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Los accesos a los pueblos madrileños de menos de 20.000 vecinos se controlarán con 1.123 cámaras con lectores de matrículas

Los 142 municipios de la Comunidad de Madrid que tienen menos de 20.000 vecinos podrán tener cámaras en algunas de sus calles principales si así lo deciden sus ayuntamientos. La instalación de estos equipos estará promovida y financiada por el Ejecutivo regional y busca una mejora de la seguridad ciudadana en estas localidades, tanto en lo que tiene que ver con la prevención de delitos como en lo relativo a la gestión de la movilidad. De hecho, es esta segunda función la que estrenará el sistema.

Porque las 1.123 cámaras que la Comunidad contempla instalar en 564 puntos contarán con lectores de matrículas para obtener datos sobre los vehículos que circulan por las localidades más pequeñas de la región. "La intención es que esta infraestructura sirva tanto para mejorar la gestión del tráfico como para reforzar la capacidad operativa de las policías locales", trasladan fuentes de la Consejería de Presidencia, promotora de esta iniciativa a través del programa 'Pueblos con vida', cuya utilidad ha sido recientemente reconocida por el Comité de las Regiones de la UE.

La instalación de las cámaras está prevista para el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la información facilitada por el departamento que lidera Miguel Ángel García Martín. "Se instalarán en los accesos a los municipios para garantizar el control de los vehículos que acceden a ellos, pero también como cámaras de videovigilancia", explica el consejero. Su área asumirá el coste de los dispositivos, su mantenimiento y la plataforma tecnológica y la infraestructura de la nube donde se alojarán y custodiarán las imágenes gracias a una inversión de 17 millones de euros que asegurará la viabilidad del proyecto para los próximos cinco años.

"No se trata de sustituir la presencia de los agentes, sino de proporcionarles ayuda a través de información para que puedan tener capacidad de reacción ante determinadas incidencias", explican desde Presidencia, que de hecho subraya que las policías locales, cuando existan, se implicarán en el control de los dispositivos. De esta forma, en las localidades que tengan agentes municipales la supervisión de las imágenes que capten las cámaras quedarán a su cargo, mientras que en los pueblos en los que no haya cuerpo municipal de seguridad se encargará de la gestión el Centro de Coordinación Municipal de la Comunidad de Madrid, conocido como CECOM.

El despliegue de cajeros, 'viento en popa'

Antes que las cámaras, a los pueblos más pequeños de la región llegarán los cajeros automáticos sin comisiones para los clientes al ser multimarca. Porque la Comunidad sigue desplegando los dispositivos para operaciones bancarias básicas que también prometió en el programa 'Pueblos con vida'. Hasta septiembre ya ha instalado 25 que acumulan, de acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, 6.044 operaciones que han movido un importe global de 783.920 euros, siendo las retiradas de efectivo la operación más común.

Los cajeros van a llegar a otros 36 pueblos de menos de 5.000 habitantes que carecían de servicio de banco antes de que acabe este año, en lo que ha sido una de las medidas municipalistas más celebradas porque muchas personas que residen en estos núcleos tenían que desplazarse a otros cercanos para hacer operaciones tan simples como sacar dinero de su sucursal bancaria.

"Facilitar el acceso al efectivo contribuye a dinamizar el consumo de proximidad, favorece la actividad de los pequeños comercios y mejora la capacidad de los municipios para atender las necesidades tanto de su población como de quienes los visitan", valoran desde la Consejería de Presidencia, que estima que cuando se complete la red de 61 cajeros estos moverán del orden de 30 millones al año, de los que unos 15 millones se gastarán en el comercio, la hostelería y los servicios de proximidad de los pequeños municipios madrileños.

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Un 'enjambre' de grúas levanta los primeros edificios de la Ciudad de la Justicia de Madrid

Las labores de excavación, vaciado y cimentación de los terrenos del barrio de Valdebebas (distrito de Hortaleza de Madrid) en los que se levantará la futura Ciudad de la Justicia de la capital han concluido al cumplirse 12 meses de su inicio. Tras mover más de 1,5 millones de toneladas de tierra, lo que equivaldría a la capacidad de 600 piscinas olímpicas, y cientos de horas de trabajo que han implicado a camiones y 15 máquinas de gran tonelaje, el Gobierno autonómico da por concluida con éxito la primera fase de un proyecto que se considera estratégico.

Ahora, hasta 19 grúas se dibujan en los terrenos del futuro campus judicial. Su tarea es levantar las estructuras de los edificios que albergarán el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las dependencias de la Audiencia Provincial, que corresponden al lote 1. "En el próximo mes de marzo ya estarán levantadas", explica Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y máximo responsable del proyecto como titular de las competencias de Justicia.

Las grúas operan a pleno rendimiento, lo que ha requerido una compleja labor de armonización y engranaje de recursos. Lo mismo sucede con los operarios de la construcción destinados en esta obra, porque el Gobierno regional estima que se podrá superar la cifra de 2.000 personas trabajando al mismo tiempo en la parcela en los momentos de máxima producción. Todos estarán coordinados para que nada falle.

Cuando estén concluidas las estructuras, a partir del primer trimestre de próximo año, será el momento de comenzar los trabajos en el interior de las instalaciones, el revestimiento de fachadas o lo relativo a las canalizaciones, entre otros trabajos. "Durarán en torno a un año, para una vez conseguidas todas las licencias de actividad y las instalaciones terminadas empezar con el traslado de los funcionarios", detallan desde el Ejecutivo, que confía en que los edificios puedan estar "totalmente operativos" después del verano de 2028.

Los edificios del TSJM y la Audiencia Provincial serán los "más icónicos", de acuerdo con fuentes del Ejecutivo, que subrayan que combinan revestimientos de gres porcelánico de gran formato y amplias superficies acristaladas. "Estamos invirtiendo 650 millones de euros para hacer de la Ciudad de la Justicia el complejo judicial más grande, digitalizado y accesible del mundo", asevera García Martín, que calcula que todos los días pasarán por este complejo alrededor de 30.000 personas.

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Madrid participará en una exposición sobre el terrorismo de ETA que se inaugurará en un museo de Washington en enero

La Comunidad de Madrid contribuirá a organizar una exposición sobre víctimas de la banda terrorista ETA en Washington. La muestra, desarrollada por el Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU-CEFAS, permanecerá instalada en el Museo de Víctimas del Comunismo de la capital de Estados Unidos desde el 21 de enero y hasta junio de 2027.

"El objetivo es proyectar internacionalmente la realidad del terrorismo de ETA, el protagonismo de las víctimas y el impacto que la organización tuvo en España y particularmente en la Comunidad de Madrid", trasladan desde la Consejería de Presidencia, área que aportará 100.000 euros para hacer posible la muestra que lleva por título 'ETA: la historia del terrorismo nacionalista en España'.

Los fondos públicos irán destinados a sufragar los gastos derivados de la preparación, organización y desarrollo de la exposición y de sus actividades paralelas, de acuerdo con la información facilitada por el departamento que dirige Miguel Ángel García Martín, que con esta iniciativa pretende "reforzar la memoria, la sensibilización y la defensa de los valores democráticos".

La exposición estará compuesta por medio centenar de fotografías y tres vídeos que se mostrarán al público a través de un espacio inmersivo y de un recorrido circular con cinco áreas diferenciadas: qué era ETA, su ideología y los métodos que practicó mientras estuvo activa, quiénes fueron sus víctimas, cómo se vivió en España bajo la amenaza terrorista y la respuesta democrática que se dio al grupo armado.

"El proyecto no se limita a una muestra expositiva: incorpora un programa complementario de hasta seis actividades paralelas, incluyendo conferencias, mesas redondas, testimonios de víctimas, proyecciones documentales y coloquios", detallan desde Presidencia, que el año que viene también tiene previsto inaugurar el nuevo Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo promovido por la Comunidad.

Memorial para las víctimas

"El próximo mes de marzo finalizarán las obras del centro, que estará ubicado en la carrera de San Jerónimo número 13", explica García Martín. En la actualidad se están celebrando las mesas de adjudicación del proyecto y el objetivo es poder rubricar los contratos el mes que viene. En la licitación han mostrado interés tres empresas especializadas en los ámbitos de la museografía, la tecnología aplicada a espacios expositivos y la gestión cultural, de acuerdo con el Ejecutivo, que invertirá 2,2 millones de euros en este proyecto.

El centro memorial ocupará una superficie de 1.700 m2 repartidos en tres plantas en las que se distribuirán las áreas de exposiciones, un salón de conferencias con equipamiento audiovisual y dos salas polivalentes. Además, una cuarta planta albergará una zona de trabajo destinado a las asociaciones de víctimas de la Comunidad de Madrid.

La inauguración del espacio obligará a la mudanza de las dependencias de atención al ciudadano que actualmente están ubicados en este edificio del centro de la capital. Estos servicios se trasladarán a la que será la nueva sede de la Oficina Central de Atención al Ciudadano (OCAC), que estará ubicada en el número 4 de la calle de Carretas.

La previsión es que este nuevo punto de atención regional pueda abrir sus puertas en enero tras haber sido sometido a obras de adecuación para dotar al espacio de zonas de atención al público, sala de espera, pantallas informativas y una sala multifuncional. Estas labores han supuesto una inversión de 2,4 millones y se ha intervenido en una superficie de 828 m2.

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