Los caminos de Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei se han vuelto a cruzar este miércoles en Madrid. Ambos dirigentes se han reunido durante cerca de dos horas en la sede que el Canal de Isabel II tiene en la calle de Santa Engracia de la capital, donde la presidenta regional ha desarrollado el grueso de su agenda esta jornada, incluido el Consejo de Gobierno. La 'ley de nietos' ha sido uno de los temas abordados durante el encuentro, además de la situación en Ceuta, la coyuntura política actual y "el papel de las clases medias y el peligro de su deterioro", según han transmitido desde la Comunidad poco después de acabar la reunión.

"Han abordado las consecuencias que podría tener la aplicación de la 'ley de nietos' en las próximas elecciones generales", han añadido las mismas fuentes, que han subrayado que durante estos días "se ha conocido que en Buenos Aires 645.000 personas han presentado solicitudes en el Consulado para optar a la nacionalidad española".

"Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a Javier Milei", ha escrito Díaz Ayuso en sus redes sociales poco después de que el presidente argentino haya abandonado la sede de Canal. "Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza", ha añadido la presidenta para zanjar: "Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa".

De hecho, la jefa del Ejecutivo madrileño le ha pedido a Milei que vuelva a España a principios del próximo noviembre, cuando la capital acogerá la XXX Cumbre Iberoamericana. El mandatario argentino, a su vez, ha invitado a su país a Díaz Ayuso, según fuentes de su equipo. La presidenta madrileña ha obsequiado a Milei con un ejemplar de El Quijote y otro del libro '1776 We the Hispanics' en el que la escritora Eva García aborda la influencia española en Estados Unidos. También le ha entregado una escultura de bronce fundido totalmente artesanal elaborada en talleres madrileños por los artistas Marta de Cambra y Carlos Espinel, que contiene las siete estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid y representa la constelación de la Osa Mayor.

La reunión ha estado rodeada de grandes medidas de seguridad. Desde primera tarde, la Policía Nacional ha desplegado agentes de la UIP y de paisano en las calles aledañas a la sede del Canal y más de una decena de furgonetas policiales han permanecido en la zona hasta que a eso de las 18.45 horas la delegación argentina, formada por alrededor de 10 vehículos y escolta policial, ha abandonado el recinto.

La reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que habitualmente se celebra en la Real Casa de Correos, ha tenido lugar este miércoles en la sede social del Canal de Isabel II, en la calle de Santa Engracia del distrito de Chamberí, un traslado que no ha sido comunicado previamente por el Ejecutivo, que en estas mismas instalaciones desarrollará otros actos. Porque está previsto que Isabel Díaz Ayuso reciba allí al presidente de Argentina, Javier Milei, en el que será el segundo encuentro de ambos en la capital después de que en 2024 se le concediera la Medalla Internacional de la Comunidad.

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha enmarcado el cambio de escenario de la reunión del gabinete madrileño en la normalidad: hay ocasiones en las que se hace en otros lugares de la capital y de la región, ha aseverado. También lo ha relacionado con las obras que se están realizando en la sede institucional de Sol y ha trasladado que en las dependencias de Canal han encontrado un "complemento" al espacio de trabajo habitual de la presidenta al que prevé trasladarse "cuando sea necesario".

"Llevamos desde principios de año buscando un espacio para el traslado ocasional de la presidenta por las obras que se vienen acometiendo en la Real Casa de Correos desde 2025", ha expresado el también consejero de Presidencia. "Son trabajos continuos de mantenimiento, de mejora, que en ocasiones hacen difícil poder celebrar reuniones o visitas institucionales", ha añadido.

García Martín ha evitado relacionar la celebración del Consejo de Gobierno en la sede de Canal con la acampada de la Puerta del Sol, aunque este martes trascendió que Díaz Ayuso estaba barajando el traslado de su despacho fuera de la Real Casa de Correos y fuentes del Ejecutivo reconocieron que el edificio del 'kilómetro cero' no reúne en este momento "las condiciones necesarias", especialmente "de seguridad", "para llevar a cabo el trabajo institucional".

La atención a los viajeros de Metro de Madrid acaba de sumar un nuevo canal. Gracias a las máquinas de venta de billetes que desde 2021 se están extendiendo por toda la red, los trabajadores de la compañía podrán resolver las dudas e incidencias de los usuarios de este medio de transporte público a través de videollamada. La funcionalidad se estrena este miércoles en casi medio centenar de paradas de distintas líneas y se irá extendiendo a lo largo de las próximas semanas y meses.

"Los usuarios podrán contactar en tiempo real con un agente especializado para resolver dudas, recibir orientación personalizada o realizar la compra de títulos de transporte con asistencia remota", explican desde la Consejería de Transportes. El servicio, que llegará bajo el lema 'Siempre hay alguien', estará atendido por 24 trabajadores que han recibido formación específica para esta tarea.

La función estará disponible inicialmente en 214 equipos distribuidos en 47 estaciones. Son Alto de Extremadura, Arganzuela-Planetario, Avenida de América, Carpetana, Ciudad Lineal, Ciudad Universitaria, Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno, Laguna, Lucero, Manuel Becerra, Menéndez Pelayo, Moncloa, Nuevos Ministerios, O´Donnell, Opañel, Oporto, Pacífico, Plaza Elíptica, Príncipe Pío, Puerta del Ángel, República Argentina, Sainz de Baranda, Usera y Vicente Aleixandre.

También Gran Vía, Begoña, Tribunal, Ventas, Las Tablas, Marqués de Valdavia, Manuel de Falla, Montecarmelo, Reyes Católicos, Tres Olivos, Alonso de Mendoza, Casa del Reloj, Conservatorio, El Carrascal, El Casar, Hospital Severo Ochoa, Getafe Central, Juan de la Cierva, Los Espartales y Feria de Madrid. "El objetivo es que en el futuro todas las paradas cuenten con al menos una máquina que pueda asistir a distancia", detalla el consejero Jorge Rodrigo.

La atención a distancia de los viajeros es posible a la incorporación de una cámara en las máquinas a las que se suma una pantalla de alta definición de 42 pulgadas en la que aparecerá el asistente. Adicionalmente, estos equipos también mejoran la experiencia de uso porque permiten comprar los títulos de viaje de forma más sencilla e incluyen un sistema de interacción mediante lenguaje natural para indicar los destinos de forma directa, sin necesidad de navegar por menús. Además, cuentan con lazo inductivo para personas con problemas de audición.

El pasado verano, las máquinas de última generación cumplieron cinco años en la red de Metro de Madrid. Las primeras se colocaron en la estación de Gran Vía, que fue inaugurada en julio de 2021 por Isabel Díaz Ayuso siendo David Pérez titular del área de Transportes. La renovación de los equipos de expedición de títulos, que en algunos casos tenían varias décadas de antigüedad, es un programa que lleva asociado un presupuesto de nueve millones de euros y parte de ellos se financian con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Metro de Madrid ha tomado nota del aluvión de quejas y reclamaciones por altas temperaturas dentro de los trenes de la línea 1 (L1) que se han producido este año durante los meses de mayor calor y confía en tener una solución que ofrecer a los viajeros para la próxima canícula. Porque la empresa pública está ultimando la licitación de un contrato para renovar los sistemas de climatización de los convoyes que circulan por este trazado, que fue el más usado de la red madrileña en 2025, y confía en que el encargo esté realizado para el 1 de mayo de 2027 y en que aguante hasta que se materialice la renovación total de la flota, para cuyo comienzo aún restan casi dos años.

El planteamiento es acometer una inversión superior a los 2,8 millones de euros para cambiar "dos de los componentes fundamentales para el óptimo funcionamiento de los sistemas de refrigeración" de los trenes de la serie 2000-A, que son los circulan por la L1. Se trata de todas las unidades condensadoras, encargadas de liberar al exterior el calor que se extrae del tren, y de las evaporadoras, que absorben el calor del interior para enfriar el ambiente.

Los prototipos que se van a instalar son de tecnología española, ya están diseñados y se van a fabricar "específicamente" para los citados trenes, cuya antigüedad es un factor determinante en los problemas que vienen sufriendo. "Somos conscientes de las temperaturas que ha hecho este verano en el Metro de Madrid", asegura Jorge Rodrigo, titular del departamento, que sitúa a la línea 1 como "la más afectada" por estos problemas. "Teniendo en cuenta que son los trenes más antiguos de la red, hemos decidido hacer esta inversión", agrega el consejero.

Algunas de las unidades móviles de la serie 2.000A datan de mediados de la década de los 80 y en origen no contaban con aire acondicionado y los sistemas se añadieron después. Pero estas instalaciones ya han cumplido años en servicio y, a tenor de la multitud de incidencias que se han registrado el pasado estío, también han cumplido su ciclo vital. Para la consejería la correcta climatización de los coches es "un elemento esencial" para ofrecer un viaje de calidad a los usuarios, especialmente en los horarios de mayor demanda o condiciones climatológicas exigentes.

En el Gobierno regional se confía en que la inversión que se va a realizar a lo largo de los próximos meses logre mantener el confort término deseable en los trenes de la L1, ya que los 40 nuevos convoyes que Metro encargó a CAF en noviembre de 2024 no se van a incorporar al servicio hasta dentro de dos años. Fuentes del Ejecutivo sitúan la llegada del nuevo material móvil a la red a partir del verano de 2028, en entregas que serán progresivas, tal y como lo están siendo las de los coches de la L6, cuya fabricación también se firmó con CAF con meses de diferencia.

Esta semana se han cumplido tres años de la explosión de la batería de un patinete eléctrico dentro de un vagón de Metro de Madrid cuando el tren se encontraba detenido en la estación de La Elipa (línea 2). El suceso se saldó sin heridos de gravedad, pero obligó a desplegar un importante despliegue de servicios de emergencias, el coche en el que estalló el componente sufrió daños severos y la circulación de convoyes se tuvo que suspender durante alrededor de tres horas.

La del 18 de octubre de 2023 fue la primera explosión de este tipo que se registró en el metropolitano madrileño, pero había precedentes de incidentes en otras ciudades a los que se había hecho frente limitando el acceso con patinetes. Fue la resolución que adoptó unos días después de los hechos el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que aplicó la medida en el metro, los buses urbanos e interurbanos, el Metro Ligero, el tranvía de Parla y los intercambiadores, una restricción a la que en esos días también se sumó Renfe.

La prohibición entró en vigor el 4 de noviembre de 2023 y se decidió que los viajeros que la incumplieran serían expulsados de vagones y buses y sancionados con el pago de hasta 200 euros. La decisión fue ratificada meses meses después, a finales de mayo de 2024, y se le otorgó vigencia hasta 2027. "Será entonces cuando todos los vehículos de movilidad personal estén obligados a disponer de una certificación de la Dirección General de Tráfico (DGT)", se justificó desde el Consorcio, una postura que mantiene invariable años después a pesar de que Renfe cambió su criterio hace ya más de un mes.

Porque a principios de septiembre la empresa pública estatal resolvió dejar que dejaría subir con patinetes eléctricos a sus trenes de Cercanías —a excepción de los servicios en Cataluña y País Vasco—, Media y Larga Distancia. "Esta actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP)", se informó desde Renfe, que consideró que la exigencia de sistemas de identificación, registro y seguro obligatorios de los patinetes dictadas por la DGT permitían reforzar las garantías de seguridad "tanto para quienes utilizan estos vehículos como para el resto de los viajeros". "La readmisión acerca a Renfe a la práctica habitual de numerosos operadores ferroviarios europeos", añadieron desde la compañía ferroviaria.

En el Consorcio Regional no comparten la postura de Renfe: siguen manteniendo la que aprobaron en mayo de 2024 y no se plantean revisarla antes de finales de enero, fecha a partir de la cual solo podrán circular legalmente por las calles españolas aquellos patinetes eléctricos que cuenten con el certificado oficial de la DGT. "La Consejería de Transportes ha abordado esta cuestión desde una prioridad clara, que es garantizar la seguridad del conjunto del sistema del transporte público", defendió recientemente Pablo Rodríguez Sardinero, gerente del Consorcio, durante una comparecencia en la Asamblea en la que desde el grupo de Más Madrid se le preguntó si se había evaluado el impacto de la restricción de acceso con patinetes sobre la intermodalidad en el transporte.

"Primamos la seguridad de los viajeros y de los trabajadores del transporte ante el riesgo asociado a las baterías de determinados vehículos de movilidad personal", señaló Rodríguez Sardinero, que insistió en que no se trata de "una prohibición indefinida" y aseveró que "se revisará en 2027 conforme al nuevo estándar técnico que está elaborando la DGT". Fuentes del Consorcio precisan que será desde el 22 de enero, cuando entre en vigor la normativa de la Dirección General de Tráfico, cuando su Consejo de Administración se tenga que reunir para revisar el status quo actual. De momento, acceder con un patinete eléctrico es posible en la Cercanías Madrid, pero se trata de una infracción en Metro, Metro Ligero, los autobuses urbanos e interurbanos, el tranvía de Parla y los intercambiadores de transporte de la Comunidad.

Los 142 municipios de la Comunidad de Madrid que tienen menos de 20.000 vecinos podrán tener cámaras en algunas de sus calles principales si así lo deciden sus ayuntamientos. La instalación de estos equipos estará promovida y financiada por el Ejecutivo regional y busca una mejora de la seguridad ciudadana en estas localidades, tanto en lo que tiene que ver con la prevención de delitos como en lo relativo a la gestión de la movilidad. De hecho, es esta segunda función la que estrenará el sistema.

Porque las 1.123 cámaras que la Comunidad contempla instalar en 564 puntos contarán con lectores de matrículas para obtener datos sobre los vehículos que circulan por las localidades más pequeñas de la región. "La intención es que esta infraestructura sirva tanto para mejorar la gestión del tráfico como para reforzar la capacidad operativa de las policías locales", trasladan fuentes de la Consejería de Presidencia, promotora de esta iniciativa a través del programa 'Pueblos con vida', cuya utilidad ha sido recientemente reconocida por el Comité de las Regiones de la UE.

La instalación de las cámaras está prevista para el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la información facilitada por el departamento que lidera Miguel Ángel García Martín. "Se instalarán en los accesos a los municipios para garantizar el control de los vehículos que acceden a ellos, pero también como cámaras de videovigilancia", explica el consejero. Su área asumirá el coste de los dispositivos, su mantenimiento y la plataforma tecnológica y la infraestructura de la nube donde se alojarán y custodiarán las imágenes gracias a una inversión de 17 millones de euros que asegurará la viabilidad del proyecto para los próximos cinco años.

"No se trata de sustituir la presencia de los agentes, sino de proporcionarles ayuda a través de información para que puedan tener capacidad de reacción ante determinadas incidencias", explican desde Presidencia, que de hecho subraya que las policías locales, cuando existan, se implicarán en el control de los dispositivos. De esta forma, en las localidades que tengan agentes municipales la supervisión de las imágenes que capten las cámaras quedarán a su cargo, mientras que en los pueblos en los que no haya cuerpo municipal de seguridad se encargará de la gestión el Centro de Coordinación Municipal de la Comunidad de Madrid, conocido como CECOM.

El despliegue de cajeros, 'viento en popa'

Antes que las cámaras, a los pueblos más pequeños de la región llegarán los cajeros automáticos sin comisiones para los clientes al ser multimarca. Porque la Comunidad sigue desplegando los dispositivos para operaciones bancarias básicas que también prometió en el programa 'Pueblos con vida'. Hasta septiembre ya ha instalado 25 que acumulan, de acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, 6.044 operaciones que han movido un importe global de 783.920 euros, siendo las retiradas de efectivo la operación más común.

Los cajeros van a llegar a otros 36 pueblos de menos de 5.000 habitantes que carecían de servicio de banco antes de que acabe este año, en lo que ha sido una de las medidas municipalistas más celebradas porque muchas personas que residen en estos núcleos tenían que desplazarse a otros cercanos para hacer operaciones tan simples como sacar dinero de su sucursal bancaria.

"Facilitar el acceso al efectivo contribuye a dinamizar el consumo de proximidad, favorece la actividad de los pequeños comercios y mejora la capacidad de los municipios para atender las necesidades tanto de su población como de quienes los visitan", valoran desde la Consejería de Presidencia, que estima que cuando se complete la red de 61 cajeros estos moverán del orden de 30 millones al año, de los que unos 15 millones se gastarán en el comercio, la hostelería y los servicios de proximidad de los pequeños municipios madrileños.

Las labores de excavación, vaciado y cimentación de los terrenos del barrio de Valdebebas (distrito de Hortaleza de Madrid) en los que se levantará la futura Ciudad de la Justicia de la capital han concluido al cumplirse 12 meses de su inicio. Tras mover más de 1,5 millones de toneladas de tierra, lo que equivaldría a la capacidad de 600 piscinas olímpicas, y cientos de horas de trabajo que han implicado a camiones y 15 máquinas de gran tonelaje, el Gobierno autonómico da por concluida con éxito la primera fase de un proyecto que se considera estratégico.

Ahora, hasta 19 grúas se dibujan en los terrenos del futuro campus judicial. Su tarea es levantar las estructuras de los edificios que albergarán el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las dependencias de la Audiencia Provincial, que corresponden al lote 1. "En el próximo mes de marzo ya estarán levantadas", explica Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y máximo responsable del proyecto como titular de las competencias de Justicia.

Las grúas operan a pleno rendimiento, lo que ha requerido una compleja labor de armonización y engranaje de recursos. Lo mismo sucede con los operarios de la construcción destinados en esta obra, porque el Gobierno regional estima que se podrá superar la cifra de 2.000 personas trabajando al mismo tiempo en la parcela en los momentos de máxima producción. Todos estarán coordinados para que nada falle.

Cuando estén concluidas las estructuras, a partir del primer trimestre de próximo año, será el momento de comenzar los trabajos en el interior de las instalaciones, el revestimiento de fachadas o lo relativo a las canalizaciones, entre otros trabajos. "Durarán en torno a un año, para una vez conseguidas todas las licencias de actividad y las instalaciones terminadas empezar con el traslado de los funcionarios", detallan desde el Ejecutivo, que confía en que los edificios puedan estar "totalmente operativos" después del verano de 2028.

Los edificios del TSJM y la Audiencia Provincial serán los "más icónicos", de acuerdo con fuentes del Ejecutivo, que subrayan que combinan revestimientos de gres porcelánico de gran formato y amplias superficies acristaladas. "Estamos invirtiendo 650 millones de euros para hacer de la Ciudad de la Justicia el complejo judicial más grande, digitalizado y accesible del mundo", asevera García Martín, que calcula que todos los días pasarán por este complejo alrededor de 30.000 personas.

La Comunidad de Madrid contribuirá a organizar una exposición sobre víctimas de la banda terrorista ETA en Washington. La muestra, desarrollada por el Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU-CEFAS, permanecerá instalada en el Museo de Víctimas del Comunismo de la capital de Estados Unidos desde el 21 de enero y hasta junio de 2027.

"El objetivo es proyectar internacionalmente la realidad del terrorismo de ETA, el protagonismo de las víctimas y el impacto que la organización tuvo en España y particularmente en la Comunidad de Madrid", trasladan desde la Consejería de Presidencia, área que aportará 100.000 euros para hacer posible la muestra que lleva por título 'ETA: la historia del terrorismo nacionalista en España'.

Los fondos públicos irán destinados a sufragar los gastos derivados de la preparación, organización y desarrollo de la exposición y de sus actividades paralelas, de acuerdo con la información facilitada por el departamento que dirige Miguel Ángel García Martín, que con esta iniciativa pretende "reforzar la memoria, la sensibilización y la defensa de los valores democráticos".

La exposición estará compuesta por medio centenar de fotografías y tres vídeos que se mostrarán al público a través de un espacio inmersivo y de un recorrido circular con cinco áreas diferenciadas: qué era ETA, su ideología y los métodos que practicó mientras estuvo activa, quiénes fueron sus víctimas, cómo se vivió en España bajo la amenaza terrorista y la respuesta democrática que se dio al grupo armado.

"El proyecto no se limita a una muestra expositiva: incorpora un programa complementario de hasta seis actividades paralelas, incluyendo conferencias, mesas redondas, testimonios de víctimas, proyecciones documentales y coloquios", detallan desde Presidencia, que el año que viene también tiene previsto inaugurar el nuevo Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo promovido por la Comunidad.

Memorial para las víctimas

"El próximo mes de marzo finalizarán las obras del centro, que estará ubicado en la carrera de San Jerónimo número 13", explica García Martín. En la actualidad se están celebrando las mesas de adjudicación del proyecto y el objetivo es poder rubricar los contratos el mes que viene. En la licitación han mostrado interés tres empresas especializadas en los ámbitos de la museografía, la tecnología aplicada a espacios expositivos y la gestión cultural, de acuerdo con el Ejecutivo, que invertirá 2,2 millones de euros en este proyecto.

El centro memorial ocupará una superficie de 1.700 m2 repartidos en tres plantas en las que se distribuirán las áreas de exposiciones, un salón de conferencias con equipamiento audiovisual y dos salas polivalentes. Además, una cuarta planta albergará una zona de trabajo destinado a las asociaciones de víctimas de la Comunidad de Madrid.

La inauguración del espacio obligará a la mudanza de las dependencias de atención al ciudadano que actualmente están ubicados en este edificio del centro de la capital. Estos servicios se trasladarán a la que será la nueva sede de la Oficina Central de Atención al Ciudadano (OCAC), que estará ubicada en el número 4 de la calle de Carretas.

La previsión es que este nuevo punto de atención regional pueda abrir sus puertas en enero tras haber sido sometido a obras de adecuación para dotar al espacio de zonas de atención al público, sala de espera, pantallas informativas y una sala multifuncional. Estas labores han supuesto una inversión de 2,4 millones y se ha intervenido en una superficie de 828 m2.