“Vamos a ir a fondo. El objetivo final es poner en pie una mesa de diálogo con los británicos”, planteó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial para explicar la decisión del Gobierno de avanzar con el debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Tras el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en Casa Rosada se muestran abiertos a introducir cambios en el articulado, mientras debaten la manera de garantizar su aprobación.

Durante la reunión de la mesa política del pasado martes, el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei discutió la posibilidad de incorporar modificaciones al proyecto que posibiliten su sanción. El debate se dio luego de que la oposición cuestionara gran parte de su contenido, los aliados anticiparan su rechazo a artículos como el 111 y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) propusiera que el régimen de infraestructura crítica se basara en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.

Tras postergar su tratamiento por las diferencias internas y la falta de apoyos, el oficialismo se prepara para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados la próximas semanas, con fecha tentativa para el próximo miércoles 28 de octubre, aunque otras fuentes aseguran que todavía no hay un día definido. La idea original era dictaminar el pasado martes y tratarlo en la sesión de este miércoles, pero las dificultades para reunir las firmas obligaron al Poder Ejecutivo a modificar el cronograma.

Las proyecciones sobre el resultado son dispares. Un integrante del ala política calcula un apoyo de entre 135 y 140 legisladores y asegura que el Gobierno impulsó la normativa a sabiendas de que iba a generar polémica. Sin embargo, otras voces advierten que se trata de un proyecto complejo y que, si el debate se empantana, podría terminar rechazado.

Tras evaluar las sugerencias del PRO, el MID, AmCham y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, la administración libertaria se comprometió con los aliados a delimitar la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas y crear una comisión bicameral para supervisar las facultades excepcionales del organismo.

Como había anticipado la diputada libertaria Silvana Giudici, el oficialismo revisó el artículo 111 e introdujo precisiones en el régimen sancionatorio. Además, según confirmó a este medio una fuente en tema, aceptó la posibilidad de precisar las facultades del Consejo para controlar las inversiones de Estados y empresas extranjeras y reformular el delito de injerencia extranjera.

En las filas libertarias hacen una lectura favorable del impacto político que tuvo la cuestión Malvinas, una iniciativa sugerida por el asesor presidencial Santiago Caputo para recuperar la agenda pública. En Casa Rosada consideran que el tema contribuyó a mejorar la imagen de Javier Milei, aunque también expuso el primer contrapunto con la administración de Donald Trump desde que ambos gobiernos profundizaron su acercamiento.

En medio de las conversaciones, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este miércoles en Casa Rosada a Peter Lamelas con foco en la relación bilateral entre los países y los proyectos de desarrollo e inversión de las empresas estadounidenses en el país.

Pese a los esfuerzos públicos por desmentir la injerencia de Estados Unidos en la redacción del proyecto, en Balcarce 50 admitieron que la decisión de la administración republicana de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas llegó en “un mal momento”.

Si bien hay coincidencias en torno a la valoración del comité, en el Poder Ejecutivo consideran que su eliminación no sería conveniente, ya que le permite a la Argentina sostener su reclamo jurídico de soberanía frente al Reino Unido. Por ese motivo, ratifican la decisión de abstenerse en la votación.

“No compartimos la postura con Estados Unidos, pero la decisión no tiene nada que ver con nosotros”, sostuvieron, con incomodidad, en uno de los despachos de Balcarce 50 casi a contramano de lo que planteó el vocero presidencial, Adrián Ravier. No obstante, en la mesa chica de Milei no esperan avances concretos en el reclamo de soberanía y consideran que Donald Trump apuesta a dar una batalla discursiva sobre el tema.

“Hay diferentes visiones dentro de la mesa”, precisó uno de los integrantes del ala política que responde al presidente Javier Milei, en referencia a la demora en el tratamiento de los principales proyectos legislativos y los criterios para sellar acuerdos con los gobernadores aliados.

Ante un calendario legislativo cada vez más ajustado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política para acelerar el tratamiento de la larga lista de proyectos enviados al Congreso. Durante las dos horas que duró el intercambio, los integrantes del reducido círculo dedicaron gran parte de la reunión al debate que atraviesa al oficialismo: los tiempos para cerrar entendimientos con los gobernadores aliados.

Las conversaciones tienen dos planos: la búsqueda de apoyos legislativos, por un lado, y la proyección de potenciales alianzas electorales para 2027, por el otro. Durante el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en la necesidad de acelerar los plazos y acordar con los mandatarios provinciales para blindar el programa económico, luego de brindar detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia.

El planteo fue respaldado por la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero no logró imponerse frente a la resistencia de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y de la propia Karina Milei.

“Se habló de la necesidad de que esos acuerdos se hagan para que salga las paso. No definimos los criterios, pero sí darle velocidad”, precisó ante Infobae uno de los asistentes.

Desde el karinismo negaron que se haya llegado a una definición y plantearon que se trata de una tarea compleja en la que el oficialismo gana poder de negociación a medida que se acerca la elección. “Estamos trabajando, pero es un tema difícil”, aseguran que planteó la propia Karina Milei durante la reunión.

Pese al debate, las diferencias, lejos de saldarse, parecen persistir. “Lo conversamos, pero no fijamos criterios”, confesó un funcionario luego del intercambio. En algunos despachos leen la indefinición como una victoria parcial de los primos Menem.

En ese escenario, la reforma electoral espera en el Senado y constituye una pieza clave para la estrategia de reelección de Milei en 2027. Sobre los plazos para concretar los acuerdos, uno de los integrantes del reducido círculo sostuvo: “Saldrá en el momento indicado donde no se tenga que entregar el armado por acordar. A medida que pasa el tiempo y nos acercamos a la elección, nosotros recuperamos valor”.

“Es lógico que los gobernadores estén ansiosos por la falta de definiciones. Tensionar agota. Van a terminar estirando el tema hasta marzo”, contrapuso otro.

La reunión se realizó en la previa de una nueva sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo buscará tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y a discapacidad.

Ante el desafío, Karina Milei no se sumó a la comitiva presidencial que viajó a España y permaneció en Buenos Aires para seguir de cerca las negociaciones políticas y legislativas.

Como ocurre con la reforma electoral, la iniciativa de discapacidad abrió un nuevo debate interno en torno al articulado alcanzado con los aliados. Las concesiones presupuestarias en el texto, contrarias al ajuste contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027, parecen no convencer al Ministerio de Economía. Así lo dejó en claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuando expresó que desde el Poder Ejecutivo apuntaban a “otra cosa”.

Mientras algunos defienden el pragmatismo como una vía para avanzar con la agenda legislativa, otros cuestionan las concesiones a los aliados por considerar que desvirtúan los proyectos. En el sector que busca negociar con los aliados se ubican Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

Esa postura suele encontrar resistencia en Luis Caputo, a quien dentro del oficialismo le reprochan involucrarse por demás en los debates políticos. “Oficia más de ministro del Interior que de Economía”, le facturaron desde el oficialismo.

En medio de las diferencias internas, Martín Menem publicó una selfie para anunciar el inicio de la reunión, que comenzó a las 13.12. “Arranca la mesa política”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Las dificultades para reunir consensos también alcanzan al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo luego de retomar la iniciativa política con el tema Malvinas.

Si bien la idea original era incluirlo en la sesión de este miércoles, los libertarios debieron postergar el tratamiento ante la falta de acuerdos. A ese escenario se sumó además el contrapunto con el republicano Donald Trump en torno a la utilidad del Comité Especial de Descolonización de la ONU.

Como contó este medio, los capítulos más polémicos son los relativos a las penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad. Ante el rechazo de la oposición y las dudas de los aliados, Martín Menem debió postergar el tratamiento del proyecto y habilitar cambios en el articulado.

Por su parte,la senadora volvió a advertir sobre las posibles complicaciones que podría generar el proyecto. Sin embargo, el titular de la Cámara de Diputados, con el respaldo del resto de la mesa política, mantiene su intención de llevarlo al recinto la próxima semana. “Los votos van a estar. Se aplazó para conversar el articulado. El problea es que pareció que fue a pedido de Estados Unidos. Nada que ver”, precisó una fuente con acceso al despacho presidencial.

En Balcarce 50 todavía no lograron establecer un cronograma para el tratamiento de las principales iniciativas legislativas del oficialismo. Tanto el Presupuesto 2027 como la reforma electoral y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional permanecen sin fecha definida, en medio de las diferencias internas y las dificultades para reunir los consensos necesarios. “Todavía estamos en plazo”, sostienen desde el entorno del mandatario.