Cerca de cuarenta mil personas asistieron ayer martes por la noche al show de Iron Maiden en el estadio de Huracán. Fue otro triunfo para la música pesada en la ciudad de Buenos Aires. La banda más emblemática de la historia del heavy metal celebró más de 50 años de historia con versiones perfectas de sus mayores clásicos, ante un público de todas las edades, con un show escénico de potencia simbólica total. El único problema fueron los ladrones de celulares.

Un joven comerciante que se aventuró a pocos metros de la valla frente al escenario al momento de los bises sintió como, en un segundo, su iPhone 15 desaparecía de su bolsillo. A dos metros de distancia, otra víctima formaba un anillo y pedía linternas para encontrar el teléfono que creía caído en el suelo. Segundos más tarde, supo que lo habían robado de su bolsillo. Horas más tarde, las quejas de robos se repetían en redes sociales. Al menos dos rastreros, según testigos, fueron atacados a golpes por miembros del público, una venganza en el campo del Tomás Ducó.

El problema no es nuevo, tampoco específico a un solo espacio: es transversal, un delito que se volvió moda y que ocurre en cualquier show masivo donde haya gente de pie.

El robo de celulares ocurre con fuerza desde el regreso de los shows en vivo tras la pandemia, se repite entre estadios de fútbol, salas de conciertos. Le amarga la vida al espectador que, precavido, pasa dos horas de pie con las manos en los bolsillos, esperando sentir ese manoseo, ante la chance de comerse el garrón.

Pero ese “punga” furtivo -o también capaz de darle una paliza a una mujer por un teléfono- es solo el primer paso: el teléfono que se roba en un show sigue una cadena que funciona hace años, perfectamente aceitada, que la Justicia porteña ya investigó.

Los artistas del robo

Hay artistas del robo. El 16 de septiembre de 2025, un sospechoso fue detenido por la división Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad con trece aparatos encima en el show del grupo Limp Bizkit en el Parque Sarmiento.

El hombre, de 39 años, oriundo de Lanús -que terminó con una causa por robo en el Juzgado N°24-, intentó correr de vuelta al predio para intentar zafar de un cacheo. Llevaba una calza bajo el pantalón, con todos los teléfonos apilados. Varios fueron devueltos a sus dueños tiempo después por la fuerza porteña. Un mes más tarde, otros dos pungas con diez aparatos entre ambos eran arrestados en el show del rapero Ysy A en Mandarine Park, Punta Carrasco.

El concierto de Milo J en Villa Crespo, que atrajo a casi 13 mil personas en junio del año pasado, terminó con otros cuatro detenidos por el mismo delito. Todos ellos tenían sus particularidades.

Nahuel S., de 24 años, estaba registrado como mensajero en ARCA; tenía un domicilio a pocas cuadra del Riachuelo, en Lanús Oeste. Hoy le debe $5 millones a billeteras virtuales, bancos y tarjetas de crédito. Había pagado el monotributo por última vez poco antes de ser detenido. Damián G., de 34 años, era un ex trabajador fabril oriundo de González Catán, aunque decía vivir en Valentín Alsina.

Cristian R., otro lanusense que pasó por una decena de empleos en blanco en su vida, fue arrestado tras un cacheo preventivo de los efectivos de seguridad del lugar a la salida del show. Llevaba otros nueve teléfonos encima.

Ninguno de los mencionados fue condenado hasta hoy. Estos presuntos pungas son solo el comienzo de la cadena. Los teléfonos robados en recitales siguen la cadena de cualquier teléfono robado en CABA: termina, casi invariablemente, en cuevas de desguace en locales y galerías, donde históricamente se compran los aparatos robados.

¿Cuánto reciben estos ladrones? Poco y nada. Una histórica fuente en el negocio de la telefonía asevera: “Les dan $50 mil por aparato. No se pueden abrir sin la clave. Entonces, se los compran por monedas para reventarlos por repuestos”.

A veces, las aplicaciones de rastreo de los iPhone dan una pista. En mayo último, un hombre denunció que le robaron su iPhone 16 durante un show de Divididos en mayo último. Aseguró en su reporte ante la Policía porteña que el teléfono Apple todavía enviaba sus coordenadas. Se encontraba, al parecer, en la calle Evaristo Carriego, zona de Villa Celina, La Matanza.

La feria donde todo termina

Este teléfono no era el único robado en un concierto porteño que apuntaba a esta dirección en Villa Celina. La Justicia, con el fiscal Marcelo Munilla La Casa y la jueza Alejandra Provitola, descubrió que otro aparato, denunciado tras un show de Las Pastillas del Abuelo en Ferro, habría terminado en el mismo lugar.

La Policía de la Ciudad siguió al GPS. Allí, encontraron una feria llamada Copacabana, “en cuyo interior funcionan diversos comercios dedicados a la venta y reparación de teléfonos celulares”, según el reporte policial del día. La feria tenía reseñas en internet. Allí, otros damnificados se quejaban de que sus teléfonos dormían en Copacabana el sueño del robo y el hurto.

“Me robaron el iPhone en el Quilmes Rock. Me llamó una chica que dijo que lo tenía para devolvérmelo, pero solo quería mi clave”, afirmó una comentarista.

Así, la Policía de la Ciudad allanó la feria. Se incautaron 49 teléfonos, equipos de reparación de celulares, láminas de hidrogel. Cinco sospechosos, pertenecientes a la comunidad boliviana local, fueron detenidos. Entre los teléfonos incautados había 34 equipos telefónicos denunciados por robo, hurto o extravío que constaban en los registros del ENACOM.

En paralelo, otras cuatro víctimas de los robos en el show de Divididos se sumaban a la historia. Una de ellas aseveró que los ladrones lograron entrar a su cuenta bancaria para robarle medio millón de pesos que terminaron en manos de un tal Douglas M., un joven de 29 años con domicilio en Villa Jardín. Más víctimas apuntaban a la feria Copacabana, víctimas de pungueos en el Cosquín Rock de Córdoba, de asaltos motochorros en el conurbano.

Provitola procesó con prisión preventiva a los cinco acusados por integrar una asociación ilícita dedicada al hurto y la recepción de bienes ilícitos, con embargos de hasta $20 millones. Sin embargo, la Sala V de la Cámara de Apelaciones les dio la falta de mérito el 15 de julio. al asegurar que faltaban pruebas.

El punga y la galería son dos extremos del circuito. En el medio, hay otro problema: ¿quién deja entrar al delincuente?

Es bastante cómico pensar que un punga se paga la entrada de $100 mil o más en varios casos para ir a robar. Los damnificados apuntan a supuestas connivencias de barras en estadios, o rastreros en otras connivencias en salas de conciertos sin vínculos con club de fútbol alguno. Sin embargo, estas sospechas no fueron reivindicadas a nivel judicial en la historia reciente: nunca un patovica fue imputado por abrirle a puerta del show a un delincuente.

El problema, sin dudas, repercute en las productoras de conciertos. Varios promotores fueron consultados para esta nota. Algunos pusieron cara de circunstancia. Uno de ellos recordó un episodio reciente en el espacio C. Art Media de Chacarita. Allí, una joven aseguró que su teléfono terminó robado. Buscaba responsabilizar a la productora. El productor, lejos de preguntarle a un abogado, le preguntó a Claude. La IA le respondió que la damnificada tenía un punto.

“Hay un tema con la Ley del Consumidor”, asevera el productor, en base a la consulta con Claude: “Hay relación de consumo. Quien compra una entrada es consumidor y el organizador es proveedor. Existe una obligación de seguridad. La responsabilidad es solidaria; esta chica puede reclamarle a cualquiera de la cadena, es decir a vos como productor, al espacio y eventualmente a la ticketera”.

Sin embargo, esta damnificada tiene que acreditar que el teléfono le fue sustraído dentro del predio. La denuncia policial es una declaración unilateral y la entrada solo prueba que asistió al concierto, lo que se vuelve su punto más débil.

Mientras tanto, una técnica, tal vez efectiva, tal vez no, se implementa en ciertos boliches porteños como Deseo, sobre la avenida Chorroarín en Villa Ortúzar, hoy muy de moda. Al salir, uno debe mostrar su teléfono desbloqueado.

A fines de septiembre, otro policía que complementaba su sueldo como chofer de aplicación para llegar a fin de mes sintió el gatillo de la inseguridad de la zona oeste en la cabeza. Esta vez, la víctima fue un subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal, un joven de 27 años atravesado por más de $13 millones en deudas según datos del Banco Central.

El hecho ocurrió en Villa Palito, zona de San Justo, donde el subinspector llegó para tomar un viaje en plena noche. Minutos antes, había levantado a dos pasajeros en la zona de Ramos Mejía. Al llegar al cruce de Gibraltar en José Hernández, en Villa Palito, cayó en la clásica trampa: sus falsos pasajeros eran ladrones, decididos a robarle su vehículo, que ni siquiera era suyo. El VW Polo que manejaba había sido alquilado en una agencia.

Así, ocurrió un forcejeo. Los delincuentes le dieron tres tiros; dos en la espalda, uno en una pierna. El robo fracasó. Los ladrones descartaron un arma bajo la rueda de un auto cercano y huyeron, en una calle sin cámaras. En las últimas horas, los detectives de la Comisaría Norte I° de San Justo de la Policía Bonaerense capturaron a cinco sospechosos por el hecho, cuatro menores de edad y una mayor, presuntos especialistas en desvalijar remiseros. Los trucos que la banda empleaba para robar eran al menos llamativos.

El Grupo Táctico Operativo de la Comisaría ejecutó 12 órdenes de allanamiento en las villas Palito y Santos Vega, en una causa a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez y el fiscal de menores Federico Insúa, luego de triangular antenas de teléfonos celulares y seguir el rastro de la fuga a través de cámaras públicas y privadas. Así, llegaron a los sospechosos y sus redes.

“El robo comenzaba al solicitar los autos a través de un celular prepago”, explica un investigador: “Una vez en el lugar, el titular de la cuenta le mostraba el código de seguridad al chofer para que pueda comenzar el viaje y le indicaba que viajarían amigos”.

Una vez a bordo, los ladrones enviaban sus ubicaciones en tiempo real al resto de la banda que los esperaba en los lugares de destino ya antes pactados. Entonces, sus cómplices rodeaban al auto como pirañas, para robarle el vehículo al chofer, o la recaudación en su teléfono.

Había metal en las cuevas de la banda. Los allanamientos terminaron con los arrestos y la incautación de dos pistolas calibre 9 mm con numeración limada un kit RONI, dos escopetas recortadas, un revólver calibre 22 , municiones y cartuchos de distintos calibres, ropa supuestamente usada en el día del hecho y siete teléfonos celulares que podrán ser peritados.

Los cuatro menores, todos ellos de 16 y 17 años, fueron trasladados a institutos de La Plata y Pablo Nogués.

El actor Diego Peretti presentó un breve descargo en su cuenta de Instagram sobre el escándalo mediático de la semana, uno que podría arrastrarlo a declarar en Tribunales. Se refirió a la denuncia por estafa que enfrenta Hernán Casciari, presentada por 18 “socios inversores” de su plan de películas. La Muerte de Un Comediante, el debut de Peretti como director, estrenada en cines a comienzos de este año, fue una de esas películas.

En el descargo, Peretti dijo, básicamente, que firmó un contrato por su rol y nada más, que nada tuvo que ver en el financiamiento. Pero su figura, aseguran los denunciantes mismos, fue clave para atraer a esos inversores. Cuatro años atrás, ante un Andy Kusnetzoff algo azorado, Casciari presentaba el entonces llamado “Peretti Project” en su columna del programa Perros de la Calle. Anunciaba la inversión como un negocio infalible. La gente, por lo visto, le creyó.

Cuatro años después, el Peretti Project se vuelve una parte central de la denuncia contra Casciari, encabezada por el abogado Ariel Gil Ces, que ayer presentó documentos en la Fiscalía N°16 de la doctora Mónica Cuñarro, a cargo de esclarecer el caso, en el que Peretti podría ser un testigo de interés. No es para menos: el actor es mencionado 54 veces en las 39 páginas de la presentación. Inversores que pusieron dólares en su película afirmaron recibir de vuelta unas meras chirolas.

No solo eso: según la denuncia, La Muerte de Un Comediante fue el proyecto de Orsai Audiovisuales que más inversores atrajo, por lejos, con diez mil participaciones contra cuatro mil del proyecto protagonizado por “Dibu” Martínez, que llegó a Netflix meses atrás, o las 5495 participaciones de Canelones, protagonizada por Darío Barassi.

“La manera en que Hernán Casciari presentaba el proyecto reforzaba todavía más esa sensación: todo parecía indicar que no había manera de que el proyecto fracasara”, aseguró la primera denunciante en la lista. Puso mil dólares para el film. Recibió de vuelta 28 dólares con 20 centavos.

Otro puso 600 dólares. “A casi nueve meses del estreno, lo único que recibí fueron seis acreditaciones en la billetera de la aplicación de Orsai que suman 16,92 USD, es decir el 2,82 % de lo que puse”, afirmó el segundo denunciante. “Mis inversiones en Orsai Audiovisuales fueron Proyecto Peretti Proyect (La muerte de un comediante), hice una inversión de dólares 1700, percibiendo hasta la fecha de un importe de dólares 47,94″, se lamenta otro que mandó carta documento. Los ejemplos se repiten.

Luego, está el supuesto mail que Casciari envió a uno de los damnificados, que envió 2000 dólares para entrar al pozo del film de Peretti desde una billetera cripto. Allí, supuestamente, Casciari le dijo que ya tenía un millón y medio de dólares.

El mail y el millón y medio

El denunciante apuntó en su denuncia: “El 31 de diciembre de 2022, a las 16:12 hs, recibí un correo electrónico de bienvenida firmado por Hernán Casciari, dirigido a mi casilla, con el asunto ‘Muchas gracias por invertir en el Peretti Project’. En dicho mensaje, Casciari me dio la bienvenida como socio productor de La Muerte de un Comediante, confirmó que mi inversión formaba parte de un total que ya se acercaba a los 1.500.000 USD, indicó que la película sería dirigida y protagonizada por Diego Peretti con guion de él y de Chiri Basilis, y me proporcionó los enlaces oficiales del proyecto, incluyendo los Términos y Condiciones”.

“En ese momento no conocía personalmente a Hernán Casciari ni a la empresa Orsai”, siguió: “La expectativa de retorno resultaba indudable, tras escuchar de manera reiterada que los socios productores iban a obtener una ganancia”. Así y todo, ni siquiera lo invitaron a la avant premiere.

Este inversor le escribió a Casciari mismo el 9 de marzo último. “Ese mismo día, a las 17:22 hs, Casciari me respondió reconociendo que el recupero económico “no será satisfactorio, pero tampoco tan pobre como ahora, que recién empieza el camino”, y mencionando que ambos proyectos irían a cines y plataformas, además de apostar a créditos del INCAA". aseveró. Es cuanto menos irónico: Casciari, que llevó durante años la bandera del crowdfunding de la Comunidad Orsai, hablaba de pedirle plata al Estado.

El saldo en su cuenta de Orsai, aseveró, era de 56 dólares y 40 centavos.

La historia que sigue es una de las más aberrantes de la historia penal reciente. En las últimas horas, una reconocida fiscal pidió la elevación a juicio de un vigilador privado de 34 años, padre de una hija, oriundo de Villa Soldati. La acusación en su contra es extrema: violar a su madre, manosear a su tía y abusar también de su ex. Su propia madre lo denunció en la Oficina de Violencia Doméstica. A pesar de la acusación, el sospechoso -hoy detenido- todavía recibe el sueldo de una empresa de seguridad privada, con aportes pagos hasta hoy.

El caso, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro -hoy a cargo de esclarecer la denuncia por estafa contra Hernán Casciari-, analiza cinco años de presuntos ataques sexuales, desde 2021 hasta 2025. El expediente tuvo una segunda vida, por así decirlo: ya había sido archivado previamente por otra fiscalía porteña.

Sin embargo, Cuñarro retomó la investigación, para impulsarla ante el Juzgado N°63, con tomas de nuevos testimonios, análisis de chats y un lapidario informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. El nombre del acusado será preservado en esta nota por un motivo simple: revelarlo implica exponer a sus víctimas. Las acusaciones, que detallan hechos grotescos, infames, hablan por sí solas.

El presunto abuso a su madre ocurrió el 12 de diciembre de 2025 en la casa de la víctima. Madre e hijo “habían ingerido bebidas alcohólicas en exceso”, según un documento de la causa. “En ese contexto, el imputado comenzó a agredirla verbalmente mediante reclamos, recriminaciones y gritos, produciéndose entre ambos una fuerte discusión”, continúa el documento: “Afectada por la ingesta de alcohol y con su capacidad de percepción y evocación disminuida, el imputado se aproximó a ella y la penetró”.

A la mañana siguiente, la víctima, una mujer de 57 años que durante años trabajó en empresas de limpieza y en el rebusque de venta de ropa, se despertó sin su ropa interior, con marcas en sus brazos, y un fuerte ardor en la zona vaginal. Al denunciar el hecho, la madre aportó a la Justicia los chats que ilustran esta nota, donde su hijo, con letras en un fondo blanco, habla de la borrachera de los días previos.

Borracho en familia

Los presuntos abusos a su tía, tocamientos en los glúteos y los pechos, habrían ocurrido en una serie de fiestas familiares en Villa Soldati. Una de ellas fue, por ejemplo, la Nochebuena de 2024. Según denunció su tía, su sobrino ebrio le manoseó los pechos mientras bailaban.

La denuncia de la ex del vigilador privado -que acumula más de $40 millones en deudas según datos del Banco Central- es también de una gravedad notable. La mujer, que es la madre de su hija del acusado, aseguró que la sometió a palizas a lo largo de 2021 porque “se lo merecía”. Incluso, que en varias ocasiones, la penetró sin su consentimiento, mientras estaba dormida. El acusado, por otra parte, trabajó en los años de estas acusaciones no en una sola empresa de seguridad privada, sino en tres.

La indagatoria y la pericia forense

El vigilador privado se negó a declarar al comienzo del caso. Luego, aceptó hablar. Sobre su ex, dijo que la madre de su hijo había comenzado una relación paralela seis meses antes del fin de su vínculo. Sobre su tía, dijo que mentía, y que básicamente lo provocaba desde chico. “Su tía habría mantenido desde su infancia conductas de índole inapropiada hacia él, tales como sentarse sobre sus piernas, tomarle la mano y decirle que era su novio”, asegura una transcripción del caso.

Finalmente, negó la acusación de su madre. Incluso, afirmó que su madre lo abandonó cuando cumplió dos meses para vivir con sus abuelos, y que reconectaría con ella a los seis años para vivir en La Boca, en medio de situaciones de maltrato. “Además de las golpizas, ella lo llevaba a bañarse por la fuerza y le frotaba intensamente las zonas genitales y los glúteos, al punto de provocarle lesiones con las uñas”, continúa la transcripción. El vigilador aseguró, luego, que otras dos de sus tías conocían estas situaciones.

El alcohol es un elemento permanente en esta historia. La palabra aparece 20 veces en las 39 páginas del pedido de elevación a juicio de la fiscal Cuñarro. Antes de supuestamente violar a su madre en diciembre de 2025, en medio del episodio, el vigilador fue a buscar más cerveza y volvió.

La madre declaró aún más. Afirmó que, ese 12 de diciembre del año pasado, discutió con su hijo por los supuestos maltratos que recibía su nieta de manos de la nueva pareja de su imputado. Recordó, brevemente, el momento de la presunta violación: “Describió concretamente haberlo visto sobre su cuerpo realizando movimientos pélvicos, para luego perder nuevamente el registro de lo ocurrido”.

Una amiga de la mujer y su hermana declaró también en la causa; afirmó que vio a ambas mujeres llorar “desconsoladamente el 1° de enero último". Allí, la madre afirmó que su hijo la había violado. La mujer comenzó a ser tratada por un psiquiatra un mes y medio más tarde. }

Ese psiquiatra declaró también. La mujer “inicialmente presentaba un importante cuadro de angustia, ansiedad, temor a permanecer sola y salir de su domicilio, insomnio, anhedonia e hipobulia, que motivó la indicación de tratamiento farmacológico con citalopram y clonazepam”. Una psicóloga que también la trató afirmó que presentaba “sentimientos de culpa y humillación”.

Finalmente, intervino el Cuerpo Médico Forense, no solo sobre las víctimas, sino sobre el propio imputado. Sobre la madre, los peritos de la Corte afirmaron que “las técnicas administradas arrojaron indicadores de sintomatología postraumática significativa, con puntuaciones superiores al punto de corte para estrés postraumático y manifestaciones vinculadas con intrusión”. El diagnóstico de la ex pareja del vigilador fue sumamente similar: tensión emocional, ansiedad, impotencia.

Un hombre acusado de violar a su madre, manosear a su tía y violar a su ex tras darle palizas casi a diario debería ser un monstruo mental. El Cuerpo Médico Forense dijo lo contrario. El vigilador, al ser analizado, “presentaba atención normal, memoria sin fallas groseras, pensamiento de curso y ritmo conservados, ausencia de ideación patológica y juicio preservado”.

El acusado, concluyeron, “no presenta alteraciones psicopatológicas que configuren un trastorno mental severo de relevancia actual, sus facultades mentales se encuentran conservadas y compensadas”.