásquez Navas, alias Payaso, de San Martín; y Melvin Alexander Alegría Solórzano, alias Muerto, del Parque Libertad. También fueron incluidos César Daniel Renderos Díaz, alias Muerto, de Las Palmas; Anthony Javier Pleitez Amaya, alias Centinela, de la IVU; Víctor Antonio Cerón García, alias Duke, de la IVU; y Jefry Isaac Corvera Morán, alias Xochitl, de la IVU.

Los imputados enfrentan cargos por pertenencia a una organización terrorista, un delito que contempla pena perpetua. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Múñoz, sostuvo que los señalados también han sido acusados de rebelión por intentar imponer un estado criminal, atribuirse facultades propias del Estado y utilizar la violencia para causar terror en la población.

La acusación incluye hechos ocurridos en 2014 y 2015, entre ellos el traslado de una granada fragmentaria M 67 hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República. También abarca el atentado contra la Delegación Policial de Quezaltepeque, el ataque con explosivos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la agresión contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, donde murió un integrante de seguridad.

Según Múñoz, los cabecillas habrían ordenado entrenar militarmente a integrantes de las pandillas antes de ejecutar ataques contra instituciones estatales. La Fiscalía les atribuye haber definido directrices para actuar contra el sistema de seguridad.

El expediente también incorpora 269 casos de homicidios, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y otros delitos. Entre los asesinatos investigados está el homicidio agravado de un agente policial y su hija, cometido el 6 de julio de 2015 en la comunidad La Campañera, Soyapango.

La Fiscalía sostiene que los pandilleros tenían autorización permanente para asesinar a miembros del sistema de seguridad y aplicaban un patrón de eliminación de testigos de crímenes cometidos en las zonas bajo su dominio. Esa misma directriz habría derivado en una emboscada contra dos agentes policiales el 12 de abril de 2016.

El ataque ocurrió en el terreno rústico conocido como La Tabacalera, situado al costado de la comunidad El Paraíso, en el cantón La Flor de San Martín, departamento de San Salvador. Los dos policías fueron asesinados en ese lugar.

Las masacres atribuidas a las estructuras Sureños y Revolucionarios

A los cabecillas de Barrio 18 Revolucionarios se les atribuye haber ordenado el asesinato de 11 trabajadores el 2 de marzo de 2016. La masacre ocurrió en el caserío La Flor, del cantón Agua Escondida, en San Juan Opico, La Libertad.

De acuerdo con la acusación, los trabajadores fueron considerados una amenaza para el control territorial y los intereses económicos de la estructura. Por ese motivo, habrían sido atacados por integrantes de la pandilla.

Los cabecillas también son procesados por la masacre de nueve motoristas de furgones, ocurrida el 30 de marzo de 2015. Las víctimas estaban en un parqueo de furgones cercano al desvío de San Juan Opico, en el distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Norte.

Los atacantes habrían considerado que los motoristas tenían vínculos con pandillas rivales porque residían en zonas controladas por otros grupos criminales. La Fiscalía indicó que esa presunta relación fue interpretada como una amenaza para el dominio territorial y económico de la estructura.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, sostuvo que las pandillas haitianas podrían atentar contra los militares de El Salvador si el presidente Nayib Bukele decide ampliar su respuesta tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños en las afueras de Puerto Príncipe.

“Bukele puede mandar a medio Ejército de El Salvador y se lo van a matar como pollos en Haití”, afirmó Riverón, en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El funcionario dominicano argumentó que los grupos armados conocen el terreno y cuentan con capacidad para enfrentar a fuerzas que ingresen al país.

La declaración se produjo después de que Bukele advirtiera a las pandillas haitianas que deberán entregar “vivos y sin ningún daño” a los cuatro ciudadanos salvadoreños desaparecidos. El mandatario anunció además el inicio de una operación militar para localizarlos.

Los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II son aerotécnicos vinculados a la misión internacional desplegada en Haití. La Fuerza Armada de El Salvador señaló que el grupo fue atacado cuando regresaba a su campamento en un vehículo blindado.

La emboscada ocurrió el domingo 18 de octubre en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, comuna situada cerca de Puerto Príncipe. Hombres armados abrieron fuego contra el vehículo, que luego se incendió. Los técnicos se vieron obligados a escapar a pie y desde entonces se perdió la comunicación con ellos.

Según Bukele, los cuatro salvadoreños no cumplen funciones de combate. El mandatario indicó que, el trabajo de ellos, se concentra en tareas de aviación, evacuaciones médicas y asistencia para salvar vidas dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente salvadoreño explicó que los técnicos volvían de realizar compras cuando se produjo el ataque. Hasta este jueves 22 de octubre no se habían divulgado sus nombres ni se conocía públicamente información sobre su estado de salud o su paradero.

En una publicación en sus redes oficiales, Bukele dirigió un mensaje a los responsables del secuestro. El presidente sostuvo que la operación iniciada por las autoridades salvadoreñas representa una primera respuesta. “El ataque de hoy no es nada comparado con lo que viene si no entregan a los cuatro rehenes vivos”, señaló.

El mandatario vinculó la advertencia con la política de seguridad que llevó adelante contra las organizaciones criminales en su país. “Ya terminamos con las pandillas de El Salvador y podemos terminar con las de ustedes también”, expresó.

Bukele planteó una salida condicionada a la liberación de los cuatro técnicos. “Todavía tienen tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, afirmó.

La advertencia elevó la tensión en torno al operativo de búsqueda. No quedó claro si una eventual ampliación de las acciones involucraría más personal salvadoreño, fuerzas haitianas o integrantes de la misión internacional que actúa contra las pandillas.

Haití declaró prioritaria la liberación de los técnicos

El Gobierno de Haití informó que la liberación de los cuatro salvadoreños constituye una “prioridad absoluta”. Las autoridades analizaron medidas para reforzar las operaciones de seguridad junto con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Riverón, alcalde de una localidad de República Dominicana ubicada en la frontera con Haití, consideró que el caso podría atraer una mayor atención internacional sobre la crisis de seguridad haitiana. También mencionó la posible participación de Estados Unidos en una respuesta más amplia contra las organizaciones armadas.

El ataque contra los técnicos salvadoreños fue descrito como el primer hecho de gran magnitud contra la fuerza internacional desde el inicio de sus operaciones en territorio haitiano. La búsqueda continuaba este jueves, mientras las autoridades mantenían sin confirmar si los cuatro hombres seguían con vida.

La nueva Ley Especial y Transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas permitirá a contribuyentes y ciudadanos regularizar diversas deudas ante el Estado salvadoreño. El beneficio principal consiste en la exoneración de intereses, recargos y, en determinados casos, multas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y se pague o gestione un plan de pago dentro del período de vigencia de la normativa.

La medida tendrá efectos hasta el 11 de diciembre de 2026, contado desde la entrada en vigencia del decreto tras su publicación en el Diario Oficial. La ley no incluye deudas, multas ni recargos de las municipalidades.

Uno de los principales grupos beneficiados será el de los contribuyentes con obligaciones administradas por el Ministerio de Hacienda. La amnistía cubre impuestos originales o complementarios adeudados al Fisco, correspondientes a períodos fiscales anteriores y a declaraciones cuyo plazo de presentación o pago ya venció, incluidas las obligaciones correspondientes a septiembre de 2026.

En materia tributaria, podrán acogerse quienes presentaron declaraciones pero no pagaron el impuesto liquidado; quienes no presentaron declaraciones, aunque no tuvieran impuesto por pagar; y quienes realizaron operaciones gravadas sin presentar la respectiva declaración ni cancelar el tributo. También aplica para declaraciones presentadas con valores en cero, pese a que existieron operaciones sujetas al pago de impuestos.

La normativa abarca además casos en los que los contribuyentes declararon saldos a favor mayores a los que legalmente les correspondían, liquidaron impuestos por montos inferiores o deben presentar declaraciones modificatorias. Al corregir voluntariamente estas situaciones y pagar el monto aplicable, podrán obtener la dispensa de intereses, recargos y multas, según el tipo de proceso en que se encuentre su caso.

Otro segmento cubierto son los contribuyentes sometidos a fiscalizaciones, audiencias, procesos de liquidación de oficio o procedimientos sancionatorios ante la Dirección General de Impuestos Internos. También podrán acceder quienes tengan recursos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa o procesos de amparo constitucional.

Incluso se incluyen deudas tributarias que hayan sido remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), estén en cobro judicial o vinculadas con avisos por presunta defraudación al Fisco, siempre que no exista una sentencia definitiva. En esos casos, el interesado deberá desistir o renunciar, total o parcialmente, al proceso o recurso que mantiene abierto para poder solicitar los beneficios fiscales.

La amnistía también cubre incumplimientos relacionados con retenciones, percepciones y anticipos tributarios. Es decir, aplica a contribuyentes que no retuvieron o percibieron tributos estando obligados a hacerlo; que los retuvieron pero no los enteraron al Estado; o que pagaron montos inferiores a los debidos.

En el ámbito aduanero, la ley incluye deudas por Derechos Arancelarios a la Importación y otros impuestos no pagados o liquidados incorrectamente. Esto comprende declaraciones de mercancías no presentadas, con omisiones, inexactitudes o uso indebido de beneficios y exenciones.

También cubre vehículos ingresados temporalmente al país cuyo permiso de permanencia venció, siempre que sean importados definitivamente y se paguen los derechos correspondientes, o que sean reexportados.

Asimismo, podrán acogerse quienes tengan mercancías bajo regímenes temporales de importación, exportación, admisión o perfeccionamiento y cuyos plazos estén vencidos. Para recibir el beneficio deberán someter los bienes al régimen definitivo respectivo o efectuar su reexportación o reimportación fuera de plazo.

Respecto de las multas de tránsito, la amnistía no elimina la multa principal, sino únicamente los recargos acumulados por infracciones a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Aplica tanto a multas sin compromisos previos de pago como a planes incumplidos, sean total o parcialmente pendientes.

El decreto también permite eliminar intereses y recargos sobre multas determinadas por instituciones de la Administración Pública, con la excepción expresa de las alcaldías. Además, contempla facilidades para quienes dejaron vencer mandamientos de pago del Impuesto sobre la Renta con Número de Pago Electrónico.

Las obligaciones podrán cancelarse al contado o mediante planes de hasta nueve cuotas mensuales. Para acceder al pago a plazos, el deudor deberá cancelar inicialmente el 10% del monto adeudado. El incumplimiento del plan provocará la pérdida de los beneficios y la reactivación proporcional de intereses, recargos y multas.

La Seguridad del Estado amenazó con enviar a prisión y mantener bajo arresto domiciliario al comunicador Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, si continúa trabajando para ese medio independiente, según denunció el periodista tras comparecer este martes ante agentes policiales en La Habana.

Bonne Gamboa relató, en un audio enviado directamente a CubaNet, que los funcionarios vincularon las amenazas con su decisión de continuar ejerciendo el periodismo independiente. “Yo les dije que no iba a salir de CubaNet y me respondieron que eso era mercenarismo y que estaba cometiendo un delito gravísimo”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, publicado por Cubanet, los agentes le mencionaron una posible condena de entre dos y diez años de prisión por un supuesto delito relacionado con la “propaganda contra el orden constitucional”. También le comunicaron que recibiría una nueva notificación en su domicilio y que posteriormente sería citado oficialmente a otra unidad policial. El propósito, según Bonne Gamboa, sería mantenerlo confinado en su vivienda.

“Me dijeron que me fuera buscando a alguien que me hiciera mis mandados y mis cosas porque de mi casa no iba a poder salir”, contó el comunicador.

El interrogatorio tuvo lugar en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Aguilera, en el municipio habanero de Diez de Octubre. La citación, entregada por el Ministerio del Interior (MININT), indicaba que debía presentarse el 20 de octubre a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de participar en una “entrevista”. El documento advertía que no asistir podía constituir un delito de desobediencia o derivar en una multa de entre 100 y 300 cuotas.

Bonne Gamboa explicó que durante la comparecencia participaron un agente identificado como “Rodrigo”, un hombre presentado como psicólogo y un funcionario uniformado cuya identidad no pudo reconocer. Según su relato, los funcionarios le mostraron varios documentos, aunque él no firmó ninguno.

La víspera, el comunicador había denunciado en Facebook que “Rodrigo” intentó citarlo primero mediante una llamada telefónica y luego acudió a su vivienda. Bonne Gamboa rechazó las convocatorias verbales y exigió una citación formal. Finalmente, el agente regresó con el documento oficial.

Antes de dirigirse a la estación policial, alrededor de las 8:30, el periodista publicó un video en el que anunció que asistiría a un “interrogatorio, no entrevista”, y pidió a sus seguidores y a CubaNet que permanecieran atentos. También responsabilizó a la Seguridad del Estado y al Gobierno cubano por cualquier situación que pudiera ocurrirle.

En una segunda grabación, realizada a las 9:16, explicó que se había retrasado debido a problemas con el transporte. “No estoy cometiendo ningún delito, ni soy ningún delincuente”, sostuvo. Antes de ingresar a la unidad, pidió a sus seguidores que denunciaran el caso si era detenido.

El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta sobre la situación del comunicador, formado como instructor de arte, y llamó a proteger su integridad física y su libertad.

Tras abandonar la estación, Bonne Gamboa informó en Facebook que se encontraba libre y describió la comparecencia como un interrogatorio marcado por amenazas y un apagón en la zona. En el audio enviado a CubaNet, señaló además que se encontraba físicamente indispuesto y que la falta de electricidad y de conexión a internet dificultaba el envío de sus materiales periodísticos.

La advertencia de la Seguridad del Estado no coincide, según la información publicada por CubaNet, con las penas previstas en el artículo 124 de la Ley 151/2022, Código Penal. Esa norma establece sanciones de tres a ocho años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional” y eleva la pena de cuatro a diez años cuando se emplean redes sociales u otros medios de comunicación para cometerlo.

El Centro de Información Legal Cubalex advirtió que la amplitud de ese delito permite perseguir expresiones críticas y publicaciones en redes sociales. El hostigamiento contra Bonne Gamboa también había sido mencionado en informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que los subsidios a los combustibles podrían llegar a RD$ 40,000 millones (USD 650,968.400) al finalizar 2026, dentro de una política destinada a contener el traslado de los aumentos internacionales a los precios internos.

Durante el espacio denominado La Agenda Semanal, el mandatario señaló que el Gobierno también proyecta un subsidio eléctrico de RD$ 100,000 millones (USD 1,627,421,000) este año.

La cifra supone un incremento de RD$ 14,000 millones (USD 227,838,940) frente a la previsión anterior, situada en RD$ 86,000 millones (USD 1,399,582,060), según informó Listín Diario.

Abinader sostuvo que su administración aplicó ajustes y ahorros desde el inicio del año para respetar las metas fiscales previstas. Esos recursos, explicó, permitieron financiar ayudas para los combustibles, la energía eléctrica, los fertilizantes y el trigo.

El presidente indicó que el objetivo es evitar que el costo de esos productos recaiga de forma completa sobre los hogares y las actividades productivas. “Son subsidios coyunturales”, expresó Abinader, al diferenciar estas medidas de los programas permanentes de asistencia estatal.

El jefe de Estado clasificó los subsidios oficiales en dos grupos. El primero comprende programas dirigidos a alimentos, electricidad, gas y familias que tienen niños con discapacidades. El segundo reúne medidas temporales para amortiguar los efectos de conflictos internacionales sobre la economía local.

Dentro de esa segunda categoría figuran las compensaciones a combustibles y fertilizantes. Abinader afirmó que el Estado interviene cuando las variaciones de las materias primas amenazan con afectar la inflación, los ingresos de la población y los indicadores de pobreza.

El presidente también se refirió a los recursos destinados al sector agropecuario. De acuerdo con los datos publicados por Listín Diario, el Gobierno invirtió RD$ 2,200 millones (USD 35,743,298.14) en financiamiento directo para productores, ante el encarecimiento de la urea, uno de los componentes principales de los fertilizantes.

Abinader estimó que, sin esa intervención, el precio de los fertilizantes habría aumentado entre 30% y 40% en determinados momentos. A su juicio, esa suba habría limitado el acceso de pequeños productores a esos insumos, reducido la siembra y presionado al alza los precios de los alimentos.

Las tarifas eléctricas no cambiaron desde 2022, según Energía y Minas

En la misma actividad, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que las tarifas eléctricas en el país no registran modificaciones desde 2022. El funcionario atribuyó los aumentos que algunos usuarios perciben en sus facturas a un mayor nivel de consumo y al cambio de tramo dentro de la estructura tarifaria.

Santos explicó que los clientes que consumen entre cero y 200 kilovatios pagan una tarifa de RD$ 6.90 (USD 0.11 dólares). Cuando el consumo llega hasta los 300 kilovatios, el valor asciende a RD$ 8.59 (USD 0.14) por kilovatio.

Para los usuarios ubicados entre 300 y 700 kilovatios, la tarifa indicada es de RD$ 12,89 por kilovatio. Si el consumo supera los 700 kilovatios, el costo pasa a RD$ 13.09 (USD 0.21 dólares), sin un sistema escalonado para el excedente, explicó el ministro.

El funcionario precisó que las tarifas pueden variar entre las empresas distribuidoras de electricidad, aunque señaló que los valores son similares. La explicación oficial se produjo mientras el Gobierno proyecta destinar RD$ 100,000 millones (USD 1,624,695,370) al subsidio eléctrico durante 2026.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un nuevo paso en la organización de las Elecciones 2027 al realizar la distribución de cargos y el sorteo de la quinta posición para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM).

El procedimiento definió la asignación de responsabilidades dentro de estos organismos, piezas clave para la administración electoral en los territorios durante el próximo proceso nacional.

La jornada contó con la presencia de representantes de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Junta de Vigilancia Electoral y los partidos políticos.

También participaron personal técnico y operativo del Tribunal, medios de comunicación y generadores de contenido, en un acto cuyos resultados fueron expuestos públicamente ante quienes asistieron.

La magistrada presidenta, Roxana Soriano, señaló que la divulgación de estos mecanismos contribuye a fortalecer la confianza pública. “La democracia se fortalece cuando la ciudadanía puede conocer cómo se toman las decisiones que hacen posible un proceso electoral”, afirmó. Según la funcionaria, cada fase de la preparación electoral implica una responsabilidad institucional con el derecho de la población a participar y decidir mediante el voto.

El TSE indicó que el acto se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Estas disposiciones establecen que las JED y JEM pueden tener hasta cinco integrantes propietarios, junto con sus respectivos suplentes. Cuatro cargos son asignados a partir de las propuestas de los partidos contendientes que obtuvieron mayor votación en la última elección legislativa; la quinta posición, en cambio, se determina por sorteo entre las alternativas contempladas en la normativa.

Las posiciones de derecho propio (por haber obtenido la votación más alta en las elecciones legislativas de 2024) fueron otorgadas a Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN.

En tanto, participaron en el sorteo Fraternidad Patriota Salvadoreña, Fuerza Solidaria, GANA, PDC y VAMOS. Para definir el orden de extracción, la Secretaría General mezcló cinco sobres sellados, cada uno identificado con un número del uno al cinco, que determinaron el turno de cada representante para tomar una esfera.

Después, el mecanismo relacionó a las agrupaciones participantes con las claves 5A, 5B, 5C, 5D y 5E. Esas referencias se incorporaron en las matrices de distribución de las juntas departamentales y municipales para establecer los cargos asignados a cada posición.

La metodología contempló que el puesto definido mediante sorteo pudiera asumir la presidencia de una junta o cualquiera de las demás responsabilidades previstas para su integración.

Los resultados fueron proyectados durante la actividad y asentados en un acta que fue firmada por representantes de los institutos políticos, el fiscal electoral, las magistraturas y la Secretaría General del TSE. Con ese documento concluyó formalmente la distribución de cargos y el sorteo.

El Tribunal precisó que en las semanas siguientes podrá efectuar sustituciones o ajustes, de ser necesarios, según las propuestas disponibles y la inscripción definitiva de los contendientes.

Soriano sostuvo que completar cada etapa supone una responsabilidad con la democracia y el derecho ciudadano al sufragio. El desarrollo de este acto, añadió el comunicado, reafirma el compromiso de la autoridad electoral con la aplicación de la ley y la transparencia. La integración de las JED y JEM continuará con las actuaciones administrativas que correspondan antes de los comicios programados para febrero de 2027.

El régimen de Nicaragua concedió un beneficio que permitió recuperar la libertad a Jason Telémaco Ingram Oporta, exseleccionado nacional de fútbol condenado a dos años de prisión por provocar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad, informó el diario La Prensa.

Ingram fue declarado culpable por un accidente ocurrido el 9 de marzo de 2026, en el kilómetro 13.5 de la carretera a Masaya. De acuerdo con la información publicada por el medio nicaragüense, el entonces jugador de la UNAN-Managua, en la Liga Primera, irrespetó la luz roja de un semáforo e impactó contra otro vehículo.

La colisión causó lesiones graves a Julio Francisco Jiménez Zúñiga, quien quedó en estado vegetativo, según denunciaron sus familiares. El deportista conducía una camioneta Mitsubishi Outlander y registraba 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre, una cantidad superior al límite de 0.50 gramos permitido por la legislación nicaragüense.

En el accidente también resultó afectada Ana Lucía Campos Zepeda, quien viajaba como acompañante de Ingram y sufrió fracturas en las manos.

El exfutbolista fue detenido y admitió su responsabilidad ante una jueza. La Fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión y la suspensión de su licencia de conducir. Sin embargo, recibió una condena de dos años de cárcel por el delito de lesiones imprudentes.

La sentencia también ordenó notificar a la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional para que procediera con la inhabilitación de Ingram para conducir vehículos. Esa disposición consta en un acta judicial emitida el 27 de marzo.

De acuerdo con La Prensa, a pesar de la condena, Ingram solo permaneció cuatro meses en prisión. Según un acta presentada ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) del Complejo Judicial Central de Managua, el exjugador habría recuperado la libertad el pasado 24 de julio.

La Prensa señaló que el documento no precisa la fecha exacta en la que se le concedió el beneficio ni la figura jurídica utilizada. El acta únicamente establece que el exseleccionado nacional ya no permanecía en prisión.

Ingram, de 28 años, se formó en el Real Estelí y debutó en la Liga Primera con el Juventus. Posteriormente pasó al fútbol internacional y jugó para el Santos de Guápiles y Guanacasteca, en Costa Rica. En el Clausura 2023 rescindió su contrato con este último club por problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Antes de llegar a la UNAN-Managua, regresó al Diriangén, donde también salió del equipo por motivos similares, según la información publicada por La Prensa. Después fue enviado a préstamo al conjunto universitario, en el que militaba cuando ocurrió el accidente.

El defensor integró las selecciones nacionales Sub-17, Sub-20, Sub-21, Sub-23 y la Selección Nacional Mayor, con la que debutó en 2020. También participó en siete partidos con la selección absoluta, incluido un encuentro de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Aunque fue considerado un jugador con condiciones para continuar en el combinado nacional, el entonces entrenador Fantasma Figueroa dejó de convocarlo por problemas vinculados con su comportamiento y el consumo de alcohol. En su carrera profesional disputó 81 partidos entre los clubes en los que militó.

El Viceministerio de Transporte de El Salvador (VMT) ha realizado más de 600 controles antidoping durante 2026 en terminales, carreteras y puntos logísticos del transporte de carga, como parte de las acciones para reducir la siniestralidad vial. Las autoridades informaron que estas intervenciones han permitido detectar a 1,831 conductores en estado peligroso en lo que va del año.

El director de Tránsito, Félix Eduardo Serrano, explicó en la entrevista AM de Canal 10 que los operativos incluyen pruebas de alcohol y análisis toxicológicos para detectar marihuana, cocaína y otras sustancias que pueden alterar la capacidad de conducción.

“Lo importante es el factor sorpresa”, afirmó Serrano, al señalar que los controles no tienen horarios ni ubicaciones fijas. Según detalló, los equipos realizan inspecciones durante el día, la noche y la madrugada, tanto en carretera como antes de que los conductores inicien sus recorridos.

La estrategia se concentra en vehículos particulares, transporte público y unidades de carga. En el caso de autobuses y camiones, el VMT busca identificar a los conductores bajo los efectos de alcohol o drogas antes de que salgan a circular. Si una prueba da resultado positivo en un punto preventivo, el operador es retirado y la empresa debe sustituirlo para que la unidad pueda prestar servicio.

Las medidas se aplican en un contexto de alta accidentabilidad. El Salvador registra entre 55 y 60 siniestros viales diarios, con un promedio de entre cuatro y seis fallecidos cada día, según los datos expuestos por Serrano.

El funcionario sostuvo que el principal origen de los accidentes está vinculado con el comportamiento de los conductores. Entre las causas más frecuentes mencionó la distracción al volante y el incumplimiento de las normas de tránsito.

“El principal factor es el factor humano”, dijo el director de Tránsito. Añadió que, aunque las investigaciones consideran las condiciones del vehículo y de la carretera, los reportes levantados tras los hechos suelen atribuir la mayor parte de los casos a conductas imprudentes.

Las autoridades también alertaron sobre el impacto que tienen los siniestros en peatones y motociclistas. Estos dos grupos concentran entre el 35% y el 40% de las muertes viales, debido a su exposición física ante colisiones e impactos con otros vehículos.

Serrano explicó que los motociclistas carecen de la estructura de protección de un automóvil, mientras que los peatones transitan sin una barrera que amortigüe un choque. “Lamentablemente, los que tienen las peores consecuencias de estos siniestros están siendo los peatones y los motociclistas”, indicó.

La revisión técnica será obligatoria para transporte pesado

El VMT también amplió los controles sobre el transporte de carga pesada, un sector en el que los siniestros pueden causar daños de mayor alcance por las dimensiones y el peso de las unidades.

El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que la revisión técnica vehicular ya es obligatoria para cabezales con remolque fabricados en 1999 o años anteriores. La medida también abarca a todos los camiones de volteo, sin distinción de año de fabricación.

La revisión condiciona directamente la refrenda de la tarjeta de circulación. Los propietarios que no presenten el certificado correspondiente no podrán renovar el permiso para operar. Si una unidad circula sin la documentación vigente, puede recibir infracciones e incluso quedar retenida.

“Esto está atado a la renovación de los permisos de circulación”, explicó Serrano. “Ningún dueño de vehículos de este tipo podrá refrendar su tarjeta de circulación sin haber cumplido con la revisión técnica vehicular”, reiteró.

Aguirre precisó que las inspecciones en carretera revisan licencia, documentos, peso de la carga, neumáticos, frenos, luces e implementos de seguridad. Las revisiones más profundas se realizan en siete talleres autorizados, cuya capacidad conjunta alcanza 448 inspecciones diarias.

Entre las irregularidades más recurrentes, el VMT identificó neumáticos en mal estado. Las unidades que no cumplan las condiciones mínimas de seguridad son trasladadas a predios hasta que sus propietarios corrijan las fallas detectadas.

El objetivo, según las autoridades, es que las empresas y conductores incorporen el mantenimiento preventivo como una condición para operar y reduzcan los riesgos en las carreteras salvadoreñas.

Chonta Mullins Abegglen se entregará esta semana a las autoridades de Costa Rica para enfrentar las acusaciones por presunta legitimación de capitales en el caso Riverside, vinculado a la organización criminal que lideraba Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Su regreso permitirá avanzar con las diligencias pendientes sobre su supuesta participación en la estructura.

La investigación contra ese grupo derivó en un operativo policial realizado el 24 de junio en Cahuita, Limón, donde las autoridades allanaron 84 propiedades e intervinieron 106 vehículos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estimó de forma preliminar que la organización habría acumulado un patrimonio cercano a ₡10,000 millones (USD 22,051,689).

Mullins lleva cuatro meses fuera del país y regresará voluntariamente desde Zúrich, Suiza, donde permanece desde que salió de Costa Rica el 23 de marzo, tres días después de la extradición de López Vega a Estados Unidos. Su abogado, Gregorio Briglia, confirmó la decisión a CR Hoy.

El defensor explicó que su representada cubre con recursos propios el boleto aéreo y que el retorno demoró por las coordinaciones necesarias para la guarda y crianza de su hija menor de edad. También indicó que la Fiscalía aún no le comunicó en cuál circuito judicial se realizará la indagatoria.

“Mi representada está viniendo de forma voluntaria. Está costeando con sus propios medios económicos el tiquete aéreo. No se pudo realizar con la urgencia que esta representación deseaba, en virtud de las coordinaciones que debían hacerse por cuestiones propias de la guarda y crianza de su hija, quien es menor de edad”, sostuvo el abogado.

El expediente judicial identifica a Mullins como presunta testaferra y coautora dentro de la estructura criminal atribuida a “Pecho de Rata”. Las autoridades sostienen que su falta de antecedentes penales habría facilitado que asumiera la administración, colocación y resguardo de bienes y activos de alto valor supuestamente adquiridos con dinero del narcotráfico.

La pesquisa también describe una relación cercana entre la joven y el núcleo familiar de López Vega. Mullins fue pareja de Carlos Vaz Mc Leod, hijo del líder de la organización y también requerido para extradición, con quien tiene una hija.

El director interino del OIJ, Michael Soto, había señalado que la modelo se encontraba en Suiza junto con Jeydi Smith de La O, esposa de López Vega. Smith de La O se entregó a las autoridades el 1 de setiembre.

La defensa decidió concretar el retorno después de conocer la totalidad del expediente que fundamenta los señalamientos contra Mullins, según CR Hoy. La joven prevé comparecer ante las autoridades judiciales, afrontar el proceso y ejercer su defensa.

Un salario de ₡286 mil (USD 630.55 ) frente a bienes de alto valor

La investigación registra que Mullins declaraba un salario de ₡286 mil (USD 630.55) pese a tener a su nombre bienes muebles e inmuebles de considerable valor. El Ministerio Público considera que existe una desproporción entre sus ingresos reportados y el patrimonio inscrito a su nombre.

Según el expediente, esa diferencia patrimonial habría sido resultado de una participación que permitió un crecimiento acelerado e injustificado de sus activos. La causa examina el origen y la administración de esos bienes.

La organización de López Vega introducía grandes cargamentos de cocaína y marihuana por rutas marítimas y desembocaduras de ríos del Caribe Sur, de acuerdo con la investigación. Después distribuía la droga dentro y fuera de Costa Rica.

Entre los activos intervenidos durante el operativo figuraban maquinaria pesada, vehículos de alta gama, seis hoteles, un redondel de toros, un restaurante, cuatro casas de alquiler turístico, un gimnasio y una cancha de fútbol cinco. Las autoridades consideran que esos bienes integraban un esquema para incorporar al sistema financiero recursos presuntamente procedentes del tráfico internacional de drogas.

Las autoridades de Costa Rica han realizado 10 allanamientos la madrugada de este martes contra una presunta organización investigada por legitimación de capitales, préstamos gota a gota y extorsiones cobratorias, un grupo que habría generado entre ₡40 millones (USD 88,188.60) y ₡50 millones (USD 110,235.75) mensuales mediante créditos informales, según informó CR Hoy.

La operación, denominada Caso Laden, estuvo a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Cartago. Hasta el momento, las autoridades reportan 10 personas detenidas, en el marco de una pesquisa que comenzó hace varios meses por un presunto caso de narcotráfico local.

Las diligencias se han concentraron en distintos cantones de la provincia de Cartago y tienen como objetivo detener a los sospechosos, incautar dispositivos electrónicos y reunir otros elementos para determinar el alcance de las actividades atribuidas a la estructura.

Según publica CR Hoy, el grupo utilizaba el nombre comercial “Préstamos Laden” y se presentaba en redes sociales como una alternativa para ofrecer créditos conocidos como gota a gota.

La investigación apunta a que esa actividad permitió a la organización obtener ingresos que oscilan entre los ₡40 millones y los ₡50 millones al mes.

Uno de los procedimientos ha tenido lugar en una propiedad situada en Santiago de Paraíso, donde reside el supuesto líder de la organización, un hombre de apellidos Prieto Medina.

Los investigadores buscaban localizar al sospechoso y decomisar equipos electrónicos que podrían contener información de interés para el expediente.

Otra intervención se ha realizado en una vivienda de grandes dimensiones ubicada en el centro de Birrisito. De acuerdo con la información publicada por CR Hoy, en ese inmueble residiría otro integrante de alto rango dentro de la presunta estructura criminal.

Para cubrir los 10 puntos, la policía judicial ha contado con el respaldo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y de otras oficinas del OIJ de San José. La Sección de Legitimación de Capitales también participa en la operación y elaborará los informes vinculados con los movimientos financieros que se investigan.

Sospechan que las cobranzas incluían amenazas y violencia

La causa avanzó más allá de la sospecha inicial de narcotráfico. Durante las pesquisas, los agentes detectaron presuntos movimientos financieros irregulares y otras conductas delictivas relacionadas con los préstamos informales.

Los investigadores sospechan que los integrantes de la organización amenazaban con armas de fuego a personas que habían adquirido los créditos para exigir el pago de las deudas. También analizan denuncias sobre ataques contra las viviendas de las víctimas como método de presión.

La Fiscalía y el OIJ procuran establecer cómo ha funcionado la estructura, cuál ha sido el destino de las ganancias y si ha existido un crecimiento patrimonial que no pudiera justificarse con actividades lícitas.

La investigación se centra además en la posible legitimación de capitales a partir de los ingresos obtenidos por los préstamos y las extorsiones.

Los allanamientos continúan la mañana de este martes y las autoridades no descartan que el expediente incorpore nuevos delitos. Entre las hipótesis bajo análisis figuran eventuales vínculos con narcotráfico y homicidios, a raíz de hechos conocidos que, según la investigación, podrían involucrar a miembros de la organización.

El resultado de los allanamientos permitirá determinar la situación procesal de los detenidos y definir si se solicitarán medidas cautelares. La causa continúa abierta mientras los investigadores revisan los materiales secuestrados en las propiedades intervenidas.