“Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero”. Y el auditorio Tomás y Valiente de Fuenlabrada (Madrid), se vino abajo. Así arrancó su mitin de precampaña este sábado Pedro Sánchez, con un mensaje público a su pareja, Begoña Gómez, con la que entró de la mano al pabellón y subió al escenario para besarla ante una enfervorecida militancia que los aclamaba.

El presidente del Gobierno, que aspira a su tercera reelección este 29 de noviembre, continuó así la estrategia electoral que busca una nueva remontada contra lo que pronostican todas las encuestas y contra los intereses, señalan los socialistas, de los grandes poderes que intentan ganarle el pulso a la izquierda. Y en ese contexto le dio todo el protagonismo a su pareja, investigada y enviada a juicio tras la más que polémica instrucción del juez Peinado. “Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer”. Antes, sobre el escenario, la había besado y abrazado mientras sonaba la canción 'malibU', de Rusowsky, cuyo estribillo dice: “Tú eres mi baby, contigo tó desaparece”.

Arropado por la totalidad de ministros socialistas y por un gran número de dirigentes territoriales que antes habían participado en el Comité Federal de Listas electorales, Sánchez se lanzó entonces contra las derechas y contra la amenaza que supondrá, dijo, un gobierno de PP y Vox para las conquistas sociales, políticas y económicas de los últimos cuarenta años. Y no dejó tema sin tratar. Por supuesto, la vivienda. Pero también el feminismo, los derechos laborales o el cambio climático. Y, sobre todo, el último gran lío en que se metió Feijóo: las pensiones.

“La verdad es que Feijóo es todo un personaje, ¿eh?. El otro día va y dice: 'voy a pedir sacrificios, pero no me aplaudáis'. Hombre, si quieres te hacemos la ola. Pero encima, dice: voy a pedir el voto a los currantes, no a los jetas'. ¡Y se señala a sí mismo! El tío se lo dice todo, es impresionante”.

“Pero tengo un mensaje para Feijóo y para Abascal”, prosiguió. “Las pensiones no son un cheque regalado, es una conquista social lograda. Así que un poco más de respeto a los mayores y un poco más de compromiso también con nuestros mayores”.

Sánchez pidió para el 29 de noviembre una histórica movilización y un respaldo político “mucho más amplio” frente al avance de las derechas “y la ola reaccionaria” en España. “Están aquí, están en España, están en Europa, están en Estados Unidos y hay que frenarlos”, reclamó.

Antes del mitin, el Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a su líder, Pedro Sánchez, candidato a la reelección y ha ratificado las candidaturas para las elecciones del 29N. Por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso de los Diputados (un 52 %) y en el Senado también se avanza hacia la paridad al aumentar diez puntos el porcentaje de mujeres al frente de las candidaturas respecto a 2023, según el PSOE. En ese mismo Comité Federal, los socialistas han nombrado a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, nueva portavoz del partido en sustitución de Montse Mínguez, que dimitió tras publicarse que su pareja se dedica al negocio inmobiliario.

Primero, tras la ola de indignación que desató su desahucio, fueron a por Maricarmen. Luego, cuando esa rabia se organizó y consiguió prender en las calles de todo el país con protestas y acampadas multitudinarias, los dardos se volvieron contra los portavoces del Sindicato de Inquilinas. Y ahora, tras la aprobación y entrada en vigor del decreto antidesahucios del Gobierno, los ataques de PP y Vox ponen en la diana a dirigentes del PSOE. La ofensiva de la derecha por intentar neutralizar el acceso a la vivienda como tema central de campaña busca desacreditar a los actores políticos o sociales que se hacen eco ahora de un sentir tan transversal que escala hasta la primera de las preocupaciones de los españoles, según el CIS. Y todo, en mitad de un contexto electoral al que atraviesa, de repente, un viejo debate: el de la relación entre los políticos y los negocios inmobiliarios que este viernes se cobró como víctima política a la socialista Montse Mínguez, que dimitió.

Esta semana, el digital 'Artículo 14' publicaba que la pareja de la ya exportavoz del PSOE es un empresario catalán que se dedica, entre otras cosas, al rentismo. Y cuyas sociedades poseen decenas de inmuebles que compra, rehabilita y luego alquila. Desde el Partido Popular y Vox tardaron poco en lanzarse contra Mínguez para señalar “la hipocresía” o la “doble moral” de la diputada que defendió hace quince días desde la tribuna del Congreso que las viviendas son un derecho y no un negocio durante su intervención en el debate parlamentario sobre los decretos ley del Ejecutivo que la derecha tumbó.

La propia portavoz socialista, que no tiene ningún vínculo jurídico con las empresas de su pareja, salió esta semana públicamente, sin embargo, en defensa de su actividad. “Paga sus impuestos y cumple la ley de vivienda, que en Catalunya está en vigor y limita los precios del alquiler en zonas tensionadas”, dijo durante una entrevista en Antena 3 en la que muchos compañeros de partido opinan que cometió el error de hacer suya una actividad que le resulta, en realidad, ajena.

Aunque no ha vuelto a hablar en público más allá de su breve comunicado de dimisión, Montse Mínguez traslada en conversación con este periódico que, durante toda la semana, ha sufrido una auténtica persecución personal en Lleida, donde asegura que supuestos reporteros de programas de televisión o medios digitales han llegado a acudir a la puerta de su casa e incluso a los puestos de trabajo de su familia. “La política muchas veces maltrata a buenas personas, su caso es uno de ellos. Yo lamento mucho que Montse no continúe como diputada porque es una gran política, es muy buena persona y cuando me ha dicho que eran razones personales por las cuales dejaba la política, pues yo no puedo sino apoyarla y, por supuesto, respetarlo”, reaccionó el viernes Pedro Sánchez desde Bruselas.

Lo que apuntan desde el PSOE es que en ningún caso la actividad profesional de la pareja de su portavoz ha condicionado, ni ha influido, ni ha chocado en ningún punto con el desempeño político de Mínguez. Y que si se va es, únicamente, porque no ha aguantado la presión sobre su familia. “Lo importante es lo que ella ha votado en el Parlamento: siempre a favor de una vivienda digna y accesible. En este país hay quien quiere regular la vivienda y quien no quiere arreglo, como el PP y Vox. Y nosotros no perseguimos a quien cumple la ley y hace una actividad lícita”, sostienen en Ferraz, donde desmienten de manera rotunda dos publicaciones más sobre la pareja, en este caso de El Español: “Ni tiene empresas en Panamá, ni en Polonia, ni en Brasil”. El PSOE también asegura que cuando el empresario recibió en 2017 el visto bueno del Ayuntamiento de Lleida para la construccion de una urbanización de lujo, Mínguez, que presidió como concejal la Junta de Gobierno local de aquel Pleno, no era pareja del constructor.

A la pregunta de si los ataques del PP y Vox contra la dirigente socialista tienen que ver con la evidente ofensiva de la derecha al movimiento por la vivienda o implican una incompatibilidad política real, la abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales y experta en derecho a la vivienda, Alejandra Jacinto, cree evidente que hay algo de las dos cosas. “La derecha y la extrema derecha han tenido éxito hasta ahora para neutralizar las luchas por el derecho a la vivienda, y la prueba es que han conseguido que en este país se hable más de empresas de alarmas y de bandas de desokupación que de víctimas de desahucios. Es evidente que esta ola en la que el sentido común ha cambiado de bando y se ha puesto de parte de Maricarmen y de las asociaciones que defienden el derecho a la vivienda les ha pillado a contrapie. Y su única herramienta para intentar frenarlo es criminalizar a todas aquellas personas que den algún paso dirigido a defender las políticas públicas de intervención del mercado”.

En ese contexto se enmarca, por ejemplo, que mientras Maricarmen estaba ingresada en el hospital tras su desahucio se desatara toda una campaña de ataques y de desprestigio basada en noticias falsas para intentar arruinar la reputación de la mujer que consiguió prender la mecha de la indignación social. Esos días corrieron como la pólvora bulos como el de que tenía una fortuna en el banco. O montajes fotográficos que la mostraban en restaurantes y peluquerías. Algunos medios se dedicaron a buscar vecinos que hablaran mal de ella. Y desde el PP y Vox llegaron a llamarla “morocarmen”, “puta sinvergüenza” o incluso a ridiculizar su desahucio, como hizo Ayuso.

Algo parecido ocurrió unos días después con el Sindicato de Inquilinas. El primer objetivo fue su portavoz, Fernando de los Santos, al que llegaron atribuírsele cientos de propiedades inmobiliarias. Lo mismo que hicieron con el propio Sindicato, al que le endosaron la posesión de hasta 171 inmuebles. Uno de los digitales que lo difundió, The Objective, se vio obligado a rectificar. Poco después, en 'El Hormiguero', de Antena 3, una de sus colaboradoras afirmó que el Sindicato de Inquilinas recibía 3,7 millones de euros de subvención pública por parte del Gobierno mientras acampaba en Sol. No es así.

En el caso de la portavoz del PSOE, Alejandra Jacinto cree que confluyen esa ofensiva de la derecha y la eterna contradicción de los socialistas con políticas estructurales como las de vivienda. “Es un reflejo de cómo opera el PSOE: soplar y sorber a la vez, equidistancia entre derecho a la vivienda y derecho al negocio. Es verdad que no es Montse Mínguez, que es su pareja. Pero es que ella es a la persona que eligió el PSOE para defender el decreto y su pareja resulta que se dedica a la especulación. Y en estos momentos de lucha social, de protesta organizada, resultan contradicciones insoportables cuando la sociedad ya ha dicho basta. No se puede estar con los rentistas profesionales y con el derecho a la vivienda. Pero esto viene de largo en el PSOE. La exdirectora general de vivienda socialista es hoy la presidenta de ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler), y antes lo fue Joan Clos”.

Para Jaime Palomera, director del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y doctor en Antropología Económica, el debate no debería girar en términos estrictamente morales, muy vinculados al caso específico de Maricarmen por las características evidentes de vunerabilidad y desprotección de su caso, sino más al fondo de la raíz económica. “La propuesta de la derecha es desregular y construir. Pero si tú no atacas el problema de la distribución y del acaparamiento, no resuelves nada. Una vez que las viviendas son activos, se van concentrando. El que gana dinero con la vivienda invierte ese dinero en comprar más vivienda para ganar más dinero. No es un problema moral, es un problema económico. Es un negocio que cada vez tiene más rentabilidad, del que se beneficia gente de izquierdas y de derechas y no hace más que generar desigualdad y fracturar este país”.

Según las declaraciones de bienes del Congreso, casi el 20% de los diputados y diputadas disponen de tres o más propiedades. Aunque hay casos especialmente llamativos. María de las Mercedes Cantalapiedra, del Partido Popular, es, según esas declaraciones de bienes, la diputada con con mayor patrimonio inmobiliario del Congreso, al declarar 19 viviendas. En segundo lugar se sitúa María Mercè Perea i Conillas, diputada del PSC, que declara ser propietaria de once viviendas. En el Senado, la situación es similar. Allí destacan los patrimonios inmobiliarios de dos senadores del PP: José Manuel Barreiro, con 13 viviendas, seis solares y dos bajos comerciales, y María Salom, con 10 viviendas, 8 locales comerciales y 20 plazas de aparcamiento, concentrados principalmente en la isla de Mallorca.

“Tú no puedes representar un día los intereses generales de la ciudadanía española y al día siguiente a los grandes fondos y a la patronal de los especuladores. El mensaje de la ciudadanía es claro: o estás con el rentismo o estás con el derecho a la vivienda”, concluye la abogada y activista Alejandra Jacinto. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi 3 millones de personas vive ahogada en España para poder pagar su alquiler, al que destina más del 30% de sus ingresos. En total, 28.000 millones de euros pasan cada año de manos de los inquilinos a los propietarios, un 1,6% del Producto Interior Bruto de todo el país.

Matemática electoral para frenar el rodillo de la derecha en el Senado. El PSOE y los partidos que integraron esta legislatura Sumar y ahora se proyectan a las urnas como Frente Amplio han logrado un acuerdo para presentar listas conjuntas a la Cámara Alta de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Según fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es, el acuerdo garantizaría una representación a sus socios de Gobierno que hasta ahora no tienen y permitiría al conjunto de la izquierda disputarle la mayoría absoluta a la derecha.

Bajo la denominación “Senado de Progreso”, el PSOE, IU, Movimiento SUMAR, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre se presentan al Senado con listas unitarias “que han atendido el clamor de la sociedad civil para alcanzar este acuerdo”, según fuentes de FERRAZ. A lo que se suma el acuerdo entre el PSOE y Més-Izquierda Unida-Movimiento Sumar en las cuatro islas de las Illes Balears y el de todas las fuerzas progresistas en La Gomera.

“Hace meses lanzamos una petición: que el voto progresista dejara de perderse en el Senado por ir dividido. Miles de personas lo hicieron suyo y se organizaron en prácticamente todas las provincias donde hoy hay acuerdo. Este acuerdo nace de la sociedad civil, y agradecemos a las fuerzas políticas que hayan sabido escuchar esa demanda y trabajado sin descanso para hacerla realidad”, dice una nota remitida en nombre de la plataforma Senadoras y Senadores por la democracia.

“Creemos en un Senado útil, que acerque los territorios en lugar de enfrentarlos y que dedique su tiempo a mejorar las leyes y no a perseguir al adversario político. Un Senado que se ocupe de lo que de verdad importa a la gente, empezando por lo que hoy más angustia a miles de familias: poder tener una casa donde vivir. No nos movilizamos solo contra algo, sino por algo. Por un país que siga avanzando en derechos, que no deje a nadie atrás y que mire al futuro con esperanza y no con miedo. Ese es el sentido de este acuerdo, y por eso es un estímulo para movilizar también al electorado progresista en las elecciones al Congreso”, traslada el PSOE.

Desde el PSOE recuerdan que el uso “espurio” que el PP ha hecho del Senado en los últimos tres años es uno de los motivos que les impulsa a este tipo de iniciativas para impedir que continúen con una mayoría absoluta. El rodillo de la mayoría absoluta del partido de Alberto Núñez Feijóo en esta Cámara le ha permitido, por ejemplo, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional.

Según informe interno en el que ha trabajado Ferraz en las últimas semanas y en base a sondeos recientes, una lista unida al Senado de las fuerzas progresistas podría llegar a significar una diferencia de hasta 40 escaños y la posibilidad real de arrebatarle la mayoría absoluta a la derecha.