La comisión de Presupuesto en la que se debatió el capítulo Educación tuvo varios momentos de tensión, aunque no por donde todos los presentes estimaban que iba a surgir el conflicto.
Mientras todos esperaban que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezara la pelea, principalmente con el bloque del peronismo, el eje del debate lo llevó el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien, con un tono más amable que el de su colega del Ejecutivo, no escatimó críticas y señalamientos a los períodos anteriores de la política educativa, e incluso señaló que en el sector privado los rectores los hubieran despedido.
El debate venía con varios cruces entre uno y otro sector, algo que suele suceder en las comisiones, pero esta vez hubo incluso amenazas de golpes físicos, lo que marcó un nivel bochornoso en la discusión, en especial cuando se debatía el presupuesto en Educación para 2027.
El primer cruce fue entre el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, quien, sin nombrarlo, dijo que uno de sus colegas lo había llamado mentiroso. “Eso, en el barrio, se merece un chirlo”, afirmó.
Finocchiaro hacía referencia al diputado Esteban Paulón, quien había publicado en sus redes un video del legislador del PRO en el que este señalaba que había hablado con el Gobierno y que existía el compromiso de cumplir el fallo de la Corte Suprema.
Pero el momento más tenso tuvo como protagonistas a un diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, y a su par de LLA, Andrés Leone.
Tras dos interrupciones en mal tono de Álvarez a Paulón, el ambiente comenzó a caldearse. Germán Martínez pidió respeto, y Luana Volnovich le gritó “irrespetuoso de mierda”.
Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado y por eso fue a buscarlo. “Le dijo hijo de puta”, señalaron desde el entorno del legislador peronista, quien, cuando Leone se le acercó y lo increpó, lo invitó entre dientes a salir de la comisión a pelearse.
Finalmente los separaron y todo volvió a su cauce normal. Pero el clima había cambiado. La tensión quedó en el aire y, de a poco, los legisladores se fueron retirando.
Primero se fue Castagneto, luego Leone. Ambos ya habían bajado el nivel de tensión, pero el primero no paraba de recibir bromas de sus compañeros de bancada en referencia a su pasado como arquero de fútbol en equipos de primera división del fútbol local.
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Alessandro Volpi, I padroni del mondo, Laterza, 2024 Vincenzo Maddaloni Vincenzo Maddaloni, Voglia di rivoluzione, Nexus, 2024. Vincenzo Maddaloni (con Modini), L’atomica degli ayatollah, Nutrimenti, 2006. Antonio Mazzeo, La scuola va alla guerra. Inchiesta sulla militarizzazione dell’istruzione in Italia, Manifestolibri, 2024. Antonio Mazzeo, Il MUOStro di Niscemi, Editpress, 2013. Antonio Mazzeo, I padrini del ponte. Affari di mafia sullo Stretto di Messina, Edizioni Alegre, 2010. 
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Empate agridulce (1-1) para el Atlético de Madrid en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto rojiblanco firmó las tablas en su visita al Stuttgart, que se adelantó en una primera parte dominada por los alemanes, aunque Julián Álvarez empató el encuentro con un golazo, el primero de su temporada. Cuando todo apuntaba a la remontada visitante, la expulsión de Hjulmund obligó a los de Simeone a recular y defender la igualdad.
A pesar de su victoria ante el Manchester United la semana pasada, el Atleti debía ir a por todo en Alemania. Con dos ediciones de Liga de Campeones ya analizadas, el consenso es que para clasificar directamente a los dieciseisavos de final se necesitan más de quince puntos, por lo que cada tropiezo puede mandarte a los dieciseisavos.
El duelo arrancó con una dinámica muy clara: el Stuttgart dominaba contundentemente gracias a una asfixiante presión que resultó ser demasiado para los de Simeone en el primer tiempo. Pronto llegaron las primeras ocasiones alemanas, con un paradón de Oblak a El Khannouss, un disparo de Fuhrich que se estrelló contra el lateral de la red o un ensayo de Angelo Stiller desde fuera del área que el guardameta colchonero despejó con dificultad.
Si bien el asedio era muy duro, los visitantes mostraron las garras a balón parado, siempre colgado por Grimaldo, aunque un remate de cabeza de Pubill no encontró la red. La línea adelantada de los alemanes finalmente surtió efecto en el minuto 36. Tras recuperar el Atleti, Pubill perdió el balón en la frontal del área, y de él se adueñó Leweling, que después de pasarse el balón por la espalda se sacó un disparo con la zurda que superó a Oblak tras desviarse en Morten Hjulmand.
Pablo Barrios, uno de los mejores en el lado español, intentó tirar del carro en lo que restó de primer tiempo, deslizándose por todo el centro del campo y llegando a atacar por la banda izquierda, pero sin encontrar rematador.
El segundo tiempo no pudo empezar mejor para el Atlético de Madrid, pues en el minuto 47, el recién entrado al campo Ademola Lookman lanzó un centro raso directo al pie izquierdo de Julián Álvarez, que se giró en un espectacular ejercicio de plasticidad para golpear de primeras, directamente a la escuadra contraria, y estrenar su cuenta goleadora esta temporada en un momento inmejorable.
Los colchoneros olieron sangre y se lanzaron a por el segundo. Barrios remató a portería, y el despeje de Seimen sobrevoló la cabeza de Lookman, que no llegó a rematar, como tampoco Grimaldo, que se lanzó con todo a por el rebote subsecuente. Tampoco acertó nadie a rematar un centro de Giuliano Simeone desde la lídea de fondo.
Cuando mejor estaba el Atleti llegó el desastre, en forma de entrada a destiempo y muy arriba de Hjulmand a Stiller, por la que el centrocampista del combinado español fue inmediatamente expulsado. A partir de este momento, en el 64’, el Cholo se centró en conservar el punto. Para ello entraron Le Normand, Obed Vargas o Johnny Cardoso, consiguiendo, una cascada de sudor después, el objetivo establecido. Con este resultado, el Atleti acumula en la Champions cuatro puntos de nueve posibles y se sitúa en la 15ª posición provisional.
Ministers are expected to announce their long-awaited decision on Wednesday
© Getty Images/iStockphoto
© PA Wire
Luego de la quinta movilización de los universitarios por la falta de aplicación de parte del Gobierno de la Ley de Presupuestos Universitarios, y a un día de que se cumpla un año de la promulgación de la normativa, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, se hicieron presentes en la Comisión de Presupuesto para defender el proyecto para el 2027.
La tensión estuvo presente desde el comienzo. La sala del primer piso del anexo de la Cámara de Diputados duplicó su personal de seguridad y en la puerta quedó un grupo de estudiantes universitarios que habían intentado entrar a la reunión. Y esta tensión quedó reflejada en la presentación de los funcionarios que llamaron a la dirigencia universitaria de tener un “acuerdo corporativo y de casta”.
El inicio estuvo a cargo del secretario de Educación quien marcó su presentación respecto de la primaria y secundaria, comparando el sector hasta el 2023 y a partir de ahí. “Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”.
Pero luego Torrendell hizo una larga lectura de un documento sobre la política universitaria y los fondos para las Altas Casas de Estudios. En este recorrido hizo hincapié en los fondos y en comparaciones respecto de cantidad de alumnos, cantidad de recibidos. “La autonomía de las universidades no está en discusión, lo que exigimos son datos y transparencia” en el manejo de los fondos.
Luego de señalar que “en las universidades públicas de cada 100 que se anotan se reciben 18,7 mientras que en las privadas el número es de 40”. Asimismo, hizo referencia a que cada egresado de la universidad pública tiene “un costo de USD 14.800” y que en los últimos años “observamos una incesante y asombrosa creación de universidades. De las 62 universidades nacionales, 23 fueron creadas en los últimos 20 años. En dos décadas se crearon la misma cantidad de universidades que en dos siglos”. Esto que intentó ser una crítica al sistema generó el aplauso del bloque del peronismo.
“En la educación básica estamos demostrando que es posible desde la Nación liderar la mejora del aprendizaje. En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los alumnos y no a la dirigencia universitaria. Es un acuerdo corporativo, de casta”.
La primera tanda de pregunta apuntó a la presentación de Torrendell por parte de la oposición. Las críticas pasaron desde el manejo de los datos de manera “maniquea” hasta el uso de los fondos. La novedad es que desde el bloque de LLA surgieron preguntas en modo de defensa.
“¿De qué sirve que nos traigan un presupuesto que nominalmente parece estar por encima de la inflación proyectada para 2027, pero que no compensa para nada el ajuste por inflación y el recorte que se observa en el 2026 de casi un 25%? Estamos frente a un presupuesto educativo que formalmente plantea un incremento de recursos, pero que después se observa una clara sub-ejecución de cada una de las partidas", le reclamó el diputado Maximiliano Ferraro de CC ARI.
Torendell fue el encargado de responder casi todas las preguntas dejando lugar en algunos espacios al subsecretario Álvarez. Sin embargo, en todo momento, el secretario nacional hizo alarde de un tono más amable que el de su subsecretario pero en todo tiempo se encargó de fustigar a los rectores universitarios de quienes dijo que teniendo en cuenta los resultados “en el sector privado los hubiesen despedido”.
Pero llegó el momento del subsecretario Álvarez quien tiene fama de pelearse con la oposición. Y no defraudó.
“Respecto de la llamada ley de financiamiento universitario a modo de ver del ejecutivo la norma incumple la ley de administración financiera y de ejecución presupuestaria”, repitió. “El Ejecutivo está a derecho y fue recurrido por el CIN todo esto está hoy en la Cámara porque se aceptó la apelación del Ejecutivo en ambos hechos”.
Pero el funcionario en vez de responder empezó con un alegato en defensa de la gestión y en ataque Consejo Interuniversitario Nacional. “El Ejecutivo está a derecho y los funcionarios a tiro de denuncia y muchos de la oposición que tienen la denuncia fácil no nos denunciaron. No así algunos de los diputados de la oposición que asaltaron edificios públicos y que llaman a la insurrección popular contra la República”.
“Piden más salario, todavía más por encima de lo que ya el Estado a asignado, lo cual los profesores universitarios y los docentes y no docentes están muy por encima del Estado nacional, con lo cual es un privilegio y también es una identificación de lo importante que es para el Estado que los rectores y los sindicatos son, hasta ahora, las únicas que las cierran”, acusó Álvarez.
La gran mayoría del debate se centró en el presupuesto a las universidades. Por lo menos desde ese lugar es que la oposición planteó sus preguntas. El oficialismo, a diferencia de lo que sucede en otras comisiones, realizó preguntas.
Hay muchas maneras de impedir que una economía crezca. Una es adoptar malas políticas. Otra, menos visible pero igualmente dañina, es impedir sistemáticamente que las buenas reformas siquiera tengan oportunidad de intentarse. Eso es lo que está en juego en la discusión sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
La propuesta original del Gobierno estaba lejos de ser perfecta. Contenía materias demasiado amplias, algunas insuficientemente delimitadas y otras que justificaban una discusión más profunda en el Congreso. El propio Ejecutivo ya había reducido la ambición de varios planteamientos respecto de sus versiones iniciales. Correspondía, por tanto, precisar, poner límites, introducir salvaguardas y retirar aquello que no justificara una delegación.
Pero una cosa es controlar al Ejecutivo y otra convertir el control en un veto a la reforma. El texto sustitutorio aprobado en comisión reduce la delegación a 90 días y la circunscribe esencialmente a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. En el camino quedan fuera materias vinculadas con formalización, empleo juvenil, regulación laboral y tributaria, barreras burocráticas, calidad regulatoria, minería, servicio civil, integridad pública, infraestructura y energía; mientras otras, como APP y liberación de interferencias, sobreviven parcialmente.
El problema no es solo legislativo. Es también de economía política. Las reformas suelen generar beneficios amplios pero graduales, mientras sus costos son inmediatos y recaen sobre grupos concretos, que tienen mayores incentivos para oponerse. De allí el conocido sesgo hacia el statu quo. Por eso las ventanas de oportunidad política importan. Al inicio de un gobierno existe mayor capital para impulsar cambios y enfrentar resistencias. Esa oportunidad dura poco: cuanto más se postergan las reformas, más difícil resulta llevarlas adelante. Un estudio muy interesantes del Fondo Monetario del 2019, que analizaba el costo político de las reformas, encontraba precisamente que el sesgo hacia el statu quo disminuye durante el primer año de gobierno y que aumenta la probabilidad de reformas importantes.
Y en el Perú llevamos demasiado tiempo pagándolo. Nuestro problema de crecimiento ya no es fundamentalmente macroeconómico. Conservamos fortalezas importantes en inflación, reservas, deuda pública y estabilidad monetaria. Nuestro cuello de botella es cada vez más microeconómico e institucional: baja productividad, informalidad, regulación deficiente, infraestructura insuficiente, escasa capacidad estatal y dificultades para transformar inversión potencial en inversión efectiva.
Es sumamente preocupante ver como la productividad del país se ha ido al subsuelo. De acuerdo a las estimaciones Banco Central, está se encuentra en terreno negativo desde hace más de un quinquenio, lo cual golpea fuertemente al bienestar ciudadano.
Tomemos la informalidad. Las microempresas representan el 93,8% de las empresas formales y concentran buena parte del empleo privado, pero presentan niveles extraordinariamente bajos de productividad. En 2025, el 89,7% de sus trabajadores era informal. El Ejecutivo solicitó facultades para simplificar la formalización de las MYPE y revisar elementos del régimen laboral y tributario. Las facultades específicas fueron retiradas.
Esto no es una discusión abstracta. La OCDE identifica precisamente la informalidad como uno de los mayores obstáculos al crecimiento peruano y recomienda combinar simplificación de regulaciones laborales y empresariales, reducción de costos no salariales, mejoras de capacidades, fiscalización y una reforma del sistema tributario para las empresas pequeñas.
Algo parecido ocurre con los jóvenes. El 84,8% de los trabajadores entre 14 y 24 años está en la informalidad, mientras el desempleo juvenil prácticamente duplica el promedio nacional. La solicitud planteaba medidas de empleo, empleabilidad, formación y autoempleo juvenil. También fueron excluidas.
O miremos la regulación. Entre noviembre de 2017 y junio de 2026, la PCM evaluó 1.787 proyectos normativos y 830 correspondían a nuevos procedimientos administrativos. El Estado intenta simplificar mientras continúa creando trámites. Se solicitaron facultades sobre barreras burocráticas y calidad regulatoria. Tampoco sobrevivieron al recorte.
Y quizá el ejemplo más paradójico sea la minería. El Perú atraviesa términos de intercambio extraordinariamente favorables y dispone de una cartera minera de alrededor de US$64 mil millones que, según el FMI, podría elevar nuestro crecimiento potencial entre 0,5 y 1 punto porcentual. Sin embargo, buena parte de esa cartera lleva años paralizada por complejidad burocrática y conflictos sociales. La actualización de la regulación minera solicitada por el Ejecutivo tampoco fue incluida.
Se puede discrepar con alguna de las propuestas. Pero descartarlas prácticamente en bloque revela un problema mayor: frente al riesgo de reformar mal, estamos escogiendo la aparente seguridad de no reformar. Y no reformar también es una decisión de política económica. Tiene costos enormes para el Perú.
Aquí aparece otra enseñanza importante de la literatura: las reformas funcionan mejor como paquetes coherentes que como intervenciones aisladas. Formalización sin reforma tributaria sirve poco. Simplificación sin mejor capacidad estatal también. Promover inversión sin acelerar permisos y eliminar interferencias deja intacto el cuello de botella. Mejorar infraestructura sin proteger adecuadamente la capacidad de decisión de los funcionarios vuelve a producir parálisis.
Las complementariedades importan. Cuando se desmonta una agenda pieza por pieza, puede terminar sobreviviendo muy poco de su capacidad transformadora. La magnitud de lo que está en juego tampoco es menor. La OCDE estimó recientemente para el Perú que un paquete ambicioso de reformas que eleve productividad, reduzca informalidad y mejore instituciones podría llevar el PBI per cápita hacia 2070 a alrededor del 65% del promedio de la OCDE. Bajo las políticas actuales, llegaría aproximadamente al 45%. Veinte puntos porcentuales de diferencia no son una discusión para economistas. Son salarios. Son empleos formales. Son recursos fiscales. Son mejores servicios públicos. Son oportunidades para nuestros hijos.
Por supuesto que la inseguridad es urgente. Y por supuesto que debemos prepararnos para El Niño. Pero hay una confusión peligrosa en la oposición a este gobierno, que ha recortado horrorosamente las facultades, en pensar que solo constituye una emergencia aquello que explota mañana. Una economía que pierde productividad durante años también es una emergencia. Una generación de jóvenes entrando mayoritariamente por la puerta de la informalidad también lo es. Una inversión minera que tarda décadas en materializarse también. Un Estado incapaz de ejecutar proyectos a tiempo también.
La urgencia no es solamente evitar la próxima inundación o enfrentar al próximo delincuente. También es conseguir que dentro de diez años los peruanos sean sustancialmente más productivos y vivan mejor. El Congreso tiene todo el derecho —y la obligación— de poner límites a las facultades delegadas. Debe exigir precisión, preservar derechos y evitar cheques en blanco. Pero control no significa inmovilismo. Después de más de una década postergando reformas, el mayor riesgo quizá ya no sea equivocarnos al cambiar. Es seguir encontrando razones para no hacerlo. Eso tiene un nombre: veto al crecimiento. Y es sumamente irresponsable e indolente para con un país que necesita urgentemente el progreso.
El Manchester City se teme lo peor. La sombra de la Championship, la segunda división inglesa, acecha a los ‘citizen’ después haber resultado culpable de 114 cargos por presuntas irregularidades financieras cometidas en nueve temporadas, desde las 2009-2010 hasta la 2017-2018. Así lo asegura el diario británico Daily Mail, que ya desliza la opción de que el equipo que entrena Enzo Maresca reciba un castigo ejemplar que provoque su descenso de categoría.
¿Pero cómo se llevaría a cabo? Según el periodista Oliver Holt, la forma en la que se ejecutaría el descenso sería una deducción de puntos lo suficientemente grande como para asegurar que el Manchester City quedase entre los tres últimos clasificados de la Premier League. A pesar de comandar la tabla con 21 puntos, tres más que el Arsenal, los ‘citizen’ ven peligrar su continuidad en la primera división inglesa.
Pero la sanción no acabaría ahí, sino que la próxima temporada, previsiblemente ya en la Championship, el club de Mánchester volvería a sufrir una deducción de puntos que le imposibilitaría conseguir el ascenso en un solo año, por lo que el castigo acarrearía la pérdida de la categoría y la estancia por al menos un curso en la segunda división. Además de la sanción deportiva, también se le impondría una multa millonaria, sin precedentes en el Reino Unido.
El castigo, por tanto, sería histórico tanto en la faceta deportiva como en la económica. Sin duda, sentaría un precedente por la dureza y por la categoría de la institución que la sufre, uno de los equipos más importantes y exitosos del mundo, como ya ocurrió en Italia con el descenso de la Juventus por el ‘Moggigate’ hace veinte años. De momento, y siempre según la información que ofrece el Daily Mail, se descarta expulsar al Manchester City de la Premier League y del fútbol profesional y descenderlo a la League Two.
Por su parte, también se informa de que la intención de la Premier League es que la sanción se conozca pronto, antes de que haya sentencia en la apelación. Cabe recordar que el City presentó un recurso el pasado 1 de octubre y defiende que la resolución contiene errores jurídicos, por tanto el caso sigue abierto. El procedimiento, sin duda, se ha convertido en uno de los casos más mediáticos de la historia del fútbol inglés.
Si atendemos a los precedentes ocurridos con la Juventus, habría que preguntarse cuántos jugadores de la actual plantilla continuarían en el club y aceptarían jugar dos años en segunda división, siempre que el descenso llegara a ejecutarse. En el caso del club italiano, futbolistas como Thuram, Zambrotta, Emerson o Cannavaro decidieron abandonar el club y buscar una nueva aventura en otro país. Sin embargo, otros como Del Piero, Nedved, Buffon, Trezeguet o Camoranesi, figuras de primer nivel mundial, demostraron su compromiso con el club bianconnero y decidieron permanecer en la Serie B.
Mientras tanto, y hasta que no haya sentencia firme y sanción concreta, el Manchester City sigue luchando por títulos en la presente temporada, más allá de lo que ocurra el próximo curso. El equipo de Maresca marcha líder tras siete jornadas disputadas en la Premier League y pelea por conseguir la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League.
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