La defensa de Nervis Villalobos, el exjerarca venezolano que fue viceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 a 2006, ha solicitado este lunes ante la Audiencia Nacional que se anule el juicio de Duro Felguera, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena para él de ocho años y nueve meses de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. “Soy inocente”, ha señalado ante el presidente de la Sala, Alfonso Guevara.

Esta es la primera sesión de esta vista oral, dedicada a ventilar las cuestiones previas, en la que se verá si la metalúrgica asturiana pagó comisiones y sobornos millonarios a funcionarios venezolanos que le permitieron adjudicarse la construcción en Caracas de una central termoeléctrica allá por 2009. Ya hay dos de los encausados que han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público. Uno de ellos es el expresidente de Duro Felguera Juan Carlos Torres, que ha aceptado una multa de 4.800 euros y al que, según fuentes fiscales consultadas, se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y de colaboración con la justicia. De inicio, el fiscal había pedido para él penas de 9 años y medio de cárcel y multa de 160 millones de euros.

La defensa de Villalobos ha explicado que a lo largo de la instrucción se han producido diversas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales, y ha puesto el foco en que determinados delitos, como las falsedades documentales que se le achacan, habrían prescrito cuando se presentó en 2017 la querella de los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.

En su exposición inicial, ha subrayado, además, que los magistrados deben anular la entrada y registro en la mercantil Duro Felguera porque esa diligencia parte de la entrega anónima en la Fiscalía de un pendrive y una carta en la que se hablaba de esos presuntos sobornos. Varios de los letrados de los encausados han puesto el foco en que no hubo una correcta custodia de ese material y no consta tampoco el registro del mismo a su entrada en Fiscalía, y, por tanto, todo lo que se hiciera tras su admisión debe anularse.

Además, la defensa ha sido dura contra los fiscales a los que ha afeado haber realizado un escrito de acusación “insuficiente”, que “no se entiende en absoluto”, y en el que no queda claro en qué participa cada uno, en qué consiste el blanqueo que les imputan, o si son corruptores iniciales o si se han beneficiado. Así, lamenta contradicciones porque en ocasiones Villalobos es funcionario o persona con poder en el gobierno de Chávez y en otros momentos es una parte privada: “Son noventa folios cruzados, desgarbados, con contradicciones”. A esto, ha sumado que los hechos, la adjudicación de una planta termoeléctrica, ya se han investigado en Venezuela y el asunto acabó en archivo.

Por su parte, la defensa de otro de los encausados, Javier Ochoa Alvarado, quien fue viceministro de Electricidad ha solicitado subsanaciones en el escrito de acusación del fiscal dado que él no ha reconocido los hechos a pesar de que sí ha tenido “una colaboración intensa” con el Ministerio Público. Además, ha sostenido que el contrato para la creación de esa central eléctrica en Caracas fue consecuencia de un acuerdo entre los estados de España y Venezuela por lo que los encausados no se concertaron.

Zapatero “se nos muere”

Para corroborar ese extremo, Ochoa Alvarado ha solicitado que se cite como testigos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Pretende desmontar que hubiera sobornos en la adjudicación. Pero el magistrado presidente, con cierta sorna ha rechazado esa petición al instante y sin escuchar la postura de la Fiscalía: “Si citamos al señor Moratinos y al señor Zapatero, se nos mueren”.

Por su parte, la defensa de Duro Felguera ha presentado una pericial sobre su sistema de cumplimiento y ha presentado dos cuestiones previas. En la primera, ha señalado que, si bien se le acusa a la persona jurídica de corrupción en las transacciones internacionales, la fecha cuando se habría consumado el presunto delito (2008) es anterior a la modificación legal que permitía que las empresas sí tuvieran responsabilidad penal (2010). A esto, ha sumado como segunda cuestión que podría darse una prescripción del delito que se le imputa.

La Fiscalía solicita para la metalúrgica la imposición de una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para ser contratada por el sector público durante dos años. El juicio se reanudará el miércoles con la respuesta de la Fiscalía a las cuestiones previas y con las primeras declaraciones testificales.

La jueza María Tardón ha dictado un auto por el que cita como testigos a tres consejeros de la Ciudad de Ceuta, así como a tres de los investigadores policiales implicados en la redacción de informes antes y después de la llegada masiva de migrantes. La magistrada también pide al MInisterio de Defensa informes de inteligencia sobre la presunta previsión de los hechos los días 30 y 31 de julio pasado.

Los tres consejeros citados son el de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán; de Sanidad, Nabila, Benizna; y el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña. Los tres deben comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre . Al día siguiente, Tardón tomará declaracion a tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, la magistrada pide al jefe del Estado Mayor de la Defensa que recopile del Ejército de Tierra y le remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta” entre los días 15 de julio y 7 de agosto, así como el informe original de uno de sus organismos a los que se alude en los documentos desclasificados.

Tardón también solicita que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que le envíe los informes de inteligencia que haya emitido su grupo de seguimiento de Marruecos, así como la ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta entre el mismo periodo de tiempo. Igualmente la jueza requiere los datos que haya ofrecido el programa de guerra electrónica del programa Santiago de las Fuerzas Armadas.

La magistrada requiere a todas las autoridades civiles y militares para que “remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterio y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio y hasta ahora”.

A la ciudad autónoma, Policía, Guardia Civil y Servicio Marítimo la jueza pide “toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados”.

De la Ciudad Autonoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la jueza requiere “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los dias 27, 28 y 30 de julio”.

Por otra parte, la jueza pide a la Guardia Civil y Policía de Ceuta que identifiquen a un confidente que se llamaría Ahmed, residente en Benzú y que colaboraría habitualmente con el instituto armado. También quiere saber qué agentes lo manipulaban y que se les cite como testigos a todos.

La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio contra la metalúrgica asturiana Duro Felguera por el presunto pago de comisiones y sobornos millonarios a funcionarios públicos venezolanos que le permitieron adjudicarse la construcción en Caracas de una central termoeléctrica en 2009. Anticorrupción señala que el presidente y el CEO de la compañía española entregaron 105 millones de dólares a quien fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, a través de empresas interpuestas para que este usara su capacidad de influencia en la administración en beneficio de la empresa española.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal fue elaborado por José Grinda, quien fue uno de los objetivos de la presunta trama que se investiga en el caso Leire Díez. Las pesquisas de la UCO se dirigen a saber si pudo haber un acercamiento a Nervis Villalobos por parte de la exmilitantes socialista con el objetivo de que facilitara información comprometedora contra el fiscal a cambio de ayudarle con procesos abiertos en España (este caso Duro Felguera) y de agilizar su expediente de concesión de nacionalidad española. Según refleja un auto del caso Leire Díez, Nervis Villalobos pudo ser quien posibilitara que la trama contactara con Miriam Serrano, la joven que denunció al fiscal Grinda.

Ahora, además de Villalobos, la Audiencia Nacional juzgará también a otro viceministro venezolano: Javier Alvarado Ochoa. Recuerda la Fiscalía que su papel junto al del presidente de la petrolera PDVSA Rafael Ramírez fue clave también a la hora de que la UTE de la que formaba parte Duro Felguera se hiciera con ese megacontrato valorado en 1.500 millones de dólares.

La Fiscalía imputa a Duro Felguera y a quienes fueron sus principales directivos Juan Carlos Torres y Ángel Antonio del Valle un delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Para la metalúrgica reclama la imposición de una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para ser contratada por el sector público durante dos años.

Mientras, para el que fuera viceministro venezolano, Nervis Villalobos, la Fiscalía solicita la pena de 8 años y 9 meses de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Además de una multa que supera los 3,6 millones de euros. Su esposa, Milagros Coromoto Torres también se enfrenta a una pena de 2 años y 9 meses de cárcel.

La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en la que se investigó un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos. Sin embargo, con la investigación ya terminada, esta empresaria vinculada al comisionista Víctor de Aldama —tan vinculada que llegó a ser una suerte de 'suegra' para él, ya que mantuvo una relación con su hija— ha logrado no aparecer en el elenco de personajes que sí se sentarán en el banquillo de los acusados. Pano se libra del caso Gaslow.

En la ristra de causas relacionadas con fraudes de IVA en ese sector concreto de los hidrocarburos que se investigan en la Audiencia Nacional, el caso de la operadora Gaslow es algo así como la 'madre' que alumbró un segundo fraude de mayores dimensiones: el de la operadora Villafuel, una causa en la que se investiga como cabecilla de una organización criminal a Aldama.

Si bien la investigación de Villafuel sigue abierta, en el caso de Gaslow el asunto ya se ha ventilado y está pendiente de juicio. En el sumario de esa causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, Pano se ubica como un testaferro que pudo ser útil para el blanqueo de capitales. La trama instrumentalizó las operadoras Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías con el objetivo utilizar el impago del IVA para tener un margen comercial que les permitía bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado. Con esto, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos. Este fraude se cometía interponiendo sociedades fantasma entre las operadoras y las comercializadoras de carburantes. Y esto enmarañaba el asunto para dificultar que se pudiera seguir el rastro del fraude.

Una de esas sociedades fantasma era Keep it Save SL. En mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un atestado en el que detallaba la trazabilidad de todos los fondos de esa empresa investigada. Y destacaba que Pano controlaba tres sociedades que tendrían “un marcado carácter instrumental” porque recibieron transferencias millonarias procedentes de esa empresa pantalla. Las tres empresas administradas por Pano eran Sociedad Comercio Justo y Solidario S. XXI SL, Ornus Import SL y Nerium Logistia SL. En ellas recibió transferencias por importe de 2,8 millones de euros, si bien de esa cantidad corresponde al periodo investigado la cifra de 2,04 millones.

De las pesquisas del Instituto Armado se pudo conocer, además, que las tres empresas estaban radicadas en un piso de Las Rozas (Madrid) en el que estaba empadronada Carmen Pano. Y tirando del hilo, la Guardia Civil descubrió que dos de las mercantiles de Pano (Nerium Logistia y Ornus Import) fueron adquiridas por ella misma en julio de 2020 a otra sociedad, Sky CBN Mangenement, que había sido constituida por ella misma y por su hija (Leonor González Pano) dos meses antes.

La UCO, tras recordar en ese informe que Pano tiene “antecedentes por estafa” se fija en que sus sociedades tenían un capital social de 3.000 euros aproximadamente, y que eso es “algo recurrente en las sociedades instrumentales, pues son capitales mínimos”. Añade, además, que es un dato llamativo “si se compara con el importante volumen de ingresos que reciben en los periodos cercanos a su adquisición”.

A esto se suma que el objeto social de esas empresas de Pano parece no tener vinculación alguna con la actividad que desarrolla Keep it Save como suministradora dentro del sector de los hidrocarburos, “por lo que las relaciones comerciales declaradas pudieran tener carácter ficticio”. Y destaca la UCO como elemento característico de los ingresos recibidos por esas tres mercantiles que la totalidad de ellos “se efectúan por importes redondos”. Esto es un hecho llamativo “pues la actividad comercial que se desarrolle en cualquier sector no utiliza, como normal general, cantidades redondas y suele ser, por tanto, un indicio de operaciones compatibles con el blanqueo de capitales”, aclara.

Las retiradas de efectivo

Tras fijarse en las cantidades que Pano recibió en sus tres empresas desde una de las sociedades pantalla, la UCO se centra en ver qué hizo la empresaria con el dinero, y detectó que Pano realizó más de 120 retiradas de efectivo de las cuentas de sus tres mercantiles: sacó un total de 2,25 millones de euros del cajero entre 2020 y 2021. Siempre sacaba el dinero el día que recibía la transferencia de la empresa vinculada a la trama o en días inmediatamente posteriores. A esto, suma que transfirió otros 146.000 euros en diferentes operaciones para la adquisición de un vehículo.

La UCO explica, por otro lado, que en 2021 Pano habría incluido en esas operativas presuntamente delictivas a su hija, Leonor. Esto ocurrió al integrarla como administradora de otra mercantil, Have Got Time SL, mercantil que está siendo investigada en el caso Villafuel, y que tuvo un papel protagónico en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos. Esa sociedad fue la que se usó para la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) que se habría puesto a disposición del político como pago por su intervención (nada exitosa) para que la operadora obtuviera una licencia en el sector de los hidrocarburos.

El sumario del caso Gaslow cuenta con otro documento clave: el informe elaborado en enero de 2023 por Hacienda, en concreto por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). En él, se destaca que Carmen Pano al tiempo de los hechos investigados “carecía de rentas de trabajo, no declaraba el IRPF y no tenía actividad económica”. Sumaba, asimismo, que en 2020 era titular de cuatro cuentas bancarias y todas ellas tenían “saldo negativo”.

Entre los documentos obrantes en la causa que se refieren a Pano, se explica que sus empresas pudieron ser usadas para perfeccionar el delito de blanqueo de capitales dado que la organización criminal investigada las incluyó en “la estructura societaria dispuesta e implementada” para lavar el dinero procedente del fraude del IVA. Y de hecho, en el auto por el que el magistrado Santiago Pedraz procesaba a una quincena de investigados, sus tres mercantiles constan como responsables civiles en caso de condena. Sin embargo, Pano no figura entre los procesados.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso señalan a elDiario.es que llama la atención que esas mercantiles sí consten en el auto de procesamiento, pero que, en cambio, administradora de las mismas no aparezca, cuando, según la investigación ella era la que llevaba a cabo las retiradas en efectivo procedentes de una de las principales empresas de la trama: Keep it Save.

Carmen Pano sí consta como investigada, en cambio, en el caso Villafuel. En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, que data de enero de 2026, la empresaria volvió a insistir en que los 90.000 euros que dice que llevó a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía de hidrocarburos Villafuel y socio en ese negocio de Aldama. Además, afirmó que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula con finanzas bajo sospecha del PSOE.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado un informe a la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta. En sus veinte páginas hace un repaso pormenorizado de todo lo que se comunicó y se hizo desde los servicios de inteligencia españoles y señala que, con la información que manejaron en los días previos al 30 de julio, comunicaron el 29 de julio por alerta urgente a los servicios marroquíes de que existían convocatorias de asalto a Ceuta. Indica que les trasladaron a esos servicios de inteligencia los grupos de WhatsApp y Facebook que era más activos con ese llamamiento.

“Se considera que, a partir de ese momento, (los servicios marroquíes) son conscientes y conocedores de la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada forzada”, indica el informe adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Así, el informe relata que previamente a esa entrada masiva “se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que Ilamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo”.

En este sentido, insiste en el documento en que las fuerzas policiales y de seguridad marroquíes eran “absolutamente conocedoras de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares, y un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos”. De hecho, explica que el efecto llamada de las redes sociales hizo que numerosos grupos de migrantes se aproximasen durante el mismo 30 de julio al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas. Añade que se dieron incluso atascos por la afluencia de personas en vehículos y a pie a lo largo de la carretera A-7, que une Tetuán y Castillejos.

Marruecos “opta por una actuación pasiva”

Para el servicio de inteligencia español, la gendarmería marroquí “estableció controles que resultaron insuficientes para contener la llegada masiva de migrantes a las inmediaciones de Ceuta” y considera que la reacción no fue proactiva “ante la perdida de control de la situación”. A su juicio, esto provocó la entrada masiva a Ceuta alrededor de las 11.00 horas del 30 de julio.

De hecho, relata que ya el 29 de julio el flujo de migrantes interceptados en Marruecos por sus fuerzas de seguridad se incrementa “de manera muy notable” y las autoridades toman medidas de refuerzo con el despliegue de más efectivos de las Fuerzas Auxiliares (FAUX) en el dique que sirve de frontera en Ceuta y Castillejos. Con todo, señala que el 30 de julio esa presencia de las FAUX no fue suficiente porque desde las 8.00 horas un número importante de migrantes comenzó la travesía a nado. Ya a las 12.00 horas “las autoridades marroquíes son conscientes de que (...) no cuentan con el refuerzo necesario de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y optan por una actuación pasiva evitando el uso de la fuerza”.

A pesar de este reproche a los agentes marroquíes, el CNI recalca en su informe que “se ha venido manteniendo un esfuerzo específico de intercambio de información can los Servicios de Inteligencia Interior (DGST) y Exterior (DGED) de Marruecos, que en el pasado ha permitido neutralizar intentos de llegada por vía marítima, así como asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla”.

Indica que la cooperación en el ámbito de la inmigración irregular con los servicios de inteligencia marroquíes es fundamental para el CNI y añade que la nota dirigida a ese cuerpo el 29 de julio advirtiendo e la convocatoria de una entrada en Ceuta “es un ejemplo de las más de veinte remitidas durante 2026 a esos servicios de inteligencia alauí.

Además, el CNI recuerda que tras la crisis, y durante el retorno voluntario desde Ceuta, las autoridades marroquíes colaboraron con las españolas disponiendo “instalaciones, refugios temporales y un hospital de campaña, así como autobuses para desplazar a los retornados hacia diversas localidades del interior de Marruecos”.

La conversación con el jefe de Gabinete

A lo largo del informe el CNI también despeja algunas incógnitas de la investigación, como la de la conversación mantenida el 29 de julio entre uno de sus activos y el entonces jefe de Gabinete de la Delegación de Ceuta. Explica que esa llamada telefónica (posterior a los mensajes de 'wasaps' ya conocidos en los que se alertaba de los grupos de redes sociales con 180.000 seguidores) se produjo a las 21.34 horas.

En ella se transmitió al CNI que la situación era “preocupante” y que se había alcanzado un acuerdo con Marruecos para la devolución de los inmigrantes que estaban entrando en Ceuta en días previos. El agente del CNI le insistió en el “elevado número de candidatos a emigrar en Castillejos, y que se estaban intentando camuflar entre la multitud de veraneantes que llenaban la localidad”. Ante esto, y después de que el jefe de Gabinete le preguntara “si no era un poco exagerada la cifra de 180.000 usuarios de las redes sociales”, el agente le indicó que “aunque solo hubiera un 10% que intentara acceder, el volumen de migrantes que accediera a la ciudad podría ser superior al registrado en el episodio ya vivido en 2021”.

Por otro lado, entre los motivos que para el CNI desencadenaron la crisis, está la celebración de la Fiesta del Trono de Marruecos que produjo un desvío de fuerzas de seguridad marroquíes hacia otra zona que no era la frontera. Además, esa festividad, explica “es una fecha recurrente y de referencia en las convocatorias de redes sociales en las que se induce y promueve la entrada irregular en Ceuta”. Para el servicio de inteligencia español, otro elemento de oportunidad detonante de esta crisis es “la interpretación errónea de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.

A estas dos premisas, suma que las autoridades alauitas han llevado a cabo acciones para tratar de evitar condenas por parte de organismos internacionales, y apunta también como desencadenante de la crisis a la difícil situación socio-económica de amplios sectores de la población marroquí.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado archivar provisionalmente las diligencias previas de investigación que abrió tras recibir la denuncia del partido político Iustitia Europa contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la detención de un sargento del Ejército español en Líbano. Piña asume el criterio de la Fiscalía acerca de que la Audiencia Nacional no es competente para investigar si, como alega, ya hay procedimiento abierto en el seno de Naciones Unidas y por las propias autoridades israelíes.

El auto del magistrado, al que ha tenido acceso elDiario.es, apela al artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al principio de subsidiariedad. No consta, por el contrario, dato alguno que permita afirmar la “inactividad de dichas autoridades o la necesidad actual de una intervención subsidiaria de la jurisdicción española”, escribe Piña.

El magistrado advierte en su resolución que el archivo se produce “sin perjuicio de que una eventual modificación sustancial del estado de las investigaciones actualmente en curso o la aparición de nuevos elementos relevantes pueda justificar una nueva valoración de la cuestión”.

Piña abrió diligencias por una denuncia de Iustitia Europa y ahora archiva tras el informe de la Fiscalía. El informe del Ministerio Público se refiere a los hechos investigados como “una retención realizada por el Estado de Israel, en el contexto de un incidente operacional producido durante el desarrollo de las funciones encomendadas a la misión UNIFIL, sin que 'a priori' conste, pese al tenor de la denuncia, el empleo de violencia física, ni la prolongación de la privación de libertad más allá del referido lapso temporal”.

Sobre la existencia de investigaciones en la ONU e Israel, la Fiscalía en su informe especifica que la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas informó el 21 de julio de 2026 que los hechos habían sido puestos “formalmente en conocimiento de Naciones Unidas, que los mismos fueron trasladados por UNIFIL a las autoridades del Estado de Israel y que la propia Organización inició una investigación interna conforme a sus procedimientos”.

“Asimismo, se informa de la existencia de actuaciones desarrolladas por las autoridades israelíes en relación con los hechos denunciados, sin que conste comunicación alguna que permita concluir, en este momento, la inexistencia de una investigación efectiva por parte de dichas autoridades”, recoge la Fiscalía en su informe al juez.

Iustitia Europa tiene previsto recurrir la decisión del juez directamente ante la Sala de lo Penal y pedir que declare como perjudicado el sargento español retenido por el Ejército israelí, informan fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidirá en los próximos días si abre una causa contra Julio Iglesias, tras la querella por agresión sexual y otros delitos presentada contra él por dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe. El magistrado ya tiene sobre su mesa el informe en el que el fiscal del caso, Vicente González Mota, defiende que ese tribunal, al que corresponde investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero, sí es competente. 

El artículo clave que cita el fiscal es el 23.2 de la ley del Poder Judicial, que hace referencia al llamado principio de personalidad. Ese artículo permite que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero por españoles si se dan tres requisitos: que haya denuncia en España de la víctima o la Fiscalía, que la conducta sea también delito allí donde se produjeron los hechos y que el caso aún no haya sido juzgado. 

Son requisitos que se cumplen en este caso, de acuerdo al criterio del fiscal. La denuncia en la que las dos extrabajadoras describen situaciones de acoso y agresiones sexuales fue presentada en la Audiencia Nacional en septiembre e incluye supuestos hechos que también se consideran delito en Bahamas y República Dominicana, los países donde supuestamente ocurrieron las agresiones denunciadas. Además, no consta que en esos países se haya abierto ninguna investigación contra el cantante.  

Las fuentes consultadas sostienen que el informe del fiscal también alude al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). No obstante, determina que, más allá de estos instrumentos legales, la nacionalidad del cantante es el elemento clave que determina que los tribunales españoles puedan intervenir. 

Cambio de criterio en la Fiscalía 

La postura de González Mota se aparta de la fijada hace unos meses por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Esta fiscal archivó el pasado enero una primera denuncia que estas trabajadoras presentaron ante el Ministerio Público, no en el juzgado como en esta ocasión. La fiscal Durántez consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se daban los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pudiera intervenir.

Sin embargo, González Mota se apoya en su informe en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mayo de 2026, posterior a la primera decisión de Durántez, para sostener que el criterio de este tribunal especial indica que con la mera nacionalidad española del querellado es suficiente para que el Juzgado Central de Instrucción investigue de los hechos.

Esa resolución de la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Fraile Coloma, abordaba un recurso en el que un español residente en Estados Unidos sostenía que la Audiencia Nacional no podía investigarle en un caso de estafa. Alegaba que el asunto se debía haber abordado antes en el estado de Nueva York y que la Justicia norteamericana no se había pronunciado sobre los hechos. 

La resolución explicaba, sin embargo, que el artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial no contempla que deba existir un pronunciamiento previo de la Justicia del país donde han ocurrido los hechos. “No está en la letra del precepto el condicionamiento de la jurisdicción española a la previa presentación, por la persona agraviada (...) de una denuncia o querella en el lugar de comisión”, recoge ese auto.

Y añade que lo que se exige es que la persona contra la que se pretende dirigir la acción penal en España no haya sido absuelta, indultada o penada en el lugar de comisión y, en caso de que haya sido condenada, que no haya cumplido la pena.

En ese auto de mayo, los magistrados señalan que también hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que la Justicia española puede investigar de este tipo de casos “ante la mera falta de constancia de incoación del proceso en el país de comisión del delito”. Y recuerda que no se exige “esa previa actuación de la persona perjudicada ante los tribunales de dicho país”. 

Una de las sentencias del Alto Tribunal que se cita destaca que “no es el de la territorialidad –el país donde se comete el delito– el único criterio determinante de la jurisdicción española”. “Junto a este, y entre otros que no son ahora del caso, se erige el criterio de la personalidad”, añade, para resaltar que la norma española recoge que sus tribunales también pueden investigar “los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho”.

Ahora, González Mota explica en su informe que ese auto le hace apartarse del criterio de la teniente fiscal en este caso concreto de las denunciantes de Julio Iglesias y añade que no es necesario otro vínculo si existe el de la nacionalidad.

La primera denuncia presentada ante la Fiscalía por las extrabajadoras señalaba a Julio Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluía también como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. Una de estas mujeres es colombiana y la otra brasileña. Las fuentes consultadas aseguran que ninguna de ellas figura en la querella presentada ante el juzgado, lo que también refuerza la idea de la competencia de los juzgados españoles al haber un único querellado —Julio Iglesias— y tener nacionalidad española.  

Aunque admite que España sí tiene jurisdicción para examinar el caso, el fiscal sí desliza que los hechos se podrían haber denunciado en República Dominicana y Bahamas. Se trata, a su juicio, de países considerados Estados democráticos y de derecho y en los que no consta que no haya garantías jurídicas.

En una entrevista en elDiario.es, las abogadas de las denunciantes mantuvieron que tras sus análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de las mujeres, habían concluido que “en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”. 

La querella presentada por Women's Link, la organización que representa a ambas trabajadoras, incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la Justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dijo entonces la organización en un comunicado. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision.